VALENCIA.- La batalla de la fiscalidad entre territorios
ha puesto en alerta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT). Las notables diferencias a la hora de abordar tributos de
recaudación autonómica como sucesiones y donaciones o el impuesto de
patrimonio
están propiciando que algunas grandes fortunas, las más afectadas por
esas figuras tributarias, hayan decidido modificar su domicilio habitual
con el fin de reducir su factura fiscal, incide hoy El Confidencial.
Autonomías
como Andalucía se han lanzado al juego de las rebajas. Pero una de las
grandes beneficiarias del movimiento de patrimonios en busca de impuestos más laxos
dentro del propio territorio español ha sido la Comunidad de Madrid.
Favorecida por el efecto capital y la cada vez mayor concentración
corporativa, Madrid tiene además bonificado al 100% el impuesto sobre el
patrimonio, que ha renunciado a cobrar, y en un 99% el relativo a las
herencias y donaciones sin excepción.
El
'oasis fiscal' promovido por el Partido Popular desde la etapa de
Esperanza Aguirre y respaldado ahora por Ciudadanos y Vox, socios de
Isabel Díaz Ayuso, está muy dirigido a los millonarios,
porque los territorios que conservan la recaudación por estas figuras
mantienen bonificaciones para rentas medias y bajas.
Ayuso ha impulsado
también una rebaja del tramo autonómico del IRPF. Estas políticas están
siendo contestadas desde el PSOE, a través de la ministra de Hacienda en
funciones, María Jesús Montero, y por otros territorios como la
Comunidad Valenciana, donde su 'president', el socialista Ximo Puig,
ha acusado a los populares de practicar el 'dumping' fiscal y
perjudicar a regiones que, como la valenciana, sufren problemas de
financiación y no pueden permitirse rebajas tributarias aunque quieran.
Es
el mismo mensaje de denuncia que empleaba la expresidenta andaluza
Susana Díaz hasta que los socialistas perdieron la Junta en favor del
acuerdo PP-Cs-Vox liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla.
Sin embargo, la AEAT ha comenzado a detectar que no todas las mudanzas y
cambios de domicilio son reales y se ha propuesto perseguir a quienes
simulan trasladar su lugar de residencia habitual con el fin de eludir
sus obligaciones fiscales.
El organismo dependiente del Ministerio de
Hacienda ha montado un primer grupo de trabajo en colaboración con la
Agencia Tributaria Valenciana (ATV) para investigar e inspeccionar a los
que se conoce como "contribuyentes deslocalizados" y
los cambios de domicilio entre comunidades.
Este grupo tiene su origen
en conversaciones que la Generalitat inició hace más de un año a través
del Consejo Territorial conjunto para la Dirección y Coordinación de la
Gestión Tributaria. Se trata de un órgano de colaboración que la AEAT
replica con el resto de autonomías.
La experiencia valenciana es la
primera sobre esta cuestión y se ha traducido en la elaboración de un
plan que ha comenzado a dar sus primeros frutos, según ha podido saber
El Confidencial de fuentes solventes.
La AEAT y la ATV han abierto hasta la fecha una decena de expedientes por patrimonio y sucesiones y donaciones,
de los cuales uno ya se ha cerrado con conformidad en favor de la
Hacienda valenciana por importe de 14 millones de euros, incluyendo la
regularización y una sanción económica.
Los 10 expedientes incluyen
cambios de domicilio desde la Comunidad Valenciana a Madrid. El que ya
está cerrado obliga a los herederos de una contribuyente de avanzada
edad que en teoría había fijado su residencia en la capital de España a
liquidar la herencia en Valencia después de que los inspectores
concluyesen que era en esta ciudad donde realmente residía hasta su
fallecimiento.
Según explican las mismas fuentes, las alertas en estos casos saltan en la Agencia Tributaria
cuando se producen determinadas circunstancias, especialmente que se
haya producido un cambio de domicilio en los últimos cinco años y exista
un patrimonio elevado.
Si los técnicos de la inspección consideran que
hay elementos para abrir expediente, se inicia una segunda labor casi
detectivesca en la que Hacienda comienza a cruzar datos de bases de
datos de las administraciones públicas: tarjetas sanitarias, gastos de
farmacia y lugares donde se presentan las recetas, consumos eléctricos
e, incluso, visitas al domicilio para comprobar si está realmente
habitado.
El grupo de trabajo de la AEAT y la AVT es un primer laboratorio que
podría tener continuidad en otras autonomías. De hecho, es algo que
vienen reclamando los propios profesionales de la Agencia Tributaria.
Las falsas deslocalizaciones fueron uno de los temas tratados en el
último congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), celebrado en Zaragoza.
El Gobierno de Asturias,
por ejemplo, donde existen bonificaciones en sucesiones para casi toda
la población pero se mantiene para las grandes fortunas, trabaja también
en la puesta en marcha de controles específicos para perseguir los
cambios ficticios de domicilio.
Las autonomías afectadas por estas
elusiones provocadas por lo que denominan 'dumping' fiscal de unos
territorios sobre otros señalan que este tiene un doble efecto: por un
lado, sobre los tributos que recaudan las propias administraciones
territoriales, pero también sobre la recaudación del IRPF, una de las
bases sobre las que se calculan las trasferencias del sistema de
financiación autonómico.
A vueltas con los tributos a la sucesión de la empresa familiar
El impuesto de sucesiones y donaciones que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 99%
para el conjunto de la población es una importante fuente de ingresos
para otras autonomías.
En la Comunidad Valenciana, el tributo cuenta con
reducciones para las clases medias, con límites en las herencias que
están exentas del pago en función del grado de parentesco o volumen
patrimonial heredado. Pese a ello, el año pasado, el ISD aportó a la
caja autonómica 272,6 millones de euros.
Esta semana, una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los
Presupuestos de la Generalitat para 2020 ha propiciado una polémica
entre los socios del llamado Pacte del Botànic. Ximo
Puig prometió en campaña elevar al 99% las bonificaciones en la sucesión
de las participaciones y los negocios considerados de "empresa
familiar".
Actualmente, la legislación establece una bonificación
general del 95%, pero los socialistas valencianos pretendían elevar al
máximo esta ventaja con la filosofía, por un lado, de garantizar la
continuidad de estos proyectos empresariales, y por otro, de evitar la
fuga de sedes sociales a otras autonomías en plena guerra fiscal entre
territorios.
Sin embargo, la introducción de una exención global
en la sucesión de todo tipo de empresas familiares en pleno debate sobre
la fiscalidad de las grandes fortunas fue recibida con rechazo por los
socios del barón socialista, Compromís y Podemos.
En la práctica, su
propuesta significaba incluir en las nuevas bonificaciones la
transmisión de grandes compañías como Mercadona, Boluda, Martinavarro
y muchas otras de tamaño medio o grande.
Finalmente, y tras una intensa
negociación, salió adelante una enmienda que elevaba al 99% la
bonificación a empresas familiares de facturación no superior a 10
millones de euros y a negocios individuales profesionales o
explotaciones individuales agrícolas sin límite de cifras de ventas. El
resto de las empresas legalmente consideradas 'familiares' tributará con
una reducción del 95%.
