VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha trasladado a los sindicatos en la Mesa Sectorial el renovado proceso de admisión del alumnado para el curso 24-25, que tiene entre sus principales novedades el distrito único y la organización en tres fases. Asimismo, la información será comunicada a la Mesa de padres y madres.
De esta forma, Educación pretende «avanzar en la modernización de los procedimientos administrativos y la mejora de la gestión educativa al presentar una nueva normativa que redefine el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana».
Esta regulación --«producto de un proceso llevado a cabo en grupos de trabajo con representantes de la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Reforma Educativa en Centros Concertados y la Mesa de madres y padres», recalca la administración en un comunicado-- se orienta hacia una serie de objetivos fundamentales.
«En primer lugar, se prioriza la libertad de elección del centro educativo, eliminando las restricciones geográficas impuestas por la zonificación y permitiendo a las familias seleccionar el centro educativo que mejor se ajuste a sus preferencias y valores», explica el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.
«Además, se afianza el acceso telemático al proceso de admisión, con el fin de simplificar trámites, reducir la burocracia y promover la transparencia, garantizando un apoyo especial a las familias sin acceso a medios telemáticos y una participación equitativa en el proceso», señala.
En cuanto a la organización del proceso de admisión, se establecen tres fases distintas --ordinaria, extraordinaria y continua-- para gestionar «de manera más eficiente las solicitudes», incluyendo la participación del alumnado sobrevenido en cualquier momento del curso escolar. Esta estructura permite «una mayor flexibilidad y garantiza una atención adecuada a todas las solicitudes recibidas».
El nuevo diseño del procedimiento resalta la importancia de la inclusión de todos los estudiantes del sistema educativo. Se busca aplicar un enfoque equitativo en la escolarización, independientemente de la modalidad educativa y de las necesidades individuales de los participantes. Esta perspectiva, defiende la Conselleria, «promueve una mayor igualdad y diversidad en el acceso a la educación en la Comunitat».
«En este sentido, --continúan-- se implementan cambios en la asignación de puntos, priorizando la igualdad de acceso a la educación y considerando situaciones especiales como la custodia compartida y la situación de acogida familiar. Además, se introduce la publicación de vacantes en tres etapas del proceso ordinario: al inicio, antes de la presentación de solicitudes; provisionalmente, antes de la publicación de los resultados preliminares; y definitivamente, antes de la publicación de los resultados finales».
Por su parte, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha vuelto a expresar su rechazo al distrito único porque, a su parecer, «segrega el alumnado y beneficia a la patronal de la concertada, puesto que se facilita la admisión en centros concertados muy alejados del lugar de residencia».
El sindicato ha pedido su supresión tanto en el decreto pendiente de publicar como en la orden negociada hoy. Igualmente, STEPV ha pedido la supresión de la puntuación de 'Circunstancia específica' que puede añadir cada centro educativo «sin ningún control por parte de la administración y que también se recupera tanto en el decreto como en la orden».
«Esta puntuación es una fórmula para que el centro elija al alumno, justamente lo contrario de lo que se supone que defiende este gobierno, que es el derecho de las familias a elegir el centro y no al revés. Una medida que, nuevamente, beneficia claramente la concertada», lamentan.
Otra novedad introducida, apunta STEPV, es la posibilidad de que el alumnado que opte por la reserva de plazas por necesidades educativas especiales (NEE) o por compensatoria, si hay más demanda de estas plazas que oferta, se puedan reincorporar en el centro por la vía ordinaria y no por la reserva. De este modo, «se evita el principio de reparto equitativo de este alumnado entre los centros sostenidos con fondos públicos, recogido también en el propio decreto y orden».
STEPV advierte que si la Conselleria no atiende estas propuestas, estudiará la presentación de un recurso contencioso porque entiende que «incumplen la LOMLOE en cuanto a las garantías de reparto equitativo del alumnado o la no segregación del alumnado, entre otras cuestiones».
También la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) se ha mostrado contraria al distrito único y ha reclamado la retirada del proyecto de admisión del alumnado al considerar que «profundizará en la segregación escolar y favorece los intereses de la patronal de la escuela privada concertada con fondos públicos».
El sindicato defiende «un modelo educativo de proximidad y vertebrador de las sociedades locales, un modelo no segregador y que garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, sea cual sea su procedencia socioeconómica, escolarizados en una escuela de proximidad en su domicilio».
Para ello, exige «suficientes centros educativos y unidades escolares públicas en todas las áreas de influencia para que la oferta de escuela pública esté suficientemente cubierta por todo el alumnado».
Por otro lado, ha resaltado que «varios estudios científicos demuestran que el distrito único tiene efectos fragmentadores de las sociedades, incrementa la segregación escolar y la 'guetificación' del alumnado».
Además, es «un modelo insostenible medioambientalmente y divide los centros educativos en escuelas de primera y de segunda categoría, favoreciendo en unos pocos centros educativos y perjudica a la gran mayoría».
Desde ANPE han manifestado que el documento presentado a la Mesa Sectorial está «bien estructurado y se ha negociado ampliamente, ya que se han llevado a cabo diversas reuniones previas en grupos de trabajo para su elaboración».
Acerca del contenido, ha incidido en la necesidad de que el procedimiento «asegure el reparto equitativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, evitando concentraciones en determinados centros mediante una ratio específica para esta cuestión que sea común a todos los centros de una misma zona».
También pide que sea «ágil y eficaz, procurando que la tarea burocrática para los equipos directivos y los centros se reduzca al mínimo posible», que se «reactiven las comisiones de escolarización como órganos de escolarización» y que se dé prioridad a la escuela pública, por lo que, ante la necesidad de supresión de alguna unidad en una zona o localidad, esta siempre debe retraerse de los centros no públicos antes de hacerlo en un centro público.
Añade que, «necesariamente, su temporalización debe contemplar que se facilite la realización en tiempo y forma de los procedimientos de provisión de personal docente».
ANPE garantiza que velará por que este procedimiento de admisión «priorice la escolarización en centros públicos, con un reparto equitativo y distribuido del alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos».
