El Gobierno garantiza que la nueva ley de costas no introducirá "desmanes urbanísticos" en el litoral español

MADRID.- El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha garantizado este miércoles que la nueva ley de costas no introducirá "desmanes urbanísticos" en el litoral español y se pondrá en marcha con los objetivos de mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible la protección medioambiental con "una actividad económica generadora de empleo y sostenible".

   Arias Cañete ha rechazado así en el Pleno del Congreso que la nueva legislación puede deteriorar el litoral de la costa asturiana, como ha advertido la diputada del PSOE por la comunidad autónoma María Luisa Carcedo, recientemente incorporada a la dirección del Grupo Socialista.

   El ministro le ha asegurado que el Gobierno comparte su "preocupación" por la protección de los "maravillosos" paisajes asturianos. "Tenga la tranquilidad de que no pretendemos introducir desmanes urbanísticos en el litoral español", ha asegurado ante los temores de la diputada.

   Según ha explicado, el objetivo del Gobierno es corregir las "arbitrariedades" que ha originado la "errática aplicación" de la actual legislación "y la interpretación diversa que se ha hecho en las distintas comunidades autónomas de este instrumento legislativo".

   La diputada socialista ha recordado que la costa asturiana es una de "las mejores conservadas" de toda España y ha explicado que ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la comunidad y el Estado. Ante esto, el ministro ha garantizado que la nueva ley se aplicará respetando el reparto competencial fijado en la Constitución y los estatutos autonómicos, coordinando la política medioambiental.

   En este contexto, Arias Cañete ha recordado que el informe Auken instaba a España a modificar su ley de costas para proteger los derechos de los propietarios de viviendas que poseen pequeñas parcelas en zonas de costa y que no causan impacto negativo sobre el medioambiente costero.

   "Lo que queremos es corregir las ineficiencias y las ineficacias que tiene el actual para garantizar mejor la protección del dominio público marítimo terrestre", ha insistido antes de reiterar la necesidad de "respetar los derechos y las legitimas expectativas de los ciudadanos, que son los primeros interesados en la conservación de nuestra riqueza litoral".

   Pero además, ha explicado que el nuevo modelo introducirá una gestión del dominio público marítimo terrestre "homogénea" en todo el territorio, "no como ha ocurrido hasta ahora cuando los deslindes según las comunidades autónomas y las demarcaciones de costas se hacían de una manera y otra".

   "Tenemos dos grandes objetivos con la reforma: mejorar la seguridad jurídica y hacer compatible protección costa con una actividad económica generadora de empleo y sostenible --ha resumido--. Y eso no supone alterar los valores medioambientales del litoral español".

   La diputada del PSOE ha advertido de que la modificación de la ley de costas para "solucionar problemas puntuales" sólo servirá para "generalizar" esos problemas y ha recordado que el litoral español es "muy frágil".

   A su juicio, los cambios deben producirse para incorporar los últimos avances científicos y prever los efectos del cambio climático sobre la costa. "Aspiramos a que nuestros nietos conozcan la belleza del paisaje asturiano", ha pedido Carcedo.

Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, las comunidades que más han recortado su calidad asistencial

MADRID.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha denunciado, a través de un informe, que cada día son más las autonomías que se suman a la política de recortes en materia sanitaria. Teniendo en cuenta las medidas tomadas por las comunidades autónomas para reducir los gastos destinados a la sanidad, las comunidades de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las que han realizado más recortes que afectan directamente a la calidad sanitaria.

   Según se desprende de las conclusiones de su informe 'Análisis y Valoración ante los presupuestos sanitario previstos para 2012', recientemente actualizado, sobre los presupuestos sanitarios autonómicos, la comunidad Murcia se lleva la palma en los recortes asistenciales con hasta 11 medidas directas, le siguen Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña (7); Galicia y La Rioja (3); Madrid, País Vasco, Baleares, Aragón, Andalucía, y Castilla-La Mancha (1).

   En estas medidas se tiene en cuenta el aumento de las listas de espera, la eliminación de servicios sanitarios y pruebas diagnosticas, disminución de camas, así como medidas de gestión como la introducción del copago, las externalizaciones, la reducción de fondos de investigación etc.

   Aunque sí se tienen en cuenta los recortes que afectan directamente al profesional, los datos son más alarmantes ya que todas las comunidades, a excepción de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, han tomado medidas que aumentan la precariedad laboral de estos trabajadores.

   Por comunidades, Castilla-La Mancha (20), Cataluña (18), Comunidad Valenciana (17), Madrid y Murcia (16); País Vasco (14); Baleares (12); Navarra (9), Galicia (8), canarias (7); Castilla y León (4), La Rioja y Cantabria (3), Aragón (2), y Asturias y Extremadura (1). Las comunidades que no han anunciado recortes son Andalucía y Asturias, aunque desde el sindicato señalan que es debido a las próximas elecciones autonómicas; así como Aragón y Extremadura que, aunque sí lo han hecho, aún lo nos han llevado a cabo.

   Así, entre las medidas que afectan al personal se encuentran la ampliación de jornada; disminución de los días de libres disposición; eliminación de la Oferta Pública (OPE), suspensión de niveles, congelación de complementos salariales, productividad, nocturnidad, festivos o aumento de guardias.

   "Las medidas agresivas contra los profesionales del sector en las comunidades, así como la llegada de los despidos objetivos por causas económicas en las Administraciones Públicas, con la reciente reforma laboral impuesta, ponen en peligro no solo el clima laboral del sector, sino que advierten de una posibilidad real de pérdida de puestos de trabajo en el sector sanitario público", advierte el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera.

   El informe mantiene los datos que señalan que al menos diez comunidades han recortado los presupuestos destinados a la sanidad en 2012, donde se desvela que, entre lo presupuestado en 2011, y el proyecto 2012, se va a producir una disminución del 2,25 por ciento con carácter general. La reducción por segundo año de los presupuestos sanitarios provoca que los presupuestos para 2012 sean inferiores a lo presupuestado en 2008 y, prácticamente, idénticos a los de 2007.

   "La FSS-CCOO, como organización representativa en el SNS, no puede consentir el deterioro que está empezando a sufrir el Sistema", subraya Cabrera, al mismo tiempo que destaca que la importante reducción del presupuesto destinado al gasto sanitario va a agravar esta situación en mayor medida.

   Este dato puede variar, teniendo en cuenta que no han podido obtener los presupuesto Castilla-La Mancha. Aunque, creen que su dato será muy restrictivo, "por las medidas de recortes anunciadas por su Gobierno".

   No obstante, las reducciones en los presupuestos sanitarios no afectan por igual a las diferentes CCAA. Así, las que mas verán reducido su presupuesto Murcia (-8,29), Cataluña (-7,55), Navarra (-5,90), Extremadura (-5,81), La Rioja (-3,48), País Vasco (-3,14), Canarias (-2,75), Galicia (-0,46), Comunidad Valenciana (-0,42) y Aragón (-0,12).

   El resto de comunidades verán ligeros incrementos, salvo Asturias con un incremento del 6,7 por ciento y Castilla y León que se mantiene la inversión. Así, Baleares, Madrid y Andalucía, con un 0,95, un 0,47 y un 0,15 por ciento de incremento, respectivamente.

   La FSS-CCOO considera que los recortes, y las medidas propuestas por las diferentes CCAA lo que realmente van a provocar es que el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentre en peligro.

   Asimismo, advierte de que los gobiernos autonómicos no pueden escudarse en la crisis financiera y económica "para acometer una serie de medidas tan drásticas que afecten al Estado de Bienestar y, por ende, a usuarios y trabajadores, llevando a cabo proyectos de presupuestos generales de supervivencia frente a la crisis".

   Ante la actual situación, la Federación entiende que "la manera de mejorar para que el Estado avance armónicamente es reforzando los servicios públicos. Por ello, destaca que "se hace necesario que se produzca un cambio en el modelo productivo basado en el crecimiento económico sostenible, duradero y equilibrado, para disponer de un Estado de Bienestar amplio y fortalecido", sin limitar los principios de "universalidad", "equidad", "corrección de desigualdades" y "participación social",  y "orientándose hacia la mejora de la calidad, la innovación y la cohesión".

   Según explica Cabrera, la FSS-CCOO considera que el SNS necesita que se acometan medidas a corto plazo para situarse como una de las bases del Estado de bienestar. "Es necesario realizar reformas estructurales en la suficiencia financiera, la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la gobernabilidad, y la racionalidad de la sanidad y la práctica clínica", advierte.

   El informe de CCOO desvela la necesidad de medidas a corto plazo en el Sistema Nacional de Salud. Así, para asegurar su suficiencia financiera señala que es necesario que se produzca una financiación adicional finalista destinada a afrontar el déficit actual, asegurar la suficiencia financiera y dotar suficientemente al Fondo de Cohesión que garantice la equidad en todo el territorio nacional.

   Además, la FSS-CCOO entiende que el SNS necesita que se acometan medidas importantes a corto plazo para evitar que intereses económicos, ajenos al mismo, se aprovechen y traten de obtener importantes beneficios a costa de la reducción de derechos de ciudadanos y trabajadores del sistema.

   A este respecto, el documento presentado por la FSS-CCOO contiene una serie de propuestas entre las que destacan la necesidad de un Pacto por la Sanidad, caracterizar como finalistas los fondos destinados a Sanidad, el aumento los ingresos en contraposición a las políticas actuales de contención o disminución del gasto, la centralización de compras, la profesionalizar la gestión o el fortalecimiento de la Atención Primaria, entre otras.

El fiscal ve "un milagro" que el atentado de Santa Pola no causara "más víctimas"

MADRID.- El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha considerado "un milagro" que el atentado que ETA llevó a cabo el 4 de agosto de 2002 en la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que provocó la muerte de una niña de seis años y un jubilado que esperaba el autobús, no provocara "más víctimas mortales y heridos de mayor gravedad".

   Carballo ha elevado a definitiva su petición de 1.180 años de cárcel para los etarras Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', argumentando que existen "razones sobradas para ello" por la "gravedad intrínseca" del atentado y la "fría intención" de los terroristas, que incluso reconocieron en un documento interno de la banda que querían "atrapar cenando" a sus víctimas.

   En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia después de que los etarras hayan renunciado a ejercer su derecho a la última palabra y a ser defendidos por su letrada, el fiscal ha señalado que los terroristas hicieron estallar el coche-bomba "sin aviso previo, al anochecer, en una zona turística y en verano" y con "perfecto conocimiento" de que en la casa-cuartel no sólo vivían los agentes de la Guardia Civil sino también sus mujeres y sus hijos.

   Después de apuntar que los acusados incluso trasladaron a la dirección de ETA la posibilidad de "repetir esta tremenda acción en otros cuarteles", Carballo se ha mostrado convencido de que es "díficil confiar en la posibilidad de un arrepentiemiento sincero que alumbre la reinserción de estos acusados y que en un futuro se piense en una excarcelación en la que puedan comportarse con auténtico arrepentimiento".

   El representante del Ministerio Público ha comenzado la exposición de su informe definitivo de conclusiones con una "referencia personal", al apuntar que cualquier calificativo sobre los hechos resulta "superficial y ocioso".

 "Cualquiera somos hijos y sabemos lo que es perder un padre, y algunos somos padres y sabemos lo que puede ser perder un hijo", ha dicho.  

   Tras recordar que el juicio se ha celebrado diez años después de que ocurrieran los hechos porque los dos acusados han tenido que saldar sus responsabilidades penales en Francia, ha destacado que frente a este "dramatismo personal" queda la "tranquilidad" de que el tribunal cuenta con "un gran acervo probatorio que garantice la condena".

   Como principal evidencia ha esgrimido la "autocrítica" incautada al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, 'Susper', en la que Otegi reconocía, en palabras del fiscal, la "dramática y terrorífica peripecia" de acciones terroristas que cometieron en el verano de 2002, "en un breve periodo de tiempo para la cantidad de atentados que cometieron, las vidas que segaron y el terror que provocaron".

   La detallada versión que escribieron en ese documento, elaborado para  dar cuenta de sus actividades a la dirección de la banda terrorista, está  corroborada por las declaraciones de una decena de testigos que los reconocieron, el hallazgo de una cinta con imágenes de la casa-cuartel atacada y croquis de las dependencias de la Guardia Civil de Elche y Torrevieja y el testimonio del presunto etarra Juan Carlos Besance, que reconoció que sacó los billetes a los acusados para trasladarse a Alicante.  

    La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que se encontraba en la parada del autobús, así como heridas a otras 56 personas. En concreto, el fiscal ha solicitado que los padres de la pequeña sean indemnizados con 350.000 euros y los herederos del otro fallecido con 250.000, a los que hay que sumar otros 125.000 para el resto de heridos.

    En este punto, ha concluido su intervención lamentando no "pedir indemnización" para "los perjudicados que más perdieron" en el atentado porque "perdieron su propia vida".

   El abogado Juan Carlos Rodríguez Segura, que representa a la madre de la niña asesinada, Toñi Santiago, y al resto de su familia, ha asegurado que Silvia es "un ángel de la Guardia Civil" y "un símbolo" para el instituto armado. "El alma de Silvia está entre nosotros y está hoy en esta sala", ha señalado citando a San Agustín.

   También ha recalcado que los etarras Otegi y Celarain, que asistieron con "la cabeza gacha" y "sin mover un músculo" al testimonio de la madre de la pequeña, provocaron "el infierno de Dante" en la casa-cuartel siguiendo los postulados de una organización que persigue instaurar "una dictadura socialista para eliminar a los que no son como ellos, como este colectivo de verde".

   A pesar de que los dos acusados utilizaron una identidad falsa para albergarse en el camping 'Bahía' de Santa Pola, en el que pernoctaron antes del atentado, Celarain utilizó su nombre real (Óscar) para presentarse a una camarera de un pub cercano al que acudieron a tomar una copa. Así lo ha declarado esta testigo, que ha señalado que habló con el acusado "en una ocasión" una semana antes del atentado y que éste le dijo que estaba "de vacaciones".

   El testimonio más relevante del juicio ha sido el de la madre de la pequeña Silvia, Toñi Santiago, que el martes llamó "asesinos cobardes e hijos de puta" a los dos acusados y pidió "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA". "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", reclamó sollozando.

De Guindos propone medidas para paliar el problema del desahucio

MADRID.- El Gobierno español propondrá, mediante un "código de buenas prácticas" bancarias no vinculante, una serie de medidas para intentar aliviar el problema de los desahucios, dijo el miércoles ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

En dicho código se incluiría la posibilidad de aplazamiento en dos años de los desahucios a las personas incluidas en un "umbral de exclusión" y que solo afectaría a la primera vivienda.

"En el código de buenas prácticas se incluía la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial como, por ejemplo, dos años", dijo Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados.

Según el titular de Economía, este plazo podría ser prorrogable mediante el pago de una renta "justa y aceptable" a la entidad prestamista.

De Guindos también señaló, aunque sin entrar en detalles, que el Ejecutivo propondrá que se permita acogerse a la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca --la denominada dación en pago-- a las familias con todos sus miembros en paro y que carezcan de ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca.

"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", indicó.

De Guindos también se refirió a la posibilidad de que la entidad de crédito asuma parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías en las ejecuciones de viviendas.

"Parece razonable (...) que la entidad, como consecuencia de una deficiente tasación o de una actuación no excesivamente diligente sea copartícipe de la diferencia que existía entre la tasación y el valor que se obtiene por la ejecución del valor en última instancia", añadió.

El Banco de España acusa a la cúpula de la CAM de falsear las cuentas

MADRID.- El Banco de España acusa a la cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de maniobrar para enriquecerse, utilizar artificios contables para falsear los resultados con el objetivo de enmascarar pérdidas y obviar los riesgos del negocio de una entidad de crédito, entre otras prácticas inadecuadas.

   Así figura en un informe elaborado por la Dirección General de Supervisión del organismo, que propone a su Comisión Ejecutiva que incoe un expediente disciplinario, iniciativa que ya se ha materializado y que afecta a un total de 48 antiguos administradores y directivos de la CAM.

   El informe ha sido remitido a la Audiencia Nacional atendiendo a su solicitud de información sobre las irregularidades e incumplimientos de la normativa bancaria y mercantil cometidos por los anteriores responsables de la CAM, que fue remitida al Banco de España en las diligencias previas.

   El Banco de España ha detectado evidencias de actuaciones por parte de los órganos de administración y control de la entidad para conseguir mayores retribuciones que las estatutariamente establecidas y, en caso de los directivos, de maximizar sus retribuciones y jubilaciones.

   Con este objetivo, se eludió la limitación de cobro de dietas utilizando sociedades participadas de la CAM, hasta el punto de que la cuantía de la remuneración no se vinculaba a asistencias y de que en el caso del expresidente Modesto Crespo ascendieron a 640.000 euros entre 2009 y 2011.

   "Del estudio del sistema retributivo de la alta dirección de la CAM se puede concluir que en la actuación de la caja hay una apariencia de legalidad en las retribuciones establecidas, pero se hace un uso excesivo de la relación laboral ordinaria", dice el informe, para el que además, no se han cumplido los requisitos legales en todos los casos.

   En este sentido, advierte de que trece directivos se han beneficiado de una previsión social complementaria por importe conjunto de 31,6 millones de euros, antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España el pasado 22 de julio por su delicada situación de solvencia y de liquidez.

   Asimismo, seis altos cargos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones acogiéndose a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el marco de la 'fusión fría' de Banco Base -de la que la CAM fue finalmente repudiada- de los que 5,6 millones corresponden al que fuera director general Roberto López Abad.

   El Banco de España advierte además de que "desde que se desvinculó de la caja, López Abad sigue recibiendo de la caja sus retribuciones como director general, a pesar de que había cesado ya en el cargo", y considera que existen dudas razonables de que su adhesión al programa de prejubilaciones se realizara dentro del plazo establecido al efecto.

   En suma, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez resalta que "a los seis miembros del comité de dirección prejubilados se les aplican condiciones económicas distintas, mejores, que al resto de la plantilla acogida al ERE aprobado por las autoridades laborales".

   También considera que están fuera de los requisitos legales y de la normativa interna aplicable la retribución variable de 1,3 millones de euros en conjunto pagada a los doce miembros del comité de dirección.

   Sobre la que fuera directora general de la CAM hasta su despido disciplinario en septiembre de 2011, María Dolores Amorós, considera que presentó resultados que no se corresponden a la realidad, llevó a cabo una deficiente gestión y actuó en beneficio propio en materia de previsión social complementaria.

   Respecto a la deficiente gestión de riesgos, "inexistente" en relación a la liquidez, el Banco de España la atribuye directamente a Daniel Gil Mallebrera, que desempeñó distintos cargos en el organigrama de la caja, y a Roberto López Abad.

   El informe destaca que se financió suelo muy por encima del precio de adquisición originaria del grupo promotor, que la caja aportó fondos sin conocer qué financiaba, y que se financiaron proyectos especulativos a la espera de actuaciones administrativas de recalificación urbanística.

   En este punto, incide en que hasta que López Abad se hizo cargo de la dirección general de la CAM en 2001 "sí se realizaban valoraciones y proposiciones de clasificación del riesgo de crédito asumido".

   "En orden a reflejar una situación de la entidad mejor de la realmente existente, se practicaron diferentes artificios contables", como enmascarar el pase de activos a fallidos para reflejar una apariencia de continuidad, la rehabilitación inadecuada de dudosos y fallidos, y la titulización de prestamos fallidos, dudosos e incluso inmuebles adjudicados en pago de deudas.

   Estas prácticas contables permitieron a la CAM presentar una cuenta de resultados positiva y mucho mejor de la que realmente debería haber presentado", destaca el informe, que detecta deficiencias "significativas" de gestión en la financiación al grupo Polaris así como a 65 sociedades vinculadas al sector inmobiliario a través de su filial TIP.

   La participación en TIP para la CAM derivó en pérdidas de 1.011 millones de euros, tanto por las aportaciones de capital realizadas a las sociedades como por las financiaciones y los inmuebles adquiridos, hasta suponer la tercera parte de los fondos aportados por el Banco de España (3.000 millones de euros) en su intervención para evitar su colapso.

Unas 3.000 personas se manifiestan en Alicante en apoyo de los estudiantes de Valencia

ALICANTE.- Unas 3.000 personas se han manifestado este martes en Alicante para protestar por los incidentes entre policías y estudiantes en Valencia y para pedir que se "retiren los recortes en educación".

   La manifestación ha partido a las 19.30 horas de las escalinatas del IES Jorge Juan de Alicante, escoltada por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local y ha discurrido pacíficamente sin incidentes.

   Los estudiantes llevaban pancartas con lemas 'Prou d'agressions del capital. Defensem l'educació pública', entre otras, y han gritado, entre otras, consignas como: "El hijo del madero va a la universidad para no ser como su papá"; 'La policía defiende delincuentes"; "El president, a Foncalent"; "más cultura y menos violencia".

   En principio el dispositivo policial preveía que la manifestación discurriera por la avenida del General Marvá y Luceros hasta la plaza de la Montañeta, donde está la sede de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, pero en el cruce entre Maisonnave y Federico Soto los manifestantes han decidido ir hacia la Conselleria de Educación, situada en la calle Carratalá, esquina Los Doscientos.

   Además, ha protagonizado varias sentadas, cuatro en total, la más significativa en las puertas de la sede de RTVV en Alicante, donde han gritado consignas como "para qué nos grabáis si luego no lo dais" o "dónde está Canal 9, dónde está, entre otras".

   Finalmente,  ya en la delegación territorial de la Conselleria, los estudiantes han leído un manifiesto en el que han advertido que no van a "caer en la tentación de la violencia como respuesta a la violencia" y han expresado su rechazo a la "agresión policial" que ha sucedido en Valencia, aunque también han reconocido la labor que han realizado los efectivos policiales esta tarde.

   Además, fuentes estudiantiles han avanzado que pretenden unirse a la manifestación que la FAMPA ha convocado para este miércoles y que partirá, desde el IES Bahía de Babel a la delegación territorial, pasando por "todos los centros con deficiencias".

Piden la dimisión de directivos de RTVV por dar información "tergiversada" de los sucesos de Valencia

VALENCIA.- El comité de empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha pedido la dimisión del director general de ente, José López Jaraba, de los directores de Canal 9, Luis Redondo, y Ràdio 9, Nuria Romeral, y de los respectivos jefes de Informativos, Salud Pedrós y Juan José Braulio. 

   El comité de empresa ha denunciado que los informativos de Canal 9 y Ràdio 9 están ofreciendo una información "tergiversada" de las protestas estudiantiles que desde la semana pasada se viven en el centro de Valencia. Además, entiende que "no están dando la relevancia informativa a unos hechos que han paralizado gran parte de la ciudad y han tenido un eco preferente, incluso en medios internacionales".

   Según los sindicatos, desde el lunes por la tarde, "cuando las cargas policiales provocaron más detenciones y heridos", todas las ediciones informativas de la televisión y la radio públicas "ocultaron intencionadamente todas las imágenes de los golpes y la brutalidad policial contra los estudiantes del IES Lluís Vives" y, además, "se presenta a la Policía como víctimas y a los estudiantes menores de edad como culpables".

   Por el contrario, "no se informa que entre los heridos hay periodistas de varios medios", se "descontextualizan" las causas de los hechos "reduciéndolos a sólo disturbios e incidentes" y "se esconde el por qué de las protestas: los recortes en la enseñanza aprobadas por el Consell y la falta de calefacción".

   El comité de empresa también ha denunciado que Canal 9  no ha emitido las declaraciones del jefe de la Policía que tacha los estudiantes de "enemigos". Asimismo, considera que "se intenta deslegitimar las protestas de los estudiantes asegurando que no están autorizadas, cuando en la realidad lo único que no están es comunicadas".

   Por todo ello, entiende que la cobertura informativa que están "imponiendo" "profundiza el divorcio de nuestros medios con una buena parte de la sociedad valenciana y nos deslegitima en nuestro papel de servicio público".

 "La irresponsabilidad de la dirección también puede llegar a poner en peligro la integridad de los trabajadores que son enviados a cubrir estas informaciones", ha asegurado el ente sindical.

   El comité de empresa de RTVV también ha expresado su solidaridad con las "legítimas" reivindicaciones de los estudiantes, padres, y profesores.

   Por último, ha recordado que los trabajadores de RTVV, "amenazados" por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), participarán en la manifestación del sábado en contra de los recortes y en defensa del sector público. 

En esta manifestación, los trabajadores de Canal 9 y Ràdio 9 "tratarán de dar voz a todos los sectores de la sociedad valenciana que la dirección está silenciando", ha subrayado el comité de empresa.

La Junta de Personal Docente de Alicante condena la actuación policial en la UMH y en el IES Lluís Vives

ALICANTE.- La Junta de Personal Docente No Universitario de Alicante ha condenado la actuación policial contra las personas que se manifestaron en la UMH contra la lectura de la tesis doctoral del expresidente, Francisco Camps, y contra los estudiantes del IES Lluís Vives de Valencia, que protestaban por los recortes en educación decretados por el Consell, según ha indicado en un comunicado este colectivo.

   El pleno de la junta, reunido en sesión extrariodiaria, ha exigido "la depuración de responsabilidades", así como la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, que "ha permitido, si no ordenado, esta actuación policial" que han tildado de "graves agresiones de la policia a ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales".

   Por otro lado, también han indicado que los servicios jurídicos de los sindicatos STEPV, CCOO-PV, CSI-F, ANPE, FETE-UGT, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el Decreto-Ley 1/2012 y que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo ha admitido a trámite.  Con este acto jurídico, según ha añadido, "se abre la posibilidad de la suspensión cautelar de la aplicación del Drecreto-Ley recurrido".

   Finalmente, todos los sindicatos representados han hecho un llamamiento a la participación en las movilizaciones convocadas para este semana y de la manifestación del sábado, 25 de febrero.

Rosado insta a los padres a vacunar a sus hijos para evitar brotes como el reciente de sarampión

VALENCIA.- El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha hecho un llamamiento a los padres a realizar una "vacunación completa" a sus hijos, con el objetivo de evitar brotes como el de sarampión que ha aparecido recientemente.

   Rosado ha hecho este llamamiento, preguntado por si hay casos de sarampión.

   El conseller ha explicado que se ha detectado un brote de sarampión, a pesar de que se trata de una enfermedad que "estaba en una situación de erradicación". 

"Se ha producido este brote que coincide con elementos en los que no había una vacunación finalizada", ha señalado.

   Al respecto, ha asegurado que existe "una corriente de padres que no quieren vacunar a sus hijos", y ha indicado que "a veces, estos son los que luego van a tener este tipo de enfermedades". Por este motivo, ha hecho un llamamiento "a la vacunación completa en todos los casos".

   Preguntado por la gripe, Luis Rosado ha señalado que la Comunitat Valenciana sigue registrado "cifras elevadas" de gripe estacional, por encima de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, como la pasada semana.  

   El titular de Sanidad ha explicado que "puntualmente" y en "ciertos puntos" ha habido "bastante sobrecarga" y "puede haber saturación, incluso de camas". No obstante, ha aseverado que "afortunadamente, los hospitales valencianos están funcionando con total normalidad y corrigiendo estos problemas de forma inmediata".

El Ejército argelino abate a siete terroristas durante una nueva ofensiva

ARGEL.-   El Ejército argelino ha abatido este martes a siete supuestos terroristas en la provincia de Boumerdès, en el norte del país, durante la segunda ofensiva contra milicianos islamistas que se registra en esta zona en menos de 24 horas, según han informado autoridades locales citadas por 'Tout sur l'Algerie'.

   La segunda operación se produjo en las montañas de Beni Jelifa y concluyó con siete terroristas muertos y uno detenido. El lunes, el Ejército había abatido a cuatro terroristas también en la misma región.

   El origen de estos operativos radica en una información recibida por las autoridades y que alertaba de la presencia de un importante grupo terrorista en la zona, donde se estaría preparando una reunión entre distintas facciones islamistas. El domingo, la explosión de un artefacto casero al paso de un convoy militar cerca de Issers, en el este de Boumerdès, causó la muerte de cuatro pasajeros de un autobús.

Los etarras de Santa Pola admitieron que querían "atraparles cenando"

MADRID.- Los etarras que son juzgados en la Audiencia Nacional por el atentado cometido contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) el 4 de mayo de 2002 admitieron en su "cantada" a la dirección de la banda que escogieron las 20.15 horas para hacer estallar el coche-bomba porque querían "atraparles cenando", según ha declarado un agente de la Guardia Civil que ha comparecido como perito. 

   El experto, que ha declarado durante la segunda sesión del juicio,  ha detallado que en el texto, que fue incautado al exjefe militar de ETA Ibon Fernández de Iradi, 'Susper', los miembros del 'comando Argala' detallaban las acciones terroristas que habían cometido en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.

   La declaración iba firmada por "Josu Argala", alias que, según los expertos, utilizaba el jefe del 'comando', Andoni Otegi Eraso, 'Iosu'. Éste se enfrenta, junto a Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', a 1.180 años de cárcel por esta acción terrorista, en la que murió la pequeña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, de 57, que se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas otras 56 personas.

   En la primera jornada de la vista oral, que finalizará este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante declaró que la hora escogida por los terroristas era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa". "Para lo concurrido del lugar, poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.

   Los miembros del instituto armado que han explicado los términos de su pericia ante el tribunal también han detallado que el coche-bomba iba cargado con 100 kilos de explosivo y que no existe "ningún elemento" que pueda determinar que en la acción participara un tercer etarra.

   También ha declarado el tío de la niña asesinada, que ha asegurado que lo sucedido después de que estallara el coche-bomba es "inexplicable".

 "La explosión fue tan grande que o vivíamos o moríamos. Nos tocó vivir", ha dicho Santos Santiago, hermano de la madre de la pequeña.

   El testigo ha contado que cuando se produjo la explosión tenía en brazos a su hijo Borja, de tres años, y que Silvia estaba "pegada" a él. "Se hizo una humareda grande y pensé que había reventado la pantalla del ordenador pero me di cuenta de lo que había pasado", ha contado.

   Cuando se fue el humo, el hombre vio que su hijo "chorreaba sangre" y que la camiseta blanca que llevaba estaba "toda roja".

 "Cogí al niño y pedí ayuda y, según salí, vi a la niña", ha indicado antes de apuntar que "una de las grandes cosas que se le ha quedado" es "no poder en ese momento ayudar a la niña".

 "Pero veía que el niño se me moría", se ha justificado visiblemente afectado.

   En la ambulancia ha contado que el pequeño "se dormía". 

"Tenía la cabeza totalmente inflamada, la cara abierta, el gemelo abierto... Lo que más miedo me dio fue levantarle la camiseta para ver lo que tenía, fue un miedo horrible. Creía que el niño se me moría", ha relatado.

   Su mujer, Carmen Martínez, ha recordado que poco antes de la explosión Silvia estuvo enseñándoles cómo montaba en bicicleta y el baile que había preparado para la fiesta de la patrona. "Entonces se produjo un ruido seco, mucho polvo, no se veía nada... Y oí a mi cuñada que decía '¡hijos de puta, hijos de puta!'. Mientras tanto, su marido le gritaba: "¡Mamá, el nené se nos muere!".

   Tras cruzarse por las escaleras con un agente que subía y salir de la casa-cuartel, ha dicho que su esposo le pidió que volviera a "por Toñi y la niña".

 "Volví y el guardia civil que había en la puerta no me dejaba pasar", ha recordado entre lágrimas.  

   Los dos testigos han indicado que estuvieron recibiendo tratamiento psicológico y que su hijo, que pensaba que se "iba a morir cada vez que cogía un catarro", está ahora "mejor". Hace un mes, según han contado, tuvo un incidente con un compañero de colegio que le preguntó por las marcas que tiene en la cara. "Cuando le dijo que se trataba de una explosión en la que había muerto su prima, el otro chico se rió y él cerró el puño para pegarle -ha contado la madre--. Estoy orgullosa de él porque jamás nadie se va a reír de la memoria de su prima".

   También han testificado los agentes de la Guardia Civil que acudieron a socorrer a Toñi Santiago y su hija, que han coincidido en señalar que  cuando fue evacuada hacia el hospital la pequeña se encontraba muy malherida. "Se le movía el cuerpo pero tenía una herida muy grande en el costado, se veía que estaba fatal", ha dicho un agente. "Yo creo que sí estaba viva pero no lo sé", ha apuntado otro.

El Gobierno regulará este viernes el pago de deudas de las administraciones públicas con las empresas

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un "mecanismo", que irá "más allá del ICO" y contará con la colaboración de las entidades financieras, para "liquidar" la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones, incluidas las haciendas forales, con sus proveedores.

   Según ha dicho, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no ha cuantificado pero ha calificado de "considerables", "en el plazo de semanas, en los próximos meses".

   Montoro, que ha aprovechado una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Senado, ha señalado que este "procedimiento" está siendo ultimado "estos días" en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad.

   Los servicios jurídicos de ambos gabinetes están estudiando si este nuevo "esquema de financiación de proveedores", como también lo ha denominado, requiere cambios normativos que el Gobierno "llevaría adelante".

   Según ha argumentado posteriormente en declaraciones a los medios, esta nueva medida tratará de ir "más allá" de las líneas ICO aprobadas hasta la fecha que, según ha dicho, "han sido infrautilizadas" y "no llegaron a buen término". "Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon entonces", ha añadido, para indicar a continuación que, con todo, el ICO "podría estar presente".

   Por otro lado, este mecanismo supondrá "una gran operación financiera" que el Estado "está en condiciones de acometer". Y es que el Gobierno pretende que sea un mecanismo "ágil", de forma que los proveedores no tengan que pasar por las administraciones para cobrar, sino que "puedan ir directamente a las entidades financieras".

   "Se trata de que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España", ha dicho.

   Montoro ha asegurado que esta nueva medida será "fundamental" para recuperar el ánimo de la Ley de Morosidad y supondrá una "inyección" económica para España. "Un país serio es el que cumple con el objetivo de déficit público, en el que las administraciones públicas cumplen con su deuda comercial", reiteró.

   "Vamos a dar certeza de que somos un país que cumple y trasladaremos al sector privado que los plazos de las deudas comerciales deben abonarse en los plazos establecidos por la Ley de Morosidad vigente", apostilló.

La madre de la niña asesinada en Santa Pola llama "asesinos cobardes e hijos de puta" a los etarras

MADRID.- La madre de la niña de seis años asesinada en el atentado de Santa Pola (Alicante), Toñi Santiago, ha increpado con calificativos de "asesinos cobardes" e "hijos de puta" a los etarras que la Audiencia Nacional juzga por estos hechos y ha pedido "justicia" para que su hija sea "la última" y no vuelva a haber "ningún otro niño asesinado por ETA".

   Santiago, que ha sido amonestada en dos ocasiones por el presidente del tribunal, Fernando García Nicolás, ha dirigido estos calificativos durante su declaración, en la que ha llegado a girar la cabeza para mirar a los acusados, que han permanecido indiferentes a su relato. Después los ha repetido mirándoles a la cara y con tono desafiante cuando abandonaba la sala de vistas.

   La testigo ha explicado entre llantos cómo se produjo el atentado y ha dejado "en manos" de los magistrados que los terroristas "no se vuelvan a cruzar con ninguna criatura".

 "¡Que ningún padre tenga que enterrar nunca a un hijo en manos de esta gente, por favor!", ha pedido con un hilo de voz.

   Ha comenzado su relato indicando que en el momento de la explosión la pequeña, Silvia Martínez Santiago, jugaba en el patio con su primo Borja, de tres años. "En unos instantes todo se volvió oscuro, todo se movía, no sabía lo que pasaba, le preguntaba a mi hermano y noté como corría por mi cara un chorro de sangre", ha contado visiblemente afectada.

   Cuando por fin la encontró vio que estaba "cubierta de escombros y sólo se le veían los ojos" e intentó "desesperada" sacarla de allí. "Conforme iba viendo su cuerpo sabía que mi hija moría", ha señalado antes de indicar que por un boquete gritó: "¡Auxilio, socorro! ¡Por favor, que alguien me ayude, mi hija se muere!".

   Tras ser ayudada por su hermano y dos agentes, notó cómo los cristales se le "incrustaban en los pies" y mientras tanto gritaba "hijos de puta, hijos de puta". En este punto, Santiago se ha dado la vuelta para mirar a los acusados, Andoni Otegi y Óscar Celarain, lo que ha provocado que el presidente del tribunal le haya pedido que, aunque entendía el "estado" en el que se encontraba, se abstuviera de hacer ese tipo de comentarios.

   "Cuando terminé de bajar las escaleras Silvia ya estaba en la ambulancia -ha continuado la testigo--. Subí con la niña, le pedía por favor al conductor que corriera y la persona que iba con nosotras decía que tenía una parada cardiorrespiratoria. Entonces, empecé a rezarle y a cantarle al oído hasta que llegamos al hospital. Una vez allí los médicos dijeron que no podían hacer nada por la niña y que habia fallecido".

   Desde ese momento Santiago ha dicho que su vida ha sido "una continua lucha por defender la memoria y la dignidad".

 "Que se haga justicia por nuestra pequeña", ha añadido antes de señalar que el atentado no le amputó "una pierna ni dos dedos".

 "A mí me han amputado el alma y el corazón", ha aseverado.

   En el banquillo de los acusados se sientan los miembros del 'comando Argala' de ETA Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', que se enfrentan a 1.180 años de cárcel por colocar el 4 de agosto de 2002 un coche-bomba que estalló frente a la casa cuartel de la Guardia Civil. La explosión causó la muerte de la pequeña Silvia Martínez Santiago y de Cecilio Gallego Alaminos, que se encontraba en la parada del autobús. Además, resultaron heridas otras 56 personas.

   En la primera jornada del juicio, que quedará visto para sentencia este miércoles, un mando de la Comandancia de Alicante de la Guardia Civil declaró que la hora escogida por los terroristas, las 20.15 de la tarde, era "propicia para causar mucho daño en el cuartel y en la parada del autobús", al tratarse de "un lugar de paso" y "siendo agosto, verano y un lugar de costa".

 "Para lo concurrido del lugar, poco pasó", añadió otro agente, que realizó la inspección ocular.

   Otegi y Celarain fueron condenados en 2006 en Francia a ocho años de cárcel por los delitos de asociación de malhechores, tenencia de armas y explosivos y uso de documentación falsa. 

En mayo pasado, la Audiencia Nacional les impuso 18 años y 3 meses de cárcel por atentar en junio de 2002 en Marbella (Málaga) y en noviembre pasado les condenó a otros 50 años por el asesinato del edil de UPN en Leitza (Navarra) José Javier Múgica.

El alicantino Luis Berenguer, nombrado asesor especial del comisario Joaquín Almunia

MADRID.- El ex presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y ex eurodiputado, el alicantino Luis Berenguer, ha sido nombrado asesor especial del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

Berenguer será así el único español dentro del grupo de asesores especiales de Almunia. Entre sus funciones figura prestar asesoramiento en temas que considere oportunos en ámbitos de la competencia, como son reformas normativas o el impulso de nuevas iniciativas y proyectos.

En paralelo, el ex presidente de la CNC también será nombrado miembro del comité asesor de competencia de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para participar en la elaboración de propuestas de reformas institucionales en los países miembros.

Berenguer también será el único español en este grupo formado por una veintena de personas que asesoran al director del grupo de Competencia y Comercio Exterior de este organismo, Hassan Qaqaya.

En ambos casos, se trata de cargos no remunerados, según se informó en un comunicado. Berenguer cuenta con una dilatada carrera en el ámbito jurídico del derecho de la competencia.

En mayo de 2005 fue nombrado presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (actual CNC), puesto que ocupó hasta octubre de 2011. 

Con anterioridad fue conseller de Administración Pública y portavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana. En junio de 1999 fue elegido diputado al Parlamento Europeo y antes fue diputado a Cortes por Alicante en las filas de UCD.

Ha sido profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante.

Fabra llama a capítulo a Rus por sus presuntas palabras despectivas contra Rajoy y Cospedal

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat y del PP en la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, llamó ayer luners al presidente provincial de los populares valencianos, Alfonso Rus, para pedirle explicaciones por sus comentarios sobre Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, presidente y secretaria general del PP, respectivamente, revela hoy 'Las Provincias'.

A Alberto Fabra «no le ha gustado demasiado» lo sucedido en la noche del viernes en el interior del restaurante ''La Isla'', donde cenó Alfonso Rus y su núcleo más próximo tras asistir al final de la jornada inaugural del congreso nacional del PP, tratan de suavizar desde el Palau de la Generalitat.

Alfonso Rus, como ha publicado 'Las Provincias', realizó comentarios sobre Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal. Pero Rus se lo negó ayer al presidente regional del PP cuando éste le reclamó una explicación convincente sobre lo sucedido.

¿El presidente Fabra se creyó a Alfonso Rus? La respuesta oficial es que el jefe del Consell y del PP en la Comunitat Valenciana tiene que hacer caso a la versión que le transmita su presidente provincial. Pero en el fondo tiene sus dudas y su balanza parece inclinarse más hacia la versión de los hechos que cuentan los compromisarios castellano-manchegos que estaban en el mismo restaurante, en la mesa de al lado.

«El problema es que allí había otras personas que lo oyeron», apuntaron fuentes oficiales consultadas tras asegurar que el presidente Fabra, lo lógico, es que hiciera caso a Rus.

Desde el Palau tratan de quitar algo de hierro al asegurar que al presidente Fabra le preocupa la situación económica que sufren los ciudadanos valencianos, las empresas, los trabajadores, la deuda que arrastra la Generalitat, por lo que está centrado «en mejorar la situación económica». Lo sucedido con Rus en Sevilla se considera, pues, «un asunto menor, son anécdotas de bar».

No obstante, las mismas fuentes incidieron en que «al presidente Fabra no le ha gustado demasiado» lo que pasó en Sevilla y se atribuye a que debido a la situación pregongresual -en cuatro meses se va a celebrar el congreso regional y los tres provinciales en el PPCV-, algo que, al parecer, está creando «nerviosismo en algunos», apuntaron ayer otras fuentes.

Pero lo sucedido en Sevilla no se queda solamente en la cena en la que, al parecer, se paseó entre los postres el nombre humorístico de 'Marianico, el corto', en relación a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y comentarios soeces en relación a la dama de hierro castellano-manchega. El plante de una buena parte de la delegación valenciana a Fabra mientras pronunciaba su discurso sobre los estatutos del PP fue significativo del distanciamiento, aunque, por contra, a la comida organizada por el PPCV el sábado no faltó nadie.

Desde el Palau se considera que el presidente nacional del PP «le ha dado el poder absoluto a Fabra» hasta el punto de que le encargó la 'carta magna' de los populares de toda España «se la ha aprobado y con ella se va a regir el partido durante los próximos años». A ello hay que añadir a los nueve valencianos presentes en el comité ejecutivo nacional del PP.

De ahí que desde el Palau no haya preocupación alguna de que Alberto Fabra pueda tener enfrente una lista alternativa en el congreso regional del PPCV, que se celebrará en abril.

Además, se defienden desde el núcleo de poder político autonómico al asegurar que hablar ahora de la posibilidad que se presenten listas alternativas «no es nada serio». Ahora, si alguien quiere hacerlo, desde el Palau de la Generalitat se advierte de que Génova ha dado todo su apoyo a Fabra, «más es imposible».

«El presidente quiere contar con todos y mirar hacia adelante, al futuro, aunque si alguien no se quiere subir a ese carro será cosa suya», advirtieron las mismas fuentes. Ahora, Fabra «cuenta con todos para el partido, pero está centrado en trabajar por lo verdaderamente importante: solucionar los problemas de los ciudadanos».

Otra cuestión es lo que pueda suceder con Alfonso Rus, que aspira a repetir al frente de la presidencia provincial del PP en Valencia, como ya anunció hace tiempo. Fuentes cercanas al actual máximo responsable de la Diputación llegaron a asegurar ayer que se pretende apartar políticamente a Rus, que están «tratando de minarlo» y que aunque tenga un candidato alternativo, él seguirá como presidente provincial después del congreso.

«Rus ganará el congreso provincial del PP en Valencia, le costará pero al final lo ganará con claridad», aseguraron las mismas fuentes.

Las mismas fuentes advirtieron de que si fuera verdad lo que se le atribuye a Rus «sería, sin ninguna duda, para abrirle expediente». Consideran que con ese ataque, si no es verdad de lo que se le acusa al presidente provincial del PP , lo que se provoca es enrabietar a Alfonso Rus, que es mal enemigo.

Rus recibió también el recado de su colega en la Diputación de Castellón, Javier Moliner, que aspira a convertirse en el presidente del PP castellonense. Moliner dijo que del Congreso Nacional del PP «sale reforzado» Alberto Fabra y «parece ser que en las cenas sale reforzado Alfonso Rus».

Fuentes de la organización regional del PPCV incidieron en que Alfonso Rus ya ha manifestado públicamente su intención de continuar al frente de la provincial y no se va a levantar un dedo para tratar de impedírselo. «Nosotros no actuamos así», argumentaron desde la calle Quart, donde se encuentra la sede regional y la provincial del PPCV.

Otra cosa será si las palabras que varios compromisarios del PP castellano-manchego atribuyen al presidente del PP de la provincia de Valencia sobre el presidente del Gobierno y la secretaria general del partido y responsable de la Junta de Castilla-La Mancha calan en la calle Génova donde Dolores de Cospedal es ahora el ama y señora.

Un dirigente del PP cercano a Alberto Fabra reconoció la división evidente con la que ha vuelto el PPCV de Sevilla, donde la regional va por su lado, Castellón por donde marca el otro Fabra, Carlos, el avispero en el que se está convirtiendo Valencia y los líos que están volviendo a Alicante. «Fabra está en lo importante, en gobernar y buscar soluciones a la crisis económica. Pero alguien tendrá que poner orden ahí. Eso está fallando en el partido», aseguró.

 

Rus pone en riesgo su futuro político

 

Al líder de los populares en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, la cena del viernes por la noche en el restaurante 'La Isla' de Madrid le va a salir cara. No en lo económico (Crespo le vendió lotería de la premiada en Navidad) sino en los orgánico. Rus, al estilo Rus, sufrió una vez más de incontinencia verbal . En esta ocasión, según las fuentes consultadas, contra los dos números uno del partido, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, con una serie de términos que escandalizaron a comensales de otras mesas y que, casi al minuto, informaron, a la dama de hierro manchega, que desde este fin de semana manda más (si es que se puede) en la calle Génova, publicaba ayer 'Las Provincias'.

Ayer, un alto cargo de los populares valencianos apuntó: «Rus se ha dado la puntilla él solito». Y es que a pocas semanas del congreso regional y provincial, el alcalde de Xàtiva se queda en una posición de debilidad después de que la dirección nacional haya tomado nota de su actuación en Sevilla en la cena del viernes.

En la reunión participaron 21 personas, Rus incluido. Su núcleo más íntimo. Según las fuentes consultadas, ya en los postres el presidente de la Diputación de Valencia comenzó a disertar sobre si la política es muy desagradecida, que si un día estás arriba y otro abajo y que cuando uno cae nadie se acuerda de él. Algunas fuentes aseguraron que Rus empezó a hacer referencias a personas concretas como Rajoy y De Cospedal con comentarios de mal gusto. Otros confirmaron los comentarios pero negaron que nombrara a los dos líderes del PP.

Le llamaron la atención

En plena disertación, hubo algún comensal que le hizo ver al dirigente provincial que no todo era así, a lo que Rus, todavía más entrados los postres, se envalentonó y subió el tono de su intervención, que ya estaba siendo pública entre el resto de comensales del restaurante.

Rus endureció el tono, y según las fuentes consultadas, utilizó calificativos duros hacia ciertos cargos e insultos graves. Las mismas fuentes confirmaron que se refirió a Rajoy como 'Marianico, el corto', como el popular humorista, mientras que de la número dos del partido, Dolores de Cospedal, dijo obscenidades.

A pesar de que se le intentó hacer ver que sus palabras estaban llamando la atención de otras mesas y que le estaban mirando, Rus siguió con el mismo discurso y con el tono elevado.

En una de las mesas del restaurante cenaron delegados del PP de Castilla-La Mancha y algún miembro de la dirección regional de esa Comunidad que, tras lo visto, esa misma noche telefoneó a María Dolores de Cospedal casi al minuto para darle cuenta de cada una de las expresiones que el líder del PP en la provincia de Valencia utilizó en la cena con su núcleo de colaboradores más íntimo.

De Cospedal fue informada y de la misma manera, a la mañana siguiente, se informó a Juan Carlos Vera, otro de los pata negra del actual PP.

Las palabras de Rus sentaron muy mal en la dirección nacional que, según algunas fuentes, incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir algún expediente al presidente de la Diputación de Valencia.

Génova, como ayer reconoció un cargo del PP valenciano, tiene «calado» a Rus. El día después de la cena en 'La Isla', el dirigente popular no asistió a la ponencia de su líder, Alberto Fabra, ante el plenario del congreso haciendo evidente su distanciamiento y, por la tarde, ni siquiera se acercó a la urna a votar a Mariano Rajoy como presidente del partido.

No es la primera vez que Rus saca los pies del tiesto en una afrenta directa contra la dirección nacional. En la última Junta Directiva Regional ya tomó la palabra para expresar su malestar con el trato que Madrid dispensaba a la Comunitat Valenciana. Incluso llegó a apuntar que Génova trataba al territorio valenciano «como si fuera Guinea Ecuatorial».

Fuentes del PP valenciano hicieron la reflexión que la pillada a Rus le señala de cara a los congresos regional y provincial. «Positivo para él desde luego que no va a ser. Le han pillado con el carrito del helado y él solito se ha dado la puntilla», señaló un cargo del partido.

Fabra niega desplante de disidentes del PPCV durante su intervención en Sevilla

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat valenciana y del PPCV, Alberto Fabra, ha negado hoy que se produjera un "desplante" por parte de los delegados de Castellón y Valencia cuando él estaba defendiendo la ponencia de Estatutos en el Congreso Nacional del PP.

   Fabra, preguntado por el "desplante" de delegados de Castellón y Valencia en el Congreso cuando él intervenía para defender la ponencia de Estatutos, el presidente del PPCV ha afirmado que eran las 10.00 cuando hizo su intervención y no vio "nada de eso".

 "Lo he leído a través de los medios de comunicación, y algunas personas de las que se habla en ellos me han dicho que en absoluto se produjo nada de eso, por lo que no voy a valorar algo que creo que no se ha producido", ha aclarado.

   Por otra parte, durante el citado congreso algunos compañeros se dedicaron a fomentar alternativas al liderazgo de Alberto Fabra y señalaron al alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, como otro de los instigadores de sembrar dudas en la delegación valenciana. 

Incluso apuntaron que hubo compañeros que promocionaron la posibilidad de apoyar un grupo para que Francisco Camps se volviera a presentar para liderar el partido.

En la provincia de Alicante también existe un grupo de desagraviados por la actitud de Alberto Fabra. 

Fuentes del PP valenciano aseguraron que los críticos están dando «excesivas muestras de nerviosismo», según publica 'Las Provincias'.

Las universidades valencianas reciben como un "jarro de agua fría" la paralización de siete millones de Campus de Excelencia

VALENCIA.- Las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana han recibido como "un jarro de agua fría" la paralización de siete millones de euros que tenían previsto recibir del Gobierno central para la materialización del Campus de Excelencia Internacional (CEI)  'Campus Hábitat 5U'.

   Así lo ha señalado hoy Joan Peiró, representante de la Universitat Politècnica de València (UPV), que coordina esta iniciativa junto al resto de las instituciones públicas de educación superior de esta autonomía: la Universitat de València, la Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche.

   Este portavoz ha confirmado que el pasado viernes se recibió una carta en la que se explicaba que el Ministerio de Economía no autorizaba la concesión de los créditos previstos para el desarrollo del Campus de Excelencia, una situación que, al parecer, se ha repetido en otras comunidades autónomas.  

   Esta nueva circunstancia "deja paralizado" todo el programa de actuaciones proyectado por las cinco universidades "a expensas de que el Ministerio retome o no" estas aportaciones económicas.

   De este modo, la única ayuda con la que va a contar de momento el campus corresponde a las "pequeñas y muy específicas" subvenciones  --de medio millón de euros aproximadamente-- que el Estado concedió para acciones del Programa de Fortalecimiento, previo a la concesión del sello de calidad 'Campus de Excelencia'. 

"Vamos a intentar sacar por lo menos esto adelante", ha señalado Peiró.

   El representante de la Politècnica ha avanzado además a Europa Press una reunión que "en breve" tendrán que mantener las cinco universidades implicadas en 'Habitat 5U' para tratar el asunto.

   Asimismo, ha hecho notar que habrá que mantener conversaciones para aclarar si esta nueva posición del gobierno va a tener "consecuencias ulteriores".

   En este sentido, ha recordado que el sistema público valenciano cuenta ya con un reconocimiento de Campus de Excelencia anterior --el 'VLC/Campus' que reúne a la Universitat Politècnica y a la Universitat de València-- al que "no se sabe en qué medida le puede afectar".

 "Hasta donde sabemos VLC/Campus sigue su curso y no ha habido ningún otro elemento", ha dicho Peiró, que, no obstante, ha observado que "tanto el Gobierno como el Ministerio de Educación son muy jóvenes".

   'Campus Habitat' está coordinada por la Universitat Politècnica de València, y está desarrollada por el sistema universitario público valenciano: la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Jaume I de Castellón y la Miguel Hernández de Elche.

   Cuenta, además, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), de destacadas empresas y grupos empresariales (clústeres) del sector del hábitat y del territorio, y de instituciones y ayuntamientos de las cuatro principales ciudades de la Comunidad Valenciana (Alicante, Elche, Valencia y Castellón).

   El proyecto se presentó bajo el lema 'Unimos excelencia. Mejoramos el hábitat. Reactivamos el bienestar' y contempla un horizonte de excelencia en el ámbito del 'Hábitat y el Territorio' que se articula sobre cuatro áreas de actuación: planificación y gestión del territorio, espacio social, edificación y hogar.

   El objetivo es, entre otros, impulsar un proceso de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Comunitat Valenciana y consolidarse como polo de referencia internacional académico y científico del Arco Mediterráneo Europeo.

AIVCAM pide al Banco de España que amortice las cuotas participativas por el valor de compra

ALICANTE.- La Asociación de Impositores Valencianos de CAM ha enviado al Banco de España un burofax en el que le insta a amortiza las cuotas participativas de Caja Mediterráneo por el valor de compra antes del definitivo traspaso de CAM y Banco CAM SAU.

   AIVCAM ha enviado al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un burofax en el que insta al organismo regulador, como "actual propietario de CAM y Banco CAM SAU", a que proceda a "amortizar las cuotas participativas por el valor de compra, en aplicación del punto 1.3.5 (ii) del Folleto de emisión de las cuotas participativas de 26 de junio de 2008, en donde se exponen los derechos económico que las cuotas participativas confieren a los cuotapartícipes".

   En este sentido, la asociación ha destacado que los impositores que adquirieron cuotas participativas, con cantidades de "valor fundamental para las economías familiares que representan, no consiguen entender cómo le Banco de España, con su decisión de excluirlos de la propiedad, no vela por los intereses de los pequeños impositores".

   Según AIVCAM, "excluidos de su propiedad, la no amortización de estas cuotas generará de forma irreversible la desconfianza ante las instituciones del  Estado por parte de los afectados y trasladará el problema al Banco Sabadell".

   Por otro lado, el presidente de AIVCAM, Víctor Baeta, ha recordado que este mismo jueves mantendrá en Barcelona un encuentro con directivos del Banco de Sabadell, a petición de estos últimos, y ha expresado su esperanza de que haya una solución a este asunto.

El ex alcalde de La Vall de Laguart defiende su inocencia en el juicio por falsedad documental

ALICANTE.- El ex alcalde de La Vall de Laguart, Juan José Puchol Riera, ha defendido su inocencia ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Alicante, que le juzga por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio, por los que el fiscal le pide una pena de ocho años de prisión y 20 años y medio de inhabilitación.

   Los hechos se remontan al periodo comprendido entre los años 1995 y 1997, cuando el acusado era alcalde de la citada localidad. En octubre de 1995, "de manera injusta y arbitraria", según el escrito de acusación provisional del ministerio público, el procesado remitió un escrito a la Conselleria de Territorio en nombre de la corporación municipal en el que solicitaba determinados cambios en el planeamiento urbanístico.

   Estos cambios, según mantiene el fiscal y la acusación particular, no habían sido acordados en el pleno e incluían la eliminación de un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde y acusado, situada en la partida Peña Lisa, así como la creación de otro vial "por encima de la vivienda, garaje y naves propiedad del anterior alcalde, con el que tenía una enemistad manifiesta".

   Para justificar esta última modificación del planeamiento, el procesado supuestamente envió un plano correspondiente a la modificación puntual número tres de las Normas Subsidiarias que regían, por entonces, el urbanismo del municipio.

   Al respecto, el acusado ha declarado en el juicio este lunes que no está conforme con las acusaciones, y aunque ha reconocido el contenido de todos los documentos, ha asegurado que las decisiones en torno a las modificaciones urbanísticas propuestas "fueron fruto de las reuniones periódicas con los técnicos, y contaban con el acuerdo de todos los concejales de la corporación".

   El procesado además ha negado que tuviera ninguna enemistad con el exalcalde, cuyo hijo es el denunciante en este proceso, y ha explicado que eran "rivales políticos" y él como concejal "había votado en contra de muchas cosas" que había propuesto su antecesor en el cargo.

   Así mismo, ha relatado que el Ayuntamiento concedía las licencias de obra sin los correspondientes informes técnicos, práctica que era  habitual en anteriores legislaturas debido a la "falta de medios materiales y personales". De igual modo, ha explicado que él firmaba los documentos que le presentaba el secretario municipal, en cuyo criterio confiaba plenamente.

   En cuanto al vial que atravesaba la casa de su rival político, ha detallado que este vial fue proyectado y aprobado cuando el afectado aún regentaba la alcaldía en 1994, y ha insistido en que el Consistorio carecía de medios suficientes para facilitar la documentación solicitada repetida e insistentemente por el afectado.

   El denunciante, por su parte, en su testimonio como testigo ha rechazado que su padre autorizara este vial, que cruzaba su vivienda familiar, y ha lamentado que todo este conflicto ha causado mucho daño a su familia tanto a nivel psicológico como económico.

   El procesado también está acusado de falsificación documental, al considerar el fiscal y la acusación que el plano aportado por el alcalde para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana no se correspondía con la aprobada provisionalmente por los plenos del Ayuntamiento en el año 1994, y que posteriormente no fue aprobada con carácter definitivo por la Generalitat, y en el que no constaba la vivienda, garaje ni naves propiedad de su antecesor.

   En la vista, el denunciante ha explicado que realizó una investigación de la documentación que pudo recabar en la Conselleria, y llegó a la conclusión, según ha mantenido este lunes, que documentación del aportada por el Ayuntamiento a la Generalitat valenciana "no coincide" con la que tiene registrada en el archivo el consistorio ni con lo que los ediles aprobaron en su día en el pleno municipal.

   El ministerio fiscal pide para Juan José Puchol Riera una pena de ocho años de prisión por dos delitos de falsedad documental y un delito continuado contra la ordenación del territorio, así como por el delito del artículo 542 del Código Penal. Además, pide 20 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

   La acusación particular, encarnada por la abogada Concepción Rizo, pide una pena de 12 años de cárcel por los mismos delitos, y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la defensa, a cargo del letrado Manuel Roura, solicita la libre absolución y considera que las acusaciones son fruto de una "manía por temas político" hacia su cliente.

El juicio por el despido de la exdirectora de la CAM, Maria Dolores Amorós, se celebra este viernes

ALICANTE.- El próximo viernes se celebrará en el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante el juicio por el despido de la exdirectora de la CAM, María Dolores Amorós, que recurrió la decisión del FROB de despedirla de su cargo poco tiempo después de que la entidad alicantina fuera intervenida.

   El juicio está previsto a las 10.00 horas en la sala de vistas nº 3 del edificio de los juzgados situado en la calle Pardo Gimeno de Alicante, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

   María Dolores Amorós asumió la dirección general de CAM en noviembre de 2010 y el 10 de agosto de 2011, una vez intervenida la entidad, los interventores la destituyeron temporalmente de sus competencias, para ratificarse en su decisión y despedirla definitivamente poco después.

   La exdirectora general de la CAM acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros, y unos 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, su pensión, con una prestación vitalicia asegurada de 30.791 euros al mes, lo que elevaría esta cuantía a 369.497 euros anuales.

   Los gestores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

  Este informe ha conllevado la apertura de un expediente disciplinario a la cúpula de la CAM. Además, sus conclusiones, enviadas a la Audiencia Nacional, están siendo investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que está estudiando presentar una querella contra la exdirectora general de la CAM, tras comprobar la existencia de las irregularidades denunciadas por el Banco de España en su concesión de la pensión vitalicia anual.