MADRID.- Las aerolíneas españolas operan actualmente
solo un tercio del tráfico aéreo con origen o destino en España, volumen
que es supervisado de manera directa por la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, según la
Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).
Esto supone que se dé la "paradoja" de que las autoridades
españolas no sean competentes para auditar y en su caso sancionar a las
compañías que realizan la mayor parte del tráfico aéreo en España.
Según su presidente, Felipe Navío, esta situación es consecuencia
de la "desregulación del espacio aéreo europeo", que permite a
cualquier compañía aérea europea operar desde cualquier país de la UE,
con una capacidad de penetración en el mercado superior a las
tradicionales, en el caso de las 'low cost'.
En Europa, la responsabilidad de regular y supervisar la
seguridad aérea recae en la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)
con sede en Colonia (Alemania), mientras la actividad aérea de compañías
registradas en nuestro país corresponde a la Agencia de Seguridad
española.No obstante, las normas y reglamentos son comunes y de obligado
cumplimiento en el seno de la UE.
"Un mercado único con empresas que operan indistintamente en
distintos países de la UE, donde abundan las uniones entre aerolíneas,
(...) no puede estar supervisado siguiendo criterios de dividir la
responsabilidad en función de dónde se matricule el avión", lamentó
Navío en un artículo.
Por ello, apoyó el planteamiento de Fomento de mejorar la
capacidad de supervisar las actividades de vuelo en España,
independientemente de la nacionalidad de la compañías aérea
Fuentes del sector señalaron que la aviación está
"fuertemente regulada, auditada y controlada, especialmente en Europa".
En cuanto al combustible, se considera que la aerolínea irlandesa, que
opera alrededor de 1.500 vuelos diarios, se sitúa "poco por encima de la
normativa", si bien no llega a incumplirla.
Pese a que su auge ha popularizado los viajes de avión, para
beneficio de los usuarios, este nuevo modelo ha provocado también
efectos negativos con "fuertes ajustes" en las compañías aéreas
españolas durante los últimos años.
Su necesidad de adaptación a las nuevas condiciones de mercado ha
causado la desaparición de aquellas que "no han sido capaces de
aguantar este empuje" y en otros casos, "ha conllevado una escalada de
conflictividad laboral", recordó.
Para Navío, de seguir esta tendencia, en "pocos años la
participación de las empresas nacionales en el tráfico aéreo en España
será inferior al 20%".
Como características del nuevo modelo de bajo coste se refirió a
precios más competitivos, modelos más ágiles de gestión y mayor uso de
las tecnologías, y como contrapartida "competencia desleal debido a la
precarización de la mano de obra, subvenciones con visión a corto plazo o
la promoción del tráfico en un Estado con competencias dispersas y
descoordinadas".
Navío, decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, reconoció
"la devaluación significativa de las condiciones laborales de los
profesionales" del sector aéreo y el consecuente aumento de la
emigración de trabajadores cualificados, pese a que la gran mayoría de
los profesionales de las empresas extranjeras que operan en España
proceden de compañías nacionales desaparecidas.
Ante los últimos incidentes protagonizados por Ryanair, las
denuncias de algunos colectivos profesionales y las noticias recogidas
en los medios de comunicación, mostró su preocupación por la imagen de
desconfianza que puede trasladarse a la opinión pública.
"Son nuestras autoridades las que en primera instancia, y los
tribunales finalmente, los que deben establecer si efectivamente se
están cometiendo las irregularidades y abusos mencionados y poner en
marcha las actuaciones y evitar que se repitan", opinó, para añadir que
el debate debe estar "en los foros adecuados y no en los medios de
comunicación".
