VALENCIA.- La Generalitat valenciana realizará a partir del próximo 4 de mayo dos emisiones de deuda de hasta 900 millones de euros dirigida exclusivamente a inversores minoristas mediante la puesta en circulación de bonos por un valor nominal de 1.000 euros con un plazo de 12 y 24 meses y unos intereses del 4,25 y 4,75, respectivamente. De ese importe total, 600 millones ya están asegurados por las entidades colocadoras.
Así lo ha asegurado el conseller de Economía, Gerardo Camps, durante una comparecencia ante los medios en la que ha resaltado que esta cifra final supera a la prevista inicialmente, anunciada el pasado lunes, que comprendía una emisión asegurada de 500 millones ampliable hasta 800, y se suma a las realizadas el pasado mes de diciembre, de 1.500 millones y dirigida también al tramo minorista, y a la de 400 millones de este mismo mes de abril al mercado mayorista.
Según ha explicado, la decisión de volver a recurrir a los inversores minoristas se debe "a la imposibilidad de seguir colocando bonos en el mercado mayorista", dado que las circunstancias macroeconómicas están influyendo negativamente en los mercados financieros, con el consiguiente cierre de los mercados mayoristas de deuda, como lo demuestra "el encarecimiento de las emisiones del Estado español".
Gerardo Camps ha recordado que el pasado mes de diciembre, en "un momento complicado" económicamente hablando, la Generalitat consiguió colocar 1.500 millones de euros entre inversores minoristas, un hecho que ha considerado como "un respaldo de los ciudadanos a la Generalitat, a nuestra gestión". Además, ha agregado que la posterior emisión al mercado mayorista en abril fue "un éxito" y "ha demostrado nuevamente la percepción de solvencia de la Generalitat en los mercados".
No obstante, ha admitido que esta "ventana" que se abrió en el mercado de deuda "se cerró" y en estos momentos "el apetito inversor vuelve a ser muy escaso", como lo demuestra que algunas comunidades intentaran poco después de la valenciana emitir deuda al tramo mayorista "y no pudo ni abrir libro", el primer paso para iniciar la emisión.
Camps ha justificado la decisión de realizar una nueva colocación en que la Generalitat tiene un remanente de autorizaciones del Consejo de Ministros de 2010, por lo que tiene margen para llevar a cabo esta emisión "para seguir agilizando el compromiso de pago a sus proveedores", que se reducirá hasta los 30 días "aproximadamente".
En este sentido, ha cuestionado que "cuando se tiene autorización del Gobierno para emitir deuda, qué sentido tendría no emitir, trayendo consigo que se pudieran producir dilaciones en el pago a los proveedores".
Ha detallado que en la actualidad, el plazo de pago está en torno a los 90 día, aunque en los servicios de carácter social (entre ellos la factura farmacéutica) se sitúa en 30 días y en los pagos a contratistas del Plan Confianza, en 60. "Me pregunto si alguna comunidad supera ese plazo, a lo mejor se llevan una sorpresa" ha espetado el conseller.
También ha descartado que esta emisión persiga fines electoralistas, como han apuntado desde el PSPV, ya que "acabando el 20 de mayo el plazo, es difícil que ni un sólo euro de esta emisión se destine a algo que tenga que ver con las elecciones municipales".
Así, ha insistido en que la Generalitat tiene capacidad para seguir emitiendo deuda incluso después de esta colocación, según el Plan 2009-2011, aunque ha admitido que "o lo autoriza el Gobierno --a través del Consejo de Ministros-- o no podremos emitir deuda".
"El Gobierno nos reconoce la capacidad, pero luego el que autoriza es el Consejo de Ministros", ha agregado Camps, que ha detallado que el Gobierno ha autorizado ya para el presente ejercicio 141 millones, por lo que quedarían cerca de 1.700 millones con cargo a 2011 más el remanente de 2010, de en torno a 500 millones de euros.
Camps ha criticado durante su comparecencia la política seguida por la Administración central en este sentido, ya que, a su juicio, el Estado "sigue colocando masivamente emisiones cada vez más caras, incluso por encima de las necesidades de deudas que en estos momentos tiene".
Eso provoca, ha continuado, que sea el propio Estado quien "merma la capacidad de las comunidades autónomas para buscar fondos para pagar, principalmente, a sus proveedores" y "también merma el crédito de nuestras empresas y particulares".
"A diferencia de lo que hace la Comunidad Valenciana, el Estado no destina esa captación de deuda al pago inmediato a sus proveedores y contratistas, sino que guarda el dinero, lo retira de los mercados y lo guarda por lo que pueda venir. Comete una doble falta, lo pone más complicado a las comunidades autónomas y retira crédito que podría fluir a particulares y empresas", ha apuntado.
En relación a los detalles técnicos de la emisión, ha indicado que el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV) publicará el próximo martes, 3 de mayo, la resolución, y que la colocación comenzará a las 9.00 horas del próximo miércoles 4 de mayo y se prolongará como máximo hasta el 20 de mayo a las 14.00 horas.
Existen dos emisiones, una primera de bonos a un año, en la que hay 350 millones asegurados ampliables hasta 550 millones, con un interés del 4,25 por ciento y unas comisiones de aseguración y colocación del 1 y el 1,4 por ciento. La segunda, de bonos a dos años, tiene asegurados 250 millones ampliables hasta 350 millones, con unas comisiones de aseguración y colocación del 1,3 y del 2 por ciento, respectivamente.
El importe mínimo de inversión son 1.000 euros y el máximo, 2 millones, y hay 11 entidades financieras participantes en la colocación, que se realizará a través de la Bolsa de Valencia. Así, actuarán como entidades aseguradoras de estos 600 millones en bonos asegurados Bankia, la CAM, Banco de Valencia, Caixa Ontinyent, Ruralcaja, Federación de Cajas Rurales, Caja Campo y Caja Mar, en cuanto a entidades con domicilio social o fuerte presencia de oficinas en la Comunidad, y Deutsche Bank, Barclays, Banco Sabadell y Catalunya Caixa.
La Caixa, por su parte, actuará como entidad directora y agente de las emisiones, como ya ocurriera en la anterior emisión, un hecho que el conseller ha justificado en que "si salió bien --entonces--, ¿por qué no repetir?".
Como novedad en esta emisión, se ha contemplado la posibilidad de que se produzca un cierre anticipado de las emisiones, cierre que en cualquier caso no puede darse antes de siete días hábiles desde el inicio de la emisión.
Como ha explicado el vicepresidente económico, "de este modo se evitan grandes prorrateos al finalizar las emisiones y se protege a las entidades participantes más pequeñas y que no cuentan con grandes redes".
