Este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros, lo que supondría batir el récord del año 2007 e incrementar un 3,7% el dato del año pasado, con lo que el gasto turístico podría superar los 55.000 millones de euros.

   Así lo ha avanzado en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, donde Soria ha repasado las medidas adoptadas por su departamento en materia turística desde el pasado mes de noviembre y también ha hecho balance de la temporada estival con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

   En este sentido, ha indicado que el verano se cerrará con aproximadamente 27,6 millones de turistas internacionales, el 3,9% más que en la misma época del año pasado, que ya fue "espectacular" gracias a la recepción de muchos visitantes que cambiaron de destino por razones como la Primavera Árabe. Sólo en julio visitaron el país 7,7 millones de extranjeros (+4,4%), y desde enero han superado los 32,8 millones (+3,3%).

   "De mantenerse la tendencia, es muy posible que podamos cerrar el año con cerca de 57,8 millones de turistas internacionales, lo que supondría un incremento del 3,7% respecto a la buena cifra del año pasado", ha apostillado el ministro, que no renuncia a "consolidar" esos turistas llegados por "factores externos".   

   Así las cosas, Soria ha indicado que el gasto turístico en los primeros siete meses del año se ha incrementado un 6,4% (un 8,9% sólo en el mes de julio) por lo que, de mantenerse esta tendencia y a la luz de las cifras de 2011, "se podrían alcanzar los 55.000 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado".

   En cuanto a la balanza de pagos, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el turismo registró, entre enero y mayo, un superávit de 9.817 millones de euros, con una cobertura del 73,5% del déficit comercial.

   Frente a esto, el turismo nacional ha tenido un "peor comportamiento", con una caída de las reservas del 20% hasta agosto. No obstante, Soria ha alertado de lo engañoso de estas cifras, dado que "han aumentado los desplazamientos internos" pero muchos ciudadanos "no han usado alojamientos hoteleros". De hecho, entre enero y julio se incrementaron un 5% los turistas nacionales, con un 3% de mejora sólo en julio.

   "De ahí el llamamiento para que los españoles conozcamos nuestro país y disfrutemos de la intensa oferta existente dentro de nuestras fronteras", ha añadido en referencia a sus declaraciones instando a los españoles a quedarse en el país durante el verano. En su segunda intervención ha precisado que, como ministro, su obligación es promocionar el turismo en el país "dentro y fuera de España".

    "Critican lo que dije, pero es como si el ministro de Industria alemán, en vez de sugerir que se compren coches alemanes, dijera que se compren coches coreanos, que son más baratos. Además, imagine lo que me hubieran dicho hoy aquí si, a la pregunta de si los españoles deben hacer turismo en España, hubiera contestado: 'No, hombre, que hace mucho calor. Que vayan a Laponia este verano'", ha ironizado Soria.

   A renglón seguido, el ministro ha defendido el Plan Nacional de Turismo aprobado en junio y que constituirá la "herramienta fundamental para adaptar y modernizar un sector capital para la economía", con medidas como las líneas ICO dotadas con 266 millones de euros para "renovar la infraestructura turística", aumentar su eficiencia y apoyar a los jóvenes emprendedores del sector.

   Además, se ha "renovado" el modelo de Turismo Sénior de Segittur para "involucrar más a los municipios" receptores de estos visitantes y a la iniciativa privada; y se ha "desarrollado una política de flexibilidad en materia de visados", particularmente con mercados emisores de gran crecimiento como Rusia. Soria ha defendido también la subida de tasas aeroportuarias decidida por Fomento para "combatir el fuerte carácter estacional del modelo turístico de algunas comunidades", con una política "especial" para Baleares y Canarias.

   También ha recordado que, aunque "tres de cada cuatro euros de la actividad turística se desarrollan en turismo de sol y playa", España también cuenta con "una riqueza potente y creciente" de oferta turística rural, cultural, gastronómica, de compras o deportiva. "Están en alza y tienen un potencial de crecimiento ciertamente grande", ha dicho.

   Por último, el titular de Turismo ha puesto de relieve que el Plan Nacional está pactado con todos los actores públicos y privados, de quienes se han incorporado 200 propuestas de mejora; y también es transversal, al tener en cuenta aspectos de otros ministerios como flexibilidad laboral, Ley de Costas o estadísticas.

   En la misma línea, se ha puesto en marcha una plataforma de intercambio de iniciativas con las comunidades autónomas y se apuesta de forma decidida por las nuevas tecnologías en la promoción turística, "bajo el paraguas de la Marca España". Para abundar más en las líneas generales del Plan, Soria ha anunciado que solicitará una nueva comparecencia específica de Turismo en el Congreso.

   Durante su réplica, el socialista Sebastián Franquis ha reprochado al ministro que, pese a su larga intervención, "no haya dedicado ni una palabra al impacto que la subida del IVA ha tenido en el sector turístico" ni ha entrado en las "consecuencias negativas" de la subida de tasas aeroportuarias.

   Además, se ha quejado de la escasez de tiempo para tratar asuntos tan extensos, especialmente en un sector como el turístico, que "hasta hace pocos meses crecía económicamente y creaba empleo, cosa que no ocurre en estos momentos por las medidas del Gobierno". "Han sido seis meses de mucha desconfianza, desconcierto, engaños e incumplimientos. Y las cifras no pueden esconder las falsedades", ha añadido.

   Por último, ha criticado las palabras de Soria este verano, instando a los españoles a practicar turismo nacional porque fuera "hay muchos mosquitos", ya que a su juicio reflejan "una visión muy estrecha" del turismo. "Habríamos querido campañas para favorecer el turismo nacional, pero eso es diferente a ocurrencias como ésa. Además, ¿qué diría si los ministros de Francia, Alemania o Reino Unido practican lo que usted dice? ¿Estaríamos teniendo estas cifras de turismo?", ha concluido Franquis.

   Carles Pàramo, de CiU, ha recomendado al Gobierno que aplique una "visión transversal" al tema turístico, y ha apuntado la necesidad de mantener líneas de financiación "accesibles y flexibles", atender a Internet, apoyar a empresarios que trabajan en mercados emergentes, y diseñar un "marco fiscal y laboral que apoye al turismo en temporada baja".

   Además, ha reclamado "reconocimiento" a los municipios turísticos, medios para luchar contra el 'top manta' o la prostitución, y más inversión en infraestructuras de transporte. "¿Para cuándo la conexión del AVE con Europa o la participación del sector privado en la gestión de los aeropuertos?", ha preguntado.

   El diputado canario Pedro Quevedo (CC-NC) ha coincidido en que dichas palabras "no benefician en nada" y deberían "evitarse" porque "la mayoría de los españoles veranean ya en España, y además mal, porque no tienen posibilidad de veranear en otro sitio". Asimismo, ha acusado al ministro de haber "hundido" al sector, como muestran los "deteriorados" datos de paro y actividad, y ha hecho referencia a los problemas particulares de Canarias, donde el 30% del PIB regional depende del turismo.

La receta de Rajoy no funciona / Juan Torres López *

Rajoy ha tratado de hacer frente a la crisis mediante una receta que contiene tres ingredientes principales.

El primero es una gran dosis de disimulo para tratar de ocultar las mentiras, los incumplimientos programáticos y los juegos de manos que está habituado a hacer. Todo el mundo sabe que el presidente es un consumado especialista en mirar a otro lado cuando se presenta un problema para tratar de solucionarlo por el simple expediente de dejar que se pudra o que desparezca solo. Un procedimiento, sin embargo, que ya no le funciona por la sencilla razón de que no es lo mismo ser ministro o incluso principal líder de la oposición que presidente del gobierno, una posición desde la que, como siempre se ha dicho, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo. Y, sobre todo, porque ha cometido el mismo error garrafal que hundió a José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido: creer que la crisis era domesticable, no solo con dejar pasar el tiempo sino, en el caso de Rajoy, pensando que la llegada al gobierno del PP sería suficiente para modificar el signo de los acontecimientos (“Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro, no en vano, uno de sus hombres de confianza).

El segundo ingrediente de la receta Rajoy es un prontuario ideológico muy elemental y en su caso desarrollado con una retórica bastante pobre pero que contiene todos los principios ideológicos del neoliberalismo. Sea por convicción, por conveniencia o por necesidad, Rajoy forma parte de esa cohorte de políticos y economistas que se ha creído que los primitivos dogmas neoliberales que recitan de memoria, y cuya eficacia nadie ha conseguido demostrar, son realmente capaces de resolver los problemas que tienen por delante. Se creen que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía; que las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos reducen el déficit y la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público se estimula la actividad privada; o que se logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales.

Tampoco le funciona ya este ingrediente porque la realidad es terca, incluso más terca que el propio Rajoy, y demuestra que esos prejuicios ideológicos no funcionan cuando se llevan a la práctica: ni se crea empleo con reformas liberales cuando lo que le falta a las empresas es demanda y financiación, ni se reduce la deuda cuando la austeridad reduce aún más la actividad económica, ni se estabiliza la economía con un mercado dominado por fuerzas oligopolistas que solo responden a lógicas muy improductivas y puramente especulativas.

La terca realidad indica que en ningún país ni en circunstancias parecidas a las nuestras han funcionado esas recetas que la Unión Europea, Rajoy y sus equipos defienden como la adecuadas para poder salir de la crisis.

El tercer ingrediente es una estrecha alianza con las clases dirigentes, con las élites profesionales, económicas, mediáticas y financieras que vienen dominando a la sociedad española desde hace decenios y, principalmente, gracias a la libertad de acción que le concedió la dictadura fascista durante cuarenta años y que la democracia no ha sabido o querido eliminar.

Esa alianza se traduce (como hemos analizado Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a los recortes del PP) en la adopción de medidas que solo conllevan mucho más poder y riqueza para esos grupos privilegiados pero que son incapaces de sacarnos del estancamiento económico.

Todos esos grupos clamaron en su día por la llegada al poder de Rajoy y lo jalearon durante un buen tiempo, pero no han tardado mucho en darle la espalda casi por completo.

Conceder más privilegios a los privilegiados es un remedio, pero muy efímero cuando la situación económica es tan agobiante. Los empresarios se alegran cuando una reforma laboral les da más poder pero pronto comprueban que eso no les sirve de mucho cuando lo que les falta son clientes en la puerta y créditos que los bancos no les conceden. Los banqueros agradecen los apoyos de las sucesivas reformas financieras diseñadas a su favor, pero comienzan a dudar cuando comprueban que el apoyo gubernamental se hace a costa de trapichear con sus socios europeos, que ya comienzan a estar hartos de ese juego y de tantas trampas. Incluso los grandes medios de comunicación comienzan a darle la espalda a un gobierno que ha batido todos los record de desafección política y que, por tanto, puede tener los días contados.

La conclusión es evidente: solo con mentiras, con un prontuario ideológico de Todo a cien que está bien para espantar a ingenuos pero que es completamente inútil para solucionar problemas económicos reales, e incluso con cada vez menor apoyo de los grupos oligárquicos no se va a ningún sitio, dada la situación a la que ha llegado nuestra economía y nuestra sociedad, harta ya de incompetencias, de improvisaciones y de excusas.

España (de la mano del PP y del PSOE) cayó hace tiempo en la trampa que supuso la política monetaria expansiva que el Banco Central Europeo adoptó (sin tener en cuenta su efecto sobre los demás países) para facilitar la recuperación de Alemania cuando su economía corría peligro de estancamiento. El exceso de ahorro y capital que gracias a ello obtuvo Alemania se tradujo en un flujo ilimitado de capital que nos inundó provocando un déficit exterior casi simétrico al superávit alemán, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento fatal de nuestro sector bancario del que se derivó el de las empresas y familias. Mientras que nos llegaba financiación barata casi nadie puso objeciones (ganando tanto dinero como estaban ganando los grupos que influían en las decisiones de los sucesivos gobiernos) y todos se jactaban de dirigir la mejor de las situaciones posibles. Pero cuando España dejaba de tener financiación externa y tuvo que dedicarse a hacer frente a la deuda exterior, las empresas y los consumidores dejaron de tener acceso al crédito, la demanda agregada (sobre todo el gasto dedicado a bienes y servicios nacionales y no tanto a los de fuera) se vino abajo, el negocio de la construcción saltó por los aires, se desbocó el paro… y empezó el llanto y crujir de dientes.

Casi inmediatamente aumentaron los gastos fiscales (desempleo y ayudas de todo tipo) y los públicos extraordinarios dedicados a evitar el colapso, cayeron los ingresos y el déficit se disparó, aumentando una deuda pública que se añadía a una privada mucho mayor aún.

Como no se podía acudir a la financiación fácil y barata de un banco central y como los financiadores privados no son tontos y sabían que, en esas condiciones, la situación necesariamente iba a ir a peor, comenzaron a apretar las tuercas y así hemos llegado al abismo en el que estamos.

A mí me parece que a estas alturas es una completa estupidez que los españoles y los europeos nos sigamos engañando. La realidad indiscutible es que la deuda (no solo española sino la que se ha acumulado en el conjunto europeo) es materialmente impagable. No hay posibilidad alguna de que España o Italia, por no hablar de Grecia, Irlanda o Portugal, puedan pagar todo lo que deben, y mucho menos en las condiciones impuestas y en las que van a ir imponiendo los financiadores privados.

Solo hay dos soluciones posibles (aparte, claro está, de dejar que los deudores se declaren en bancarrota, de desencadenar una inflación galopante o de provocar una guerra dramática y se empantane toda Europa y la economía mundial) para absorber la deuda que se ha acumulado.

La primera, que se la cobren los acreedores a base de adquirir a bajo coste el patrimonio que queda de los deudores. Es posiblemente lo que se busca con el diseño que los alemanes han hecho del banco malo (para poder quedarse con la mayor parte posible de la riqueza inmobiliaria que pueda salvarse), lo que seguramente trata de sondear Merkel en la visita que estos días nos hace, y lo que organizarán los hombres de negro (con privatizaciones de todo tipo) cuando seamos intervenidos tras un rescate que en cualquier caso no servirá para arreglar la situación.

La segunda alternativa es llegar a un acuerdo general de reestructuración y quita de la deuda (algo que Alemania trató de evitar obligando a la reforma constitucional de hace un año) para abordar un plan de regeneración económica bien organizado y consensuado desde principios de justicia social, solidaridad y compromiso con los intereses generales.

Los españoles deberíamos decidir pronto si queremos entregarnos o salvar y rescatar de verdad a España.

(*) Catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla

Los 'sin papeles' pagarán sanidad en función de la dolencia que padezcan

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su precio en función de la dolencia para la que esté indicado.

   Así lo han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara este martes su preocupación por cómo se iban a recetar en los centros de salud los medicamentos a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento pierdan su tarjeta sanitaria.

   De este modo, han dejado claro que en aquellos casos en que la ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas, y menores de 18 años) los pacientes deberán pagar un 40 por ciento por sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.

   Los 'sin papeles' que sufren una enfermedad crónica y ya estuvieran en tratamiento se seguirán beneficiando del régimen de aportación reducida que tienen los medicamentos para estas patologías, y sólo abonarán un 10 por ciento de las medicinas. En ambos casos, el médico deberá ofrecerles una receta del SNS en que aparezca el código con la aportación que el paciente ha de realizar.

   Sin embargo, para el resto de casos (un dolor de espalda o un resfriado, por ejemplo) los pacientes deberán abonar el importe íntegro de lo que cueste en la oficina de farmacia. De hecho, han explicado las mismas fuentes, el médico deberá expedirles una receta 'blanca', como la que se hace en la sanidad privada o para cualquier fármaco no financiado.

   Fuera de esta casuística estarían los pacientes atendidos en los hospitales, tanto crónicos como agudos, que no deberán abonar nada por los medicamentos que reciban.

   No obstante, el departamento de Ana Mato ha recalcado que en este caso, al igual que a la hora de facturar la asistencia prestada, las comunidades tienen libertad para decidir si se hacen cargo de dicho coste o lo reclaman bien al país de origen bien al propio paciente una vez atendido.

El paro sube en 7.241 personas en agosto en la Comunitat y se eleva a los 572.009 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar agosto en  572.009 personas en la Comunitat Valenciana, tras subir en el mes en 7.241 desempleados, con un aumento porcentual del 1,28 por ciento, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En España, el paro también ha roto la tendencia bajista de los últimos cuatro meses y el número de desempleados alcanzó a las 4.625.634 personas, tras subir en el mes en 38.179 desempleados, un 0,83 por ciento más.

   Aún así, la subida de agosto, mes en el que suele aumentar el desempleo por el fin de la campaña de verano, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 51.185 personas, mientras que en 2009, en un contexto de recesión económica semejante al actual, se registró un incremento de 84.985 desempleados.

Por otro lado, la Seguridad Social ha registrado en la Comunitat Valenciana en el mes de agosto un descenso medio de 20.161 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en un total de 1.579.542 ocupados al finalizar el mes, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

   Por regímenes en la Comunitat, el General ha vuelto ha registrar la mayor cantidad de afiliados, con 1.255.066 afiliados. Además, un total de 318.686 en el de Autónomos, un total de 5.332 en el del Mar, y 458 en el del Hogar.

   A nivel nacional, la Seguridad Social ha registrado 136.762 afiliados respecto a julio, con lo que se sitúa en 16.895.977 ocupados. Este dato rompe la tendencia de los últimos cinco meses, en los que se registraron ganancias de afiliados.

  Así, julio representó la quinta subida consecutiva tras las lograda en marzo, abril y mayo, cuando se registraron 5.419, 16.549 y 77.431 altas al sistema, respectivamente, y despues de la de junio, mes en el que sumó 31.332 afiliados y superó los 17 millones por primera vez en el año.

   El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha destacado que "este dato no supone una variación significativa respecto a los comportamientos históricamente presentados en el mes de agosto".

  "Nunca se espera en España un agosto positivo en cuanto a afiliación. Es habitual un descenso de cierta magnitud en este mes por la finalización de muchos contratos de carácter estacional ligados a las actividades propias de la temporada estival", ha explicado.

   En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual registró un descenso del 1,44 por ciento, 44.504 personas menos, si bien la cifra total de emprendedores sigue situándose por encima de los tres millones. El Mar, por su parte, registró una bajada del 1,9 por ciento mientras y la tasa de variación anual en el Carbón retrocedió un 13,7 por ciento.

  Según ha destacado el Ministerio, en el último mes 25.516 empleados domésticos se dieron de alta en el nuevo Sistema Especial del Régimen General, lo que sitúa la cifra total de afiliados del sector en 374.550.

   La afiliación de trabajadores extranjeros alcanzó en agosto los 1.748.415 ocupados, de los que 1.524.313 pertenecen al Régimen General, 216.878 al Régimen de Autónomos, 5.119 al Mar, 517 al Carbón y 1.589 al Hogar.

Afectados de CAM se concentran mañana en Alicante para exigir su dinero

ALICANTE.- La plataforma de afectados de Caja Mediterráneo (CAM), todos ellos titulares de cuotas participativas, participaciones preferentes o deuda subordinada, se concentrarán mañana ante la sede principal del Banco Sabadell-CAM en Alicante para exigir la devolución de su dinero.

"No queremos que nos den papeles", ha afirmado hoy el portavoz de este colectivo -Plataforma CAM-, Carlos Pena, en alusión al canjeo de preferentes y deuda subordinada por acciones del Sabadell.

"Si quisiéramos apostar, pues iríamos al casino, donde también podríamos ganar el doble o perder casi todo", ha añadido Pena, quien ha asegurado que los afectados quieren su dinero "sano y salvo".

Ha recordado que los titulares de estos productos son pequeños ahorradores que tenían plazos fijos y que "les metieron las cuotas y las participaciones a la fuerza y con engaño".

"No se engaña a una persona solo mintiéndola, se le engaña también ocultando los riesgos", ha subrayado Pena, cuya plataforma interpuso el pasado mes de marzo una querella ante la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de la entidad alicantina.

En este sentido, ha anunciado que el próximo día 10 el colectivo celebrará una asamblea en Alicante para analizar el proceso judicial y el estado actual de las acciones y las preferentes.

Pena ha manifestado que los afectados por la CAM están agrupados en esta plataforma con el fin de "demostrar" que hubo "un daño económico" hacia las personas que invirtieron sus ahorros en cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes de la caja, para así solicitar una restitución económica para ellos.

Vela afirma que con el FLA "se han acabado los problemas" de pago

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha afirmado que "nada más salga el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se han acabado los problemas, si sale como todos pensamos que va a salir" porque "va a permitir que se puedan afrontar los pagos". En este punto, ha señalado que "ya queda poco para sufrir" y ha opinado que este fondo "podría estar antes de 15 días". "Antes de final de septiembre seguro", ha apuntado al respecto. 

   El FLA va a permitir "atender los vencimientos de deuda sin sacrificar tesorería" y "colocar la práctica totalidad de la deuda autorizada". Eso, para la hacienda pública supone la "desaparición del 65% de sus problemas" porque ya puedes pagar a la gente", ha indicado el conseller.

   Vela, que se ha expresado de esta manera en un encuentro con periodistas, ha explicado que el FLA permitirá afrontar los pagos destinados a vencimiento de deuda y a emitir deuda propia prevista en el presupuesto del ejercicio. "La ventaja" es que va a permitir vender deuda a un interés menor que con los bonos patrióticos, alrededor de del 5,5% o 6%, cuando los bancos "por menos de un 8% no lo van a dar", ha dicho.

   En este sentido, el conseller ha apuntado que el FLA "no es un rescate", sino un mecanismo para permitir a las comunidades autónomas que puedan atender sus vencimientos de deuda. A la Generalitat "nadie le va a regalar nada" porque "lo único que me facilitan es el vehículo" para pagar, ha agregado Vela, quien ha indicado que en el momento que el dinero del FLA vaya llegando, "se irá pagando lo que no se ha podido pagar".

   El conseller ha recordado también que la Generalitat solicitará 3.500 millones al FLA --1.500 millones por la capacidad de endeudamiento presupuestario y 2.000 millones para cumplir con los vencimientos de deuda hasta final de año--.

   Asimismo, Vela ha indicado que el Gobierno valenciano ha previsto solicitar 1.000 millones adicionales que "caben" en el FLA aunque no sabe si vendrá de dicho fondo; depende de la "letra pequeña" de este mecanismo, ha dicho.

   Estos 1.000 millones sale, aproximadamente, de la suma de los 200 millones por la devolución correspondiente por el modelo de financiación; 150 millones de endeudamiento no consumido y cerca de 460 millones de vencimientos de deuda que la Generalitat atendió con los fondos de Tesorería.

   Por otro lado, el conseller de Hacienda ha defendido el estado de las cuentas de la Generalitat que, según ha destacado "sigue pagando" y en lo que va de año, hasta agosto, ha pagado 7.970 millones de euros y "una administración que está quebrada eso no lo puede hacer".

   De estos 7.970 millones, 2.305 millones son en nóminas, 266 millones para dependencia, 313 en hospitales, 692 en seguros sociales o 838 a las farmacias, a las que todavía se les debe alguna mensualidad, ha apuntado.

   Asimismo, ha señalado que la Comunitat Valenciana cumplirá con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento, marcado por el Gobierno central aunque, "el problema será la caída de ingresos", ha advertido.

   Por otro lado, Vela ha señalado que ya se está empezando a "ver el principio del final de la crisis". De esta manera, se ha basado en la evolución del sector exterior que, en su opinión, va a tener un "papel positivo" en la recuperación; la caída del Euribor y que "se empieza a mover la inversión empresarial".

   Vela ha celebrado que en el momento en que la administración recupere el plan habitual de pagos, "la cosa va a cambiar bastante" y ha destacado que el plan de pago a proveedores ha supuesto para la Comunitat una "inyección en vena" de 4.500 millones. El efecto de esa inyección de dinero "se empezará a notar a final de año", ha dicho.

   Por otro lado, el conseller ha hecho referencia al Plan de Reequilibrio de la Generalitat, que contempla la venta de inmuebles de la administración. En este punto, ha asegurado que "no se van a malvender" y ha indicado en el mes de octubre se dirigirán a varios fondos de inversión "solventes" que se han "interesado" por el alquiler de estos inmuebles.

   En alusión a este plan, el conseller también ha destacado el descenso en el gasto de personal de la Administración General y ha afirmado que se continuará reduciendo "de forma muy importante" este año gracias a las medidas adoptadas por el Consell y el Gobierno central. De hecho, considera que a final de año, este capítulo podría presentar una ahorro de 500 millones de euros "o más", teniendo en cuenta el efecto de eliminar la paga extra de Navidad.

La Comunitat cierra el agosto más cálido desde 1971

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha cerrado un agosto "extremadamente cálido", con una temperatura media de 26 grados, la más alta de la serie que empieza en 1971 hasta la actualidad, según ha informado este martes la Delegación Territorial en la Comunitat Valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   La temperatura media estimada del mes alcanzó los 26 grados, lo que supone 2,3 grados superior superior a la temperatura normal (media del periodo 1971-2000). El segundo mes más cálido del periodo fue agosto de 2003 con 25,7 grados de media y el tercero, 1994, con 25,6 grados.

   En cuanto a las capitales de provincia, Alicante registró un 27,5 grados, dos por encima de lo normal, al igual que Valencia, mientras que en castellón fue de 26,9 grados, 1,9 más. La causa de estas temperaturas tan altas ha sido la intensa ola de calor de los días 9 al 11 y la del 18 al 25, a lo que se añade que el resto de los días las temperaturas se han mantenido por encima de la media climática salvo el 7 y el 31 de agosto.

   La precipitación ha sido de 9,3 litros por metro cuadrado de media, un 60 por ciento inferior a lo que se considera normal en agosto. En la provincia de Castellón, las comarcas costeras de Valencia y Alicante y el interior alicantino las precipitaciones del día 30 fueron bastante intensas, acompañadas de tormenta, y se llegaron a registrar entorno a los 50-90 litros por metro cuadrado en las comarcas de la Ribera y la Safor.

   Por capitales de provincia, en Alicante se registraron 4,4 litros por metro cuadrado, un 47 por ciento menos de la media, con un claificativo de norma; en Valencia, 0,2 litros por metro cuadrado, un 99 por ciento menos y "muy seco", y en Castellón, 9,4 litros por metro cuadrado, un 68 por ciento menos de lo normal.

   En evolución temporal, el pasado agosto ocupó el decimocuarto lugar entre los más secos de la serie de los últimos 42 años. Sin embargo, este mes es climáticamente uno de los más secos del año en la Comunitat Valenciana.

El calvario judicial del PP valenciano comienza el próximo lunes

VALENCIA.- Este próximo lunes 10 de septiembre comienza el calvario judicial del PP valenciano. El partido del presidente Alberto Fabra está envuelto en varios procesos judiciales que afectan a tres supuestos casos de corrupción en los que, de alguna forma, aparecen implicados diputados populares: el caso Emarsa, el caso Cooperación y el caso de financiación ilegal, enmarcado en una separata del caso Gürtel, recuerda www.maspublico.com

La primera prueba de fuego será este lunes cuando se reanudarán las declaraciones por el llamado caso Emarsa. En él se investiga una presunta trama corrupta que se dedicó a saquear las arcas de la empresa pública de gestión de agua de Valencia y su área metropolitana del 2006 al 2009. Cerca de 25 millones de euros se calcula que se desvió de la empresa pública a manos privadas. En el auto aparecen imputadas varias personas vinculadas al Partido Popular.

El Tribunal Superior de Justicia ya ha hecho público el calendario de declaraciones y, antes de que acabe el año, pasarán más de 30 testigos por el juzgado número 10 de Valencia.

Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.

El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.

El encargado de investigar este caso será el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.

Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.

Los médicos no serán sancionados por atender a los 'sin papeles'

MADRID.- El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha asegurado que tienen el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que ningún profesional sanitario podrá ser penalizado o sancionado por atender a los inmigrantes en situación irregular que, desde septiembre, han perdido su derecho a tener tarjeta sanitaria.

   "A los médicos, y así me lo ha confirmado la ministra, deben dejarnos en paz para que hagamos lo que debamos hacer con cada paciente que se nos ponga delante", según lo ha confirmado durante la presentación de la campaña 2012 de Prevención de las Dolencias de la Espalda en los Escolares organizada en colaboración con la Fundación Kovacs.

   Y es que, con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del nuevo sistema de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, los médicos tenían "dudas" sobre si podrían atender a todos sus pacientes, incluidos los 'sin papeles', o a estos sólo se les atendería previo pago del coste de su atención.

   Sin embargo, como ha reconocido Rodríguez Sendín, estas dudas se han disipado después de que el departamento de Ana Mato les haya confirmado que podrán seguir atendiendo a todos sus pacientes y "no se va a castigar a nadie administrativamente" cuando atiendan a un irregular.

   "Nos han dicho que el médico va a hacer lo que debe de hacer y nadie le va a poner ninguna traba, y eso debemos celebrarlo", precisando que no habrá sanción siempre que la actuación profesional "se derive de unas obligaciones deontológicas".

   A partir de ahí, ha añadido, "se cobrará o no se cobrará, pero eso ya no es una cuestión nuestra. Nuestro problema es que nadie deje de estar atendido".

 "Creo que lo hemos logrado, ahora vamos a ver cuál es el resultado de aplicación y qué hacen las comunidades", según el presidente de la OMC.

   En este sentido, ha reconocido que el proceder dispar que están adoptando las comunidades obedece a que "están en diferentes momentos electorales", al tiempo que también ha pedido a los partidos políticos que "con cosas tan gordas como éstas se juegue lo justo".

   No obstante, Rodríguez Sendín ha advertido que aún hay temas que no se han clarificado, como la adquisición de medicamentos por parte de los inmigrantes irregulares u otros colectivos que no tengan tarjeta sanitaria.

   "Sí que me preocupa qué va a pasar con los medicamentos, cómo se les darán los medicamentos esenciales a los inmigrantes, pero también los drogadictos y mucha más gente. En los próximos años nos vamos a tener que preocupar por la gestión de la desigualdad", ha lamentado.

   En principio, el presidente de la OMC apuesta por que "se hará como se hacía antes". 

"Habrá médicos que echarán mano de medicamentos alternativos o de medicinas que tienen en los centros y, si somos sensatos, hay un montón de medicinas esenciales que son muy económicas y con las que prácticamente se atienden todos los problemas", ha insistido.

Un Estado moderno / Salvador Sostres *

Rajoy continúa sin hacer lo que tiene que hacer, que es crear las bases de un Estado moderno y verdaderamente útil a sus ciudadanos, y no este insalvable lastre. Sobra el 40% de los funcionarios, pero no sólo por la crisis, sino porque un Estado no puede ser esta demencial maquinaria de burócratas. Ni los maestros ni los médicos tienen que ser funcionarios, ni que la Sanidad y la Educación sean servicios universales significa que la red que los provee tenga que ser pública. Sobran 15 autonomías, con sus 15 parlamentos y sus 15.000 cargos duplicados. 

La paga extra de los funcionarios, que según Rajoy se ha suprimido de forma temporal, tiene que suprimirse para siempre y como concepto, porque nadie tiene que recibir nada extra por realizar bien su trabajo; y tiene, en cambio, que poder ser despedido si su rendimiento no es satisfactorio. Del mismo modo, la prestación por desempleo no sólo tiene que reducirse a siete meses, sino que tendría que quedar como un mero cojín de emergencia -uno o dos meses para parar el golpe- y que ir al paro no fuera una opción como lo ha sido hasta ahora para muchos caraduras, que trabajaban lo mínimo para poderse pasar luego largas temporadas cobrando del Estado sin hacer nada. 

Las subvenciones anulan la voluntad, el esfuerzo y la tensión que nos hacen vivir despiertos y aprovechar cada oportunidad como si fuera la única. Cuando perder el empleo no sea visto por tantos gandules como una ocasión de tomarse un descanso pagado, y todos tengan claro que sin su trabajo no son nada, tal vez lo cuiden con más responsabilidad y menos días personales, y entonces seremos una sociedad mucho más dinámica y competitiva. 

Hay que eliminar también el concepto de las vacaciones pagadas, y que nadie vuelva a creer nunca más que va a cobrar sin trabajar. Es justo que nos paguen por nuestro trabajo, pero si tenemos la ocurrencia de querer vacaciones, que sea por nuestra cuenta (y, sobre todo, riesgo, tal como están las cosas). 

He de decir igualmente que me sorprende escuchar tantas voces preocupadas por la crisis, y tantos discursos sobre la solidaridad, y que ningún trabajador haya tenido el gesto de renunciar a sus vacaciones para arrimar el hombro y emplearse a fondo en el propósito de ayudar a su empresa y de proteger su puesto de trabajo. Cuando en septiembre te encuentres en la calle, no digas que no te lo esperabas y pregúntate si hiciste algo para salvarte. Estoy harto de los que tantos discursos dan sobre la solidaridad sin que nadie vaya nunca a reclamársela. 

Tampoco es suficiente reducir un 20% las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Tanto unos como otros tendrían que vivir de las cuotas de sus militantes y afiliados, y de las contribuciones privadas que recibieran. Si no hay suficientes afiliados para mantener a los sindicatos es porque ya no representan a nadie, ni defienden a nadie más que a sus cuadros de secretarios, agitadores profesionales y liberados. Ésta es la única verdad de unos sindicatos que viven fuera de la realidad y que son contrarios a la prosperidad. 

No se trata sólo de ahorrar, sino de establecer un nuevo contrato entre el Estado y el ciudadano basado en la libertad y en la iniciativa personal, en nuestras cualidades de hombres y nuestra misión de desarrollarlas. Se trata de aceptar el reto, de recuperar el espíritu explorador y el sentido del honor, de alzarnos y de alargar los dedos hasta tocar la cara de Dios. 

(*) Columnista de El Mundo

Mireia Mollà acusa a la Generalitat de ser una "pieza fundamental" en los "abusos financieros" de la CAM

ALICANTE.-   La diputada en Les Corts de la coalición Compromís, Mireia Mollà, ha considerado que la autorización por parte del Gobierno autonómico del PP de concesión de créditos ICO al presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, "de manera presuntamente irregular", confirma que el ejecutivo valenciano ha sido "una pieza fundamental en los abusos financieros que se han cometido en los últimos años", según informa en un comunicado la formación de izquierdas.

   Mollà ha afirmado que la Conselleria de Economía "aprobó que se dieran créditos ICO a Avilés, a pesar de que sabía que sus sociedades no cumplían los requisitos para acceder a esta línea de financiación de la que el presidente de la comisión de control obtuvo más de cuatro millones de euros".

   En este sentido, la diputada ha añadido que "esta nueva irregularidad que habría cometido el Gobierno valenciano se suma a la larga lista de acciones que ha llevado a cabo durante los últimos años para alimentar la burbuja inmobiliaria o construir grandes eventos fallidos, unos fenómenos que han generado numerosos abusos financieros como los que cometieron algunos directivos de la CAM".

   "El PP, ante la indignación ciudadana, no ha tenido otro remedio que criticar los excesos cometidos por los directivos de las cajas, pero ha llegado el momento de que reconozca también su culpa al hacer que hayamos llegado hasta la situación actual", ha indicado la diputada de Compromís.

   Por otro lado, la diputada ha exigido que "se actúe con contundencia" con Juan Ramón Avilés "si se confirma que habría ejercido presiones para acceder en estas líneas de crédito del ICO, conseguir 17 millones de euros de la CAM en condiciones ventajosas para sus empresas y para ganar unos 300.000 euros en dietas irregulares de una de las filiales de la caja", ha indicado.

Aplazamiento

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 18 de septiembre la declaración como imputado del expresidente de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés en la causa en la que se investiga la concesión al exdirectivo de créditos por valor de 17 millones de euros.
   El magistrado mantiene, no obstante, la citación para mañana de otros siete directivos de la entidad. Así, Gómez Bermúdez interrogará a Segundo Romero Sánchez, exjefe de Riesgo Inmobiliario; Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.
   Los otros tres comparecientes son Enrique Carrión Carmona, director de Empresas en Murcia; Vicente Sánchez Asencio, directora general de Tenedora de Inversiones; y Sonia Torres, responsable de la entidad en Cartagena.
   El juez, ha aplazado también para el día 18 la declaración de los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.
   Gómez Bermúdez imputa a Avilés delitos societarios y de administración indebida tras haber admitido una querella que presentaron los gestores del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
   La querella sostiene que el exdirectivo habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
   Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.
   A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
   Tras la intervención, el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Ayuntamiento de Alicante aprueba la llegada de 140.000 toneladas de basura de Valencia a la planta de Fontcalent

ALICANTE.- La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes la firma de un convenio con el Consorcio de Residuos del Plan Zonal de las áreas X, XI y XII, correspondientes a varias comarcas de Valencia, para el tratamiento y eliminación de basuras domésticas en la planta alicantina de Fontcalent, por el que se regulará la llegada de 140.000 toneladas anuales, según ha explicado el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens.

   La rúbrica del acuerdo implica el tratamiento de 140.000 toneladas anuales de Residuos Domiciliarios (RD) hasta que las citadas áreas construyan su propia planta de tratamiento. El Consorcio del Plan Zonal X, XI y XII aglutina varias comarcas del sur de la provincia de Valencia como la Costera, la Canal de Navarrés, la Safor, la Vall d'Albaida y el Valle d'Ayora.

   En un encuentro informativo ofrecido junto a la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Marta García-Romeu, Llorens ha defendido que esta iniciativa conlleva un "beneficio" para Alicante, dado que las instalaciones de Fontcalent actualmente se encuentran "infrautilizadas".

   La planta "dispone de una capacidad de tratamiento de hasta 245.000 toneladas, y los futuros aportes derivados del convenio permitirán utilizar al menos un 80 por ciento" de la capacidad de la planta, ha apuntado.

   Además, ha asegurado que este acuerdo permitirá dar una solución a un "problema logístico y ambiental", al tiempo que el Ayuntamiento consigue "un ahorro de 6,8 millones de euros que permitirán financiar una gran parte del servicio de limpieza y recogida de residuos de Alicante".

   Así, con este nuevo contrato, el precio establecido por tonelada de basura será de 49,11 euros, de los cuales inicialmente 18 euros por tonelada serán para el Ayuntamiento y 31 euros serán para la empresa adjudicataria Inusa. No obstante, una vez aprobado definitivamente el nuevo pliego en los próximos meses, los 49,11 euros por tonelada irán destinados íntegramente a sufragar el servicio.

   Por otra parte, la junta local también ha validado este lunes las subvenciones a asociaciones en el ámbito de los servicios sociales, para las que se ha fijado una cantidad total de 525.000 euros. A la convocatoria para recibir estas ayudas se presentaron 82 solicitudes, de las cuales 63 correspondieron a proyectos y programas, y las 19 restantes a gastos corrientes de mantenimiento y funcionamiento. Del total, fueron admitidas 70 y desestimadas 12.

   Las subvenciones de mayor cuantía --25.000 euros cada una-- corresponden al Hogar Residencia de la Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA) y al Programa de Respiro Familiar y Vida Social 2012, que desarrolla la Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual.

   En cuanto a la ayuda de menor presupuesto --600 euros--, es la que percibirá la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Alicante (Adifia) para realizar las terceras jornadas 'La discapacidad en la educación de los niños'.

Los sindicatos hacen un llamamiento para la marcha contra los recortes del 15 de septiembre en Madrid

ALICANTE.- Los sindicatos CCOO y UGT de Alicante han realizado este fin de semana una concentración frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de la ciudad, en la que han clamaron contra las "políticas de recortes económicos y sociales del Gobierno", al tiempo que han hecho un llamamiento para la movilización a la manifestación prevista para el próximo 15 de septiembre en Madrid.

   El acto, en el que se dieron cita unas 300 personas, según los sindicatos, estuvo enmarcado en la campaña de movilizaciones "contra las políticas de recortes y de deterioro de los servicios públicos en Sanidad, Educación, o Dependencia, que afectan a los trabajadores", según ha explicado a los periodistas la secretaria general intercomarcal de CCOO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro.

   La sindicalista ha resaltado que en la provincia de Alicante hay más de 41.000 familias que no tienen "ningún tipo" de ingreso, por lo que ha aprovechado para denunciar "los recortes en el sistema público de protección al desempleo".

 "A los desempleados se les señala como los culpables de la falta de políticas de creación de empleo y se les culpabiliza de una situación imposible para encontrar un empleo digno, no miserable y de subsistencia, como están planteando algunos dirigentes del PP y algunos empresarios de este país", ha enfatizado.

   Navarro también ha recalcado que a esta concentración, además de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Valenciana, se habían sumado proyectos y organizaciones sociales de Alicante, las cuales, a su juicio, "están en la cuerda floja, ya que la Generalitat valenciana no paga las subvenciones a las que se compromete".

   En sus declaraciones, ha indicado que los sindicatos están preparando la cumbre social del próximo 10 de septiembre, y la "gran" manifestación, "le pese a quien le pese", del día 15 del próximo mes prevista en Madrid, y que transcurrirá bajo el lema 'Quieren arruinar el país'.

   "Estamos seguros que la sociedad organizada y la no organizada va a estar en Madrid denunciando que no compartimos esta manera de gestionar a costa de nuestra vida, a costa de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar. Hay otras maneras de hacerlo, siendo valiente y tomando decisiones no contra la gente, sino contra los grandes poderes especuladores que quieren mantener un 'status quo' que cada vez nos haga más pobres y más pequeños", ha subrayado.

   Al ser preguntada sobre si CCOO tiene previsiones de una cifra de personas que pueden desplazarse a la capital de España para participar en la manifestación, Navarro ha mostrado su convencimiento de que serán "miles y miles", y ha apuntado que "se espera que ese día lleguen a Madrid más de un millón y medio de personas para manifestar el malestar y las propuestas" de los sindicatos y de los colectivos sociales.

   Igualmente, ha recordado que las centrales sindicales van a pedir un referéndum para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se entere de que la gente se da por engañada y no se cree nada de lo que está diciendo en estos momentos".

   Por su parte, el secretario general de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, ha indicado que la temporada estival ha dado, "entre comillas, un ligero respiro" en el ascenso del desempleo, si bien ha apuntado su temor a que una vez acabado el verano, se vuelva "a la cruda realidad, que significa un aumento importante del desempleo y que colectivos como el juvenil tengan unas peores condiciones".

   "Los jóvenes son el blanco de las políticas económicas del PP, este país no es para jóvenes, porque se les están dando pocas alternativas, que son quedarse y asumir las consecuencias negativas, salir a buscar trabajo fuera del país, o vivir a costa de sus padres", ha criticado.

Las desaladoras salvan el suministro de Alicante y Murcia en verano

MADRID.- Las desaladoras del sureste peninsular han salvado el abastecimiento de tres millones de personas —en localidades tan turísticas y relevantes como Torrevieja, La Manga, Murcia y Alicante—. Una avería en el trasvase Tajo-Segura y la sequía ha llevado a las autoridades del PP a multiplicar por 20 la producción de agua desalada en las cuatro plantas ya terminadas y a acelerar las tres que faltan. La ironía es que el PP criticó duramente estas instalaciones en la oposición, según 'El País'.

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo de Marco, explica que las desaladoras de San Padro del Pinatar I y II y Alicante I y II funcionan desde julio “al 100%, aunque con pequeñas incidencias”. El Taibilla, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, abastece a 77 municipios de Murcia, Alicante y Albacete, que en verano suman tres millones de habitantes. La producción de agua desalada en julio fue de 6,5 hectómetros cúbicos y en el mismo mes de 2011 fue de solo 0,3 hectómetros cúbicos, 21 veces menos. En 2010 funcionaron a mayor ritmo, pero no tanto como ahora. A la sequía se le ha sumado una avería en el ramal de la margen izquierda del trasvase Tajo-Segura. Un hundimiento impide llevar el agua a varias de las potabilizadoras de la mancomunidad.

Sin las desaladoras, “probablemente habría habido problemas de suministro; han sido una buena solución”, explica Gallardo. Un 30% del consumo de la cuenca ya procede de agua desalada, que llega a la ciudad de Murcia, a 40 kilómetros del litoral. El resto procede del río Taibilla y del trasvase. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló como fracaso del plan de desaladoras que, tras una inversión de 1.600 millones de euros, en 2011 solo funcionaron al 16% de su capacidad. En 2012 esa cifra será mayor, entre otras cosas porque la Comisión Europea ha exigido a España que funcionen tras aportar la mayor parte del dinero para su construcción. La desalación ha resultado ser un sistema de emergencia para afrontar sequías. La desaladora de Alicante I abrió en 2003 y la de San Pedro estaba a medias cuando el PSOE llegó al Gobierno. Las otras dos se construyeron en el plan de desalación que sustituyó al trasvase del Ebro. En 2003, antes de su puesta en marcha, el Taibilla decretó cortes de agua tras un verano muy seco.

La reparación del túnel del trasvase Tajo-Segura, destrozado a finales de junio por la acción de una falla, concluirá como pronto en enero, por lo que la necesidad de las desaladoras continuará. Además, el Gobierno ha recurrido a pozos de emergencia. Una de las consecuencias es que el recibo del agua en la zona tendrá que subir, ya que el agua desalada es mucho más cara que la del trasvase, como señala Gallardo. El Gobierno ha dado la orden de destinar el líquido de la desalación al abastecimiento. Ante la delicada situación de la cabecera del Tajo, el agua del trasvase, que es más barata, irá al regadío.

Manuel Aldeguer, secretario de Agua del PSOE de Alicante y excomisario de Aguas del Segura, lamenta las pegas que han puesto Administraciones del PP a las desaladoras, especialmente en la Comunidad Valenciana: “Si no se repara pronto la avería del trasvase puede haber problemas. Y la desaladora de Torrevieja, que puede producir 80 hectómetros cúbicos al año [la mayor de Europa], está sin terminar por las trabas que le puso el PP”.

El Gobierno de Alberto Fabra dio los últimos permisos para la desaladora de Torrevieja en noviembre de 2011, unos pocos días antes de las elecciones generales. Antes, Esteban González Pons había dicho que las desaladoras eran “nucleares del mar”. Otras dos desaladoras en Murcia (Águilas y Valdelentisco) no tienen suficiente conexión eléctrica ni bastantes conducciones para sacar toda su producción. En otras zonas del litoral, como en Castellón, las desaladoras se construyeron en previsión de grandes desarrollos inmobiliarios que nunca llegaron y siguen ociosas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ya declaró en el Congreso en mayo que su intención era poner en marcha las desaladoras: “Sería una irresponsabilidad por parte de este ministerio no poner en uso las inversiones realizadas en desaladoras, inversiones que han sido financiadas con fondos propios y cofinanciadas en otra parte con fondos europeos”.

Ángel Cajigas, director de la patronal de desalación ATTA, señala que “las desaladoras son un elemento de garantía. Es muy complicado que funcionen al 100% todo el tiempo, pero en una sequía cualquier avería hace necesario ponerlas en marcha”. Sobre el alto precio del agua desalada, matiza: “Es cara, claro. Pero el agua más cara es la que no hay. ¿Qué estaría dispuesto a pagar al día un ciudadano por el agua que no sale del grifo? No se pueden criticar las desaladoras y, luego, cuando falta el agua, usarlas”.

Ryanair se enfrenta a la justicia francesa por "trabajo clandestino"

PARÍS.- Ryanair será juzgada por la justicia penal francesa tras la investigación abierta por las autoridades galas en 2010 por "trabajo clandestino" en el aeropuerto de Marsella en el que basó cuatro aviones y contrató unas 200 personas en 2006.

Según recoge el periódico francés Le Figaro, ya en 2010 la compañía de bajo coste conocía las investigaciones, motivo por el que amenazó con abandonar la ciudad gala, destacando que el impacto económico de tal salida supondría 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

No obstante, a principios de 2011 la low cost continuó con sus operaciones entre Marsella y otras grandes ciudades europeas, aunque mantuvo el descanso de la tripulación en la ciudad francesa, y trasladó la base de sus aviones a Roma, Dublín y Londres.

En varias ocasiones, el presidente de la aerolínea, Michael O'Leary, ha destacado que el aeropuerto de Marsella ya no es rentable para la empresa, ya que el pasado año registró un millón de pasajeros, 500.000 viajeros menos que en 2010.

Por ello, O'Leary consideró que estaba autorizado para contratar personal francés bajo las leyes sociales y fiscales de Irlanda, mucho más favorables, eludiendo la ley gala, motivo por el que ya fue condenada la aerolínea británica easyJet.

Otoño caliente / Ignacio Ramonet

Como si las vacaciones de verano fuesen un manto de olvido que disipase la brutalidad de la crisis, los medios de comunicación han tratado de distraernos con dosis masivas de embrutecimiento colectivo: Eurocopa de fútbol, Juegos Olímpicos, aventuras estivales de ‘famosos’, etc. Desean hacernos olvidar que una nueva andanada de recortes se avecina y que el segundo rescate de España será socialmente más lastimoso… Pero no lo han conseguido. Entre otras razones, porque los audaces aldabonazos de Juan Manuel Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han roto el conjuro y mantenido la alerta social. El otoño será caliente.

En una conversación pública mantenida en agosto pasado (1) con el filósofo Zygmunt Bauman coincidíamos en la necesidad de romper con el pesimismo imperante en nuestra sociedad desengañada del modo tradicional de hacer política. Debemos dejar de ser sujetos individuales y aislados, y convertirnos en agentes del cambio, en activistas sociales interconectados. “Tenemos el deber de tomar el control de nuestras propias vidas –afirmó Bauman–. Vivimos un momento de grave incertidumbre donde el ciudadano no sabe realmente quién está al mando, y esto hace que perdamos la confianza en los políticos y en las instituciones tradicionales. El efecto en la población es una situación constante de miedo, de inseguridad… Los políticos sugestionan a los ciudadanos para que siempre tengan miedo, y así poder controlarlos, constreñir sus derechos y limitar las libertades individuales. Estamos en un momento muy peligroso, porque las consecuencias de todo esto afectan nuestra vida diaria: nos repiten que debemos tener seguridad en el trabajo, mantenerlo a pesar de las duras condiciones de empleo y de precariedad, porque así obtendremos dinero para poder gastar... El miedo es una forma de control social muy poderosa”.

Si el ciudadano ya no sabe quién está al mando es porque se ha producido una bifurcación entre poder y política. Hasta hace poco, política y poder se confundían. En una democracia, el candidato (o la candidata) que, por la vía política, conquistaba electoralmente el poder Ejecutivo, era el único que podía ejercerlo (o delegarlo) con toda legitimidad. Hoy, en la Europa neoliberal, ya no es así. El éxito electoral de un Presidente no le garantiza el ejercicio del poder real. Porque, por encima del mandatario político, se hallan (además de Berlín y Angela Merkel) dos supremos poderes no electos que aquél no controla y que le dictan su conducta: la tecnocracia europea y los mercados financieros.

Estas dos instancias imponen su agenda. Los eurócratas exigen obediencia ciega a los tratados y mecanismos europeos que son, genéticamente, neoliberales. Por su parte, los mercados sancionan cualquier indisciplina que se desvíe de la ortodoxia ultraliberal. De tal modo que, prisionero del cauce de esas dos rígidas riberas, el río de la política avanza obligatoriamente en dirección única sin apenas margen de maniobra. O sea: sin poder.

“Las instituciones políticas tradicionales son cada vez menos creíbles –dijo Zygmunt Bauman– porque no ayudan a solucionar los problemas en los que los ciudadanos se han visto envueltos de repente. Se ha producido un colapso entre las democracias (lo que la gente ha votado), y los dictados impuestos por los mercados, que engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos fundamentales”.

Estamos asistiendo a la gran batalla del Mercado contra el Estado. Hemos llegado a un punto en que el Mercado, en su ambición totalitaria, quiere controlarlo todo: la economía, la política, la cultura, la sociedad, los individuos… Y ahora, asociado a los medios de comunicación de masas que funcionan como su aparato ideológico, el Mercado desea también desmantelar el edificio de los avances sociales, eso que llamamos: “Estado de bienestar”. 

Está en juego algo fundamental: la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se está privatizando (o sea: transfiriendo al mercado) de forma silenciosa la educación. Con los recortes, se va a crear una educación pública de bajo nivel en el que las condiciones de trabajo estructuralmente van a ser difíciles, tanto para los profesores como para los alumnos. La enseñanza pública va a ­tener cada vez más dificultades para favorecer la emegencia de jóvenes de origen humilde. En cambio, para las familias acomodadas, la enseñanza privada va a conocer seguramente un auge mayor. Se van a crear de nuevo unas categorías sociales privilegiadas que accederán a los puestos de mando del país. Y otras, de segunda categoría, que sólo tendrán acceso a los puestos de obediencia. Es intolerable.

En ese sentido, la crisis probablemente actúa como el shock, del que habla la socióloga Naomi Klein en su libro La Doctrina del shock (2): se utiliza el desastre económico para permitir que la agenda del neoliberalismo se realice. Se han creado mecanismos para tener vigiladas y bajo control a las democracias nacionales, para poder aplicar (como está pasando en España y pasó antes en Irlanda, Portugal o Grecia) feroces programas de ajuste vigilados por una ­nueva autoridad: la troika que ­forman el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo; unas instituciones no democráticas cuyos miembros no son elegidos por el pueblo. Instituciones que no representan a los ciudadanos. 

Y sin embargo, esas instituciones –con el apoyo de unos medios de comunicación de masas que obedecen a los intereses de grupos de presión económicos, financieros e industriales– son las encargadas de crear las herramientas de control que reducen la democracia a un teatro de sombras y de apariencias. Con la complicidad complaciente de los grandes partidos de gobierno. ¿Qué diferencia hay entre la ­política de recortes de Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy? Muy poca. Ambos se han ­inclinado servilmente ante los especuladores financieros y han obedecido ciegamente a las consignas eurocráticas. Ambos han liquidado la soberanía nacional. Ninguno de los dos tomó decisión política alguna para ponerle freno a la irracionalidad de los mercados. Ambos consideraron que, ante los dictados de Berlín y el ataque de los especuladores, la única solución consiste –a semblanza de un rito antiguo y cruel– en sacrificar a la población como si el tormento inflingido a las sociedades pudiera calmar la codicia de los mercados.

En semejante contexto, ¿tienen los ciudadanos la posibilidad de reconstruir la política y de regenerar la democracia? Sin duda. La protesta social no cesa de amplificarse. Y los movimientos sociales reivindicativos se van a multiplicar. Por ahora, la sociedad española aún cree que esta crisis es un accidente y que las cosas volverán pronto a ser como eran. Es un espejismo. Cuando tome conciencia de que eso no ocurrirá y de que estos ajustes no son “de crisis” sino que son estructurales, que ­vienen para quedarse definitivamente, entonces la protesta social alcanzará probablemente un nivel importante. 

¿Qué exigirán los protestatarios? Nuestro amigo Zygmunt Bauman lo tiene claro: “Debemos construir un nuevo sistema político que permita un nuevo modelo de vida y una nueva y verdadera democracia del pueblo”. ¿A qué esperamos?

(1) En el marco del Foro Social organizado en el seno del Festival Rototom Sunsplash en Benicàssim (Castellón) del 16 al 23 de agosto de 2012. www.rototomsunsplash.com/es

(2) Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Barcelona, 2007.

El valor del Sabadell se acerca a la paridad con el canje de las preferentes de CAM

ALICANTE.- Los ahorradores que en su momento adquirieron participaciones preferentes de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), y que aceptaron luego la oferta de canje realizada por Banco Sabadell tras absorber la entidad alicantina van a tener suerte, según 'Abc'. 

El buen comportamiento del banco en bolsa ha revalorizado los títulos en un tiempo récord y, apenas un mes después de que se cerrara el plazo para convertir preferentes en acciones, éstas han llegado a alcanzar un valor de 2,15. Una subida que acerca los títulos al 2,30, el valor al que fue realizado el canje y que en el momento de su formalización, en el mes de julio, rondaba aproximadamente el 1,52.

De confirmarse la tendencia, los clientes de la CAM con un perfil inversor más conservador, que en los meses pasados vivieron en la incertidumbre al ver bloqueado su capital depositado en participaciones preferentes, podrían definitivamente recuperar la totalidad de su inversión.

Si bien todavía no se ha registrado una presión vendedora especialmente llamativa, algunas oficinas sí reconocen que son muchos los titulares que han pedido información para realizar la operación de forma inminente si se mantiene la tendencia alcista. Algunos incluso renunciando al diferencial, cada vez menor, entre el valor actual y aquel al cual fue realizado el canje. Al cierre de esta edición, si un accionista proveniente del canje decidiera vender sus títulos, la pérdida sobre su inversión inicial estaría incluso por debajo del 10 por ciento.

Cabe recordar que los tenedores de estas acciones tienen libertad para operar con ellas. No obstante, los que aguanten su posición tienen asegurado por parte de la entidad un 24 por ciento adicional al valor nominal en efectivo, a través de un pago diferido que Sabadell realizará trimestralmente durante cuatro años -a razón de un 1,5 por ciento en cada pago-. De esta forma la entidad garantiza la recuperación de la inversión.

El 95,7% aceptó el canje

La operación del canje de acciones por participaciones preferentes, que se ha llevado a cabo con una aceptación del 95,7 por ciento de los clientes de CAM, ha permitido además a Sabadell reforzar con 1.404 millones de euros su estructura de capital, y elevar su ratio de core capital en 173 puntos básicos, hasta el 10,04%. Este puede ser, precisamente, uno de los motivos que explican el alza en las acciones, ya que los inversores están cerrando las posiciones cortas habida cuenta de la actual solidez del banco, y empieza a generalizarse la idea de que el Sabadell estará en el «grupo cero» -es decir, entidades que no necesitarán ayudas de la Unión Europea-.

Además, el ERE y la reestructuración de la red de oficinas en los que se halla inmerso la entidad (y por el que puede llegar a reducir en 1.773 empleados la plantilla) también podría haber sido bien recibido por los inversores.

Los imputados de la CAM no pagarán la fianza a la espera de la decisión del juez

ALICANTE.- Ignorar mientras sea posible la resolución del juez Javier Gómez Bermúdez que ordena el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros, y esperar acontecimientos mientras se resuelve su recurso contra dicha resolución. Esa es la estrategia trazada por las defensas de los cinco exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional, que les atribuye los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros, según 'Abc'.

Gómez Bermúdez imputó a finales de junio al expresidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Todos ellos han pasado ya por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, para prestar declaración en calidad de imputados, y el magistrado ha adoptado medidas cautelares contra algunos de ellos. En el caso de López Abad o Amorós, por ejemplo, con la retirada del pasaporte.

Al mismo tiempo, Gómez Bermúdez fijó la citada fianza de 25,8 millones de euros en un auto firmado el pasado 26 de julio. El magistrado concedía a los cinco imputados -la fianza es solidaria- un plazo de quince días, que venció la semana pasada. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que no se ha producido depósito alguno.

Para el martes está prevista la declaración como imputado del presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, tras la querella del FROB que lo acusa de obtener créditos en condiciones ventajosas -una acusación por la que Avilés, a su vez, se querelló hace varios meses contra los inspectores del Banco de España-. Al igual que los cinco imputados en la causa principal de la CAM (cabe recordar que Gómez Bermúdez ha abierto una causa diferente para Avilés), éste tampoco tiene intención por el momento de hacer efectiva la fianza de 2,8 millones de euros que solicita el FROB en su querella.

El jefe de la comisión de control de CAM presentó ya un recurso contra la admisión de la querella del FROB, en el que rechaza las acusaciones de los administradores provisionales de la caja. Los otros cinco imputados, mientras, esperan que se resuelva el recurso que presentaron en su momento contra la fianza. Si bien dicho recurso no les eximía de realizar el depósito de los 25,8 millones, sus defensas apuestan por esperar acontecimientos. El juez, mientras, no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Por otra parte, una vez finalizada la primera toma de contacto entre la dirección del Banco Sabadell y los sindicatos, todo apunta a que el ERE que debe acometer la entidad tras adquirir el Banco CAM implicará 1.000 despidos, al margen de prejubilaciones y bajas voluntarias. Tal como adelantó 'Abc' el pasado sábado, la intención de Sabadell es llevar a cabo 600 prejubilaciones en CAM y otras tantas en su propia plantilla, para completar los 2.200 puestos de trabajo a extinguir por orden de Bruselas. Las negociaciones se abrirán de forma oficial el jueves.

El Sabadell recupera el fallido proyecto de Caja Mediterráneo en México

ALICANTE.- El Banco Sabadell intenta poner en orden y rentabilizar uno de los mayores embrollos inmobiliarios en los que se metió la CAM de la mano de sus anteriores gestores y de la constructora alicantina Hansa Urbana: el proyecto para construir un megacomplejo turístico en el estado mexicano de Baja California, en Cabo Cortés, junto a un espacio natural protegido, según el diario 'Información'. 

Tras verse obligado a renunciar al proyecto original ante la fuerte oposición de los ecologistas -que hace dos meses forzaron al Gobierno mexicano a revocar los permisos que había concedido- el banco ha conseguido reunir a un grupo de inversores y, con el asesoramiento de la constructora OHL, ya ha presentado a las autoridades medioambientales un nuevo plan urbanístico con la esperanza de conseguir su visto bueno y poder edificar.
Para ello la nueva sociedad que el Sabadell ha creado con sus socios, La Riviera Desarrollos, ha tenido que rebajar la edificabilidad prevista, aunque esto suponga una rentabilidad menor. El objetivo es evitar que el desarrollo del complejo siga estancado o, lo que es peor, que no llegue a construirse nunca lo que acarrearía cuantiosas pérdidas para los nuevos propietarios del ahora Banco CAM, que habría invertido alrededor de 100 millones en la compra de los terrenos.
Así, frente a las 27.000 habitaciones de hotel y 8.000 viviendas que contemplaban los planos en un primer momento, la nueva solicitud prevé sólo 3.450 habitaciones hoteleras y 6.650 viviendas, según consta en el boletín oficial que edita esta institución, aunque ayer varios medios locales del país azteca hablaban de 23.000 plazas hoteleras citando a una organización ecologista, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que ya ha mostrado su oposición también al nuevo planteamiento.
El megacomplejo ocupa una superficie de casi 38 millones de metros cuadrados y también incluye dos campos de golf, una marina deportiva, una aeropista, clubes deportivos y una planta desaladora para abastecer la urbanización.