Renfe prueba el AVE a Alicante con trenes que alcanzan 330 kilómetros por hora

ALICANTE.-   Renfe ha comenzado a realizar pruebas en la conexión ferroviaria por AVE a Alicante con trenes laboratorio de Alta Velocidad (AVE) que han alcanzado una velocidad de 330 kilómetros por hora, por encima de la futura velocidad de explotación comercial de la línea, según informó la compañía.

   Con estas pruebas, Renfe busca verificar la calidad del servicio, cuya puesta en marcha está prevista para finales del próximo junio.

   Según la operadora, los trenes laboratorio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han "culminado con éxito" diversas comprobaciones de auscultación dinámica de catenaria y vía para verificar las condiciones geométricas de ambas instalaciones.

   Renfe destacó que el tren laboratorio es un "elemento fundamental" en los trabajos de puesta en servicio de las infraestructuras, ya que su capacidad de investigación y análisis "permite homogeneizar y aumentar la frecuencia de los estudios y auscultaciones" de los elementos de la red AVE.

   Por otra parte, Adif ha sacado a concurso el alquiler de siete locales comerciales en la estación de Alicante, y de otros cuatro en la nueva terminal de Villena para un periodo de vigencia de siete años. Las tiendas podrán destinarse a cualquier actividad, excepto restauración y alquiler de coches, que se licitarán próximamente.

   En este sentido, el operador resaltó que la remodelación de la estación alicantina con motivo de la futura llegada del AVE permitirá disponer de 21 establecimientos, con una superficie total aproximada de 1.800 metros cuadrados, de los que han salido a concurso 613 metros.

   La terminal de Alicante forma parte de la marca 'Tiendas de la Estación', presente también en Madrid Puerta de Atocha, Madrid Chamartín, Barcelona Sants, Gerona, Córdoba, Sevilla Santa Justa, Valencia Nord y Valencia Joaquín Sorolla.

El PP rechaza las recusaciones pedidas por EU para que Castedo se abstenga en contratos a los que opte Ortiz

ALICANTE.-   Los ediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante han desestimado, con sus votos en el pleno, las peticiones de recusación formuladas por EU para que la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, se abstenga de intervenir en las decisiones sobre adjudicaciones a las que opten empresas relacionadas con Enrique Ortiz, quien, al igual que la primera edil, está imputado en la pieza del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   La votación se ha desarrollado durante una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada este miércoles, en la que se ha abordado la solicitud de la acción de recusación contra Castedo por intervenir en los acuerdos adoptados por las reuniones de la junta de Gobierno local de los pasados 25 de marzo y 22 de abril, cuando se aprobaron reconocimientos de créditos como consecuencia del servicio de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, para pagar facturas a una mercantil participada por Ortiz.

   Igualmente, la formación de izquierdas ha reclamado la misma medida contra la alcaldesa en referencia a su participación en el procedimiento de licitación de la gestión del citado servicio municipal, a la que únicamente se ha presentado una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre las que se encuentra una mercantil del empresario alicantino.

   Así, ambas recusaciones han sido desestimadas con los votos del PP, mientras que EU y PSPV las han respaldado y UPyD se ha abstenido. Durante los turnos de intervención en el pleno, en el que no ha estado presente la primera edil, el portavoz de la formación de izquierdas, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en que Castedo y Ortiz mantienen una relación de "amistad de íntima" que, tal y como ha explicado, habría "anulado" la sesión en caso de que la alcaldesa hubiera participado.

   Pavón ha enfatizado que la "amistad" entre ambos es "pública y notoria", y ha hecho referencia a "declaraciones ilustrativas" realizadas por la dirigente municipal durante su declaración del pasado octubre en el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su imputación en el 'caso Brugal'.

   Igualmente, ha mencionado regalos recibidos por la primera edil por parte del empresario, o a viajes realizados conjuntamente tanto a Andorra como a Ibiza. En su argumentación, también ha señalado que el marido de la alcaldesa "está contratado como autónomo" en una compañía de Ortiz. "Por mucho menos, otros alcaldes se han apartado de procedimientos de adjudicación", ha apuntado.

   Por su parte, el concejal socialista Manuel Marín ha expuesto que la participación de Castedo en los citados procesos de adjudicación puede representar un "posible incumplimiento" de la norma jurídica relativa al deber de abstención en caso de "amistad íntima o enemistad manifiesta" con los interesados, y ha subrayado que la relación entre ambos es "pública y notoria".

   En su turno de palabra, Marín ha puesto como ejemplos fragmentos de las escuchas policiales llevadas a cabo durante la investigación sobre el PGOU, en las que, tal y como ha indicado, tanto el empresario como la primera edil cruzaron términos como "bombón", "mimosina" o "tronco", de la misma manera que, a su entender, "son constatables y públicos" los viajes compartidos por los dos.

   A su juicio, "lo más grave es la situación de abandono" en que Castedo "tiene a la ciudad", así como su "dejación de funciones" y la "desastrosa gestión" desarrollada en el Ayuntamiento. "Por higiene democrática, por responsabilidad y por respeto a la ciudadanía, debería abstenerse" en los procedimientos de adjudicación.

   En cuanto al portavoz de UPyD, Fernando Llopis, ha recalcado que no existe un "termómetro" que mida si una amistad es "íntima, o de grado uno, dos o tres", y ha asegurado que lo que cuestiona su grupo es el trabajo del área de Atención Urbana, que ha derivado en varios reconocimientos de crédito al no tener preparado a tiempo el pliego para la nueva contrata de limpieza viaria.

   En el mismo sentido, ha considerado que únicamente se ha presentado una oferta ya que "las empresas piensan que el consistorio no va a poder pagar, o porque entienden que no hay igualdad de oportunidades" en la adjudicación del servicio. "La amistad o posible beneficio deben dirimirla los juzgados", ha incidido.

   El primer teniente de alcalde, Andrés Llorens, que ha ejercido de presidente del pleno, ha afirmado que los términos empleados por Castedo y Ortiz en sus conversaciones, citados por Marín, "son expresiones habituales" de la primera edil "en su forma de expresarse", y ha criticado que EU "tiene una línea monotemática centrada" en el empresario alicantino.

   "Su discurso se ha convertido en su bandera, no le preocupa la ciudad, sólo Ortiz, siempre la misma cantinela", ha resaltado Llorens, quien ha opinado que EU no ha aportado "pruebas ni argumentos válidos que acrediten la amistad íntima" a la que han hecho referencia.

Unos 3.800 menores se encuentran en situación de desprotección en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Alrededor de 3.800 menores se encuentran en situación de desprotección en la Comunitat Valenciana. En su mayoría, se trata de "simples" negligencias en la atención a los menores por parte de sus tutores o cuidadores "más fáciles" de reconducir con planes de protección al menor y escuelas de padres, pero entre un 15-16% son casos de maltrato físico o psicológico.

   Así lo ha puesto de manifiesto la directora general del Menor, Rosa Aragonés, durante la presentación de tres guías que la Generalitat ha editado para ayudar a los profesionales de la Sanidad, la Educación y del ámbito policial a detectar casos de riesgo y saber qué hacer ante este tipo de situaciones. La secretaria autonómica de Familia y Solidaridad, Lucía Cerón, ha conducido el acto, en el que ha estado también el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi.

   En cualquier caso, es un "número excesivo, son muchos menores que requieren atención", ha alertado Cerón, y ha invitado a conocer los protocolos y los centros que se ocupan de ellos y en los que "cuando un niño que entra con ojos tristes o magullado, sale con los ojos por lo menos mirando a un futuro".

   Precisamente prevenir este tipo de casos, la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General del Menor, ha editado tres folletos desplegables que explican de manera "clara y sintética" todas las cuestiones técnicas, procedimientos y normativas en las que pueden apoyarse profesores, médicos y policías para reconocer las situaciones de riesgo, desamparo del menor o maltrato infantil y saber qué hacer cuando las detecten.

   En estos momentos, la actuación de la Administración en situaciones de desprotección infantil viene motivada en la mayoría de los casos por derivaciones y notificaciones de los Servicios Sociales Municipales (37,96%), el ámbito policial (17,92%), el ámbito sanitario (13,8%), el ámbito educativo (5%), Fiscalía (10,13%), los juzgados (6,32%), el área de la Mujer (0,99%), denuncias de particulares (1,04%), ONG (1,05%), otras regiones (2,42%), por iniciativa propia de la Comunitat (3,05%) y otros (0,32%), ha precisado Cerón.

   Los trípticos guía presentados hoy responden a preguntas que pueden hacerse profesores, médicos, enfermeros y policías como: '¿Qué es el maltrato infantil y a través de qué señales puede reconocerse?, ¿Cómo valorar la urgencia de las situaciones y qué hacer en los casos de mayor gravedad?, ¿Cómo comunicarlas y proteger a los menores? o ¿Dónde encontrar las hojas de notificación?'.

   En total se ha publicado una tirada de 95.000 ejemplares, en castellano y valenciano, la mayoría de las cuales se distribuirán entre las consellerias con competencias en el área educativa, sanitaria y policial, así como en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

   En el ámbito educativo se distribuirán principalmente entre maestros, jefes de estudio, directores de centros escolares e inspectores educativos. En el sanitario, se priorizará su distribución especialmente en los servicios de pediatría, ginecología y matronas, unidades de salud mental infantil, servicios de urgencias y unidades de trabajo social tanto de los centros de atención primaria como de atención hospitalaria.

   Por último, en el ámbito policial, la guía se distribuirá entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto autonómicas como locales y nacionales, especialmente entre los grupos policiales especializados en temas de mujer y de menores.

   Las guías ofrecen una serie de contactos y teléfonos de interés a los que dirigirse para contactar con las entidades competentes en esta materia y para solicitar o ampliar información sobre la forma más adecuada de proceder, como el Teléfono del Menor (900 10 00 33), el Teléfono de Ayuda a la Infancia (116111), el Teléfono Prop de la Generalitat (012), los teléfonos de las direcciones territoriales, los centros de recepción de menores y los de las Fiscalías de Menores de cada provincia, entre otros datos de interés.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Luis Esteban, expresidente de Terra Mítica

VALENCIA.-   La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de siete años de prisión para el expresidente de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, Luis Esteban, y otros 10 años para tres exresponsables: Miguel Navarro --ex director general--, Justo Valverde --exjefe del departamento de Contratación-- y Antonio Rincón --ex director técnico--.

   El ministerio público considera que estas cuatro personas podrían haber cometido un delito de estafa y un delito contra la Hacienda Pública, mientras que a tres de ellos --con la excepción de Luis Esteban-- también les acusa de un delito continuado de falsificación de documento mercantil, según consta en la calificación provisional.

   Asimismo, junto a estas cuatro personas, la fiscal dirige su acusación contra otros 34 responsables de diferentes mercantiles, para que los que también solicita diferentes multas y penas de prisión.

   El juez abrió en el año 2005, a raíz de una denuncia de la Fiscalía, una investigación al parque temático de Benidorm y a una veintena de empresas más por un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros.

   La investigación se dio por concluida el mes pasado, cuando el juez transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y dio un plazo a las partes personadas para que solicitaran la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación; pidieran el sobreseimiento de la causa; o solicitaran la práctica de diligencias complementarias.

SabadellCAM contratará en ETT tras ejecutar el ERE

ALICANTE.- SabadellCAM contratará en ETTs tras ejecutar el ERE porque las colas obligan al banco a hacerse con trabajadores temporales para "garantizar la atención de los clientes". También trasladará a las sucursales entre 50 y 70 empleados de los servicios centrales de Alicante ante la carga de trabajo que registra la red. Los sindicatos critican la falta de planificación en declaraciones a 'Información'.

El caso es que, tras ejecutar en apenas cuatro meses, cuando había de plazo hasta el 31 de diciembre, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la Comisión Europea impuso para autorizar la operación, ahora el banco catalán se ha visto obligado a contratar a trabajadores temporales ante las colas y la sobrecarga de trabajo que se está registrando en las oficinas de la antigua caja alicantina, sobre todo en las provincias de Alicante y Murcia, donde tenía su mayor base de clientes.

Según fuentes sindicales, en los últimos meses ya se habrían incorporado alrededor de unos 150 empleados a través de ETT y, en la última reunión que mantuvieron hace unos días, la empresa prometió nuevos refuerzos de cara al verano –se habló de 45.000 horas de trabajadores «temporeros»– para evitar que los turnos de vacaciones den al traste con los avances conseguidos en este tiempo de cara a la normalización del trabajo en las sucursales.

En la misma línea, los responsables de Recursos Humanos también anunciaron el traslado de un grupo de entre 50 y 70 personas desde los servicios centrales de Alicante a la red de oficinas para reforzar la atención al público, e incluso apuntaron la posibilidad de que algunos de los empleados destinados a otras provincias durante el proceso de reestructuración sean llamados de nuevo a Alicante con el mismo objetivo.

Es más, la entidad ya ha propuesto la reincorporación de la docena de trabajadores que se acogieron al ERE de forma voluntaria en la modalidad de «baja con posibilidad de retorno», que obligaba al banco a ofrecerles un empleo antes de dos años si no quería pagarles una indemnización mayor.

Los sindicatos vienen denunciando las prolongaciones de jornada que sufre la plantilla desde la intervención de la entidad, los problemas que tienen con el sistema informático y los enfrentamientos que se registran con los clientes.

Los sindicatos denuncian la ´prolongación ilegal´ de jornada en SabadellCAM

ALICANTE.- Todas las organizaciones sindicales con representación en el banco SabadellCAM se han unido para denunciar públicamente los excesos horarios que siguen sufriendo los trabajadores de la entidad como consecuencia del proceso de fusión. 

En un comunicado conjunto difundido entre la plantilla, CC OO, CC&P, UGT, CGT, Sicam y el Sindicato Alta exigen poner fin a lo que consideran "prolongaciones de jornada ilegales" y destacan la "escasez de plantilla" y la "insuficiencia de medios" que se registra en las oficinas. También denuncian "las continuas presiones y amenazas" que los trabajadores reciben.
El escrito se produce después de que el pasado día 9 los representantes de los trabajadores conocieran las nuevas medidas que la dirección del banco pondrá en marcha para aligerar las colas y la carga de trabajo en las sucursales -entre las que destacan el refuerzo de las oficinas con trabajadores temporales y el traslado de entre 50 y 70 empleados de los servicios centrales de Alicante a la red para reforzar la atención, -tal y como avanzó el diario Información-, que consideran insuficientes.

Castedo aboga por poner "límites compatibles con las necesidades" de la población en una reforma de la hacienda local

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha considerado este martes que "es el momento de llevar adelante" una reforma de las haciendas locales, al tiempo que ha abogado por una segunda descentralización y por "poner, de una vez por todas, límites" que sean "compatibles con las necesidades" de cada población.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas al ser preguntada por si le preocupa que la reforma de la Hacienda local pueda limitar los complementos de los asesores o establecer precios para determinados servicios.

   "No me preocupa en absoluto, además creo que es el momento de llevar adelante una reforma de las haciendas locales, y abogo y llevo abogando mucho tiempo por una segunda descentralización, porque creo que es lo que realmente se necesita y porque es una promesa que se lleva realizando durante muchos años y que hasta el día de hoy no se ha visto cumplida", ha manifestado.

   En el mismo sentido, ha incidido en "esa segunda descentralización", y ha asegurado que no le "preocupan los límites que se puedan poner".

 "De hecho, creo que es necesario poner, de una vez por todas, límites y que todos los municipios los vayan cumpliendo. Creo que es el momento de hacerlo por la situación que estamos viviendo", ha subrayado.

   Interpelada por si las contratas de la capital alicantina estarían dentro de esos límites o si sería necesario ajustarlas, ha indicado que el consistorio está ajustando los contratos "en la medida de las posibilidades, sobre todo las más caras, y las que salen este momento a concesión, como las de recogida de residuos urbanos".

   No obstante, ha puntualizado que "los límites tienen que ser siempre compatibles con las necesidades de cada municipio", y ha explicado que "no es lo mismo limpiar una población de 50.000 habitantes que una ciudad de 340.000, ni limpiar una ciudad del norte que una del sur, por una razón, cuando la gente vive mucho más en la calle, la ciudad se ensucia mucho más, pero es normal, y cuando en una ciudad no llueve lo que gustaría que lloviera, necesita una mayor limpieza manual".

   Asimismo, ha recalcado que "hay que tener muy en cuenta las necesidades de cada municipio a la hora de tomar esas decisiones". 

 "Considero que así se hará y espero que así se haga", ha agregado.

   Castedo también ha añadido que en principio la reforma comenzará con municipios "más pequeños", los cuales, tal y como ha señalado, "en el caso de que no vean o no puedan cumplir con las directrices que se marquen, los harán depender directamente de las Diputaciones", si bien, ha resaltado que no "debe descartarse bajo ningún concepto" que los cambios se acometan en poblaciones grandes.

El juez cita como imputados al alcalde de Torrevieja y a cinco ediles del PP por presunto delito electoral

ALICANTE.- El titular del juzgado de instrucción nº 5 de Torrevieja ha citado como imputados al alcalde de la localidad, Eduardo Dolón (PP), a otros cinco concejales 'populares' y a un técnico municipal, por un presunto delito electoral, relacionado con la concesión de permisos para la celebración de un mitin en 2011 en un recinto no ofertado por la Junta Electoral, según han informado fuentes conocedoras del caso.

   Los hechos se remontan a mayo de 2011 durante la campaña electoral para los comicios locales y autonómicos, cuando tanto PSPV como Los Verdes presentaron denuncias contra el PP por la celebración de un acto en el Teatro Municipal de la ciudad, un recinto que no contaba con autorización por la Junta Electoral Provincial.

   Así, el juez ha citado como imputados para los próximos 6 y 7 de junio a Dolón, al actual portavoz del equipo de Gobierno y diputado de Turismo, Joaquín Albaladejo --por aquel entonces jefe de campaña del partido--, a otros cuatro concejales 'populares' y a un técnico municipal, para analizar su grado de participación en la concesión del permiso para el desarrollo del mitin en el recinto.

   Las fuentes consultadas han explicado que el acto del partido fue autorizado por la junta de Gobierno local en base a un informe elaborado por el técnico ahora imputado, a pesar de que el órgano provincial electoral no había autorizado el uso del Teatro Municipal como sede para este tipo de actos.

   Por su parte, Albaladejo ha expresado la "más absoluta colaboración y lealtad" del equipo de Gobierno de la población alicantina hacia los "trabajos indagatorios", así como la "más absoluta tranquilidad por la actuación" de las personas que han sido citadas.

   Igualmente, ha considerado que la intención del PSPV es "eliminar a su oponente", y ha tildado de "triste, penoso y lamentable" que la formación política actúe de esta manera, al tiempo que ha recalcado que el Ejecutivo de Torrevieja tiene "muy clara su obligación" de trabajar por la ciudad.

   Inicialmente, los socialistas solicitaron la imputación en esta causa del diputado autonómico y ex primer edil de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, si bien el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó el sobreseimiento libre de la causa al entender que no intervino en los hechos investigados.

El gasoducto Marina Alta I ofrecerá suministro a 180.000 viviendas y creará 200 trabajos directos

ALICANTE.- Hoy se ha inaugurado el gasoducto Marina Alta I, en el que se han invertido cerca de 8,3 millones de euros, y que dará suministro a 180.000 viviendas de la comarca alicantina, así como a un "número importante" de empresas, además de crear 200 puestos de trabajo directos, según se ha informado en un comunicado.

   La infraestructura, desarrollada por la mercantil Endesa, une las localidades de Denia y Jávea y posibilitará que cerca de 180.000 hogares y un "número importante" de empresas del sector terciario, de servicios e industriales, tengan acceso al gas natural. En la ejecución de la Fase II, prevista a lo largo de este año, se invertirán 6,6 millones de euros adicionales.

   A partir del progresivo desarrollo de las redes de distribución urbanas propiciado con el nuevo gaseoducto, seguirá generando durante años inversión y empleo en el sector de la construcción y dinamizará la actividad en el sector de los instaladores locales.

   Se ha explicado que la llegada del gas natural también conlleva beneficios como la renovación de las instalaciones y aparatos de consumo energético o la mejora en la seguridad de suministro y la eliminación del riesgo asociado al transporte.

     Los diferentes Planes de Gasificación impulsados por la Generalitat han posibilitado que más del 70 por ciento de la población valenciana tenga acceso a una energía más limpia como el gas natural.

   Actualmente, el gas natural representa el 21,4 por ciento de toda la energía consumida en la Comunitat, y el Consell prevé que en 2015 tengan acceso a este combustible todos los municipios de más de 10.000 habitantes, lo que supone el 83 por ciento de la población de la Comunitat.

   Asimismo, se ha adelantado que la inversión privada prevista en 2013 para extender las redes de distribución de gas natural en la Comunitat asciende a 45,4 millones de euros y ha añadido que la inversión global prevista en el periodo 2011-2015 para extender la red de gasificación es de aproximadamente 277 millones de euros, sufragados mayoritariamente por la iniciativa privada.

Compromís aportará documentos a la Fiscalía para denunciar la "politización y manipulación" de las cajas de ahorro

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha anunciado este martes que su formación aportará documentación a la Fiscalía para  denunciar la "politización y manipulación" de las cajas de ahorro por parte de los "partidos mayoritarios". 

   Morera, en un comunicado, ha asegurado que ha tenido acceso a cartas "muy comprometedoras, enviadas por la dirección del PP a concejales" que van a poner en conocimiento de la justicia. Así, cita una misiva que, en abril de 2001, el ahora presidente del Senado, Pío García-Escudero, "envió por error a un concejal de una localidad del interior de Alicante".

   En la carta, facilitada por la coalición, el responsable de organización de los 'populares' se dirige al alcalde o portavoz municipal: "Te pido que te asegures de la afinidad del compromisario para que vote nuestra opción 'Participación Popular' --en Caja Madrid-- y lo comuniques a tu Gerente Provincial con las claves 'Sí', 'No, 'No sabe/No contesta'".

   "Si consideras que es de nuestra opción, le puedes indicar que puede venir a votar a Madrid" y "recibirá su dieta correspondiente y los gastos que le origine el viaje, pues esta persona ya ha firmado la aceptación y la ha entregado en la propia Caja Madrid".

 "Te ruego te tome con la máxima diligencia, dada la importancia que tiene para todos este tema". 

"En nombre del PP de Madrid te doy las gracias por anticipado".

   En opinión del síndic de Compromís, estas comunicaciones "revelan algo muy grave" y ha afirmado que desde el PP, "han repetido hasta la saciedad que las cajas de ahorro no estaban politizadas, lo que se demuestra que no es cierto y que estaban totalmente controladas por los partidos mayoritarios".

   En el caso de Caja Madrid, "investigando un poco, se sabe que el 25 por ciento de los consejeros los elegían las corporaciones municipales, es decir, políticos", ha señalado Morera, quien ha apuntado que el 10% era elegido por la Asamblea de Madrid y un 28% era de los impostores, que quedaban agrupados entre 'Participación Popular', controlada por el PP y 'Propuesta Socialista', vinculada al PSOE, ha dicho.

   "Lo mismo que ha pasado en Caja Madrid ha pasado en el resto de cajas de ahorro que hemos perdido por culpa de la incompetencia de decisiones políticas y partidistas, que no técnicas", ha lamentado.

   El portavoz de Compromís ha apuntado que con estos datos, "además de demostrar la excesiva politización de las cajas, también se demuestra que estas entidades se han usado por parte de los grandes partidos como lugares para colocar a sus altos dirigentes o como moneda de cambio".

   Por ese motivo, van a reclamar a la justicia "que investigue, que delimite si existen hechos delictivos y que se ponga a disposición judicial a todo aquel que haya participado en estas operaciones".

   En este sentido, y "vista la documentación, más otros hechos que han sido publicados recientemente", considera que Pío García-Escudero "tiene que dimitir ya que ha participado en acciones muy poco transparentes y democráticas, y no puede estar al frente de altas instituciones del Estado".

Ximo Puig (PSPV) asegura que la Comunitat "necesita" una alternancia "higiénica" para "limpiar toda la basura que hay"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha calificado de "muy negativos" los dos últimos años de gobierno del PPCV, y ha asegurado que la Comunitat Valenciana "necesita" una alternancia "higiénica" para "limpiar toda la basura que hay", "provocada" por los 'populares'.

   Puig se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance del ecuador de esta legislatura, en la que ha resaltado que han sido "dos años perdidos" y "dos décadas de políticas fracasadas del PP".

   "Mañana --ha agregado-- se cumplen dos años de las últimas elecciones autonómicas coordinadas bajo un paradigma: el incumplimiento y la mentira", ha dicho, y ha añadido que los valencianos "están ahora peor que hace dos años, porque tienen menos posibilidades de trabajar, tienen que pagar más impuestos y menos servicios públicos", ha lamentado.

   En esta línea, ha criticado que han sido dos años y dos décadas "marcadas por un modelo productivo equivocado, basado en la especulación y en los grandes eventos, en el despilfarro y con un enorme hedor a corrupción". El resultado ha sido "un 30 por ciento de paro, un 30 por ciento de deuda y un 30 por ciento de exclusión social", ha dicho.

   Puig ha indicado que el PP ganó hace dos años "porque prometió empleo", y ahora "esa gran promesa es su gran fracaso, ya que se ha alcanzado el nivel más alto de desocupación de la Comunitat". También ha resaltado que muchas empresas valencianas están cerrando porque "en muchos casos" en gobierno de la Generalitat "no paga"; "y muchos dependientes no cobran y algunos alumnos se han quedado sin comedor", ha añadido. Asimismo, ha indicado que la pobreza ha aumentado un 18 por ciento en la Comunitat, "y estamos 12 puntos por debajo de la media nacional en la renta per cápita".

   Además, Puig ha resaltado que dos años después, el PP "no ha cumplido ni el cinco por ciento de sus propuestas electorales", ya que, en cuanto a empleo, hay más de 715.000 parados en la autonomía; un 18 por ciento más de pobreza; la Generalitat debe 74 millones de euros a institutos tecnológicos; y otros 125 millones a los agricultores desde 2009.

   Ante esta situación, ha lamentado que "nos encontramos con un gobierno paralizado, sin capacidad de maniobra, que se reúne todos los viernes para no decir nada, pero no hay nada más, porque no hay pulso, liderazgo", opina.

   A su juicio, es "necesario" cambiar la política económica, ya que entiende que las empresas valencianas están "absolutamente solas": "la Generalitat no les ayuda ni a producir, ni a modernizar ni a cobrar", ha aseverado. "Hay que cambiar la política económica y exigir también lo que nos corresponde de financiación", ha dicho, y ha agregado que "hay que asumir que la deuda histórica no se va a poder asumir por parte de la Generalitat".

   Puig ha lamentado que el PPCV "no está dando ningún paso adelante, se queda en posición defensiva", y la Comunitat "no puede esperar más". A su entender, es "exigible" un cambio de política que "garantice" el crecimiento de empleo; "acabar con el marasmo de la corrupción; y exigir al gobierno de España aquello que es de los valencianos".

   Ha indicado que ante esta situación "hay una alternativa", y es que la Comunitat "necesita, desde luego, una alternancia higiénica para limpiar toda la basura que hay provocada por gobiernos del PP".

 "Pero necesita sobretodo una laternativa potente, seria, que sume las ambiciones de las clases populares, las clases medias para reconstruir una nueva prosperidad incluyente, que sirva para todos los territorios del país, y para el interés general de los valencianos".

   En este sentido, preguntado por su opinión sobre las apuestas que ha plasmado el portavoz del partido, Francesc Romeu, en un libro, ha comentado que "cualquier solución o idea es bien recibida y me parece un ejercicio positivo". 

"Por lo demás --ha añadido--, lo que acuerda del PSOE es lo que acuerda, son las decisiones del comité nacional, de la Ejecutiva. Cualquier persona del PSOE tiene todo el beneplácito para presentar aquello que crea oportuno, pero las posiciones del PSPV las marca el PSPV", ha afirmado.

   Asimismo, interpelado por si ante esta situación, cree lógico que se convoquen elecciones en la autonomía, ha dicho: "es una reflexión muy solvente". 

"Creo que en estos momentos --ha añadido-- el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene que tomar alguna decisión, y o toma una dedisión de cambiar la política, o tiene que no prolongar la agonía, porque su agonía es también la decadencia de la comunidad".

Fomento comunica a las constructoras su porcentaje en la nueva sociedad de rescate de las autopistas

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha emprendido una nueva ronda de reuniones con las constructoras para informarles de la participación que corresponde a cada una de ellas en el capital de la sociedad que rescatará a la decena de autopistas de peaje en riesgo de quiebra, según informaron hoy fuentes del sector.

   El Departamento que dirige Ana Pastor reserva a las empresas un máximo del 20% del capital de la nueva sociedad pública de autopistas.

   El 80% restaría estará en manos del Estado a través de Seittsa, una sociedad de Fomento. Su porcentaje es el que resulta de capitalizar (convertir en acciones) ayudas por 473 millones que el Ministerio ha dado al sector.

   En cuanto a la participación reservada a las empresas, tiene un valor de 121,71 millones de euros, dado que la sociedad de autopistas se valorará en 608 millones, según las estimaciones que un experto externo e independiente (Ernst & Young) ha realizado para el Departamento que dirige Ana Pastor.

   La constitución de esta empresa pública de autopistas es la solución en que el Ministerio trabaja actualmente para solventar el problema de riesgo de quiebra que afrontan un grupo de autopistas por la caída de los tráficos y el sobrecoste de las expropiaciones.

   En virtud del modelo, Fomento dará una participación en esta empresa pública a las empresas a cambio de que aporten a la misma las autopistas que explotan. El objetivo final es reestablecer el equilibrio económico y financiero de las vías para que vuelvan a manos privadas.

   Con todo, el Departamento busca evitar que la quiebra de las autopista obligue al Estado a atender la responsabilidad patrimonial que tiene con estas infraestructuras, con el consiguiente efecto en las cuentas públicas.

   Entre las vías de pago que se integrarán en la sociedad, participadas en su mayoría por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía), figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Todas ellas suman un pasivo de unos 4.000 millones de euros y cinco de ellas están en concurso de acreedores.

La opacidad sobre la salud del presidente Buteflika indigna a los argelinos

MADRID.- “El régimen quiere imponer el silencio”, titulaba este lunes en portada el diario El Watan. “El mutismo sobre la salud del presidente revela el desprecio del pueblo”, afirmaba el rotativo Echorouk. Los principales diarios argelinos expresaban el malestar y la indignación de la opinión pública y de parte de la clase política ante la carencia de información oficial sobre el estado de salud de Abdelaziz Buteflika, de 76 años, que ingresó urgentemente, hace 23 días, en el hospital militar Val-de-Grâce de París, según recoge 'El País'.

Buteflika padeció un “accidente isquémico transitorio sin gravedad” y cuyas “secuelas no son irreversibles”, declaró su médico, Rachid Bougherbal, el 28 de abril. Desde entonces otros responsables argelinos han dado noticias apaciguadoras sobre la evolución de la salud presidencial. El primer ministro, Adelmalek Sellal, aseguró a la agencia oficial APS que el presidente “mejora día a día” y que “su vida nunca ha estado en peligro”, aunque debe mantener un reposo absoluto.

Pero ante la opacidad oficial, los argelinos tratan de informarse a través de la prensa francesa, que tampoco logra averiguar cómo se encuentra el ilustre huésped. Las funciones vitales de Buteflika están muy dañadas, aseguró la semana pasada el semanario parisino Le Point, que mantiene estrechas relaciones con el Elíseo.

Por haber osado romper el tabú, dos diarios argelinos, Monjournal y, su versión en árabe, Djaridati, fueron secuestrados el domingo de madrugada en Argel, por el Ministerio de la Comunicación. Este ha desmentido la confiscación, pero lo cierto es que los rotativos no fueron puestos a la venta.

Hichem Abud, un exoficial de la seguridad militar que fundó ambos diarios, explicó en la televisión France 24 que narraba a lo largo de dos páginas que la salud de Buteflika se había “degradado mucho” y estaba en un “estado comatoso”. Es “un coma que puede durar varios días o varias semanas”.

La fiscalía de Argel imputó el domingo a Hichem Abud por “atentar contra la seguridad del Estado, la unidad nacional, la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones”. Hacía casi una década que en Argelia, donde la prensa escrita goza de bastante libertad, un periódico no había sido secuestrado y su director procesado por poner en peligro la seguridad del Estado.

Las iniciativas del Ministerio de Comunicación y de la fiscalía ponen de relieve el nerviosismo de las autoridades argelinas que se resisten a facilitar partes médicos, pero tampoco permiten que la prensa indague e informe por su cuenta.

“¿Por qué no nos enseñan al presidente en la televisión?”, se preguntó Hichem Abud tras recordar que, por ejemplo, el venezolano Hugo Chavez fue fotografiado con sus hijas tres semanas antes de fallecer.

Muchos argelinos se hacen la misma pregunta. Recuerdan que en 2005, cuando Buteflika fue operado de urgencia en el Val-de-Grâce, la televisión argelina sí mostró a los pocos días imágenes del jefe del Estado acompañado por su médico.

Varios partidos de la oposición, entre los que destaca el islamista Movimiento para la Sociedad y la Paz, instaron en las últimas horas al Consejo Constitucional a proponer al Parlamento que se aplique el artículo 88 de la Constitución que prevé la destitución del presidente en caso de “enfermedad grave y duradera” y si “está totalmente imposibilitado para ejercer sus funciones”.

El ictus presidencial ha dado al traste desde luego con los supuestos planes de Buteflika, que accedió a la presidencia en 1999, para solicitar un cuarto mandato como jefe del Estado a partir de abril de 2014. Hay incluso serias dudas de que pueda acabar el actual que expira dentro de once meses. Sea cual sea la gravedad de su estado la era Buteflika está acabada en el mayor país del Magreb.

Buteflika está en cuidados intensivos y ha empeorado, según el diario francés 'Le Parisien'

PARÍS.- El estado de salud del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, internado en un hospital militar de París desde hace más de tres semanas, se ha agravado y se encuentra en cuidados intensivos, publicó hoy el diario francés "Le Parisien".

El periódico dijo que había recibido confirmación de dos fuentes, una de ellas militar, de ese empeoramiento de Buteflika, que había llegado el pasado 27 de abril al hospital Val de Grâce, que tiene una larga tradición en el tratamiento de mandatarios de diversos países por su carácter puntero y su discreción.

El jefe de Estado de la antigua colonia francesa llegó para recibir asistencia por una recaída del cáncer de estómago por el que ya había sido tratado en 2006, recordó "Le Parisien".

Las autoridades francesas estos últimos días no han querido dar información sobre la situación de Buteflika, y han remitido repetidamente al Gobierno argelino.

Precisamente, el primer ministro argelino, Abdelmalek Selal, salió ayer al paso tras diversos rumores e informaciones censuradas, para insistir en que el presidente se recupera progresivamente del accidente cerebrovascular que sufrió el mes pasado y que su dolencia "no será más que un mal recuerdo".

Un día antes, los periódicos argelinos "Monjournal" e "Yaridati", habían tenido que suprimir las noticias en las que sostenían que Buteflika se encontraba en un coma profundo que podría prolongarse durante semanas.

Montoro dice a los ayuntamientos que podrá limitarles subidas de sueldos

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que no tiene "la menor intención" de bajar los sueldos de los empleados públicos locales, aunque se mantiene la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado puedan limitar posibles subidas en el futuro.

   Así lo ha revelado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Según ha dicho, el ministro ha sido "claro y rotundo" sobre un asunto que ha generado gran revuelo en los ayuntamientos de todo el país.

   Fuentes de Hacienda explicaron este lunes que se prevé incluir en los Presupuestos una "horquilla salarial" para los funcionarios, de manera que se aproximen los salarios entre unos y otros, muy dispares.

   Beteta ha explicado este martes que se trata de una previsión recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que es una posibilidad. "Se verá", se ha limitado a decir. "Es muy pronto", ha añadido, a la espera de lo que se recoja finalmente en el proyecto de Presupuestos que el Gobierno enviará a las Cortes en septiembre.

   "¿Quiere esto decir que se van a rebajar los sueldos de los empleados públicos? No", ha asegurado. "¿Eso quiere decir que se modificará el estatuto del empleado público para que el complemento específico se...? No", ha explicado el secretario de Estado.

   El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander y del PP, ha explicado que el Gobierno quiere limitar los crecimientos que en el futuro se puedan aprobar para unos funcionarios u otros, pero no solo los locales, ha recalcado, sino los de todas las administraciones. "Se nos ha dicho que no hay intención de recortar el sueldo de los funcionarios. No se entra en esta cuestión, sino en la evolución futura, el crecimiento de esos salarios", ha añadido.

El 87% de las playas españolas tiene aguas de calidad excelente, por encima de la media europea

BRUSELAS.-   La calidad del agua en las playas españolas es "excelente" en el 87,2% de las zonas costeras sometidas a examen en 2012, por encima del 81 % que suma la media europea, según el informe publicado este martes por la Agencia Europea de Medio Ambiente. También aprueban en su mayoría los ríos y otras aguas interiores aptas para el baño, aunque solo un 46,1 % lo hace con nota, frente al 72 % de media europea.

   En total, España sometió a examen 2.156 zonas de agua de baño en 2012, de las que 1.886 son áreas costeras y otras 230 son interiores (144 ríos y 86 lagos), lo que supone un 10,3 % del total de aguas analizadas en el conjunto de la Unión Europea, más Croacia y Suiza. Las autoridades españolas sacaron definitivamente siete zonas en la información remitida en 2012 por estar "permanentemente cerradas", según indica la Agencia europea.

   En la visión conjunta de aguas costeras e interiores, los resultados colocan a España entre los países con mejor calidad, aunque destacan Chipre y Luxemburgo, cuyas zonas de baño "cumplen sin excepción el nivel de calidad excelente". Les siguen ocho países que superan la media europea: Malta (97 %), Croacia (95 %), Grecia (93 %), Alemania (88 %), Portugal (87 %), Italia (85 %), Finlandia (83 %) y España (83 %).

   En cualquier caso, el 94 % de las zonas de balo de la Unión Europea cumple con las normas mínimas de calidad del agua, con un 78 % de calidad superior y una mejora del 2 % en aquellas aguas que cumplen los requisitos mínimos.

   El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha celebrado que la calidad del agua "sigue mejorando", pero ha advertido a los Estados miembros de que "queda mucho por hacer para garantizar la calidad de todas nuestras aguas para bañarse y beber", así como para proteger "el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos".

   "El agua es un recurso valioso y debemos poner en práctica todas las medidas  necesarias para protegerla al máximo", ha añadido Potocnik.

Fitch avisa de que las cajas rurales no son "inmunes" a la situación de España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha destacado la resistencia mostrada por las cajas rurales españolas en los últimos años, aunque ha advertido de que estas entidades no son "inmunes" a la situación que atraviesa España y deberían aplicar medidas de racionalización de costes para mantener su rentabilidad.

   Fitch recuerda que ya confirmó el pasado 6 de mayo los ratings de las cuatro entidades, manteniendo la calificación 'BB' para Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y la nota 'BBB' para Laboral Kutxa, Caja Rural de Navarra (CRN) y Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito.

   "El comportamiento de las cuatro cooperativas crediticias evaluadas por Fitch ha seguido siendo resistente, apoyado por sus fuertes franquicias regionales, que están enfocadas en las zonas rurales", explica la agencia en un informe sobre estas cuatro entidades.

   En esta línea, subraya que también se ha beneficiado de una adecuada calificación, una base de depósitos estable, unos libros de préstamos granulares con una exposición relativamente limitada al problemático sector inmobiliario y un enfoque prudente a la gestión de riesgos.

   Sin embargo, Fitch advierte de que estas cuatro cajas rurales no son "inmunes" a la recesión a la que se está enfrentando España, y apunta que los bajos tipos de interés y el entorno recesionista en España continuará poniendo bajo presión sus beneficios. Por ello, considera "crucial" para apoyar la rentabilidad de sus negocios en este entorno que se implementen medidas de racionalización de los costes.

   En este línea, apunta que aunque las entidades registraron un crecimiento de los ingresos antes de impagos en 2012, los elevados cargos por desvalorización de préstamos aplicados para cumplir con las exigencias de provisiones han provocado unos menores beneficios.

   Por otro lado, Fitch recuerda que las cooperativas de crédito han jugado un papel "activo" en el proceso de consolidación del sector bancario español, con tres de estas cuatro entidades implicadas en procesos de integración en 2011 y 2012, y cree que la reestructuración del sistema ha abierto "oportunidades" a estas entidades. que no han necesitado ayudas públicas.

Farmacias rurales de Alicante advierten de su "cierre inminente" si no se activa la compensación a su retribución

ALICANTE.- La Asociación de Farmacéuticos Rurales de Alicante ha alertado del "cierre inminente" de estos establecimientos si no se pone en marcha, "de manera urgente" la compensación a su actual retribución, aprobada por el Gobierno central a través del Real Decreto Ley 16/2012, y que acumula un año y medio de retraso en su aplicación, según ha informado este lunes en un comunicado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA).

   Así, el colectivo ha explicado que el decreto ley aprobaba dar a las boticas de baja facturación --menos de 12.500 euros al mes--- una compensación a su retribución, con lo que se "reconocía" el servicio a la sociedad que presta la farmacia rural, basado, tal y como ha resaltado, en una "atención a los pacientes que en muchas ocasiones no se ve compensada con el margen de la venta de los pocos medicamentos consumidos, dada la pequeña población que atiende".

   La asociación ha concretado que la normativa estatal, "en la que la autonomía está obligada a aplicar lo legislado", especificaba su entrada en vigor a partir de enero del pasado año, si bien "tras un año y medio se sigue sin aplicar", ha subrayado.

   A juicio de las farmacias rurales, estas ayudas "prometidas" son la "única vía para salvar" a las boticas "en situación comprometida --70 en Alicante y más de 200 en la Comunitat Valenciana-- de su cierre inminente", ya que ha apuntado que "además de hacer frente a este retraso, también se ven afectadas" por la bajada de precios de los medicamentos, la disminución de recetas dispensadas y los "incesantes impagos" de la administración regional.

   "Factores que, en su conjunto, hacen inviable a la farmacia rural si no llega ya la comprometida compensación económica", ha enfatizado, al tiempo que ha agregado que la Generalitat valenciana, en el Decreto Ley 2/2013, "únicamente" indica "que se aplicará un índice corrector de márgenes, sin concretar fecha alguna para la llegada de estas ayudas que permitirían eludir el cierre de muchas farmacias rurales de la Comunitat".

La Sindicatura de Comptes alerta de que Ayuntamientos recortan el gasto por habitante un 40% por falta de ingresos

VALENCIA.-   La Sindicatura de Comptes ha advertido de que la "falta de ingresos" ha llevado a los ayuntamientos valencianos a recortar su inversión por habitante un 40 por ciento. El informe de fiscalización de las cuentas municipales de 2011 refleja que los consistorios "no tienen recursos para afrontar sus gastos generales, y suman un remanente de tesorería negativo de 129,8 millones de euros".

   El informe, según ha informado la institución en un comunicado, analiza las cuentas de 512 municipios --el 95  del total--, al tiempo que señala que grandes poblaciones como Alboraya, la Vila Joiosa, Orihuela y Sueca "no presentaron sus cuentas a fecha de cierre del Informe", mientras Torrent y Gandia "lo hicieron posteriormente". En este sentido, la Sindicatura solicita a la Generalitat "que haga uso de la ley para no conceder subvenciones ni ayudas a quien no rinda cuentas".

   La comprobación de las cuentas refleja que la situación "ha empeorado de forma significativa y generalizada". Así, el remanente de tesorería para gastos generales de los ayuntamientos se ha deteriorado en un 8%, situándose en un importe negativo de 129,8 millones de euros. En este sentido, un total de 162 municipios presenta esta partida en negativo, ha indicado.

   De esta manera, las deudas a largo plazo han disminuido en un 5% hasta 2.380 millones de euros, pero han aumentado las de corto plazo un 44% hasta deber a entidades de crédito 299,97 millones de euros a menos de un año. Con todo, las deudas por habitante descienden un 3% hasta 568 euros.

   En conjunto, prosigue, los municipios han visto recortado su presupuesto inicial de ingresos en un 7,79%. El IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) sube un 1,83% calculando la tasa por habitante, mientras el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) desciende un 2,36% y el de Instalaciones, Construcciones y Obras, un 24,73%.

   Ante esta situación, la inversión por habitante se ha recortado en un 41% y el gasto público se ha reducido en un 15%. Los municipios de Castellón mantienen el mayor gasto por ciudadano, con 1.009 euros, seguidos de los de Valencia con 913 euros y los de Alicante con 875 euros.

   Asimismo, el análisis financiero y patrimonial refleja que los municipios de la Comunitat Valenciana "vieron reducidos sus ingresos en un 12%, mientras sus gastos se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel que el año anterior".

   Por otro lado, ha señalado que las comprobaciones globales sobre los estados presupuestarios han reflejado que 373 entidades locales (el 64% de las analizadas) presentan incidencias. La más frecuente ha sido el resultado presupuestario ajustado negativo, que afecta a 176 entidades locales (30%) "y que indica un deterioro de la situación económica", ha apuntado.

   "La falta de estimación del importe de dudoso cobro en el remanente de tesorería es la segunda incidencia más común, al afectar a 170 entidades locales", ha indicado.

   En sus recomendaciones, la Sindicatura insiste en la "necesidad de tener en cuenta el principio de prudencia en la estimación de los derechos de difícil cobro". En este sentido, señala que "las deudas que las distintas Administraciones Públicas tengan con las entidades locales no deben ser excluidas en la estimación de los derechos de difícil cobro".

   En cuanto al balance y la cuenta de resultados, la "incidencia más frecuente" se debe a la existencia del fondo de maniobra negativo que la presentan 206 entidades locales (35% del total).

   La Sindicatura de Comptes advierte de que es "significativo" el aumento de entidades que han presentado sus cuentas en el plazo preceptivo, "un 80% frente al 70% del ejercicio anterior".

   Al respecto, ha apuntado que "es relevante el incumplimiento generalizado" de los plazos relativos al ciclo presupuestario, ya que el 80% de las entidades locales que han presentado cuentas "no aprobaron el presupuesto en el plazo legal".

   La Sindicatura insiste en sus recomendaciones en la "necesidad de que se cumplan los plazos legales", y solicita a la Generalitat que haga uso de la facultad que le otorga la Ley de Régimen Local y establezca como requisito para la concesión de subvenciones y ayudas la presentación de la Cuenta General, "debidamente aprobada, a la Sindicatura de Comptes", ha apostillado.

Hacienda calcula que 5.900 ayuntamientos son ineficientes

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan  sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92 por ciento del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60 por ciento.

   El cálculo de un coste estándar de los servicios que obligatoriamente deben prestar los ayuntamientos es la piedra angular de la reforma local que prepara el Gobierno y que mañana presentará a la Comisión Nacional de Administración Local. El texto pasará después al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.

   El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20 por ciento, por aplicación de este concepto. Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio.

   Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.

   Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.

   La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade, una pérdida de calidad.

   Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.

   Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8 por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya han aplicado ahorros y ajustes.

   De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más que el año anterior. "La ley ha entrado en vigor antes de estar en vigor", dicen estas fuentes.

   Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le cuesta dar un servicio.

   Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de 100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.

   El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.

   Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.

   Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.