jueves, 19 de enero de 2012

El abogado Latorre dice que "cuadran" las piezas del puzzle del 'caso Gürtel'

VALENCIA.- "Cuadran las piezas del puzzle". Así de contundente se ha mostrado Virgilio Latorre, abogado de la acusación popular (PSPV), en la exposición de su informe de conclusiones en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', y ha sostenido que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, recibieron regalos de la trama. Por este motivo, ha mantenido su petición de multa para los acusados, que asciende a 49.500 euros. La multa requerida por la Fiscalía para ambos es más baja, un total de 41.250 euros para cada uno. 

   Latorre ha introducido una "nota de color" al juicio y ha mantenido durante su intervención un power point para facilitar su explicación al jurado, a quien le ha dicho, en sus primeras palabras: "vosotros sois igual de importantes" --que los acusados--; y a lo largo de su exposición ha reiterado la siguiente frase: "existieron los regalos en tanto en cuanto autoridades y cargos públicos". También ha sido muy contundente con esta afirmación: "la gran conspiración para perjudicar a los acusados es un disparate que repugna al sentido común".
   El letrado ha realizado una exposición lineal de los hechos para recordar al jurado que el caso se reduce a una "estructura piramidal con prácticas mafiosas" con Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez al mando. De la misma estructura se derivaron varias sociedades, entre ellas Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, las cuales "fueron adjudicatarias de contratos menores o negociados con la Generalitat valenciana" por valor de 7,2 millones de euros. De esta manera, Latorre se ha pasado casi una hora de su intervención explicando el sistema de contratación del Consell con estas entidades.
   Luego ha desglosado la cantidad de prendas, tickets, facturas y confirmaciones de pedido a nombre de los acusados. El primero de ellos ha sido Costa, a quien ha relacionado con un ticket, confirmaciones de pedido y una factura de Sastgor por la confección de diversas prendas. Y esta relación de prendas-tickets-facturas se ha podido establecer en base a un número de ticket, relacionado al acusado, y que se mantenía tanto en el inventario como en las facturas.
   Asimismo, Latorre ha mostrado las declaraciones de distintos testigos que han pasado por la sala y que han señalado que puede que no hayan hojas de confección a nombre de Costa porque se trabajase en ese momento con otro fabricante diferente a Sastgor. Respecto a la existencia de confirmaciones de pedido y de facturas pero no de tickets en Milano, testigos señalaron que podía deberse a que el pago de las prendas se hiciera entre los inventarios semestrales; o porque las prendas se englobaran bajo el nombre de 'Comunidad Valenciana'.
   A raíz de estas afirmaciones, el magistrado presidente del tribunal, Juan Climent, ha tenido que llamar la atención a Camps: "Señor Camps, señor Camps... ¿vamos a tener que acabar este juicio expulsándole de la sala al final?", en ese momento, el exjefe del Consell ha llamado a la secretaria de la sala y cuando le estaba dando una explicación, el juez le ha vuelto a interrumpir y le ha pedido que guardara silencio. "Guarde silencio, estamos en mitad de un informe, si no le interesa piense en otra cosa", le ha espetado.
   Tras esta intervención, el letrado ha seguido con su informe y ha mantenido, pese a la versión que ofreció Costa de que solo encargó un traje, que le vino "fatal", y que luego pagó a través de su secretaria, que el acusado "miente". "Ha mentido cuando ha dicho que no ha comprado más prendas y que pagó el traje que se llevó". Asimismo, ha cuestionado el argumento aportado por el letrado de Costa acerca de que las medidas de su cliente que figuraban en hojas de pedido de Sastgor no correspondían a él, y para corroborar este extremo vino a declarar su "sastre de toda la vida". Ante ello, Latorre ha dicho: "¿Estamos todos locos? Una cosa así no es de recibo, es absurdo".
   "A nadie se le ocurre que estas prendas --las asociadas a Costa-- no respondan a datos reales ciertos", y "se pagaron por empresas de la trama", ha continuado. Así, ha insistido en que "diga lo que diga" este acusado, "los datos dicen lo contrario". Ante ello, se ha preguntado "¿por qué se iba a pagar algo de la cuenta de Costa que no se hubiera comprado? Salvo que inventemos cualquier teoría...", ha dicho.
   Y luego ha llegado el turno de Camps. Sobre este acusado, Latorre ha señalado: "la imputación de Camps es siete-siete: En Milano siete trajes y en Forever siete trajes", aunque después ha matizado que se devolvieron cuatro de ellos en la primera de las tiendas. "Nos cabían serias dudas de que se habían devuelto, pero precisamente por eso lo hemos quitado del informe y damos por válida la devolución", ha aseverado.
   Asimismo, ha recordado que existen dos tickets a nombre de Camps, uno por valor de 3.300 euros y otro por 1.400. Y estos tickets coinciden "al milímetro" con los tres trajes y las tres americanas en Milano, ha dicho. También ha reproducido los testimonios de varios testigos que aseveraron que cuando en algún inventario ponía el nombre de 'Cams' o 'Campo' se refería al cliente 'Francisco Camps'.
   El letrado ha calificado de "disparate" la imagen que Javier Boix ha presentado de Camps ante el jurado, respecto a que era un "racanillo", a que no llevaba nunca dinero en metálico y a que sus trajes los pagaba tras pedirle dinero a su mujer. Así, sobre el pago de 3.300 euros en metálico atribuido al exjefe del Consell, se ha preguntado: "¿pueden imaginar por un momento al señor Camps con 3.300 euros en el bolsillo, en metálico, para ir a pagar estos trajes?".
"Tenemos el apunte de la Caja B, así que esto es blanco y en botella", ha comentado.
   "Camps nos ha mentido en muchas ocasiones", ha reiterado el letrado, y ha apostillado "Camps no ha pagado ni un céntimo". Tras pronunciar esta frase ha reproducido la declaración de varios testigos que "de forma radical" ponen de manifiesto que "ninguno de los acusados pagó absolutamente nada de las prendas que les fueron confeccionadas, así que no cabe otra conclusión más que fueron regaladas". Latorre también ha mantenido que las facturas falsas en las que se basa la defensa para demostrar la escasa fiabilidad del sistema "no eran tal", puesto que los testigos "han relatado" que se hacían facturas con conceptos falsos pero que sí correspondían a ventas reales "sin excepción".

Bruselas insiste en que no hay pruebas de que Marruecos vulnere el acuerdo agrícola con la entrada de tomate

BRUSELAS.- La Comisión Europea insiste en que "no tiene ninguna prueba" de que Marruecos no esté cumpliendo las normas que estipula el acuerdo comercial agrícola con la Unión Europea respecto a la entrada de tomate marroquí en el mercado comunitario, pese a las críticas del sector europeo y de las quejas de España.

   "Siendo consciente de la relevancia de las importaciones de tomates en el mercado de la UE, la Comisión sigue con atención las cantidades que se importan. En este contexto, no tiene ninguna prueba de que se haya infringido el acuerdo", según ha respondido el comisario responsable de Aduanas, Algirdas Semeta, a una pregunta parlamentaria presentada por el eurodiputado Ramon Tremosa (CiU).
   Tremosa interpela a la Comisión para preguntarle se ha reforzado los controles sobre la entrada de producto marroquí al mercado comunitario, si Marruecos ha vulnerado el pacto con la UE y si esa situación ha repercutido en el "hundimiento" de los precios.
   En diciembre, España envió una carta al comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para reclamar medidas urgentes, porque aseguraba que esta campaña ha entrado al mercado comunitario tomate marroquí a un precio inferior a los 46,1 euros por 100 kilos que la Unión Europea tiene pactado con el país magrebí.
   Ciolos dijo entonces que no había datos que apoyaran esa tesis y recordó a España que compete a los Estados miembros supervisar la entrada de las exportaciones.
   Por su parte, el comisario Semete explica en su respuesta a Tremosa que para el Ejecutivo comunitaria este caso es de "enorme importancia" y pide al eurodiputado que aporte "cualquier información que obre en su poder en relación con la posible infracción".
   También apunta el comisario de Aduanas que se han corregido algunas deficiencias para mejorar el contacto regular con los países de la UE afectados para evitar "discordancias" registradas en el pasado, al tiempo que se han simplificado los mecanismos de declaración en aduana, que han permitido una "sensible mejora".

Escuelas concertadas no descartan "medidas de fuerza" si el Consell no les paga

VALENCIA.- Los centros de educación concertada de la Comunitat Valenciana continúan proponiendo medidas para paliar la situación provocada por el impago de los gastos de funcionamiento por parte del Consell, al tiempo que confían en que, tal y como anunció la consellera del ramo, María José Catalá, este viernes se haga efectivo el pago de una parte de al deuda.    

   Así, Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), que agrupa a más de 450 centros concertados en la Comunitat, ha advertido de que no descarta tomar "medidas de fuerza" en el caso de que no se lleve a cabo este primer pago por parte de la administración autonómica, ya que los centros están "muy decepcionados y con graves dificultades de funcionamiento".
   La organización celebró este miércoles tres asambleas simultáneas en sus sedes de Castellón, Valencia y Alicante con el objetivo de analizar la situación con la administración y la deuda pendiente de cobro por parte de los centros educativos y de la que Conselleria se ha comprometido a abonar una parte antes del día 20 de este mes.
   El encuentro "puso en evidencia las dificultades de los centros por el retraso, en este caso, de la partida de gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre del año pasado, que contempla los sueldos del personal de administración y servicios, así como los gastos de mantenimiento, la luz o el agua y cuya cantidad asciende, según la Conselleria, a unos 35 millones de euros", han recordado fuentes de la entidad en un comunicado.
   Durante el encuentro, la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, comunicó el compromiso de la nueva consellera, confirmando que se trata de "una situación puntual", aunque también recordó que este es el tercer plazo propuesto desde Conselleria. "El compromiso de la Conselleria es pagar el tercer trimestre antes del 20 de enero y la consellera nos ha emplazado para, en reuniones posteriores, solucionar las demás deudas pendientes", explicó Rodríguez.
   Y es que, además de los gastos de funcionamiento del tercer y cuarto trimestres, la Conselleria tiene pendiente el pago de otras partidas a los centros concertados como las derivadas de los bonolibros, el bono infantil o módulos de formación profesional.
   La presidenta destacó la "fuerza" de los centros educativos de ESCACV, su amplio respaldo social y la necesidad de mantener informados a las familias y al profesorado de la situación de cada centro.
   Por su parte, la Federación de sindicatos independientes de enseñanza de la Comunitat Valenciana (Fsie) mantuvo ayer una entrevista con la consellera de Educación, Mª José Catalá, en la que le manifestó su rechazo al Decreto Ley de medidas de ajuste del Consell al entender que "no es la administración con quien se mantienen las relaciones laborales, sino con las empresas contratantes y que las relaciones entre trabajadores y empresas vienen legisladas por medio de un convenio colectivo en el que no participa la administración, siendo tan solo los sindicatos y las patronales firmantes del mismo quienes lo hacen".
   El sindicato destaca que el convenio colectivo tiene ámbito nacional y que con estas medidas vería reducida su eficacia, produciéndose un "ataque a la negociación colectiva".
   Al mismo tiempo, Fsie recalca que este Decreto Ley sólo podría tener efectos sobre el personal propio de la administración y no sobre quienes tienen pago delegado por parte de ella. Los motivos del rechazo al Decreto Ley en general "residen en la recesión que se produce en las condiciones económicas de los trabajadores para pagar una deuda que en ningún caso han generado los propios trabajadores", explican.
   El colectivo también propone la creación de una mesa general de centros sostenidos con fondos públicos, en los que participe tanto la educación pública como concertada.
   En la reunión también se planteó la necesidad de mantener reuniones periódicas y calendarizadas de los distintos foros en los que participa la enseñanza privada: mesa sindical, mesa de la enseñanza concertada y mesas técnicas.

CC.OO. calcula que uno de cada cuatro funcionarios puede perder su trabajo

ÁVILA.- La secretaria de Empleo y Migraciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Paloma López Bermejo, ha estimado que el 25% de los empleados públicos son temporales e interinos, y que con los recortes "irán a la calle", por lo que ha pedido el reparto del trabajo.

   En una jornada sobre cambios en la legislación laboral, formación y empleo, López Bermejo ha propuesto "calibrar" lo que se hace para hacer "justamente lo contrario", que es "reducir los tiempos de trabajo para repartir el trabajo existente".
   López Bermejo ha dicho que la situación de recesión y la destrucción de empleo "van a continuar a lo largo del primer semestre de 2012", ante lo que ha propuesto "una apuesta firme por el mantenimiento del empleo y no por la destrucción".
   Por ello, ha instado al Gobierno a manifestar su postura sobre la reforma laboral porque "habla siempre de ella pero no concreta qué es exactamente lo que quiere", de manera que "debería apuntar ya en la dirección que quiere ir".
   El sindicato, ha dicho López Bermejo, ha propuesto cambios en el sistema financiero para favorecer la liquidez de las empresas, medidas para contener los precios evitando la subida del IVA, y no congelar los salarios.
   Al congelar los sueldos "no habrá capacidad de consumo", por lo que "quien tenga dinero ahorrará en previsión de lo que pueda ocurrir en un futuro y no consumirá", situación que puede generar "un problema de demanda".

Los impagos podrían provocar el cierre de colegios concertados en Alicante

MADRID.- La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) alerta de que los retrasos en los pagos a colegios concertados por parte de algunas administraciones autonómicas pueden provocar el cierre temporal de varios centros.

   El secretario general de FSIE, Jesús Pueyo, denuncia en un escrito la "delicada situación" que atraviesan los centros concertados en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, que acumulan "varios meses" de impagos que afectan al funcionamiento de los centros y ocasionan un "grave perjuicio" al personal de administración y servicios "cuyo salario depende de esta partida económica".
   Asimismo, incide en que los centros empiezan a "no tener capacidad" para seguir funcionando por lo que su cierre "podría producirse de forma inminente, dejando a los alumnos sin clase y a los profesores sin empleo". Pueyo denuncia también que "prácticamente" solo se cubren con sustitutos las bajas por maternidad de profesores y las de especialistas en este tipo de centros.
   El secretario general de FSIE afirma que Navarra ha recortado un 3,6 por ciento el presupuesto para la enseñanza concertada que si bien no afectará directamente al profesorado sí lo hará en el funcionamiento de los centros. Sobre Extremadura, señala que el Gobierno de esta comunidad prevé en su Proyecto de Presupuesto un recorte de más de 17 millones de euros.
   En Galicia, subraya que hay un "claro incumplimiento" por parte de la Xunta de los acuerdos suscritos con los sindicatos en materia de equiparación retributiva con los funcionarios docentes y añade que en Asturias y Comunidad Valenciana hay "graves problemas" para que la administración abone a los docentes la paga extraordinaria por antigüedad reconocida en su convenio colectivo.
   "De forma generalizada la enseñanza concertada es discriminada en el acceso a los programas de apoyo o educativos como el bilingüismo o nuevas tecnologías", asevera Pueyo, que advierte de que son "muy pocos" los centros que pueden obtener de las administraciones las autorizaciones y financiación correspondiente a estas planes. "Tampoco las familias que eligen la enseñanza concertada se pueden acoger a las becas de comedor y transporte", añade.
   Respecto las declaraciones este jueves del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en las que aseguraba que hay "voluntad" de las comunidades autónomas del PP de conseguir recursos financieros para solucionar los retrasos en los pagos a los concertados, desde FSIE afirman que esta afirmación "no es suficiente".
   "Lo que deben hacer las administraciones es cumplir con la obligación marcada en la ley de garantizar la gratuidad de la enseñanza a coste real en los centros concertados", aseveran. Por eso,
exigen a los responsables políticos que "cesen ya los recortes" en educación y "cumplan su compromiso de invertir en educación para asegurar el futuro del país".

La fiscal al jurado: "¿Por qué es siempre 'El Bigotes' el que regala?"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura ha destinado la parte final de su informe en la vista contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'-- a apelar directamente al jurado al que ha expuesto una serie de interrogantes que cree que se plantean en este caso, como la pregunta de "por qué es siempre Álvaro Pérez --considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama-- el que regala y no recibe regalos?".

   "Hemos llegado hasta aquí y es su turno. Son los jueces de la causa y cada uno de ustedes es fundamental. Les pedimos que viendo las pruebas, sin odio ni afecto, como dice la ley, lleguen a su conclusión y valoren según su conciencia", ha manifestado la fiscal, en la parte de su informe, que se ha prolongado durante unas dos horas, en la que se ha dirigido directamente al jurado, a quien ha pedido que encaje las "piezas del puzzle".
   "¿Creen que es posible que una persona que supervisa los actos de su partido no sepa quién lo hace cuando son actos de la Generalitat?; ¿creen que se puede hacer una compra de encargo a medida y que en la tienda no se sepa quién la ha comprado y a quién deben llamar para recogerla?; Si era una relación meramente cordial, ¿por qué se hacen regalos tan personales que recogen tallas y medidas?; ¿Les regala algo alguien que no es de su círculo familiar?; ¿Por qué Álvaro Pérez dice que a ver si se jubila y deja de aguantar a políticos?", ha interrogado.
   Asimismo, ha dejado al aire las preguntas: "¿hacen regalos a las parejas o los hijos de sus amigos?; Si fueran a devolver regalos valiosos... ¿se pondrían a hablar de si les vale la talla y el tamaño?; Si hubieran hecho algo tan importante como mandar una circular interna para tratar el tema de los regalos en 2003, no la hubieran aportado a la causa?; Si estuvieran en una situación delicada y la secretaria hubiera pagado de la forma alegada el regalo, no la hubieran hecho venir?".
   La fiscal también ha preguntado, ante las afirmaciones de Camps de que no pagaba con tarjeta, si no es "más fácil que los ciudadanos piensen que se carga a protocolo restaurantes antes que prendas de vestir". Otra de las cuestiones planteadas al jurado es si algún amigo les ha recogido trajes, los ha pagado o les ha llevado a alguien para medidas".
   "¿Cuántos mensajes han recibido del tipo con las medidas del señor Camps?", ha insistido y ha incidido en preguntas como: "si uno no ha hecho nada irregular, ¿por qué muestra tanta preocupación por el hecho de que pudiera haber una investigación?", o del estilo de si todas las conversaciones grabadas y reproducidas en la sala sobre "regalos circunstanciales, no nos llevan a la otra consideración".
   Asimismo, ha recordado las palabras de Álvaro Pérez indicando a Camps "fíjate si te debo". "¿Tiene algún tipo de lógica que quien hace los regalos diga 'fíjate si te debo'?", plantea y concluye: "¿es posible que sea una conspiración donde han participado jueces, policías, interventor del Estado y personas que han trabajado en tiendas?".

La fiscal expone 18 motivos que cree probados para condenar a Camps y Costa y niega que sea un "juicio político"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura, encargada de exponer el informe final de la acusación pública en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha expuesto hasta 18 motivos que considera que han quedado probados para condenar a ambos acusados en un juicio que ha negado que sea "político" y en el que ha recalcado que esta parte no ha recibido "ninguna indicación" para sostener su acusación.

   "¿Alguien les ha preguntado a quién votan?", ha preguntado al jurado, para, a continuación, incidir en que la referencia al juicio político solo la ha realizado Camps en sus declaraciones cuando aseguró que "había venido aquí a demostrar que los valencianos no votaron por un presidente inocente". Por contra, ha hecho hincapié en que la Fiscalía "solo ha hablado de trajes, de tickets y todas las cosas que tienen que ver con hechos descritos" en su calificación, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal es "para todos los funcionarios públicos" y "nadie está por encima de la ley".
   En una exposición en la que ha ido detallando al jurado los folios en los que sustenta sus acusaciones, ha destacado al tribunal popular que en este caso no se debe hacer "actos de fe", ya que va a poder tener a su alcance toda la información, por lo que pide que usen el sentido común. "No solo es que se hicieron los regalos, sino que fueron en función de cargo público", ha manifestado, para señalar que es "muy difícil" desligar cuándo se ve a una persona de su faceta pública y de la privada y para concluir con que existe prueba "suficiente y abundante" de que ambos recibieron regalos en consideración a su cargo público.
   Al tiempo, ha cuestionado las alegaciones aducidas sobre que es un proceso "absurdo", que se han "ocultado pruebas" por parte del fiscal y por que la causa haya procedido de Madrid "como si esto fuera una cuestión territorial". Asimismo, ha rechazado la "teoría del montaje" en el caso de la versión del 'director de moda' José Tomás, y que la intervención de los peritos de Hacienda, en especial la de los que analizaron los pagos a través de la caja B del grupo Correa, y la Policía pueda suscitar dudas.
   En todo caso, ha incidido en que en esta causa han visto la existencia de delito, no solamente la Fiscalía, sino también jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En esta línea, ha añadido que la única resolución que existe en este proceso decidida por el Tribunal Supremo acordó en mayo de 2010 que siguiera adelante el procedimiento.
   Así, ha alegado que existe prueba documental del encargo de prendas para los dos acusados en Milano y Forever Young --cuyo cruce de documentos acredita que 'Camps nuevo cliente' es Francisco Camps, como dijo la mayoría de testigos--; de la confección y del envío de las prendas a Valencia.
   Como cuarto punto, sostiene que existe prueba documental del pago de las prendas de vestir por personas distintas a los acusados, no solo por declaraciones sino también por la documentación proporcionada por cuatro bancos. En relación con Forever Young, ha destacado que, además de cheques bancarios, hubo "tres grandes pagos": uno en 2007 que se corresponde con el "famoso documento 71" por 30.678,9 euros; otro por 36.000 y un tercero por 4.040.
   En el quinto apartado, recalca la existencia de prueba documental de que las compras se disfrazaron con facturas que recogían conceptos falsos y que existen numerosos testigos que confirman los hechos que sostiene la acusación, y que son "creíbles" porque concuerdan testimonios y "no tienen motivos para mentir".
   De ellos, ha señalado empleados de Cortefiel, Milano y Forever Young, testigos que confirmaron la versión de José Tomás, del que ha destacado que fue la primera persona que habló en un juzgado de las compras para cargos públicos por parte de empresas de la trama y del que ha rechazado que su declaración pudiera estar influida por la "animadversión" hacia el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, al que está enfrentado laboralmente.
   Respecto a las declaraciones de los considerados presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo-- ha señalado que no declararon porque están procesados en otras causas lo que les presenta un "conflicto que les dificulta para poder decir la verdad".
   En relación con la contable de Forever Young, Raquel Vázquez, y del propio Hinojosa, ha resaltado que sus versiones no concuerdan con el resto de testimonios, pero en el caso de la primera, ha subrayado que mantiene una posición "comprometida" por su relación laboral, mientras que el segundo contestó con "ambigüedades e imprecisiones". Por ello, ha avanzado que, cuando haya veredicto, esta parte valorará si se puede haber producido falsedad en este juicio en relación con estos testigos.
   En el punto nueve, ha situado la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria que confirmaron que hubo confección y pagos mediante cheque y transferencia. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la pericial realizada sobre los pagos en metálico, el apartado diez, que confirma que hubo pagos en efectivo de prendas.
   En esta línea, ha fijado como eslabones once y doce las declaraciones de auditores de Milano, que confirmó que el establecimiento vendió las prendas y cobró el importe, y el de Forever Young, confirmó la existencia de pagos. La fiscal ha contabilizado en decimotercer lugar la declaración de los inspectores de Policía que llegaron a la conclusión en sus informes periciales que el grupo tenía como estrategia hacer regalos y que, dentro de ella, estaban los que hicieron a Camps y Costa.
   Para la fiscal, el punto 14 es la pericial que confirmó la voz de Álvaro Pérez en las llamadas grabadas por la Policía. Dentro de ella, sitúa en decimoquinto lugar, las conversaciones que reflejan regalos circunstanciales que ayudan a comprobar si existe "complacencia" o no en la recepción de los presentes y que las actuaciones llevadas a cabo por 'El Bigotes' también se centraron en cuestiones que no tenían que ver con el partido sino con actos institucionales así como la preocupación que había en el grupo Correa por una posible investigación en relación con Milano.
   Asimismo, ha destacado como punto 16 la documentación intervenida en los registros que pone "blanco sobre negro" la existencia de la caja B, con coincidencias en apuntes entre la del grupo Correa y Orange Market, con una salida de esta última coincidente con un pago de prendas a Camps en Milano.
   En penúltimo lugar, ha destacado las condenas por conformidad del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y del exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret por hechos similares y ha concluido, como último punto, con las declaraciones de ambos acusados, que negaron los hechos, aunque para la fiscal se trata de una prueba de descargo "escasa e inconsistente".
   Según ha sostenido, "Camps habló del montaje terrible y muchas cosas", aunque también ha dicho que contestó "muchas" que no tenían que ver con lo preguntado. "Lo cierto es que habló poco de los trajes y muchas sobre aspectos personales y profesionales", ha estimado, al tiempo que cree que ejerció su derecho a no declarar la verdad.
   Sobre Costa, ha destacado que su testimonio se contradice con la información que obra en el procedimiento y ha señalado que hubiera sido deseable poder conocer la versión de su secretaria --que no ha sido llamada a declarar-- en relación con el pago de unas prendas como así declaró.

Bonig dice que la venta de viviendas a extranjeros juega un papel "fundamental" en la recuperación

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha destacado este jueves la apuesta del Consell por la venta de viviendas de segunda residencia a extranjeros, un sector que supone un volumen de exportación "similar en cuanto a cifras a la automoción y la agricultura" y que es "fundamental" para la recuperación económica de la Comunitat.

   Así se ha pronunciado Bonig en una rueda de prensa momentos antes de asistir a un almuerzo de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) junto al presidente de la misma, Vicente Boluda. La consellera ha detallado que este será uno de los puntos sobre los que informará a los miembros de la entidad, dado que sus datos son "espectaculares".
   En este sentido, ha informado de que en 2006, el "año dorado de la venta de viviendas a extranjeros", entraron por medio de estas transacciones un total de 4.400 millones de euros a la Comunitat, mientras que en 2010 se llegó casi a los 1.346 millones, como consecuencia de la crisis y "también de la imagen catastrófica que del urbanismo de la Comunidad Valenciana se dio por parte de algunos grupos políticos y de presión, interesados en destruir la imagen y el potencial" de la región, ha apuntado Bonig.
   Según los datos notariales y registrales del segundo semestre de 2011, se produjo en este periodo un "ligero repunte", con la venta de 2.887 viviendas de segunda residencia a ciudadanos extranjeros, el 30 por ciento de las vendidas a este sector en el conjunto del país.
   Por ello, ha insistido en que la intención de la Conselleria es "contar con todos los sectores implicados", mejorar la seguridad jurídica en todo tipo de promociones en compraventa --"que la hay", ha apostillado--, y contar con el Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) para que se contemple esta área con "como un motor ce crecimiento.
   Asimismo, ha hecho especial hincapié en la necesidad de transmitir una visión positiva del urbanismo valenciano tras esa "campaña brutal" en su contra realizada por "algunos partidos políticos y lobbys de presión" que, ha lamentado, "hicieron muchísimo daño".
   No obstante, ha subrayado que la Justicia europea ha puesto "las cosas en su sitio" al respecto al avalar la Ley de Urbanismo valenciana. "Hay cosas que se han hecho mal, pero para eso están los tribunales", ha apuntado Bonig. A su juicio, aquellos que en su día denunciaron el "urbanismo atroz" del Gobierno autonómico deberían realizar ahora "una reflexión profunda".
   Otro de los temas que Bonig ha destacado ante los miembros de AVE es la necesidad de mantener la apuesta por el Corredor Mediterráneo, un reto que ha calificado de "fundamental" y que supone "la infraestructura más importante y que más beneficio aportará" tanto a la economía valenciana como al conjunto del país.
   "O nos subimos a este carro o perderemos muchísimas posibilidades", ha insistido la consellera, que ha apuntado que las dificultades económicas no pueden ser un "obstáculo" para ejecutar este proyecto.
   Al respecto, ha asegurado que su departamento reclamará al Consell que se prioricen las infraestructuras, como ésta, necesarias, y que se reivindicará también ante el Gobierno central su puesta en marcha "con igual firmeza" con la que se hizo al anterior Ejecutivo socialista, aunque se ha mostrado convencida de que ahora "se conseguirá más eco, más cariño y más comprensión".
   "No podemos parar en una infraestructura en la que nos va nuestro desarrollo", ha recalcado Bonig, que ha subrayado nuevamente la importancia de esta infraestructura ferroviaria para el liderazgo de los puertos valencianos y el incremento de la competitividad de la región.
   En este sentido, ha señalado que el Consell está elaborando el proyecto de viabilidad del tercer carril para efectuar esta conexión de los puertos valencianos por tren a Europa, aunque se ha mostrado "cauta" sobre esta actuación.
   No obstante, sí ha lamentado que la Comunitat no disponga de este ancho europeo mientras el anterior Ejecutivo asumió la inversión para realizar esa conexión con Europa del puerto de Barcelona, sin necesidad de inversión autonómica.
   Asimismo, también ha señalado que los grandes proyectos ferroviarios y logísticos son en estos momentos los más proclives a realizarse mediante la colaboración público-privada y, entre ellos, destaca el Corredor Mediterráneo.
   "Desgraciadamente o afortunadamente el escenario ha cambiado", ha indicado Bonig, que ha señalado que ahora este modelo se plantea "para grandes inversiones en cuestiones ferroviarias y de logística más que en las clásicas concesiones de peajes en sombra".
   No obstante, ha apuntado que al final, los actores principales en este contexto son las entidades financieras, "que son las que dan crédito", ha concluido.

EUPV pide la comparecencia de Camps, Zaplana y Olivas en la comisión de investigación de la CAM en las Corts

VALENCIA.- El grupo parlamentario EUPV en las Corts ha pedido que comparezcan en la comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) creada en la cámara autonómica los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, por considerar que "tienen mucho que decir sobre su responsabilidad respecto de las decisiones políticas y no políticas sobre la caja de ahorros".

   Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz adjunto de EUPV, Lluís Torró, que, junto a la diputada Esther López Barceló, ha explicado la propuesta de este grupo para la comisión de investigación de la CAM. El plazo para presentar estos planes de trabajos finaliza este viernes. Ese mismo día, la Mesa de las Corts se reunirá y decidirá el plan a seguir.
   Torró ha criticado que ni EUPV ni Compromís estén representados en la Mesa y teme que el PP "utilice su mayoría absoluta para que no se produzca lo que debería de producirse" en este tema. "El PP tiene una responsabilidad política muy importante y eso la comisión de investigación lo debe de aclarar", ha subrayado.
   La propuesta de EUPV también reclama las comparecencias de los exvicepresidentes del Consell Vicente Rambla y Gerardo Camps; del actual conseller de Hacienda y Administracion Pública, José Manuel Vela; y de los exdirectores generales del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio y Enrique Pérez Boada, así como del actual responsable de esta entidad, Jorge Vela. Al respecto, Torró ha argumentado que el IVF "es igual de responsable, si no más, que el Banco de España" de la situación de la CAM.
    Asimismo, solicita que comparezcan los dos últimos gobernadores del Banco de España, Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordoñez, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura.
   Además, el grupo parlamentario propone que expliquen su función en las Corts los directivos de la cúpula de la CAM, especialmente los que han ostentado esta responsabilidad en los últimos años, así como representantes de los trabajadores, el abogado Diego de Ramón que ha presentado varias querellas sobre la caja y un integrante de la Plataforma de Afectados por el Engaño de la CAM y del Banco de España.
   Respecto a la documentación, el portavoz adjunto de EUPV ha explicado que pedirán los balances de la empresa CAM Capital SA y de Tenedora de Inversiones y Participaciones SL. También solicitarán informes de viabilidad en poder de la CAM sobre los proyectos Terra Mítica, Cabo Cortés, Novo Carthago, Puntas de Calnegre, Polaris World, Residencial Francisco Hernando y sobre la adquisición de la sociedad mexicana Crédito Inmobiliario, entre otras.
   Lluís Torró considera que en la comisión de investigación se debe analizar la gestión de la caja alicantina para conocer todo el proceso que ha llevado a su "quiebra", así como aclarar su estrategia empresarial y el proceso que ha conducido a la adquisición de Banco CAM por parte del Banco Sabadell. Del mismo modo, considera que se deberán depurar las responsabilidades personales que se hayan podido derivar de la gestión de la entidad.
   Preguntado por si la comisión en las Corts puede verse afectada por las investigaciones que lleva a cabo la Justicia, Torró considera que "no deberían de generarse interferencias" dado que "son dos vías diferentes". Así, ha precisado que "una comisión de investigación no va a juzgar penal ni civilmente a nadie", sino que "se trata de establecer una valoración política sobre unos hechos determinados".
   Por su parte, Esther López Barceló ha denunciado que las cajas se han convertido "en instrumentos para alimentar financieramente la especulación urbanística y los despropósitos megalómanos de algunas administraciones", a lo que ha añadido que las cajas valencianas "han sido los exponentes más destacados".
   Según la diputada, en marzo de 2011 el "agujero" en las cuentas de la CAM era de 4.587 millones de euros, "la morosidad más alta del sistema financiero español". Al respecto, ha dicho que algunos problemas financieros de la caja son de "naturaleza partidista" mientras que otros se derivan "de una mala gestión comercial, especialmente de su implicación en el sector inmobiliario".
   Asimismo, López Barceló ha denunciado que la cúpula de la CAM "se haya dedicado a prestar dinero en condiciones privilegiadas a los consejeros, cosa prohibida por la Ley de Cajas Valencianas" y que, además, "se han querido asegurar prejubilaciones o indeminizaciones millonarias". Por este motivo, considera que existen "claros indicios de corrupción en la gestión que deberían ser clarificados".

Adicae congrega a medio centenar de personas ante la sede de CAM y presenta 60 reclamaciones

ALICANTE.-  Alrededor de 50 personas se han concentrado este jueves ante la sede de Caja Mediterráneo para protestar de los afectados por los productos "tóxicos" de la CAM ante de la sede principal de esta entidad en Alicante, y ha entregado 60 de las reclamaciones extrajudiciales de los expedientes de afectados para exigir la nulidad de todos los contratos.

   Una portavoz de Adicae en Alicante, Nerea Belmonte, ha explicado que han presentado 60 de las 150 reclamaciones extrajudiciales que en estos momentos están tramitando. Según ha dicho, "está aumentando el número de reclamaciones y día a día son más los afectados que se están pasando por la oficina exponiendo su problema, no sólo de la CAM, sino también de entidades". Respecto a la CAM, en su base de datos, han reunido 700 casos.
   Durante la concentración, que ha cortado el tránsito rodado en Óscar Esplá durante 45 minutos, Belmonte ha avanzado que los servicios jurídicos de Adicae "están empezando a diseñar la estrategia judicial  para ver de qué forma se puede plantear la demanda, que seguramente estará lista para primavera, dependiendo de lo que haga el Sabadell se verá cómo se enfoca la cuestión".
   En este sentido, ha expresado la "preocupación" de Adicae por las cuotas participativas porque por "ahora no vemos que el Sabadell esté dispuesto a dar ninguna respuesta" por lo que ha considerado que es "más probable que vayan por la vía judicial".
  "Esperemos que el Sabadell, cuando tome las riendas de la CAM, posiblemente en marzo, tome alguna solución respecto a las participaciones preferentes", ha dicho Belmonte, quien ha lamentado que los responsables del banco no han dado respuesta a sus peticiones de una reunión.
   No obstante, ha asegurado que van a "seguir insistiendo porque nos parece lógico que una entidad como el Sabadell preste atención a los afectados por la CAM e ignorarlos no es la vía". Por ello, ha dicho, continuarán con las movilizaciones para "enseñar al Sabadell, que estamos aquí, que no nos vamos a rendir".

Ecologistas tacha a Fitur de "feria insostenible" y dice que el turismo causa un "gran deterioro ambiental"

MADRID.- Ecologistas en Acción ha calificado este jueves a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2012 de ser "una feria insostenible" y ha llamado la atención sobre todas aquellas actividades realizadas con el objeto de promocionar y difundir un modelo de turismo que, "a pesar de ser accesible solamente a menos del 20 por ciento de la población mundial, es una de las actividades de la globalización económica que implican un mayor deterioro medioambiental y también conlleva graves impactos sociales, tanto a nivel global como en los países anfitriones". 

   Los ecologistas han señalado además que el turismo es interdependiente de otras actividades que suponen perjuicios ambientales, "como es el caso del transporte motorizado nacional e internacional, las fuentes de energía no renovables o la construcción, entre otros, configurándose así como uno de los principales agentes en el agravamiento de las innegables crisis que atraviesa nuestro planeta: las crisis ecológica, energética y climática".
   "El tipo de promoción que se realiza desde espacios como Fitur, centrada en la expansión del modelo turístico dominante y en el incremento del beneficio de las grandes empresas del sector, y realizada para definir las líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar y reforzar la actividad turística, innovando para atender las cambiantes demandas del mercado, no tiene en cuenta ni las consecuencias negativas del turismo ni los límites biofísicos del planeta y la biosfera que existen para su globalización", han agregado.
   La organización ambientalista ha apuntado que a pesar de que se prevé que en 2012 por primera vez se superarán los 1.000 millones de desplazamientos internacionales y los 1.800 millones en 2030 "no se anuncia ninguna propuesta de medida para eliminar algunos de sus principales impactos, como por ejemplo las emisiones de CO2, de las que este sector alcanza el 5 por ciento de estas emisiones a escala global".
   Por ello, Ecologistas en Acción insta, en primer lugar, a la sociedad a "la reflexión crítica" sobre su estilo de ocio y viajes, "la urgente necesidad" de reducir la velocidad y la distancia de los desplazamientos para preservar las condiciones naturales del planeta, respetar los territorios y las poblaciones de destino "y, principalmente, asumir un estilo de vida que sea social y ambientalmente sostenible, de modo de garantizar el futuro de las generaciones venideras".
   Los ecologistas también han conminado a las instituciones públicas competentes y a todos los actores empresariales del sector a fomentar un modelo de turismo "que sea sostenible y responsable".

La dirección del PP defiende las sanciones penales de Montoro, también para la gestión que hagan los populares

MADRID.- El secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, ha defendido este jueves la propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de pedir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto y que "dilapiden" el dinero de los españoles. Así, ha asegurado que esta normativa se aplicará también a la gestión que realicen los populares.

   En declaraciones a los periodistas en la sede nacional del partido, Floriano ha arremetido contra los socialistas por criticar esta propuesta ya que, según ha recordado, el PSOE es el "responsable" de la situación de déficit en la que se encuentran "muchas administraciones" y de que, concretamente, la Administración central haya tenido "déficits ocultos".
   "Esta iniciativa no es una ocurrencia del PP sino que es una exigencia del sentido común y de la mayoría de la gente que entiende que el dinero de todos no es el dinero de nadie. El PSOE pretende hacernos creer que el dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos es un dinero con el que se puede hacer cualquier cosa y para nosotros esto no es así", ha recalcado.

El ministro Soria pide a las CC.AA. más endeudadas que "hagan sus deberes"

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido este jueves a las comunidades autónomas cuyo nivel de endeudamiento respecto a su PIB es superior a la media que "hagan sus deberes", al igual que ha hecho la Comunidad Valenciana, que ha aprobado un ajuste por valor de 1.000 millones de euros.

   "Valencia está haciendo sus deberes. Lo deseable es que el conjunto de las comunidades que están por encima de esa media hagan también sus deberes", ha señalado Soria en declaraciones a Telecinco.
   El ministro ha insistido en que el objetivo de reducir el déficit público es "irrenunciable" y ha recordado que de los dos puntos en los que el Gobierno estima que se desvió el déficit respecto al objetivo previsto, las comunidades autónomas son responsables de 1,4 puntos de esa desviación.  
   Por ello, Soria ha declarado que son los gobiernos autonómicos los que "mayor esfuerzo" tienen que hacer en el marco de sus cuentas públicas para contribuir al recorte del déficit.
   El ministro ha reiterado además que el Gobierno tiene intención de introducir modificaciones legales para que se puedan imputar responsabilidades penales a los gestores públicos que gasten más de lo aprobado en el presupuesto. "Incurriendo en ese tipo de actitudes se llega a problemas tan serios como los actuales", ha advertido.

El fiscal niega que el juicio de la 'causa de los trajes' sea "político"

VALENCIA.- La fiscal Míriam Segura, encargada de exponer el informe final de la acusación pública en el juicio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, por un delito de cohecho impropio pasivo en la 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', ha expuesto hasta 18 motivos que considera que han quedado probados para condenar a ambos acusados en un juicio que ha negado que sea "político" y en el que ha recalcado que esta parte no ha recibido "ninguna indicación" para sostener su acusación.

   "¿Alguien les ha preguntado a quién votan?", ha preguntado al jurado, para, a continuación, incidir en que la referencia al juicio político solo la ha realizado Camps en sus declaraciones cuando aseguró que "había venido aquí a demostrar que los valencianos no votaron por un presidente inocente". Por contra, ha hecho hincapié en que la Fiscalía "solo ha hablado de trajes, de tickets y todas las cosas que tienen que ver con hechos descritos" en su calificación, al tiempo que ha subrayado que el Código Penal es "para todos los funcionarios públicos" y "nadie está por encima de la ley".
   En una exposición en la que ha ido detallando al jurado los folios en los que sustenta sus acusaciones, ha destacado al tribunal popular que en este caso no se debe hacer "actos de fe", ya que va a poder tener a su alcance toda la información, por lo que pide que usen el sentido común. "No solo es que se hicieron los regalos, sino que fueron en función de cargo público", ha manifestado, para señalar que es "muy difícil" desligar cuándo se ve a una persona de su faceta pública y de la privada y para concluir con que existe prueba "suficiente y abundante" de que ambos recibieron regalos en consideración a su cargo público.
   Al tiempo, ha cuestionado las alegaciones aducidas sobre que es un proceso "absurdo", que se han "ocultado pruebas" por parte del fiscal y por que la causa haya procedido de Madrid "como si esto fuera una cuestión territorial". Asimismo, ha rechazado la "teoría del montaje" en el caso de la versión del 'director de moda' José Tomás, y que la intervención de los peritos de Hacienda, en especial la de los que analizaron los pagos a través de la caja B del grupo Correa, y la Policía pueda suscitar dudas.
   En todo caso, ha incidido en que en esta causa han visto la existencia de delito, no solamente la Fiscalía, sino también jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En esta línea, ha añadido que la única resolución que existe en este proceso decidida por el Tribunal Supremo acordó en mayo de 2010 que siguiera adelante el procedimiento.
   Así, ha alegado que existe prueba documental del encargo de prendas para los dos acusados en Milano y Forever Young --cuyo cruce de documentos acredita que 'Camps nuevo cliente' es Francisco Camps, como dijo la mayoría de testigos--; de la confección y del envío de las prendas a Valencia.
   Como cuarto punto, sostiene que existe prueba documental del pago de las prendas de vestir por personas distintas a los acusados, no solo por declaraciones sino también por la documentación proporcionada por cuatro bancos. En relación con Forever Young, ha destacado que, además de cheques bancarios, hubo "tres grandes pagos": uno en 2007 que se corresponde con el "famoso documento 71" por 30.678,9 euros; otro por 36.000 y un tercero por 4.040.
   En el quinto apartado, recalca la existencia de prueba documental de que las compras se disfrazaron con facturas que recogían conceptos falsos y que existen numerosos testigos que confirman los hechos que sostiene la acusación, y que son "creíbles" porque concuerdan testimonios y "no tienen motivos para mentir".
   De ellos, ha señalado empleados de Cortefiel, Milano y Forever Young, testigos que confirmaron la versión de José Tomás, del que ha destacado que fue la primera persona que habló en un juzgado de las compras para cargos públicos por parte de empresas de la trama y del que ha rechazado que su declaración pudiera estar influida por la "animadversión" hacia el dueño de Forever, Eduardo Hinojosa, al que está enfrentado laboralmente.
   Respecto a las declaraciones de los considerados presuntos cabecillas de la trama --Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo-- ha señalado que no declararon porque están procesados en otras causas lo que les presenta un "conflicto que les dificulta para poder decir la verdad".
   En relación con la contable de Forever Young, Raquel Vázquez, y del propio Hinojosa, ha resaltado que sus versiones no concuerdan con el resto de testimonios, pero en el caso de la primera, ha subrayado que mantiene una posición "comprometida" por su relación laboral, mientras que el segundo contestó con "ambigüedades e imprecisiones". Por ello, ha avanzado que, cuando haya veredicto, esta parte valorará si se puede haber producido falsedad en este juicio en relación con estos testigos.
   En el punto nueve, ha situado la declaración de los peritos de la Agencia Tributaria que confirmaron que hubo confección y pagos mediante cheque y transferencia. En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la pericial realizada sobre los pagos en metálico, el apartado diez, que confirma que hubo pagos en efectivo de prendas.
   En esta línea, ha fijado como eslabones once y doce las declaraciones de auditores de Milano, que confirmó que el establecimiento vendió las prendas y cobró el importe, y el de Forever Young, confirmó la existencia de pagos. La fiscal ha contabilizado en decimotercer lugar la declaración de los inspectores de Policía que llegaron a la conclusión en sus informes periciales que el grupo tenía como estrategia hacer regalos y que, dentro de ella, estaban los que hicieron a Camps y Costa.
   Para la fiscal, el punto 14 es la pericial que confirmó la voz de Álvaro Pérez en las llamadas grabadas por la Policía. Dentro de ella, sitúa en decimoquinto lugar, las conversaciones que reflejan regalos circunstanciales que ayudan a comprobar si existe "complacencia" o no en la recepción de los presentes y que las actuaciones llevadas a cabo por 'El Bigotes' también se centraron en cuestiones que no tenían que ver con el partido sino con actos institucionales así como la preocupación que había en el grupo Correa por una posible investigación en relación con Milano.
   Asimismo, ha destacado como punto 16 la documentación intervenida en los registros que pone "blanco sobre negro" la existencia de la caja B, con coincidencias en apuntes entre la del grupo Correa y Orange Market, con una salida de esta última coincidente con un pago de prendas a Camps en Milano.
   En penúltimo lugar, ha destacado las condenas por conformidad del exvicepresidente del Consell Víctor Campos y del exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret por hechos similares y ha concluido, como último punto, con las declaraciones de ambos acusados, que negaron los hechos, aunque para la fiscal se trata de una prueba de descargo "escasa e inconsistente".
   Según ha sostenido, "Camps habló del montaje terrible y muchas cosas", aunque también ha dicho que contestó "muchas" que no tenían que ver con lo preguntado. "Lo cierto es que habló poco de los trajes y muchas sobre aspectos personales y profesionales", ha estimado, al tiempo que cree que ejerció su derecho a no declarar la verdad.
   Sobre Costa, ha destacado que su testimonio se contradice con la información que obra en el procedimiento y ha señalado que hubiera sido deseable poder conocer la versión de su secretaria --que no ha sido llamada a declarar-- en relación con el pago de unas prendas como así declaró.

El abogado Diego de Ramón y la Plataforma CAM convocan una manifestación mañana viernes en Alicante

ALICANTE.- La Plataforma CAM y el abogado Diego de Ramón han convocado para este sábado una manifestación en Alicante con el fin de recoger firmas para presentar una demanda penal en la Audiencia Nacional, según ha indicado la plataforma en un comunicado.

   La manifestación se celebrará a las 19.00 horas de este viernes en la plaza de Los Luceros, de Alicante. La plataforma recogerá firmas para presentar esta demanda por la infracción penal, y según han dicho, "la reparación  económica será solo para los que estén inscritos y hayan firmado la denuncia".
   La demanda será presentada por el abogado Diego de Ramón el 26 de enero en la Audiencia Nacional, junto con representantes de la plataforma, que ha destacado que continuarán con "el embargo de la Obra Social de la CAM para recuperar el dinero, ya que ni el FROB ni el Banco de España tienen la voluntad política de dar solución a los afectados". "Es como si nos castigasen a nosotros por los desmanes de los directivos que debían controlar".
   También han resaltado que los diputados de las Corts Valencianes de los cuatro partidos "aceptan y proponen a Diego de Ramón a declarar en la comisión de investigación sobre el caso CAM".
   Finalmente, respecto a las preferentes, han indicado que no hay "ningún acuerdo firmado ni escrito donde especifique que el Banco Sabadell pagará las acciones", al tiempo que han subrayado que las cuotas participativas "quedan fuera de toda negociación".

El fiscal atribuye a Costa más prendas y a Camps dos trajes y unos zapatos menos

VALENCIA.- El ministerio fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales en la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' y ha atribuido al exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, un traje más, tres pantalones y dos americanas, y ha restado al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps dos trajes a medida y un par de zapatos. 

   La fiscal ha expuesto ante el tribunal del jurado que juzga a Camps y a Costa por un delito de cohecho pasivo impropio la modificación de sus conclusiones, aunque ha subrayado que el relato de hechos no varía en esencia. Así, ha eliminado de sus conclusiones todas las referencias realizadas al exvicepresidente del Consell Víctor Campos y al exjefe del gabinete de la Conselleria de Turisme Rafael Betoret, puesto que ambos ya reconocieron los hechos y fueron condenados.
   Además, respecto a Francisco Camps, el ministerio público le atribuye 10 trajes, cuatro americanas, tres pares de zapatos y cuatro corbatas, todo ello valorado en 13.121,5 euros. Así, según ha indicado la fiscal, el exjefe del Consell, en atención a su cargo de presidente, recibió al menos los siguientes regalos: entre finales de 2005 y septiembre de 2006 recibió tres trajes -en lugar de cinco, como señalaba inicialmente-- y tres americanas por valor de 4.700 euros adquiridos en Milano; entre finales de 2006 y julio de 2007 se le atribuyen cinco trajes y dos pares de zapatos por 5.393,5 euros de Forever; a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por 348 euros adquiridas en esta misma tienda; y antes del 8 de octubre de 2008 adquirió dos trajes, una americana y un par de zapatos -en lugar de dos-- por 2.680 euros.
   En cuanto a Ricardo Costa, la fiscal estima que adquirió más prendas de las descritas en su escrito de conclusiones provisionales. En total, le atribuye cinco trajes, dos americanas y nueve pantalones valorados en 10.075 euros. Así, estima que el acusado, en atención a su cargo de diputado, recibió al menos entre enero y agosto de 2006 un total de cuatro trajes -en vez de tres, como decía el escrito inicialmente--, tres pantalones y dos americanas de Milano; y entre finales de 2006 y julio de 2007 adquirió otros seis pantalones y un traje en Forever Young.
   Con todo, la fiscal estima que estos hechos son constitutivos de dos delitos continuados de cohecho y pide que para los acusados se tenga en cuenta la imposición de la pena establecida en el momento en que se cometieron los hechos, que incluye una multa, en lugar de prisión y suspensión de empleo y cargo público, que es lo que se aplica en la actualidad. También solicita que se decomisen las prendas de Camps y Costa.
   Por su parte, el abogado de la acusación popular (PSPV), Virgilio Latorre, ha modificado su relato de acusaciones para al igual que el fiscal, hacer desaparecer las referencias a Betoret y a Campos mientras que mantiene el mismo número de prendas que la acusación pública y los importes para cada uno de los acusados, y deja el resto de conclusiones en los mismos términos.

miércoles, 18 de enero de 2012

La Audiencia de Alicante desestima los recursos de petición de nulidad de las escuchas del PGOU

ALICANTE.- La sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha desestimado los recursos de petición de nulidad de las escuchas telefónicas contenidas en la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, y ha confirmado parcialmente el auto del juzgado de instrucción nº 5 de Alicante, en el que declaraba la extemporaneidad procesal de esas solicitudes.

   La Audiencia desestima los recursos contra el auto del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, que investiga la causa, y en el que se avalaban las escuchas, presentados por el constructor, Enrique Ortiz, y su esposa, Manuela Carratalá, al que se adhirieron los socios del despacho Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y Francisco Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, así como el urbanista de Laboratorios y Proyectos, Jesús Quesada, y los empresarios Jorge Yacobi y Bernardo Campos.
   Además, confirma parcialmente la resolución del juez, Manrique Tejada, "en los extremos referentes a la declaración de extemporaneidad procesal de las peticiones de nulidad formuladas y al mantenimiento de la competencia del juzgado para la instrucción de la causa".
  El auto argumenta que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la nulidad de actuaciones "debe instarse como cuestión previa al inicio del juicio oral", por lo tanto, "una vez concluida la instrucción, formulados los escritos de calificación, admitidas o desestimadas las pruebas por el órgano encargado del enjuiciamiento y dictado auto de señalamiento del juicio del correspondiente juicio".
   De esta manera, según añade, "resulta improcedente examinar en esta instancia, como pretenden los recurrentes, a efectos de declarar su nulidad, las resoluciones impugnadas en lo relativo a si el juicio de necesidad y proporcionalidad que contienen es adecuado, si los indicios atendidos son o no suficientes, si la motivación habilitante es la idónea y si el control judicial durante el desarrollo de la medida es el correcto o no".
   En este sentido, resalta que las "diligencias de investigación sumarial cuestionadas podrán en su momento proponerse y utilizarse como prueba y ésta es de valoración exclusiva y excluyente por la sala de enjuiciamiento, sin que el instructor pueda entrar a tomar en consideración qué parte del material probatorio se sustrae al conocimiento del órgano que va a enjuiciar".
   "Es el órgano de enjuiciamiento el que, si se cuestiona en el plenario la legalidad de una medida limitativa de derechos fundamentales, procederá a dar validez a las diligencias de entrada y registro, intervención de la correspondencia o intervención telefónica, ya que la ratificación de estas por el juez instructor es un acto irrelevante, pues serán el TSJ, la Audiencia Provincial o el juez de lo penal, en su caso, quienes deberán adoptar la decisión que estimen pertinente sobre la validez o nulidad de las medidas limitativas de derechos fundamentales cuestionadas y cómo quedan afectados otros elementos de prueba obtenidos de una que es declarada nula", insiste el auto.
   Además, rechaza también la pretensión de la defensa de Ortiz, que impugnó el escrito del 14 de octubre, dictado por Tejada, en sus diligencias previas, en el que denegaba la nulidad de todos los autos dictados en las diligencias previas por el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), por los que se acordaba, prorrogaba y ampliaba la intervención de las comunicaciones telefónicas del constructor, por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.
   En este sentido, argumentaba en su recurso que el juzgado de instrucción número 6 de Alicante fue el que investigó las presuntas irregularidades relativas al llamado Plan Rabassa, cuando el juez de Orihuela se inhibió a favor de los juzgados alicantinos, desgajando la pieza relativa al plan general de la investigación Brugal --que abarca también la concesión de las basuras en Orihuela y el Plan Zonal de basuras--, por lo era esta instancia quien debía entender de la causa.
   Sin embargo, el tribunal aduce que los hechos investigados por el juzgado número 6 y la causa relativa al plan general están "relativamente relacionados", ya que en ambas "se evidencia una importante disparidad en los hechos, presuntamente delitos, investigados y en los sujetos implicados, que aconseja su tramitación independiente".
  "Carecería de sentido y se rompería la continencia de la causa, si actuaciones relativas al PGOU de Alicante, recayentes sobre la zona de Rabassa se remitieran a otro juzgado. Ello podría propiciar, en su caso, una absolución por hechos delictivos relativos al Plan Rabassa, como parte del PGOU de Alicante, y una condena por los afectantes al resto del PGOU de Alicante o a cualquiera de las restantes zonas que comprende, o a la inversa", indica el auto.
   Así, reafirma el auto emitido por Tejada, en el que concluye que entre "los hechos sobreseídos por el juzgado de instrucción número 6 y los que son objeto de las presentes diligencias no existe identidad que justifique la inhibición por conexidad interesada".
   Finalmente, esgrime que no se trata de "una cuestión de competencia entre órganos judiciales de distintos partidos a dilucidar por el superior común jerárquico, sino de determinar el juzgado que se entiende competente dentro del mismo partido judicial",
   A este respecto, considera que lo "procedente hubiera sido el planteamiento de la cuestión al Juez Decano del partido judicial", que es a quien "atañe la supervisión del reparto de asuntos y la resolución, con carácter gubernativo interno, de las cuestiones que se planteen".
   Además, resalta que el juzgado de instrucción número 5 dictó un auto en abril de 2011 en el que se declaraba competente para la instrucción y "ni el recurso de reforma intentado por la representación de Enrique Ortiz, ni en el de apelación que se examina, se impugna expresamente dicho auto" y "por tanto, dicha resolución es firme y no cabe contra ella recurso alguno".

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados dice que "no van a estar quietos" ante "una afrenta al turno de oficio"

ALICANTE.- La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, María del Carmen Pérez Cascales, ha advertido este miércoles de que, antes las reducciones en la retribución de los abogados del turno de oficio, planteadas por la Generalitat, la abogacía "no va a estar quieta ante lo que considera una afrenta al servicio del turno de oficio", al tiempo que ha lamentado que con esta rebaja retibutiva los letrados van a abandonar "masivamente" el servicio.

   María del Carmen Pérez Cascales, también decana del Colegio de Abogados de Elche, ha hecho estas declaraciones en una concentración de abogados del turno de oficio, celebrada este mediodía junto a a la Ciudad de la Justicia ilicitana. Alrededor de un centenar de letrados se han concentrado para criticar la decisión de aplicar recortes en su retribuciones.
   En este sentido se ha pronunciado la decana ilicitana, quien ha advertido de que la "abogacía no se va a quedar quieta ante lo que considera una afrenta al servicio del turno de oficio". Así, según ha dicho, "los colegios de toda la comunidad van a secundar" la iniciativa realizada en Elche. Ha indicado que en Valencia habrá este jueves una concentración y en Castellón lo hará el próximo miércoles. Igualmente, el colegio de Orihuela también tiene previsto una protesta.
   La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha indicado la reducción de un 35 por ciento de las retribuciones del turno de oficio hace el servicio "insostenible" y, con ello, "se corre el riesgo que se produzca una baja masiva de letrados" de ese servicio público, cuya adscripción es voluntaria y que en la actualidad cuenta en toda la Comunitat Valenciana con 3.000 letrados.
   A su modo de ver, "estos descensos ponen en peligro el propio servicio por los gastos a los que tienen que hacer frente" los letrados, por lo que ha pronosticado que "muchos se van a dar de baja".
  "Efectivamente, si ya deja de ser mínimamente rentable, muchos letrados, aun sintiéndolo mucho, van a dejar de prestarlos porque no nos olvidemos que tenemos equis horas de trabajo al día, si se las dedicamos a un tema de turno de oficio, no se lo dedicamos a otro tema que pueda entrar en un despacho particular. El tiempo es el tiempo", ha resaltado.
  Según la decana, "lo que nunca va a hacer un abogado del turno de oficio es porque se le haya retribuido menos o peor es no prestar el servicio con la dignidad o profesionalidad que el tema requiera".
   También ha recordado que la conselleria adeuda en concepto del segundo y tercer trimestre del pasado año, 10,8 millones de euros a los abogados del turno de oficio.
   Por eso, ha destacado que la abogacía está siendo "sensible" y "solidaria" con la situación de crisis actual y ha aceptado aplazamientos de pagos, por lo que ha exigido a la Generalitat que no continúe tramitando el decreto en el que se recogen los recortes.

Pastor apuesta por agrupar los productos turísticos de la provincia bajo la marca Costa Blanca

MADRID.- La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha apostado en Fitur por agrupar los productos turísticos de la provincia bajo la marca Costa Blanca para "vender un destino único que integre a todos los municipios de la provincia, y que no haya protagonismos", según se ha informado en un comunicado.

   Pastor ha inaugurado este miércoles en Madrid el stand de la Costa Blanca en Fitur y ha presentado el nuevo vídeo promocional del Patronato Provincial de Turismo, acompañada por el diputado del área y vicepresidente del organismo autónomo, Joaquín Albaladejo.
   La presidenta ha defendido la participación conjunta de los municipios de la provincia bajo el paraguas de la Costa Blanca, para "vender un destino único, el de la Costa Blanca, que integre a todos los municipios de la provincia, donde no haya protagonismos, primando la oferta de los productos, las playas, la gastronomía, la naturaleza y la cultura de la provincia de Alicante".
   "Creo que con la importante apuesta que se ha hecho este año todos vamos a salir ganando. Es fundamental participar en este certamen internacional, debemos estar aquí pero con los pies en el suelo, sabiendo lo que el consumidor pide y lo que nosotros podemos y debemos ofrecer", ha puntualizado Pastor.
   Además, la presidenta también ha apostado por vender la marca Costa Blanca a través de las nuevas tecnologías porque "es un recurso cada vez más utilizado por los turistas".
   El nuevo producto del Patronato de Turismo, el spot 'Costa Blanca, vive tus sueños', recoge los enclaves "más emblemáticos y representativos" de todas las comarcas de la provincia, según han indicado las mismas fuentes.
   Este trabajo, producido por la Diputación de Alicante y el Patronato Provincial de Turismo, se ha llevado a cabo con el método de última generación 'time laps', una técnica fotográfica que consiste en grabar durante varias horas del día, especialmente durante el amanecer y el atardecer, planos fijos de un paisaje.
   Con este proceso, se capta el paso del tiempo acelerado para, posteriormente, mostrarlo en segundos, recogiendo los cambios de luz. De esta manera, se han realizado 350 horas de grabación para elaborar un spot que aglutina imágenes genéricas de la provincia, así como del litoral, del interior y de la naturaleza.
   Asimismo, el spot incluye la banda sonora original creada por el compositor alicantino Luis Ivars, que grabó la Orquesta del Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante en el MARQ bajo la dirección de Joan Iborra.
   La Costa Blanca asiste este año al certamen con un nuevo formato de stand que aúna toda la oferta de la provincia por bloques temáticos dedicados al litoral alicantino, la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la provincia.
   Además, también como novedad, los municipios alicantinos de Alicante, Elche, Torrevieja, Denia y Calpe tienen espacio propio dentro del stand del Patronato Provincial de Turismo, según han explicado las mismas fuentes.
   Los mostradores temáticos están dispuestos perimetralmente para "congregar a un mayor número de público". Asimismo, la Costa Blanca dispone de un punto de información general donde se atenderán las consultas de los visitantes y profesionales del sector sobre algún destino concreto y que cuenta con acceso a Internet.
   El diputado de Turismo ha señalado que se necesita "la comprensión, el apoyo y la unión de todo el sector en esta época de dificultades económicas", y ha manifestado que desde el Patronato de Turismo Costa Blanca invitan a todos a "vivir sus sueños en tierras alicantinas".
   "Tenemos la posibilidad de ofrecer cuatro productos singulares y sin competencia a nivel nacional e internacional, lo que hace que tengamos hoy aquí una oportunidad especial, haciendo la unión suficiente para tener toda la potencia en la promoción turística de la provincia de Alicante, que genere a su vez el impulso suficiente para que el turismo siga siendo un motor económico con el apoyo de todos", ha matizado Albaladejo.

Fainé (La Caixa): "No hay ninguna negociación con Bankia"

BARCELONA.- El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, ha asegurado este miércoles que la entidad catalana no mantiene ninguna negociación con Bankia con vistas a una posible fusión.

   "No hay ninguna negociación con Bankia, ni ningún equipo de trabajo trabajando para Bankia, ni papeles de Bankia", ha aclarado Fainé en la clausura de un almuerzo con empresarios de la Cámara de Comercio de Barcelona.
   Fainé ha hecho estas declaraciones tras las informaciones que apuntan a que el Gobierno liderado por Mariano Rajoy vería con buenos ojos una fusión entre CaixaBank y Bankia (unión de Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia), aunque en declaraciones oficiales el Ejecutivo no habla de nombres de entidades, sino solo de la necesidad de una segunda ronda de integraciones sin coste al erario público.

Realizan un "mapa del frío" con los colegios que prescinden de calefacción por los impagos

VALENCIA.- Compromís ha elaborado un "mapa de frío" que refleja los centros escolares en los que se ha denunciado que no se puede utilizar la calefacción por el impago del Consell de los gastos de funcionamiento, ha informado la coalición.  

   Así, esta fuerza política ha señalado en el mapa de la Comunitat Valenciana los centros afectados mediante copos helados que simbolizan el frío que están pasando alumnos y profesores, según las mismas fuentes.
   Este recuento se ha realizado gracias a las informaciones distribuidas en la red social twitter a partir del 'hashtag', creado también por Compromís desde su cuenta, #fabratenimfred (fabra tenemos frío).
   Además de estas iniciativas, la diputada de este grupo en las Corts Mireia Mollà ha registrado en las Corts Valencianes una pregunta en la que se interesa por la situación del IES Vila-roja de Almassora (Castellón), del que se distribuyó una fotografía que mostraba a alumnos en clase con mantas.
   La parlamentaria dice en su cuestión que "se ve que el instituto no tiene ya dinero para poder encender la calefacción y parece que la dirección del centro ha invitado a los alumnos a afrontar el rigor del invierno con mantas de casa o, incluso, calefactores eléctricos (mientras no corten la luz)", ironiza.
   Por ello, interroga al Consell sobre cuánto dinero le adeuda al centro, si conoce otros casos de instalaciones escolares que tengan que prescindir de la calefacción y qué medida piensa adoptar el Ejecutivo valenciano al respecto".

Alicante-ACPV denuncia el despido de un técnico del Ayuntamiento de Dénia por informar del incumplimiento del valenciano

DENIA.- Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha asegurado que el Ayuntamiento de Denia ha despedido al técnico de normalización lingüística, Josep Andrés Torres, por "informar, a petición de un concejal, del incumplimiento de la normativa vigente en materia de la lengua valenciana" y ha calificado este hecho como "una represalia" por "defender" esta lengua, según ha informado en un comunicado Acció Cultural.

   Según la asociación cultural, el técnico ha sido sancionado con una suspensión de trabajo y sueldo, por informar del incumplimiento de la normativa vigente en materia de la lengua valenciana, un hecho que al ser interino, implica la pérdida definitiva del puesto de trabajo.
   Con esta decisión, el Ayuntamiento de Denia, según Acció Cultural, "desmantela la oficina de normalización lingüística, que queda ocupada por un administrativo que no tiene la capacidad técnica correspondiente".
   Según las mismas fuentes, con esta medida, el consistorio de esta localidad "completa su acción contra la lengua catalana, ya que previamente había anulado los aspectos más importantes del reglamento municipal de normalización lingüística y había suprimido la exigencia de conocimientos de valenciano para los trabajadores municipales".
   La actuación contra Josep Andrés Torres "es una represalia por su defensa de la lengua y su actitud de firmeza, dignidad e integridad", por lo que Acció Cultural se solidariza con Josep Andrés Torres y ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos de Denia "para que exijan al Ayuntamiento de la localidad que anule la sanción impuesta de manera injusta a Torres y que sea inmediatamente readmitido a su lugar de trabajo con todos los derechos que le corresponden".

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante formaliza la petición de dimisión de Juan Seva

ALICANTE.- La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante ha formalizado mediante un escrito presentado en el Registro general la petición de di0misión del concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Juan Seva, según ha indicado este órgano en un comunicado.

   Los representantes de los trabajadores han presentado este escrito a las 11.00 horas en el Registro General del Consistorio, la decisión adoptada por unanimidad en su reunión ordinaria y que ya fue avanzada este martes.
   La junta había pedido este martes una reunión con la alcaldesa, Sonia Castedo, y la dimisión de Juan Seva como edil de Recursos Humanos, después de que el equipo de Gobierno decidiera suprimir la tercera paga extraordinaria de los funcionarios municipales.
   Además, la junta también ha decidido "adherirse a las movilizaciones acordadas por los sindicatos municipales CCOO, UGT, SPPLB, CSIF y SEP" y participar en la manifestación contra los recortes en los servicios públicos del día 26 de enero.