MADRID.-
El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo
años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con
el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos).
Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para
el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados,
con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas,
según reoge www.elperiodico.com.
No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para
intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el
proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que,
según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800
millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus
familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda.
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos,
también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para
contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos
de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de
seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades
autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación
tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha
gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer
las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del
2018.
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga
Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con
los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo.
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de
la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern.
Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa
estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una
disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las
administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor
prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda”
previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
En su disposición adicional última el proyecto de ley
admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al
importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones
financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por
esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la
deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero.
“Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y
detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una
trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del
Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de
354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto,
los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de
euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro
del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación
del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de
ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista,
que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión
Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y
del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del
Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y becas) sobre el
presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su
crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros
corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del
gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto”
interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”,
criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas,
no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas,
pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el
sindicato
Entre
las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%)
mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los
31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702
millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas. Con
todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6%
del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008,
cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total
consolidado, según recordó UGT.
