Zaplana había pactado con Telefónica su salida antes de la detención: se iba en junio

MADRID.- Eduardo Zaplana había pactado ya su salida de Telefónica antes de su detención el pasado martes por el presunto cobro de comisiones ilícitas a cambio de la adjudicación de contratos públicos a empresas afines durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana. La desvinculación efectiva se iba a producir a principios de junio coincidiendo con la celebración de la junta general de accionistas, fijada para el día 8 en Madrid, pero la Operación Erial precipitó los acontecimientos.

Según ha podido conocer El Independiente, el ex presidente valenciano negoció a principios de año con la dirección de la multinacional su salida, fijando ambas partes el mes que viene como fecha para formalizar la marcha. Se iba a poner así fin a una relación de una década, si bien en los últimos tres años Zaplana estaba principalmente centrado en el tratamiento de la leucemia que le fue diagnosticada a principios de 2015 y por la que tuvo que someterse a un trasplante de médula ósea.

El pasado martes, tan sólo unas horas después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvieran en Valencia por el presunto cobro y blanqueo de comisiones ilegales, Telefónica comunicó la suspensión inmediata de la relación laboral que mantenía con el ex dirigente del PP, que estaba adscrito en la actualidad al área de Asuntos Públicos. 

Su peso en el organigrama directivo había disminuido desde que José María Álvarez-Pallete tomó las riendas de la compañía en marzo de 2016 en sustitución de César Alierta, el ejecutivo que lo fichó.

El 30 de abril de 2008, Zaplana causó baja en el Congreso como diputado del grupo popular. Hacía menos de dos meses que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero había vuelto a ganar las elecciones generales -celebradas el 9 de marzo y a las que el hoy encarcelado concurrió de número cuatro por la circunscripción de Madrid- y el dirigente del PP daba por terminada su carrera política -iniciada en 1991, cuando alcanzó la Alcaldía de Benidorm (Alicante)- para emprender la aventura en el sector privado.

Teléfonica le había hecho una oferta para que se convirtiera en el delegado de la compañía para Europa, aprovechando sus contactos a nivel internacional. Era una propuesta irrechazable: más de medio millón de euros de sueldo al año, coche oficial, tarjeta para gastos de representación, despacho… 

Su incorporación se producía en el ecuador de la etapa de César Alierta (2000-2017) como presidente ejecutivo de la multinacional española de las telecomunicaciones, que a finales de diciembre de 2007 había cubierto ya el cupo socialista nombrando consejero a Javier de Paz.

“El fichaje se produce tras la consolidación de la presencia de Telefónica en Europa, después de la adquisición de O2 y la antigua Cesky Telecom y la entrada en el capital de Telecom Italia, con el 10 % de las acciones con derecho a voto. Zaplana será también miembro de los Consejos de Administración de Telefónica O2 Europe y de Telefónica O2 República Checa”, justificó entonces la compañía. 

Ocurría hace 10 años, después de que Zaplana hubiera ocupado la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales en el último gobierno de José María Aznar (2002-2004) y hubiera ejercido como portavoz del PP en el Congreso de los Diputados (2004-2008).

Años antes de que Zaplana se incorporara a la compañía presidida entonces por César Alierta ocultaba ya presuntamente en paraísos fiscales los fondos procedentes de las comisiones ilícitas que el grupo empresarial Sedesa -dirigido por Vicente Cotino Escribá, sobrino del ex presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino e imputado también en la Operación Erial– le habría pagado fuera de España a cambio de adjudicaciones tanto de estaciones de ITV como de autorizaciones para instalar parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Ambos proyectos se aprobaron cuando Eduardo Zaplana presidía aún el Ejecutivo autonómico.

En el auto por el que la juez envió a prisión este jueves al ex dirigente del PP, la juez detalla que las mordidas se abonaron en Luxemburgo para dificultar su rastro y que parte de los fondos “fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006”. 

Según expone la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia en la resolución, adelantada por El Mundo, se habría intentado repatriar el dinero mediante sociedades en las que figurarían como titulares personas vinculadas al ex ministro a modo de testaferros.

En esa operativa, la investigación otorga un papel estelar a Joaquín Barceló, ex director del Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y antiguo responsable de Relaciones Institucionales en el parque temático Terra Mítica. 

Él figura como administrador único en dos de las sociedades -Medlevante SL y Gesdesarrollos Integrales SL- que, según la instructora, se habrían utilizado para canalizar el retorno de fondos. Detenido el martes, Barceló también ha sido enviado a prisión sin fianza junto a Zaplana y al asesor fiscal de éste, Francisco Grau.

La incógnita no despejada hasta el momento es por qué el ex presidente valenciano levantó las sospechas de la UCO intentando mover los fondos desde hace un año, después de que su nombre hubiera salido a relucir en las escuchas captadas por la Guardia Civil en el teléfono del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante la investigación del caso Lezo. 

En los pinchazos, los agentes descubrieron que González le había propuesto “montar una estructura financiera” a través de Fernando Belhot -abogado uruguayo que facilitaba a sus clientes “estructuras societarias” opacas en países como Holanda, Estados Unidos o Uruguay- “para canalizar algún tipo de operación a medio, o largo plazo”. El ex ministro negó entonces tener relaciones mercantiles con el ex presidente madrileño: “Nunca he participado ni he auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno”.

Cambio de piso en Madrid

A sus 62 años y enfermo de cáncer (su esposa también se encuentra enferma), ¿quería disponer Zaplana de fondos ante su próxima salida de Telefónica, lo que hará que deje de ingresar un sueldo superior a los 600.000 euros al año y de disfrutar de otras ventajas asociadas al cargo? De momento, es sólo una hipótesis. Los investigadores no han interceptado ninguna conversación en la que el investigado aluda al motivo que le habría llevado a mover el dinero, según las fuentes consultadas. Éstas, con todo, consideran que esa explicación tiene lógica.

La inminencia de su desvinculación de Telefónica y la merma de los ingresos es lo que supuestamente llevó también al matrimonio a vender recientemente la casa que tenían en el Paseo de la Castellana -a solo unos metros del estadio Santiago Bernabéu- y comprar una vivienda más económica en el barrio madrileño de Chamberí. 

Está ubicada concretamente en el edificio en el que vivió y murió el escritor y dramaturgo alicantino Carlos Arniches, como acredita la lápida conmemorativa que luce en la fachada y que fue colocada en 1966 coincidiendo con el primer centenario de su nacimiento.

El yerno de Aznar, Alejandro Agag, implicado en el caso Zaplana

BARCELONA.- Las tramas de corrupción que asolan al Partido Popular, especialmente en el País Valencià y que siguen aflorando con operaciones policiales como la detención del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y varios colaboradores suyos en el marco del caso Erial, podría llegar a salpicar al expresidente del Gobierno José María Aznar por la vía de su yerno, el empresario Alejandro Agag, de quien todavía es recordada su boda palaciega con Ana Aznar en el año 2002 en el real monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde buena parte de los invitados han terminado procesados ​​por delitos de corrupción, recoge www.elnacional.cat

Según publican varios medios digitales, como El Confidencial Digital y OK Diario, el nombre de Agag suena cada vez con mayor frecuencia entre los mentideros políticos que hacen uso de información policial privilegiada hasta el punto que el mismo Partido Popular ya se estaría preparando ante la posibilidad que el yerno de Aznar acabe implicado en alguno de los casos que la justicia investiga, especialmente en relación a la celebración del campeonato de Fórmula 1 en València.

De hecho, OK Diario asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a Agag desde hace al menos dos años por su relación con el caso Erial, el mismo por el que ha sido detenido Zaplana y seis persones más bajo las acusacions de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Agag, que mantuvo una estrecha amistad con Zaplana en su época de ministro de Trabajo bajo el gobierno de su suegro, José María Aznar, habría estado implicado en la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 por las calles de València, razón por la cual su nombre aparece en documentación y declaraciones en poder actualmente de la Guardia Civil.

La cuestión es que la cúpula del Partido Popular ya estaria manejando esta información, previniéndose ante la posibilidad que el nombre de Agag sea finalmente investigado por orden judicial, especialmente ahora, cuando la detención de Zaplana puede convertirse en la punta de un iceberg de corrupción donde todavía muchas partes permanecen ocultas.

Según los citados medios, en el PP ya dan por sentado que las detenciones del martes no solo reabrirán viejas investigaciones sobre el circuito de Fórmula 1, sino también sobre el rescate a Valmor, la sociedad mercantil que poseía los derechos del trazado urbano, y que estaba gestionada por Bancaixa, Jorge Martínez Aspar y Fernando Roig.

El riesgo de fuga de Zaplana / Pedro J. Ramírez *

Conozco lo suficiente a Eduardo Zaplana como para querer creer en su inocencia, pero tengo a la vez las suficientes referencias sobre la profesionalidad de la juez Isabel Rodríguez, del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón y de los mandos de la UCO, que desarrollan una encomiable tarea en la lucha contra la delincuencia política, como para tener que contemplar la funesta hipótesis de que sea culpable.

Con el secreto del sumario cubriendo los resultados de dos años de investigación, es imposible saber hoy cual es la consistencia de las pruebas e indicios que vinculan al expresidente valenciano con el cobro de las comisiones presuntamente pagadas por la familia Cotino por adjudicaciones públicas, hace veinte años. La tentación estaba ahí; la necesidad, no. Carezco de suficientes elementos de juicio. No tengo formado todavía un criterio.

Mi amistad hacia el detenido empuja en una dirección, el sentido común en otra. Sería una monstruosidad que fuera víctima de un error de apreciación o que se le estuvieran apretando las tuercas, en pos de piezas que ayudaran a cuadrar un puzzle inconexo. Así no funciona -o no debería funcionar- nuestro Estado de Derecho pero…

Lo que se ha filtrado del auto de prisión afecta, es verdad, a personas estrechamente vinculadas a Zaplana e incluye nombres de empresas que habrían servido para repatriar al menos parte de lo pagado en el extranjero. Antes o después se levantará el velo y sabremos si son o no de Zaplana, si han sido utilizadas o no por Zaplana, si han desviado o no dinero hacia Zaplana. En caso afirmativo mi decepción será grande y me sentiré doblemente obligado a hacer constar mi censura pública más rotunda, pues hay conductas que jamás pueden quedar amortiguadas por ninguna relación personal. 

Es cierto, en cuanto a las medidas cautelares adoptadas por la juez, que sorprende que los presuntos sobornadores hayan quedado en libertad y el presunto sobornado sufra prisión incondicional. Tal vez tenga que ver con la prescripción de los delitos o con algún otro tecnicismo. O con un oscuro pacto de impunidad a cambio de una delación. Para la UCO y la fiscalía Zaplana era caza mayor. Tampoco tengo suficiente información para opinar sobre eso, aunque lo de los documentos olvidados en el falso techo me suene, desde luego, a cuento sirio.

¿Para qué entrar pues en esta liza, sin suficiente conocimiento de causa? En primer lugar porque en este momento en que lo habitual es ponerse de perfil, quiero reiterar mi relación de amistad con Zaplana. Los lectores deben saber a qué atenerse. Esa amistad surgió cuando era alcalde de Benidorm, se mantuvo mientras gobernaba en Valencia, quedó hibernada cuando fue ministro y portavoz parlamentario, pues me tocaba juzgar de cerca sus actos, y se reanudó con intensidad cuando dejó la política. Si su teléfono ha estado pinchado dos años, los investigadores nos habrán escuchado docenas de veces hablar sobre Rajoy, Aznar, Zapatero, la sucesión en Telefónica, la buena marcha de El Español o cuestiones familiares.

Precisamente por eso hay un aspecto de su situación procesal sobre el que sí tengo información detallada que me veo en la obligación moral de divulgar: el estado médico de Zaplana y su -perdóneme, Su Señoría- imaginario y absolutamente inverosímil riesgo de fuga. Nadie en sus circunstancias, tal y como yo las conozco, se plantearía una huída azarosa e incierta, con muchos visos de convertirse en un atajo seguro hacia la tumba.

Cuando a comienzos de 2015, reciente todavía el drama de la muerte accidental de su hijo, también enfermo, se le diagnosticó una variante de la leucemia de muy mal pronóstico, yo mismo le acompañé a Pamplona a visitar a los especialistas de la Clínica Universitaria de Navarra. Él viajó luego a Houston, para terminar sometiéndose en el Hospital La Fe de Valencia a un arriesgado trasplante de médula con su hermana como donante.

Desde el mismo día de la intervención, Zaplana sabía que viviría, al menos un año, en grave peligro de muerte por los riesgos de rechazo y que, una vez superada esa barrera, sería toda su vida un hombre a un hospital pegado, por un déficit crónico de defensas. De hecho, los protocolos de sus oncólogos le obligan a ingresar de inmediato siempre que tenga unas décimas de fiebre y a someterse, en todo caso, a una revisión intensiva cada dos semanas. Una vez al mes recibe un tratamiento específico de carácter regenerativo.

Ignoro en qué medida esto ha podido quedar reflejado en los distintos informes que, al parecer, sus abogados han presentado ante la juez. A veces los médicos utilizan de palabra términos muy rotundos y son más cautos cuando los ponen por escrito. Sí que puedo acreditar dos cosas: que, al menos en seis ocasiones, ha sufrido infecciones de diversa índole que han requerido su hospitalización urgente y han tenido a sus familiares y amigos en vilo; y que cada vez que ha planificado un viaje, por breve que fuera, ha suscrito el correspondiente seguro de cancelación.

Como algunos medios se han hecho eco de ello estos días, viene a cuento añadir que, para colmo de desdichas, también a su esposa, Rosa Barceló, se le ha diagnosticado recientemente una enfermedad similar que requiere tratamiento médico intensivo. La hemos visto fotografiada a la puerta de la prisión con rostro demacrado. Es una mujer dulce e inteligente que huye de los focos y nunca da entrevistas pero que, más allá de dimes y diretes, se ha convertido en el punto de amarre de una familia golpeada por las desgracias. Si no me equivoco, a eso es a lo que en términos judiciales se le denomina “arraigo”. Todo un antídoto para el riesgo de fuga de una persona sana; no digamos para el caso de un enfermo crónico que acaba de enterarse de que su mujer comparte su propio drama médico. 

Me parece imposible que el auto de prisión incondicional, dictado por la discreta y respetada titular del juzgado número 8 de Valencia, no incluya ninguna referencia a ninguna de estas circunstancias, cuando se refiere al riesgo de fuga como uno de los dos motivos fundamentales de la prisión provisional sin fianza, dictada contra Zaplana. 

Leo y me cuentan que Su Señoría alude a otras “experiencias”, relacionadas con la falta de control fronterizo y la libertad de movimientos en la Unión Europea, como si hubiera algún paralelismo con la fuga de Puigdemont y sus consellers. También, que se especula con que Zaplana podría esconderse y pasar desapercibido en países en los que no es conocido, como si se tratara del contable de un banco huido tras un desfalco. Pero es obvio que tiene que haber quedado traspapelado algún párrafo en el que Su Señoría se refiera específicamente a esos lazos hospitalarios y familiares, en una situación tan exponencialmente límite como la de Zaplana.

Tal vez confiando en la subsanación de ese descuadre, su abogado, Santiago Milans, ha presentado un recurso de reforma ante la propia juez Rodríguez. Tampoco conozco el texto pero se ha difundido que el letrado invoca el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Supongo que como medida paliativa, si no se le concede la libertad bajo fianza. Su literalidad dice: “El juez o Tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud”. Cualquiera diría que el legislador pensaba exactamente en un caso como este.

Es de sentido común que una detención domiciliaria con control de comunicaciones desactivaría también el riesgo de destrucción de pruebas, invocado por la fiscalía y asumido por la juez como segundo gran fundamento de la prisión provisional. Es obvio que, una vez registrado exhaustivamente el domicilio, sin poder abandonarlo y sin más contacto que con su familia, pocas pruebas podría destruir Zaplana, en el caso de que, al cabo de más de dos años de instrucción secreta, quedara alguna que los investigadores no hubieran examinado ya del derecho y del revés. 

Suelen decir los letrados más curtidos que esperar que un recurso de reforma prospere es como confiar en que vuelen las ovejas o las ranas críen pelo. Sugieren así que no hay juez o tribunal que cambie de criterio en un fin de semana, pues hacerlo supondría reconocer que no ha ponderado adecuadamente algún elemento significativo en su resolución previa; y la disposición a rectificar no es propia del estamento judicial, y menos en un país con tanto orgullo como el nuestro. Si encima el presumible informe desfavorable de la fiscalía retroalimenta la perseverancia de quien debe decidir, pues todo queda siempre en cuatro frases retóricas que a modo de cláusulas de estilo zanjan la cuestión. 

Por eso he escuchado incluso que presentar este recurso de reforma supone una "pérdida de tiempo", en la medida en que dilata, siquiera en unos días, la presentación del de apelación que verá una sala de tres magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia, sin el condicionante de una decisión anterior. A lo mejor soy un ingenuo crónico, pero yo sin embargo creo que cada juez es la Justicia y no debe descartarse nunca que argumentos con tanto peso como estos puedan abrirse paso en la conciencia individual de quien debe resolver. 

Insisto en que -como suele decirse tópicamente- no pongo la mano en el fuego por la inocencia de Eduardo Zaplana, por mucho que la desee. Tampoco estoy siquiera cuestionando la pertinencia de su prisión incondicional. Habría mucho que escribir sobre el abuso de este recurso procesal, pero no voy a hacerlo cuando la medida afecta a alguien respecto a quien no soy imparcial.

Lo único que planteo es que, si la juez considera imprescindible tenerlo bajo control, por razones de elemental humanidad y estricta legalidad, esa privación de libertad tenga lugar en su domicilio en los términos previstos por ese artículo 508 de la LEJC. No sé si es verdad, como se ha publicado, que Zaplana tuvo que compartir celda con dos reclusos que fumaban y que fue ingresado después en la enfermería con algo de fiebre. Pero es obvio que prolongar situaciones de riesgo de esa índole, para alguien con su cuadro clínico, es jugar cruel e innecesariamente a la ruleta rusa.

Y de la misma manera que no sé si Zaplana cobró o no de los Cotino, si Zaplana ha ocultado o no dinero en paraísos fiscales, si Zaplana ha blanqueado o no parte de esos fondos -la Justicia hablará cuando deba hacerlo-, estoy tan seguro de que su riesgo de fuga es ninguno, que si viviéramos en una cultura como la de la Revolución Francesa, en la que se contemplaba esa práctica, yo mismo me ofrecería como rehén ante Su Señoría para garantizar su sometimiento a la acción de la Justicia.

(*) Periodista y editor de El Español

https://www.elespanol.com/opinion/20180527/riesgo-fuga-zaplana/310588940_12.html

Tres historias de Zaplana / Javier Alfonso *

No repuesto aún de la impresión por la entrada en la cárcel de Eduardo Zaplana, el mismo día del ingreso de Milagrosa Martínez y de la publicación de la sentencia del caso Gürtel que ha convencido a Rivera –el resto ya lo estaba– de que Rajoy no debe continuar, uno empieza a mirar los detalles y se pregunta cosas. 

Por ejemplo, por qué los magistrados de la Audiencia Nacional renunciaron a cambiar la historia de España, que es lo que habría pasado si en lugar de hacer pública la sentencia –fechada el 17 de mayo– el jueves día 24 la hubieran anunciado el 23 por la mañana, horas antes de que Ciudadanos y PNV dieran aire al Gobierno aprobando los Presupuestos Generales del Estado, sin los que habríamos ido a elecciones anticipadas.

También hay que tener mucha fe en las casualidades para creer la historia del sirio que vivía en la casa que habitó Zaplana y que durante una reforma encontró los manuscritos que han llevado al expresident a la perdición. Es tan inverosímil que hasta podría ser cierta por aquello de que la realidad supera a veces la ficción, pero lo cierto es que al CNI se le ha ido la mano al reescribir el guion. Habría sido más creíble que los papeles hubieran salido por despecho de alguien que ya no se sintiera correspondido en el amor o en los negocios.

La detención y encarcelamiento de Zaplana han motivado el rescate en la prensa de algunas de sus andanzas que fueron publicadas en su día sin ninguna repercusión judicial ni electoral. Merece la pena recordar brevemente tres que ilustran sus maneras como gobernante y la impunidad con la que hizo y deshizo durante siete años.

La regasificadora de Sagunto

En enero de 2001, Unión Fenosa presentó un proyecto para construir una planta regasificadora en el puerto de Sagunto, con una inversión de 180 millones de euros, desconociendo –grave error– que en la Comunitat Valenciana no se movía una hoja y menos de ese tamaño sin el plácet de Zaplana. Y sin pasar por caja. 

El liberalismo sui generis del president –en 1995 se publicó el libro Eduardo Zaplana, un liberal para el cambio, de Rafa Marí, prologado por José María Aznar– se puso de manifiesto cuando en lugar de alegrarse por la inversión, creó a toda prisa una empresa paralela participada por la Generalitat, 'sus' cajas de ahorro, Iberdrola y la patronal azulejera Ascer para "estudiar la viabilidad" de una regasificadora en la Comunitat –algo que ya había hecho Fenosa–, elegir la mejor ubicación y promoverla.

El estudio, cocinado en tiempo récord y nunca publicado, concluyó que la regasificadora tenía que instalarse en Castellón y que, lógicamente, no podía haber dos regasificadoras separadas por solo 40 kilómetros. Así que el propio Zaplana y su conseller Fernando Castelló amenazaron públicamente a Unión Fenosa con torpedear su proyecto si no se unía al promovido por la Generalitat e Iberdrola, la eléctrica hegemónica en la Comunitat, muy querida por nuestro liberal presidente, defensor de antiguos monopolios como Telefónica, donde acabó recalando en un puesto de nueva creación con un sueldazo que mantuvo hasta el martes pasado.

Tras un pulso que duró once meses sin que Aznar moviera un pelo del bigote, la batalla quedó en tablas. La regasificadora se instaló en Sagunto porque el estudio de verdad era el de Unión Fenosa, pero la empresa que presidía José María Amusátegui tuvo que dar entrada a Iberdrola y comprar por 600.000 euros la sociedad impulsada por Zaplana que hizo el informe que no sirvió para nada. Si así obró con una de las grandes eléctricas del país, que no haría con los empresarios más débiles. 

La ITV

La privatización de la ITV valenciana en 1997 fue el primer gran escándalo en la gestión de Zaplana, que le sirvió para comprobar que en materia de contratación podría hacer y deshacer a su antojo sin ningún perjuicio judicial ni electoral. Está más que publicado cómo las estaciones de ITV se repartieron entre amiguetes, pero en uno de los lotes la ilegalidad fue tan manifiesta que cabe preguntarse si Zaplana tenía amigos en la fiscalía y la judicatura, como los tenía en Hacienda, para salir indemne. 

En ese lote compitieron una UTE formada por la líder nacional del sector, Itevelesa, y la principal caja de ahorros valenciana, Bancaja –aún no del todo controlada por Zaplana–, frente a una oferta compuesta por sociedades recién creadas y empresarios amigos sin experiencia en el sector. Los criterios de adjudicación eran tres: precio, experiencia y solvencia financiera. 

En precio empataron. En experiencia y solvencia ganaron los amigos, que ni tenían experiencia ni solvencia. Luego llegó Rafael Blasco –hoy podrá comentar la jugada con Zaplana en Picassent– y nos subió aún más las tarifas de la ITV para que los amigos que aún no habían vendido sus estaciones hiciesen caja. Lo estamos pagando cada vez que pasamos la inspección.

A partir de ahí, vinieron otras privatizaciones a dedo como las resonancias magnéticas o los hospitales públicos –Ferran Belda publicó en su columna de Levante antes de convocarse el concurso de Alzira que se lo llevaría Adeslas, y se lo llevó–, o la promoción de la ruinosa Terra Mítica con empresarios amigos.  

La caja fija

En los años noventa la caja fija de la Generalitat no despertaba el más mínimo interés político. Los anticipos de caja fija son gastos sin fiscalización previa para pequeños gastos periódicos o repetitivos, como taxis, dietas y comidas de trabajo. ¡Qué has dicho! Zaplana se encontró con que podía gastar, según la normativa estatal, el 7% del presupuesto de esta forma pero repartió tantas visas entre sus altos cargos e hicieron tal uso de ellas que acabó aprobando un decreto autonómico y elevó el límite de gasto al 12% del presupuesto con un límite por factura de dos millones de pesetas (12.000 euros).

De la caja fija no se habló hasta que Uncio se gastó 7.000 euros en regalos y la compra en Mercadona y, más recientemente, de cuando Cristina Serrano pagó comilonas y un hotel de cinco estrellas en Nochevieja, tras lo que Alberto Fabra retiró la visa a los altos cargos. Transparencia debería publicar no solo la caja fija de ahora, sino la de entonces. Lo que nos íbamos a reír.

Zaplana era liberal solo en la primera acepción del Diccionario: "Generoso o que obra con liberalidad" –con dinero ajeno, el nuestro–, o en la cuarta: "Que se comporta o actúa de una manera alejada de los modelos estrictos o rigurosos". Baste decir que su conseller de Economía y Hacienda era José Luis Olivas, al que Eduardo y Rafa esperan en Picassent. 

(*) Periodista y director de Valencia Plaza

http://valenciaplaza.com/tres-historias-de-zaplana

Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir la abolición de la tauromaquia

MADRID.- Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid para pedir la abolición de todos los festejos taurinos, unas 40.000, según las 17 organizaciones animalistas convocantes.

La protesta ha comenzado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol con una acción en la que cientos de activistas han realizado una ‘performance’ bajo el lema ‘Tauromaquia Es Violencia’. 

Los participantes han roto banderillas llenas de polvo rojo, formando así una nube de este color, simbolizando la sangre de los más de 20.000 toros, vacas, vaquillas, novillos y becerros que cada año mueren en festejos taurinos en España.

Bajo lemas como “La tortura no es cultura” o “Basta ya de maltrato animal” miles de personas han recorrido las calles de la capital madrileña desde la céntrica Puerta del Sol hasta la Plaza del Museo Reina Sofía, donde ha tenido lugar la lectura de manifiestos.

Según destacan las once organizaciones convocantes, a la manifestación se han adherido más de 170 colectivos procedentes de todo el país y del extranjero, y cuenta con el apoyo del Equo y de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA).

La portavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, Laura Gonzalo, ha señalado que “es un atraso que en pleno siglo XXI se sigan torturando animales por diversión y encima financiándolo con dinero público”.

“Estamos demostrando que la sociedad quiere un cambio. Reclamamos a los políticos que sean valientes, que empiecen a escucharnos y a tomar mediadas encaminadas a la abolición de la tauromaquia”, ha remarcado.

En este sentido, el coportavoz de ‘Tauromaquia es violencia’, José Enrique Zaldívar, ha afirmado que él, como veterinario, quiere “hacer saber a la sociedad que el sufrimiento, la tortura y el maltrato a los animales, simplemente por divertimento no tiene cabida en esta sociedad”. 

“La sociedad está cambiando, el movimiento cada día es más grande y tenemos muchos argumentos con los que contrarrestar los argumentos de los taurinos”, ha manifestado.

Algunos de los manifestantes han explicado que su objetivo es “defender a los animales, que se les oiga” ya que ellos “tienen voz” y han reclamado a los políticos que “quiten las subvenciones a la tauromaquia” y las destinen a “educación o sanidad”.

También han expresado su apoyo rostros de la cultura como la escritora Rosa Montero, la cantante Mari de ‘Chambao’, la actriz Emma Ozores, el cantante Niño de Elche y la escritora y periodista Pilar Eyre, entre otros.

Asimismo, han apoyado la concentración representantes políticos como el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha señalado que “matar toros ya no es cultura. No toleramos que nadie maltrate a un perro, ¿por qué tenemos que tolerar que alguien maltrate a un toro?” y que el paso inicial para abolir la tauromaquia es “dejar de subvencionar espectáculos taurinos”.

La corte de Zaplana reniega de su líder

VALENCIA.- Un largo silencio, una respiración profunda y una confesión: «Me pones en un compromiso». La reacción no varía mucho entre la veintena de personalidades de la vida pública valenciana, empresarios y miembros relevantes de la sociedad civil habituales del entorno de Eduardo Zaplana que descolgaban el teléfono a Las Provincias y escuchaban el motivo de la llamada: Usted que tuvo relación con él, ¿cree que puede haber recibido comisiones ilegales? ¿Intuyó algo en aquel momento? ¿Qué piensa ahora del mandato del expresidente y de su figura?

Tras arrebatar la Generalitat a los socialistas y cosechar en la Comunitat Valenciana victoria tras victoria para el Partido Popular desde mediados de los años 90 y hasta su salto a Madrid como ministro de Trabajo en 2002, Zaplana llegó a formar a su alrededor una auténtica corte que se deshacía en aplausos, besos y apretones de manos. Este fenómeno era algo inédito hasta entonces entorno al poder autonómico y contaba entre sus filas con personajes conocidos de la sociedad valenciana del momento, responsables de empresas e instituciones privada, además de profesionales de los ámbitos más diversos.

Aunque el cambio de vientos que se genera con la entrada de un nuevo Molt Honorable mueve a los más veletas, lo cierto es que algunos de los que más buscaron la cercanía con el ahora detenido mantuvieron encendida una llama que llegó a alumbrar su última gran aparición pública, el pasado mes de abril en el Ateneo Mercantil de Valencia.

Allí se dieron cita buena parte de los supervivientes de aquella corte que hoy enfría sus ánimos y, en el mejor de los casos, encomienda sus afectos a la evolución de los acontecimientos. Se trata de mujeres y hombres, en mayor número estos últimos, que mantuvieron una estrecha relación con el expresidente del Consell y exministro de Trabajo, incluso hasta fechas muy próximas a la entrada en escena de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La mayoría de aquellos que buscaban dejarse ver junto al político venido del Ayuntamiento de Benidorm prefieren ahora no figurar. Las excusas son en algunos casos escuetas y revestidas de pragmática sinceridad: «ahora no me conviene», «compréndelo, para mí también es un momento difícil», «prefiero que pase de mí este cáliz», termina la conversación uno de ellos recurriendo a las Sagradas Escrituras.

Por contra, tampoco faltan los que optan por asegurar una poco conocida enemistad o razonamientos de lo más peregrinos para eludir la conversación, como la estancia temporal en un país europeo (sin restricciones conocidas para la conversación telefónica) o la asistencia a unas aparentemente interminables reuniones privadas o actos públicos.

Los que sí aceptan hablar lo hacen casi todos con el compromiso explícito de conservar su anonimato y después de una larga insistencia por parte de quien pregunta y una profunda meditación del que responde. Comparten en muchos casos su sorpresa por la detención, aunque son pocos los que apuestan firmemente por la inocencia de Zaplana, con lo que se conoce de las investigadores que han llevado a la operación Erial.

«No me consta que recibiera ninguna comisión ilegal», asegura un responsable jurídico, que también reitera con educada vehemencia que no le llegó «ningún testimonio» en las décadas que han pasado desde la primera vez que coincidió con él. 

En otros casos se alega que sus contactos fueron estrictamente profesionales o institucionales, que realmente sólo se sentaron tres o cuatro veces con él, que si ellos eran uno más... a pesar de haber hecho gala durante años de mucha mayor proximidad, especialmente cuando mandaba y tras el reciente reverdecer de su liderazgo, ya fuera de los órganos del partido popular. 

«¡Cómo podía saber si había comisiones!», clama una habitual del entorno de Zaplana, «quiero pensar que nadie mantiene comportamientos ilegales».

En todo caso, algunos optan por nadar y guardar la ropa. «Yo no hago juicios paralelos. Son los jueces los que tienen las herramientas. Si el juez y la policía han tomado estas medidas, ellos son los que tienen los instrumentos». 

Aunque otros, a medida que avanza la conversación prefieren que, pase lo que pase, se pase pronto: «espero que se resuelva cuanto antes. No puede ser que la justicia vaya tan lenta».

Es cierto que los que menos pueden negar que estuvieron cerca, son los que más cuestionan las acusaciones que se van conociendo. «Tengo mis dudas de que haya cobrado comisiones. El juez y la policía lo tendrán que demostrar realmente», apunta alguien muy próximo. «Soy muy amigo suyo y estoy sorprendido por todo lo que está pasando y por lo que se dice. Esperemos que salga adelante», comenta otro de los empresarios que dan su opinión ante lo sucedido.

La valoración de su persona y la huella de su paso por el poder valenciano sigue siendo, por contra, positiva para todos ellos con mayor o menor efusividad. «Fue un súper presidente, una bellísima persona y correctísima en todo», asegura el más entregado entre los consultados. 

«Fue un fenómeno. Hizo despegar a Valencia, porque, hasta que no llegó él, no se hizo la carretera a Madrid», apunta otro patrono que encuentra en un responsable social la nómina de éxitos: «fue quien acabó la A-3 e impulsó la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Comunitat durante su mandato experimentó un crecimiento significativo, pero entre 1997 y 2007 vivimos un periodo muy bueno, fuera el presidente quien fuera», desliza. «Estuvimos a la cabeza de España».

Sobre su escalada al poder, uno de los todavía leales reconoce que le llamó la atención que «ascendió rapidísimamente. Tuvo mucha suerte. Fue muy buen político». 

Sin embargo, no falta quien hace un balance más duro de su valencianía. «Como presidente fue una figura políticamente relevante para la sociedad valenciana, pero cuando se fue a Madrid, se distanció. Quemó sus naves con Valencia y tuvo una actitud muy distante con todo lo valenciano que me sorprendió».

Mª Antonia Álvarez: "A Dimas lo quieren echar de presidente por denunciar la corrupción de 'El Corte Inglés'"

MADRID.- Dicen que una madre mataría por su hijo. Que no hay nada como el amor materno. Estas sentencias explican mejor que ningún argumento financiero el origen de la guerra por el control de El Corte Inglés, la emblemática empresa española de la que dependen más de 100.000 trabajadores directos y otros tantos indirectos. Una batalla que enfrenta a Marta y Cristina Álvarez y Dimas Gimeno por la presidencia de un 'holding' que factura más de 15.000 millones y cuyo germen parte de la animadversión personal entre María José Guil, la madre de las hijas que adoptó Isidoro Álvarez, y María Antonia Álvarez, la del sobrino del que fuera alma máter del primer grupo de distribución de España. La entrevista El Confidencial

Hija de agricultores y huérfana a los seis años, María Antonia Álvarez, (Borondes, Asturias, 1946), ha presentado tres demandas contra Marta y Cristina Álvarez Guil para reclamar la parte de la herencia que considera le dejó su hermano Isidoro y de la que se han apropiado, según su criterio, unas sobrinas a las que nunca reconoció. 

Ni ella ni doña Eustaquia, la madre del octogenario presidente de El Corte Inglés fallecido en septiembre de 2014 por una leucemia. Una pelea judicial en la que exige, sobre todo, el reconocimiento de los derechos de su hijo, al que "están machacando desde el primer día".

- PREGUNTA: ¿Por qué ha llevado a los tribunales a las hijas de Isidoro?

- RESPUESTA: Durante tres años me he reunido con Carlos Martínez Echevarría (albacea del testamento y alto directivo de El Corte Inglés) para reclamar una solución que nos permitiese poder pagar los impuestos derivados de la herencia que me dejó mi hermano. Les dije que necesitaba los dividendos y me indicaron que no me preocupara, que iba a ser incluso millonaria. Pero yo no tengo dinero y ellas lo saben. En la última reunión que tuve con ellos me dijeron que yo no les podía poner una demanda porque Isidoro les había encomendado cuidar de mí. Pero me estaban ahogando.

P: ¿Considera que Marta y Cristina la han engañado en el testamento con Cartera de Valores IASA, la tenedora del 14% de El Corte Inglés?

- R: Cuando fuimos al notario, un señor de apellido Aznar, a abrir el testamento, en un despacho contiguo, habían hecho una junta de accionistas de IASA para sacar 140 millones de euros de patrimonio y dejarlo en 50.000 euros. Inocentemente firmamos el testamento porque desconocíamos que apenas unos minutos antes, usando su mayoría en la sociedad de cartera, iban a quedarse con parte del dinero. Fuimos sin abogados porque jamás pensamos que Martínez Echevarría, presidente de IASA y albacea, nos haría algo así. Tardaron tres años en darnos el primer dividendo, a finales de 2017. Queremos que reintegren el dinero.

- P: ¿Cree que ha sido una venganza porque su madre, doña Eustaquia, nunca consintió el matrimonio de su hermano con María José Guil ni las aceptó a ellas?

- R: No sé si es una venganza personal. Es cierto que mi madre no autorizó el matrimonio por la historia de María José, que ya había estada casada con un señor llamado Camorra, que tenía dos hijas. Mi hermano se casó cuando tenía 60 años, en secreto, en una capilla de un convento, con solo cinco personas. No nos enteramos ni que se habían casado porque él no se atrevió a decírselo y siguió viviendo en nuestra casa hasta varios meses después. Nunca vinieron a ningún acto de nuestra familia porque mi madre no lo permitió.

- P: ¿Y usted?

- R: Yo no actúo por venganza. Lo hago por defender lo que es mío, la sangre. A mí me gusta el dinero, como a todos, pero hay cosas que no se pueden comprar. Dimas nunca ha querido poner ninguna demanda porque no ha querido airear estas cosas. Y no demandamos a El Corte Inglés, demandamos a IASA, porque para nosotros El Corte Inglés es sagrado.

- P: ¿Es un tema de piel, de sangre?

- R: Ellas se creen las dueñas de El Corte Inglés, pero solo tienen el 15%. Es un expolio. Así está El Corte Inglés. Su sangre es Camorra, no Álvarez. Ellas no entraron en la empresa hasta que tuvieron cuarenta y tantos años e Isidoro nunca las quiso dentro para nada.

- P: Pero ellas mandan con ese 15% porque tienen el control de la Fundación Ramón Areces, dueña del 37% del capital. ¿Por qué piensa que quieren la salida de Dimas Gimeno de la presidencia y del consejo?

- R: Porque Dimas ha denunciado la corrupción interna, como la del departamento de seguridad que dirige Juan Carlos Cernuda, tras recibir unos anónimos con muchos detalles. Carlos Martínez Echevarría y Leopoldo Lasaga (el otro directivo coetáneo de Isidoro) nos han traicionado porque ellos quieren salir inmaculados de todo esto. Pero si mi hijo sale de El Corte Inglés saldrán cosas muy feas. Eso no puede quedar así.

- P: ¿Hay posibilidad de algún tipo de acuerdo para solucionar esta crisis familiar?

- R: Dimas sigue y sigue empeñado en llegar a un acuerdo. Quieren hacer lo mismo que con Leopoldo del Nogal, al que le pagaron una gran cantidad para que se fuera. Pero, aunque mi hijo quisiera llegar a un acuerdo, yo no lo firmaré porque tengo que defender los derechos de César Rodríguez (su abuelo), Ramón Areces, Isidoro y los 100.000 empleados. ¿Sabes los empleados que se han dejado la vida ahí? Víctor del Pozo, el consejero delegado, le ha dicho a mi hijo Miguel Ángel que yo acepte el dinero y me vaya a comprar bolsos. Ya hemos rechazado mucho dinero.

- P: ¿Considera que Marta está preparada para ser presidenta de El Corte Inglés, como se ha postulado para sustituir a tu hijo?

- R: Si Isidoro hubiera querido que sus hijas estuvieran en el consejo de administración, las hubiera nombrado justo antes de la junta general de accionistas del 31 de agosto de 2014, quince días antes de su muerte. Estas señoras echaron a todos los directivos que eran afines al presidente para tener todo el control. Víctor del Pozo los ha echado porque no les gusta a ellas. Hace un año estaba comprando yogures y Jesús Nuño de la Rosa (el otro consejero delegado) está ahí por lo que está.

- P: ¿Y su hijo?

- R: Ellas no quieren que se vaya Dimas, sino todos. Mi otro hijo, Miguel Ángel, que dirige el centro de San José de Valderas (Madrid) y mi yerno. Tenemos que desaparecer. Nos tenemos que ir todos. No solo del consejo de El Corte Inglés, también de la Fundación Ramón Areces, de la que Dimas y mi hermano César son patronos. ¿Pero qué hemos hecho?

- P: Supongo que ellas se sienten ofendidas por el trato que le dieron ustedes.

- R: Supongo, pero no lo sé. Yo no he vuelto a hablar con ellas. Yo he aguantado mucho, han dicho muchas cosas feas de mis hijos. A Dimas lo han machacado y hasta se han ensañado con él. Pero he querido aguantar para ver si llegábamos a un acuerdo. Dimas no va a estar en el consejo. O sigue de presidente, o lo echan. El no va a renunciar.

- P: ¿Se han sentado con otros socios para buscar una solución?

- R: Sí, pero cada uno tiene sus intereses. Los García Miranda —9%— son varios hermanos y alguno quiere vender. Los Areces, con otro casi 10%, están esperando. Y Qatar, si yo fuera Qatar, esperaría. Hará lo que le convenga, aguardando a quedarse con el chollo. Se quedará finalmente con El Corte Inglés, igual que hicieron con Harrods. Primero compraron el 10% y después se quedaron con todo.

- P: ¿Y con ellas?

- R: Sí. Ha vuelto a haber reuniones con Lasaga y Martínez Echevarría para buscar una solución. Pero Dimas no se va a ir. Lo tienen que echar. Que se mojen, que lo cesen. Y entonces va a haber cosas muy gordas.

- P: ¿Qué salida tiene El Corte Inglés?

- R: La única salida de El Corte Inglés es el lujo porque por abajo no puede competir con las otras empresas (en referencia a las marcas del Grupo Inditex). Tiene que ir al modelo de Lafayette, a Harrods. Dimas quería hacer del centro de Castellana el mayor centro de lujo de Madrid.

- P: ¿Qué diría su hermano de todo esto?

- R. Que luchara. Mi hermano nunca lo hubiera permitido. El pensaba que nosotros no teníamos que pagar los impuestos de la herencia. Carlos Martínez Echevarría no se lo dijo. Nosotros estuvimos presentes en todos los testamentos, en los trece, y ellas solo en el último. Les deja estrictamente la herencia legítima porque las adoptó en 2004, cuando ya estaban casadas y con hijos. Si ellas no hubieran hecho nada de esto, nunca hubiéramos demandado.

El Papa invita a la «solidaridad con las personas afectadas por enfermedades graves»

CIUDAD DEL VATICANO.- Sumándose a la «Jornada Nacional del Alivio», instituida en Italia en el 2001, el Papa Francisco ha pedido este domingo «solidaridad con las personas afectadas por enfermedades graves», y ha enviado un saludo a familiares y pacientes reunidos en el hospital Gemelli, donde fue internado muchas veces san Juan Pablo II, tal como recuerda Abc.

Durante su encuentro con veinticinco mil fieles para el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Santo Padre exhortó igualmente a «reconocer también las necesidades espirituales de las personas enfermas graves. Y a estar cerca de ellas, con ternura».

Comentando la fiesta de la Santísima Trinidad, Francisco ha citado una carta de hace casi dos mil años a los cristianos de Roma en la que San Pablo, después de haber «experimentado en primera persona la transformación realizada en él por el Dios-Amor, nos comunica su deseo de que le llamemos "Padre" o mejor "Papá" con la misma confianza total de un niño que se abandona en los brazos de quien le ha dado la vida».

Junto con Dios Hijo, el Papa se ha referido especialmente a Dios Espíritu Santo, «gracias a cuya presencia y fuerza podemos realizar con serenidad la misión de anunciar el Evangelio, ampliando así la comunión con Él y la alegría que de ella proviene», sabiendo que «la alegría es el primer lenguaje del cristiano».

El próximo domingo, festividad del Corpus Christi, el Santo Padre se ausentará por primera vez de Roma para sumarse en Ostia a la procesión que sale de la iglesia de Santa Mónica, la madre de San Agustín-ambos antiguos vecinos de esa localidad portuaria-, hasta llegar a la iglesia de «Nuestra Señora de los Buenos Aires», una advocación que los Trinitarios popularizaron entre los marineros y que daría nombre a la ciudad natal de Francisco.

Con ese desplazamiento para asistir a la procesión del Corpus Christi en una zona periférica, el Papa recuerda que ya lo hizo en 1968 su predecesor Pablo VI, a quien canonizará junto con el arzobispo mártir salvadoreño Oscar Romero, el próximo 14 de octubre en Roma, durante el Sínodo de los Jóvenes.

Zaplana o la leyenda del intocable / Ignacio Camacho *

Quince años antes de que se inventaran las redes sociales, Eduardo Zaplana Hernández-Soro protagonizó de forma involuntaria una de las más veteranas «fakes news» de la política española. La frase «estoy en política para forrarme», que le ha perseguido durante toda su carrera, no es suya, aunque en las cintas del «caso Naseiro» –una primigenia trama de financiación irregular del PP– donde presuntamente figuraba dicha grabación apócrifa, sí se le escuchaba desasosegado por comprarse un coche de alta cilindrada. 

A Zaplana siempre le ha perseguido una fama de gusto por el lujo, por el tren de vida alto, por los trajes caros y los relojes de marca. Y, si las investigaciones de la UCO que esta semana le han conducido a prisión son acertadas, no sólo se lucró con la política sino que constituyó alrededor de ella un grupo de intereses que la juez del caso considera una auténtica trama.

Esa reputación de arribista es la causa de la nula sorpresa que su arresto provocó en su propio partido. Durante años, el expresidente de Valencia y exministro de Aznar ha estado en todas las quinielas de nombres relacionados con la corrupción del PP, si bien hasta ahora había salido ileso de pesquisas y sospechas. A su sucesor en la presidencia valenciana, Francisco Camps, enfrentado con él incluso antes de acceder al cargo, le irritaba sobremanera haber sido procesado –y absuelto–por un presunto regalo de trajes mientras su rival quedaba al margen de cualquier escándalo. 

Durante años circularon dossiers sobre Zaplana en redacciones y círculos políticos; ninguno de ellos, sin embargo, contenía material susceptible de situarlo ante la justicia, ni siquiera de ponerlo en apuros. Durante veinte años de fuerte exposición pública, y mientras muchos de sus colaboradores más inmediatos acababan procesados y condenados, Zaplana caminó indemne sobre las brasas de una nombradía dudosa sin que su honorabilidad quedase salpicada por hechos probados.

Ni silencioso, ni discreto

Y no fue el suyo un paso silencioso ni discreto por la política, en la que comenzó alzándose con la Alcaldía de Benidorm en una ruidosa moción de censura con tránsfuga incluida. Al frente de la autonomía valenciana, a la que dio un indiscutible impulso estructural que la situó al frente de las regiones de crecimiento más dinámico, tomó decisiones de riesgo como la creación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el parque temático Terra Mítica. Como portavoz del último Gabinete de Aznar hizo frente –vestido con una célebre corbata negra–a las horas dramáticas del 11-M. Y como líder parlamentario del PP en la oposición, ya bajo el mando de Mariano Rajoy, dirigió la política de acoso a Zapatero que llevó al marianismo al doloroso fracaso electoral de 2008.

Nunca pasó inadvertido ni quiso hacerlo; se movía con un estilo bizarro, expansivo, que combinaba la agresividad contra los adversarios con unas excepcionales dotes de trato personal sobre las que cimentó curiosas relaciones transversales. Amigo de periodistas, empresarios de fuste, artistas como Julio Iglesias, líderes de opinión, y dirigentes rivales –en especial el socialista José Bono– se especializó en tejer complicidades políticas y mediáticas. 

 Fue capaz de pactar con los sindicatos como titular de la cartera de Trabajo, estableciendo fluidos lazos con el entonces responsable de CC OO José María Fidalgo, y hasta de acordar con Jordi Pujol uno de los asuntos más espinosos de su mandato autonómico: las normativización académica del valenciano, que reconocía mediante una alambicada perífrasis su unidad con el sistema lingüístico catalán. También fichó para su equipo al socialista Rafael Blasco, que acabaría en la cárcel tras haberle servido –a él y a Camps– en la construcción de la larga hegemonía del PP en la comunidad levantina.

Interlocución con Aznar

Ese eficaz entramado de relaciones, entre las que figuró durante bastante tiempo una interlocución de privilegio con Aznar, le permitió imponer de facto a Rajoy la línea estratégica de oposición al zapaterismo, caracterizada por la dureza, las movilizaciones sociales –contra el matrimonio homosexual, la negociación con ETA, etc– y el seguimiento de la teoría de la conspiración en torno al 11-M. Durante su primera etapa al frente del PP, el actual presidente del Gobierno no se sintió con fuerza para embridar la influencia de su portavoz, al que tardó cuatro años en descabalgar, aliado con Camps, para poder desarrollar su propia estrategia. 

Y aun así, Zaplana enredó todo lo que pudo a través de sus terminales en Valencia y Madrid, convirtiendo la presidencia de su sucesor regional en un calvario. Al final, menguadas sus escasas posibilidades de intriga tras la consolidación del liderazgo marianista, abandonó la política para ocupar un puesto de alto nivel en Telefónica, de la mano de César Alierta –otro de sus aliados más poderosos–, y dedicarse a la consultoría de empresas. Una actividad privada que, según la UCO, utilizó para dar salida a los capitales que acumuló durante su paso por la escena pública.

Un paso en el que jamás evitó que se trasluciese su gusto por los signos externos. La ropa impecable, bien cortada; los viajes en aviones privados; los paseos veraniegos en yate, los viajes costeados; los pisos en zonas señoriales de la capital, el vistoso chalé que construyó siendo alcalde de Benidorm. Su eterno bronceado y su tipo fibroso eran parte de un aliño personal impoluto al que otorgaba impronta de estilo con una simpatía personal seductora. 

Era el clásico encantador de serpientes, imbatible en las distancias cortas. Y se movía por la vida con el aire triunfador de lo que Tom Wolfe llamó un «amo del universo»: carismático, audaz, diligente, resuelto. También en el ámbito político, donde combinaba un caudillismo personalista con una enorme habilidad para el tráfico de favores y un toque visionario en la puesta en marcha de proyectos. 

Lo que la operación Erial ha revelado es que esa personalidad arrolladora y decidida también la utilizó –presuntamente– para crearse un patrimonio oculto a través de comisiones y mordidas durante su etapa presidencial. Su entorno sostiene que su afición al lujo, a la vida de alto standing, formaba parte de la construcción de una coraza que le blindaba ante el sinsabor de ciertos episodios personales, entre ellos la larga enfermedad de uno de sus hijos, que acabó falleciendo, y algunos avatares sentimentales. 

Correoso siempre, combativo y duro de pelar, se enfrentó recientemente al cáncer, a una leucemia cuyo riguroso tratamiento no le ha servido para evitar la cárcel. La mayoría de sus antiguos colaboradores –al menos aquellos con los que no acabó rompiendo– conservan de él un recuerdo irreprochable. Lo evocan como un líder indiscutible, con enorme capacidad de trabajo, desenvuelto, sociable. Ideológicamente ecléctico, pragmático, esponjoso, con un don especial para ganarse el favor de la calle.

Escurridizo, hábil...

Su habilidad para salir vivo de emboscadas políticas e indagaciones judiciales le creó una cierta aureola. Zaplana el escurridizo, Zaplana el incombustible, Zaplana el superviviente, Zaplana el hábil. Esta semana, ese halo de intocable acabó en una ruidosa detención celebrada por los enemigos que no habían logrado derribarlo. Su caída es la de uno de los últimos iconos del aznarismo, un paradigma de aquella época de prosperidad creciente, éxitos rápidos y fortunas fáciles. Y deja el doloroso barrunto, reforzado por indicios tan abrumadores como inquietantes, de que en efecto estaba en política –también–para forrarse.

(*) Periodista y ex director de Abc

http://www.abc.es/espana/abci-zaplana-o-leyenda-intocable-201805270126_noticia.html

Tres presidents, trece consellers, tres alcaldes... el legado de la corrupción en el PP valenciano

VALENCIA.- Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detenían en Valencia al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, y otras seis personas, en el contexto de la operación Erial acusados de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El exdirigente popular valenciano, para quien la jueza decretaba el pasado jueves su ingreso en prisión, se convertía así en el tercer president de la Generalitat imputado en una causa judicial. recuerda www.eldiario.es

Y no sólo jefes del Consell, los populares valencianos cuentan con numerosos representantes públicos encausados, entre ellos también trece exconsellers (dos de ellos también fueron expresidentes de las Corts), tres expresidentes de diputación o tres de los que han sido alcaldes de las principales ciudades de la Comunitat (Valencia y Alicante). Éste es el listado:

Presidents de la Generalitat

Eduardo Zaplana.- Ha sido el último -de momento- en caer. A pesar de las informaciones que le relacionaban con  Lezo o Púnica, finalmente ha sido otra causa por blanqueo -la llamada operación Erial- la que ha provocado la imputación e incluso encarcelación del primer president de la Generalitat que tuvieron los populares, el político que acabó con los gobiernos socialistas y abrió el camino del triunfo electoral a José María Aznar.

José Luis Olivas.- Fue president entre julio de 2002 y mayo de 2003 al relevar a Zaplana, quien fue elegido por José María Aznar para ocupar la cartera de Trabajo en su Gobierno. Olivas  dejó la política para presidir Bancaja y convertirse después en vicepresidente de Bankia como número dos de Rodrigo Rato en el banco resultante de la fusión de la entidad valenciana y Caja Madrid. 

Como su predecesor en el Palau de la Generalitat, también fue detenido y ya ha sido juzgado y  condenado a año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros por falsedad y delito contra la Hacienda Publica al falsificar una factura de 500.000 euros a Vicente Cotino.

Francisco Camps.- Está imputado en el caso Valmor, en dos de las tres piezas separadas, por la  celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, y por la visita del Papa a Valencia, un caso en el que está acusado por malversación, prevaricación y falsedad. Camps, quien ya ha declarado en la primera de las causas de Valmor, no está implicado en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano a pesar de que su número dos en el partido, Ricardo Costa, le responsabilizó directamente en su declaración de las irregularidades.

Presidentes de las Corts Valencianes

Milagrosa Martínez.- La expresidenta de la cámara autonómica  ha ingresado este jueves en el centro penitenciario de Villena (Alicante) para cumplir una condena de nueve años de prisión por las contrataciones del 'stand' de la Comunitat Valenciana en Fitur a la trama Gürtel. La sentencia, ratificada por el Supremo, consideró probados los delitos de  malversación de caudales, cohecho pasivo y prevaricación administrativa.

Juan Cotino.-  El líder del ala democristiana del PP valenciano ha sido imputado esta misma semana por el juez en la operación Erial -el jueves ya declaró ante la Guardia Civil-, aunque no es ésta la primera causa judicial en la que se ve inmerso. El que fue conseller y vicepresidente de Francisco Camps está imputado por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia al ser  sospechoso de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho por facilitar la entrada de 'El Bigotes' en el V Encuentro de las Familias.

Consellers

Luis Fernando Cartagena.- Ingresó en prisión en 2008 para cumplir una pena de cuatro años a la que fue condenado en 2002 por malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil al apropiarse de una donación de 49.000 euros que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento de Orihuela, ciudad de la que fue alcalde. 

El exconseller de Obras Públicas con Eduardo Zaplana está también imputado en el caso Metrored, en el que la Fiscalía pide cinco años de prisión por haber defraudado presuntamente siete millones de euros. Está a la espera de otro juicio por un presunto fraude a Hacienda en el que se le piden tres años de cárcel por las primas únicas del Banco Santander.

Rafael Blasco.- El exconseller popular -antes lo fue con el PSPV-  cumple una condena de seis años y medio (inicialmente fue condenado a ocho años de prisión) en la cárcel de Picassent, donde también ha ingresado Eduardo Zaplana, por una de las piezas del caso Cooperación por el desvío de fondos destinados a ayuda al tercer mundo. Tan sólo un 3 por ciento de los 1,6 millones de euros en ayudas llegó a su destino, el resto fue destinado a la adquisición de inmuebles en Valencia. Todavía quedan pendientes de juzgar otras piezas de este caso.

Vicente Rambla.- El que fuera vicepresidente de Francisco Camps (ocupó hasta cuatro carteras distintas)  ha sido juzgado a principios de año en la Audiencia Nacional, junto a otros exdirigentes populares como Ricardo Costa, por una pieza de Gürtel relativa a la presunta financiación ilegal del PP valenciano. La Fiscalía solicita una pena de  seis años y tres meses de prisión para Rambla.

Víctor Campos.-  El también exvicepresidente de la Generalitat con Camps entre 2004 y 2007 fue condenado por cohecho impropio en el caso de los trajes, el mismo en el que fueron declarados no culpables el propio Camps y Ricardo Costa. El tribunal condenó a Campos a pagar una multa de 9.600 euros por haber recibido regalos de la trama Gürtel en forma de trajes, unos trajes que fueron decomisados.

Lola Johnson.- Quien fue mano derecha del exjefe del Consell Alberto Fabra,  abandonó el Consell siendo secretaria autonómica de Comunicación al ser citada como investigada por apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos en su etapa en RTVV. Además, la que fue portavoz de la Generalitat está  imputada en el caso Valmor en su etapa como consellera de Cultura y Deportes por el pufo de la Fórmula 1.

Serafín Castellano.- Conseller de Gobernación en 2007 y 2008, cuando sucedieron los hechos relacionados con el conocido cártel del fuego. Fue detenido en 2015 y desde entonces está imputado por  aceptar sobornos a cambio de adjudicaciones  para las tareas de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana. La investigación recae finalmente en la Audiencia Nacional.

Mario Flores.- Conseller de Infraestructuras con Francisco Camps, está imputado en el caso Valmor por los sobrecostes en la construcción del circuito urbano para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia entre 2008 y 2012 y que le ha costado a los valencianos 308 millones de euros. Se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental.

Luis Rosado.- También en el contexto del caso Gürtel, en 2013  resultaba imputado el exconseller de Sanidad -junto a otros tres exaltos cargos de la conselleria- por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel para la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia.

Manuel Cervera.- Ex conseller de Sanidad. Imputado, en una de las investigaciones abiertas por Gürtel, por la   contratación del vídeo  sobre la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008.

Maria Àngels Ramon-Llin.- Consellera de Agricultura con Eduardo Zaplana como president de la Generalitat, actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Valencia. Está  imputada en el caso Taula junto a ocho de sus nueve compañeros de partido por el presunto caso de blanqueo dentro del grupo municipal popular. Están acusados de haber contribuido a 'lavar' la caja b con la que presuntamente operaba el PP de Rita Barberá.

Alicia de Miguel.- Otra vez el caso Gürtel, en esta ocasión la pieza 5 (de un total de 6). En julio de 2013, De Miguel renunciaba a su escaño en las Corts tras ser imputada por un presunto fraccionamiento de los contratos 'Acto violencia de género, tolerancia cero año 2006', 'Acto balance general 2007', y 'Acto punto final 2007' en su etapa como consellera de Bienestar Social. Las adjudicaciones se produjeron en favor de sociedades vinculadas a la trama Gürtel.

Presidentes de Diputación

José Joaquín Ripoll.- Hasta 16 años de cárcel ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción para el expresidente de la Diputación de Alicante, a quien se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación, negociación prohibida, fraude, coacciones y tráfico de influencias en el caso Brugal. Ripoll, quien también fue vicepresidente del Consell con Eduardo Zaplana, está involucrado en la causa por el presunto amaño de los contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja junto a los empresarios  Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Carlos Fabra.- El otrora todopoderoso barón popular castellonense se encuentra  en libertad tras cumplir condena por el caso Naranjax -ingresó en la prisión de Aranjuez el 1 de diciembre de 2014-. La Audiencia Nacional de Castellón condenó en noviembre de 2013 a  Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública, aunque fue absuelto de cohecho y tráfico de influencias.

Alfonso Rus.- El hombre más poderoso en el PP valenciano fue detenido en enero de 2016 en la macrorredada contra la corrupción de la operación Taula, el conocido como caso Imelsa, abierta a raíz de una  denuncia de Esquerra Unida y en la que el exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Marcos Benavent, el yonqui del dinero, ha resultado ser una pieza clave. Rus está imputado en diferentes piezas de Taula por blanqueo y cobro de comisiones, malversación, tráfico de influencias y fraude en la contratación.

Alcaldes

Luis Díaz Alperi.- Este mes ha comenzado en Alicante el juicio contra el exalcalde de de la ciudad Luis Díaz Alperi por supuesto un fraude fiscal de 700.000 euros correspondientes a los años 2007, 2008 y 2010 por el que le piden nueve años y nueve meses de prisión. Díaz Alperi también se sentará en el banquillo por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. El juez del caso Brugal le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Sonia Castedo.- Relevó a Díaz Alperi al frente del Ayuntamiento de Alicante y como su predecesor también está imputada por corrupción en caso Brugal por el supuesto amaño del urbanismo de la ciudad en favor del empresario Enrique Ortiz. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 24 años para la exprimera edil alicantina. Castedo también fue imputada en el caso Rabassa, pero fue exculpada. La Fiscalía recurrió la decisión del juez.

Rita Barberá.- La exalcaldesa de Valencia, " alcaldesa de España" en palabras de Mariano Rajoy, llegó a declarar como  imputada ante el Tribunal Supremo -por su condición de aforada al ser senadora- en relación al caso Taula por la presunta financiación en negro del PP en Valencia. Sólo dos días después, Barberá  fallecía de un infarto a los 68 años en un hotel de Madrid, lo que provocó que la causa quedara archivada de forma automática al darse por extinguida su responsabilidad penal.