El puerto de Alicante aumenta un 3,75% su tráfico global y un 9,7% en contenedores

ALICANTE.- El puerto de Alicante ha aumentado un 3,75 por ciento su tráfico global de mercancías y un 9,7 por ciento en contenedores de enero a julio respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar 742.738 toneladas movilizadas en 89.374 TEUs y 1.340.821 toneladas transportadas en total.

   En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha valorado que el tráfico "continúa de forma gradual su recuperación" y ha achacado ese "continuado repunte", tras cuatro meses consecutivos con datos positivos, al crecimiento de la mercancía en contenedor y del tráfico exterior de importación y, especialmente, de exportación.

   Respecto al aumento del tráfico de contenedores, ha resaltado que "certifica la consolidación de este tipo de tráfico como el más relevante de la dársena alicantina", al aglutinar más del 50 por ciento del total de toneladas movidas.

   Históricamente, eran los tráficos vinculados al sector de la construcción los que aportaban el mayor volumen, tales como cemento, clínker, escoria y otros graneles sólidos.

   Dentro del conjunto del tráfico exterior (13,85%), la exportación ha crecido un 16,41 por ciento, tras alcanzar las 440.200 toneladas, mientras que la importación suma 346.711 toneladas, lo que representa un aumento del 10,74 por ciento.

   Desde la Autoridad Portuaria han resaltado asimismo que, hasta el 31 de julio, el puerto de Alicante prácticamente ha duplicado sus cifras en tráfico de cruceros respecto al año anterior.

   En concreto, en los primeros siete meses del año han recalado en Alicante 28 cruceros y 51.554 cruceristas, frente a los 26.225 de 2010, lo que supone un aumento del 96,58 por ciento.

   En este apartado, destaca el repunte del 6,73 por ciento en el número de pasajeros de los ferries con destino a Orán y Tánger, con 136.379 personas que han pasado por la terminal marítima de Orán frente a las 127.780 que lo hicieron en 2010.

   Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Alicante se ha referido al "bloqueo" que sufre la segunda fase de las obras del acceso sur y ha asegurado haber "cumplido con todos los compromisos requeridos en el ámbito de sus competencias".

   Ha aludido así a la autorización de la ocupación de más de 25.000 metros cuadrados de terreno portuario para la consecución de la primera fase del proyecto, así como a la construcción del parque litoral 'Parque del Mar', paralelo a la avenida de Elche.

   Sobre ese parque, han precisado que su límite "lo marca la vía ferroviaria que mantiene Adif, de quien depende la decisión de eliminar esa barrera y permitir el acceso ciudadano al parque".

   Es más, han destacado que, para facilitar esa medida, la Autoridad Portuaria ha ofrecido a Adif operar en la terminal interior de mercancías, ubicada en los terrenos de la empresa concesionaria TMS, mientras se acomete la futura plataforma logística de La Serreta.

   La APA también ha presentado diversas propuestas para alcanzar un acuerdo respecto a las compensaciones de volumen planteadas dentro de la zona operativa del puerto --pese a quedar fuera de sus competencias--, ya que éstas "carecen de los instrumentos de gestión, además de comprometer un dominio público estatal ratificado en el Plan Especial del Puerto de 2006", conforme a un criterio de gestión de 1990 ya derogado.

Fabra confía en que el Banco de España ´aclare´ la situación de la CAM

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, confió en que "el control y tutela" que está ejerciendo el Banco de España tras la nacionalización de Caja Mediterráneo (CAM) "lo aclare todo" porque "los ciudadanos necesitan confiar en las entidades" y en este momento "la transparencia es lo que toca".

Fabra realizó estas manifestaciones durante una visita al Centre de Coordinación de Emergencias de l'Eliana a preguntas de los medios sobre su opinión por la retirada de funciones pero no de sueldo de la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, sobre la subida de sueldos de directivos bancarios.
Al respecto, el presidente comentó que "estas cuestiones en este momento las está dirimiendo el Banco de España".

"Y espero que se aclare absolutamente todo a través de ese control y tutela que está haciendo para el bien, no solo de la entidad, sino de todos los ciudadanos", señaló.
En la misma, opinó que "los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones, en las entidades y las administraciones" y agregó que "la transparencia y la claridad es lo que toca".

El conseller Rosado afirma que el sistema sanitario podría llegar a la quiebra

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha afirmado este viernes que comparte la idea apuntada recientemente por su antecesor en el cargo, Manuel Cervera, acerca de que "de no producirse cambios en el sistema sanitario tal como lo tenemos planteado en este momento, podríamos llegar a la situación de quiebra" y ha remarcado que, por ese motivo, esos cambios "se van a producir con toda seguridad". 

   "Si no hacemos los deberes como los tenemos que hacer los que nos dedicamos a la gestión sanitaria, tanto a nivel de la Comunitat Valenciana como también de todo el Estado español, es probable que no llegáramos muy lejos en cuanto a las previsiones de salud", ha señalado a preguntas a los periodistas tras clausurar la 'I Summer School' del Centro Superior de Investigación en Salud Pública.

   Rosado ha apuntado que, "por esto, es prácticamente necesario y es prácticamente obligado que se produzcan estos cambios, que se van a producir con toda seguridad dentro de la sanidad, para conseguir que los logros que hasta ahora se han obtenido en sanidad se puedan trasladar al futuro"

   Al respecto, ha precisado que "no se trata de recortar aspectos sanitarios, sino que se trata de gestionar de la mejor forma posible lo que tenemos para de algún modo poder llevarlo al futuro".

   Preguntado por el cierre de farmacias en Castilla-La Mancha en protesta por los impagos del Gobierno autonómico, el titular de Sanidad ha aseverado que la Comunitat Valenciana está "en una situación favorable con respecto a otras comunidades autónomas gracias a la relación mantenida con los colegios farmacéuticos" y que, de hecho, tienen este tema "bastante bien controlado".

   Así, ha valorado que "de momento" han logrado que "se siga cobrando en tiempo y en forma oportuna" y ha aseverado que "en los próximos meses" continuará esa situación. No obstante, ha rehusado hablar de un periodo mayor de tiempo y ha optado por limitarse al que puede "controlar" en estos momentos, ya que "el futuro económico del país permanece bastante incierto".

   Rosado ha enmarcado las acciones de protesta de las farmacias en las dificultades que sufren todos los sectores a raíz de la "crisis económica importante" que atraviesa España y ha señalado que "se tienen que organizar para conseguir sus logros".

   En cualquier caso, ha defendido que "la farmacia es un elemento importantísimo del gasto sanitario y debe estar perfectamente coordinado con las autoridades sanitarias para conseguir de algún modo que se pueda llevar a cabo el cobro de sus emolumentos y el cobro de los medicamentos que se están consumiendo", momento en el que ha ensalzado las conversaciones mantenidas en los últimos meses por las 'Conselleries' de Hacienda y de Sanidad con el sector.

   Preguntado por la finalidad de las cuantiosas transferencias de crédito relativas a su departamento que publica este viernes el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), el titular de Sanidad ha indicado que van destinadas a "pagar algunas de las deudas" que tiene suscritas la Conselleria y a acometer "algunos de los pagos a proveedores que se están realizando".

   Rosado ha comentado que esas modificaciones presupuestarias "son elementos normales" que se realizan "todos los ejercicios" y que "permiten ir afrontando cada uno de los costes y de los pagos que se tienen que ir haciendo dentro de las Consellerias".

El exalcalde de Torrevieja, imputado por un presunto delito electoral

ALICANTE.- El exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico, Pedro Hernández Mateo, está llamado a declarar como imputado el próximo 16 de septiembre por un presunto delito electoral, cometido el pasado mes de mayo, según han confirmado fuentes judiciales, quienes han precisado que lo más probable es que el juzgado que instruye la causa se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ya que Hernández Mateo tiene la condición de aforado.

   

El titular del Juzgado nº 5 de Torrevieja ha llamado al exalcalde a declarar en calidad de imputado por un delito electoral presuntamente cometido en la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos, concretamente el 19 de mayo, tras una denuncia del PSPV-PSOE contra los 'populares' que celebraron un acto en un recinto que había sido prohibido por la Junta Electoral Provincial de Alicante.

   No obstante, y dada la condición de aforado del histórico dirigente 'popular', esta declaración "puede no celebrarse si antes el juez envía una exposición motivada de inhibición" en favor del tribunal autonómico.

   Los hechos ocurrieron durante la pasada campaña, cuando la Junta Electoral Provincial de Alicante denegó al PP la celebración un acto en el Auditorio de la Música de Torrevieja, al estimar un recurso presentado por el PSPV de esta localidad, que alegaba que ese espacio no se había puesto a disposición de todos los partidos políticos para su uso.

   Los 'populares' habían previsto celebrar en este auditorio un acto de campaña con la presencia del entonces presidente de la Generalitat valenciana y candidato a la reelección, Francisco Camps, y el candidato a la alcaldía por esta formación, Eduardo Dolón.

   Sin embargo, los socialistas impugnaron el uso de este recinto porque, según alegaron en su momento, no había sido ofrecido a todos los partidos concurrentes en las elecciones y porque, además, es propiedad de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, por lo que el carácter público tenía que haber asegurado el acceso a todos.

   Ante estos hechos, el PP trasladó el acto al teatro. De nuevo, los socialistas lo impugnaron porque, según aseguran, tampoco fue ofrecido al resto de formaciones como espacio para celebrar actos electorales.

   Además de en esta causa, el exalcalde está imputado en dos más, una de ellas relativa a un presunto delito de tráfico de influencias, por la plusvalía que supuestamente obtuvo con la compraventa de una finca rústica y que podría ascender a más de cinco millones de euros; y la segunda por un supuesto delito de prevaricación y falsedad en la adjudicación de la contrata de la basura del municipio.

Asaja amenaza con bloquear La Jonquera para protestar contra el boicot galo

BARCELONA.- La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cataluña ha anunciado este viernes que bloqueará el regreso de los turistas franceses a su país cortando la carretera de La Jonquera como respuesta al boicot de los productores galos y a los recientes ataques a camiones procedentes de la Península que transportaban fruta y hortalizas.

   El coordinador de Asaja en Cataluña, Albert Castelló, ha asegurado que ya se ha acabado la paciencia, "ojo por ojo y diente por diente", y ha afirmado que es absurdo seguir con buenas palabras y esperar actuaciones de los gobiernos.

   Además, ha avisado de que si siguen los ataques en la frontera de aquí a final de mes "automáticamente irán a buscar intereses franceses y a causarles el mayor daño posible".

   Ha emplazado a la policía catalana a ser "guardianes" y a defender los intereses de catalanes y españoles cuando se produzcan estos ataques, tal y como ha asegurado que hacen los cuerpos de seguridad galos.

   Asaja ha arremetido de nuevo contra el Gobierno por su "inmovilidad" a la hora de tomar medidas concretas para defender los intereses de los productores autóctonos, que esta semana han estado sufriendo nuevos ataques en la frontera.

Bruselas recuerda a Francia que debe garantizar la libre circulación de mercancías

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha señalado hoy que no ha sido informada formalmente de los últimos ataques de agricultores franceses contra camiones que transportaban frutas y verduras desde España, pero ha dejado claro que condena "todo tipo de acción ilegal y destructiva" y ha recordado a Francia que los países de la Unión Europea deben tomar las medidas necesarias para garantizar la libre circulación de mercancías.

   "No hemos recibido nuevas quejas. Pero de manera general, evidentemente la Comisión condena toda acción ilegal y destructiva", han declarado fuentes del Ejecutivo comunitario. Las fuentes han confirmado que están al tanto de las informaciones publicadas sobre los incidentes de los pasados 9 y 11 de agosto en la frontera francesa, pero han señalado que las autoridades españolas no han notificado los incidentes a Bruselas.

   En cualquier caso, apuntan las fuentes, "todo Estado miembro está obligado a tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas, con el objetivo de garantizar la libre circulación de los bienes sobre su territorio". También tienen la obligación de informar al Ejecutivo comunitario "en caso de obstáculos importantes" a este derecho.

   Sin embargo, las fuentes consultadas, advierten de que las normas de la Unión Europea confieren a las autoridades nacionales "la competencia exclusiva" en lo que concierne al mantenimiento del orden público y a las medidas a poner en práctica para garantizar el derecho a la libre circulación en una situación específica.

   El pasado julio, tras un primer ataque de piquetes franceses contra camiones con frutas españolas, Bruselas se puso en contacto con París para advertirle de su obligación de cumplir las normas del mercado único. La gendarmería se comprometió entonces a intervenir si fuera necesario para impedir nuevos casos, según las fuentes.

   La Comisión puede actuar si recibe una queja formal. Primero la somete a examen y si lo considera necesario contactar con el Estado miembro. Si Bruselas considera que el país en cuestión infringe la regulación europea que le obliga a proteger la libre circulación de mercancías, podría iniciar un procedimiento de infracción.

Ya se habla de la absorción del puerto de Alicante por el de Valencia

ALICANTE.- El presidente provincial del PP, ex presidente de la Diputación y virtual titular de la autoridad portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adalid natural del alicantinismo en su máxima expresión, tendrá que lidiar con un 'miura' en su nueva trayectoria política: el proceso de absorción de la gestión del puerto de Alicante por el de Valencia. El Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado, mantiene inalterable su plan para reducir de 28 a 11 las autoridades portuarias con el fin de ganar en eficiencia y suprimir aquellas gerencias que, como la de Alicante, son deficitarias, según se relata hoy en 'La Verdad'.

El movimiento no ha pasado desapercibido en los últimos días para los representantes del consejo de administración por parte de la patronal Coepa, Cámara, PSOE y Ayuntamiento de Alicante, muchos de los cuales también tendrán que salir a finales de año.

Ripoll tendrá que asumir que su condición de autoridad portuaria de Alicante será muy interina. Porque Puertos del Estado tiene ya determinado cambiar a fondo el mapa portuario español. En el mes de mayo, el presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, afirmó en una entrevista en el diario 'Expansión' que España necesita mantener tres tipos de puertos: los energéticos, los de importación y exportación y los de hub en cadenas logísticas».

No lo aclaró, pero dejó caer que España necesitaría ocho autoridades portuarias peninsulares (La Coruña-Ferrol, Gijón, Bilbao, Barcelona, Tarragona, Valencia, Algeciras y Huelva) y otros tres insulares (Las Palmas, Tenerife y Baleares).

El Gobierno de España no quiere enfrentarse a los localismos y chovinismos que generan los puertos, porque nadie quiere que su puerto se dirija desde otro lugar. Pero Puertos del Estado aseguró ayer que, en una franja de distancia de cien kilómetros, «lo lógico» es que los puertos pequeños y deficitarios, como el de Alicante, sean «coordinados» por el vecino. En este caso, Valencia.

La previsión de Puertos del Estado es que, a la vuelta de cuatro años, se ejecuten esas «coordinaciones de gestión», por no hablar de fusiones o absorciones. La autoridad portuaria de Alicante, en principio, no perdería puestos laborales, pero tampoco se descartan si la práctica totalidad de la gestión depende de Valencia. 

Un portavoz de Puertos del Estado admite ante 'La Verdad' que el puerto de Alicante no alcanza el índice de rentabilidad sobre el inmovilizado del 2,5%. Este es un requisito básico previsto en la Ley de Puertos del Estado.Voces empresariales alicantinas alertan de que el puerto de Alicante lleva ya dos años sin cumplir este precepto.

Por otra parte, los empresarios y trabajadores del Puerto de Alicante no entienden que vayan a quitar a Miguel Campoy, cuya labor en los últimos dos años y pico elogian, para poner en su lugar a José Joaquín Ripoll, pero no porque vaya a mejorar los proyectos de Campoy, sino por cuestiones políticas; porque de pronto les parece mal haber mandado a Ripoll de la presidencia de la Diputación a las listas del paro, siempre según 'La Verdad'.

Ecologistas piden al Banco de España que investigue los vínculos de la CAM con proyectos urbanísticos "especulativos"

VALENCIA.- Las organizaciones ecologistas ANSE, CEMDA, Ecologistas en Acción y Greenpeace de España y México han reclamado al Banco de España que investigue los "vínculos" entre la Caja Mediterráneo (CAM) y una promotora inmobiliaria y turística "implicada", según estas entidades, "en varios proyectos dudosos o fallidos de carácter turístico e inmobiliario".

También han pedido que la entrada de fondos públicos para sanear la caja suponga "el fin inmediato a esos proyectos especulativos y depredadores del medio ambiente". 

   La solicitud la han realizado a través de una carta que han enviado este jueves al presidente del Banco de España y a los administradores de la CAM nombrados por esta entidad, así como a la Embajada de España en México.

   En un comunicado, los colectivos señalan que la CAM "posee el 30% de las acciones de Hansa Urbana y siempre ha atendido las peticiones de financiación planteadas por la empresa". En diciembre de 2006, por ejemplo, le concedió un crédito de 95 millones de euros para adquirir los terrenos del megaproyecto Novo Carthago, en Murcia, hoy paralizado. Según las estimaciones publicadas por varios medios y citadas por estas fuentes, las líneas de crédito de la firma con la CAM oscilan entre 700 y 800 millones de euros en total.  

   Esta empresa alicantina, prosiguen, se dedica a la construcción y los negocios inmobiliarios, con especial atención a los lotes turísticos mixtos compuestos por hoteles, campos de golf y segundas residencias. Aunque ha actuado en diversas zonas del territorio español y en el extranjero, las regiones donde se ha concentrado la mayor parte de su actividad --"y donde todavía tiene la mayoría de sus activos, así como de sus proyectos retrasados o fallidos, apuntan-- son la Comunitat Valenciana y Murcia.

   En concreto, en Murcia es propietaria mayoritaria e impulsora de tres grandes desarrollos urbanísticos y planes parciales que pretenden la construcción de unas 23.000 viviendas: Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre. "Muy probablemente, la empresa es la mayor propietaria de suelos residenciales en las planicies costeras de la región, aunque casi todos sus proyectos se localizan en el mismo límite de espacios protegidos", señalan las organizaciones, que añaden que, "debido al desplome de la 'burbuja' inmobiliaria y a varios problemas legales, la mayoría de sus proyectos se encuentran paralizados".

   En la misma línea, consideran que "los excesos urbanísticos impulsados en diversos puntos de la costa mediterránea española" por esta empresa, "con el apoyo de responsables políticos y de la CAM, han contribuido a la ruina de la entidad bancaria".

"La intervención del Banco de España debe ir acompañada de la investigación de las relaciones entre la CAM y Hansa, y la revisión de dichos proyectos", insiste Pedro García, de ANSE.

   Además, manifiestan que la expansión internacional de la promotora comenzó en México en 2005 con el proyecto Nuevo Cancún. En 2007 compró 3.850 hectáreas en Baja California Sur, donde pretende poner en marcha el macroproyecto inmobiliario y turístico llamado Cabo Cortés. Con un tamaño en habitaciones de hotel y viviendas similar al conjunto de Cancún, el proyecto cuenta con otros ingredientes como campos de golf, puerto deportivo y aeropuerto privado. Cabo Cortés se encuentra en la zona colindante al Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, una zona protegida desde 1985 y que es Patrimonio de la Humanidad por decisión de la Unesco, debido a su incalculable valor ecológico.

   Precisamente por ello, y por los "daños irreversibles" que podría causar al mismo, tanto las comunidades de la zona como organizaciones ecologistas y académicas "han expresado en reiteradamente su oposición a este proyecto, que se encuentra paralizado  a la espera de que se aclaren cuestiones relativas a su impacto en el medio ambiente".

   "Cabo Cortés es un caso flagrante de incumplimiento de la normativa medioambiental mexicana, y por ello estamos presentando diversos recursos legales y pidiendo a las autoridades que anulen de forma definitiva el proyecto", afirma Agustín Bravo, de CEMDA.

   Las organizaciones resaltan que la CAM no es ajena a estas "aventuras", ya que su informe anual de gobierno corporativo en 2009 muestra algunos datos en este sentido.

   "La CAM es perfectamente consciente del proyecto de Cabo Cortés y de sus posibles riesgos, a tenor de la intervención de su directora general, María Dolores Amorós, en la Asamblea de la entidad en junio de 2010. Cuando los representantes sindicales preguntaron a la caja acerca del potencial impacto de Cabo Cortés, Amorós afirmó que se trataba de un proyecto que cumple con la legalidad y respeta el medio ambiente, y que la Caja estaría vigilante para que ello siga siendo así", relatan las mismas fuentes.

   "Greenpeace, Ecologistas, CEMDA y ANSE, y muchas otras organizaciones españolas y mexicanas, estamos en condiciones de afirmar que no es así, y que el proyecto en ningún modo respeta la legalidad ni el medio ambiente", señaló Alejandro Olivera, de Greenpeace México.

   Por todo ello, y ante la intervención del Banco de España en la CAM, las organizaciones han remitido una carta al gobernador del Banco de España para "llamar su atención hacia estas irregularidades urbanísticas y medioambientales".

   "Hemos solicitado una reunión con los nuevos consejeros de la CAM nombrados por el Banco de España, y esperemos poder tener toda la información relativa a la situación actual de Cabo Cortés", concluye Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.

El Consell impulsa una 'vía litoral' en la Comunitat para el tránsito de peatones y ciclistas en 470 kms

VALENCIA.- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente impulsa, a través de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, una 'Vía litoral' para el tránsito de peatones y ciclistas a lo largo de la costa de la Comunitat. 

   La 'vía litoral' recorrerá los 470 kilómetros del frente costero de la Comunitat, entre Vinaroz (Castellón) y Pilar de la Horadada (Alicante), que se recuperarán de esta manera para el uso público. Esta iniciativa supone "una apuesta por el turismo sostenible y de calidad en nuestra franja litoral, que se pondrá en valor para el uso y disfrute de los ciudadanos", según ha señalado la Generalitat en un comunicado..

   Uno de los aspectos centrales de la 'vía litoral' es que vertebrará los espacios naturales de la costa, lo que supone articular 115.000 hectáreas de alto valor ambiental. De esta manera, diez parques naturales, el 90 por ciento de los humedales protegidos y 23 Lugares de Interés Comunitario (LIC) estarán conectados "en red".

   Por ejemplo, podría emprenderse una ruta, sin solución de continuidad, por los parques naturales de la Serra d'Irta, el Prat de Cabanes-Torreblanca, Illes Columbretes, l'Albufera, la Marjal de Pego-Oliva, el Montgó, el Penyal d'Ifac, la Serra Gelada, las Salinas de Santa Pola y La Mata-Torrevieja.

   En una segunda derivada, el proyecto va más allá de una senda costera. Pretende articular los espacios naturales de la costa con los del interior, e incluso integrarse en el sendero europeo de gran recorrido E-10.

   Todo ello podrá realizarse mediante 41 corredores para peatones y ciclistas, que permitirán desplazarse, por ejemplo, desde la Marjal dels Moros hasta la Serra Calderona, desde la Marjal de Almenara hasta la Serra d'Espadà o desde las Salinas de Santa Pola hasta el Hondo de Elche.

   La Comunitat cuenta con 265 kilómetros de playas que, en su mayor parte son bajas y arenosas. Esto las hace especialmente adecuadas para fomentar el tránsito no motorizado. Pero esta senda de largo recorrido no sólo conectará espacios de alto valor ambiental. También articulará los 60 municipios costeros de la Comunitat, de "gran importancia estratégica" para el conjunto del territorio.

   Estos núcleos urbanos acogen a más de dos millones de valencianos --el 55 por ciento de la población de la Comunitat-- y alcanzan unas densidades muy elevadas, en concreto, más de 800 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ya se reclaman "responsabilidades penales" para los ex directivos de la CAM

VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Esther López Barceló ha aplaudido la decisión de los interventores del FROB de suspender de empleo a la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, y ha recordado que Esquerra Unida considera que, además de responsabilidades políticas, también podrían haber "responsabilidades penales". 

   López Barceló ha criticado el plan de ajuste diseñado y ha pedido que "no acabe privatizándose ya que se ha intervenido con fondos públicos". Para la diputada de EUPV, "se debería convertir en un banca pública en manos de la comunidad autónoma o del Estado".

"Hace falta un instrumento financiero público", ha añadido la parlamentaria.

   La diputada de EUPV ha reclamado que "la CAM se convierta en una banca pública", ya que "los y las alicantinas todavía están a tiempo de salvar nuestra caja".

   Además, López Barceló ha alertado contra "una posible subasta una vez ha sido intervenida" y ha señalado que "hace falta un instrumento financiero público", por lo que ha exigido que "la CAM se quede en manos de la comunidad autónoma o del Estado".

   Finalmente, también ha recordado que la formación de izquierdas propuso la creación de una comisión de investigación a las Corts Valencianes.

Por su parte, el representante de CCOO en Caja Mediterráneo, Jorge Casillas, ha considerado este miércoles que la destitución de la directora general de la entidad, María Dolores Amorós, "llega tarde y mal", al tiempo que ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".

   Jorge Casillas ha hecho estas declaraciones después de que se hiciera pública la destitución de Amorós, que sucedió en el cargo a Roberto López Abad, y que estaba al frente de la caja desde finales del pasado año. Por el momento no está previsto nombrar a otra persona para que sustituya a Amorós en el puesto.

   La junta de administradores del FROB, Juan José Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, asume de este modo las competencias de la direccion general de la caja que fue intervenida el 22 de julio

   Así, desde CCOO opinan que la decisión se tenía que haber tomado antes y han recordado que han sido "el único sindicato" que se opuso a su nombramiento, por entender que se trataba de una designación "continuista" con la gestión anterior, con la que estaban en desacuerdo.

   Por ello, Casillas ha insistido en que la decisión "llega tarde y llega mal", al considerar que debía haberse producido antes y que, además, también debería haber sido suspendida salarialmente. "No podemos permitirnos el lujo" de pagar un sueldo de director general para alguien que no desempeña el cargo, ha dicho.

   En esta línea, ha apostado por que se esclarezca la "cadena de responsabilidades" y, de este modo, sean "cesados los directores adjuntos que nombró".

"Aquí nadie puede irse de rositas", ha zanjado.

Por último, el portavoz de Sicam, Manuel Navarro, ha tildado la destitución de la directora general de Caja Mediterráneo, María Dolores Amorós, como "una medida cautelar" y ha asegurado que era "algo que se esperaba" porque es la práctica habitual tras una intervención y que es "lógico" que los administradores hayan tomado esta decisión para evitar "interferencias", por lo que ha apostado por "no darle más repercusión".

   Tras conocerse la destitución de Amorós, Manuel Navarro ha indicado que en los procesos de intervención y tras recabar la información necesaria, "es una medida cautelar que se suele adoptar" por parte de los administradores, por lo que "todo el mundo la estaba esperando". A su juicio, "no hay que darle más repercusión que esa".

   Para Sicam, una vez que se "han hecho las consultas" referentes al área en cuestión, sus responsables "van siendo apartados", por lo que ha abogado a "esperar 15, 30 ó 40 días para saber si puede volver a incorporarse".

   En cuanto a la posibilidad de que más directivos puedan verse afectados, Navarro ha considerado que se "pasará al siguiente escalón", pero ha remarcado que este tipo de decisiones "no son desorbitadas", sino una práctica habitual para "evitar interferencias".

   Por otro lado, ha recordado que los trabajadores de la caja han iniciado una campaña para conseguir el apoyo de ayuntamientos, asociaciones y comunidades autónomas para que la obra social de la entidad continúe y, de este modo también, los puestos de trabajo.

   Para Navarro, "nadie mejor que los empleados hacen viva la obra social" y, en su opinión, es "justo" que todos aquellos que se han beneficiado de la obra social, puedan ahora unirse para su mantenimiento.

   Además, ha remarcado que cuando la entidad sea adquirida vendida las medidas de personal que se adopten sean "no traumáticas" como en "otras ocasiones".

El aeropuerto de Alicante crece un 6,8% en pasajeros en julio

VALENCIA.- El aeropuerto de Alicante ha registrado un aumento del 6,8 por ciento en pasajeros transportados en julio respecto al mismo mes de 2010, hasta registrar un total de 1.174.542 viajeros y situarse como el quinto en volumen de usuarios, por detrás de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. Por su parte, el de Valencia creció un 2,3 por ciento y se colocó en décimo lugar a nivel estatal, según datos de Aena.

   En número de operaciones, El Altet fue el séptimo a nivel nacional, con un total de 8.346 y un crecimiento del 4,1 por ciento, seguido del aeropuerto de Manises, que perdió un 11,5 por ciento de sus operaciones respecto al mes de julio del año anterior.

   En este apartado, ambos aeropuertos de la Comunitat Valenciana se vieron superados por Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Ibiza y Gran Canaria.

   En cuanto al volumen de mercancías transportadas en julio, el aeropuerto de Valencia se situó en octavo lugar tras registrar un descenso del 3,5 por ciento, con un total de 923.921 kilos transportados, y el de Alicante, en decimoquinto, con una caída del 19,9 por ciento y 236.533 kilos.

Orihuela renombrará las calles con nombres franquistas tras recibir sugerencias

ORIHUELA.- El Ayuntamiento de Orihuela se propone renombrar las calles de la ciudad y las partidas rurales que mantienen denominaciones franquistas y ha abierto una página web para recibir sugerencias de los vecinos en torno a esas nuevas denominaciones, según han informado fuentes municipales en un comunicado.

   La edil de Cultura, Ana Mas, ha presentado este miércoles las primeras decisiones para aplicar la Ley de Memoria Histórica en el municipio y prescindir así de aquellos elementos urbanos o referencias a cuestiones que ensalcen el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Guerra Civil o la posterior dictadura.

   En primer lugar, el Ayuntamiento elaborará "un informe técnico para conocer la realidad del municipio al respecto".

   La edil ha indicado, en este sentido, que en el casco urbano, estos símbolos y las nomenclaturas de calles "son pocas y están perfectamente localizados", pero en las partidas rurales "no hay un estudio de situación" y en muchos casos se desconocen, "por lo que será necesario un estudio de campo" que estará listo en septiembre.

   En una segunda fase, crearán una comisión mixta entre técnicos municipales y representantes de colectivos ciudadanos que, "de forma consensuada, determine qué nombres o símbolos deben desaparecer y cuáles deben formar parte de la nueva nomenclatura".

   La concejal ha insistido en que pretende llevar a cabo el proceso con el máximo consenso, por considerar que "no sólo es una oportunidad para que Orihuela entre en la normalidad democrática, sino también para que salde otras deudas pendientes".

   De este modo, ha propuesto que las calles que modifiquen su nombre adopten el de mujeres, nacidas en Orihuela o vinculadas al municipio, que gocen de prestigio nacional e internacional, o personalidades del mundo de la filosofía, la geografía o la botánica.

   Mas ha calificado esta decisión de "simple normalización", que se ha realizado ya "en la inmensa mayoría de pueblos y ciudades de España, fuese cual fuese su color político".

   "Pretendemos adaptar la nomenclatura y los símbolos a un Estado que defiende los valores democráticos de la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por la cultura y los derechos humanos", ha concluido la edil.

El conseller Rosado descarta el copago sanitario

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado este miércoles que su departamento descarta el copago sanitario y ha explicado que un sistema así no es responsabilidad autonómica, por lo que su debate "solo puede plantearse a nivel del Estado".

   Rosado ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, tras presentar la campaña preventiva 'El alcohol puede esperar', al ser preguntado por si es partidario de establecer el copago en Sanidad.

   El conseller de Hacienda y Administraciones Públicas, José Manuel Vela, habló de la posibilidad de establecer el pagos de tasas por utilizar las urgencias de los hospitales públicos, mientras que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dijo el martes que es "prematuro" hablar del copago.

   Por su parte, el titular de Sanidad ha descartado el copago y ha señalado que este sistema puede adoptar dos fórmulas. La primera de ella es establecerlo "de tipo recaudatorio". Al respecto, ha explicado que supondría "más impuestos", pero ha rechazado que se vayan a elevar los tributos a la población valenciana.

   La segunda fórmula posible es el "copago disuasorio", cuyo objetivo es intentar disminuir la frecuencia de los pacientes en los centros sanitarios. Sin embargo, ha asegurado que "no existen estudios suficientemente claros que indiquen que se puede reducir solo por este hecho".

   A su juicio, se puede conseguir que la gente utilice los recursos sanitarios de una forma "adecuada" gracias a la "corresponsabilidad".

"El ciudadano debe saber que lo que el Estado y las autonomías ponen a su servicio debe ser utilizado de una forma correcta", ha subrayado el conseller, quien ha indicado que confía en la "concienciación" para conseguir una frecuenciación "adecuada" en los centros sanitarios.

Rajoy no ve "un buen ejemplo" que algunos consejeros de bancos se suban el sueldo

PONTEVEDRA.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que en este momento de crisis económica la subida de sueldo que se han fijado algunos directores de entidades bancarias y los consejos de administración no es "ni edificante ni un buen ejemplo en estos momentos".

   "Sus razones supongo que habrán tenido pero no parece que sea lo más recomendable en estos momentos ni lo más justo", ha declarado Rajoy al ser preguntado cómo valora las subidas de sueldo que han realizado los consejos de administración de algunos bancos, como Bankia.

   Preguntado si es partidario de imponer una tasa a los bancos como fondo para nuevas crisis, Rajoy ha señalado que en España ya existe un fondo para esos casos. Se trata, ha explicado, del Fondo de Garantía de Depósitos que "no existe en el resto de países de la Unión Europea".

   Asimismo, el líder de los 'populares' ha criticado la tardanza en la reestructuración bancaria seguida por el Banco de España, ya que, a su juicio, "se debería haber actuado mucho antes", pese que "no era un proceso fácil".

   "Es verdad que se ha avanzado porque ya hay cajas de ahorro que se han fusionado, que ya se han convertido en bancos, que están cotizando en Bolsa. Pero los tiempos son muy importantes en muchas facetas de la vida y en esta materia son un factor muy importante", ha recalcado.

   Rajoy no ha querido precisar si está de acuerdo con la cifra máxima de recapitalización de 20.000 millones para sanear entidades financieras, ya que, según ha dicho, es el Banco de España el que "tiene los datos" y el único que los conoce. Según ha recordado, en el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida a finales de julio, se han comprometido 5.800 millones de euros, una "cantidad importante".

   Dicho esto, ha insistido en que a él lo que más le preocupa en estos momentos es que todo este proceso "se haga rápido".

"Se nos dijo en 2008 que teníamos el mejor sistema financiero del mundo y mientras en todas partes se tomaron decisiones aquí no tomamos ninguna. Y claro, en 2009 se intervino una caja, en 2010 se intervino otra y ahora en 2011 se interviene otra caja", ha recordado, en referencia a Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur y la CAM.

   Aparte de celeridad, ha proseguido, el PP ha pedido al Gobierno que haya saneamiento y transparencia, así como que no haya "no haya unos requisitos de capitalización que son los más elevados del mundo en este momento".

"Porque mientras no haya saneamiento y no haya transparencia pues seguirá habiendo dudas, desgraciadamente", ha apostillado.

   Preguntado si teme que haya alguna otra caja en riesgo, el líder del PP ha asegurado desconocerlo porque es algo que debe decir el Banco de España. Según ha añadido, sería "una temeridad y una irresponsabilidad" por su parte decir que hay que intervenir alguna otra caja.

   Ante la mala gestión bancaria que ha llevado a que se produzcan las intervenciones por parte del Banco de España, Rajoy ha manifestado que "los responsables de algunas de las situaciones que se han producido en algunas entidades financieras tienen alguna responsabilidad".

  "Y corresponde a la Fiscalía y los jueces determinar cuál es. Pero desde luego tienen una responsabilidad porque evidentemente hay gestiones que pueden no haberse ajustado a lo que es una gestión correcta, sensata y equilibrada de una entidad financiera", ha dicho.

   En estas circunstancias, ha añadido, el Banco de España debe emitir un informe y si la Fiscalía cree que tiene motivos para ello debe actuar. "No soy yo el que lo sabe, ni conoce cómo se han gestionado estas entidades financieras porque esos datos sólo los tiene el Banco de España --ha explicado--. Lo único que sé es que el Banco de España tiene que emitir un informe y la Fiscalía actuar si cree que tiene que actuar".

El PSPV acusa a Fabra de "ocultar" el copago en Justicia "por orden" de Rajoy

VALENCIA.- La portavoz socialista de Justicia del Grupo Parlamentario en las Cortes Valencianas, Verónica López, ha afirmado que el copago que el presidente de la Generalitat, Albert Fabra, "quiere aplicar en Justicia y que oculta ahora, por orden de Rajoy, choca con la Constitución española y sólo puede calificarse de broma de mal gusto".

   De esta forma se ha pronunciado tras señalar que "la Constitución Española consagra el derecho a obtener una tutela judicial efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".

   López ha advertido que las declaraciones de Fabra, desautorizando al conseller de Justicia, Jorge Cabré, "revelan, no que el 'president' de la Generalitat esté en contra del copago, más bien al contrario, sino que ésta es una medida impopular en tiempo electoral de Rajoy, que inquieta a Génova y por la que Fabra ha decidido empezar a quemar ya a unos consellers heredados de su antecesor en el cargo".

   La diputada socialista ha criticado que Fabra esté hablando de "una acción para agilizar los trámites judiciales" cuanto está pemdiente la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial en la Comunidad Valenciana, "que tiene como objetivo transformar el servicio público de justicia en un servicio ágil, profesional y accesible para el ciudadano".

   En un comunicado, López ha señalado que "este plan, que ya se está aplicando en otras comunidades con óptimos resultados, supone un incremento en un 19% de la Planta Judicial, un aumento del 17% de los jueces, un 20% en fiscales y un 20% en Secretarios judiciales".

   "Fabra está empeorando el sistema judicial valenciano, como demuestra que la Generalitat no haya puesto en marcha los 15 juzgados, que debían estar ya en funcionamiento y que el Consell demandó a petición propia, porque ahora no pueden dotarlos de los medios materiales y personales necesarios", ha criticado. "Es intolerable que quiera ahora que los excesos, el despilfarro y la corrupción del PPCV la tengamos ahora que pagar los valencianos y valencianas", ha concluido.

El 71% de los trabajadores teme perder su trabajo y un 75% tiene estrés

MADRID.- Las dificultades económicas por las que atraviesan las empresas derivadas de la crisis y sus dudas hacen que el 75% de los trabajadores presenten síntomas de estrés, y además lleva al 71% a sentir inseguridad sobre el futuro de su carrera laboral, según la encuesta elaborada por el Observatorio de Riesgos Psicosociales de UGT. 

   La encuesta, realizada sobre más de 4.500 empleados entre 2004 y 2009, recoge que el 87% de los entrevistados admite tener una "carga mental alta" por las condiciones de su trabajo.

   El sindicato encabezado por Cándido Méndez advierte del "auge" de  este problema laboral ante la escalada del paro y, por ende, del trabajo precario, de los horarios y la inseguridad en los ingresos.

   Por ello, UGT, que recordó que varios estudios calculan que el estrés merma entre el 0,5% y el 3,5% del PIB cada año, exigió a las empresas que evalúen los riesgos de esta enfermedad y adecúen la carga y el ritmo de trabajo a la capacidad de los trabajadores.

La CAM destituye a María Dolores Amorós como directora general

ALICANTE.- Los interventores designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención de la CAM han destituido a su directora general, María Dolores Amorós, quien continúa como empleada de la entidad pero que ha sido relevada de sus funciones, según han indicado hoy fuentes de la caja.

   La destitución se ha hecho oficial este miércoles y por el momento no está previsto nombrar a otra persona para que sustituya a Amorós en el puesto. La junta de administradores del FROB, Juan José Iturriaga, Tomás González Peña y Benicio Herranz, asume de este modo las competencias de la dirección general de la caja que fue intervenida el 22 de julio.

   Este nuevo cambio forma parte del proceso iniciado por el Banco de España, tras nacionalizar la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para capitalizarla y sustituir a sus administradores a solicitud del consejo de administración.

Caja Mediterráneo perdió 2.587 millones en depósitos tras romper con Cajastur

OVIEDO.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) perdió 2.587,4 millones en depósitos en los dos meses que siguieron a la ruptura de su alianza con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, según la prensa asturiana.

Esta cifra supone el 5,85% de los ahorros de sus clientes. La entidad alicantina y la asturiana decidieron poner fin a su relación en el que iba camino de convertirse en el quinto grupo financiero de España, a finales de marzo, por las dudas de Cajastur y sus socios sobre la situación financiera de CAM. Según los balances de la alicantina, los depósitos de la entidad eran de 44.238 millones al cierre del primer trimestre, una cifra que bajó a 41.651 en mayo. 

La fuga de depósitos se agudizó tras los malos resultados que la caja obtuvo en los tests de estrés (fue la entidad que peor nota sacó en el conjunto de España), lo que precipitó que el Banco de España tuviera que rescatarla. 

La dirección de Liberbank, la fusión que Cajastur lidera ahora junto a Caja Extremadura y Caja Cantabria, se reunirá hoy en Madrid con los sindicatos para discutir los traslados de personal que el grupo pretende llevar a cabo. Las centrales aseguran que muchos de ellos se están realizando de forma «torticera» y «sin ningún sentido». 

«Se pretende trasladar a gente de una de las oficinas que cerrará en Lanzarote al occidente asturiano, donde no hay necesidad de personal», ejemplifica un sindicalista. La reunión ha provocado que los sindicatos anulen las protestas que tenían previsto realizar en las capitales de las provincias donde el grupo cuenta con representación. Sí mantienen la concentración para el día 13 en la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) de Gijón.

Piden a Cospedal evitar "conflictos de intereses" al apoyar el Corredor Central

VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha reivindicado este martes que la secretaria general del PP y presidenta de Castilla la Mancha y de la formación en esta comunidad, María Dolores de Cospedal, "debería renunciar a uno de sus dos cargos en el PP para que, en el futuro, no anteponga los intereses de la comunidad autónoma que gobierna a los intereses generales de España".

   En un comunicado, la asociación agraria ha reprobado así el apoyo público de Cospedal al Corredor Central "en detrimento del Corredor Mediterráneo" con el que, a su juicio, "incurre en un conflicto de intereses".

   Además, ha exigido al PP que "aclare su posición" respecto al "trazado ferroviario más rentable para el conjunto de España".  

   El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, considera que si bien "cualquier presidente autonómico tiene la legitimidad para reivindicar aquellas infraestructuras que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas" de ese territorio, "no parece ético que Cospedal, siendo secretaria general del PP, anteponga los intereses de su comunidad al interés general del Estado, ya que objetivamente el trazado ferroviario más rentable es el mediterráneo".

   Ha defendido, en este sentido, que "el trazado del corredor que atravesaría Andalucía, Murcia, la Comunitat Valenciana y Cataluña es, sin duda, el que más riqueza y puestos de trabajo generarían al conjunto de España".

   Aguado ha argumentado que la agricultura, el automóvil, el turismo y otros sectores productivos clave "se verían fortalecidos por el aumento del tráfico ferroviario, complementado a la vez por el volumen de negocio que manejan los importantes puertos marítimos de la zona".

   Así, se ha referido a la comparecencia de Cospedal este lunes junto a los presidentes de Madrid, Aragón y Extremadura para reclamar al ministro de Fomento, José Blanco, que apueste a favor del Corredor Central y ha recalcado que "los intereses de Castilla-La Mancha no son necesariamente los de España".

   Aguado ha insistido en que Cospedal "debería renunciar a uno de sus dos cargos en el PP para que en el futuro no se produzcan situaciones como ésta que podrían comprometer una infraestructura fundamental para los valencianos en una situación tan crítica como la que atraviesa España".

   Así, ha reivindicado que "no se puede escoger en base a caprichos interesados, sino que debería priorizarse aquel trazado que más contribuya a reimpulsar la economía nacional", en alusión al mediterráneo, del que ha subrayado que "cuenta con el apoyo político más plural, empezando por los partidos que gobiernan en la Comunitat y Murcia (PP), Andalucía (PSOE) y Cataluña (nacionalistas)".

   Aguado también ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy, a "poner orden en un partido que aspira a ostentar el Gobierno en escasos meses", por considerar que "no debería permitir que un cargo del PP obtenga beneficios para su comunidad autónoma en contra de los intereses generales de España".

   "Flaco favor le hace Cospedal a su líder y a su partido", ha apuntado Aguado, quien ha resaltado que Rajoy "ha de tomar decisiones de Estado y hacer público el posicionamiento de su partido a este respecto cuanto antes".

   En este punto, el líder de AVA-Asaja ha advertido de que "los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que acaban de otorgar una mayoría absoluta al PP, tendrán muy en cuenta qué posición toma el PP nacional y si se demuestra que los intereses de la secretaria general están por encima del interés general".

   Además, ha remarcado que el Corredor Mediterráneo es "un proyecto que ha sido discutido y es compartido por toda la clase empresarial de las regiones mediterráneas españolas".

   En concreto, ha destacado que las exportaciones del sector agroalimentario valenciano a la Unión Europea ascendieron a 3,889 millones de toneladas en 2010, por valor de 3.580,168 millones de euros, con lo que este tejido empresarial lidera las exportaciones y alcanza el 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en la Comunitat.

   Aguado ha alertado, no obstante, de que la competitividad de ese sector "menguará" si no son "capaces de potenciar medios de transporte más ágiles y económicos que los actuales", ya que "el camión cada vez va a sufrir más restricciones y encarecimientos por razones medioambientales y de saturación de carreteras".

Jueces para la Democracia rechaza el copago

VALENCIA.- Jueces para la Democracia (JpD) ha asegurado, sobre al propuesta del conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, Jorge Cabré, de "abrir el debate" para aplicar el pago de una tasa que redunde en la "calidad y rapidez" de los tribunales, que esta medida de copago    puede tener "efectos recaudatorios" pero "no agilizará en modo alguno los procedimientos, al contrario de lo que indica" el representante del Consell. 

   La organización argumenta que la gestión de los litigios "podrá mejorar con otro tipo de medidas que no están siendo abordadas por la Generalitat valenciana, como el impulso en la reforma de la oficina judicial, pues el actual modelo resulta obsoleto y la institución autonómica no está mostrando ninguna voluntad de proceder a las modificaciones previstas legalmente".

   Asimismo, JpD señala, a través de un comunicado, que "la agilidad de los procedimientos también se incrementaría con una gestión más adecuada de los recursos personales y materiales por parte de la Conselleria de Justicia".

   Un ejemplo de ello, apuntan las mismas fuentes, es el elevado número de personal interino que, como reconoce la propia institución autonómica, no cuenta con una suficiente formación para desempeñar sus puestos de trabajo, a pesar de tramitar asuntos que pueden afectar al patrimonio, a la integridad o a la vida de los ciudadanos.

   Del mismo modo, defienden que "una gestión más eficaz de la Generalitat en materia de creación de juzgados también supondría un avance para la administración de justicia, ante las carencias de la situación actual".

   "Hemos de recordar que, tras reclamar al gobierno central la dotación de juzgados con un discurso marcadamente victimista, la Conselleria de Justicia ha optado por no aportar los recursos que le correspondían para los 15 nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana que ya habían sido aprobados desde el Ministerio de Justicia, por lo que los mismos no se han podido poner en funcionamiento", reprochan.

   En cambio, insisten, "el copago en la administración de justicia supondría que se generasen importantes desigualdades sociales". En este sentido, las entidades bancarias, las sociedades mercantiles o las personas con elevado patrimonio "no tendrían ningún problema en pagar las tasas que se fijaran, mientras que a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos, lo cual afectaría al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

   Esta perspectiva de "limitación de los servicios públicos a través del copago, como otras similares referentes a la educación o a la sanidad, representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica que los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas, lo cual supone garantizar los derechos sociales y permitir el acceso de todos a los servicios públicos", sostienen.

   Para el colectivo, "si el problema se encuentra, según parece, en que la Generalitat no cuenta con suficientes partidas económicas para afrontar la gestión en materia de justicia, la solución debe radicar en otro tipo de ordenación presupuestaria que haga frente a las necesidades reales". "Y ello supone, entre otras cosas, la conveniencia de reducir gastos públicos superfluos sin relevancia social", subrayan.

   Por otro lado, Jueces para la Democracia expresa su "disconformidad" con las propuestas de devolución al Gobierno central de las competencias autonómicas, que resultan contrarias a nuestros principios constitucionales. "La solución a estos problemas no se encuentra en la supresión de las competencias autonómicas, sino en una gestión más diligente y eficaz de la Generalitat Valenciana", sentencian.

Sindicatos de Justicia rechazan el copago

VALENCIA.- Sindicatos de Justicia han expresado su rechazo a la propuesta del conseller de esta área, Jorge Cabré, de "abrir el debate" sobre la conveniencia de que los ciudadanos paguen una tasa para hacer que los tribunales funcionen con mayor "rapidez y agilidad", ya que consideran que los usuarios no tienen por qué pagar la "mala gestión" y los "déficits" de la Generalitat.

   Así, el responsable del sector de la Administración de Justicia en CCOO-PV, Enrique Campayo, ha explicado que en 1985 se suprimieron las tasas judiciales, por lo ha tildado de "vuelta al pasado" la posibilidad apuntada por Cabre de pagar una cantidad todavía sin especificar, aunque habló de 50 o 60 euros.

   Según Campayo, CCOO siempre se va a oponer a cualquier formula de pago por parte de los ciudadanos para sufragar la "mala gestión" de la Justicia en la Comunitat Valenciana. A su juicio, con la propuesta del conseller se busca "enmascarar" la situación de la Justicia valenciana que, en su opinión, tiene un estado "deplorable".

   El responsable de CCOO-PV ha destacado que cuando Jorge Cabré era secretario autonómico de Justicia "no nos parecía una persona válida", y ha añadido que ahora como conseller y con propuestas como la de establecer una especie de copago en esta área "se pone en evidencia su falta de capacidad en su gestión para hacer frente a los problemas de la Justicia".

   Por su parte, el secretario del sector de Administración Autonómica y Justicia de la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, Gonzalo Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que, actualmente, la Justicia cuenta con tasas que los ciudadanos tienen que abonar "cada vez que tiene interponer un recurso", lo que provoca que no sea "gratuita y universal como manda la Constitución".

   "Si añadimos un copago como si esto fuera una mera prestación de un servicio, convertimos el sistema judicial en un sistema solo accesible para queines tiene medios económicos", ha indicado Fernández, quien considera que para que la Justicia sea "más ágil" lo que hacen falta son "más jueces, más secretarios, más fiscales".

   El responsable de UGT-PV ha dicho a los miembros del Consell que "si tan preocupados están por la falta de dinero, su obligación era haber advertido en su momento del gamberrismo que estaban haciendo con el presupuesto el PP y el Gobierno en la Comunitat Valenciana".

   Por su lado, al presidente autonómico de CSIF Justicia, Francisco José Cervera, quien ha instado a esperar a conocer en detalle esta propuesta para valorarla en profundidad, aunque le parece "bien" todo lo referente a "facilitar trámites", ha criticado que "siempre le toca pagar al mismo".

   En esta línea, Francisco José Cervera ha lamentado que el ciudadano sea quien "tenga que pagar los déficits de la administración". El dirigente de CSIF considera que deberían buscarse "otras fórmulas para agilizar la justicia" que no pasen porque sea el usuario quien tenga que sufragarla.  

   Del mismo modo, uno de los miembros del secretariado de STAS Intersindical Valenciana, Rafael Redondo, ha animado a buscar "otras alternativa de financiación", puesto que, a su juicio, la medida planteada por Cabré "no es adecuada", sobre todo en la situación actual de crisis económica.

   Para Redondo, se deben articular otro tipo de fórmulas de financiación que "no carguen el gasto a la ciudadanía". En su opinión, hay que destinar a Justicia, Educación y Sanidad el dinero necesario que, a su juicio, puede provenir, por ejemplo, del gasto en grandes eventos.

Gestha calcula que grandes empresas defraudan más de 42.700 millones al año

MADRID.- Las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, esto es, un 71,8% del total del fraude en España, lo que además supone triplicar el fraude de pymes y autónomos, según la segunda parte del informe de 'Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria' elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

    En concreto, las pymes y autónomos sumaron un fraude fiscal que rondó los 16.261 millones de euros. El fraude fiscal de particulares, como plusvalías, arrendamientos, rentas del trabajo o del capital, se situó alrededor de 1.543 millones de euros anuales. Así pues, el fraude total ascendería a 59.515 millones de euros, el doble del fraude laboral, cifrado en torno a los 30.000 millones.

    Dado que las tres cuartas partes de la evasión fiscal se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, consideró que existe "consonancia" con las cantidades de billetes de 500 y 200 euros.

   "La responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad", reclamó Mollinedo.

   En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño.

   Según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos.

   Por su parte, Gestha calcula que las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

   Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a realizar un "mayor esfuerzo" para detectar y combatir posibles irregularidades entre las grandes compañías.

   "Desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude", lamentó Gestha en un comunicado.

Desconvocada la huelga de controladores aéreos en Alemania

BERLÍN.- La huelga de controladores aéreos prevista en Alemania para entre las 6.00 y las 12.00 horas de este martes ha quedado finalmente desconvocada. Ello ha sido posible gracias a que el gestor de control aéreo germano (DFS) ha solicitado un mediador para que intervenga en las negociaciones salariales, pocas horas después de que la Justicia alemana autorizara la huelga. Esta había sido convocada con apenas 24 horas de antelación, el plazo mínimo exigido por ley.

   Los empleados del sindicato de controladores GFK no podrán renunciar en las próximas cuatro semanas a trabajar. El abogado Volker Rieble ha sido designado para ejercer de mediador, y ahora hay un plazo de dos semanas para presentar un calendario de arbitraje.

   Anteriormente la DFS había intentado, sin éxito, impedir la huelga mediante un mandato judicial, informa la red de radio pública ARD. La semana anterior sí logró paralizar en un tribunal laboral la huelga convocada para el jueves pasado, pero este fallo judicial no influía en la actual convocatoria de huelga, por lo que para evitarla tenía que acudir nuevamente a los tribunales.

   Desde el Gobierno de Angela Merkel se había subrayado la inconveniencia de paralizar el tráfico aéreo alemán, precisamente en periodo vacacional. Tampoco entiende las peticiones de un colectivo con un empleo muy bien remunerado. El ministro de Transportes, Peter Ramsauer, afirma que los controladores cobran una media de unos  120.000 euros anuales.

   Los controladores mantienen, entre otras reivindicaciones, un aumento salarial del 6,5 por ciento, pero el DFS les ha ofrecido una subida del 3,2 por ciento más una paga extra y un incremento adicional de al menos otro 2 por ciento para el próximo año, oferta que ha sido rechazada.

El PSOE ve "intolerable" que la Generalitat suba impuestos para "pagar la corrupción del PP"

VALENCIA.- El portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Francisco Toledo, ha afirmado que es "intolerable" que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "quiera que el despilfarro, el exceso y la corrupción del PPCV la paguen ahora los valencianos y valencianas con más impuestos". 

   Así se ha pronunciado el diputado socialista en referencia a los recientes anuncios de subidas de tasas realizados por parte del Ejecutivo valenciano.

   "Han aprobado ya una subida de las tasas universitarias del 7,4%, la mayor de España; van a hacer que los alumnos que repitan curso, tengan también que pagar más; y se plantean ya iniciar el copago sanitario por algo tan básico como ir a Urgencias, que sería un en realidad un repago, porque ya sostenemos con nuestros impuestos la Sanidad", ha criticado Toledo tras subrayar que "Fabra quiere aumentar la presión fiscal justo donde no toca, en Sanidad y Educación".

   El portavoz adjunto también ha lamentado "la nocturnidad y alevosía con la que están preparando el aumento generalizado de los recibos". En este sentido, ha apuntado que, con los solos votos del PPCV, "han aprobado en el Emtre triplicar la tasa de las basuras, de momento, para Valencia y su área metropolitana".

   "Y ahora tienen la vergüenza, --ha continuado--, de plantear que quien tenga dinero podrá ir antes a juicio, previo pago de 50 ó 60 euros". "¿Qué será lo siguiente? ¿abonar una tasa obligada para mantener un Canal 9 que sólo ven ya 4 de cada 100 valencianos y valencianas y que es un burdo instrumento de manipulación al servicio del PPCV?", se ha preguntado.

   Toledo ha exigido a Fabra que aclare "cuántos servicios gratuitos quiere hacer de pago" y, sobre todo, "que explique a las familias valencianas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, que por su nefasta gestión, por su despilfarro, ahora no hay dinero para lo importante".

   En opinión del portavoz adjunto, "lo que Fabra quiere en realidad es construir una Comunitat Valenciana de dos velocidades: una rápida, para quien tenga dinero; y otra lenta, para quien sea humilde y no pueda pagar más por servicios que son básicos y que tendrían que ser gratuitos".