Resulta
que en la Región de Murcia se roba agua, es decir, que hay quien extrae
agua -de pozos, en primer lugar- sin la debida concesión administrativa
y durante años.
Esto
se sabe de siempre, con escasa repercusión pública, ya que si el ladrón
es un personaje o una empresa grande difícilmente trasciende; y si
llega a tener eco, rápidamente actúa el “sistema” (autoridades, medios
de comunicación, tribunales) para hacer pasar suavemente el trago al
gran infractor ocultando mientras es posible su identidad, sea
individual, sea corporativa; el sistema prefiere ensañarse con los
errores o las trampas de los pequeños, que pagan de sobra con el sudor
de su pelea con la tierra el agua que puedan detraer.
Pero,
en general, el sistemático robo de agua pública, diverso en métodos y
geografías, pasa desapercibido porque quienes tienen que prevenirlo y
castigarlo no tienen por costumbre hacerlo.
Se roba agua todos
los días en la cuenca del Segura, y solo de vez en cuando -como viene
sucediendo con las piraterías descubiertas en los últimos años en la
sierra de Almenara- la opinión pública se entera y se indigna; que es
cuando ese coro cínico orquestado por la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) nos recuerda la desvergüenza de aquel policía pringado en
el negocio ilegal del juego en la inmortal película Casablanca (1942), y la imita, a la murciana, con este “¡Qué escándalo, hemos descubierto que aquí se roba agua!”.
Por esto, cosa bien hipócrita es la repercusión que ha tenido el
descubrimiento de que varios empresarios se llevan (cruda) el agua para
alimentar el (insultante) campo de golf del (deshabitado y arruinado)
resort del paraje de Villareal, una de tantas herencias –en este caso,
con la marca de aquel alcalde, Miguel Navarro, que tan fuerte llegó a
ser en el PSOE murciano y al que sus conciudadanos lo votaron
repetidamente- que nos ha dejado la gloriosa era de los pelotazos, los
convenios urbanísticos y la especulación general (y generalizada).
Porque
ahí, en ese entorno del tramo lorquino de la sierra de Almenara se ha
perpetrado -sigo las informaciones de prensa- un abultado y sostenido
robo de agua (extraída de una quincena de pozos ilegales y cinco
manantiales) durante 17 años y por un valor, digamos, ambiental, de 65
millones de euros, el valor de los dos millones de m3 extraídos en ese
tiempo, hasta dejar exhausto el acuífero rapiñado.
Lo bueno, es
decir, lo canalla del caso, es que después de participar la CHS en la
investigación del asunto, conjuntamente con el Seprona, su presidente,
Mario Urrea se ha sublevado contra los resultados, asegurando que esas
cifras, las del desfalco hídrico, no coinciden con “nuestra realidad
administrativa”.
Según
Urrea, solo existían nueve pozos ilegales, otros dos autorizados y
cinco manantiales también con autorización. Y que, en todo caso, el
abultado volumen extraído no puede conocerse porque, “evidentemente, al
ser ilegales, no tenían contadores", así como tampoco es posible
determinar la cuantía de los daños. ¡Olé tus cálculos, Mario Urrea!
Del inefable Urrea, que tan frecuentemente se muestra del lado de los
empresarios, recuerdo ahora su descaro de funcionario desleal cuando
daba garantías a la empresa aquella que quería volver a extraer hierro
en Cehegín.
Y
ahora vuelve a expresarse con semejante estilo, es decir, suavizando el
delito, cuando se enfrenta a los informes del Seprona por una
investigación que debiera haber realizado la CHS con sus servicios de
guardería (que sin duda conocían el asunto desde hace años) y le quita
importancia y dimensión al saqueo con argumentos muy similares a los que
utilizaría una sentencia emitida por un tribunal escorado al infractor
(como sucede tantas veces).
O
sea, que ni son tantos pozos los ilegales ni es posible evaluar el
monto del robo, material o económico: que se exagera, vamos.
No
es que confíe en que este revuelo vaya a llevarnos muy lejos, pero el
actual momento político-hidrológico parece más favorable para que al
menos vayan aclarándose algunos aspectos -con expectativas muy
moderadas, desde luego- acerca del latrocinio y el mafierío del agua en
esta conservadora, complaciente y subdesarrollada Región de Murcia.
Porque
parece que se aúnan ciertas fuerzas para señalar y sacarle los colores a
ese organismo estatal -hablo, claro, de la CHS-, desvergonzado e
irresponsable, enemigo de bienes públicos sagrados e irrecuperables y
consolidado nido de prevaricadores.
Lo
mejor de todo es que nuestros tribunales, cuando las denuncias van
contra esta CHS o cuando es evidente su responsabilidad incumplida en
tantos contenciosos del agua, toman como referencia documental
determinante los informes que se le solicitan y que ella misma aporta,
haciéndola en definitiva juez y parte.
En la denodada lucha -de
pocos y débiles, pero justos- llevada a cabo por defender el buen uso
del agua, principal recurso natural de la región, es la CHS la principal
enemiga a la que hay que enfrentarse: solamente leer y analizar las
contestaciones que da a las denuncias, ya ponen en evidencia la prosa
degenerada que ha ido elaborando, lanzándola contra el denunciante como
resumen de (1) malhumor por el atrevimiento, (2) instinto defensivo tras
quedar en evidencia, y (3) propósito de burlarlas tanto con las
artimañas administrativas como con su impunidad instituida.
Concentra esta CHS, con una estructura ingenieril funesta, una
incompetencia radical en su gestión del agua-vida, ya que para este
organismo se trata de agua-flujo, a entubar, trasvasar y encajar
contaminaciones como mal menor; y una caradura cementosa, a prueba de
bomba, de sus principales dirigentes.
Nada
de lo cual hace que siga siendo inaccesible a la reforma o a la
“limpieza” de indeseables, y que consiga salirse de rositas de todas sus
abominaciones como si no fuera la principal responsable del desastre:
del robo de agua, en primer lugar, ya que conociéndolo y teniendo como
obligación investigarlo, perseguirlo y sancionarlo, no lo hace con el
interés debido; y también de la degradación del recurso, lo que
repercute en la evolución de los manantiales y fuentes de las áreas
mejor dotadas.
A este papel desgraciado de la CHS hay que
adjuntar el de las autoridades autonómicas y municipales, comparsas de
la depredación, principalmente por su empeño en sacudirse deberes: para
ellas es la CHS la única responsable en los asuntos del agua, por lo que
se lavan las manos.
Así
que no se les ocurre ir contra ella, conociendo la situación provocada
por su despolítica y por no atajar los abusos diarios a cargo de
empresas y de la propia Administración regional.
La
alianza contra el agua es, así, cuádruple, con responsabilidades
directas proporcionadas y distintas, evidentemente: la CHS, la
Administración regional, los ayuntamientos y la sociedad global (desde
empresas hasta tribunales, pasando por medios de comunicación).
Concretamente, nuestros ayuntamientos, en esta tierra donde el agua es
objeto de todo tipo de insidias, no quieren saber nada del asunto, por
más que conocen muy bien, de primera mano y estando en primera línea,
los robos y las ilegalidades perpetradas diaria y sistemáticamente.
“El
agua no es competencia nuestra”, dicen, y se olvidan de su competencia
política, que los compromete a trabajar e implicarse en todos los
aspectos de la vida municipal, incluyendo el cuidado del medio ambiente y
los recursos naturales. Dejan de lado, en definitiva, su competencia
ética, sumergiéndose alegremente en la indiferencia.
Para
señalar, por ejemplo, a un ayuntamiento pasota, descreído e intratable,
no hay más que mirar al de Caravaca, concentrando la atención en su
alcalde, José Francisco García, caso paradigmático de indolencia ante el
atraco y el levantamiento del agua en su municipio, del desdén hacia
quienes sí se alarman de la evolución de fuentes y manantiales y de
clara enemistad hacia sus denunciantes, sabiendo ser -como este cronista
comprobó- vengativo y rencoroso frente a quienes ponen en evidencia las
miserias que más le escuecen.
El alcalde de Caravaca viene contemplando el trabajo del Consejo para la Defensa del Noroeste
-desde su creación en 2017, para proteger los recursos del acuífero, la
agricultura de los pequeños y la importancia del secano- con desapego y
hostilidad.
Y
ahora, cuando ya se puede constatar el agotamiento de la fuente de
Singla y el pésimo camino que llevan unas cuantas más, parece querer
apuntarse a la oleada de indignación que va levantándose por el pillaje
de las fuentes de su municipio a causa de los pozos salvajes de la
agricultura intensiva; y se ha atrevido a dirigirse a la manifestación
reivindicativa del pasado 15 de septiembre, en modo cínico y
oportunista, como si se acabara de enterar.
Me
viene a la memoria cuando, delante de mí y de otro representante del
Consejo del Noroeste, nos anunció, indignado, que multaría a la empresa
multinacional Moyca, instalada ilegalmente para producir uva
transgénica, con un millón de euros (o dos, no recuerdo bien: menuda
tontería, dirigida a dos testigos que necesitaba que se llevaran buena
impresión de él).
Pero la realidad es que no me consta que haya
adoptado ninguna medida en favor de la legalidad agraria en su
municipio, sino que ha consentido transformaciones ilegales del secano
al regadío y construcciones piratas de nuevas granjas porcinas; y ha
estado perfectamente enterado de que esas granjas no disponían de agua
legal y de que, por lo tanto, lo que harían sería obtenerla de pozos
ilegales (que, como las granjas y los trabajos de invernadero, por
cierto, también necesitan licencia municipal).
Gran consentidor
de este desorden en un consistorio volcado en festejos y
peregrinaciones, disimula ahora una despreocupación bien demostrada por
la ruina del principal recurso de su tierra; y -me dicen- ha anunciado
en esa aparición, de paripé y postureo, que denunciará a la CHS por no
sé cuántas cosas; también he sabido que advirtió a los oyentes que todo
esto hay que hacerlo “con rigor”, como si esa fuera la pauta a la que él
se ciñe y con la que piensa redimir a su municipio de las exacciones de
cada día.
Los antecedentes son imbatibles: este alcalde
pertenece al tipo de político que se allana ante los poderosos y los
organismos de su cuerda política, y por eso aparenta indignarse con la
CHS, que pertenece al Gobierno de Madrid, del perverso Pedro Sánchez.
Como
si no hubiera demostrado, año tras año, que su ejercicio político está
en perfecta consonancia con las maldades de las empresas agrícolas y
ganaderas, con la lenidad de la Consejería de Agricultura y, por
supuesto, con la negligencia de la CHS.
De modo que, si don
José Francisco quiere ganarse el respeto al que un alcalde debe aspirar
como guardián de derechos elementales de sus conciudadanos, como es el
del agua, decídase a actuar y trabajar, haga algún mérito y consiga que
quienes luchan de verdad, sin trampas ni medias tintas, lo puedan
considerar uno de los suyos.
Siendo,
como es, de obligada asunción el arremeter contra la CHS -lo que habrá
que loársele si llega a hacerlo-, también le corresponde hacer lo mismo
contra el Gobierno regional y, en realidad, contra sí mismo y su
corporación, por displicentes y tolerantes ante el desastre.
(Mientras
tanto, los que luchan de verdad por las fuentes y manantiales en
Caravaca, no necesitan invitar a este alcalde a figurar y desfigurar,
porque eso no lleva a ninguna parte).
(*) Ingeniero, profesor universitario y activista ambiental. Premio Nacional de Medio Ambiente
https://alteridadperiodicocultural.blogspot.com/2024/10/que-escandalo-aqui-se-roba-agua.html
