LONDRES.- Amnistía Internacional (AI) considera que la represión y la violencia a manos del Estado continuarán azotando a lo largo de este año, con toda probabilidad, a los países afectados por las revoluciones democráticas de la 'Primavera Árabe' por haber sido incapaces sus gobiernos de implantar reformas de gran calado y al desatender las peticiones de su población a favor del desarrollo democrático, todavía vigentes.
A la gravedad de los abusos cometidos por las nuevas autoridades egipcias, que según AI son incluso peores que los perpetrados en su día por el derrocado presidente Hosni Mubarak, se suma la lentitud de Túnez a la hora de implantar reformas constitucionales solicitadas por la población o la incapacidad del nuevo Gobierno de transición libio para pacificar el país tras el fin de la guerra civil que desembocó en la muerte del coronel Muamar Gadafi.
Amnistía pide a las nuevas autoridades y a la comunidad internacional que actúen en función de "la magnitud de los cambios que se les demandan" y apunta que, pese al enorme optimismo que se vivió en estos tres países tras el derrocamiento de los regímenes autoritarios que les han dominado durante décadas a través del miedo y la violencia, sus reemplazos todavía no han implantado las reformas que garanticen que esta clase de abusos no se volverán a repetir.
En lo que se refiere a países donde las protestas todavía siguen su curso, como Yemen, Bahréin y, sobre todo, Siria, AI critica la "incoherencia" demostrada por instituciones y organismos internacionales como la Unión Africana, la Liga Árabe y la Unión Europea, incapaces a juicio de la ONG de "captar el calibre del desafío al que se enfrentan los arraigados regímenes represivos de la región".
El informe, titulado 'Año de Rebelión: El estado de los Derechos Humanos en Oriente Medio y en el norte de África', describe la "violencia extrema" que desplegaron los gobiernos derrocados en su intento de resistirse al clamor sin precedentes por una reforma fundamental.
"Salvo escasas excepciones, los gobiernos se han negado a reconocer que todo ha cambiado", ha manifestado Philip Luther, director provisional del Programa para Oriente Medio y el norte de África de Amnistía Internacional. "Los movimientos de protesta de toda la región, encabezados en muchos casos por jóvenes y en los que las mujeres ocuparon un lugar central, han demostrado una asombrosa resistencia ante una represión en ocasiones alarmante".
"Han demostrado que no se dejarán engañar por reformas que apenas suponen diferencia respecto al trato que reciben de la policía y las fuerzas de seguridad. Quieren cambios concretos en la manera en que son gobernados, y quieren que los responsables de los delitos cometidos en el pasado rindan cuentas de sus actos".
El caso de Egipto, Amnistía denuncia que el nuevo Gobierno militar instaurado tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak es prueba fehaciente de que, para muchos gobiernos de la región, el objetivo primordial es la supervivencia del régimen.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha faltado a su promesa de satisfacer las demandas de la 'Revolución del 25 de Enero' que derrocó a Mubarak. En su lugar, han reaccionado con violencia a las nuevas manifestaciones que pedían la disolución del actual régimen militar. La represión ejercida por el Gobierno militar se ha cobrado las vidas de 84 personas entre octubre y diciembre de 2011.
Además, AI acusa a las autoridades egipcias de preservar la tortura bajo custodia que caracterizó al régimen anterior y de someter a las mujeres que participaron en las protestas a tratos vejatorios y humillantes.
"Amnistía Internacional manifiesta su temor a que, en 2012, el Consejo Supremo renueve sus intentos de limitar la capacidad de protestar y expresar libremente la opinión", asegura la ONG.
Amnistía reconoce "importantes mejoras en Túnez", particularmente en el ámbito de los derechos de la mujer, tras la revolución que acabó con el régimen del presidente Zine el Abidine Ben Alí. Sin embargo, muchos de los tunecinos consultados lamentan que el ritmo de cambio "ha sido demasiado lento" y muchas de las familias de los fallecidos en las protestas todavía no han visto satisfecha sus demandas de justicia.
"Hay instituciones del Estado que durante mucho tiempo propiciaron o cometieron violaciones de derechos humanos y que todavía están a la espera de ser reformadas de tal modo que se garantice que los abusos del pasado se investigan adecuadamente y que se proporcionan salvaguardias efectivas contra su repetición", apunta la asesora general de Amnistía Internacional, Donatella Rovera.
"La población tunecina sigue sufriendo altos niveles de desempleo y pobreza, pero, un año después de la 'Revolución de los Jazmines', hay motivos de peso para esperar que el periodo de transición dé un futuro mejor a la gente de Túnez", concluye.
El caso de Libia está marcado por la incapacidad del actual Consejo Nacional de Transición para atajar la violencia de posguerra. Persisten dudas importantes, apunta AI, sobre la capacidad de las nuevas autoridades de controlar a las brigadas armadas que ayudaron a derrotar a las fuerzas partidarias de Gadafi e impedir que estas brigadas repitan el patrón de abusos cometido durante el sistema anterior.
Según un informe emitido a finales de noviembre por el secretario general de la ONU, había "aproximadamente 7.000 detenidos en las cárceles y en centros de detención improvisados, la mayoría de los cuales estaban bajo el control de las brigadas revolucionarias, sin acceso a debido proceso dado que ni la policía ni el sistema judicial estaban en funcionamiento".
Entre los aspectos positivos cabe mencionar que el Consejo Nacional de Transición emitió una Declaración Constitucional en la que se consagraban el derecho internacional humanitario, los Derechos Humanos y otros principios, como el respeto por las libertades fundamentales, el derecho de todo ciudadano y ciudadana a no sufrir discriminación --por ejemplo, por motivos de género, raza e idioma-- y el derecho a un juicio justo y a pedir asilo.
Amnistía señala la manifiesta incapacidad de la comunidad internacional a la hora de acordar una postura común contra la represión todavía vigente en Siria, Bahréin, Yemen, Arabia Saudí o Irán. Este comportamiento es, a juicio de la ONG, una extensión de la estrategia demostrada en Libia, donde "los Derechos Humanos se esgrimieron como motivo a favor de una intervención militar".
Al terminar el año, el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueado por Rusia y China en particular, sólo había emitido una débil declaración de condena de la violencia en Siria, que se ha cobrado las vidas de más de 5.000 personas.
La Liga Árabe, aunque actuó rápidamente para suspender la pertenencia de Libia a la organización en febrero, y más tarde suspendió la pertenencia de Siria y envió un equipo de observadores al país, guardó silencio cuando las tropas saudíes, actuando bajo el estandarte del Consejo de Cooperación del Golfo, respaldaron los esfuerzos del gobierno bahreiní para sofocar las protestas.
"El apoyo de las potencias mundiales a la población común ha sido típicamente desigual", ha manifestado Philip Luther. "Sin embargo, lo más sorprendente del pasado año ha sido que, salvo excepciones, el cambio se ha logrado en gran medida por los esfuerzos de la gente corriente que se ha echado a las calles, no por la influencia y la implicación de potencias extranjeras". "La determinación de la gente corriente nos da esperanzas para 2012", concluyó.
