domingo, 8 de abril de 2018

Una alicantina propone el uso de energías renovables para dar suministro eléctrico a los buques


CARTAGENA.- Una estudiante alicantina de la primera promoción del Máster en  Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad Politécnica de Cartagena  (UPCT) Natalia García Esquiva ha terminado sus estudios con un trabajo  en el que propone instalaciones basadas en fuentes renovables,  aerogeneradores y sistemas fotovoltaicos, en las inmediaciones de la  dársena de Escombreras para dar suministro eléctrico a los buques  mientras están atracados en puerto.
 
El TFM, dirigido por Jerónimo Esteve Pérez y José Enrique Gutiérrez  Romero, concluye, tras estudiar las necesidades energéticas de los  buques que han llegado al puerto de Cartagena durante los últimos siete  años, que, la instalación combinada de once aerogeneradores y una  planta fotovoltaica podría ser capaz de suministrar 14.600 kilovatios  de potencia, eliminando 10.500 toneladas anuales de CO2 emitidas por  los motores auxiliares de los buques mientras permanecen atracados en  el Puerto de Cartagena.
“Es una cantidad equivalente al dióxido de  carbono que generan 6.100 coches al año”, ejemplifica la ya ingeniera  naval.
Los beneficios ambientales en la calidad del aire, el ruido submarino  y la contaminación marina que se lograrían evitando la utilización de  los motores con la propuesta de su trabajo le han valido a la alumna  el premio al mejor Trabajo Fin de Máster otorgado por la Cátedra  interuniversitaria de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena  - Campus Mare Nostrum, a la que pudieron presentarse estudiantes de la  UPCT y la Universidad de Murcia.
Natalia García Esquiva, vecina del municipio de Bigastro (Alicante),  trabaja desde que concluyó el máster en el departamento de Calidad de  Navantia en Cartagena.
El trabajo se titula ‘Estudio y  dimensionamiento de una instalación de suministro de energía eléctrica  a buques desde tierra basada en la tecnología Onshore Power Supply’ y  está publicado (http://repositorio.upct.es/handle/10317/6097) en el  Repositorio Académico de la UPCT.

El Júcar trasvasa agua en plena sequía a Castilla-La Mancha mientras se la niega a Alicante

ALICANTE.- El Ministerio de Agricultura, el mismo que acaba de autorizar la reapertura del trasvase Tajo-Segura tras once meses cerrado para Alicante y Murcia, sí envió durante el año hidrológico 2016-2017 un total de 47,7 hm3 de agua del Júcar, desde el embalse de Alarcón a Albacete y los regadíos de Castilla-La Mancha, por la infraestructura que, sin embargo, mantenía cerrada para la provincia en los meses más duros de la sequía (de octubre a octubre), revela hoy el diario Información

En concreto, del embalse de Alarcón salieron 13,4 hm3; para garantizar el abastecimiento de la población en Albacete y 34,3 hm3; para los regadíos de Castilla-La Mancha, básicamente cereales cuya producción está, además, subvencionada por la Comisión Europea.
Los datos figuran en un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la utilización de los recursos hídricos con fecha del pasado lunes, 2 de abril. Una actuación legal porque parte de Castilla-La Mancha es territorio cubierto hídricamente por la Confederación del Júcar, lo mismo que la Comunidad Valenciana. 
La misma confederación que, sin embargo, no tenía en las mismas fechas agua en el embalse de Alarcón para enviar a Alicante tal como le viene reclamando la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, tres años ya sin el convenio regulador.
Mientras, la principal alternativa a la sequía en los últimos once meses para la provincia de Alicante ha sido consumir agua desalada a 0,73 euros el metro cúbico (0,12 euros la del trasvase) de la planta de Torrevieja hasta que, incluso, el caudal se cortó para destinarlo todo al abastecimiento urbano. Mientras, en Castilla-La Mancha sigue regándose sin problemas.
El envío de los 47,7 hm3 de agua por la infraestructura del trasvase Tajo-Segura del Júcar a Castilla-La Mancha desde el embalse de Alarcón se produjo entre el 29 de octubre de 2016 y el 2 de octubre de 2017, y sigue este año, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. 
En mayo de ese año el Ministerio cerró el trasvase Tajo-Segura para Alicante aplicando la ley, pero por parte de la infraestructura siguió circulando agua para el abastecimiento y regadío en Castilla-La Mancha.
Todo en un periodo de tiempo en el que ni el Consell ni el PP -Compromís y Podemos son abiertamente antitrasvasistas- movieron un dedo para forzar a la Confederación del Júcar a contemplar la opción del embalse de Alarcón tal como pedían los agricultores.
El pasado 26 de marzo, representantes de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó volvieron a reclamar a la ministra Isabel García Tejerina, en una reunión celebrada en IFA, que el trasvase Júcar-Vinalopó debe contemplar, además de los caudales de la desaladora de Mutxamel, 30 hm3; de agua de calidad de Alarcón para el abastecimiento de los municipios de l'Alacantí y el Vinalopó. 
En la reunión estaban César Sánchez, presidente de la Diputación; e Isabel Bonig, presidenta regional del PP en la Comunidad Valenciana. El convenio sigue sin concretarse, lo que ratifica el ninguneo que sufre el PP de sus compañeros en Madrid.
El Instituto Universitario de Geografía de la UA ha advertido en reiteradas ocasiones (la última observación se la trasladó en persona por el catedrático Antonio Gil Olcina a la ministra Isabel García Tejerina hace dos semanas), que el auténtico problema del río Júcar no es que se tengan que trasvasar 80 hm3; todos los años a la provincia de Alicante con agua de cuestionable calidad captada en la desembocadura (Azud de la Marquesa). 
El problema de esta arteria fluvial es, según el catedrático, el acuífero 23 de la Mancha Oriental, sobreexplotado, del que en Castilla-La Mancha se extraen todos los años mas de 400 hm3; cuando sólo se disponen, como máximo, de 300 hm3; al año. Una comunidad con déficit hídrico por la pésima administración del río Tajo, pero donde en los últimos años ha ido creciendo la superficie de regadío hasta las cien mil hectáreas, según los datos que maneja el Instituto.
Además de los recursos subterráneos, el Júcar les trasvasa también todos los años agua de calidad y mucho más barata que la de la Marquesa, que debe salvar una elevación de casi 800 metros, algo que dispara los costes energéticos, y cuyo caudal está sometido ahora, además, a una investigación de Fiscalía de Valencia tras una denuncia, por contaminación, de los colectivos ecologistas.

La opción Mutxamel

Pese a todo y pese a la inminente reapertura del Tajo-Segura, los regantes que reciben agua del trasvase Tajo-Segura siguen esperando, por otro lado, la respuesta del Ministerio de Agricultura a su petición de que incorpore la desaladora de Mutxamel (parada tras una inversión de 93 millones de euros) al conjunto de medidas puestas en marcha para tratar de mitigar los graves efectos que está provocando la sequía en el sector agrícola de Alicante.
La desaladora de Mutxamel se encuentra inmersa en un entramado legal complicado ya que forma parte de la «solución trasvase Júcar-Vinalopó», y permanece parada porque no se ha firmado el convenio que debe regular los usos del agua relativos al trasvase. Se han cumplido dos años desde que comenzó la negociación para un convenio que sigue sin concretarse, pese a que últimamente parece que se han producido ligeros avances.
La capacidad de producción de la planta es de 18 hm3 al año y hasta ahora sólo se ha recurrido a ella en una ocasión, hace dos años, cuando hubo que enviar 5 hm3 a Benidorm para evitar cortes de agua. Una planta que parece maldita desde que también perdiera protagonismo al anularse el Plan Rabasa. De hecho, la infraestructura era clave para abastecer a los 45.000 nuevos vecinos de ese macroproyecto urbanístico que acabó en fiasco. Hoy, los agricultores necesitan sacarle partido.

Llarena como Einstein / Elisa Beni *

Aquí tenemos a la Justicia española bicicleteando o, lo que es lo mismo, pedaleando alocada como si se le hubiera roto la cadena y todo esfuerzo fuera vano excepto el de intentar mantener el equilibrio. Llarena bicicletea, es decir, nos entretiene con evasivas, excusas y pretextos para alargar la solución de un asunto y, en este caso, para reconocer que su instrucción ha recibido tal revés que debería reconsiderar todo el proceso y como primera medida poner en libertad a los encausados.

Si los hechos relatados en su auto no contienen la violencia necesaria o la intensidad de violencia o el tipo de violencia, o desígnenlo como prefieran, para condenar a nadie en Alemania, tampoco lo tienen para condenar a nadie y menos a 30 añazos de prisión en España. 

Es lo que tiene ser europeo, que los parámetros de respuesta democrática han de ser homologables. La OEDE era “un papel sospechoso que ha provocado dolor de estómago a los jueces alemanes”, según Heribert Prantl, reputado jurista y redactor jefe de Süddeutsche Zeitung y uno de los editorialistas más respetados y citados de Alemania. 

Vendrán los mismos retortijones para los belgas y los británicos. Tales gastritis están tan extendidas que también las sufren el 85% de los cátedros y profesores de Derecho Penal españoles y, me van a perdonar, muchos magistrados sensatos que se callan y sufren en el silencio de los mensajes privados.



Debería Llarena, y los que le inspiran, reflexionar sobre ese órdago que ha sido una torpeza jurídica y que les ha situado en una situación insostenible. Claro que Llarena, y los finos juristas que le inspiran, y que piensan que lo son tanto que pueden vestir bien cualquier propuesta dado que su técnica alcanza para hacerlo, se aproximan en su actitud a las posiciones de Einstein. 

Ya saben, el padre de la teoría de la relatividad dejó dicho que la vida es como una bicicleta en la que hay que pedalear siempre hacia adelante para no perder el equilibrio. Quede claro que la semejanza tiene que ver con la huída hacia adelante y no con la relatividad, porque algún malvado querrá ver el guiño.

Bicicleteando han llegado al despropósito de anunciar la presentación de una cuestión prejudicial frente al Tribunal Europeo de Justicia. Les va a ser fácil comprender por qué es un delirio y más difícil entender cómo unos juristas hechos y derechos se han metido de hoz y coz en esta vía imposible, aunque también intentaré aclarárselo. Verán que lo que Llarena -que según los que le vieron estaba como poco tensito y como mucho histérico el viernes- anuncia a través de los medios es una cuestión POSTjudicial y no PREjudicial dado que la resolución alemana ya está tomada.

Por otra parte, tal cuestión está prevista para que un juez pida aclaración sobre la forma de aplicar las normas de la Unión a SU asunto que todavía NO ha fallado. Héteme aquí que, bicicleteando, Llarena quiere pedir al TJUE que se pronuncie a posteriori sobre un procedimiento que no es suyo sino de unos jueces alemanes. Es delirante. Tan extravagante resulta que en su nota de semiapoyo, la Fiscalía General del Estado nos decía el viernes que “estudiará la eventual posibilidad” de apoyar tal cosa. 

¿Han visto más palabras de incertidumbre en el mismo sintagma? Estudiar no es hacer. Eventual es no seguro. Posibilidad, es una disposición para hacer o no algo. Vamos, que lo tienen super claro como verán. Tampoco la Fiscalía tiene mucho margen de acción. Recuerden que ya intentó reconducir las cosas pidiendo la libertad con fianza de Forn o alegando que no se podía reclamar o no reclamar a voluntad y recibió un desprecio por respuesta.

Tras el noqueo producido por la respuesta jurídica alemana que, Dios sabe por qué, no habían previsto, el viernes todo era un revuelo. Las reuniones de Marchena, las reuniones de los fiscales del caso, las llamadas de aquí y de allá. Un terremoto. ¿Y a qué tanta prisa para estudiar la situación jurídica creada? Para replantear sus actuaciones en verdad tenían tiempo. Lo que no daba tanta tregua era la situación política y de opinión pública. Las huestes estaban aplanadas, el Gobierno en shock, y los más no entendían nada. Es lo que tiene falsear las expectativas. 

Creo que lo que se buscaba a toda costa el viernes era un relato. Algo que ofrecer. Una esperanza que dar para que no decaiga. Bicicletear, en suma. Así que supongo que en alguna tormenta de ideas, ante el callejón sin salida, en lugar de proponerse reconsiderar en términos jurídicos lo que están haciendo, eso ni se plantea, alguien sugirió: “pues usemos la cuestión prejudicial como una especie de recurso y así ganamos tiempo”. 

Entiendo que, a falta de nada más, recogieron el guante, pero hay que estar muy desesperado para plantear algo así. Si se presenta, que yo lo dudo, les van a mandar a paseo como poco y el berenjenal fangoso en el que van a dejar el procedimiento y el bochorno internacional no va a tener parangón en los anales de la historia penal española.Eso sí, oiga, han conseguido un relato para mantener entretenida la fiesta de todo aquel que no sabe mínimamente de qué va esto o del que está deseando creer lo que le den. Sucede que esa no es su misión. Es lo que tiene.

Lo que está haciendo el instructor no es homologable por los viejos estados democráticos porque supone adobar unos hechos para encajarlos en un tipo penal sin que sea éste adecuado para recibirlos. Los jueces alemanes le han aceptado el relato de hechos, es decir no juzgan siquiera si se han producido o no y los dan por buenos, en eso estriba la confianza entre Estados, y aún dándolos por digamos probados tienen meridianamente claro que no son delictivos. 

Lo mismito que opinan todos los juristas que no dejan que les posea un elemento emocional o mesiánico. Y eso lo han determinado los alemanes hasta con una traducción bastante curiosa enviada por España de la que han desaparecido frases como esa de la página 56 del auto de procesamiento en la que el juez se mete como parte: "Y termina el relato de la estrategia que SUFRIMOS" que se ha mudado en alemán a “finalizando el relato”. Los defensores, que hablan alemán y no tragan, han encargado una nueva traducción jurada.

Todo esto tendrá consecuencias más allá del enturbiamiento procesal y de derechos a que están sometiendo al procedimiento. Cuesta contemplar la dilución escénica de partidos como el socialista que, consciente de su deber de apoyar el 155, no debería sin embargo tener complejos para hacer visible el descrédito al que se está conduciendo al sistema judicial español a ojos de toda Europa. 

También se corre el riesgo, ya puesto en marcha por algunos medios secuaces, de alentar un sentimiento antieuropeo que puede resultar algo más que peligroso sólo para salvar los trastos y colocar un relato en las escaletas.

No sé avanzarles hasta dónde puede llegar el destrozo, pero parece claro que la esperanza para enmendar este despropósito reside en Europa y que de allí llegaran muchas novedades muy pronto.


(*) Periodista


Rajoy también ha perdido el máster / Xavier Sardà *

Felicidades al independentismo porque sus tesis sobre lo sucedido en Catalunya durante el 'procés' han sido plenamente aceptadas en Europa.  La argumentación ha sido un éxito porque, entre otras razones, el Gobierno español ha sido incapaz de estructurar una sola frase para contrarrestar el mensaje independentista. 

Del mismo modo que el Gobierno español ha sido autista respecto a lo que ha sucedido en Catalunya a lo largo del último decenio, ha sido sordomudo respecto a lo que ha sucedido en Europa y en el mundo en los últimos años.

Periódicos y medios de comunicación americanos y europeos han asumido la versión soberanista con profusión de tesis y agravios apasionados, ante el mutismo del Gobierno español. Es cierto que en general la prensa ha manifestado que la independencia sería negativa para Catalunya, pero ha urgido a reconocer el problema político.  'The Times': "Desde octubre del año pasado, el Gobierno español ha manejado el espinoso problema del separatismo catalán con imprudencia, dureza y aparente deseo de empeorar la situación".

Diputados y eurodiputados europeos y representantes de distintas formaciones políticas han acogido progresivamente como válidas las valoraciones y los puntos de vista independentistas. Entre tanto el Gobierno español, goyescamente ensimismado.  Agilidad y torpeza. Como si el independentismo y el Gobierno español viviesen en siglos distintos.


¿Hubiese sido diferente la decisión del juez alemán si el Gobierno español hubiese mantenido una política comunicativa efectiva y contemporánea?  Puede que no, pero cuanto menos Europa podría conformarse un criterio con la información brindada por las dos partes en litigio.

El 'procés' se ha marcado muchos autogoles y no ha conseguido prácticamente ninguno de sus objetivos políticos, pero también es cierto que cuando juega en la 'euroliga', arrasa. España no comparece porque a Rajoy le aturde esto de que, en realidad, se trata de un problema político. El 155 no tiene cobertura en Europa.


¿Alguien ha visto a algún embajador, algún ministro de asuntos exteriores o algún eurodiputado rodeado de decenas de micrófonos diciendo que España no es Turquía? ¿Alguien ha visto algún líder político de otras formaciones convocando a la prensa internacional? ¿Hemos visto algún expresidente español dando su punto de vista en los centros europeos de poder?


Hay que felicitar a Puigdemont y al independentismo por su capacidad comunicativa y su audacia jurídica. Junto a verdades a medias, algunas subjetividades y claras falsedades, han conformado una realidad que, también por ausencia del contrincante, ha cuajado en el panorama internacional. Ahora llega el noqueo judicial, puede que para bien. Hace años que Rajoy perdió el máster.


 (*) Periodista



sábado, 7 de abril de 2018

Tardá: “Deben ser los valencianos quienes decidan si quieren independizarse”

VINAROZ.- El diputado en el Congreso de los Diputados por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardà ha afirmado este sábado en Vinaroz (Castellón) que “deben ser los valencianos los que decidan si quieren seguir el camino de la independencia”.

Tardà se ha expresado en estos términos durante una conferencia que ha impartido este sábado en la capital del Baix Maestrat en respuesta a las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar, quien “mostró su preocupación” por si la Comunitat Valenciana pudiera seguir un proceso independentista similar al catalán en un acto en València.
“Estamos convencidos -ha comentado Tardà- que País Valencià, les Illes Balears y Catalunya tienen derecho a decidir su futuro, son pueblos hermanados que estamos comprometidos a construir la libertad, seremos solidarios con todos los territorios de los Països Catalans y cada uno debe buscar su camino, su manera de conseguir el éxito”, ha manifestado.
Así, para el parlamentario catalán, “todos deseamos lo mismo”: “la libertad de nuestros pueblos y unas sociedades mucho más justas, todos comprometidos con todos porque somos pueblos hermanos, hijos de la misma madre” ha añadido, insistiendo en que “el País Valencià sabrá encontrar su camino, pero siempre unos junto a los otros”. 
También ha criticado que “el PP nunca ha asumido la realidad nacional del País Valencià ni la realidad nacional de la lengua catalana. “Nos quieren dividir, pero de esto ya hace 300 años”, ha agregado.
Por su parte, el edil de ERPV en el Ayuntamiento de Benicarló y presidente de ERPV, Josep Barberà, ha señalado, refiriéndose a las palabras de Aznar que “si la amenaza es la República de Cataluña, la otra amenaza es la República del País Valencià“.
Tardà ha estado en Vinaròs y Benicarló (Castellón) para participar en varias actividades. El acto central consistió en una conferencia, introducida por el edil de Acord Ciutadà en el Ayuntamiento de Vinaròs, Lluís Batalla, y con intervención de los espectadores.

Protestas “Por la unidad de España”

Durante el acto, un grupo de personas protestó en la entrada del Auditorio por la presencia de Tardà y han exhibido una pancarta del partido España 2000 con el lema ‘Por la unidad de España’ y luciendo varias banderas españolas y de la Comunitat Valenciana.
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se colocaron en la puerta del auditorio, frente al que los manifestantes mostraron su disconformidad con la presencia del diputado republicano.
Tardà se ha referido a esta protesta: “Nosotros construiremos la República del País Valencià, la de Catalunya y la de les Balears pacífica y democráticamente, somos adversarios y enemigos de la intolerancia y estamos convencidos que la democracia siempre acaba ganando”.

Madrid roza la burbuja inmobiliaria mientras el precio cae en 23 capitales

MADRID.- La España a dos velocidades se acentúa. Mientras en la ciudad de Madrid hay barrios donde los precios apenas se encuentran un 10% por debajo de los máximos del boom, hay 23 capitales en las que los precios siguen cayendo, según el último informe de Tinsa.

La tasadora apunta que casi la mitad de las capitales españolas sigue sin mostrar signos de reactivación, dándose los descensos más acusados Ciudad Real (11,9%), la ciudad de Cáceres (9,2%) y Guadalajara (6,3%).
"El problema de incremento de precios está muy focalizado en Madrid, aunque también está en parte en Baleares, pero con otras connotaciones", explica Pedro Soria, director comercial de Tinsa, que asegura que otros mercados, que también tiraron bastante al principio de la recuperación ya están llegando a un horizonte de moderación de precios, con crecimientos menos desmedidos.  
Se trata de Cataluña, Málaga y Alicante, "que van en la senda de las previsiones que teníamos para este año, en el que esperamos que el precio de la vivienda crezca de forma moderada debido a que las que están tirando con más fuerza bajen un poco el ritmo de crecimiento", aunque en Cataluña se ha producido por otras circunstancias políticas. 
Por otro lado está Baleares, donde Palma de Mallorca se sitúa en el primer trimestre del año como la segunda capital con mayores incrementos interanuales, por detrás de Madrid, con un 14,5% de subida.
En este caso, el directivo destaca el impacto de la inversión extranjera, "que está produciendo esta subida de precios, pero en este caso el mercado lo absorbe perfectamente", reconoce.
El problema se está detectando en ciudades como Madrid, donde el bloqueo de grandes desarrollos urbanísticos como el de Distrito Castellana Norte, que plantea el desarrollo de unas 11.000 viviendas y los Desarrollos de Sureste, con 100.000 unidades, agravan notablemente el problema.
Esta situación de inactividad de la Administración sumada a una demanda creciente, ha llevado a la Capital española a registrar un incremento medio interanual al cierre de marzo del 17%.
"El concepto que tenemos de la burbuja a nivel profesional no se está produciendo, ya que la financiación está controlada y a nivel de promotor inmobiliario no se está tratando de descontar expectativas futuras, salvo alguna operación más vinculada a suelo", explica Soria.
Sin embargo, si nos centramos solo en precios "ya es otra cosa". 
"La gente que está comprando lo hace como reposición y, por lo tanto, tiene patrimonio o una propiedad que quiere mejorar y, por otro lado, está el inversor. 
En este último caso, el comprador, básicamente, está asumiendo ese incremento de precios porque busca una rentabilidad ligada a los alquileres que, de hecho, se la están dando. Hasta ahora, aparentemente no había demasiado riesgo, pero ahora ya empieza a haber ciertas señales de alerta", reconoce el experto.
"Lo que puede pasar es que gente que está comprando como inversión descontando esas expectativas futuras de incremento de rentas y rentabilidad, acabe pagando precios elevados y que después no haya capacidad por parte de la demanda de alquiler. En ese caso te quedas con un inmueble que cuando lo quieras vender ya no es líquido", explica.

Cerca de niveles del 'boom'

El foco del problema se encuentra principalmente en la almendra central de Madrid, en distritos que se acercan peligrosamente a los máximos del boom como es el caso de la zona Centro, Salamanca y Moratalaz, que han registrado incrementos interanuales del más del 20%. Igualmente, Chamberí (16,6%), Retiro (19,2%), Vicálvaro (19,4%) y Arganzuela (15,8%) son zonas muy calientes.
"Quizás no sea en todo el distrito, pero algunos códigos, los más centrales, están muy cercanos a los que fueron los precios de máximos, habiendo solo una diferencia del 10 o 15%, y esto ya nos da una cierta señal de alerta", explica Soria.
Barcelona, que permanecía estancada debido al efecto combinado de un descenso en la demanda a causa de la crisis política y el aumento de la oferta, ha retomado la senda de crecimiento de precios en el primer trimestre y se sitúa como la tercera capital con mayores incrementos interanuales de precios, con el 11%.
En este caso, los distritos que han registrado los mayores incrementos en el último año son Sant Martí (18,4%) y Sants-Montjuïc (18,2%), lejos de los incrementos del 28,5% y del 26% que se observaban, respectivamente, en Ciutat Vella y en Sants-Montjuïc en el tercer trimestre de 2017.
Si hablamos de precios medios por distritos, el de Salamanca en Madrid, lidera el ranking con 4.734 euros/m2 de precio medio y amplía la diferencia con el Sarriá-Sant Gervasi , el distrito más caro de la Ciudad Condal, que ha estabilizado su valor medio en 4.182 euros/m2. Éste es el único que supera la barrera de los 4.000 euros/m2 en Barcelona, mientras que en Madrid ya están por encima también Centro y Chamberí. 
Con estas cifras, para adquirir una vivienda de 50 metros cuadrados en los distritos más caros de Madrid y Barcelona habría que abonar 236.000 euros y 209.100 euros, respectivamente. Con este dinero, se podrían comprar cinco viviendas del mismo tamaño en Castellón, la capital con el precio medio más barato de España (851 euros/m2).
Esta diferencia abismal entre capitales lleva a una cifra media de crecimiento en España del 3,8%, frente al 17% de Madrid. "Cuando te vas a las medias todo queda un poco difuminado. En Madrid, hemos notado que el precio se ha recuperado desde mínimos más o menos un tercio, pero en los distritos destacados la recuperación es del 85%", explica Soria, que apunta que estas zonas "tienen mucha presión turística, mucho Airbnb, mucho alquiler de plataformas y mucha inversión extranjera".

Mayor esfuerzo financiero

Desde el valor máximo que tuvimos en el ciclo anterior, que se dio en el cuarto trimestre de 2007, el precio medio en España ha llegado a caer un 41%. Eso fue hasta el primer trimestre de 2015, desde entonces empezó a crecer y desde ese suelo se ha recuperado un 7,2% de media en los últimos tres años. De este modo, el precio actual todavía podría crecer un 37,2% hasta alcanzar máximos precrisis.
El directivo cree que incrementos tan acelerados como los que se están registrando hasta ahora "no son sostenibles. Si siguen creciendo a estas tasas interanuales probablemente empecemos a expulsar la demanda", advierte Soria.
En la parte de esfuerzo financiero, hay algunos distritos en Madrid y Barcelona -aunque en este caso se ha ralentizado el crecimiento- que están tocando el límite.
En la capital española, la media de esfuerzo es de un 24%. Comparando con el ciclo alcista anterior, "creemos que a partir del 25% es señal de alerta y si supera el 30% ya entramos en un situación muy complicada". En el Barrio de Salamanca el esfuerzo está en el 39,8%, mientras que en Barcelona, en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi alcanza el 41%.
"En estos casos la gente que compra tiene unos ingresos más altos y también suele contar con un patrimonio detrás, por lo que nos preocupa algo menos, pero es cierto que estamos llegando casi a los máximos asumibles y que hay un crecimiento de los precios desmedidos", destaca el directivo.

Sólo once bancos aplican ya las transferencias inmediatas dos meses después de su estreno

MADRID.- El 14 de abril se cumplen dos meses de la puesta en marcha de las transferencias inmediatas en España. En lo que llevamos de año, Iberpay ya ha procesado más de un millón y medio de transferencias inmediatas, aunque su importancia en términos relativos es escasa: solo suponen el 1% del total de transferencias realizadas durante este período, publica hoy www.libremercado.com
 
La culpa del escaso impacto de este nuevo medio de pago, que en Europa se lanzó oficialmente el pasado 21 de noviembre, hay que achacársela a varias causas, explican los expertos del comparador de productos bancarios HelpMyCash.com. Primero, la escasa publicidad que han recibido por parte de las entidades; segundo, el hecho de que solo permitan transferir 15.000 euros, lo que deja de lado a los clientes que necesitan transferir importes elevados; y, tercero, el hecho de que tras dos meses solo una decena de bancos permitan a sus clientes realizarlas, a pesar de que hay unas 90 entidades españolas adheridas al sistema.
A pesar de lo revolucionario del nuevo esquema (las transferencias inmediatas se procesan en tiempo real y liquidan el importe en un máximo de 10 segundos cualquier día de la semana), la inclusión de este tipo de transferencia está llegando a cuenta gotas. Desde el Día de San Valentín "está en marcha en toda su capacidad la infraestructura interbancaria prevista para que las entidades financieras nacionales puedan intercambiar, compensar y liquidar estas transferencias inmediatas", recuerda Iberpay; sin embargo, el día de su estreno solo tres bancos las introdujeron: BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell.
Tras ellos se fueron sumando nuevas entidades a cuentagotas: Abanca, Banca March, Banco Pichincha, Banco Santander (solo para empresas), KutxaBank y EVO Banco (solo en oficinas), y Liberbank. Las últimas entidades en sumarse al nuevo esquema de pagos diseñado por el European Payments Council han sido las cajas rurales, que ya permiten hacerlas a través de Ruralvía.

Transferencias con comisión

Pero hay otra razón que puede justificar el deslucido estreno de este tipo de transferencias. Su precio. Mientras que Bankia, Banco Sabadell, Pichincha o EVO permiten hacerlas gratis, otros cobran comisiones. BBVA aplica una tarifa fija de 90 céntimos y Abanca, de un euro. En Banco Santander el coste es del 0,50 % con un mínimo de diez euros y en CaixaBank, de un 0,60 % con un mínimo de ocho euros. 
Caja Rural ha anunciado que este servicio "puede conllevar una comisión del 0,10 % con un mínimo de dos euros". No cabe duda de que muchos españoles optarán por seguir haciendo transferencias SEPA ordinarias, que en la mayoría de los casos salen gratis, antes que abonar esas tarifas.

¿Se esperan nuevas incorporaciones?

Lo cierto es que sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay casi 90 entidades españolas adheridas a este esquema y que algunas, aunque no permiten realizarlas, sí permiten recibirlas. Lo que se desconoce es el calendario. ING anunció recientemente en Twitter que todavía estaban en "fase de implementación" y que esperaba comenzar a ofrecer este servicio a corto plazo. EVO Banco, por su parte, también usó twitter para comunicar que "próximamente" implementarían la posibilidad de realizar transferencias inmediatas desde la app y desde la banca electrónica.
Lo que está claro es que la implementación será progresiva. De hecho, esta es la opinión del European Payments Council. "El EPC siempre ha esperado una implementación de las transferencias inmediatas progresiva alrededor de Europa, ya que los proveedores de servicios de pago necesitan hacer mayores inversiones y cambios operaciones antes de poder procesar pagos en tiempo real", afirma Javier Santamaría, presidente del EPC, en una entrevista realizada por el comparador HelpMyCash
Santamaría añade que "el calendario de implementación de las transferencias inmediatas depende de la inversión y de los planes de marketing de cada proveedor".

Varios pueblos de Castilla-La Mancha estudian denunciar a La 1 por la imagen que mostró en el Telediario

GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han denunciado que "la principal cadena de RTVE ilustró la noticia del trasvase con imágenes de los embalses en 2011, generando la ilusión de que se encuentran a rebosar cuando la realidad es completamente distinta". "La asociación estudiará tomar medidas legales si la cadena pública no pide disculpas y muestra la realidad", añaden, según www.eldigitalcastillalamancha.es.

“Estamos acostumbrados a una criminal equidistancia y a que se prime la versión del Sindicato de Regantes del Trasvase”, explica el alcalde socialista de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, “pero esto ha sido completamente vergonzoso, impresentable por parte de una televisión que pagamos todos los españoles y que debe servir para informar imparcial y verazmente”. Para los ribereños, "La 1 ha cruzado el límite".
“Es un escándalo”, sentencia Pérez Torrecilla. El vídeo, que fue emitido en el telediario del 4 de abril, muestra imágenes de su estado en el año 2011, cuando Entrepeñas tenía un 62 por ciento de capacidad total embalsada, muy lejos del 26 por ciento actual. 
“Si quieren, pueden poner imágenes del marques de Villaverde practicando deportes acuáticos, las tienen en su archivo, en la sección del NO-DO”.
“Entendemos que no tenemos la capacidad de seducción que pueda tener el Sindicato con todo el dinero que han ganado durante cuarenta años de solidaridad del Tajo, pero que la Televisión Pública manipule así las imágenes y, por tanto, la percepción que puedan tener de la historia el resto de los españoles, nos parece criminal, de primero de Goebbels”, finaliza  Pérez Torrecilla.

viernes, 6 de abril de 2018

El alcalde de Tormos exhibe la bandera franquista en su Facebook


ALICANTE.- Durante varios días de la pasada Semana Santa, el alcalde de Tormos, Jerónimo Bermúdez (PP), exhibió como imagen de fondo de su perfil personal de Facebook la enseña preconstitucional, según la Cadena SER.

El símbolo fue retirado tras mantener alguna polémica con otros usuarios de la red. En una de estas conversaciones, el primer edil llegó a asegurar que la bandera con el águila franquista "le encanta".
Tormos es un pequeño municipio de la comarca de La Marina Alta -al noroeste de la provincia de Alicante- que cuenta con algo más de 300 habitantes.
Bermúdez, del Partido Popular, es alcalde de Tormos desde abril de 2017, puesto al que llegó por el repentino fallecimiento, por causas naturales, de Vicente Javier Ripoll.
En la actualidad, el perfil del primer edil en Facebook está ocupado por la imagen de una bandera de España con el escudo constitucional.

La CHS acuerda un desembalse de socorro en un mes como mucho

MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha acordado hoy, durante una reunión con representantes de las vegas Alta, Media y Baja para estudiar el escenario de escasez de la cuenca y las consecuencias de las medidas de ahorro adoptadas, efectuar un inmediato desembalse de socorro durante el plazo aproximado de un mes.

Según un comunicado del organismo de cuenca, el objetivo de este riego es aliviar la situación del arbolado ante la ausencia de lluvias en las zonas bajas del Segura, que han sufrido especialmente la falta de recursos causada por la sequía.
Está previsto convocar a mediados de mes la junta de desembalse y a final de abril la junta de gobierno de la Confederación, donde se evaluará de nuevo la situación y el resultado de las medidas adoptadas y controladas por la Comisaría de Aguas.
Además de este riego extraordinario de socorro para el regadío tradicional, la llegada de las aguas del acueducto Tajo-Segura, tras casi un año sin envíos por la falta de agua en la cuenca cedente, también aliviará la situación de las respectivas zonas regables, afirma la Confederación Hidrográfica.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunció ayer oficialmente un trasvase de 60 hm3 hasta junio, a razón de 20 hm3 al mes.
La Demarcación Hidrográfica del Segura atraviesa ya su cuarto año declarado de sequía, uno de los periodos de escasez más prolongados de los últimos tiempos.
Los pantanos de la cuenca almacenan actualmente 296 hectómetros cúbicos y se encuentran al 26% de su capacidad y en situación de emergencia.

El patronato de Fundación Caja Mediterráneo aprueba su plan estratégico para los próximos tres años

ALICANTE.- El patronato de Fundación Caja Mediterráneo, presidido por Luis Boyer, ha aprobado por unanimidad el plan estratégico de la institución para los próximos tres años. El objetivo de este plan estratégico es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 a través de la reestructuración de la entidad desde una perspectiva de racionalidad financiera y económica. 

Asimismo, en esta misma reunión del Patronato se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2018, que contempla un presupuesto para la realización de actividades de más de un millón de euros.
Luis Boyer afirma que "la Fundación Caja Mediterráneo emprende una nueva etapa con la finalidad de consolidarse como una institución al servicio de la sociedad de Alicante, Murcia y Valencia. De este modo, comenzamos una nueva etapa de consolidación de nuestra misión, de la estructura de la entidad y de las líneas de actividades estratégicas, todo ello con un horizonte temporal de tres años, hasta 2020".
Boyer añade "nuestro objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de Alicante, Murcia y Valencia. Este Plan Estratégico pone las bases para garantizar la viabilidad de la Fundación a medio y largo plazo, lo que nos permitirá que esta institución siga ocupando un espacio relevante en las actividades culturales, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa en su ámbito de actuación."
El punto de partida de este documento se encuentra en la nueva definición de la Misión de la entidad: "Fundación Caja Mediterráneo es sucesora de la Obra Social de Caja Mediterráneo y custodia de su patrimonio y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de las provincias de Alicante y Murcia. Esto se hará gestionando ese patrimonio y sus recursos de forma responsable con el fin de desarrollar iniciativas propias y colaborando activamente en aquellos proyectos que compartan el objetivo de impulsar una sociedad más sostenible."
El Plan Estratégico 2018-2020 de la Fundación Caja Mediterráneo es el resultado de un proceso de reflexión en común y conjunto realizado por el Patronato y por el equipo técnico de la Fundación y está dirigido a garantizar la viabilidad de la entidad y a rentabilizar socialmente su patrimonio.
El documento establece seis objetivos estratégicos prioritarios sobre los que la Fundación debe cimentar su futuro. Entre estos objetivos se encuentran la redefinición de las actividades desarrolladas por la Fundación, la reestructuración del patrimonio inmobiliario y de los recursos humanos, la modificación de la imagen corporativa y la página web, el ajuste de balance y cuenta de resultados y la rentabilización del patrimonio artístico y documental de la Fundación.
Estos seis objetivos estratégicos responden a tres necesidades básicas, la primera de ellas garantizar la viabilidad económica de la fundación mediante la reestructuración del patrimonio inmobiliario, la gestión activa de los recursos financieros y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
Por otro lado, cobra especial relevancia el diseño de un nuevo organigrama para adaptarlo a las necesidades de la Fundación en esta nueva etapa, tanto por tamaño y área de influencia como por las actividades a desarrollar. Por último, es prioritario adaptar la programación de actividades a la nueva misión, al área geográfica de actuación e influencia y a la disponibilidad de recursos.
En los primeros seis meses de aplicación del Plan Estratégico se abordarán las medidas más urgentes, como la reestructuración de los recursos humanos de la Fundación para poder adaptar cuanto antes la plantilla al nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, se posibilitaría la creación de equipos específicos para la gestión integral del patrimonio inmobiliario y para la comercialización de espacios y organización de eventos.
Uno de los ejes sobre los que gira el plan es equilibrar el balance de la Fundación. Para ello, es clave reducir los gastos, tanto de personal, como los de servicios profesionales y los gastos excepcionales jurídicos, así como los relacionados con el mantenimiento de los edificios.
Paralelamente, es imprescindible aumentar la captación de fondos externos. Para ello, la Fundación ya ha comenzado ha trabajar con equipos especializados en captación de subvenciones y búsqueda de ayudas públicas. Además, se está priorizando la organización y gestión de eventos que conllevan alquileres de los centros de la Fundación, así como afianzar el incremento de los ingresos por actividad propia para conseguir que siga creciendo el porcentaje de actividades y centros autofinanciados.
La gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación es otro eje fundamental de este plan de actuación. Esta nueva etapa da gestión de los activos inmuebles arranca con la identificación de los centros estratégicos de la Fundación a los que se replegará la actividad, fundamentalmente Alicante y Murcia, abre una vía para reestructurar y rentabilizar el patrimonio inmobiliario sin uso, mediante la venta o el alquiler. 
La ubicación estratégica de la mayoría de los centros culturales de la entidad dota de un importante valor añadido a los inmuebles de la Fundación, y será clave tanto en la venta y alquiler como en la comercialización de los espacios para eventos
La Fundación Caja Mediterráneo cuenta entre su patrimonio con 44 inmuebles, entre los que destacan los centros culturales de Alicante, Murcia, Elche, Benidorm, Cartagena, Orihuela, Lorca o Torrent, los centros de medio ambiente de Crevillente, Alcoy, Buñol y Sangonera la Verde; las casas museo Modernista de Novelda y Azorín; el colegio de educación infantil y primaria Sagrada Familia de Elche y, entre otros, el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). 
El resto de los inmuebles están vacíos o cedidos a otras entidades, tanto públicas como privadas. A este respecto el Plan contempla revisar la situación tanto de dichos inmuebles cedidos como de aquellos de titularidad compartida. Para ello, se creará una unidad de gestión integral del patrimonio inmobiliario.
El Patrimonio artístico de la Fundación es uno de los agrandes activos de los que dispone la entidad, y por ello se desarrollarán nuevas estrategias para la divulgación del patrimonio artístico, tanto de la Colección de Arte Contemporáneo, que puede visitarse en el MACA de Alicante, como del resto del Fondo Artístico de pintura y escultura. Se propone, además, trasladar y centralizar todo el fondo artístico y documental en las instalaciones propias de la Fundación, y replegar las obras artísticas de aquellos centros de los que se desprenda la Fundación.
El Plan también identifica que uno de los valores más destacados de los fondos de la Fundación es el patrimonio documental que custodia tanto en sus bibliotecas como en el centro de Legados. El documento da el impulso definitivo para la creación del Centro de Documentación e Investigación sobre Legados de la Fundación, resultando prioritario trabajar en la localización, catalogación, archivo, digitalización y divulgación de los fondos bibliográficos y los legados.
La Fundación redefinirá su ámbito de actuación, circunscribiéndose a la provincia de Alicante, la Región de Murcia y a la Llotgeta en la ciudad de Valencia. Junto a ello, también se impulsarán nuevas áreas de interés para la organización de actividades, centrándose en las últimas y más recientes formas de actividad social, económica y productiva vinculadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad, la solidaridad y la innovación social.
Asimismo, entre los objetivos más importantes que se ha marcado la Fundación para esta nueva etapa destaca incrementar el número de actividades que puedan ser autofinanciables e incrementar la captación de recursos externos.
El Plan también propone replantear el papel que debe adoptar la Fundación en cuanto a las actividades en colaboración, para potenciar aquellas iniciativas que tengan mayor retorno social y mediático.
Diseñará un nuevo organigrama y adaptar la plantilla al nuevo organigrama y a la nueva estimación de gastos de personal elaborando una nueva relación y valoración de los puestos de trabajo.
Por último, el plan también propone modificar la imagen corporativa, así como aumentar la presencia de la Fundación en Redes Sociales e Internet, partiendo de un profundo rediseño de la página web.

La 'Aemet' prevé que el sábado sea un día con lluvia y habrá inestabilidad hasta el jueves

ALICANTE.- La llegada a España de un nuevo frente de borrascas va a acabar con la semana primaveral de la que han disfrutado Alicante y la Costa Blanca en su conjunto al anunciarse, sobre todo el sábado, lluvias. 

La probabilidad será del 80% entre las 12 y las 18 horas y dará paso a un primer tercio de la semana con una gran inestabilidad. No obstante, hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología salva la Romería de la Santa Faz porque el jueves 12 no están previstas lluvias. Con todo, salvo las tormentas del sábado, las lluvias no serán intensas, según Meteorología. 
El cambio de tiempo para el fin de semana no afectará, sin embargo, mucho a las temperaturas pero con humedad la sensación térmica será más baja. Con todo, los meteorólogos prevén que, en general, la primavera sea más cálida de lo normal, pero no será hasta la semana que viene.

'Greenpeace' cree que se "ocultan" datos del Segura para justificar el trasvase

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha asegurado que la cuenca del Segura dispone de entre 500 a 800 hectómetros cúbicos más de agua que harían innecesario el trasvase desde el Tajo a esta cuenca y considera que las administraciones han "manipulado y ocultado sistemáticamente datos" para justificar el trasvase.

El responsable de la campaña de aguas de la ONG, Julio Barea, ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura nació por una "avidez de negocio" e interés económico más que por una necesidad real.
Por ello, afirma para justificar el trasvase "se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos" y se ha mantenido la idea de la escasez de agua, tanto por políticos, como por administraciones y medios de comunicación "hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía".
En concreto, según el informe de la organización 'La trama del agua en la cuenca del Segura', la cuenca del Segura cuenta con entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce, por lo que Barea afirma que "no tiene déficit" e incluso asumiendo las demandas de su plan hidrológico de cuenca vigente para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua que procede del trasvase Tajo-Segura.
A su juicio, bastaría con hacer un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima.
Sin embargo, advierte que desde entonces hasta la actualidad la política hidráulica de España se ha basado en "ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible" que está provocando una "grave crisis social y ambiental" tanto en la cuenca cedente como en la receptora.
Barea expone que en el estudio demuestra que el trasvase Tajo-Segura "puede cerrarse en tres años" sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante.
"No entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase, cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19 por ciento de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", destaca Barea. que insiste en que el Segura podría desengancharse del Tajo "en un plazo máximo de tres años".

El Gobierno manchego habla de 'traición' de Tejerina en relación al trasvase Tajo-Segura

TOLEDO.- La consejera de Fomento del Ejecutivo manchego, Agustina García Élez, afirmó que la firma de la ministra Tejerina del trasvase es la muestra de «la traición a Castilla-La Mancha». 

Aseguró que «el Gobierno regional, desde que se anunció el previsible trasvase, venía intentando pararlo a través de la petición de incrementar la reserva mínima no trasvasable hasta los 510 hectómetros cúbicos», sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio.
García Élez aseveró que «los servicios jurídicos de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha están ya trabajando en la interposición de un recurso a este nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha». 
En declaraciones realizadas en las Cortes regionales, la consejera dejó constancia de que el presidente manchego, Emiliano García-Page, «lo tiene muy claro: para defender el agua y los intereses de Castilla-La Mancha el primero que va a estar, por supuesto, va a ser el Gobierno regional y así lo estamos haciendo jurídicamente con los recursos».
«Consideramos -añadió- que la ley en la que se ampara el Ministerio, en la mesa de la Comisión de Explotación del trasvase, para poder firmar ese trasvase es una ley que también nos permite recurrir, porque viene a decir que hay que priorizar y garantizar los recursos a la cuenca cedente y con este trasvase no se está haciendo».
Por eso, insistió en que están pidiendo «revisar las reglas, porque, tal y como están contempladas, se ve que no funcionan». 
Así, recordó que, hace menos de un mes, «estábamos en situación de emergencia en los pantanos de cabecera, por lo que no se puede pretender que ahora, con un 19% de capacidad, se considere que hay agua que sobra».

jueves, 5 de abril de 2018

La UPCT vigila para el Taibilla el impacto de las desaladoras en el acuífero del Saladar de Agua Amarga


CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) realiza un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento del acuífero del Saladar de Agua Amarga y su entorno para determinar si se ha visto afectado por el funcionamiento de las desalinizadoras de Alicante I y Alicante II. El proyecto se desarrollara en el marco de un convenio suscrito hoy entre la UPCT y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, firmado por el rector, Alejandro Díaz, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo.

Investigadores de la Politécnica de Cartagena, dirigidos por Iván Alhama, del departamento de Ingeniería Civil, y José Álvarez Rogel, del de Ciencia y Tecnología Agraria, realizan mediciones piezométricas e hidrogeológicas, además de seguir el control de la cubierta vegetal y de las especies. El presupuesto total para la realización del estudio y de los informes asciende a 140.000 euros, distribuido en cuatro anualidades de 35.000 euros cada una. El convenio firmado hoy da continuidad a los estudios que se han venido realizando en los últimos años. “Estamos muy contentos con la confianza que la Mancomunidad deposita en nuestra Universidad”, ha señalado el rector.
El área del estudio comprenderá la zona húmeda que podría verse afectada por la extracción de agua de las captaciones de las desaladoras ubicadas en el Saladar de Agua Amarga, ubicado al sur de Alicante. Se realizarán muestreos de suelos y el seguimiento de algunos parámetros en las zonas que reciben el agua del programa de riegos del saladar, a fin de evaluar el efecto de dichos riegos sobre el componente edáfico y su relación con la cobertura vegetal.

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.