Uno de cada cuatro contratos tiene una duración menor a una semana

MADRID.- El sector de los servicios concentró 413.232 contratos de menos de siete días de duración, cifra que representa el 23,3 % de los 1,77 millones de contrataciones que se celebraron durante el mes de abril, muestra de una elevada rotación que para los sindicatos evidencia la precariedad del mercado laboral.

El número de contratos registrados en abril supuso un incremento de 125.711 respecto a marzo, alza que se concentró en los temporales (con 129.488 más), ya que los indefinidos disminuyeron (3.777 menos), según se desprende de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En ese descenso del número de contratos indefinidos, hasta totalizar 189.671, tuvo influencia el hecho de que la Semana Santa se celebrara en abril, lo que por otro lado también influyó en el alza de la contratación temporal, arraigada en el sector servicios.

En este sector, los contratos de menos de un mes de duración alcanzaron los 521.516, es decir, casi uno de cada tres del total de las contrataciones firmadas en abril en España.

Dentro de estas, tiene especial relevancia la modalidad de eventual por circunstancias de la producción, utilizada en 387.043 contratos.

Por subgrupo de ocupación, fueron concretamente los trabajos de servicios de restauración los que aglutinaron el mayor número de contratos temporales, con 242.850, seguidos por los peones agrarios (201.232), la industria manufacturera (125.542) y los servicios de limpieza (108.987).

En función del área de actividad, fue la de servicios de comidas y bebidas la que mayor número de contratos temporales acumuló, con 248.167 en total, seguida por agricultura, ganadería, caza y silvicultura (213.034).

En tercer lugar, la actividad de servicios de alojamiento realizó 89.956 contratos temporales durante abril, por delante del comercio minorista, que fue responsable de 86.173 contrataciones eventuales.

Si se tiene en cuenta el tamaño de la empresa, fueron las de menos de 25 empleados las que mayor número de contratos temporales acumularon, con un total de 747.916, seguidas por las de entre 100 y 500 empleados, con 306.474.

Desde el Ministerio de Empleo señalan que, pese a que el número de contratos indefinidos apenas representa un 10,7 % del total de los registrados el pasado mes, esta tasa se ha incrementado casi un punto y medio respecto a hace un año.

Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el 74 % de los asalariados en España, es decir, 3 de cada 4, tiene un contrato indefinido, tal y como recordó el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante la presentación de los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado. Riesgo restó importancia al hecho de que la contratación indefinida disminuyera durante abril, atribuyendo el comportamiento a los efectos estacionales derivados de la Semana Santa.

Asimismo destacó que los contratos indefinidos alcanzaron su mayor cifra en un mes de abril de la serie histórica y que, en términos interanuales, crecieron el 25,2 %, casi el triple que la contratación temporal, que lo hizo un 8,9 %.

Para UGT, el hecho de que el número de contratos indefinidos hayan aumentado en tasa interanual a mayor ritmo que los temporales responde a la evolución del contrato para emprendedores, que asciende un 30 % anual, hasta alcanzar 25.441.

Tanto UGT como CCOO denunciaron que la elevada temporalidad está en máximos e instaron al Gobierno a que les convoque a la mesa de diálogo social para atajar la situación.

Concretamente, CCOO denunció que la elevada rotación laboral del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran muchos contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días.

Por su parte, desde la CEOE consideran necesaria una rebaja generalizada de las cotizaciones sociales para estimular la contratación y permitir una reducción de los costes laborales que posibilite aumentos salariales y creación de empleo estable.

Las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana

ROMA.- Hoy se celebra el primer Día Mundial de las Abejas, celebración declarada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) con el propósito de concienciar sobre la importancia que tienen estos insectos polinizadores para el ser humano, las amenazas a las que se enfrentan, como el cambio climático, las enfermedades, la acción de los productos fitosanitarios que se emplean en la agricultura intensiva la contaminación o la pérdida de biodiversidad, así como su gran contribución al desarrollo sostenible.

Con motivo de esta celebración, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) lanza el siguiente mensaje: las abejas deben estar protegidas para garantizar el futuro de la alimentación humana. La organización insta a que los países realicen un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, ya que de lo contrario la humanidad se arriesga a sufrir una caída de la diversidad alimentaria.
En este sentido, recordemos que el año pasado los expertos de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) que trabajan en el proyecto MUST-B, advertían que la pérdida de la población de abejas suponía una amenaza para la seguridad alimentaria y la biodiversidad. 

Según ha explicado la FAO anteriormente, del 90% de los 100 cultivos principales con los que se abastece la Humanidad, hasta un 71% de ellos son polinizados por las abejas, cuya actividad se traduce en seguridad alimentaria y un valor económico que supera los cientos de millones de euros.

La actividad polinizadora de las abejas está estrechamente asociada a la producción de alimentos, siendo esenciales para el desarrollo de numerosas plantas y árboles, además, en muchos casos existe una completa dependencia de las abejas. 

A esto es necesario sumar que producen un alimento muy valorado, la miel. Desgraciadamente, cada año se reduce el número de colonias y, por tanto, su producción en Europa, por lo que no es de extrañar que la producción comunitaria de miel no cubra el consumo interno y se recurra a la miel procedente de terceros países.

La ceremonia oficial de conmemoración del Día Mundial de la Abeja (World Bee Day) se celebró en Eslovenia, país soberano de Europa Central que ha impulsado esta celebración reconociendo a estos insectos por su habilidad para trabajar duramente y requiriendo a la vez muy poca atención. 

La FAO comenta que los países deben cambiar y desarrollar políticas y sistemas alimentarios, que sean amigables con estos polinizadores, recordemos que en Europa se dio un pequeño paso en este sentido al prohibir el uso de tres insecticidas neonicotinoides al aire libre (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam), medida que se hará efectiva antes de que acabe este año.

La FAO explica que no es posible seguir centrándose en el aumento de la productividad en base al uso generalizado de pesticidas y otros productos químicos que amenazan a los polinizadores y a los propios cultivos, por ello, es necesario convertir las palabras en hechos y poner en marcha iniciativas concretas que permitan la conservación de las abejas y otros polinizadores, ya que cuidar su supervivencia es cuidar la supervivencia del ser humano. 

A nivel mundial, más del 75% de los cultivos dependen en mayor o menor medida de los polinizadores, su ausencia eliminaría productos como las almendras, el café, las manzanas, el cacao o los tomates, entre otros.

En este sentido, merece la pena retomar la lectura del post ¿Cómo sería la alimentación humana sin las abejas?, como explicábamos en él, siendo extremistas se podría responder a esa pregunta con la frase atribuida a Albert Einstein: “Si las abejas desaparecieran, a la humanidad le quedarían cuatro años de vida”. 

No sería así, pero la desaparición de los polinizadores supondría cambios profundos que amenazarían seriamente la seguridad y diversidad alimentaria. La perdida de biodiversidad afectaría al equilibrio ecológico, el precio de los alimentos aumentaría considerablemente, no podríamos disfrutar de alimentos tan preciados como la miel, etc.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura explica que todos tenemos la responsabilidad de proteger a las abejas y tomar decisiones que sean favorables a los polinizadores, abejas, mariposas, pájaros, murciélagos, etc. 

Pequeñas decisiones bastan, por ejemplo, cultivar flores que sirvan de alimentación a las abejas. Claro, que en realidad esto sirve de poco si no se acompaña con medidas como la agroecología, recordemos que en este sentido la ONU hace años que apuesta por este modelo de agricultura como el mejor para garantizar el abastecimiento alimentario en las próximas décadas.

La FAO advierte que el número de polinizadores y su diversidad han disminuido en las últimas décadas, las evidencias muestran que las causas principales son las actividades humanas y el cambio climático, de ahí que se abogue por las prácticas agrícolas sostenibles como la agroecología, ya que podría ayudar a proteger a las abejas al reducirse la exposición a los pesticidas y diversificar el paisaje agrícola. 

La organización ha puesto en marcha el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas como un marco para definir las mejores prácticas que pueden ayudar a disminuir la exposición de los polinizadores a los pesticidas.

Sobre la celebración del Día Mundial de las Abejas 2018, la ceremonia oficial se desarrolló en Eslovenia, concretamente en la localidad de Breznica, lugar en el que nació un 20 de mayo del año 1734 Anton Janša, apicultor y pionero de la apicultura moderna, de ahí que se haya elegido el 20 de mayo para la celebración. 

A través de la página oficial del World Bee Day 2018, se pueden conocer más detalles sobre este tributo.

Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación»

SEVILLA.- Mercedes Alaya, la juez que «tirando del hilo» destapó numerosos casos de corrupción en España, rompe su silencio y concede a Abc su primera entrevista, que se desarrolló en el Cortijo Torre de la Reina (Guillena, Sevilla), donde durante más de dos horas expuso sus opiniones sobre la independencia del poder judicial, las macrocausas y la necesidad de reformar el Código Penal para casos de corrupción, entre otras cosas. 

La que fuera juez instructora de los casos ERE, Mercasevilla, cursos de formación, avales... asegura que PSOE y PP votaron en el Consejo General del Poder judicial «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde -dice- habían encontrado hechos «sumamente graves».

En sus intervenciones públicas ha hecho bandera de la independencia del poder judicial. ¿Está amenazada esa independencia está en España?

De muerte no, pero sí de grave enfermedad. La independencia judicial es el baluarte y el principal pilar del Estado Social y democrático de Derecho, es la garantía de la libertad de los ciudadanos y de los derechos fundamentales. Nuestra joven democracia tiene un sistema judicial que resulta envidiable en principio para el resto de los países que nos rodean y me refiero a Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos... En esos países, quien lleva la investigación judicial de los delitos es el fiscal, que depende directamente del poder ejecutivo, más concretamente del ministro de Justicia y a veces éste forma parte del poder judicial. Allí quien termina finalmente investigando es la Policía sin apenas control alguno y rige el principio de oportunidad, que es lo mismo que discrecionalidad, que se convierte lógicamente en arbitrariedad porque se persiguen los delitos según, cómo y quién.
En España, en cambio, rige el principio de legalidad, donde se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne. Por tanto, tenemos en España un sistema judicial que en teoría puede darle veinte mil vueltas al que tienen el resto de países europeos, pero en la práctica ese principio de oportunidad se pretende introducir a través del Consejo General del Poder Judicial, que está absolutamente politizado, y a través del Ministerio Fiscal, que depende directamente del Gobierno porque éste nombra al Fiscal General del Estado.

En los primeros años de la democracia se acordó la elección de parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte del Congreso y el Senado. ¿De aquellos polvos vienen estos lodos?

Claro. La Constitución dice que el CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, constituido para garantizar la independencia judicial, estaría constituido por un presidente y 20 vocales. Por la desconfianza inicial hacia los jueces y otros cuerpos, como la Policía o los militares, se estableció que 8 de los 20 vocales serían nombrados entre juristas de reconocido prestigio y el resto, entre jueces. Esto hoy no tendría ningún sentido porque los jueces somos juristas de reconocido prestigio y entre nosotros hay muchas figuras de relevancia.
Las Leyes Orgánicas del Poder Judicial establecieron con posterioridad cómo se elegían los otros 12 miembros del CGPJ. Cuando llegó el PSOE al Gobierno, con la Ley Orgánica 6/1985, y al grito del señor Guerra de «Montesquieu ha muerto», fusiló la independencia del poder judicial ya que esos 12 vocales judiciales del CGPJ también iban a ser elegidos por el Congreso y el Senado. Eso no significaría nada si no fuera porque el CGPJ elige los principales órganos jurisdiccionales: el presidente del Tribunal Supremo y a su vez presidente del CGPJ, el vicepresidente del Tribunal Supremo, a los presidentes de Sala, a los magistrados del Tribunal Supremo y al director del gabinete técnico de dicho Alto Tribunal; al secretario y vicesecretario del CGPJ; a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas; al presidente de la Audiencia Nacional y a los presidentes de sala de dicho órgano, así como a presidentes de las Audiencias Provinciales... Incluso, un tercio de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas son elegidos a través del CGPJ por los parlamentos autonómicos. ¿Qué han conseguido con eso? Introducir al poder político y a los partidos políticos dentro de los procedimientos judiciales porque esos altos órganos jurisdiccionales sí que intervienen en los procedimientos, creando cuanto menos una apariencia de falta de independencia judicial.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción acaban en esos altos tribunales, parece difícil que los partidos políticos vayan a renunciar a nombrar a parte de los vocales del CGPJ.

Efectivamente. Y encima nos encontramos con la falta de independencia del Ministerio Fiscal, que es normalmente la única parte acusadora en los delitos contra la Administración o también llamados de corrupción. Así es que la conclusión es que no todos somos iguales ante la justicia. Se aplica la ley a rajatabla en un delito ordinario, pero la situación no va a ser la misma en un delito de corrupción o en el que haya personajes que tengan cierta concentración de poder. Por ello soy una firme defensora de la acción popular, de que los ciudadanos puedan intervenir en esos procesos.

¿Qué opina de la reforma judicial que permitirá a los fiscales instruir las causas, en lugar de hacerlo un juez?

Con eso tendríamos la tormenta perfecta porque esa instrucción por parte de los fiscales se plantea sin que gocen de independencia, sino que seguirían dependiendo del Fiscal General del Estado y, por tanto, del Gobierno. Se plantea esa reforma de una manera muy grosera porque el fiscal irá instruyendo pero al órgano de enjuiciamiento no le llegará lo que ha instruido, es decir, el atestado, la declaraciones de los investigados y de los testigos... algo importantísimo para conocer el contenido de la investigación y hacer valer las contradicciones por las partes acusadoras. Estamos volviendo al sistema de los gobiernos neoliberales de Alemania, Francia y Reino Unido, en los que impera el principio de oportunidad, no de legalidad. Vamos en dirección contraria a Italia, donde se encuentran algunos de los mejores procesalistas del Derecho Comparado, donde el Ministerio Fiscal dependía en un principio del Poder Ejecutivo, pero conscientes de que ello suponía una falta absoluta de independencia, establecieron que el fiscal, integrado en el Consejo General de la Magistratura, como el resto de los magistrados, realizara su función instructora con total independencia. Allí la diferencia es de mera denominación pues todos son magistrados, unos dedicados a la investigación y otros al enjuiciamiento.

Se queja de que la apartaran de las macrocausas, pero fue usted quien pidió irse del Juzgado de Instrucción 6 para ocupar una plaza en la Audiencia Provincial.

Mi decisión de ascender a la Audiencia vino motivada porque tiene cuatro secciones penales y era muy difícil ascender salvo que se diera una circunstancia excepcional, como la que se dio entonces al crearse una quinta plaza de magistrado en cada sección. Con independencia de que esa oportunidad estaba ahí, yo recabé el compromiso expreso de todos los órganos jurisdiccionales superiores, sobre todo del Consejo General del Poder Judicial y de la Presidencia de la Audiencia Provincial, de que se me iba a mantener la comisión de servicio en el Juzgado de Instrucción 6 para terminar las macrocausas aunque ganara esa plaza en la Audiencia. Fue una autorización verbal porque hasta que yo no pidiera la plaza esa comisión de servicios no se podía producir. Me dieron la conformidad personas que hasta ese momento me merecían todos los respetos y confianza. Esas personas estaban en contacto conmigo casi a diario para aconsejarme qué pasos tenía que seguir.

El presidente de la Audiencia Provincial o los vocales mayoritarios del CGPJ querían que yo acabara de instruir las macrocausas, dado el conocimiento adquirido después de cuatro años investigando asuntos tan extremadamente complicados. Ese compromiso se me mantuvo en todo momento, incluso después de haber accedido a la Audiencia. De hecho, la sección séptima de la Audiencia Provincial, a la que yo me incorpore, estaba convencida de que mi estancia allí iba a durar días porque tendría la comisión de servicios en el Juzgado de Instrucción 6. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que todo fue un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos! En mi opinión, mi salida de las macrocausas no fue provocada por el tema de los ERE, porque la pieza principal estaba íntegramente instruida, así como muchísimas ayudas sociolaborales a empresas y respecto de la llamada pieza política ya poco se podía hacer más. La causa real de la denegación de la comisión de servicios fue, desde mi punto de vista, el miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas.

¿Por qué al PP no le iba a interesar que se siguieran investigando los cursos de formación?

Porque había un acuerdo político evidente que consistía en que el PSOE se mantuviera fuerte en Andalucía y, a cambio, dejar al PP en el resto de sus comunidades autónomas. En segundo lugar, me puedo plantear que las ilicitudes en los cursos de formación no sólo estuvieran produciéndose en Andalucía sino que pudieran extenderse a otras comunidades donde no gobernaba el PSOE. Mi percepción personal, y la del  equipo de investigación que yo había formado con la UCO, es que no querían que investigáramos los cursos de formación, porque lo que estábamos viendo era sumamente grave, como era que una Administración impidiera físicamente a los funcionarios que controlaran el desarrollo de los cursos de formación sin ponerles coches, sin pagarles dietas, sin darles posibilidad de horarios, cursos que en muchísimos casos no se impartían; en otros supuestos, sin seguir el procedimiento expresamente previsto, se utilizaban las subvenciones a formación concedidas por la Junta para con ellas pagar nóminas a trabajadores, que en muchos casos no recibían dicha formación, pero permitiendo con ello que durante el tiempo de la supuesta formación siguieran cotizando a la Seguridad Social, lo que posibilitaba que los trabajadores pudieran acceder nuevamente a prestaciones por desempleo. Asimismo, durante años se concedieron nuevas subvenciones para cursos de formación a cientos de empresas sin haber acreditado previamente los gastos de las subvenciones recibidas el año anterior, que es lo que la normativa exige. Además estaba investigando el tema de la fundación Faffe, de la que podríamos hablar durante largo tiempo con hechos sorprendentes. Insisto en que a mi modo de ver no interesaba la investigación de los Cursos de Formación. El caso de los avales concedidos por la Agencia IDEA, de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, era presuntamente como el de las ayudas sociolaborales pero con otro ropaje distinto, es decir, conceder avales sabiendo que no los iban a ejecutar a las mismas empresas que habían recibido ya ayudas sociolaborales o a otras diferentes. Estamos hablando de avales que no llegaron a intentar ejecutarse nunca. Cuando abandoné el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la instrucción de esta causa, con el conocimiento adquirido del tema de los ERE, la dejé expresamente ordenada, especificando todas las diligencias de investigación que debían practicarse.

Si hubiera sabido que no le iban a dar la comisión de servicios para acabar las macrocausas, ¿hubiera perdido la oportunidad de ascender a la Audiencia?

No me hubiera movido del juzgado porque tenía un compromiso personal con estas causas y con el equipo de investigación que había formado con la UCO, con los interventores del Estado, los inspectores de Hacienda, inspectores del Consorcio de Compensación de Seguros y los funcionarios de mi juzgado, en especial con Charo, funcionaria a la que la Guardia Civil impuso una medalla por el servicio prestado, que me acompañaron en estos avatares. Yo estaba disfrutando con lo que estaba haciendo, y creía que mi lugar era ese en aquel momento.

Se le ha criticado por querer acaparar toda la instrucción del caso de los ERE y no querer compartirla con otros jueces de refuerzo.

Desde 2011 a 2013 yo había llevado los tres casos de Mercasevilla, el Betis, los ERE, junto al resto de las causas ordinarias de mi juzgado y mis guardias. En 2013 me nombraron un juez sustituto, Iván Escalera, para la llevanza ordinaria de los asuntos, cosa que hizo maravillosamente a fin de que yo pudiera dedicarme a la investigación de aquellas causas complejas. Caí enferma y a la vuelta, el presidente del TSJA me planteó que quería reforzar mi juzgado con dos jueces más para la llevanza de los macroprocesos. Yo me incorporé todavía enferma, cuando todavía tomaba 17 pastillas, y no me podía permitir el lujo de dar clases particulares a jueces que no tenían ni idea de por dónde tenían que coger esos temas. Estamos hablando de millones de folios. Me costaba más trabajo explicarles lo que había instruido, lo que tenían que hacer y luego coordinar todas las actuaciones, que hacerlo yo misma. Por eso no quise aceptar la ayuda de esos dos jueces. No quería aceptar además ninguna ayuda fuera del juez sustituto porque esa ayuda era a cambio de presiones internas del TSJA. Dicho y hecho. Finalmente, no tuve más remedio que acceder porque se cesó al referido juez sustituto y se me impuso la ayuda de un magistrado titular de refuerzo para que llevara los asuntos ordinarios y además me obligaron a cederle las guardias. Cobrar o no cobrar esas guardias era lo de menos, pero me quitaba la posibilidad de que una vez a la semana tratara otros temas diferentes y estar en contacto con el personal de mi juzgado. Con ese magistrado titular de refuerzo fue cuando el juzgado estuvo en los asuntos ordinarios más retrasado que nunca, lo contaban los funcionarios, y eso puede verse en las estadísticas. Era muy habitual cuando llegaba la una de la tarde, que ese compañero me dijera: me voy al club Pineda a almorzar con mi mujer, o me voy a recoger a mis niñas del colegio... Imagínese la cara que se me quedaba a mí porque todavía me quedaba una larguísima jornada por delante. Sé que hubo alguna llamada de atención y ese magistrado tuvo que ponerse las pilas. Yo tuve que pasar por todo esto, y por muchísimo más que no cuento, circunstancias que poca gente conoce.

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-mercedes-alaya-psoe-y-pp-quitaron-miedo-investigara-cursos-formacion-201805202133_noticia_amp.html

Un juez del Supremo vinculado a 'Agbar' rechaza un recurso sobre el precio del agua

VALENCIA.- Hace 7 años que agrupaciones vecinales de Murcia y Cartagena, municipios que pagan el agua más cara de España después de Lorca, empezaron una batalla judicial sin precedentes. Asesoradas por el interventor municipal Fernando Urruticoechea y amparadas por la jurisprudencia del Constitucional, pretendían que el precio del agua fuera reconocido a nivel general como una tasa sometida al control público y no como un tarifa (o precio privado) que las empresas suministradoras establecen a discreción, según publica hoy www.elsaltodiario.com. 

De haber progresado la iniciativa, se hubiera tambaleado seriamente todo el negocio establecido alrededor del suministro del agua en España, que actualmente es el servicio municipal que más beneficios económicos genera y está sometido al oligopolio de Aqualia, Acciona y Agbar. 

Sin embargo, el 10 de mayo las abogadas de estas asociaciones vecinales recogieron las dos sentencias firmadas por Joaquín Huelín (en la imagen), que desestimaban sus recursos de casación, les obligaban a pagar las costas procesales y ponían fin al recorrido de la demandas, al menos a través del Supremo.

Este magistrado fue designado como ponente del caso por la sección segunda de la sala tercera mediante providencia del Supremo en junio del 2017. Sin embargo, Huelín formaba parte en ese momento de la sección primera de la sala, donde ya en 2016 había participado en la admisión de los dos recursos de casación presentados. 

Esta decisión contraviene las normas de reparto de la sala, que impiden que un magistrado de la sección primera que ha conocido la admisión a trámite de un recurso participe más tarde en su deliberación. Pese a ello, se decidió agrupar ambos recursos, señalar la fecha del fallo para el mismo día y entregarlos a un mismo ponente: Joaquín Huelín.

Joaquín Huelín participó y se benefició de un acuerdo firmado entre la empresa Agbar y el Consejo General del Poder Judicial entre 2012 y 2015. Huelín participó junto a jueces de toda España en un convenio que contaba con ponencias y cursos de formación para magistrados organizados por Agbar que tenían como objetivo explícito “contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica” en relación a la gestión del agua.  

La revista Atlántica XXII accedió al texto del convenio y profundizó en un artículo sobre la forma que tuvo hasta 2015, cuando el abogado de Urruticoechea denunció el caso por entender que se estaba adoctrinando a los magistrados para responder a los intereses de las empresas y el CGJP tuvo que ponerle fin. 

Huelín incluso es coautor de un libro titulado “El precio del agua” editado por Agbar en el marco de este convenio. En él firma junto a nombres como Gaspar de la Peña Velasco, uno de los consejeros de EMUASA, la empresa mixta que opera en Murcia y contra la que se dirigía uno de los recursos de casación desestimados por Huelín. 

EMUASA está participada en un 49% por Hidrogea, que pertenece al grupo empresarial de Agbar. Hidrogea es el cambio de nombre que adoptó Aquagest en Murcia a partir del caso Pokemon. 

En el marco de este caso, la jueza Pilar de Lara definió a Aquagest como “una verdadera asociación ilícita”.

En el libro editado y promovido por Agbar, Huelín firma la ponencia titulada “Un sector necesitado de seguridad jurídica” donde defiende de manera contundente el sistema tarifario y afirma que “el mercado del agua está necesitado de una mayor seguridad jurídica que suministre la estabilidad imprescindible para fomentar la participación del sector privado, especialmente en lo que atañe a su régimen financiero”. 

Es decir, en lo que atañe a financiarse mediante tasas públicas o tarifas privadas. 

Ni el escrito de incidencia por nulidad de actuación que presentaron los demandantes por su designación contraria a la normativa de la sala, ni la recusación posterior por entender que la vinculación de Huelín con Agbar (y por extensión con EMUASA) le hacían parte interesada en el caso fueron aceptadas por el Supremo. 

Al contrario, el equipo demandante asesorado por Urruticoechea tuvo que pagar las costas además de una sanción de 2.000 € por mala fe contra el magistrado ponente.

No es todo el rastro que ha dejado Joaquín Huelín en su paso por la batalla judicial del agua. También se le puede encontrar ejerciendo su papel de defensor del sistema tarifario en el voto particular que firma junto a otro magistrado en una sentencia del Supremo de 2015. 

El Tribunal falló en favor del recurso del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma en defensa de su poder tributario, entendiendo el precio del agua como una tasa que no ha de estar sujeta al sistema tarifario de las empresas sino al poder tributario de las administraciones municipales.

Esta sentencia y otra relativa al municipio canario de Los Realejos, ambas de 2015, fueron parte de la base jurídica de los recursos de casación por Murcia y Cartagena, pues generaban jurisprudencia sobre la obligación de que todos los servicios municipales del agua sean financiados mediante el concepto tasa.

De los magistrados del Supremo que ahora han deliberado sobre las demandas de Murcia y Cartagena solo queda uno de los que aparecía entonces en las sentencias de 2015. Es el mismo Joaquín Huelín que emitió el voto particular, que participó entre 2012 y 2015 en el convenio con Agbar y firma uno de sus libros, y que ha sido designado como ponente de esta última sentencia de forma contraria a la normativa de la sala.

El próximo paso de las asociaciones ciudadanas que están luchando contra los abusos de las tarifas del agua es presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Hasta entonces, estas dos sentencias del Supremo suponen un duro golpe al recorrido judicial de la deliberación del precio del agua, puesto que se hace efectiva esa “seguridad jurídica” del sistema tarifario impuesto por las empresas del agua que el juez Huelín defendía en su ponencia para Agbar.

Según afirma Fernando Urruticoechea, se trata de “un severo castigo por el atrevimiento de enfrentarse al saqueo perpetrado por el lobby del agua”. Un castigo que no solo recae sobre las asociaciones que tendrán que pagar las costas del proceso, que ascienden hasta los 16.000 euros en el caso de Cartagena y 18.000 en el de Murcia, sino sobre todos los usuarios del agua en España. Hasta que el Constitucional no se pronuncie, estarán jurídicamente indefensos frente a las tarifas de los precios del agua.

Toda la batalla jurídica sobre el precio del agua orbita, principalmente, en torno a estos dos conceptos clave: tasa y tarifa. La tesis del lobby de las empresas del agua siempre ha radicado en entender que cuando el servicio del agua se presta mediante concesiones, se aplica el poder tarifario de los concesionarios para marcar los precios. 

 La pretensión es que, por mucho que se trate de un servicio municipal y de primera necesidad, sea la forma de gestionarlo la que marque el régimen de precios al cual debe atenerse. Esta interpretación tiene importantes repercusiones en España, donde alrededor del 60% del agua la gestionan empresas privadas.

La aplicación de las tarifas no solo abre la puerta a que los precios del agua se disparen, sino que también hace casi imposible fiscalizar la actividad de las empresas en tanto que sus gastos e ingresos no figuran en los presupuestos municipales. 

Incluso en el caso de los impagos, la tarifa permite que se dé un corte del suministro de manera inmediata, mientras que cuando se trata de una tasa se requiere un procedimiento de apremio que debe pararse si se prueba la insolvencia del deudor.

Los intentos del lobby por hacer prevalecer las tarifas se remontan a la sentencia 185/95 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia se esclareció, para evitar que se produjeran beneficios por su explotación, que el precio de los servicios públicos de recepción obligatoria o esenciales para la vida digna que se prestan en régimen de monopolio por los municipios (como es el caso del agua, el alcantarillado o las basuras) tienen que financiarse con arreglo al poder tributario de la administración. Es decir, mediante el concepto de tasa.

La sentencia insiste además en que, independientemente de la forma en que se gestione, ya sea directamente por los ayuntamientos, bajo concesiones o en empresas mixtas, lo que prevalece es el carácter del servicio que se presta. 

De este modo, contradice la tesis de las empresas y deja claro que, lo gestione quien lo gestione, el servicio del agua se ha de financiar mediante una tasa, cuya cuantía está limitada a los costes del servicio y su aprobación está muy controlada. 

Esta decisión judicial tardó 8 años ser plasmada en la legislación. En 2003 se aprueba la nueva Ley General Tributaria, que en el segundo párrafo de su artículo 2.2.a) ratifica la sentencia del Constitucional y establece que el agua se ha de considerar siempre una tasa. Sin embargo, en aquellos lugares donde el agua es gestionada por empresas privadas siguen prevaleciendo las tarifas. 

Aunque esta situación se denunció poco, el Supremo falló a favor de las tasas siempre que hubo demandas al respecto.

Pese a todo, las demandas nunca procedieron de asociaciones en defensa de los derechos del agua en vistas a garantizar una regulación pública en todo el Estado, sino que se quedaban en disputas locales. 

No es hasta 2011 que las asociaciones de Murcia y Cartagena se empiezan a organizar con este objetivo. Sin embargo, en ese año se da un paso hacia atrás al aprobarse la Ley de Economía Sostenible.

A través de una enmienda de última hora propuesta por CIU que apenas recibió resistencia parlamentaria, La Ley de Economía Sostenible eliminó el párrafo de la Ley General Tributaria que blindaba la prevalencia de las tasas en el régimen de precios del agua. De este modo, se vuelve a abrir la puerta a considerar las tarifas. 

La aplicación de la ley vino acompañada de una campaña en revistas jurídicas para informar a los interventores municipales, cosa que no se hizo en la modificación legislativa de 2003.

Ante la nueva perspectiva legislativa, los demandantes de Murcia y Cartagena se escudaron en la sentencias del Supremo basadas en hechos previos a la modificación de la ley, y más adelante en las dos sentencias de 2015 que recuperaban y ratificaban la doctrina aplicada por el Constitucional en 1995. 

No obstante, la nueva sentencia del Supremo deshace gran parte del camino realizado, al menos hasta que el Constitucional resuelva el recurso de amparo que presentarán las asociaciones vecinales que llevan 6 años librando esta batalla judicial.

El Reino de España y de las Jons / Juan Antonio Molina *

Ortega afirmó que los españoles se saltaron la época de la Ilustración y que, por tanto, nos falta un “siglo insustituible.” La Europa negra dejó de serlo gracias al esfuerzo de racionalización de las ideas y el afinamiento de las costumbres que fue la Ilustración. Sin embargo, la España negra posterior, al contrario, es el resultado de haber carecido en nuestra historia de todo lo que el siglo XVIII representó. 

A partir de ahí se inicia lo que Ortega llama tibetización de España, es decir, el aislamiento de nuestro país de los aires ilustrados que soplaban en el resto de Europa, mientras aquí no sólo seguíamos haciendo una burda filosofía escolástica y se obviaba la gran aventura de la ciencia moderna, sino que tampoco la nueva sensibilidad moral hizo mella en la Península.

Es este alejamiento intelectual y moral de la corriente que configuró culturalmente a las naciones europeas lo que le hacía escribir a Manuel Azaña en plena guerra civil que “Las cosas españolas no quedan bien traducidas a una lengua extranjera, ni pueden, por tanto, entenderse rectamente con la simple traducción literal de los nombres. Así, siendo equivalentes las palabras, no denotan lo mismo. Traducidas al idioma de cualquier gran país ciertas palabras, por ejemplo: regimiento, universidad, obispo, escuadra, catolicismo, masonería, ametralladora, general, escuela, reforma agraria, etc., la representación de lo español que adquiere el extranjero mediante la versión de tales palabras, es falsa.”

No es de extrañar, por ello, que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena encuentre tanta incomprensión por parte de los jueces europeos en la atribución de delitos a los nacionalistas catalanes. Y lo más significativo y gravoso de estas “traducciones erratas” es que donde los jueces alemanes o belgas no ven delito tal como lo plantea el instructor del Tribunal Supremo, en el reino de España los “delincuentes” nacionalistas padecen prisión provisional sin posibilidad de remisión por un criterio poco homologable por la justicia europea. Es una parte de las “peculiaridades” que diferencian al reino de España del resto de las democracias: la continuidad histórica de un tiempo político y moral destinado a pasar.

La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo ello en materia de orden público y delito común. 

El hecho de que todos los resortes del Estado, en su vertiente más retardataria y coactiva, incluyendo la uniformidad en los partidos, con independencia de la autodefinición ideológica, se hayan volcado contra el nacionalismo catalán desde los elementos institucionales más represivos y autoritarios es porque éste se ha posicionado desde el tímido reformismo a la ruptura con el régimen de poder vigente.

Se podía haber producido este movimiento de ruptura democrática como decantación del conflicto social, sin embargo, la demolición controlada del mundo del trabajo por las mismas organizaciones políticas llamadas de progreso ha privado de instrumentos de autodefensa social a las clases populares, así como el control por las minorías económicas de los mass media y la industria cultural, mediatiza la influencia de los intelectuales con compromiso social en favor de los adocenados y complacientes con el sistema. 

Cataluña es el foco, sin embargo, el ciclo represivo del régimen de la Transición es global y los poderes del Estado, ejercidos ya sin atrezo, sujetos al concepto predemocrático de: unidad de mando y diversidad de funciones, no supone ya la judicialización de la política, sino, además, la abolición de la misma política como instrumento de convivencia democrática y ejercicio libre de la voluntad de la ciudadanía.

(*) Periodista

https://www.nuevatribuna.es/opinion/juan-antonio-molina/el-reino-de-espana-y-de-las-jons/20180519123504152109.html

Agramunt abandona el Consejo de Europa por “el hartazgo, la presión y el miedo”

VALENCIA.- El senador del PP Pedro Agramunt ha asegurado este domingo que dejará de ser miembro del Consejo de Europa "a petición propia" el próximo mes de junio por "el hartazgo, la presión y por miedo". "No quiero perjudicar al PP", ha añadido.

El propio Agramunt ha confirmado hoy su decisión de abandonar su puesto en el organismo antes de la reunión que mantendrá este martes con la dirección de su partido en el Senado, y en la que dará explicaciones sobre las investigaciones y las sanciones del Consejo de Europa.

Con todo, no espera que desde el PP se pida su renuncia al acta de senador porque, según Agramunt, eso “solo lo hacen los de Podemos y los de Compromís”.

 “Allí te pica un mosquito y ya te lo están pidiendo”, ha aseverado.

La renuncia del político ‘popular’ llega después de que el Consejo de Europa le impusiera sanciones por infringir “seriamente” el Código de Conducta. En concreto, durante diez años no podrá desempeñar las labores de observador electoral ni ser designado presidente o vicepresidente de una comisión o subcomisión de la Asamblea del Consejo de Europa.

La sanción afecta también a aspectos institucionales, ya que se le priva de formar parte de delegaciones de la Asamblea y tampoco podrán realizar preguntas al Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión del Consejo formado por ministros de Exteriores de los países miembros.

Estas penalizaciones se hicieron efectivas después de la investigación interna de la institución ante las sospechas de corrupción en la actividad de Agramunt tanto como presidente de la Asamblea Parlamentaria como en su papel de observador electoral.

Camps asume políticamente la decisión de celebrar la F-1

VALENCIA.- El ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha asumido políticamente la "decisión" de celebrar el Gran Premio de Europa de Formula 1 en el circuito urbano de València y ha manifestado que en su declaración como investigado del pasado viernes ante la jueza que instruye las presuntas irregularidades en la gestión de la F-1 en Valencia "no señaló a nadie" porque "nadie ha hecho nada irregular": "Todos pusimos nuestro mejor empeño, y yo el primero, para que saliese todo bien".

Así se ha expresado Camps mediante un comunicado en el que “aclara” en 15 puntos su posición en esta cuestión “ante la desinformación interesada” observada desde su “comparecencia ante el Juzgado que investiga la creación de los GP de Fórmula 1 en Valencia”.

En el escrito, Camps detalla que la “idea” de la celebración del Gran Premio vino del magnate de la competición, Bernie Ecclestone, “al ver el puerto de Valencia”, algo que al ex president le “entusiasmó”, por lo que “comenzó a coordinar esfuerzos” con el consistorio, el puerto y empresas nacionales como Bancaja. “Fue Bancaja quien dio el paso e impulsó la creación de una empresa abierta a más socios y participada para ser promotor del evento que la Generalitat encabezaba institucionalmente como un proyecto ilusionaste, que fue un éxito”, ha asegurado.

Así, ha señalado que “en el marco de la declaración de interés general”, los datos económicos de renta del evento avalados por el IVIE, el Consell “que presidía constituido en Junta General de Accionistas de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Generalitat adopto el acuerdo de ser copromotor del Gran Premio de Europa en Valencia”.

“Los datos macroeconómicos eran favorables, pero la crisis económica y los dos grandes premios en España, condujeron a la necesidad de realizar un único GP de F-1 en España, ya que el público y los aficionados no podían acudir a ambos”, ha detallado, y ha indicado que “a la propuesta de Ecclestone de que Valencia fuese único Gran Premio en las fechas de Montmeló y con el nombre de Gran Premio de España” dio “el visto bueno”.

“Lo vi desde el principio como una de las grandes apuestas de nuestra comunidad, turismo, riqueza, empleo y proyección”, ha explicado, y ha remarcado que “todos los miembros del gobierno que presidía y la administración actuaron bajo el estricto imperio de la ley”. “Nadie buscó rédito personal alguno”.

Asimismo, el ex jefe del Ejecutivo valenciano ha destacado que si actualmente continuase ese Gran Premio “estaría ya en balance de gestión positiva, y se habrían acumulado centenares de millones de telespectadores en el mundo mirando a Valencia”.

“Asumo políticamente una decisión que, como todas las que he tomado en política, siempre han sido en interés de la Comunidad Valenciana y España”, ha manifestado Camps, quien también ha destacado que “lo que ocurre en una instrucción es de una complejidad enorme, yo nunca valoro las respuestas de los que son interrogados”. “Sólo espero tener el mismo trato”, ha afirmado.

Por último, el ex president ha pedido no mirar “con ojos de hoy las decisiones políticas de ayer”. “Y en este momento de recuperación económica sería excepcional retomar la celebración del Gran Premio en las calles y puerto de Valencia donde transcurrió”, ha propuesto.

“Agradezco a todos los que colaboraron en este ilusionante proyecto, y sólo deseo que nuestras bienintencionadas explicaciones conduzcan a un feliz final de los procesos abiertos”, ha concluido.

Banco Sabadell abrirá 'oficinas rápidas' para hacer operaciones de caja

ALICANTE.- Banco Sabadell está poniendo en marcha un nuevo formato de sucursal de «servicio rápido» que prevé que este mismo año llegue a la Región y a otros puntos del país. Según explicaron fuentes de la entidad, su intención es concentrar en estas oficinas las operaciones de caja -ingresos y retiradas de efectivo, cobro de cheques, etc- . Este tipo de operaciones son las que suelen generar más colas de clientes.

Estas oficinas, que ya se están probando en la localidad valenciana de Torrent, contarán, además, con un horario ampliado, que incluye la tarde, tal y como avanzaron fuentes de la entidad. El horario de apertura, en todo caso, se fijará en cada sede.

El objetivo del banco es que a finales del año 2020 ya funcionen con este nuevo formato 150 sucursales repartidas por toda España. 

Los clientes «recibirán una atención más ágil, sin esperas y con nuevas soluciones a su disposición», remarcaron fuentes de la entidad. 

La transformación de la red será, no obstante, de mayor calado ya que uno de los motivos de poner en marcha este modelo es liberar de estas tareas al resto de oficinas que tengan a su alrededor.

Historia de la bandera en su 175º aniversario

MADRID.- Fue en 1843 cuando Isabel II firmó un real decreto que impuso la bandera rojigualda como enseña común de todos los Ejércitos, acabando con la amplia variedad de colores y escudos que portaba cada regimiento hasta la fecha. Así se ha mantenido durante los últimos 175 años con la única excepción de la tricolor durante la II República y la Guerra Civil en el bando republicano.

"La unidad de la monarquía española y la actual organización del Ejército y demás dependencias del Estado exigen imperiosamente desaparezcan todas las diferencias que hasta ahora han subsistido". 

Así rezaba la orden con la que el 13 de octubre de 1843 Isabel II dictaba que banderas, estandartes y escarapelas debían adoptar los colores rojo y amarillo.

Sin embargo, fue Carlos III quien 58 años antes había elegido estos colores, según ha explicado el coronel Gerardo López Mayoral, experto en vexilología --disciplina centrada en el estudio de las banderas-- y uno de los responsables del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra de divulgar este 175 aniversario.

Al subir al trono, el monarca observó que la mayoría de países utilizaban banderas en las que predominaba el color blanco, lo que daba lugar a confusiones en alta mar llegando incluso a provocar algún desafortunado incidente.

Para ponerle remedio, Carlos III encargó en 1785 a su ministro de Marina, Frey Antonio Valdés, que le presentase varios modelos de banderas que fuesen fácilmente reconocibles. El ministro convocó un concurso del que seleccionó doce bocetos que presentó al rey, que eligió el modelo que ha llegado hasta hoy en día para la Marina de Guerra y un segundo diseño (con los mismos colores pero diferente composición) para la Mercante.

Este diseño de la rojigualda fue entonces el adoptado por los barcos de guerra y más tarde se amplió su uso a todos los establecimientos dependientes de la Armada, popularizándose así en las ciudades costeras. Hay además pruebas puntuales de su utilización en otros ámbitos durante el convulso siglo XIX, aunque el Ejército continuó usando sus banderas anteriores.

Así siguió hasta 1843, cuando una joven Isabel II, siendo presidente del Gobierno provisional Joaquín María López, firma un real decreto para imponer la bandera roja y amarilla con medidas de 1,47 x 1,47m y un escudo circular en el centro con las armas Reales. Pese a ello, su adopción por todas las unidades militares fue progresiva y durante los siguientes años algunos regimientos siguieron usando sus enseñas.

El uso de la rojigualda fue así ampliándose y siguió vigente incluso durante la I República, cuando se suprimieron todos los símbolos reales de los escudos pero se mantuvo la bandera. Hubo un proyecto para cambiarla por una nueva bandera tricolor roja, blanca y azul, aunque finalmente no se llevó a cabo.

No fue así durante la II República, en la que tan sólo dos semanas después de su proclamación el Gobierno promulgó un real decreto implantando la bandera tricolor de franjas roja, amarilla y morada con el escudo de España en el centro, sustituyendo la corona real por un castillo.

Esta bandera siguió siendo utilizada por el bando republicano durante la Guerra Civil junto a las enseñas de los distintos partidos políticos o sindicatos. Mientras, el bando del dictador Francisco Franco restableció la bandera bicolor tan sólo un mes después de la sublevación militar y, una vez concluida la guerra, incluyó el águila de San Juan en el escudo.

Con puntuales variaciones en el escudo continuó el símbolo hasta la promulgación de la Constitución de 1978, que recoge la rojigualda como bandera de España: "La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas", reza el artículo 4 de la Carta Magna.

El escudo no aparece sin embargo recogido en la Constitución, sino que es una ley posterior de 1981 la que lo define: cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, con la Granada en la punta y el escusón central de la casa de Borbón, timbrado por corona Real y con las columnas de Hércules a sus costados.

Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra está conmemorando este aniversario durante todo este 2018 con diversas iniciativas entre las que se encuentra una exposición de banderas de España que ha estado ya en Barcelona, se encuentra ahora en Cartagena (Murcia) y visitará La Coruña y Valencia.

Las provocaciones del nazi de Torra le llevarán al exilio en Suiza / José Oneto *

Carola Miró y Bedós (52), esposa de Quim Torra Pla (55), Presidente provisional de la Generalitat, ya ha anunciado que su marido no está dispuesto a ir a la cárcel y que, en todo caso, pediría asilo político en Suiza, si las cosas se complican en Cataluña, aunque no dice que hará todo lo posible, y más, para que se compliquen, hasta el enfrentamiento civil. 

Conocen bien Suiza desde que Torra empezó a trabajar profesionalmente en la empresa de seguros Winterthur, hasta que ésta fue absorbida por Axa y le quisieron promocionar ofreciéndole un puesto privilegiado en Madrid. Pero prefirió renunciar, antes de vivir “en la capital de España, la capital de las bestias”.

En las 72 horas que lleva de Presidente de la Generalitat (‘Toma de posesión de la malhablada marioneta de Puigdemont’) todo ha sido una complicación, un disparate y, sobre todo, una provocación, dirigida al enfrentamiento civil. Desde la propia toma de posesión pobre y minimalista, como el personaje, hasta el juramento obviando la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la bandera nacional, y, al Jefe del Estado, pasando por el vasallaje prestado, al día siguiente de la jura, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para que quedase claro que ni tomaba posesión en el salón Sant Jordi del Palau, sino en el Saló Verge de Montserrat, ni por supuesto estaba dispuesto, como se le había ordenado, a ocupar el despacho del President que permanecerá cerrado hasta su esperada y ansiada vuelta para la que trabaja, hasta que entre en prisión o huya a Suiza.

Tal como había pactado con “el Presidente en el exilio”, el que está preparando ya su “Consejo de la Republica” y la Asamblea de Electos, (un parlamento paralelo) ha intentado restituir a todos los consellers cesados por Rajoy según el articulo 155, a pesar de la advertencia que ya había realizado el Presidente del Gobierno, de incluir a los que se habían exiliados o permanecían en prisión, excepto Oriol  Junqueras , Raul Romeva y Joaquin Forns que se habían negado. Y dicho y hecho. 

Veinticuatro horas después de despachar con Puigdemont en Berlín, hacia pública este sábado la lista de su gobierno en la que incluía a dos exconsellers en prisión (Josep Rull y Jordi Turull) y otros dos fugados y con orden de detención (Lluís Puig y Toni Comín), algo considerado por La Moncloa una “nueva provocación”, en lo que manifestaban su acuerdo, tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como el Presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

De esta forma, los nombramientos quedan congelados, porque no serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en manos de Rajoy,  gracias al articulo 155, con lo cual Cataluña sigue sin Gobierno, con el 155 en vigor y con un Presidente interino dispuesto a huir a Suiza, como la dirigente de la CUP Anna Gabriel o la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya Marta Rovira, antes de entrar en prisión que es el camino que lleva, terminada y clausurada solemnemente la etapa de la “revolución de la sonrisa” e iniciada la de la provocación y el enfrentamiento civil.

Este fin de semana quien realmente maneja la marioneta de Quim Torra habrá podido leer en Berlin los duros calificativos del periódico de referencia alemán “Frankfurter Allegemaine Zeitung” , en el que explica cómo el nuevo Presidente predica el odio, partiendo de que uno de los mayores éxitos de marketing del separatismo catalán ha sido hasta ahora, el aura especial con el que ha logrado envolver su propio programa político. Los que escuchan “Cataluña”, dice el periódico, piensan en manifestaciones pacíficas, banderas de colores, niños sonrientes. 

La retórica de los políticos encaja con ello: una Cataluña independiente será pro-europea, democrática y social, aseguran; una sociedad abierta para todos los que estén dispuestos, digámoslo así, a participar de alguna manera. Este punto no se especifica con mayor detenimiento. ¿Acaso no basta con contemplar esas caras bondadosas y vitorear al mejor futbolista del mundo?

“Pero ahora las cartas están sobre la mesa. El abogado y exeditor Quim Torra, que acaba de asumir el cargo de presidente de la Generalitat en Barcelona, propaga el racismo, la xenofobia y una ideología nacionalista de la peor calaña. Torra, de cincuenta y cinco años y confidente de Puigdemont, odia a España y el idioma español. Lo ha dicho y escrito muchas veces, por ejemplo en tuits como estos: “Los catalanes votamos y los españoles vienen a vigilarnos. Fuera de aquí de una vez”. O: “Los españoles sólo saben cómo saquear”. O: “Vergüenza es una palabra que los españoles hace siglos que borraron de su diccionario”.

(*) Periodista y economista

https://www.republica.com/viva-la-pepa/2018/05/20/las-provocaciones-del-nazi-de-torra-le-llevaran-al-exilio-en-suiza/

Los condenados por Fitur entrarán en prisión el día 24 de mayo

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha citado el próximo miércoles, 23 de mayo, a ocho de los once condenados en la pieza del caso Gürtel relativa al pabellón valenciano en Fitur para que ingresen voluntariamente en prisión al día siguiente.

Los tres restantes, los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, ya cumplen condena por esta causa en la prisión de Valdemoro (Madrid).
Los citados son: Cándido Herrero, Rafael Betoret, Jorge Guarro, Isabel Jordán, Mónica Magariños, la ex alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, Ana Grau e Isaac Vidal, que tendrán que acudir a la sede del TSJCV entre las 9 y las 12 horas del próximo miércoles.
Esta citación se produce ocho días después de que el Tribunal Supremo confirmase las condenas a Correa y Crespo de 13 años de prisión, de Pérez a 12 años y 3 meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez de 9 años en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso Gürtel.
La sentencia ratificó también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunidad Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.
Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la "causa de los trajes", a 6 años de prisión, y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente.
En la resolución, la Sala Segunda del alto tribunal ratificó íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del TSJCV relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama.
En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado a conocer este miércoles el contenido de once providencias de ejecutoria penal, una por condenado, en las que -salvo a los tres que ya cumplen condena- se les cita el próximo día 23 "para constituirse voluntariamente en prisión el siguiente día" y se les reclaman las correspondientes multas a las que fueron condenados, que deberán desembolsar en cinco días
Así, a Correa se le reclama una multa de 13.500 euros por asociación ilícita y otra de 3,9 millones por tráfico de influencias; a Álvaro Pérez 20.400 euros por asociación ilícita, falsedad documental y cohecho activo y 3,9 millones por tráfico de influencias; e idéntica sanción para Pablo Crespo.
A Cándido Herrero se le reclama 9.450 euros de multa por asociación ilícita y falsedad documental, a Isabel Jordán 17.250 euros por los mismos delitos, a Mónica Magariños 1.800 euros por asociación ilícita, y a Milagrosa Martínez 5.000 euros por cohecho pasivo y la entrega de un reloj marca Hublot que, de no entregar, supondrá el embargo de 2.400 euros de sus bienes.
A los extrabajadores de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau e Isaac Vidal se les reclama, respectivamente, una multa de 900 y 2.700 euros por falsedad documental, mientras que a Jorge Guarro y Rafael Betoret no se les impuso multa.
En concepto de responsabilidad civil, se requiere a Correa, Crespo, Pérez, Jordán, Martínez, Betoret, Vidal y Guarro el pago conjunto y solidario de una indemnización a la Generalitat Valenciana por 271.636 euros, un pago que es extensivo a Magariños hasta 265.056 euros y a Herrero hasta 10.120.
El TSJCV ordena, asimismo, el embargo de bienes de Orange Market en cuantía suficiente para cubrir 1.937.957 euros.
Esta ha sido la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras haberse desestimado los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV.

Lo que sé del máster de Pablo Casado / Ignacio Escolar *

 1. Pablo Casado cursó entre 2008 y 2009 el máster en Derecho Autonómico y Local. Lo hizo en el Instituto de Derecho Público, bajo la tutela del catedrático Enrique Álvarez Conde, en la URJC. Es el mismo título –solo cambió ligeramente por la reforma del Plan Bolonia–, el mismo centro, el mismo tutor y la misma Universidad que el máster de Cristina Cifuentes, solo que en una promoción anterior.

2. Casado aprobó dos tercios de su máster por medio de convalidaciones, el máximo legal. Es un procedimiento cuestionable porque una licenciatura en Derecho no es lo mismo que un máster especializado en Derecho Autonómico. En teoría, cada convalidación se tiene que justificar asignatura por asignatura y la tiene que pedir expresamente el alumno. No consta que Casado lo hiciera así. El entonces diputado autonómico simplemente presentó su título y solicitó una convalidación general, según su versión, sin argumentar qué asignaturas quería dar por aprobadas y con qué otras materias acreditaba esos conocimientos.

3. A pesar de estas irregularidades, la Universidad permitió la convalidación. Está firmada por quien entonces era vicerrector de estudios de la URJC: Fernando Suárez. Después llegaría a rector y más tarde acabó cayendo por sus plagios. Suárez es el famoso rector plagiador.

4. Casado aprobó así 40 de los 60 créditos necesarios: le convalidaron 18 asignaturas de 22. Y el método con el que aprobó las cuatro asignaturas restantes fue igualmente peculiar.

5. Casado no acudió a clase. No se presentó a los exámenes y simplemente hizo cuatro trabajos para aprobar las cuatro asignaturas que le quedaban sin convalidar. Asegura que no conoció siquiera a los profesores de esas asignaturas; nunca habló con ellos y no sabe tampoco quiénes son.

6. ¿Quién autorizó a Casado a cambiar las clases y los exámenes por cuatro trabajos? En teoría, para hacer algo así el entonces diputado autonómico habría necesitado una dispensa académica, que no solicitó. O al menos precisaba el permiso de los profesores de esas asignaturas; que aceptaran cambiar los exámenes y la asistencia a clase por trabajos. Casado nunca habló con ellos. Según las explicaciones que dio a los periodistas de eldiario.es –más de una hora con Raquel Ejerique y Gonzalo Cortizo–, “hizo lo que le pidieron”. ¿Y quién se lo pidió? Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público de la URJC, hoy imputado por el máster de Cifuentes.

7. Casado tampoco discutió con nadie sobre los temas para sus trabajos. Según las explicaciones que dio a eldiario.es, él mismo decidió qué trabajos hacer “fijándose en el título de las materias”.

8. ¿Quién evaluó esos trabajos? Tampoco se sabe. Casado asegura que los dejaba “en los despachos del Instituto de Derecho Público”. Es decir, en el despacho de Álvarez Conde porque este instituto universitario no tiene ni más despachos ni otra sede. Sacó cuatro sobresalientes.

9. Casado tampoco hizo la tesina de fin de máster, el equivalente de esos años al TFM, que también se defendía ante un tribunal con tres profesores.

10. Unas semanas después de estallar el caso Cifuentes, Cuando su máster empezó a estar bajo sospecha, tras una primera información de El País, Casado convocó a la prensa para dar explicaciones. Mostró sus trabajos y algunos resguardos de su matrícula pero solo de forma parcial: posó con ellos sobre la mesa pero no los entregó a la prensa ni permitió fotos detalladas de esos documentos. Los trabajos no presentaban sello alguno y, según su versión, eran copias recientemente impresas de los archivos originales, que encontró en un viejo ordenador.

Con esas explicaciones, gran parte de los medios se dieron por satisfechos. Casi todos. No eldiario.es.

11. Tras esa rueda de prensa de Casado, eldiario.es publicó en exclusiva que había aprobado su máster sin saber quiénes eran sus profesores y sin hablar jamás con ellos. Y que su “posgrado en Harvard” era un curso de cuatro días en Aravaca. Y que todos sus “posgrados” en universidades y escuelas de negocios de postín los había aprobado en solo cuarenta días y sin exámenes.

12. Este lunes, declaré como testigo ante la jueza que investiga el máster de Cristina Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel. Me preguntó si en el diario.es habíamos investigado otras promociones del mismo máster y le hablé de estas noticias sobre Pablo Casado. La jueza me hizo varias preguntas más sobre Casado y unas horas después, tras mi declaración, decidió ampliar la investigación.

13. Como consecuencia de la información desvelada por eldiario.es y de mi declaración como testigo,  la jueza ha abierto una pieza separada sobre el máster de Pablo Casado y ha pedido a la URJC que, en siete días, aporte toda la documentación sobre este alumno. Casado no está citado ni como imputado ni como investigado; la jueza tampoco podría hacerlo porque es aforado y cualquier proceso penal sobre un diputado en el Congreso es competencia del Tribunal Supremo. Pero sí puede investigar ese curso porque, por ahora, lo que está en juego es la presunta “continuidad delictiva” de Álvarez Conde: si el catedrático que le regaló un máster a Cifuentes también hizo lo mismo con otros alumnos VIP.

14. La investigación de eldiario.es, que ahora está en los tribunales, ya ha acreditado que hubo más alumnos en el máster de Cifuentes que recibieron aprobados sin merecerlo: diez alumnos, casi todos ellos conectados con el PP o con Álvarez Conde, que recibieron aprobados generales por medio de convalidaciones fraudulentas. ¿Estas cosas pasaron solo en el curso de Cifuentes o también en otras promociones? Es una de las cuestiones que ahora la justicia debe aclarar.

15. Al igual que Cifuentes, Casado no era un alumno cualquiera cuando se matriculó. Al igual que Cifuentes, Casado era diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Al igual que Cifuentes, su futuro hoy depende de un juzgado. Y de la investigación periodística de eldiario.es.

(*) Periodista. Director de eldiario.es

https://www.eldiario.es/escolar/master-Pablo-Casado_6_771732843.html

La compraventa de vivienda por parte de extranjeros sigue en aumento

MADRID.- La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros ascendió a 49.553 operaciones en el segundo semestre de 2017, lo que supone un incremento del 14,1% en relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Notariado.

Así, las operaciones realizadas por compradores extranjeros representaron el 19,5% del total de las operaciones de compraventa realizadas en el semestre, con lo que rondan por quinto año consecutivo el 20% del volumen de mercado.

Diferenciando entre extranjero residente y no residente, el 46,9% de las compraventas fueron realizadas por extranjeros no residentes, que aumentaron un 8,8%, frente al alza del 6,5% en la primera, en tanto que las operaciones de extranjeros residentes supusieron el 53,1%.

Todas las comunidades autónomas mostraron avances en el número de transacciones de vivienda libre por parte de extranjeros. Once autonomías registraron incrementos superiores a la media nacional (+14,1%), destacando Extremadura (+54,9%), Cantabria (+38,3%) y Navarra (+34%).

Con ascensos de entre el 20 y el 30%, y de más a menos, se situaron Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, País Vasco, Murcia y Asturias, mientras que en la Comunidad Valenciana (+19,8%) y Castilla y León (+15,7%) las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros avanzaron algo menos del 20%, pero por encima de la media nacional.

En cambio, se registraron incrementos inferiores a la media nacional (14,1%) en las seis autonomías restantes: Andalucía (+12,8%), Galicia (+9,8%), Canarias (+8,7%), Baleares (+5,3%) y Aragón (+2,8%). 

Por último, se sitúa Cataluña (+2,5%), que refleja un notorio enfriamiento desde el 19,8% registrado durante la primera mitad del ejercicio.

Las regiones con mayor peso de las transacciones de vivienda libre realizadas por extranjeros fueron Baleares (40,5%), Canarias (37,6%), Comunidad Valenciana (37%) y Murcia (28,4%), mientras que supusieron un 10% o menos en el centro peninsular y la Cornisa Cantábrica: Aragón (+10%), Navarra (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,9%), País Vasco (+5,5%), Asturias (+5,4%), Cantabria (+5%), Castilla y León (+4,8%), Galicia (+4,5%) y Extremadura (+3,8%). Andalucía (+19,2%) y Cataluña (+18,4%) vuelven a situarse nuevamente en torno a la media y Madrid (+12,2%) varios puntos por debajo.

Suben los precios

De su lado, el precio promedio por metro cuadrado de las operaciones realizadas por compradores extranjeros se situó en 1.717 euros, lo que supone un incremento del 5,7% en tasa interanual, casi el doble que en el primer semestre.

En concreto, el precio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 8%, hasta los 2.027 euros el metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas compradas por extranjeros residentes creció un 4,6%, hasta los 1.420 euros.

El mayor precio medio pagado por los extranjeros no residentes respecto a los residentes viene sucediendo ininterrumpidamente desde principios de 2014, y ambos se situaron por encima del alza del precio del comprador nacional (+3,8%).

Mientras que el número de compraventas por parte de extranjeros creció en todas las comunidades en la segunda mitad del año, la evolución de los precios fue mucho más dispar, al caer en tres autonomías –La Rioja (-7%), Castilla-La Mancha (-6,7%) y Navarra (-3,3%)– y subir en las 14 restantes, destacando Extremadura (+44,8%).

Las nacionalidades con mayor dinamismo en el mercado de vivienda libre, durante el segundo semestre, fueron Marruecos (+35,6%), Ecuador (+32,9%) y Portugal (+32,6%) y se constató la recuperación de la actividad de los británicos (+7,8%), que tras el referéndum de salida de la UE habían reducido notablemente sus compras (23,6% en el segundo semestre de 2016 y una caída del 16,1% en el primer semestre de 2017).

En cuanto a los precios, se produjo una notable variabilidad entre países. Entre los extranjeros residentes se observaron incrementos de precios en general –destacando argentinos (15,6%) e italianos (14,1%)–, pero disminuyeron entre suecos, daneses y, sobre todo, irlandeses (-21,2%) suizos (-14,5%) y holandeses (-10,2%).

Entre los no residentes se dispararon los precios pagados por ecuatorianos (107,0%) y, en menor medida, argentinos (29,1%) y daneses (23,1%), mientras que cayeron entre portugueses (15,0%), estadounidenses (-9,3%) y rusos (-1,6%).

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.

La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 

De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.

El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.

Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.

“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.

Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.

Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.

Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.

Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".

Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.

A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

El PP anuncia un pacto nacional sobre agua con sus barones, que asegura transferencias de caudales sobrantes

MADRID.- El Partido Popular presentará «en pocos días» un documento sobre agua acordado con sus presidentes autonómicos y en el que se detalla cómo distribuir los recursos hídricos en España, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases. 

La dirección nacional del PP y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llevan meses negociando con sus líderes territoriales una posición común en un asunto que tradicionalmente ha enfrentado a las comunidades del Levante, como Murcia y Valencia, con autonomías como Castilla-La Mancha y Aragón.

El agua fue precisamente uno de los temas que se acordaron impulsar en la comida de trabajo que Mariano Rajoy celebró el pasado 12 de febrero en la sede del partido con los barones del PP. 

De ese encuentro salió también el compromiso de redactar propuestas en materia de financiación autonómica y demografía. Sin embargo, los populares consideran que el agua es «una cuestión de Estado» y por eso hacen hincapié en la necesidad de lograr un acuerdo con los principales partidos de la oposición, en especial el PSOE, ya que gobierna en siete comunidades.

Además, es un compromiso recogido en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2016, en el que prometía negociar un Pacto Nacional del Agua, «cuyo objetivo sea cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuentas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera». 

Todo ello, añadía, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial. En su programa, el PP apostaba por un plan estatal del agua y un sistema integral de gestión que incluía las medidas necesarias para la «coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca», incorporando además recursos como el agua desalada.

De hecho, la propia Isabel García Tejerina ya subrayó la semana pasada en Murcia la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo por el futuro del agua» que incluya «infraestructuras» que garanticen interconexiones dentro de las mismas cuencas y «acopio de recursos» entre cuencas. 

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, afirmó recientemente en Murcia que «el trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes» en territorios como la región murciana, Alicante o Almería. Por eso, afirmó que el acuerdo interno del PP incluirá los trasvases y estará basado en la «solidaridad» y el «consenso».

Fuentes del PP admiten que el término trasvase suele recordar la guerra que se abrió con el acueducto del Ebro aprobado por el segundo Gobierno de José María Aznar y derogado por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. 

Por eso, en las filas del PP hay quien prefiere hablar de transferencias, dando prioridad a la cuenca cedente.