Trabajadores Autónomos exigen en Madrid las mismas prestaciones que los asalariados

MADRID.-Un millar de autónomos, convocados por la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar (AUPA), ha pedido este domingo en Madrid las mismas prestaciones que los asalariados, como el derecho al paro y la reducción de las cuotas si no se llega al salario mínimo interprofesional (SMI).

En una manifestación que ha recorrido el centro de Madrid, desde el Paseo de Recoletos a la Plaza de la Lealtad, trabajadores de todos los sectores (comerciantes, transportistas o profesionales liberales), pero sobre todo agricultores, han reivindicado cotizaciones especiales y progresivas para aquellos autónomos cuyos beneficios no sean superiores al SMI.

Asimismo, cotizaciones esporádicas o por días; cotizaciones a tiempo parcial; una rebaja en la cuota de los autónomos societarios o un acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones a las de un asalariado.

Esta asociación, que se define como independiente de sindicatos y partidos políticos, se fundó en 2018 a raíz de la ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo de 2017 y cuenta con unos 40.000 miembros en toda España.

Al grito de '¿Dónde está mi baja laboral?' o 'Derecho al paro real ya!', los asistentes han coreado consignas a favor de cuotas dignas, por la conciliación y la equiparación a los trabajadores por cuenta ajena, y han repetido que no son "héroes", además de manifestar su hartura por "tanto abuso", que priva a este colectivo de la expectativa de una jubilación digna.

Almería, protagonista hoy de 'Un país mágico' de La 2

ALMERÍA.- La ciudad de Almería será protagonista en el programa 'Un país mágico' que emitirá La 2 de Televisión Española a partir de las 19.30 horas de este domingo en el que el mago profesional Miguel de Lucas dará a conocer de primera mano la cultura, el arte, las tradiciones, curiosidades e historias de la capital.

Según avanza el anuncio del programa, se descubirá la figura de la primera periodista profesional de España, se hará una visita por el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y los protagonistas degustarán la gastronomía más auténtica.

«Almería es hoy nuestra ciudad mágica, visitaremos la única catedral fortaleza de España, pasearemos por algunos de los escenarios más espectaculares de la serie Juego de Tronos, conoceremos en persona al luthier en activo que más guitarras ha hecho en Almería, investigaremos los orígenes del Indalo, símbolo por excelencia de la provincia y sabremos por qué le pintaron uno en la cara a Conan el Bárbaro. También descubriremos la figura de la primera periodista profesional de nuestro país y probaremos uno de los platos más típicos de Almería, los gurullos», avanza el vídeo profesional.

Sin lugar a dudas, un buen plan para la tarde de un domingo que además servirá para dar a conocer a toda España las bondades que ofrece la ciudad de Almería y promocionarla como destino turístico.

El Drenaje del Pantano dura dos años / Guillermo Herrera *

Se necesitarán dos años para procesar las casi 150.000 acusaciones selladas que existen actualmente. Según Judy Byington, en enero de 2019 comenzaron en Guantánamo los juicios secretos de tribunales militares contra los acusados del 11-S. 

Para diciembre de 2019 ya había presentadas 144.844 acusaciones selladas, y se habían abierto 16.818, lo que significa que se notificaron las acusaciones y se realizaron las detenciones. A estas cifras hay que añadir la notificación de otras 1.843 acusaciones, solamente durante estos últimos días festivos. 

Con tantos casos pendientes, se supone que se necesitarán por lo menos dos años o más para completar el litigio. No hay suficientes tribunales para procesar a tantos acusados en poco tiempo.

 

Desde 2016 el Fiscal General de Utah, John Huber, ha estado a cargo de una investigación del Jurado de Primera Instancia que examina pruebas de actos ilícitos cometidos por altos funcionarios de oficinas y organismos de Aplicación de la Ley en Washington DC.

Los economistas han dejado muy claro que el único acontecimiento que puede salvar a la economía es un reinicio financiero mundial que pondría en paridad entre sí a las monedas de oro y y activos de las 209 naciones participantes. El reinicio financiero irá acompañado, naturalmente, de un jubileo que pondrá a cero la deuda, gran parte de la cual está contenida en derivados bancarios, incluidas las hipotecas.

En evidente oposición a la moneda respaldada por oro y al regreso del derecho común, los demócratas han logrado retrasar el Reseteo y los arrestos masivos que lo acompañan, desperdiciando millones de dólares de los contribuyentes, con 178 días en un juicio político, y tres años en una caza de brujas para destruir a Donald Trump, a quien los ciudadanos estadounidenses eligieron debidamente como su presidente, independientemente de sus virtudes o defectos.

https://operationdisclosure1.blogspot.com/2020/02/restored-republic-via-gcr-as-of-feb-16.html

PROGRAMA DEL CAMBIO

El famoso contactado Cobra explicó que el cambio hacia el nuevo sistema financiero sucederá cuando la masa crítica de la presión que se ejerce sobre la Reserva Federal obligue a ésta a pagar la deuda que le debe a la gente debido a sus operaciones fraudulentas. Dado que la Fed no tiene dinero para pagar esa deuda, irá a la quiebra. Esto dará lugar a una reacción de quiebra en cadena de los bancos centrales de todo el mundo, del Banco de Pagos Internacionales, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

La volatilidad extrema en los mercados dará lugar a una caída de la bolsa en todo el mundo. Se cerrarán todas las bolsas de valores, incluyendo a Wall Street. Se llevarán a cero todos los instrumentos financieros tales como opciones y permutas de riesgo de crédito.

Se cerrarán todas las cuentas de sombra y se llevarán a cero. Se aprovecharán todas las cuentas bancarias públicas de la camarilla oscura. Se congelarán todas las ejecuciones hipotecarias, así como toda la deuda pública y privada (hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito).

Del segundo al séptimo día, se cerrarán todos los bancos y habrá mucha incertidumbre y confusión. Algunas empresas estarán cerradas temporalmente. Algunos de los que permanezcan abiertos, puede aceptar dinero en efectivo, mientras que otros sólo aceptarán monedas de oro o de plata. No se aceptarán tarjetas de crédito ya que el sistema se apagará temporalmente. Puede haber problemas moderados en la cadena de distribución, por lo que es conveniente abastecerse de un poco de comida y gasolina para un máximo de dos semanas.

REVALUACIÓN

Después de aproximadamente una semana a partir del Evento aún puede haber problemas de luz en la cadena de distribución. Entonces se presentará el nuevo sistema financiero sostenido con oro, que estará almacenado en lugares secretos, y no se venderá en mercados abiertos. La base de este nuevo sistema será una canasta de monedas como el dólar, el euro, la libra esterlina, el franco suizo, el yen japonés y el yuan chino, entre otras.

Volverán a abrir los bancos que no vayan a la quiebra y no tengan una conexión fuerte con la Reserva Federal. No se les permitirá cobrar intereses. Toda su contabilidad será totalmente transparente para el público, y no se volverá a abrir el mercado de valores.

Entonces se llevará a cabo la famosa revaluación de las divisas. Esto significa que cambiarán los tipos de cambio entre diferentes monedas, pero no cambiarán drásticamente. Reflejarán más verdaderamente la productividad real de las naciones. Se aceptarán todos los billetes, hasta que se retiren en unos meses y se imprima dinero nuevo.

Se respetarán y validarán todos los negocios justos, acuerdos, contratos y responsabilidades en todo el mundo. En cambio se cancelarán los acuerdos comerciales que impliquen interacciones delictivas o fraudulentas con la camarilla oscura, y además quedarán nulos y sin valor.

LIBERACIÓN DE FONDOS

En unas pocas semanas, las empresas multinacionales o transnacionales se verán obligadas a volver a comprar sus acciones, y esto las obligará a ir a la quiebra. Ellas se dividirán, y se nacionalizarán porciones saludables de esas compañías en su propio país.

Entonces se presentará al público la existencia de fondos del acuerdo mundial. Esos fondos incluyen unos setenta mil millones de dólares de dinero viejo de patriotas conectados a los militares positivos, cien mil millones de los grupos Templarios y de la Sociedad del Dragón Blanco, 120 mil millones del Movimiento de Resistencia, y diez mil millones del Fondo de Saint Germain. Los fondos del acuerdo mundial también incluirán todo el dinero y activos que se recupere de la camarilla oscura, y se utilizarán para muchos propósitos.

En primer lugar, se pagará toda la deuda nacional, pública y privada en todo el mundo. Después de eso, todas las personas recibirán la restitución de todos los robos, y de la actividad criminal en contra de ellos por la anterior camarilla oscura. A continuación se liberarán los fondos de prosperidad y se financiarán proyectos de tecnología avanzada humanitarios, ambientales y otros. Parte del dinero del Fondo de Saint Germain irá directamente a la Luz, y el resto se destinará a financiar proyectos relacionados con la presentación del Primer Contacto.

https://2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

Con replicadores, coches voladores y máquinas de curación, desaparecerá la mayoría de los trabajos. Este estipendio será el paso hacia una eliminación del dinero, tal y como lo conocemos, pero esto se aplicará gradualmente, ya que costará mucho tiempo convencer a ocho mil millones de personas que ya no necesitamos dinero.

NOTICIAS BREVES

El freno al coronavirus empieza a funcionar.- El número de nuevos casos de coronavirus en China disminuyó el domingo por tercer día consecutivo, y un funcionario de salud dijo que estaban empezando a funcionar los intensos esfuerzos para detener su propagación.

El Foro de Davos se preparó para una ‎pandemia de coronavirus dos meses ‎antes de su inicio‎, según publicó la Red Voltaire el 5 de febrero.- El Foro de Davos realizó un ejercicio contra una ‎epidemia de coronavirus en octubre de 2019, y con la participación del “Johns Hopkins Center for Health Security” y de la “Bill & Melinda Gates Foundation”. 

El ejercicio en cuestión tuvo lugar en Nueva York, exactamente el 18 de octubre de 2019, ‎dos meses antes del inicio de la epidemia en China. Al menos quince líderes mundiales participaron en el ejercicio, así como los dos responsables ‎oficiales de lucha contra las epidemias en China y Estados Unidos. El objetivo explícito del ejercicio realizado en Nueva York fue planificar la respuesta de ciertas transnacionales y gobiernos ante una epidemia de coronavirus.‎

https://www.voltairenet.org/article209125.html?__cf_chl_jschl_tk

La confianza en los bancos centrales sostiene a las bolsas en zona de máximos.- Los mercados bursátiles, que habían reaccionado a la baja tras el brote del coronavirus en China, han cambiado el paso y, aunque persiste la incertidumbre sobre el impacto de la enfermedad, suman ya dos semanas en positivo, y se mantienen en zona de máximos, un comportamiento que los analistas vinculan a la confianza en los bancos centrales.

Perú recupera el manuscrito perdido de los incas.- Fue escrito por un descendiente directo de los incas, y permaneció fuera de Perú durante más de cien años, pero ahora ha regresado a su país de origen el "manuscrito perdido de los incas", considerado una joya histórica y de las letras peruanas. Es incalculable el valor de “Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la historia de los incas” ya que fue redactado en 1838 por Justo Apu Sahuaraura Inca, uno de los grandes investigadores que se dedicó en el siglo XIX a rescatar la memoria de sus antepasados.

(*) Periodista

¿Hacia dónde van Arrimadas y Cs? / Marcello *

Albert Rivera hizo muchas cosas bien y llegó muy lejos (victoria en Cataluña y 57 escaños en el Congreso), pero nunca supo hacia dónde iba y menos lo que pretendía para España. En realidad Rivera sólo sabía lo que quería para él y ello no era otra cosa que liderar la derecha española para llegar un día a ser Presidente del Gobierno.

Pero Rivera se equivocó, creyó que los 57 escaños de las elecciones del 28-A de 2019 eran suyos e inamovibles, abandonó el centro de la política y no intentó en ese instante, ni cuando fracasó la investidura de Sánchez en julio, una coalición de Gobierno con el PSOE que lo habría hecho vicepresidente.

Y meses después, cuando empezó a verle las orejas al lobo del desastre electoral en la campaña del 10-N, fue incapaz de reaccionar colocando a Inés Arrimadas en la cabeza de cartel. Y su último debate televisado fue tan patético (con el adoquín en la mano) como su noche electoral.

La noche del 10-N donde dimitió de todo e hizo bien. Pero antes de irse debió de dejar preparado su relevo de manera organizada y urgente. Pero Rivera salió huyendo, se largó y ahora aparece con un librito lastimero como si por culpa de sus graves errores no hubiera pasado en Cs, en el centro de la política y en España.

Él no es responsable de todo, porque Pedro Sánchez es quien ha tomado sus decisiones. Y tras los comicios del 28-A de 2019 nunca le ofreció a Rivera un pacto de coalición. Pero Albert también tiene una buena parte de culpa del giro del PSOE hacia Podemos y ERC.

¿Y ahora qué? Pues Arrimadas va a tardar cuatro meses (desde el 10-N) en lograr el liderazgo lo que constituye una asombrosa pérdida de tiempo, y se la ve sola sin un equipo potente a su alrededor y sin nadie que sepa nada de comunicación y de estrategia política.

Y prueba de ello está en que Inés Arrimadas se ha lanzado al vacío y en público con su oferta al PP de ‘mejor Unidos’, para las próximas elecciones de Cataluña, País Vasco y Galicia. Un remedo tardío del ‘España suma’ de Pablo Casado, que no le ha salido bien a Arrimadas porque Alberto Nuñez Feijóo lo descarta y Alfonso Alonso tiene dudas en el País Vasco.

Antes de hacer pública semejante propuesta Arrimadas debió consultarla en privado con el PP. Pero siguen con el infantil juego de la ‘ocurrencias’ y la búsqueda de titulares que tanto le gustaban a Rivera. Y carecen de una política racional de comunicación y de medio o de un diario centrado de referencia que ampare su espacio político. En realidad viven de la caridad de los medios de la derecha que en realidad empujan para que Cs se integre en el PP.

Y lo que es peor, ante este desbarajuste, corren el riesgo de una estampida de dirigentes y cargos de Cs hacia el PP, como a buen seguro que ya se han ido muchos votantes. Y todavía se irán muchos más si no dejan de hacer tonterías y logran rehacer el liderazgo y el discurso político de este partido que tuvo mucho en sus manos y que, si no reacciona pronto y bien, estará llamado a desaparecer, como ya desaparecieron el CDS y UPyD.

(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés

https://www.republica.com/las-pesquisas-de-marcello/2020/02/16/hacia-donde-van-arrimadas-y-cs/

Interinos de todo el país marchan en Madrid contra el "abuso de la temporalidad" en la Administración

MADRID.- Interinos de todo el país se han manifestado hoy en la capital de España para denunciar el "abuso de temporalidad" en el sector público y reclamar que las Administraciones conviertan en fijos a los empleados de larga duración. 

"Es la única sanción posible", han zanjado los convocantes a la espera de una sentencia de la justicia europea que decida sobre su situación. Tras la pancarta principal que pedía "fijeza ya", más de 75 colectivos y miles de trabajadores han marchado al grito de "los servicios públicos se defienden".

Las miles de personas –12.000, según los organizadores– que han marchado durante tres horas por el centro de la capital, desde el Palacio de Cibeles hasta la Puerta del Sol, se han manifestado para exigir el cumplimiento de la directiva europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada. 

"Si bien España traspuso esta directiva al sector privado, no lo hizo en el sector público", señalan los organizadores.

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF firmaron en 2017 un pacto con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) para reducir la temporalidad en la Administración al 8% en tres años. Ese objetivo apenas se ha cumplido. 

La proporción de trabajadores temporales en el sector público ha crecido hasta llegar a máximos. Uno de cada cuatro empleados del Estado tenían un contrato temporal en el último trimestre de 2019, según los datos de la Encuesta de Población Activa.

Pero es difícil calcular cuántos de esos trabajadores temporales afrontan una situación de "abuso" porque las condiciones son diversas: algunos afrontan durante más tiempo del establecido una relación temporal, otros ejercen funciones estructurales que no les corresponden y también hay quienes están contratados con una causa temporal que no es real.

La organización que ha convocado la marcha ha asegurado en un comunicado leído durante la manifestación que "cientos de miles de personas" de las administraciones locales, autonómicas y nacionales aún están afectadas por esos abusos. Son, según ellos, 800.000.

Para el colectivo, la "única sanción posible" a la Administración por el "abuso de temporalidad" es convertir en fija la relación laboral de los trabajadores afectados con el Estado, sin pasar por una oposición u otro concurso público.

 "No existe otra sanción efectiva y disuasoria en el ordenamiento jurídico español", han zanjado en un comunicado. Sindicatos como CCOO o UGT, que no han participado en la protesta, defienden, en cambio, que los aspirantes a una plaza fija en la Administración deben pasar por una oposición en igualdad de condiciones.

El colectivo ha marchado este sábado a la espera que la justicia europea resuelva si cinco empleados públicos de Madrid, que denunciaron a la Administración tras más de diez años con contratos temporales, deben ser convertidos en fijos. 

La abogada general de la UE Juliane Kokott ya respaldó que no haya conversión automática, aunque avaló algún tipo de indemnización tras analizar los casos de esos trabajadores. Su postura, que no es vinculante, será tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que emitirá una sentencia el próximo 19 de marzo en respuesta a las preguntas de dos tribunales españoles.

La situación que esos trabajadores del Servicio Madrileño de Salud denunciaron ante tribunales españoles y ha llegado al TJUE es la de otros empleados que han recorrido Madrid este sábado con carteles en el pecho y la espalda que exponían los años que llevaban trabajando como temporales: 12, 17, 19, 24, 32, hasta 38.

Esperan con esperanza al TJUE

Los trabajadores interinos del sector publico se han manifestado para protestar contra la precariedad, el fraude en la contratación y el abuso de temporalidad.

Trabajadores del sector público procedentes de toda España, que en ocasiones encadenan 300 contratos en un año, han recorrido la Gran Vía madrileña al grito de “¡Fijeza Ya!”, para denunciar el despido colectivo “libre y gratuito” de los trabajadores temporales de las administraciones públicas, como ha señalado una portavoz del Colectivo de Empleados Públicos en Abuso de Temporalidad.

También han cargado contra la ausencia de inspecciones para detectar el fraude, la ilegalidad y el abuso, así como por la falta de una norma nacional eficaz que prevenga el abuso de la temporalidad, sancione al empleador público y elimine las consecuencias en el trabajador con su estabilización o compensación.

La misma portavoz ha explicado que esperan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que debe dictar sentencia el próximo 19 de marzo, avale la reivindicaciones de este colectivo, unas 800.000 personas en toda España, equivalente a un 30 % de los empleados públicos.

La cifra no concuerda con los datos facilitados esta semana por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que asegura que de los 2,6 millones de empleados del sector público sólo un 21,6 % corresponde a interinos, personal eventual y otros; un 56 % es personal funcionario de carrera, y el 22,4 % restante es personal laboral.

Los interinos confían en lo que determine el próximo 19 de marzo el TJUE, si bien la Abogada General de la UE que elaboró un primer dictamen que consideraba ajustado a derecho europeo que el uso abusivo de sucesivos contratos temporales por parte de las administraciones públicas españolas no se sancione automáticamente con la transformación del contrato temporal en uno fijo

El informe de Juliane Kokott, que no es vinculante, abría la puerta, no obstante, a que se puedan considerar indemnizaciones por los perjuicios causados por un importe a tanto alzado suficientemente disuasorio.

La letrada abogaba por sancionar adecuadamente el abuso de la temporalidad, no solo manteniendo la plaza hasta que se cubra definitivamente con un proceso selectivo -como establece la jurisprudencia española-, sino también estableciendo indemnizaciones para el trabajador afectado lo suficientemente altas como para disuadir al empleador.

Philip Alston: "O España actúa contra la pobreza o habrá protestas como en Chile"

BARCELONA.- Philip Alston, (1950, Australia) es el relator sobre extrema pobreza y derechos humanos de la ONU y profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York. Tras dos semanas de visita por España, concluyó que había visto barrios "en peores condiciones que campos de refugiados". Este viaje es el último que hace en el cargo y ha concedido una entrevista a El Periódico. 

¿Por qué eligió analizar España?

Debemos visitar los países del norte, no solo retratar la pobreza de los países del sur. En este mandato he evaluado EEUU y Reino Unido, los dos grandes países anglosajones. También China, Arabia Saudí, Malasia y Rumanía. Y viendo estadísticas europeas, España fue el país que más me llamó la atención. Es uno de los que tienen los problemas más serios, y a la vez está entre las economías más fuertes. Es un país muy importante, con mucha influencia en Latinoamérica y en Europa. Las políticas que se adoptan aquí marcan las que hacen otros países.

En su informe deja claro que en los años recientes los políticos españoles han gobernado para los ricos y se han olvidado del resto de la población. ¿Quién es el culpable?

Lo más grave es que no hay un único partido responsable de esto. Todos los gobiernos de los últimos 15 años han aplicado políticas neoliberales. Han ayudado a que las clases más altas incrementen sus riquezas, y no han hecho absolutamente nada para los más empobrecidos, que han aumentado. No hablamos de un único mandato. Nos podríamos remontar a las primeras privatizaciones de la 'era Aznar'.

¿Y qué políticas son las que lo han causado?

Han bajado impuestos para las rentas más altas y las grandes corporaciones para que tengan más beneficios. Tampoco han atacado la evasión fiscal de forma agresiva. Y por el otro lado, nadie ha afrontado el problema de la vivienda, no han gastado nada en vivienda social, no han mejorado la financiación para las escuelas, ni tampoco las prestaciones sociales. Han hecho que las clases altas sean un 26% más ricas, y los pobres lo sean aún más.

¿España está en la lista de países más neoliberales del mundo y no lo sabíamos?

No se ha ido tan lejos como Chile o el Reino Unido en la era de Margaret Tatcher, pero llevan más de una década siguiendo esta dirección. Esto es precisamente lo que quería decir cuando escribí que España se debe mirar bien de cerca al espejo. Los españoles se creen que su país es muy igualitario… pero esta imagen pertenece ya al pasado, la gente no es consciente de lo que está pasando. Y el nuevo Gobierno de coalición debería cambiar este rumbo de forma urgente.

Da la sensación de que tiene muchas esperanzas con el Gobierno de coalición…

Creo que es bueno el hecho de que el Gobierno y el vicepresidente Iglesias hablen de pobreza, España vaciada, desahucios... Espero que tengan el apoyo del resto de partidos para revertir esta situación. Parece difícil, pero me gustaría que los más vulnerables tomen relevancia y los políticos se vean obligados a abordar sus problemas.

En su informe también habla extensamente de la pobreza infantil, la segregación escolar… ¿Es uno de los temas que más le preocupa?

Uno de cada tres niños españoles es pobre. Los gobernantes deben aplicar serios programas para atajarlo. No se va a resolver solo. La pobreza es hereditaria, esto lo dice la estadística. Estos niños van a colegios de menos calidad, dejan antes los estudios… no acceden al ascensor social. Y si no se afronta, sí que va a salir muy caro.

¿Qué nos deparará el futuro?

Recomiendo a los políticos españoles que tomen nota de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, las de Santiago de Chile… O se actúa contra la pobreza o habrá protestas como allí. Llegará un punto que el malestar de la gente se volverá incontrolable. Y la vivienda es un tema muy particular en España que si no se aborda en los próximos cinco años, acabará explotando. Es lo que está pasando en todo el mundo. España no es distinta.

¿Sobre la situación de los inmigrantes, qué opinión tiene?

Muchos mueren para llegar a España. Pero una vez aquí, los gobiernos pretenden hacer ver que no están y les fuerzan al mercado negro. Es importante que puedan vivir de forma decente.

Usted destacó la regulación del alquiler como una de las grandes medidas a adoptar, y lamentó que "solo se escucha a las inmobiliarias". ¿Este país se ha gobernado para los rentistas?

¿Qué es mejor, el libre mercado o que el Gobierno tome el control? En España nadie se ha hecho esta pregunta. Se ha aplicado la ideología, el neoliberalismo, especialmente con el problema de la vivienda. No se han intentado alternativas. Se podrían tomar muchas medidas contra el parque de pisos vacíos, aplicar impuestos, controlar el precio de los alquileres… Especialmente cuando el problema es de tal magnitud que están desahuciando personas de más de 80 años, que la gente joven no tiene donde ir a vivir... Es absurdo quedarse en los debates antiguos. Hace poco más de una semana, el Banco de España decía que el control de los alquileres no funcionaría. Pues mire, construir más vivienda social tampoco va a cambiar nada en los próximos cinco años. Hay que sofisticar el debate, tratar que otras prouestas estén también sobre la mesa.

En el caso de la España vaciada, pero también el chabolismo, la situación de los romanís... en su informe habla de políticos resignados.

Es triste, pero es lo más normal. Ningún político va a afrontar los problemas serios si no hay presión pública. Y estos tres problemas que ha nombrado se han ignorado. Hay que hacer ruido, decir ‘aquí hay un problema’ para que los políticos tengan que tomar partido y hagan algo.

¿Nadie escucha a los pobres?

Este es el rol que yo he venido a jugar. Tratar con personas que su voz no se suele oír, y desde la ONU le damos una dimensión internacional que puede ayudar.  Porque los de la otra balanza (las grandes empresas, las rentas más altas) están constantemente influyendo en la política en todos los niveles.

Los vecinos de Gran Vía Sur y San Gabriel denuncian que no se reconozca su playa

ALICANTE.- Las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur y San Gabriel han interpuesto una queja en el Síndic de Greuges contra el Ayuntamiento de Alicante por la negativa mostrada, tras diferentes contactos y gestiones realizadas con la concejalía de Medio Ambiente y la Alcaldía, a cumplir el decreto del Gobierno valenciano que regula el plan de Acción Territorial del litoral Pativel y el catálogo de playas de la provincia de Alicante.

En dicho decreto la playa de San Gabriel "queda reconocida y catalogada como playa urbana de la ciudad con la misma tipificacion que la playa del Postiguet", apuntan los vecinos.

Conforme a esta normativa "supramunicipal y vinculante", el Ayuntamiento "debe reconocer esta playa y por tanto dotarla del equipamiento y los controles y analíticas necesarios que garanticen la calidad del agua de baño según la normativa específica que regula los controles y la calidad de aguas de baño", añaden.

"El señor Barcala, que se postula como cumplidor de la agenda 2030 en sus contenidos medioambientales, se niega a este reconocimiento por la única razón de mantener esta playa como el vertedero y la cloaca para los vertidos no autorizados que se emiten por diferentes aliviaderos de estaciones de bombeo y por el falso ilegal emisario de la playa de San Gabriel", prosiguen.

"La falta de autorización y legalidad de estos vertidos quedó acreditada tras la investigación que realizó el mismo Síndic de Greuges, finalizada en enero del 2019 y sobre la cual no han hecho caso alguno tras aceptar su cumplimiento. Por último denunciamos de nuevo la discriminación que sufre la zona sur de Alicante respecto a otras zonas de la ciudad; en concreto a nuestro litoral sur que está contaminado y abandonado a diferencia de la zona litoral norte", concluyen estos colectivos vecinales.

El Ayuntamiento de Alicante insta al Gobierno a que permita el desalojo de okupas

ALICANTE.- Las portavoces del PP, Mari Carmen de España, y Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, en el Ayuntamiento de Alicante han firmado una Declaración Institucional conjunta para ser debatida en el próximo pleno por que se se emplaza al Consell para que inste al Gobierno central a que introduzca todas aquellas modificiaciones necesarias en el Código Penal para permitir luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, castigar más severamente esta práctica y facilitar a la autoridad pública el desalojo de las viviendas que han sido ocupadas ilegalmente en el plazo máximo de 12 horas.

En la exposición de motivos de esta DI conjunta del equipo de gobierno se explica que “la ciudad de Alicante, gracias a su clima privilegiado y a sus playas, atrae a millones de visitantes todos los años, muchos de los cuales ya cuentan con una segunda vivienda en nuestra ciudad, que en muchas ocasiones pasa largos periodos de tiempo deshabitada“.

El grupo municipal popular y el de Ciudadanos creen que esta es la razón por la que Alicante tiene una tasa de viviendas ocupadas por encima de la de Madrid. Ahondando en esta cuestión, la DI señala que “en Alicante hay barrios prácticamente ocupados, como por ejemplo Juan XXIII. La consecuencia directa de esta ocupación ilegal es el aumento de peleas, tráfico de estupefacientes y suciedad, causas que contribuyen al deterioro de la convivencia de todo un barrio”.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante se hace eco de la “desesperación que genera a muchos de los dueños de viviendas ocupadas la dificultad para recuperar sus hogares” y por ello considera en la Declaración Institucional “urgente abordar el fenómeno de okupación llevado a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que lo hacen de forma premeditada y con una finalidad lucrativa. Hay que distinguir la okupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad y la que se realiza desde la delincuencia organizada”.

Tanto para PP como para Cs “pese a que las últimas reformas legislativas, han tratado de buscar que los okupas puedan ser desalojados de una manera más ágil, permitiendo acudir a la vía civil y no unicamente a la penal, el proceso sigue siendo largo y angustioso para los dueños”. Como consecuencia de esto, “en muchas ocasiones, los okupas se van antes del juicio pero habiendo transcurrido muchos años y habiendo generado daños irreparables en el inmueble“.

En la misma DI se llama también la atención sobre los efectos negativos paralelos que provoca la ocupación ilegal de viviendas “como puede ser la instalación de negocios ilegales con plantaciones de marihuana en las que se emplean enganches ilegales en el alumbrado público que pueden acabar con percances más graves como incendios”.

Para el equipo de gobierno “ante estas situaciones, y pese a que los vecinos lo han denunciado en reiteradas ocasiones, las administraciones no se están mostrando diligentes a la hora de buscar una solución, dejando el problema en manos del particular, tanto en las labores de prevención, como en relación con el desalojo”.

A criterio de los dos grupos políticos que integran el equipo del gobierno del Ayuntamiento de Alicante, “la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, para los vecinos y para las familias. Es urgente introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, el fenómeno de la okupación. Queremos que las familias que han visto okupada su casa injustamente no tengan que pasar por años de espera y burocracia para recuperarla”.

Ante estas situaciones adversas, las portavoces del PP y CS firman una Declaración Institucional conjunta por la que proponen al Pleno del Ayuntamiento de Alicante posicionarse cláramente a favor de la protección y la defensa de la propiedad privada y por ende proteger a todos aquellos ciudadanos alicantinos que tienen una propiedad.

Además se emplaza al Consell para que inste al Gobierno de Pedro Sánchez a permitir que la autoridad pública pueda desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas y a reformar el Código Penal en todos aquellos aspectos encaminados a salvaguardar los intereses de los propietarios de viviendas. En concreto, se pide reforzando las penas asociadas a los delitos de usurpación, pasando de multa a privación de libertad de uno a tres años, con el objeto de endurecer las penas a imponer a los okupas. También se reclama que se contemple de manera específica en el Código Penal la figura de las mafias de ocupación ilegal.

En esta misma dirección, la Declaración Institucional conjunta plantea que se modifique la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con el objeto de establecer un procedimiento sumario de recuperación de la posesión. Que se reforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de resolver los delitos de okupación mediante juicios rápidos, de manera que las reclamaciones de los propietarios puedan tramitarse de forma ágil y que el desalojo no se demore de forma indefinida en el tiempo. Y que se reforme la Ley de propiedad Horizontal y la Ley de bases del Régimen Local, con el fin de otorgar legitimación para instar estos desalojos a las comunidades de propietarios, en caso de que se desconozca el propietario o éste no comparezca y también a los ayuntamientos, cuando se constaten amenazas para la seguridad y la convivencia derivadas de estos casos de okupación.

Por último, la propuesta para debatir en el pleno y que busca el respaldo de todos los grupos políticos que lo integran plantea que el Estado se responsabilice de las personas mas vulnerables, atendiendo a sus obligaciones constitucionales recogidas en el articulo 47, sin olvidar que le corresponde “asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia” tal y como dispone el artículo 39 de la Constitución.

TDT Alicante: municipios afectados por el cambio de frecuencias a partir del lunes

ALICANTE.- El apagón de la TDT afectará el próximo lunes 17 de febrero a varios municipios de la provincia de Alicante por el cambio en las frecuencias de emisión en la televisión digital terrestre, por lo que los usuarios deberán resintonizar sus televisores y adaptar sus sistemas de antena colectiva con la mayor rapidez posible. Este cambio se produce por la liberación del Segundo Dividendo Digital, que permitirá el próximo despliegue de redes ultrarrápidas 5G en la banda de 700 MHz, según informa RTVE.

Por ello, el múltiple RGE2 va a proceder a emitir simultáneamente en los canales 22 y 31 en los centros emisores de Aitana, Alcoy, Alicante, Beniarrés, Benidorm, Benimeli, Benitatxell, Biar II, Crevillent, Elda y Villena II. En estas localidades y en su ámbito de prestación, una vez terminado el periodo de adaptación, el múltiple RGE2 -que engloba a determinados canales de televisión- empezará a emitir solo en el canal 31. La población afectada será de 1.276.106 habitantes.
Aunque se pone en marcha un periodo de simulcast, es urgente contactar con un instalador autorizado para proceder a adaptar la antena a los nuevos requerimientos técnicos, única forma de poder seguir sintonizando algunos canales. La ciudadanía puede informarse en www.televisiondigital.es y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.

¿Qué implica el Segundo Dividendo Digital?

El proceso de liberación del Segundo Dividendo Digital no conllevará la aparición ni desaparición de canales de televisión, simplemente se desplazan de frecuencia, ni la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, caso de los municipios de la provincia de Toledo afectados, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas públicas previstas. 

En cualquier caso es conveniente consultarlo con un antenista autorizado lo antes posible, para evitar las aglomeraciones de última hora.
No obstante, independientemente del tipo de equipo de recepción de señal de los edificios, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán resintonizar sus televisores para poder disfrutar de la oferta completa de TDT.

Ayudas públicas previstas

El pasado 21 de junio se aprobó por Real Decreto una línea de ayudas destinada a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el Segundo Dividendo Digital. La cuantía de la subvención oscila entre 104,3 € y 677,95 €, en función de la infraestructura previamente instalada en el edificio.
Las solicitudes, que gestionará la empresa pública Red.es, se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT, entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será necesario presentar documentación justificativa, como la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por empresas inscritas en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD).

Ximo Puig recuerda que el requisito lingüístico al funcionario está en autonomías donde gobierna el PP

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este sábado, sobre el requisito lingüístico en la Ley de Función Pública, que es "dramático" que en "todas las otras comunidades autónomas que tienen dos lenguas, incluso en alguna en la que ha gobernado el PP durante muchos años como es el caso de Galicia, se haya podido hacer el requisito lingüístico y en la Comunitat no".

 "Tenemos la derecha más centralista de toda España", ha lamentado.

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, después de que el viernes el pleno del Consell aprobara el proyecto de la Ley de Función Pública Valenciana, que introduce la exigencia del conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública a través de un reglamento posterior que determinará los niveles específicos para cada puesto.

Puig ha recalcado que el requisito lingüístico es "un elemento fundamental" para "dar mejores servicios y mejor atención a los ciudadanos de la Comunitat" y ha insistido en que "de lo que se trata simplemente es de que cualquier persona pueda dirigirse en castellano y valenciano a la Administración Pública".

"El derecho está en los ciudadanos, no en la función pública, el derecho es de los ciudadanos, y eso es lo que nosotros vamos a garantizar por primera vez", ha subrayado el 'president'.

El jefe del Consell ha celebrado que "por primera vez en la Comunitat Valenciana todos los ciudadanos tendrán derecho a usar las dos lenguas y ser contestados en las dos lenguas".

"Lo que es dramático es que aquello que es posible en todas las otras comunidades autónomas que tienen dos lenguas, que incluso en alguna ha gobernado el PP durante muchos años como es el caso de Galicia, se haya podido hacer el requisito lingüístico y en la Comunitat no, porque tenemos la derecha más centralista de toda España, una derecha que además no defiende el interés general de los ciudadanos", ha expresado.

Puig ha resaltado que la Generalitat no quiere "decir cómo se tiene que expresar el ciudadano", sino que quiere "dar la respuesta" a la ciudadanía "en aquel idioma que ha decidido hablar". 

"Esa es la cuestión de la igualdad, pero frente a lo que es la igualdad la derecha siempre tiene un gran problema", ha zanjado.
Y es que Ciudadanos ha anunciado hoy que el lunes va a llevar el proyecto de ley de Función pública valenciana, aprobado este viernes en el pleno del Consell, a la Comisión Europea por posible violación de la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.

En concreto, la vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia, y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, presentará el lunes ante la Comisión Europea una pregunta parlamentaria sobre este proyecto de ley, que exigirá el conocimiento del valenciano a quienes se presenten a las oposiciones y puestos públicos de la Generalitat.

Pagaza ha explicado en un comunicado que la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que es obligación de esta Comisión preservarla.

Por ello, ha considerado que la Comisión Europea "deberá evitar" que la Comunitat Valenciana y sus Administraciones "impongan el sesgo lingüístico en sus convocatorias de empleo público, si ello afecta a la libre circulación de trabajadores en el espacio económico europeo".

Según ha señalado, el Alto Tribunal prohíbe la falta de proporcionalidad entre esa exigencia y la función o puesto de trabajo a desempeñar, y ha añadido: "es habitual que estas administraciones exijan un conocimiento de la lengua valenciana, innecesario en algunos casos y, en otros, desproporcionado, lo que vulnera la Jurisprudencia Constitucional".

En su opinión, estas prácticas "convierten el sesgo lingüístico en una herramienta de discriminación y exclusión en manos de administraciones públicas, que afecta no solo de los ciudadanos españoles que no hablan valenciano, sino también de los ciudadanos europeos que no pueden circular libremente dentro de la UE porque no pueden optar a esos puestos públicos".

Urrea se ofrece a dar una sesión informativa en la sede de la CHS ante la "imposibilidad" de comparecer en Les Corts

ALICANTE/MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha manifestado "su compromiso de informar al pueblo valenciano del ejercicio de sus competencias", y se ha puesto a disposición del presidente de Les Corts, Enric Morera, para que los representantes del pueblo valenciano puedan asistir a una sesión informativa en la sede de la Confederación, ante la "imposibilidad" de comparecer en Corts sobre la gestión de la DANA.

Según ha indicado la Confederación en un comunicado, este ofrecimiento de Mario Urrea "se extiende al equipo de dirección de la CHS, y a los Jefes de Unidad que gestionaron bajo su supervisión todo el episodio tanto en el Dominio Público Hidráulico como en las infraestructuras hidráulicas gestionadas por la Confederación y que sufrieron el impacto de la DANA del pasado septiembre".

En este mismo escrito, Urrea reitera, como ya hizo el pasado 15 de enero, "la imposibilidad de comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Les Corts Valencianes, ya que existen varios dictámenes del Consejo de Estado que limitan las comparecencias de miembros de la Administración General del Estado, como es su caso, al Congreso y al Senado, no pudiendo de este modo comparecer ante ninguno de los parlamentos autonómicos".

No obstante lo anterior, Urrea reitera en su misiva su "entera disposición a facilitar la información que se precise". 

En este sentido, tanto el presidente de la CHS como su equipo de dirección "han mantenido diferentes reuniones informativas con las comunidades de Regantes de la Vega Baja, y con algunos colectivos ciudadanos como los afectados directos de este episodio", ha indicado la CHS.

La juez de 'Erial' investiga si 'Sedesa' pagó cruceros de lujo por Mediterráneo, Adriático y Egeo como sobornos a la trama

VALENCIA.- La magistrada del Juzgado nº 8 de Valencia que instruye el caso Erial, en el que figura como imputado el ex presidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, investiga si Sedesa, mercantil de la familia de los Cotino y adjudicataria a través de otras sociedades del Plan Eólico de 2003 y de las ITV de 1997, pagó cruceros de lujo por el Mediterráneo, Adriático y el Egeo como sobornos. 

En este caso, la jueza formuló una petición a Suiza de información sobre las empresas Servicios de Excavaciones y Asedes Capital (de Sedesa), Eduardo Zaplana y el considerado su presunto testaferro Joaquín Barceló y viajes en yates de lujo de la empresa Camper & Nicholsons International, con sede en Suiza.

Así se desprende de la documentación consultada, que consta en el sumario del caso, cuyo secreto acaba de ser levantado. En un escrito de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, del verano de 2018, los investigadores explicaban que se había localizado una serie de traspasos de fondos desde Sedesa a Camper & Nicholsons International, por un total de 1.034.387 euros entre 2005 y 2009, y cuyo destino sería necesario determinar. 

La documentación llegada de Suiza muestra varios alquileres de estos yates: del 1 al 9 de agosto de 2009, a nombre de Zaplana --con recibimiento incluido-- de Niza a Niza en el Franjack, con ocho invitados a bordo, por un importe que ronda los 75.770 euros; del 11 al 19 de agosto de ese mismo año, con llegada y salida a Atenas en el Iris, también para Zaplana --el correo va dirigido a su secretaria-- y sobre los 23.537 euros.

Algunos de los "requerimientos" de "Mr. Eduardo" son desayuno continental, dieta baja en colesterol, ni cerdo ni cordero y prefiere la cocina local, italiana, francesa y barcacoas y como comida especial, langosta. En cervezas, pide Cruz Campo y Heineken, whisky, ginebra, ron y licores, además de fruta.

Otros de los alquileres son el del yate Alcor, del 19 al 25 de agosto de 2008, en la ruta Valencia-Valencia, a nombre de Vicente Cotino y Sedesa en el que viajarían a bordo su familia y la de su mujer, más otros matrimonios que no especifica. El crucero ascendió a 95.000 euros y establecían entre las preferencias, vinos valencianos, Champagne Moët y especificaban que tomaban "mucho café. No querían comida japonesa.

Las fechas de este alquiler coinciden con otro, en el 'Angel Heart', del 17 al 26 de agosto y con origen y destino a Cannes, pagado por Asedes Capital, sin más información adicional, y por importe de 107.143 euros.

Un último crucero del que consta documentación es el del Ladyship, del 29 de julio al 7 de agosto de 2010, de Croacia a Montenegro, por importe que rondaría los 130.000 euros. En el listado de pasajeros figura Joaquín Barceló y diputados autonómicos de ese momento, entre ellos, otra de las investigadas en esta causa, Elvira Suanzes.

Comisiones de Sedesa

Según los agentes, en la dinámica observada en relación al pago de comisiones por Sedesa refleja que, en algunos casos, se utiliza parte de los fondos obtenidos como consecuencia de la venta de sociedades adjudicatarias para efectuarlos y, analizados los movimientos asociados a esas ventas, se ha podido comprobar que parte de esos fondos ingresados son transferidos a Suiza.

De acuerdo con la Guardia Civil, con ocasión de la venta de PEVSA, adjudicataria del Plan Eólico, se deriva que 107.153 euros fueron transferidos en julio de 2008 a Suiza a la mercantil Camper & Nicholson International, especializada en la compraventa, alquiler y construcción de yates de lujo, con una referencia de operación denominada '8620-Angel Heart'.

En relación con los fondos obtenidos a través de la venta de participaciones de Valenciana de Revisiones --adjudicataria de una de las zonas del servicio de ITV-- se pudo también conocer que parte son destinados a Suiza, en abril de 2006, con una transferencia de 70.718 euros a la misma mercantil, con concepto 'INV/8508 8509 Polycarpus'.

"De lo anterior se deduce que ambas transferencias internacionales podrían estar relacionadas con el arrendamiento de las embarcaciones a las que se hace referencia en los conceptos, desconociendo de ser así, quién habría sido el verdadero beneficiario de los mismos", explican los investigadores.

Otras operaciones de salidas de divisas fueron ordenadas por Asedes Capital --matriz de Sedesa y también denominada Servicios de Excavaciones-- con destino a Suiza. Se trata de diez transferencias entre 2005 y 2009 por 1.034.387 millones de euros, en un código relacionado con turismo y viajes, entre otros. En cinco de ellas, figura como beneficiaria Camper & Nicholson International, señalan los investigadores.

Dos son las ya señaladas y las otras restantes son una de mayo de 2006, por 56.402 euros, con referencia "Polycarpus"; en junio de ese mismo año, por 37.500 euros y misma referencia, y en julio de 2008 por 57.620, bajo la referencia 'Alcor'. La UCO pedía una comisión rogatoria internacional a Suiza para aportar información sobre esas cinco transferencias con informe de las personas que contrataron alquiler de barco y de los que hubieran embarcado en esas fechas. 

El fiscal apoyó la petición al considerar que esta comisión a Suiza resultaba "necesaria" para conocer el destino de fondos trasferidos por Asedes, que es la sociedad "que canaliza los sobornos", y en unos años, entre 2004 y 2009 que es "cuando se produce la mayoría de pago de sobornos a través de sociedades y entidades bancarias radicadas en paraísos fiscales". 

La jueza accedió y cursó la comisión rogatoria.

En los documentos adjuntos a la causa, consta uno de la propia empresa de alquiler que explica que "desgraciadamente" la información requerida no se encuentra a disposición suya ni de la filial española con sede en Mallorca, al no tener obligación por el tiempo transcurrido.

Los datos facilitados por la empresa son un documento relativo al flete del Polycarpus en 2006; un contrato del barco Alcor entre el 19 y el 25 de agosto de 2008 a cargo de Asedes; confirma que un crédito de 107.153 euros correspondía al precio de flete para ese contrato del Alcor; otro abono para el flete de Myatic W por Vicente Cotino entre el 16 y el 26 de junio de 2005; documentos relativos al contrato del Franjack, del 1 al 9 de agosto de 2009 por Alquiler e Inversión Ibiza para Zaplana; flete del Iris, del 11 al 16 de agosto del mismo año por la sociedad Zacar que perteneció al expresidente investigado y otros del flete del yate Ladyship, del 29 de julio al 7 de agosto de 2010 por Alquiler e Inversión Ibiza para Barceló y otros ocupantes. 

Asimismo, aporta documentos complementarios que provienen de las bases de datos de clientes, con notas sobre Eduardo Zaplana y Vicente Cotino, y que las insertan sus corredores "con el fin de satisfacer mejor las necesidades de nuestra clientela", comunica la compañía.

Los bajos precios agrarios, un problema global con cierto margen de maniobra

MADRID.- Los agricultores españoles llevan semanas protestando por los bajos precios que se pagan en el campo, un fenómeno que se repite en otros países y frente al que los gobiernos tienen cierto margen de actuación sin violar normas de competencia.

Bajo el lema "Agricultores al límite", las organizaciones agrarias se están movilizando para reclamar más ayudas y mostrar su rechazo a las ventas por debajo de los costes de producción, entre otros problemas que llevan tiempo denunciando.

Esa situación no es exclusiva del campo español y se produce en un contexto mundial marcado por la caída progresiva de los precios agrícolas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calculan que entre 2019 y 2028 los productos básicos se abaratarán entre el 1 y el 2 % anual.

Esto se debe sobre todo a que la mejora de la productividad supera a la mayor demanda mundial de alimentos, indica el jefe de Políticas Agrícolas de la OCDE, Jonathan Brooks.

"Aquellos agricultores que ganen en productividad no tendrán problema, pero los que continúen usando métodos tradicionales pueden quedarse atrás y tendrán que ajustarse de alguna forma", afirma.

Brooks llama a invertir en mejorar la productividad agrícola y la resiliencia, al tiempo que desaconseja "intervenir directamente en los precios" porque "no es eficiente" para incrementar la renta de los agricultores.

En su opinión, "hay mucha flexibilidad para que los países adopten políticas que ayuden al desarrollo agrícola de forma constructiva y apoyen a los productores sin violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".

En el marco de la OMC, los subsidios se dividen en tres "cajas": roja para los que "distorsionan" el comercio, sujetos a condiciones; azul para los ligados a la reducción de la producción; y verde para los que se toleran por su impacto nulo (desarrollo regional, protección ambiental, investigación y desarrollo).

Los países de la UE deberán cerrar próximamente el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027, que facilita la ayuda genérica a las rentas e incluye objetivos de sostenibilidad.

Pese a la amenaza de recortes, España aspira a que se mantengan los fondos, como ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que también ha prometido cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria para apoyar a los agricultores, que han visto caer la renta agraria el 8,6 % anual en 2019.

Vigilar las prácticas desleales, lograr un mercado más transparente o asegurar el cumplimiento de los contratos son algunos puntos que se podrían reforzar.

El experto de la Universidad Politécnica de Valencia José María García Álvarez-Coque insta a agrupar a los productores "en grandes organizaciones capaces de incorporar valor añadido en las fases de comercialización y negociar las condiciones contractuales con la gran distribución", aunque para eso quede "mucho trecho por recorrer".

Según el economista agrario Tomás García-Azcárate, en el fondo subyace la "tensa" relación entre las políticas europeas de competencia y de agricultura.

Por un lado, sostiene, "se pretende vertebrar la cadena alimentaria y llegar a acuerdos para crear valor y distribuirlo"; y, por el otro, "que haya la máxima competencia para asegurar que los precios al consumidor son razonables".

García-Azcárate subraya que se pueden tomar medidas en el ámbito de la competencia sin coste presupuestario y que no aparezcan como subvención en ninguna de las cajas de la OMC.

Asegura que "Francia ha ido más lejos que España inclinando la balanza del lado de la agricultura" y pone de ejemplo la multa millonaria que ese país acaba de imponer a varias cadenas de supermercados por no respetar las reglas en las negociaciones con los proveedores.

Allí los agricultores llevan tiempo manifestándose contra el abandono que dicen sufrir, mientras que en Alemania las protestas están más relacionadas con los esfuerzos medioambientales que les exigen las autoridades.

"Le pedimos al campo más esfuerzos en un momento en el que estamos disminuyendo el presupuesto europeo para financiar la transición ecológica", apunta el experto.

La Administración Pública se convierte en el refugio privilegiado de los mayores de 50 años

MADRID.- El 27% de los trabajadores mayores de 50 años desempeña su actividad dentro de la Administración Pública, Educación y Salud. Según el Banco de España, los mayores están ocupados en mayor proporción en la Administración Pública respecto al resto de las edades, refleja elEconomista. 

Cuanto más alta es la formación más tienden a concentrarse en esta actividad profesional. Hasta el punto que el 50% de trabajadores entre 55 y 64 años con niveles de educación altos desarrollan su vida laboral vinculados a un empleo público. 

Mientras, el resto de trabajadores veteranos se enfrentan al riesgo de una retirada prematura por las exigencias de sus empleos y las dificultades de la pequeña empresa de adaptar su puesto de trabajo a su habilidades.

La brecha generacional en el mercado laboral español gira alrededor de la calidad de los puestos de trabajo. En los tiempos de trabajos precarios y sueldos bajos, el puesto de funcionario público puede definirse como el máximo en calidad de empleo. Ofrece estabilidad y mejores salarios. 

Pero además, según un estudio reciente del Banco de España, requiere menos capacidades y habilidades que otros sectores, donde en general hay más trabajos que requieren esfuerzo físico, competencia numérica, comprensión lectora y dominio de las nuevas tecnologías.

El artículo Envejecimiento, productividad y situación laboral de Brindusa Anghel y Aitor Lacuesta destaca que los trabajadores mayores de 50 años acaparan los puestos de trabajo más codiciados del mercado laboral español. 

"Independientemente del nivel educativo, los mayores están ocupados en mayor proporción en la Administración Pública", indican los economistas. Para llegar a esta conclusión utilizan una ratio proporcional en relación con el total de trabajadores entre 15 y 64 años distribuidos por sectores de actividad y nivel educativo.

De esta manera, una ratio superior a 1 indica que la concentración de población de más de 50 años ocupada en ese sector es mayor que para el conjunto de los trabajadores. Esta circunstancia se observa en todos los niveles educativos pero con mayor intensidad en educación media, que comprende estudios superiores a la ESO, pero inferiores a universitarios.

Los expertos comparan esta distribución sectorial de los trabajadores españoles más veteranos con el entorno europeo, y no es un fenómeno propio del país. También se da en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal; aunque con menor intensidad que en España, a partir de los datos extraídos de la Encuesta de Población Activa de Eurostat.

Los investigadores todavía bajan más al detalle analizando la proporción sectorial que tienen los mayores de 55 años según su nivel de estudio. La población con menor nivel educativo de este segmento está bastante repartida entre varios sectores de la economía; destacan el 21% en el resto de los servicios (donde sobresalen el servicio doméstico y las actividades administrativas y auxiliares, ambos con un 8%), el 16% en comercio, el 15% en industria y el 13% en Administración Pública, educación y salud.

Precisamente en este rango de formación es donde la concentración dentro del funcionariado es menor y es superior en Europa. Los expertos destacan que este grupo de trabajadores mayores son los que antes comienzan a retirarse de la vida laboral porque desempeñan puestos de trabajos de mayor exigencia física. 

Así, los mayores de 50 años con menor nivel de educación tienen una tasa de actividad, personas en disposición de trabajar dentro de un grupo homogéneo, inferior al 80%, cuando esta era del 85% a los 35 años, y se reduce más de la mitad, hasta el 41%, cuando alcanzan los 60-64 años. Mientras la tasa de actividad no se reduce por debajo del 90% para la población con estudios superiores hasta los 55 años, alcanzando el 56% entre los 60 y los 64 años. 

Aproximadamente la mitad de los trabajadores mayores de 55 años con estudios medios está ocupada en la Administración Pública, educación y salud, con el 30%, y otros servicios, con el 21%, entre los que destacan las actividades profesionales, las administrativas y el servicio doméstico. Los expertos vinculan el sector de la educación y salud al sector público por la elevada tasa empleo público que tienen en España. En este grupo se comienza a observar las primera diferencia con el resto de Europa.

La industria europea absorbe mucho más capital humano que en España donde el sector es más pequeño. La hostelería cubre el hueco que deja la industria española, con la diferencia que supone al ser trabajos más intensos en mano de obra, pero con menores salarios y peores condiciones laborales. 

Los expertos añaden que este tipo de empleo "conllevan más esfuerzo físico, inherentes a los trabajos de la hostelería, y podrían provocar una salida más rápida del mercado laboral de los trabajadores de mayor edad en España". Algo que choca con la intención de los distintos Gobiernos de retrasar la edad de jubilación para intentar mantener los ingresos por cotizaciones.

Para los trabajadores mayores y con estudios superiores, las cifras todavía son más evidentes. En España solo Administración Pública, educación y sanidad acumulan el 50% de los trabajadores mayores, y el resto de los servicios, el 21%, entre los que destacan las actividades profesionales. Hay una escasa participación en el sector primario, hostelería, transporte y construcción.

El análisis del informe se hace a partir de porcentaje, pero cuáles son los números absolutos de trabajadores mayores de 50 años. Según la última encuesta de la EPA del INE, correspondiente al cuarto trimestre de 2019, hay 6,327 millones personas mayores de 50 años que trabajan. El número de ocupados total es de 19,9 millones. Suponen el 31% de la fuerza laboral de España frente al 53% de trabajadores con una edad comprendida entre 30 y 49 años y al 15% de los menores de 30 años.

El INE también refleja el mayor peso de los mayores de 50 años en el empleo público. De los 6,3 millones personas que trabajan con esta edad. 1,4 millones lo hacen como empleado público, representando el 22,8% del total de trabajadores en este rango de edad. Los menores de 30 años solo representan 8,5% y entre 30 y 50 años suponen un 14%.

Sin embargo, por ramas de actividad el sector que emplea a mayor número de mayores de 50 años es el comercio minorista y mayorista, que incluye talleres. En concreto, los ocupados asciende a 855.000 personas. 

Después aparece la industria manufacturera con 715.000 trabajadores. En tercera posición aparece la actividades sanitarias y servicios sociales con 633.000 empleados. 

Y le siguen Administración Pública y defensa (623.400 personas) y educación (487.000 persona). Si se tiene en cuenta los criterios del estudio del Banco de España, las tres últimas actividades, educación y sanidad tienen una alta participación en el empleo público, acaparan 1,7 millones de los trabajadores mayores de 50 años, el 27% del total.

En la última información disponible sobre la distribución de salarios de la EPA también se podía observar lo que supone trabajar para la administración. El salario medio en el sector público es de 2.654 euros brutos al mes (en 12 pagas con las extras prorrateadas), mientras que el salario medio en el sector privado alcanza los 1.772 euros brutos mensuales.  

En el sector privado el 22,3% de los trabajadores obtuvieron un salario de más de 2.187,2 euros, mientras en el caso del sector público casi el 62% de los trabajadores tienen un salario que supera esa cifra.

Para explicar estas diferencias concentración de salarios elevados en el sector público hay que tener en cuenta que hay un  mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores, tal como apunta el estudio del Banco de España, además del el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad. 

Otra de las grandes diferencias es que la tasa de parcialidad del sector privado se sitúa en el 16,2%, mientras en el sector público es del 7%, lo que se traduce en un mayor penalización en la nóminas privadas.

El colectivo de más edad tiene una menor probabilidad de realizar tareas que requieran esfuerzo físico

El documento de Anghel y Lacuesta apunta que más allá del sector en el que la persona esté empleada, las tareas a las que se dedican los trabajadores varían con la edad. "El colectivo de más edad tiene una menor probabilidad de realizar tareas que requieran esfuerzo físico y una mayor probabilidad de trabajar en puestos donde son necesarios los conocimientos acumulados a lo largo de la vida laboral", indican.

Los autores plantean que el cambio en las habilidades de las personas con la edad sugiere la conveniencia de poder reasignar las tareas de los trabajadores para que puedan seguir manteniendo una carrera laboral productiva, aunque como demuestran en su investigación en la función pública hay plena adaptación para la habilidades y recursos de los empleados mayores.

Pero el resto de trabajadores que están fuera de la administración pública existe un problema estructural, según los expertos. "La economía española presenta un alto porcentaje de empresas pequeñas, con especialización en determinados servicios con elevada intensidad física, como la agricultura, el comercio, la hostelería o el servicio doméstico", explican.

Será más difícil que este tipo de empresas incorporen esquemas de flexibilidad interna en la empresa que favorezcan ajustes de las condiciones laborales para determinados colectivos mayores en materia de jornada, horarios o salarios. 

"Hay que tener en cuenta la evidencia que subraya la relación positiva entre la edad efectiva de jubilación y la posibilidad de disponer de un trabajo con tareas adecuadas a la edad", concluyen.