Banco Santander ofrece a unos 26.000 jubilados cobrar su renta vitalicia en un solo pago

MADRID.- Banco Santander ofrecerá al colectivo de 26.000 exempleados que perciben en la actualidad una renta vitalicia la posibilidad de cobrarla de golpe en un solo pago. La propuesta, de carácter voluntario, está recogida en un acuerdo firmado entre el banco y la representación laboral el pasado mes de diciembre.

En concreto, los exempleados que así lo deseen podrán cobrar su renta vitalicia en un solo pago en el mes de julio o fraccionarlo en hasta cinco anualidades para aminorar el impacto fiscal.

Además, en el caso de fallecimiento del beneficiario de la renta vitalicia que hubiera optado por sustituirla por un pago único, las cantidades pendientes de cobro se abonarán a aquellas personas que haya designado expresamente o a sus herederos.

Fuentes sindicales consultadas calculan que hay unos 26.000 jubilados con derecho a percibir estas rentas vitalicias, que se suman a la pensión que ya perciben de la Seguridad Social.

Dicho complemento deriva bien del convenio colectivo, para aquellos que se jubilan estando en el banco, o bien de acuerdos de prejubilación, en cuyo caso los prejubilados cobran lo acordado hasta que llegan a pensionistas y entra entonces en vigor el complemento que se capitaliza en la renta vitalicia.

El acuerdo firmado recoge el compromiso de Santander de llevar a cabo una campaña de información durante el primer semestre de 2020, dirigiéndose y contactando con todos y cada uno de los beneficiarios e informándoles de forma clara y comprensible de todos los aspectos y condiciones que implica la propuesta.

La sustitución de la renta vitalicia por el pago único solo se materializará si llegado el mes de junio así lo ha solicitado el 40% del colectivo que tiene derecho a ella, en cuyo caso se procederá al pago en el mes de julio, como adelanta 'Cinco Días'.

Los sindicatos han considerado que se trata de una propuesta "razonable", al proceder de un derecho recogido en el convenio colectivo, ser voluntaria y conllevar la creación de una comisión de seguimiento y la supervisión de actuarios independientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones.

Banco Santander cuenta con un fondo interno para hacer frente a estos compromisos que mantiene con este colectivo de jubilados. La propuesta beneficiaría al banco en la medida en que deshacerse anticipadamente de las provisiones constituidas para el pago de estas rentas le permitiría sanear su balance.

La CNMV sancionará al 60% de las entidades que colocaron preferentes

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) prevé sancionar al 58% de los bancos y cajas de ahorros que emitieron participaciones preferentes por malas prácticas en la comercialización de estos productos financieros complejos o en la compraventa entre clientes minoristas, según informó el presidente del organismo, Julio Segura.

   La CNMV prevé abrir dos expedientes sancionadores por la venta de preferentes durante el mes de septiembre, más otros dos antes de que finalice el presente ejercicio. Éstos se sumarán a los siete que ya hay en curso y elevarán a once el total en 2012.

   De las 19 entidades que emitieron preferentes desde 1999 hasta mayo de 2011 por importe nominal de 22.000 millones de euros, las once que se enfrentarán a posibles sanciones emitieron la mitad.

   Los nombres de las entidades financieras sancionadas no se conocerán hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso y no se pidan o concedan las medidas cautelarísimas, proceso que podría prolongarse durante un plazo de dos años desde la apertura del expediente, explicaron en fuentes del organismo.

   Asimismo, agregaron que la imposición de sanciones persigue un efecto de disciplina de mercado, sin que la CNMV cuente con la facultad de obligar a las entidades sancionadas a compensar a los inversores. "Eso solo lo pueden hacer los tribunales", indicaron desde la institución.

   Segura, cuyo mandato expira el próximo 6 de octubre, sostuvo que la ley impide a la CNMV prohibir la comercialización de preferentes y de cualquier otro producto de renta fija, y que para eso habría que cambiar el marco legal comunitario y español, por lo que el cometido de la institución se centra en la supervisión y la sanción, principalmente.

   "Es imposible, ilegal, prohibir la comercialización de preferentes a un inversor si se cumplen determinadas condiciones", argumentó Segura, que rechazó de plano las acusaciones de pasividad del organismo en cuanto a la venta de estos productos y recordó la elevada incidencia de sanciones respecto al total de emisores. "Si eso es ser pasivo...", ironizó.

   El aún presidente de la CNMV enfatizó que el marco legal "impide hacer cosas que podrían ser deseables", si bien desveló que es "relativamente frecuente que se pida a la CNMV que incumpla la ley".

   Entre los problemas de comercialización detectados figuran no someter al inversor al examen de conveniencia que mide si el producto se ajusta a su perfil, defectos significativos en el diseño de dicho test que condicionan el resultado y autorizaciones inadecuadas de compra por parte de inversores que resultaron no ser aptos para el producto, especificó.

   A poco más de tres semanas de abandonar el cargo al frente del supervisor de los mercados, Segura sostuvo que se va de la CNMV "con la sensación del trabajo bien hecho dados los medios e instrumentos y la ley vigente". A su parecer, la CNMV "ha hecho frente a sus responsabilidades de forma cabal".

   Sobre quién le sucederá en el cargo, Segura dijo desconocer el nombre del futuro presidente de la CNMV, pero recordó que la incógnita se despejará a muy corto plazo, dado que quedan cuatro reuniones del Consejo de Ministros antes de su salida el próximo 6 de octubre.

   Segura lamentó no haber contado con un vicepresidente de la CNMV tras la marcha de Fernando Restoy para ocupar el puesto del subgobernador del Banco de España.

   "Lo normal es que se hubiera nombrado un vicepresidente porque la casa necesita uno y eso habría facilitado la compleja transmisión de poderes", apuntó Segura, que no dejó de agradecer el trabajo de Luis Pedroche, consejero que asume la tarea según la legislación vigente.

De Guindos eleva el saneamiento por activos inmobiliarios a 52.000 millones

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. 

   "Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.

   De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.

   El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas "profundas" de forma "rápida y decidida", entre las que destacó también la reforma laboral.

   De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.

   En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.

   El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.

   "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".

   De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la "moderación" de los CDS.

   Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

El Gobierno limita a 300.000 euros el sueldo en entidades intervenidas

MADRID.- El Gobierno ha limitado a 600.000 euros el sueldo de la cúpula en las entidades que han recibido ayudas públicas y a 300.000 euros en las que han sido intervenidas por el Estado, anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

   El Ejecutivo ha establecido un techo a las remuneraciones de las entidades que han recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España, ya sea a través de créditos al 7,75%, que aún no han sido devueltos en su totalidad, o de capital.

   Han recibido apoyo público a través de créditos ('FROB 1') Bankia, Banca Cívica, Unicaja Caja Duero-España, y Banco Mare Nostrum (BMN) con el fin de llevar a cabo su integración, mientras que han sido nacionalizadas con capital público ('FROB 2') por problemas de solvencia Novacaixagalicia, Catalunya Caixa, Unnim y Banco de Valencia.

   En el caso de las entidades con créditos públicos, queda suspendida la retribución variable y en un plazo de tres años se valorará si se han cumplido determinados objetivos de negocio de cara a restituirla, en su caso. Los derechos de pensión deberán incluirse en el tope de emolumentos establecido.

   Así, la alta dirección registrará un descenso de la retribución de entre el 67% y el 65% con respecto a la prevista para el presente ejercicio, mientras que los consejeros no ejecutivos de estas entidades podrán recibir una remuneración máxima de 100.000 euros por todos los conceptos.

   En el caso de las entidades intervenidas, el personal de alta dirección registrará una reducción sobre la retribución media del 76% en el caso de los presidentes, y del 66% en el de los consejeros. El Gobierno ha eliminado para estos directivos tanto la retribución variable como los beneficios de pensiones en este ejercicio.

   Estas medidas se enmarcan en la reforma financiera que, entre otras medidas, exige una provisión adicional a la banca por importe de 50.000 millones de euros para sanear sus balances ante el deterioro de sus activos inmobiliarios.

   Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se fijan estas limitaciones de sueldo en las entidades que han recibido aportaciones de dinero público "del mismo modo que se fijan límites a las remuneraciones para casos donde el sector público tiene actividad".

   De Guindos sostuvo que el Ejecutivo ha tomado esta decisión tras recibir el informe del Banco de España sobre dichas remuneraciones y a la luz de la situación económica tanto a escala internacional como en España, e incidió en que el techo máximo establecido a los emolumentos es "razonable".

   El informe del organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ponía de manifiesto que el grado de seguimiento de las recomendaciones de retribución contenido en el decreto del FROB por parte de las entidades era "medio o bajo".

   De Guindos subrayó que el Banco de España era responsable de la vigilancia de esta directiva y que cuando las remuneraciones de los directivos no son compatibles con la base de capital el instituto emisor está facultado para limitar el total de emolumentos.

   Se trata de una decisión que en este contexto "parece lógica", que se ha adoptado "sin demagogia pero con responsabilidad", según de Guindos, quien reconoció que es una medida que se aplica de cara al futuro, ya que "no se puede hacer nada" ante las retribuciones devengadas con anterioridad.

   El Gobierno está convencido de que "su misión no es fijar los sueldos del sector privado", pero tanto el Ejecutivo como el Banco de España consideran adecuado que las entidades de crédito que han recibido respaldo público garanticen el cumplimiento de los objetivos para los que se concedió éste, y sirvan de ejemplo a la sociedad en un momento de dificultad, argumentó el ministro.

La banca española debe sanear sus cuentas con 50.000 millones contra resultados en un año

MADRID.- La banca española deberá sanear sus cuentas por el 'ladrillo' por importe de 50.000 millones de euros que detraerá de los resultados en un único año, aunque las entidades que participen en procesos de fusión contarán con unas condiciones más flexibles, ya que podrán detraer estos recursos del capital y durante un proceso de dos ejercicios, según anunció hoy el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien insistió en que no se emplearán recursos públicos.

   La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80% en el caso del suelo, porcentaje que contrasta con el 31% actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27% al 65%, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25% al 35%.

   Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del 7% en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012, especificó el ministro.

   "Estas elevadas cifras de aprovisionamiento contrastan con lo que teníamos anteriormente y ayudarán a descargar de activos inmobiliarios a la banca española y eso va a ser muy bueno", enfatizó De Guindos, quien vaticinó un descenso del precio de la vivienda con la aplicación de la reforma. Las entidades "dejarán de hacer de inmobiliarias y se centrarán en captar pasivo y dar crédito", apostilló.

   De Guindos desveló estos detalles sobre la reforma financiera que aprobará previsiblemente mañana el Consejo de Ministros, para sanear los balances de los bancos por su exposición al sector inmobiliario, con el fin de despejar las desconfianza de los inversores, reactivar el flujo del crédito y crear empleo.

   En cuanto a las entidades que opten por la vía de las fusiones, contarán con dos ejercicios para acometer estas provisiones y podrán hacerlo contra patrimonio, aunque deberán presentar un plan de viabilidad y medidas de gobierno corporativo al Ejecutivo, que deberá dar 'luz verde' tras informe del Banco de España, así como asumir compromisos de ampliación en la concesión de crédito.

   De Guindos explicó que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) podrá contribuir al saneamiento de dichas entidades en proceso de fusión a través de la compra de bonos contingentes convertibles (cocos), para lo que el Tesoro ampliará el capital de este organismo dependiente del Banco de España en 15.000 millones. Según sus cálculos, esta emisión podría elevar la deuda pública en cuatro décimas, pero no tendrá impacto alguno sobre el déficit público.

   El ministro de Economía y Competitividad explicó que los denominados 'cocos' son títulos de renta fija que en determinadas situaciones se pueden convertir en renta variable y que se utilizarán para inyectar recursos en las entidades que emprendan procesos de fusión.

   De Guindos insistió en que este respaldo no se puede considerar dinero público, porque estos instrumentos híbridos se emitirán a precios de mercado, por lo que las entidades beneficiarías deberán hacer frente a intereses de mercado, actualmente en torno al 8%.

   Asimismo, recalcó que estas exigencias para ajustar los activos inmobiliarios a precios de mercado "son perfectamente asumibles por el sector", al tiempo que se facilitarán los requerimientos para las entidades que opten por las integraciones, lo que redundará en la eficiencia y solvencia del sistema financiero español, y por tanto, en el conjunto de ciudadanos.

   El ministro de Economía eludió vaticinar cuántas entidades quedarán al final del proceso porque se trata de algo que "depende de ellas mismas" e incidió en que el Ejecutivo no se inmiscuirá en dichos procesos, aunque los supervisará. "Lo que se pretende en última instancia es tener un sistema bancario con entidades mas sólidas, más saneadas y con mucho mejor gobierno corporativo", enfatizó.

   También prefirió no especificar qué tamaño es el idóneo para una entidad. "Aquí no hay cifras mágicas, buscamos entidades más grandes, más eficientes y con mejor gobierno corporativo. Pero puede haber unas de 300.000 millones de euros de balance que no sean eficientes y otras de 100.000 millones que sí", ilustró.

   El Gobierno va a poner muchísima atención en el plan de saneamiento con el fin de que se genere un entorno de competencia suficiente en el que operen entidades saneadas y con capacidad de competir, explicó. "Ahora hoy algunas entidades que no tienen capacidad de competir", recalcó el ministro de Economía.

Proyectos de fusión, antes de junio

Las entidades financieras que decidan fusionarse deberán presentar un plan de viabilidad económica y medidas de gobierno corporativo antes del próximo 30 de mayo, al tiempo que el Gobierno les exigirá compromisos para ampliar o "al menos" mantener la concesión de crédito hacia la economía.

   Así lo anunció el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en rueda de prensa para adelantar el decreto ley que prevé aprobar el Consejo de Ministros este viernes. El ministro justificó este plazo en el objetivo de posibilitar una integración "rápida y eficiente".

   De Guindos admitió por ello que los procesos de concentración se deberán culminar en plazos "extremadamente" reducidos. Una vez que las entidades presenten al Gobierno sus proyectos de fusión, el Ministerio de Economía tendrá un mes para dar su luz verde.

   El titular de Economía avanzó que la integración de entidades finalizará el próximo 1 de enero de 2013. Como medida para incentivar las fusiones, el Ejecutivo permitirá que las entidades objeto de fusión acometan los saneamientos exigidos durante dos ejercicios, y no hacerlo en un año como el resto del sector. Y además estas entidades podrán ejecutar el saneamiento contra patrimonio y no sólo contra resultados.

   Ahora bien, De Guindos aclaró que las integraciones tendrán que elevar los balances un 20%, aunque en algunos casos podrán ser un 10%, y descartó que se realicen a través de las fórmulas de fusiones frías (SIP). "Deberán ser a través de fórmulas societarias", explicó.

   Si las fusiones necesitan ayudas, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) facilitará financiación articulada a través de bonos convertibles contingentes, los conocidos vulgarmente como 'cocos'.

   Para intentar afrontar la solicitud de 'cocos' y así completar fusiones, el Gobierno eleva la dotación patrimonial del FROB hasta 15.000 millones de euros, con lo que reforzará su capacidad de endeudamiento. "El Gobierno pondrá muchísima atención en los planes de saneamiento y en los gobiernos corporativos", garantizó.

   "La reforma pretende entidades viables y un saneamiento rápido", afirmó el ministro, quien enfatizó que esta reestructuración del sector financiero español se llevará a cabo "sin recursos públicos".

De Guindos aclaró que estas condiciones a las fusiones se harán extensibles también a los procesos iniciados desde el 1 de septiembre de 2011, por lo que el Banco Popular podrá acogerse a las mismas para absorber Pastor.

   Preguntado sobre el número de entidades idóneas, el ministro sentenció: "No hay cifras mágicas, buscamos entidades más eficientes y saneadas", y descartó que la reestructuración vaya a acabar en un oligopolio.

   "El número de entidades resultantes va a garantizar la competencia", afirmó, para después constatar una realidad: "Ahora hay entidades que no tienen capacidad de competir. El número de entidades no garantiza la competencia".

   Con todo, De Guidos se mostró seguro de que estas medidas de saneamiento fortalecerán el sistema financiero español en las actuales circunstancias. "Es un paso importante", sostuvo.

El Gobierno obligará a la banca a hacer saneamientos preventivos por el ladrillo

MADRID.- El Gobierno obligará a la banca a realizar saneamientos preventivos por su exposición al sector inmobiliario y a hacer frente con provisiones a eventuales pérdidas que podrían derivarse de préstamos actualmente al corriente de pago, informaron hoy fuentes conocedoras del proceso.

   Con esta vuelta de tuerca a la reforma financiera que presentará el Gobierno el próximo viernes 3 de febrero, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que las entidades financieras estén preparadas para cubrir un futuro deterioro del mercado inmobiliario y despejar las dudas de los inversores internacionales.

   La reforma financiera que ultima el Ejecutivo obligará al conjunto de la banca española a provisionar un total de 50.000 millones de euros tanto por sus activos inmobiliarios problemáticos, cifrados en 176.000 millones de euros por el Banco de España, como por aquellos que aún no se han deteriorado (150.000 millones).

   Asimismo, el nuevo plan de reestructuración financiera otorgará un tratamiento más flexible a aquellas entidades que emprendan procesos de integración con otras, ya que su plazo para constituir dichas provisiones se podrá dilatar hasta dos años.

   Las entidades que se fusionen también podrán acceder a préstamos de fondos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a un tipo de interés que rondará el 8%, de forma similar a la de la primera oleada de integraciones.

   El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.

   El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.

   Considera que el abaratamiento de la financiación en los mercados mayoristas permitirá reactivar el crédito a empresas y hogares y la actividad económica y, de esta forma, frenar la sangría del paro.

    El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este miércoles de que los recursos del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que el Gobierno conceda para la reestructuración del sistema financiero español serán considerados por Bruselas ayudas públicas.

   Ello significa que las entidades que requieran esta asistencia deberán presentar un plan de reestructuración al Ejecutivo comunitario y lograr su autorización. La Comisión debe verificar que las ayudas se limiten al mínimo necesario y podría imponer condiciones, por ejemplo desinversiones, para limitar las distorsiones de competencia.

Botín aboga por que la banca culmine el saneamiento del ladrillo este año

MADRID.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha abogado por que las entidades financieras culminen el saneamiento de sus balances por su exposición al 'ladrillo' durante el presente ejercicio, y por que se limite el uso de fondos públicos. 

   A falta de conocer los detalles de la reforma financiera que presentará el Gobierno próximamente, Botín sostuvo que la exigencia de provisiones adicionales sobre activos inmobiliarios por importe conjunto de unos 50.000 millones de euros "va en la buena dirección".

   Durante la presentación de los resultados anuales del Santander, el presidente del primer banco español subrayó que las provisiones "deberían constituirse este ejercicio en su totalidad", y que "cada entidad deberá hacer sus propias provisiones" limitando el uso de recursos públicos.

   Botín aseguró que la reforma financiera "debe finalizar cuanto antes" y que "hay que dar nuevos pasos", a pesar de que se ha avanzado mucho en el proceso de reestructuración del sector con la transformación de las cajas de ahorros y la reducción del número de entidades.

   El presidente del Santander defendió que las entidades no viables "deberían ser vendidas" y que el nuevo entorno bancario deberá contar con entidades más grandes, más sólidas, más eficientes, y con una red de distribución más ajustada a la dimensión del negocio..

   Botín recordó que "los bancos ya han hecho un esfuerzo excepcional" y sin precedentes en Europa con motivo de la obligada fusión de los Fondos de Garnatía de Depósitos de bancos, cajas y cooperativas de crédito "a fin de solucionar, con recursos del fondo de los bancos, los problemas de algunas cajas de ahorros".

   A su parecer, los pasos que está dando el Gobierno español en el ámbito de las reformas y de la consolidación fiscal "son muy positivos" y están colaborando a que la deuda pública española haya tenido una evolución muy favorable en las últimas semanas. "Son medidas dolorosas en el corto plazo, pero imprescindibles de cara al futuro", enfatizó.

   Botín sostuvo que el Santander acometerá el incremento de las provisiones para afrontar eventuales pérdidas por su exposición al sector inmobiliario este mismo año, y puntalizó que la entidad ya ha elevado el nivel de cobertura de los inmuebles adjudicados en España al 50%.

   El Santander se ha anticipado a los requerimientos adicionales anunciados por el Gobierno en materia de provisiones al dotar 1.812 millones de euros a saneamientos brutos, lo que ha establecido el beneficio atribuido en 2011 a 5.351 millones de euros, lo que significa un 35% menos que el año pasado.

   Emilio Botín pronosticó que el ejercicio 2012 en España se presenta "muy difícil", aunque registrará una mejoría a medida que llegue a su fin, al contrario de lo sucedido en 2011. Este año "va a ir de menos a más", consideró el presidente del Santander.

   Botín también incidió en que el país necesita "cuanto antes" tener una reforma laboral "profunda y de calado", que dé flexibilidad a las empresas y que establezca criterios de productividad en temas salariales. "Y que consiga crear empleo", apostilló.

El Gobierno español ultima los detalles de la reforma financiera

MADRID.- El Gobierno español está ultimando los detalles de la reforma financiera que podría presentar este viernes, 3 de febrero, y que incrementará las exigencias de provisión a la banca en unos 50.000 millones de euros con el fin de afrontar eventuales pérdidas por su exposición al 'ladrillo'.

   El Ejecutivo de Mariano Rajoy permitirá a las entidades financieras elegir entre la posibilidad de cargar las mayores exigencias de provisión sobre beneficios o sobre el capital para sanear sus balances ante el deterioro del sector inmobiliario.

   Concretamente, estudia dar un plazo de dos años a las que decidan cargar las provisiones sobre los beneficios, y establecer un periodo inferior para aquellas que las detraigan del capital, según informaron fuentes financieras.

   El Gobierno quiere acelerar el saneamiento del sector financiero para recuperar la confianza de los mercados internacionales y relajar el coste de la financiación exterior sin que el conjunto del sistema entre en 'números rojos'.

   El Ejecutivo se ha marcado el objetivo de presentar la reforma financiera antes del próximo 15 de febrero, plazo en el que cobran fuerza las fechas del día 3, y en menor medida, la del día 10. Su objetivo es que el abaratamiento de la financiación permita reactivar el crédito, la actividad y atajar el paro.

   La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras conocerse que el número de parados en España asciende a 5,27 millones que el Gobierno ha pisado el acelerador en las reformas estructurales, tanto en la del mercado laboral como en la financiera.

El PP estudia una ambiciosa reforma bancaria por si gana las elecciones generales

MADRID.- El Partido Popular, que se espera gane las próximas elecciones generales de noviembre, tiene la intención inmediata de emprender una nueva reforma financiera, obligando a los bancos a asumir un mayor nivel de pérdidas en sus carteras inmobiliarias y a sanear las deterioradas carteras crediticias, según dijo un miembro del partido, Álvaro Nadal.

Los socialistas, en el poder desde hace casi ocho años, ya han emprendido una reforma del sector financiero que se ha traducido en una ronda de fusiones entre las cajas de ahorros, en impulsar la búsqueda de nuevos inversores y reforzar significativamente sus bases de capital mientras que España trata de recuperar la confianza de los inversores internacionales.

Pero todavía persisten dudas sobre las garantías de las entidades respecto al balance de sus libros, especialmente de aquellas carteras inmobiliarias a las que es difícil adjudicar valoraciones debido a la iliquidez de los mercados.

Estas dudas están complicando los esfuerzos de cinco bancos que todavía están intentando levantar capital.

La reforma bancaria ha sido un elemento clave en los esfuerzos de España para recuperar la credibilidad de los mercados durante la crisis de deuda soberana que ha llevado a Grecia, Irlanda y Portugal a ser rescatados.

"Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es clarificar el valor de los activos y la mejor manera posible es hacerlo con ventas, con ventas en el mercado en la mayor proporción posible", dijo el secretario de Economía del Partido Popular (PP), Álvaro Nadal.

Los sondeos muestran una ventaja del PP de 15 puntos sobre los socialistas de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre. Nadal dijo que entre las primeras medidas que tomaría un eventual nuevo Gobierno del PP estaría una nueva reforma del sector financiero.

La banca española se ha visto afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 y por el incremento de los créditos dudosos contraídos con los promotores inmobiliarios.

Datos oficiales muestran que todavía hay una bolsa de 700.000 de viviendas sin vender en España a finales de 2010.

El Gobierno ya ha tenido que intervenir en la actual crisis en tres entidades, CCM, CajaSur y la CAM, esta última fuertemente expuesta a una deprimida zona del mercado inmobiliario como la costa levantina.

En la actualidad, la CAM se encuentra en proceso de subasta y el Banco de España parece que va a tener complicado colocársela a una entidad privada.

La tasa de morosidad del sector financiero ya ronda el 7 por ciento, la más alta desde febrero de 1995, alcanzando un volumen de impagos de unos 125.000 millones de euros.

Hasta febrero, el sector bancario español acumulaba en sus libros un cartera inmobiliaria valorada en 64.000 millones de euros, valorada a precio de coste, y había provisionado en torno a un 30 por ciento de esta cifra.

Nadal dijo que el PP todavía no había decidido qué mecanismo utilizaría para obligar a los bancos a vender activos, aunque aseguró que habría varias fórmulas para hacerlo.

"Tiene un efecto muy inmediato porque consigues un precio de equilibrio en el mercado inmobiliario y activas el mercado", agregó.

Los sondeos muestran que los votantes podrían penalizar al PSOE por la gestión de la crisis económica y llevar al país a una tasa de desempleo superior al 20 por ciento, la más alta de los países de la Unión Europea.

El PP espera lograr una mayoría absoluta en la legislatura así como tener el control de la mayoría de autonomías y municipios en España para impulsar una ambiciosa agenda de reformas, entre las que se incluye el saneamiento de los balances bancarios y una reforma del mercado laboral.

El precio de la vivienda ha caído un 17 por ciento desde el pico inmobiliario y analistas consultados  consideran que todavía hay un largo camino por recorrer antes de que se estabilicen.

Nadal dijo que la venta de activos y la valoración a mercado en el próximo año u año y medio provocaría nuevas necesidades de capital en los bancos que provendrían del fondo de rescate de la zona euro, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con sus nuevos poderes.

"Estoy pidiendo un esfuerzo enorme al sector bancario, enorme (...) pero lo que conseguimos es que los inversores vean bancos limpios en los que están interesados", dijo.

Los grandes bancos españoles, como Santander, más diversificados, dicen que las eventuales pérdidas que sufrirían con un nuevo ajuste inmobiliario en España no serían relevantes en sus balances.

Una vez que las cajas de ahorros con problemas hayan vendido los activos inmobiliarios e incrementado sus provisiones, un gobierno del PP estaría abierto a vendérselo a cualquier entidad privada que fuera seria en la gestión de un banco, dijo Nadal.

Los bancos deberían reavivar el préstamo comercial a cambio de recibir otra ronda de capital, explicó Nadal, que añadió que la virtual congelación del crédito bancario está impidiendo el crecimiento.

"El problema bancario español es manejable", dijo, incluso asumiendo provisiones en los activos inmobiliarios.

Economistas cercanos al PP han propuesto también que el nuevo gobierno se haga cargo de entre 5 y 7 cajas de ahorros y separe sus activos tóxicos en un banco malo en el que el Estado asumiría las enormes pérdidas. Nadal dijo que no estaba a favor de crear un banco malo.

El Banco de España ha estimado que el sector bancario necesita un máximo de 17.000 millones de euros, aparte de los cerca de 10.000 millones de participaciones preferentes convertibles que el Gobierno ya ha inyectado en las cajas.

Nadal dijo que su estimación era significativamente superior pero no quiso dar una cifra concreta.

El consenso entre analistas y economistas es que las necesidades de capital se sitúan entre los 30.000 y 60.000 millones de euros.

Los nuevos requerimientos para los bancos del Banco de España son un tier 1 del 8 por ciento -- un ratio que mide la fortaleza financiera -- para los bancos cotizados y del 10 por ciento para aquellos que no estén en Bolsa.

Nadal dijo que el PP nunca había estado de acuerdo con esos requerimientos, porque creía que el primer paso debería haber sido limpiar los balances de activos inmobiliarios y créditos morosos, y luego ver cuánto capital se necesitaba. Sería duro cambiar esos requerimientos ahora, pero no imposible.

"Deberíamos sondear el mercado para ver si acepta la combinación de limpieza con más capital y después relajar los requerimientos de capital (... pero) primero tenemos que ganar credibilidad".

Ripoll dice que los requisitos de capital del Gobierno a las entidades financieras son un "disparate"

ELCHE.- El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, ha asegurado este jueves que el decreto ley de recapitalización de entidades financieras del Gobierno "es un disparate" porque se han impuesto medidas "a posteriori" de la formación de las agrupaciones de las cajas de ahorros.

   Ripoll ha realizado estas declaraciones, preguntado por los medios sobre los requisitos de capital del Gobierno a las entidades financieras, durante un acto celebrado en Elche con el que la Diputación de Alicante reconoce el trabajo de colectivos y personalidades de la provincia en materia de igualdad de género.

   Para Ripoll, debería de haber existido "una ley de cajas clara a nivel nacional para que no se forzaran determinadas uniones que luego no cumplen" con el decreto ley de recapitalización.

   "Creo que esto es todo un disparate, y confío en que las cajas sepan superar este disparate", ha indicado Ripoll, quien ha añadido que hubiera sido "más fácil" informar de las medidas que debían cumplir las entidades financieras antes de que las cajas se agruparan.

Los megafondos Cerberus y Paulson tantean a Mare Nostrum y Banco Base

MADRID.-  Los fondos de inversión Cerberus y Paulson Co ya han iniciado su primera aproximación al sector financiero español y sitúan en su punto de mira a dos nuevos bancos surgidos de la fusión de las cajas de ahorros: Mare Nostrum y Banco Base, según avanza hoy 'El Economista'.

Según informan en fuentes financieras consultadas por el citado periódico madrileño, el máximo responsable de Cerberus, John Snow, habría visitado recientemente Madrid para interesarse por una posible entrada en el capital de estas nuevas entidades.

¿La razón? Los informes que maneja el fondo de inversión apuntan a que España ya habría tocado suelo, con lo que sólo cabría esperar crecimiento a partir de ahora e identificaría como un nicho de inversión estas entidades. Sin embargo, cualquier decisión de inversión se aplazaría hasta el 10 de marzo, fecha en la que el Banco de España desnudará a las cajas para conocer su situación real.

Banco Mare Nostrum, en el que están integradas Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, podría dar entrada a uno de estos fondos para evitar una salida a bolsa y, al mismo tiempo, vender a un tercero de manera directa el 20% del capital para cubrir el mínimo de solvencia exigido con la nueva regulación, que es del 8 por ciento. La inversión, según fuentes financieras, se situaría en torno a los 400 millones de euros.

Con esta operación, el SIP que lidera Caja Murcia esquivaría el requerimiento máximo del 10% y tener que cotizar en el mercado a precios de saldo en un momento en que todavía los inversores desconfían del sector y en el que va a existir una oferta excesiva de acciones de los grupos de cajas en los próximos meses.

La intención de Mare Nostrum, según las mismas fuentes, es aplazar al máximo su cotización en el mercado, hasta en dos o tres años.

Además, la entrada de uno de estos fondos podría contribuir a apuntalar el core capital (solvencia) de la entidad que, actualmente, se sitúa en el 8,4%. No obstante, hay que recordar que el nuevo real decreto cambia esa ratio por la de capital principal con unos componentes cuyo peso aún estaría por determinar.

Mientras tanto, Banco Base, la entidad que lidera el Grupo Cajastur y en la que también están CAM, Extremadura y Cantabria estaría en el foco de otro de los fondos internacionales de inversión sin que que se hubiera definido aún ni las condiciones ni el importe total por el que contribuiría a recapitalizar.

La entidad, cuyo primer ejecutivo es Manuel Menéndez cuenta con un core capital del 8,1% que a través de la entrada de un inversor privado podría adecuarse a la nueva regulación.

El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, consideraba ayer "muy conveniente" que las cajas de ahorros capten inversión extranjera. Tras la firma de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, Botín ha destacó que "hay interés por invertir en España" y que las cajas de ahorros "son duros competidores".

Desde de las entidades ni confirmaron ni desmienten la eventual entrada de estos fondos internacionales en su capital.

El interés de Cerberus y Paulson refuerza los planes de salida a bolsa que tiene el SIP que capitanea Cajastur, ya que de materializarse una inversión de estos fondos facilitaría la colocación de títulos que pretende llevar a cabo a partir de mayo. El objetivo de este grupo de cajas es sacar a bolsa, al menos, un 25% del capital.

Los planes de Mare Nostrum podrían verse modificados si fructifican las negociaciones que mantiene en la actualidad con Caja Duero-España. Las entidades oficializaron ayer su noviazgo a través de sendos comunicados a la CNMV, confirmando que mantienen conversaciones para su "eventual integración", aunque hasta el momento las conversaciones no habían dado resultados.

La fusión entre las dos entidades se da por hecho en la entidad castellano y leonesa, aunque falta por determinar el peso que tendrá en Mare Nostrum. Lo que parece claro es que se convertiría en la primera caja, ya que aportaría 46.000 millones de euros en activos, frente a los 72.0000 que suman las otras cuatro entidades.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

   El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.

   "Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.

   A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.

   Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.

   Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.  

   En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.

   En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.  

   Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.

   El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.

   Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes". 

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.  

   Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.  

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

   La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos. 

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

   "Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.

   La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.

   En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.

   "El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.

   Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.

   "Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.

   Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.

   Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La reestructuración financiera destruirá hasta 40.000 empleos

MADRID.- El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Javier Gómez-Navarro, ha alertado de que la reestructuración del sector financiero español destruirá entre 30.000 y 40.000 empleos en los próximos seis meses.

   Durante su intervención en el XIX Congreso de Auditoría, Gómez-Navarro ha afirmado que la  integración de las cajas de ahorro "van retardadísima" y que los recortes de empleo que estaban previstos en los planes de reestructuración "van a comenzar ahora".

   Gómez-Navarro ha añadido que aún hay sectores de la economía española que "no se han ajustado" y ha destacado que el sector de la construcción también "también va a expulsar a trabajadores" en los próximos meses a causa de la caída de la obra pública.

   "Desde que empezó al crisis, el sector privado ha hecho un ajuste no completo pero sí importante de 2 millones de trabajadores, mientras que el sector público ha crecido en cerca de 250.000 empleos", ha recalcado Gómez-Navarro.  

   El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España ha insistido en su condición de militante socialista. Sin embargo, ha criticado la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero Rodríguez Zapatero al frente a la crisis económica.

   "El Gobierno lo ha hecho mal", afirmó Gómez-Navarro, quien añadió que el Ejecutivo ha sido "inconsciente ante la crisis" y que, a pesar de las medidas económicas emprendidas, España "no se está desapalancando, sino que sigue creciendo la deuda".

   El impulsor de la campaña 'estoloarreglamosentretodos.org' ha criticado que el Gobierno suba los impuestos a las clases medias-altas y no luche contra "el cólera" del fraude fiscal, que supone el 10% de la economía española y afecta a "sectores enteros", sobre todo, a las pymes, donde es "evidente".

   Gómez-Navarro ha considerado que España tienen que abordar muchas reformas para recuperar la competitividad y, entre ellas, renovar el sistema fiscal rebajando los 13 puntos que hay de diferencia entre el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).

   Por último, el presidente del Consejo de las Cámaras de Comercio ha reclamado un pacto energético entre los partidos políticos para garantizar "el suministro eléctrico a largo plazo", una reducción de la burocracia del Estado y el fomento de la educación.

   "Hay que hacer reformas profundas para ver qué Estado se quiere financiar y cómo se va a hacer", concluyó Gómez-Navarro, quien reclamó un cambio de "actitud" para abordar la crisis.

Cayo Lara afirma que la reforma de la Ley de Cajas "es el mayor ataque a un sistema financiero"

MÁLAGA.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, afirmó anoche que la aprobación en el Congreso de los Diputados, con los únicos votos a favor del PSOE y de PP, del decreto por el que se reforma la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA), es "el mayor ataque que se ha hecho en España en muchos años a un sistema financiero".

Más aún, Lara advirtió de que "se ha perdido "una oportunidad histórica" de reconvertir las cajas "en la banca pública" y aseguró que "esa política neoliberal de favorecer los intereses de la banca española que han adoptado José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy va a hacer mucho daño".

En su opinión, "se ha iniciado un camino hacia la privatización que supone la puntilla al origen de las cajas de ahorro, a su función social y, en definitiva, a la función que deberían haber mantenido siempre de no invertir en economías especulativas y de invertir en economías productivas".

La reestructuración de las cajas se cobrará hasta el 20% del empleo

MADRID.- El subgobernador del Banco de España y presidente de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Javier Aríztegui, calcula que las cajas inmersas en procesos de reestructuración pedirán ayudas públicas por importe de entre 11.000 y 11.500 millones de euros y reducirán sus plantillas en una media de entre el 15% y el 20%.

Así lo aseguró en su comparecencia a puerta cerrada ante la subcomisión del Congreso de los Diputados encargada de supervisar el Fondo, ante la que acudió para explicar la intervención de CajaSur que el Banco de España llevó a cabo el 21 de mayo.

Fuentes parlamentarias explicaron que Aríztegui se mostró confiado en que el proceso está prácticamente concluido y, a unas horas de que cierre el plazo dado a las entidades para solicitar ayudas al Fondo, la dotación con la que cuenta actualmente, de 12.000 millones de euros, es suficiente y no se requerirán nuevas emisiones de deuda para captar financiación.

Respecto a los ajustes en las entidades, explicó que los tres procesos aprobados formalmente por el FROB hasta ahora, el de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, la de las las cajas de Terrassa, Sabadell y Manlleu, y la Caja Duero y Caja España, han supuesto una reducción de entre el 20 y 25% en las platillas y del 15% y 20% en número de oficinas que podría ser orientativa para estimar el impacto en el resto de procesos.

Asimismo, según los asistentes a la reunión, Aríztegui se mostró "optimista" acerca de las problemas de crédito internacional de la economía española, denunciado incluso por grandes entidades como el BBVA, y aseguró que se trata de una cuestión "puntual" que se resolverá en próximos meses, por lo que España no tendrá problemas tanto para refinanciar su deuda pública como la privada.

La constitución de CRM supondrá cerrar 29 oficinas y destruir 157 empleos

VALENCIA.- La constitución del grupo cooperativo consolidable de entidades de crédito Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) supondrá el cierre de 29 oficinas a partir de septiembre y la destrucción de 157 puestos de trabajo --99 por la unificación de los servicios centrales y 58 derivados de la supresión de sucursales--, aunque pretenden cubrir esas bajas con las prejubilaciones que ofrecerán en "condiciones excelentes" pactadas con los sindicatos a los más de 180 trabajadores que tienen más de 57 años.

Así lo anunció hoy el director general de Ruralcaja, Juan Antonio Gisbert, durante la rueda de prensa posterior a la firma del contrato constitutivo del grupo por parte de los presidentes de las 14 cajas rurales de la Comunitat Valenciana que lo integran actualmente, en la que resaltó que "esto no ha hecho más que empezar".

Junto a Ruralcaja, que participa como entidad cabecera, formarán parte de Grupo CRM como entidades fundadoras las cajas rurales de Torrent, Crèdit Valencia, Altea, Burriana, Callosa d'en Sarrià, Nules, Alqueries, Cheste, Alginet, Vilavella, Almenara, Xilxes y Vilafamés. Todas ellas suman 618 oficinas, un equipo humano de 2.538 personas y unos activos totales medios de 12.000 millones de euros.

El nuevo grupo comenzará a operar a partir del próximo mes de julio con unidad de dirección, servicios centrales unificados y "un catálogo unificado de productos, un plan, un sistema de gestión de clientes y una sistemática comercial consensuada entre las entidades integrantes".

Dada su condición de entidad cabecera, Ruralcaja amplió su consejo de administración de diez a veinte miembros, más un representante de los trabajadores, con el objetivo de asegurar la representación y presencia de todas las entidades en el Consejo Rector, que actuará como órgano central del grupo consolidado.

En concreto, de esos diez nuevos miembros, cinco serán permanentes y corresponden a Caixa Rural Torrent, Crèdit Valencia, Caixa Rural de Burriana, Caixa Rural de Nules y Caixa Alqueries, mientras que el resto de plazas serán de carácter rotatorio cada cuatro años y tres de ellas estarán ocupadas por las entidades con un volumen de activos de entre 100 y 500 millones de euros, y las otras dos, se destinarán a las cajas que gestionen menos de 100 millones.

Además, crearán una Junta General de Cajas Asociadas formada por los 14 presidentes y de la que Ruralcaja controlará el 50 por ciento, en la que se debatirán las posibles modificaciones del contrato de integración y se decidirá sobre las futuras incorporaciones de otras entidades. También se constituirá una Junta General de Directores Generales que se encargará de asesorar al director general de CRM.

Gisbert resaltó que "hoy es un día grande para el sector financiero de la Comunitat Valenciana" por el nacimiento de "la casa grande del cooperativismo de crédito: CRM", que surge con el objetivo de "garantizar un servicio futuro en mejores condiciones", apoyándose en el "arraigo local" de las entidades fundadoras.

Remarcó que la decisión de constituir el grupo fue adoptada "por vocación, no por obligación", por lo que no tienen intención pedir ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para acometer el proceso de integración. "No tenemos intención de pedir esas ayudas porque no las necesitamos", sentenció.

Gisbert, que rehusó pronunciarse sobre otros procesos de integración acometidos recientemente, defendió que "Ruralcaja está muy satisfecha de potenciarse en el contexto y en el ámbito exclusivo de la Comunitat Valenciana", región en la que concentra su actividad "por voluntad y vocación".

Respecto a los efectos de la constitución del grupo sobre los resultados de cada entidad, precisó que generará un efecto negativo "muy pequeño" en las cuentas del presente ejercicio por la pérdida de parte de la clientela causada por el cierre de oficinas, que se tornará positivo a partir del próximo año, hasta alcanzar un impacto positivo anual de 20,5 millones de euros de forma recurrente en 2014, 14 de ellos provenientes del ahorro de costes.

En cuanto al uso de la marca propia de cada entidad y la del Grupo CRM, explicó que cada caja deberá "combinar" su propia denominación con la del grupo, aunque puntualizó que el plazo para realizar esos cambios será de tres años para evitar así el importante gasto que supondría hacerlos de inmediato. "Sí que habrá identificaciones de su pertenencia a CRM, pero no un grandísimo cambio de imagen", resumió.

Según el contrato suscrito hoy, el grupo incorpora un sistema institucional de protección que garantiza la solvencia y la liquidez de todos sus miembros, quienes se ofrecerán "fianza mutua, líneas de liquidez y otro tipo de recursos". Además, podrán acordar su apoyo a una caja en problemas mediante múltiples recursos.

Está previsto que se exija permanentemente una ratio de solvencia mínima, tanto de recursos propios totales como de primera categoría, por encima de los mínimos regulatorios. Concretamente, se prevé un mínimo de recursos propios de primera categoría del 7 por ciento y de unos recursos propios totales del 10,50 por ciento.

Se establecen igualmente ratios de obligado cumplimiento en materia de liquidez y mecanismos para corregir las situaciones de falta de liquidez que puedan producirse, como un fondo de recursos de inmediata utilización al que cada caja aportará inicialmente el 5 por ciento de sus recursos propios mínimos.

CIERVAL apuesta por dos cajas fuertes y potentes tras la reestructuración financiera

ALICANTE.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunitat Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, mostró su deseo de que el proceso de reestructuración de las cajas de ahorro en España "dé los resultados de tener dentro de la Comunidad Valenciana dos cajas fuertes, potentes y adaptadas a un nuevo entorno de crecimiento".

A preguntas de los medios de comunicación sobre la postura de la patronal ante una hipotética fusión entre Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja, Rafael Ferrando subrayó que la patronal valenciana "siempre" ha mantenido la misma posición.

"Nosotros apostamos por que las entidades son soberanas, son las que tienen que tomar las decisiones, y van a apostar por los mejores criterios para que la situación en la que están en estos momentos, cada vez sea en mejores condiciones".

Al respecto, trasladó también su deseo de que las dos entidades financieras "vayan retornando la deuda exterior que tienen y vayan consiguiendo el apoyo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de los sistemas que necesiten en cada momento".

"Las dos entidades tienen peso suficiente, están haciendo unas políticas acertadas, y lo que esperemos es que esa conclusión, de cara a un futuro, dé resultados de tener dentro de la Comunidad Valenciana dos cajas fuertes, potentes y adaptadas a un nuevo entorno de crecimiento, que es lo que todos deseamos", señaló.

El Banco de España dice que el SIP no es la solución para todas las instituciones

LAS PALMAS.- El director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, indicó que el SIP de cajas "no es la solución" para "todas" las instituciones aunque apuntó que se trata de un mecanismo que permite canalizar las eficiencias de las entidades y que éstas mantengan su marca.

En este sentido, y en el transcurso de un coloquio que ofreció en Las Palmas de Gran Canaria, dijo que "todas las soluciones son válidas dependiendo de su situación", por ello será el Banco de España el que tendrá que "juzgar" cada proyecto para ver si "es viable".

Así, en la fusión de cajas de ahorro señaló que existe una situación "mixta" porque, por un lado, están los procesos que se han puesto a disposición de estas entidades financieras y con la que se impulsa una "dinámica muy importante" con la que se permite el relanzamiento de la reconversión de "muchos" proyectos. Y, por otro lado, agregó que se encontrarían procesos con dificultad, ya que "hay fricciones que tienen que ver con el ámbito en el que se desarrollan".