Gerardo Camps compareció en rueda de prensa al término de la reunión del pleno del Consell, en el que se aprobó el decreto ley del Gobierno valenciano por el que se determina la aplicación de las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno para reducir el déficit público. El titular de Economía precisó que los secretarios autonómicos verán su sueldo reducido un 10 por ciento, un 9 por ciento los subsecretarios y un 8 por ciento los directores generales.
Así, el presidente de la Generalitat cobrará 67.615 euros, en tanto que el sueldo del jefe del Ejecutivo estatal se queda en 78.185 euros, el de Cataluña en 141.225 euros y el de Andalucía 68.981. El salario de los consellers valencianos será de 57.599 euros, mientras que los ministros cobran 77.483, en tanto que en Cataluña los sueldos de los consejeros alcanzan los 107.000 euros y en Andalucía los 68.000 euros.
Subrayó que, con estas rebajas de salario, los altos cargos de la Generalitat "serán los que tengan las retribuciones más bajas de todo el Estado", de forma que, en algunos casos, percibirán sueldos inferiores a altos funcionarios como jefes de área, o, en el caso de la Conselleria de Sanidad, directores de hospitales o jefes de enfermería. Explicó que la diferencia del sueldo de un secretario autonómico y de un conseller "va a ser de 16 euros al mes".
Camps afirmó que la "propuesta alternativa" del Consell para contener el gasto era "mejor" ya que suponía que los altos cargos del resto de autonomías situaran sus salarios al nivel de la valenciana, que es de los más bajos, pero "el problema es que nadie nos ha seguido". "Hemos decidido dar el mayor de los ejemplos", y, por ello, "hacemos exactamente igual que hace el Gobierno de España, sólo que ellos cobran más que nosotros, igual que sucede en otros gobiernos autonómicos", insistió.
Gerardo Camps remarcó que con este decreto "damos legalmente cumplimiento a lo que el Gobierno socialista impone a las administraciones autonómicas" y "en los mismos términos" que el Ejecutivo, y "lo hacemos por la irresponsabilidad y la incompetencia" de José Luis Rodríguez Zapatero, "principal causante de la situación que vive este país", subrayó. Reiteró que el Gobierno valenciano "no tenía entre sus previsiones reducir el salario de los empleados públicos".
El decreto ley aprobado hoy modifica determinados artículos de la Ley de Presupuestos relativos a los gastos de personal. Gerardo Camps subrayó que el Consell ha optado por aplicar la reducción del 5 por ciento en el conjunto de la base salarial de los empleados públicos "exactamente igual que lo hace el Gobierno de España".
No obstante, apuntó que en el caso de los funcionarios de la Comunitat Valenciana "van a tener algo de mejora al no ser necesario que el complemento específico disminuya un 5 por ciento de forma lineal, como si ocurre en el caso de la Administración General de España".
Las retribuciones básicas --compuestas por sueldo base y trienios-- trasladan directamente los nuevos importes para los meses de junio a diciembre, así como la paga extraordinaria de diciembre. Las complementarias, que son competencia de la Generalitat, deben alcanzar la reducción global establecida del 5 por ciento.
Para ello, se aplicará una rebaja del 5 por ciento del complemento de destino, "con lo que se mantienen en los mismos niveles e importes que establece la Administración del Estado para su personal", y el resto de retribuciones de carácter complementario se minoran entre un un 3 y un 4 por ciento para llegar a la reducción global del 5 por ciento anual. Esta reducción afecta a todos los sectores de personal al servicio de la Generalitat.
Gerardo Camps también explicó que no se modifica la contribución al Plan de Pensiones para los empleados de la Generalitat. Asimismo, se prevé una excepción para el personal del grupo E, cuyas retribuciones complementarias se reducirán un 1 por ciento.
También se mantienen las bases de cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social, que serán las mismas que las correspondientes al mes de mayo de 2010, salvo que por sus retribuciones pudiera corresponder una mayor cuantía.
Por lo que se refiere al personal laboral, su masa salarial disminuirá un 5 por ciento con efectos 1 de junio de 2010, a excepción de la paga extraordinaria de junio. Del mismo modo, no se aplicará ninguna minoración al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto Ley del Gobierno.
El Decreto Ley contempla también su aplicación a los organismos autónomos y a las entidades de derecho público en los mismos términos que para el resto de personal al servicio de la Generalitat, sólo se exceptúa el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, porque así se establece en la norma estatal, aseveró Gerardo Camps. El personal eventual "también reduce sus salarios como el resto de empleados públicos".
Además, el decreto suspende "parcialmente", con efectos de 1 de junio de 2010, todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario en los términos necesarios para la correcta aplicación de las reducciones salariales porque es una "cuestión de lógica, ya que no puedo estar subiendo retribuciones y bajándolas a la vez", y "legal", puesto que el Gobierno estatal "nos dice que su real decreto entra en vigor sobre la masa salarial del momento", indicó Gerardo Camps, quien especificó que la Administración del Estado podría llevar a los tribunales a la autonomía que decidiera subir esa masa salarial.
El conseller especificó que los acuerdos que no hayan entrado en vigor, entre los que se encuentra la extensión de la carrera profesional para los funcionarios públicos que contempla la futura ley de la Función Pública, quedan "congelados" hasta 2012, cuando "estos dos años de reducción y congelación salariales hayan pasado. Lo hace la Administración del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas y no cabe otra manera de hacerlo ni legalmente ni lógicamente", insistió.
Se reducen el resto de retribuciones complementarias para el personal de la administración del Consell, el docente no universitario, el de la administración de justicia y el que está al servicio de las instituciones sanitarias alrededor de un 3,5 por ciento, para alcanzar la cifra global del 5 por ciento anual.
