El presidente del BBVA pide a autonomías y municipios más transparencia y compromiso con el déficit

SANTANDER.- El presidente del BBVA, Francisco González, considera fundamental exponer con transparencia la situación financiera de todas las administraciones municipales y autonómicas, así como asegurar su compromiso con los objetivos de consolidación fiscal. "No puede haber voces discordantes", dijo.

   González sostuvo que es "muy urgente" completar las reformas en materia de disciplina fiscal, de reforma de cajas de ahorros y en materia laboral.

   El presidente de BBVA aseveró que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes para los acreedores de España, tal y como pone de manifiesto la elevada prima de riesgo del país "que limita el crecimiento y bloquea la creación de empleo".

   Cada cien puntos básicos de prima de riesgo suponen un coste extra para España de 12.400 millones de euros anuales, cantidad que equivale al 1,2% del PIB español, y permitiría financiar las inversiones en infraestructuras de 8.400 millones de euros y crear 160.000 puestos de trabajo, especificó González.

   Según indicó González, España no es Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, ha emprendido "algunas reformas", como la de las cajas, y ha dado pasos para reformar algunos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, "España sigue siendo motivo de preocupación para los acreedores", incidió el presidente del BBVA.

   "La economía española no puede asumir la prima de riesgo actual", sostuvo González, para quien la salida de la crisis es responsabilidad de todos los agentes. "Hemos perdido un tiempo precioso confiando en que la salida de la crisis se produciría por el cambio de ciclo", enfatizó.

   A su parecer, "España no ha encontrado aún el camino hacia la recuperación y la situación es especialmente delicada" porque a sus debilidades estructurales se unen las tensiones derivadas de la construcción europea.

   Sobre la reestructuración de las cajas de ahorros, abogó por finalizar rápidamente su saneamiento, "identificar a las más débiles, intervenirlas y subastarlas en condiciones de mercado" asegurando la entrada de gestión y capital privados solventes.

   El presidente de BBVA consideró que España tiene fortalezas, un gran potencial y una población extraordinaria "con capacidad de trabajo y dispuesta a hacer sacrificios para conseguirlo".

"La salida de la crisis es responsabilidad de todos y cada uno de nosostros", sostuvo.

   El ministro de Fomento, José Blanco, indicó por su parte, que el Gobierno ya tenía previstas tensiones en los mercados financieros en el mes de junio debido a las dificultades de Grecia, pero consideró que este escenario es compatible con las decisiones que está adoptando en materia económica.

   Las medidas para cumplir con el objetivo de déficit y para reformar las cajas de ahorros "van a contruibir a que la confianza en nuestro país sea cada vez mejor", dijo Blanco. "Espero que no sea necesario ningún 'Plan B'", agregó.

   Blanco que respondía así a las preguntas formuladas por los asistentes al curso sobre el sistema financiero fue replicado en este punto por el presidente del BBVA.

"Tenemos un 'Plan A', sólo hay que ejecutarlo rápido", le espetó González al ministro.

La junta de Barclays Bank aprueba al alicantino Pedro Solbes como consejero

MADRID.- La junta de accionistas de Barclays Bank, la filial española de la entidad británica, ha aprobado el nombramiento del ex vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía Pedro Solbes como nuevo consejero de la entidad, ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   La entidad anunció este mes el nombramiento de Solbes como asesor del grupo para temas internacionales y como miembro del consejo de administración en España, cargo este último que ha sido aprobado en la junta de este lunes junto al de Arnaud Thierry Jean Claude Schvartz y Deanna Watson Oppenheirmer.

   De este modo, el número de consejeros de la entidad se amplía hasta once. Asimismo, el banco ha reelegido como consejeros a Carlos Martínez de Campos y a Marcelino Oreja.

   Solbes es también miembro independiente del consejo de administración de la eléctrica italiana Enel, propietaria de Endesa, desde el pasado 29 de abril. Ministro de Economía entre 2004 y 2009 y comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios entre 1999 y 2004, Solbes engrosa la lista de políticos que, tras dejar su cargo, han pasado a desarrollar su actividad en la empresa privada.

Según el ministro Blanco, el Gobierno "podría haber hecho algo más" contra la burbuja inmobiliaria

SANTANDER.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha reconocido que el Gobierno socialista "podría haber hecho algo más" durante su primera legislatura para frenar la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento privado, pero consideró que en todo caso, la economía española estaba "destinada" a la crisis.

   "Podíamos haber hecho algo más a la hora de frenar el ascenso de la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento masivo del sector privado", afirmó Blanco, durante su intervención en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

   Blanco destacó que la crisis económica internacional puso de manifiesto los desequilibrios que la economía española "iba incubando" tras las grandes reformas de los años 80 y 90, provocando la caída "tan brusca" del empleo y de la productividad, pero que, "en todo caso, la economía española estaba destinada a sufrir una fase de angustia".

   El ministro de Fomento afirmó que durante el Gobierno del Partido Popular "no se hicieron reformas de gran calado" y que la única apuesta económica que se hizo fue el desarrollo del mercado inmobiliario, que, "en la práctica, nos ha conducido a la crisis actual".

   "Por eso, cuando se oye a algunos presumir en su currículum en materia de reformas, produce cierto sonrojo", apuntó Blanco, quien añadió que "ya no importa lo que hicieron unos y lo que los otros no logramos deshacer" y lamentó que "no haya una máquina del tiempo para volver atrás".

   El ministro de Fomento defendió las reformas económicas emprendidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre las que destacó, la reforma del sistema financiero, del sistema público de pensiones, así como la recién aprobada reforma de la negociación colectiva. Blanco animó a continuar con el desarrollo de todas ellas en en futuro.

   "Nunca antes la administración general del Estado había hecho un ejercicio similar de reducción, el resto de las administraciones, que también son Estado, tienen que contribuir con responsabilidad", reclamó el ministro.

   El ministro de Fomento pidió un "ejercicio de autocrítica" a todos los sectores implicados en la crisis económica, entre los que enumeró a los gestores públicos, los empresarios, los sindicatos y los responsables del sistema financiero.

   Por último, Blanco confió en que España "está en el camino de la recuperación", pero insistió en que para salir de la crisis "ya no vale el sobreendeudamiento de las empresas, ni el empleo precario, ni el endurecimiento del crédito, sino que se necesitan recetas de futuro".

El comité de empresa de Terra Mítica denuncia al parque

ALICANTE.- El comité de empresa de Terra Mítica ha denunciado ante la Policía al parque de atracciones por prohibirle, este viernes, realizar una asamblea informativa sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía quiere poner en marcha, según han informado en un comunicado fuentes sindicales.

   En la denuncia, interpuesta por la presidenta del comité de empresa, Patricia Escudero, se señala que el pasado viernes, a las 20.00 horas, había convocada una asamblea informativa para todos los trabajadores del centro, "que fue comunicada previamente, dentro de los límites legales, a la dirección de la empresa", en la que existe "una sala en las instalaciones habilitada a tal efecto".

   Continúa la denuncia al señalar que "en los momentos previos a la celebración de la reunión", Patricia Escudero recibió una llamada de la jefe de Recursos Humanos de la empresa en la que le dijo que no se puede llevar a cabo la celebración de la reunión para "evitar problemas".

   Expone la denunciante que otro miembro del comité de empresa recibió una llamada de la misma persona de Recursos Humanos en la que le advertía: "no se puede hacer la asamblea, hacerla cualquier otro día, me estáis obligando a abrir expediente disciplinario a todo el comité de empresa".

   Asimismo, se denuncia que cuando los trabajadores se disponían a entrar en la sala habilitada para realizar la asamblea, en la puerta se encontraban varias personas de Terra Mítica apuntando lo que los denunciantes piensan que eran "nombres y apellidos de los trabajadores que intentaban ejercer el libre derecho de reunión sindical".

   Esta denuncia ha sido remitida al juzgado número cinco de Benidorm, y se ha dado cuenta de eso hechos al Ministerio Fiscal, tal y como han señalado las mismas fuentes.

Alarte dice de Camps que su "verdadero movimiento es el del paro y la corrupción"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este domingo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es "antivalenciano" y ha considerado que su "verdadero movimiento es el del paro, el despilfarro y la corrupción".

   Alarte ha replicado esta forma a las declaraciones realizadas por Camps en Gandia, donde ha asegurado que le gustaría poner "en todas las calles de la Comunitat Valenciana una placa con el nombre de los cinco millones de valencianos" en conmemoración a "los héroes de la democracia y la resistencia que durante siete años aguantaron a Zapatero en pie con gallardía y con fuerza".

   Para Alarte, Camps "es antivalenciano porque ha dejado morir a más 32.000 valencianos y valencianas que tenían derecho a las ayudas de la Ley de la Dependencia y no ha querido resolver sus solicitudes; es antivalenciano porque deja abandonados a su suerte en sus casas a miles y miles de personas dependientes que precisan de ayuda a diario".

   Asimismo, ha considerado que es "antivalenciano porque condena a nuestros alumnos, a nuestros hijos y a las generaciones futuras a barracones, a menos maestros, al fracaso escolar y, además, intenta imponer sus valores ideológicos al conjunto de los cinco millones de valencianos y valencianas" y "porque no paga a las empresas valencianas, que son las que más tardan en cobrar de toda España, mientras se dedica a regalar el dinero de los valencianos y valencianas a tramas de corrupción que han campado a sus anchas en nuestra comunidad".

   En esta línea, el dirigente del PSPV ha añadido que el presidente de la Generalitat es "antivalenciano porque, en vez de perseguir a los corruptos, en vez de exigir explicaciones a los imputados e implicados del PPCV, se dedica única y exclusivamente a perseguir a quiénes denuncian la corrupción, protegiendo así a los delincuentes y participando de sus operaciones" y le ha advertido de que "su verdadero movimiento no es del de 1978, como dice, sino que su movimiento es el del paro, el despilfarro y la corrupción".

Compromís pide al PP que sea "consecuente" con el crucifijo y cumpla los mandamientos

ALICANTE.- El portavoz de la coalición Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Tomás Mestre, ha criticado la colocación del crucifijo en las instituciones valencianas y ha señalado que "ya que son tan creyentes y llevan los crucifijos como bandera, que al menos sean consecuentes y hagan caso de los mandamientos de la iglesia, como por ejemplo de aquel que dice no robarás".

   En un comunicado, Mestre ha lamentado esta iniciativa de los 'populares' que trata, a su juicio, de dividir a la sociedad, ya que "saben que vivimos en un estado laico y aconfesional" en el que se respetan las creencias de cada uno, aunque "no es lo más normal llevarlas a las instituciones".

   Por otra parte, el edil ha lamentado el intento de impedir que centenares de ciudadanos accedieran a la plaza del Ayuntamiento por "supuestas medidas de seguridad" durante la jornada de constitución del consistorio.

   Asimismo, ha recomendado al nuevo equipo de Gobierno de la 'popular' Sonia Castedo que "incluya al constructor Enrique Ortiz como delegado con competencias, de forma que, al menos, su gestión esté sometida a luz y taquígrafos, ya que es evidente que es una persona con mucha influencia en el ayuntamiento".

El PPCV amplía a Luna, Valenciano, Eva Martínez y el PSOE la denuncia por el informe 'La Corrupción de la Comunidad'

VALENCIA.- El PPCV ha presentado un escrito al juzgado de instrucción número 50 de Madrid en el que anuncia que amplía la denuncia que presentaron en su día por injurias contra el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por la presentación del informe 'La Corrupción de la Comunidad Valenciana', al diputado en las Corts Valencianes y exportavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna; a la secretaria de Política Internacional del PSOE y diputada en el Congreso, Elena Valenciano; a la autora del texto, Eva Martínez, y al PSOE como responsable civil.

   Así consta en el escrito presentado en el juzgado, firmado el 9 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el PPCV pide a este órgano que tenga por realizada la designación de abogado y procurador y como acusación particular al secretario general del partido en la Comunitat, Antonio Clemente, "como formación política perjudicada por los hechos objeto de instrucción".

   Asimismo, adjunta una serie de documentos, de cuyo contenido se desprende, según señala el escrito, que la presentación del informe se llevó a cabo en Madrid el 15 de marzo de este año en rueda de prensa y que participó no solo Alarte sino también lo hicieron Ángel Luna y Elena Valenciano.

   Entre la documentación, además de fotografías de la rueda de prensa y los contenidos de la web del PSOE, también adjunta la carta remitida por la coordinadora del informe, Eva Martínez, a instituciones públicas y privadas de toda España, donde, según el escrito, se describe este documento como "una recopilación sistematizada y rigurosa de los casos de corrupción de mayor trascendencia y en los que están implicados cargos de las instituciones de nuestra Comunidad", y en el que se incide en la consideración de las personas mencionadas como un "entramado que tiene como objetivo implantar un modelo político basado en al corrupción".

   El juzgado, en un auto de fecha 28 de abril, incoó diligencias previas y pidió la declaración de Alarte como imputado y de Clemente como denunciante, para lo que en ambos casos libró un exhorto al juzgado de sus respectivas residencias. El dirigente 'popular' declaró el pasado 31 de mayo en el juzgado de instrucción número 17 de Valencia, donde ratificó su escrito de denuncia contra Alarte por la publicación y difusión que se da al informe.

Pérez Fenoll: "Gema Amor no quiere a Benidorm y no ha sido capaz de estar a la altura"

BENIDORM.- El candidato del PP a la Alcaldía de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, ha señalado  después de que el Centro Democrático Liberal (CDL) de Gema Amor no apoyara la investidura del `popular' Antonio Pérez pese a haber cumplido sus exigencias, que ésta "no quiere a Benidorm y no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias".

   El líder de los 'populares' de Benidorm ha explicado en un comunicado que desde el pasado 22 de mayo y a la vista de los resultados electorales, el PP "ha intentado conseguir un pacto de gobierno con el CDL por todos los medios" y ha puesto como ejemplo que "es difícil que un partido asuma que la condición principal para alcanzar ese pacto de gobierno implique la renuncia a la Alcaldía de su candidato".

   "Pero para mí los puestos en política están muy por debajo de la siglas de un partido y las siglas de un partido están muy por debajo de los intereses de mi ciudad, por tanto, y sólo por responsabilidad, sólo cabía un camino, ceder a esa pretensión desmesurada y fuera del sentido común", ha indicado.

   Según ha resaltado, bajo esa premisa de responsabilidad "y sabiendo la nefasta gestión de --Agustín-- Navarro durante los últimos 18 meses" decidió renunciar a la candidatura, una decisión que, ha apuntado, le fue comunicada al CDL en torno a la 1 de la madrugada de este viernes y fue aceptada por sus dirigentes.

   Así las cosas, Fenoll ha señalado que a las 9.00 horas de este sábado estaba prevista una última reunión para cerrar el pacto y distribuir las áreas del equipo de gobierno y que, esa misma mañana, "la señora Gema Amor ha cambiado las condiciones que habíamos acordado la víspera y ha puesto encima de la mesa nuevas exigencias para poder justificar su negativa al pacto".

   A su entender, esas nuevas exigencias eran que el PP dirigiera la Alcaldía durante los dos primeros años y el CDL estuviera al frente de la misma el tercer y cuarto año.

   Para Manuel Pérez Fenoll, esto demuestra que Amor "nunca ha querido negociar con el PP y menos aún llegar a acuerdos, planteando siempre nuevas exigencias para forzar una negativa del PP".

   "Lo lamentable no es que no gobierne el PP o el CDL , lo lamentable es que Benidorm se vea condenado a la nefasta gestión de Agustín Navarro como ya ha demostrado en el pasado", ha resaltado el 'popular', que ha insistido en que el socialista "no tiene talante conciliador y ha menospreciado siempre a la oposición y si sigue actuando como hasta ahora seguirá engañando a todo el mundo".

   En cualquier caso, Pérez Fenoll ha manifestado que desde la oposición el PP seguirá "vigilante" y mantendrá una actitud colaboradora porque, ha concluido, "en estos momentos las mayores dificultades las tienen las personas".

Castedo advierte a los jueces sobre su nueva adquirida legitimación como alcaldesa

ALICANTE.- La nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha jurado el cargo reafirmando la legitimidad de su elección y recordando que "lo que las urnas han dicho no puede modificarse en otros lugares".

Castedo ha tomado posesión en un pleno marcado por las sonoras protestas de centenares de "indignados" en el exterior (cuyas pitadas se escuchaban dentro), que protestaban contra la corrupción tras conocerse las supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dentro del caso Brugal en el que aparece como implicada la alcaldesa popular.

"Considero necesario que entendamos que la política se dirime en los foros políticos y no en estamentos ajenos. Lo que las urnas han dicho no puede modificarse en otros lugares", ha leído en su primer discurso Castedo, que no ha sido escuchada por los dos concejales de EU, que al inicio de su intervención han abandonado el consistorio para unirse a los "indignados" de la calle.

Se ha dirigido a la oposición, formada por PSPV-PSOE, EU y UPyD, para que aparquen "el resentimiento permanente y el sobresalto, cuando no el odio" y les ha añadido que esos valores no son una buena estrategia como se ha visto en su "contundente voto de castigo", en referencia a la holgada mayoría absoluta del PP.

La intervención de Castedo, siempre con los pitidos de fondo, se ha producido después de la toma de posesión de los concejales, donde los socialistas han jurado o prometido añadiendo la coletilla de que velarán "por una gestión transparente y defender los intereses de los ciudadanos", en referencia implícita al caso Brugal.

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, ha cambiado el final por "defender a los trabajadores, el patrimonio, el valenciano y la memoria histórica" y su compañera de grupo ha prometido que luchará por "la honradez y dignidad" y los "derechos e intereses de los más desfavorecidos".

En declaraciones posteriores a los periodistas, la portavoz socialista, Elena Martín, ha lamentado que Castedo haya tomado posesión y no haya renunciado por "dignidad, ética y decencia" a raíz de lo conocido en el Brugal.

Los políticos corruptos del PP alicantino ya ni se inmutan ante los insultos en su cara de la gente

ALICANTE.- Los "indignados" concentrados en las calles aledañas a la plaza del Ayuntamiento de Alicante, vallada durante toda la mañana, han increpado al concejal, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, a su salida del pleno de investidura de Sonia Castedo.

Tras la sesión, Ripoll, imputado en una de las piezas del caso Brugal, ha abandonado el edificio por la puerta principal y a pie, y ha sido recibido en la calle por unos 300 simpatizantes del Movimiento 15-M con una cacerolada al grito de "corrupto", "chorizo" y "ladrón", entre otros calificativos.

Al enfilar la calle, acompañado por dos policías locales, un grupo de los allí concentrados se ha situado a su lado con pancartas, bolsas de basura y han arrojado a su paso billetes simulados de 500 euros.

En una situación tensa, el popular ha caminado hasta el cercano paseo de la Explanada de España y allí ha esperado durante varios minutos el coche oficial de la Diputación mientras que los "indignados" le rodeaban y le insultaban, sin que nadie le agrediera físicamente.

Esta escena cargada de tensión ha discurrido ante la atónita mirada de decenas de turistas que paseaban en este paseo turístico de la ciudad.

Los concentrados, que habían sido desalojados a las 7.30 horas de la plaza consistorial, habían proferido abucheos y gritos durante toda la mañana contra todos los concejales y cargos oficiales a su entrada y salida al ayuntamiento.

No se libró ni la candidata socialista, Elena Martín, quien al llegar antes de la toma de posesión de Sonia Castedo se acercó a los "indignados" aunque cambió de actitud pronto porque empezaron a corearle consignas tanto contra PSOE como PP.

El exalcalde y diputado autonómico Luis Díaz Alperi, del PP, también se ha visto afectado a su salida por la presencia de los indignados ya que ha permanecido casi veinte minutos esperando a que llegara un coche oficial para abandonar el ayuntamiento mientras que los manifestantes le increpaban.

En la espera, Díaz Alperi ha comentado a los periodistas que los "indignados" cada vez "tienen menos que ver con el 15-M" ya que cree que "son antisistema".

Los "indignados" han permanecido en los alrededores de la plaza hasta pasadas las 14 horas para esperar a la nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, aunque al final no la han visto.

Los "indignados" increpan a Ripoll y Alperi a las puertas del Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- Alrededor de 300 'indignados' han protagonizado una fuerte pitada en los aledaños del Ayuntamiento de Alicante, que este sábado por la mañana acogía el acto de constitución de la corporación municipal, y han abucheado a los numerosos políticos que se han dado cita, entre ellos al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, investigados en el caso 'Brugal'.

   Los 'indignados' han permanecido concentrados desde primeras horas de la mañana en la plaza de la Montañeta de Alicante, y de allí han partido hacia la plaza del Ayuntamiento de Alicante para seguir la llegada de las autoridades y de los numerosos invitados en el acto de constitución.

   Una vez allí, se han encontrado un amplio dispositivo de seguridad en torno al edificio consistorial, así como las calles aledañas cortadas al tráfico de vehículos y personas, lo que les ha obligado a dividirse en varios grupos en los accesos al Ayuntamiento, a ambos lados de la calles Jorge Juan y de la calle Mayor de Alicante.

   La sesión plenaria de constitución del Ayuntamiento, prevista a las 11.00 horas, se ha celebrado con total normalidad, si bien las pitadas de los concentrados podían escucharse en el interior del salón azul, que ha acogido el solemne acto.

   Los 'indignados' han permanecido durante horas a la espera de la salida de los invitados, y han centrado sus gritos en los políticos que están siendo investigados en el llamado caso Brugal.

   Así, uno de los primeros en abandonar el acto ha sido el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, que ha sido increpado duramente por los concentrados. Tras atravesar el perímetro acordonado, Ripoll ha sido rodeado y seguido por numerosos concentrados, que le han increpado duramente mientras caminaba a pie por varias calles anexas, en busca de su coche.

   José Joaquín Ripoll, que se encuentra imputado por varios delitos en el caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, ha mantenido en todo momento el semblante sereno y ha permanecido callado pese a las acusaciones de "corrupto" y los gritos que le pedían que se "fuera" que recibía, hasta que ha podido subir a su vehículo en la Explanada de España.

   A continuación, los 'indignados' han vuelto a los aledaños del Ayuntamiento, según ellos mismos han reconocido, a esperar la salida de otros políticos.

   El siguiente en salir ha sido ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, investigado igualmente junto a la actual alcaldesa, Sonia Castedo, en la pieza separada del caso Brugal sobre presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

   Díaz Alperi ha intentado evitar el encuentro con los manifestantes y ha intentado salir discretamente por la plaza de la Santísima Faz, a espaldas del Consistorio, pero los 'indignados' lo han visto y lo han rodeado, increpándole también con gritos de "chorizo" y "vividor", hasta finalemtene ha llegado un coche a recogerle.

    El vehículo oficial de la alcaldesa --el único que permanecía dentro del cerco policial, estacionado en el aparcamiento interior del Ayuntamiento -- ha abandonado rápidamente el Consistorio al filo de las 14.00 horas, por la misma calle del casco antiguo de la ciudad, evitando de este modo a los manifestantes.

Mercedes Alonso, elegida alcaldesa de Elche con los votos del PP y del Partido de Elche

ELCHE.- Mercedes Alonso ha sido elegida este sábado alcaldesa de Elche con los 14 votos de su grupo, el Partido Popular, y el apoyo del concejal del Partido de Elche. Los doce concejales del PSOE han votado a su candidato, Alejandro Soler. Por primera vez, los populares gobiernan en esta ciudad tras 32 años de sucesivos gobiernos socialistas.

   Así, con los votos favorables de los 14 concejales del PP y del edil del Partido de Elche, Mercedes Alonso, se convirtió hoy en la primera alcaldesa de Elche, dando además, también por primera vez en los 32 años de etapa democrática, la alcaldía del municipio ilicitano al PP.

   En su primer discurso con máxima responsable del Gobierno municipal, Alonso ha agradecido el apoyo recibido por el Partido de Elche y adelantó que "seguro que no defraudaré esa confianza y que estudiaremos en el futuro formas de colaboración".

   Alonso ha marcado como objetivos de su mandato que Elche tenga "horizontes muy altos", escuchando "lo que pasa en el mundo" y "mirando hacia dentro" para "cuidar a su gente, sin excepciones, y hasta el último detalle".

   Mercedes Alonso se ha dirigido a los jóvenes a los que aseguró que "trabajaremos para crear las condiciones que faciliten vuestra emancipación, para que encontréis empleo o seáis capaces de crear vuestra propia empresa".

   A las personas mayores les ha prometido "recompensaros todo lo que habéis hecho por nuestro municipio" y a las mujeres les dijo que "haremos todo lo posible para contribuir a hacer de la conciliación de la vida laboral y familiar una realidad".

    Alonso recibió el bastón de mando de la ciudad para los próximos cuatro años de la mano del concejal del PSOE, Antonio Rodes, que es el edil de mayor edad de entre los 27 que conforman la Corporación municipal.

   Lo hizo en una sesión en la que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche se quedó pequeño, con más de 200 invitados, y en una sesión en la que, por primera vez, la votación de para proclamar a la nueva alcaldesa se realizó a mano alzada. La nueva Corporación municipal ha quedado conformada por 14 ediles del PP, 12 del PSOE y uno del Partido de Elche.

   El edil del Partido de Elche en el Ayuntamiento de Elche, Jesús Pareja, explicó al término del acto de constitución de la nueva Corporación que su voto favorable a la proclamación de Mercedes Alonso como alcaldesa de la ciudad significa "que hay que hacer un llamamiento a la unidad de todos los grupos políticos".

   "Soy el primero al que no le gusta que las elecciones las haya ganado el PP porque me hubiera gustado ganar a mí, pero hay que estar más unidos que nunca", dijo Pareja que añadió que "eso no significa que el Partido de Elche vaya a apoyar todo lo que plantee el PP, sino que apoyaremos lo que consideremos que son buenas para Elche".

   El concejal del Partido de Elche consideró además que "el PSOE ha de arrimar el hombro en estos momentos" porque "ahora mismo lo importante no son los partidos, es Elche, las personas que tienen un montón de problemas, y ese ha de ser el objetivo".

"Nosotros, en principio, vamos a trabajar en la oposición, representando a los 6.000 ciudadanos que nos han votado y vamos a trabajar por Elche con la idea de ayudar con mayúsculas", destacó Pareja.

   Por su parte, el alcalde de Elche saliente, el socialista Alejandro Soler, afirmó a la conclusión del acto de constitución de la nueva Corporación que el PSOE realizará durante los próximos cuatro años una oposición "leal y constructiva con la ciudad" para "defender los intereses de los ciudadanos y para controlar y fiscalizar la actuación municipal".

El socialista Agustín Navarro, elegido alcalde de Benidorm con los votos de su partido

BENIDORM.- El candidato del PSPV, Agustín Navarro, ha sido elegido hoy con los votos de sus compañeros de partido alcalde del municipio alicantino de Benidorm. Gobernará en minoría.

   El candidato del PP ha sido finalmente el número tres de la lista, Antonio Pérez, tras la renuncia de número uno de la lista del PP, Manuel Pérez Fenoll, y la número dos de la lista, Yolanda Espinosa, que ha cosechado los votos de los once concejales del PP. 

   Por su parte, los tres ediles electos del Centro Democrático Liberal (CDL) han votado a su candidata, la ex popular Gema Amor.

El candidato de Los Verdes, Monserrate Guillén, alcalde de Orihuela con el apoyo del PSPV y CLR-CLARO

ORIHUELA.- El candidato de Los Verdes, Monserrate Guillén, ha sido elegido este sábado alcalde de Orihuela con los votos de los 3 concejales de su partido, el apoyo de los 6 ediles socialistas y los 4 del partido CLR-CLARO, que han retirado sus propias candidaturas.

   Los doce ediles del PP, por su parte, han votado a su candidata, Mónica Lorente.

Sánchez de León dice que el Consell no negociará "en la calle" el modelo lingüístico al no creer en "política callejera"

VALENCIA.- La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha afirmado este viernes que la Generalitat no negociará "en la calle" el modelo lingüístico valenciano ya que no cree en las "políticas callejeras" y sí "en las serias, de rigor y en las que se desarrollan dentro de las instituciones y por quien tiene la responsabilidad".

   Sánchez de León ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada por si la Generalitat tendrá en cuenta la manifestación convocada por Escola Valenciana este jueves contra el proyecto de decreto de la Conselleria de Educación que elimina la línea educativa en valenciano y crea un único modelo en castellano, valenciano e inglés, y a la que asistieron unas 15.000 persona en Valencia.

   La consellera ha recalcado que el proyecto de decreto es una "decisión del Consell" que ha entendido "desde el primer momento que durante 20 años se había trabajado en la Comunitat por la implantación del valenciano en todo el sistema educativo y por hacer de él una lengua vehicular, y así se ha producido y lo hemos conseguido".

   Ahora, según ha dicho, ante "una nueva demanda social, se ha decidido dar un paso más y seguir trabajando con la implantación de idiomas y avanzar en el inglés porque así lo exige la sociedad". Sánchez de León ha incidido en que ésta es "una decisión del Gobierno, que nada tiene que ver con el valenciano" porque seguirán "como hasta ahora, apoyando e impulsando la educación en valenciano".

   "Simplemente hemos incrementado la enseñanza en inglés", ha dicho, para añadir que "cualquier padre puede entender que las sociedades y necesidades evolucionan y cualquiera desearíamos que nuestros hijos conocieran cuantos más idiomas mejor, y el inglés es necesario para el desarrollo profesional y personal de los jóvenes de ahora".

   Preguntada por si el Consell buscará el consenso como con la Llei d'Ús i Ensenyament o impondrá el modelo de manera unilateral, ha subrayado que el Gobierno valenciano "toma sus decisiones e iniciativas y siempre en todas ellas escucha a los interlocutores y trata de buscar consenso". No obstante, ha abogado por "diferenciar la manipulación política de determinadas posiciones del consenso real de las políticas a aplicar" y se ha mostrado "segura de que en los foros y mesas de negociación donde corresponda, el Consell negociará la aplicación de un política educativa tan importante y beneficiosa como es ésta".

   "En la calle no lo vamos a negociar porque nunca lo hemos hecho, no es el foro y no creemos en las políticas callejeras y sí en las serias, de rigor y en las que se desarrollan dentro de las instituciones y por quien tiene la responsabilidad", ha advertido.

   Asimismo, preguntada por si el nuevo conseller que sustituya a Alejandro Font de Mora tendrá margen de maniobra o seguirá adelante con el borrador de decreto, ha resaltado que el anterior titular de Educación "forma parte de un gobierno que ha permanecido unido y que toma decisiones de manera unánime". Por ello, ha aseverado que el conseller que ocupe este departamento "seguirá con las mismas políticas puestas en marcha porque no son aisladas ni personales sino decisión de gobierno".

Alertan de que las administraciones públicas se están financiando con el retrasao de pagos a los proveedores

BARCELONA.- La Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (Asset) ha alertado de que las demoras de pago de las administraciones a sus empresas proveedoras está provocando cierres por falta de liquidez.

   En la asamblea anual de Asset, el presidente de la entidad, Josep Badia, ha defendido que para salir de la crisis "hay que hacer muchas cosas, la primera, cumplir las leyes, por ejemplo la ley de morosidad".

   En este sentido, ha argumentado: "No podemos permitir que nuestras empresas substituyan, de facto, a las entidades financieras como entes financiadores de la Administración pública".

   Por otro lado, Badia ha abogado por la simplificación administrativa, y en este sentido ha celebrado la ley omnibus impulsada por la Generalitat.

   Asimismo, ha reivindicado: "Las empresas precisan que las leyes sean claras, duraderas y den pie a pocas interpretaciones. Es por eso que, leyes como la Reforma Laboral y también la de la Reforma de la Negociación Colectiva, que se pueden convertir en normas abstractas, difusas, poco concretas y poco perdurables en el tiempo, hacen un flaco favor a la recuperación económica".

La Audiencia de Alicante dice que la ejecución de una vivienda no impide que el banco persiga más bienes

ALICANTE.- Los magistrados del orden jurisdiccional civil de la Audiencia Provincial de Alicante consideran que "con la ley en la mano" la ejecución hipotecaria de la vivienda por la que se solicitó un préstamo por parte de una entidad financiera "no impedirá" que esta se dirija contra otros bienes del deudor para saldar la deuda.

   La Audiencia ha llegado a esta conclusión tras mantener una reunión sus magistrados del orden jurisdiccional civil para unificar criterios sobre distintos temas que habían sido planteados por jueces, abogados y procuradores, según ha informado en un comunicado la Audiencia alicantina.

   La reunión ha sido presidida por el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y en la misma se han adoptado 20 criterios que serán enviados a los jueces decanos de la provincia para su traslado a los jueces y a los colegios de abogados de Alicante, Elche, Alcoy y Orihuela y de procuradores de Alicante y Elche, así como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   Entre otras cuestiones, se ha tratado el tema relativo a las ejecuciones hipotecarias que solicitan los bancos contra aquellas personas que no han pagado los plazos de su hipoteca sobre el inmueble y en las que el banco o caja solicita al juzgado la entrega del inmueble tras subasta.

   En estos casos se ha planteado el problema de si pese a que se acordaba la entrega del inmueble podría la entidad bancaria perseguir más bienes hasta cobrar el importe total de la deuda, o se entendía que quedaba satisfecha esta con la entrega del inmueble sobre el que recaía la hipoteca no pagada.

   En este sentido, se ha analizado el primer auto dictado sobre esta materia por la Audiencia Provincial de Navarra en el que se entendía que "con la entrega del inmueble ya no se podrían perseguir más bienes del deudor", pero que fue posteriormente modificado por otro auto de la misma Audiencia.

   En este tema, "las Audiencias entienden que debe aplicarse claramente lo que establece al efecto la Ley procesal española, que no es otra cosa que admitir que la ejecución hipotecaria no impedirá la continuación del procedimiento de apremio hasta la íntegra satisfacción del crédito en los términos cuantitativos que estén adeudados pudiendo dirigirse el banco contra otros bienes del deudor".

   Se ha entendido que, "con la ley en la mano, que es a la que deben sujetarse los jueces, no cabe otra respuesta, y que debe ser el legislador el que, si se entiende que debe limitarse la capacidad de cobro del banco al piso hipotecado, sin poder perseguirse más bienes, debería recoger esta opción en la ley".

   Así, el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante ha señalado que "aunque desde un punto de vista dialéctico pueda parecer que con la entrega del inmueble al banco se debería entender saldada la deuda, ya que ésta se constituyó al pedir el préstamo sobre ese inmueble que se ha perdido, y que no debería admitirse que se siga reclamando hacia otros bienes del deudor cuando ya se ha perdido el bien hipotecado, el juez está sujeto al imperio de la ley y cuando esta no distingue no se puede distinguir".

   "La Ley en este sentido es clara, por lo que el tema debe estar en el tejado del legislador sobre el que debe recaer la opción de seguir admitiendo esta opción o modificarla, ya que el papel del juez no es el de legislador, sino el de aplicador del derecho, y menos cuando lo que la ley señala es claro", ha indicado Magro, quien ha destacado que "el juez puede interpretar la norma cuando ésta no es clara o difusa pero tras estudiar este caso se ha entendido que es inviable seguir otro criterio que el sustentado en la línea expuesta".

Sánchez de León asegura que el límite para aceptar regalos "lo marca la ética y la moral de cada uno"

VALENCIA.- La consellera portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha asegurado este viernes que recibir regalos "por Navidad y en determinadas efemérides" es "un uso social en este país", que no es "una cuestión del Consell", y ha resaltado que el límite "no está legalmente marcado" sino que lo establece "la ética y la moral de cada uno, y en este Gobierno tenemos muy claro dónde está".

   Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras ser preguntada por las declaraciones realizadas recientemente por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien, tras el levantamiento del secreto sumarial en relación con el 'caso Brugal' y la parte relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aseguró que era normal aceptar regalos por Navidad.

   "No es una cuestión del Consell. Los usos sociales y regalos por Navidad y determinadas efemérides es un uso social en este país y el límite no está legalmente marcado. Lo marca la ética y la moral de cada uno y en este gobierno tenemos muy claro donde está ese límite", ha manifestado.

   Preguntada por si las conversaciones grabadas por la Policía al empresario alicantino Enrique Ortiz, investigado en el caso, van a afectar a la tramitación del PGOU, Sánchez de León ha señalado que, hasta la información de que dispone, porque no quiere "distorsionar el tema", "las conversaciones nada tienen que ver o no tienen ningún reflejo en el PGOU y eso demostrará que no existe delito".

   Según la portavoz del Consell, el planeamiento urbanístico alicantino "ha seguido un trámite ordinario y los cauces que ha tenido que seguir", al tiempo que ha descartado hacer ninguna otra valoración porque no quiere "alimentar discursos interesados". No obstante, para la consellera, "cualquier conversación telefónica descontextualizada y cortada a trozos, puede dar lugar a cualquier interpretación que cualquiera quiera dar".

   En todo caso, la portavoz del Consell ha resaltado que en España "existe un derecho que prevalece sobre los demás, que es la presunción de inocencia, que todo el mundo debe respetar" y ha abogado por "respetarlo y dejar que las cosas se vayan explicando donde corresponde y por quien corresponde".

   En su opinión, "hemos excedido lo que es la normal contienda política y hemos pasado una línea y entrado en el juego de la acusación y del debate de la judicialización y me gustaría que el inicio de la legislatura empezara entre todos, contribuyendo a que se resuelva en los tribunales lo que es de ahí y de los políticos lo que es de los políticos".

   En el mismo sentido se ha pronunciado sobre las informaciones publicadas sobre presuntas irregularidades en las ayudas a la cooperación valenciana por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía,  y ha resaltado al respecto que el titular de este departamento, Rafael Blasco, "explicó y ha explicado con papeles y todos los datos y justificando hasta el último detalle la actuación de la Conselleria". En todo caso, ha recalcado que el Consell "tiene plena confianza en todos sus miembros y especialmente en Blasco".

   En esta misma línea, ha vuelto a invocar la "presunción de inocencia", la "proporcionalidad y mesura" en las declaraciones y a solicitar que "en aras a la normalidad y buen funcionamiento de las instituciones en esta legislatura", es necesario centrarse "en los problemas de los ciudadanos, en el empleo y la crisis y salir de la situación a la que nos ha llevado Zapatero".

   La consellera ha lamentado que se ha llegado a un final de legislatura "marcada por la crispación, el insulto y la acusación permanente" y ha instado "invocando la responsabilidad de todos, a hacer un ejercicio de prudencia, normalidad, democracia y sentido común y devolver la normalidad al discurso político".

   Preguntada por si el Gobierno valenciano hacen alguna investigación de sus miembros cuando conoce alguna presunta irregularidad, ha señalado que de lo que se preocupa el Consell es de  "cuando hay una acusación de irregularidad que queda en nada y una sentencia absolutoria es saber por qué ha pasado eso y saber qué podemos hacer y por qué se hacen acusaciones de irregularidades que no confirman los tribunales y distorsionan la vida política".

   "El gobierno tiene plena y absoluta confianza en cada una de las personas que lo conforman", ha dicho, para añadir que las responsabilidades que pueda exigir el Consell a sus miembros "es cuestión del Consell".

"Lo que nos preocupan son las falsas acusaciones", ha sostenido, y ha considerado que a los ciudadanos "lo que les interesa es que demos soluciones a su situación, que generemos empleo y que hagamos lo que esté en nuestras manos para que Zapatero convoque elecciones anticipadas y se pueda poner fin a esta situación de absurdo y despropósito de estos años".

   Para Sánchez de León, "ése es el mandato que nos han dado en las últimas elecciones, que han dado el mandato al PP porque creen en esta forma de hacer política y es con la que vamos a continuar". Al mismo tiempo, ha resaltado que intentarán que ésta también sea "la forma que esté en el Gobierno de España y podamos poner fin a esta situación vivida en las últimos años que solo tiene un culpable", ha reiterado.

Llamazares dice que "en Valencia buscan el perdón de los pecados pero tienen que responder a la justicia"

MADRID.- El diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, ha advertido este viernes de que los diputados de las Corts Valencianes que están imputados aún tienen que responder ante la justicia, a pesar de que "algunos intenten el fácil subterfugio del perdón de los pecados", en referencia al crucifijo que ha colocado en su mesa el presidente del Parlamento, Juan Cotino.

   "A pesar de que algunos intenten el fácil subterfugio del perdón de los pecados, queda todavía la decisión de la justicia, que no se sana ni siquiera con el resultado electoral, y por tanto va a seguir abierta la causa que afecta a casi una docena de diputados de la Cámara valenciana", ha señalado Llamazares en rueda de prensa en la Cámara Baja.

   En cualquier caso, el diputado considera que comportamientos como el de Cotino, al colocar una cruz en la zona presidencial de las Cortes valencianas, ocurren "porque quiere el Gobierno", ya que ha recordado que su partido ha presentado iniciativas en el Congreso con el objetivo de que esto no ocurra.

   "No será por veces que hemos propuesto ante la Cámara que, bien dentro de la Ley de Libertad Religiosa, bien dentro de iniciativas singulares, para que estas cosas no se produjeran, que no se jurase el cargo de ministro, por ejemplo, con la presencia del crucifijo o que no se realizasen este tipo de actos de toma de posesión con la presencia del crucifijo en el Parlamento valenciano", ha apuntado.

   Según Llamazares, "nadie prohíbe las creencias", pero opina que "en un Parlamento de un país aconfesional" se debe prometer o jurar un cargo "ante la Constitución o ante los textos civiles, independientemente de la confesión religiosa".

El beneficio neto de las cien principales empresas de la Comunitat cayó un 73,26% en 2009

VALENCIA.- El beneficio neto de las cien principales empresas de la Comunitat Valenciana en 2009 asciende a 142 millones de euros, lo que supone una caída del 73,26 por ciento --388 millones de euros-- respecto al ejercicio anterior, según el estudio 'Comunidad Valenciana, S.A.' realizado por la auditora KPMg. 

   Otra de las conclusiones es que la "rigidez" del mercado laboral ha costado a las empresas, en dicho periodo, más de 200 millones de euros, ya que las ventas disminuyeron en ese ejercicio un 15 por ciento y los gastos de personal, un 7 por ciento.

    No obstante, el coste de personal sufrió una caída del 7,06 por ciento respecto al ejercicio anterior, de modo que 67 de las 100 empresas analizadas redujeron el número medio de empleados en 3.930, un 7,67 por ciento. Los sectores más afectados fueron materiales de construcción y varios, con una reducción de plantilla media de 934 y 1.004 empleados respectivamente.

   Por primera vez, han indicado en rueda de prensa los responsables del estudio, que en esta ocasión llega a la décima edición, el importe neto de la cifra de negocios se ha reducido respecto al ejercicio anterior.

   La cifra de negocios de la Comunidad Valenciana S.A. alcanzó en 2009 los 13.945 millones de euros, lo que supuso una reducción del 15,02 por ciento respecto al ejercicio anterior. Esta reducción fue generalizada en todos los sectores, excepto en el sector mayorista.

   El margen neto, es decir, el beneficio expresado como porcentaje sobre las ventas se redujo un 68,42 por ciento, hasta situarse en el 1,02 por ciento en 2009, respecto al 3,23 por ciento de 2008. El resultado neto empeoró en el conjunto de las actividades analizada, si bien el sector de Construcción e Inmobiliaria sufrió la caída más significativa, junto con el de Materiales de Construcción y Varios.

   La rentabilidad financiera --relación entre el resultado neto y el patrimonio neto-- de las cien mayores empresas de la Comunidad Valenciana ha sufrido un importante retroceso con respecto al ejercicio anterior, situándose en un 2,73 por ciento en 2009 frente al 10,24 por ciento del ejercicio anterior, lo que supone una caída de 7,51 puntos porcentuales, motivada en su mayor parte por la fuerte caída sufrida en los sectores de Construcción e Inmobiliario, Materiales de Construcción y Varios, aunque el descenso es generalizado en todos los sectores. Los más rentables fueron Componentes de Automoción, Químico y Varios.

   No obstante, sí hay datos positivos. Así, 26 de las 100 empresas consiguieron incrementar su cifra de ventas; 39, mejorar su resultado neto y únicamente 35 de las 100 empresas que forman parte de 'Comunidad Valenciana S.A.' tuvieron pérdidas.

   El total de activos del conjunto de las empresas analizadas se redujo el 8 por ciento respecto al ejercicio anterior. Las partidas de existencias y cuentas a cobrar fueron las que más cayeron. Asimismo, destaca la reducción de la partida de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias, partida de mayor peso del activo agregado que deja entrever un menor ritmo en las inversiones que ha sido inferior a la amortización y las desinversiones del ejercicio.

   El nivel de endeudamiento, entendido como la relación existente entre los recursos ajenos y el patrimonio neto también disminuyó con respecto al ejercicio anterior, debido a una reducción de las deudas con entidades  de crédito de un 26 por ciento en términos relativos.

   En cuanto al fondo de maniobra de las principales empresas, éste se situó en 2009 en 2.128 millones de euros, lo que "evidencia el equilibrio de la estructura financiera y una gestión adecuada de los líderes", según el estudio.

Villena será la mayor localidad de España gobernada por Los Verdes

ALICANTE.- La localidad de Villena será este sábado el mayor municipio gobernado por un alcalde de Los Verdes en toda España, Francisco Javier Esquembre, tras el acuerdo de legislatura alcanzado por esta formación, PSPV y Villena Centro Democrático, según han confirmado en un comunicado fuentes de esta formación.

   Los comicios municipales arrebataron al PP la mayoría absoluta, que se queda con diez concejales, frente a los once ediles que suman el resto de las formaciones que concurrían a las elecciones, lo que les permitirá gobernar en coalición a partir de este sábado.

   El partido de Los Verdes, con cinco concejales, se ha convertido en la segunda formación más votada del municipio, mientras que el PSPV ha obtenido cuatro y Villena Centro Democrático se ha hecho con dos ediles.

   Francisco Javier Esquembre, médico de profesión y cooperante internacional, se convertirá de este modo en el primer alcalde de una localidad de este tamaño. En la actualidad, Villena cuenta con una población de 36.000 habitantes, según han recordado fuentes de Los Verdes.

   En los últimos años en Europa está teniendo auge el 'ecologismo político' a través de los diferentes partidos 'verdes', que hace más de 25 años convirtió a Villena también en la primera ciudad que obtuvo un concejal verde.

   Al respecto, las mismas fuentes han recordado que Los Verdes de Villena participan en el proceso de constitución de un proyecto 'verde' estatal, a través de la constitución de un partido nacional de la mano de la Fundacion EQUO.

El fiscal considera que Salvetti pudo modificar el PGOU a cambio de contratos para el despacho

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante considera que el despacho Salvetti Abogados, administrado por Francisco Javier Gutiérrez Miguelez --colaborador externo en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante--, y por José Luis Castedo Ramos --hermano de la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo--, habría modificado el PGOU para favorecer al empresario Enrique Ortiz a cambio de ser contratado para realizar gestiones para una empresa participada por Ortiz y de "un porcentaje y un fijo en todo".

   El sumario de la pieza separada del caso Brugal que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, contiene unas diligencias previas en las que el acusador público sostiene que el informe policial realizado en esta causa "pormenoriza una serie de conversaciones que incidirían en la presunta información privilegiada y consecución de los intereses urbanísticos a favor de Enrique Ortiz" y de su socio en Deproinmed, José Cortina --directivo de Bancaja--, por Francisco Javier Gutiérrez --ex concejal socialista en el ayuntamiento de Alicante-- y José Luis Castedo Ramos.

   En este sentido, el informe policial destaca dos actuaciones concretas en las que "parece ser" que a través de los administradores de Salvetti Abogados "se han podido realizar beneficiosas modificaciones en la redacción del PGOU" de Alicante y se ha obtenido y aprovechado "información privilegiada referida al mismo", por la que la sociedad "se ha visto retribuida", como "contrapartida", con "diferentes pagos".

   Así, el informe refiere un pago de 69.600 euros realizado en 2009 por Deproinmed a Salvetti Abogados por sus gestiones, entre las que destaca la información que Javier Gutiérrez pudo aportar a Ortiz sobre zonas susceptibles de ser recalificadas en el Plan, a raíz de una conversación entre el empresario y Gutiérrez, en julio de 2008, en la que el primero solicita al segundo que le consiga alguien que "le venda barato un suelo" en la pedanía alicantina de Fontcalent.

   El documento de la Policía contiene una conversación en la que Ortiz le pregunta a José Cortina si tiene terrenos en Fontcalent, considerado parque natural sin adscripción a ninguna zona urbanizable del PGOU, de la que se desprende la intención del empresario de hacer "el negocio del siglo" consiguiendo, "al más alto nivel", la adscripción en ese suelo.

   Así, en una conversación entre Ortiz y Cortina del 12 de octubre de 2009, el empresario le indica a su socio que se puede "conseguir meter tres millones" de metros cuadrados en Torres de la Huerta "adscritos" a Fontcalent, porque "al final de la película, es que vamos a tener que hacer un estadio con parte de esos beneficios".

   Tras esta conversación, Ortiz telefonea a Javier Gutiérrez para consultarle la viabilidad de adscribir suelo a Torres de la Huerta, a lo que Gutiérrez contesta que sí, que es zona estaba contemplada como "un plan comodín".

   Además, el 22 de octubre de 2009, en una conversación telefónica intervenida por la Policía, Gutiérrez informa a Ortiz de que el porcentaje "que va" en Fontcalent es del "0.33", en referencia a los metros que hacen falta en Fontcalent para conseguir un metro de techo en Torres de la Huerta, tema que el propio Ortiz trata por teléfono ese mismo día con José Luis Castedo.

   También destaca el sumario el pago de 58.000 euros realizado por el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda a Salvetti Abogados por hacer una alegación al PGOU sobre unos terrenos en la zona del Rambuchar, que habrían sido incluidos en el nuevo Plan.

   Así, el sumario recoge una conversación entre Ortiz y Salvador, de agosto de 2008, en la que Ramón Salvador pregunta al empresario por la identidad del abogado urbanista que ha redactado el PGOU, a lo que Ortiz contesta que "un equipo de Javier Gutiérrez".

   Ortiz le pregunta a Salvador si se ha ocupado de hablar con Javier Gutiérrez para que "metan" los terrenos de esa zona en el PGOU, a lo que Salvador contesta que "claro". "Pues entonces estará metido", responde Ortiz.

   El informe de la Policía destaca que en la factura que Salvetti Abogados le pasa a Ramón Salvador "en ningún momento el concepto del trabajo remunerado es relacionado con la elaboración de una alegación al PGOU", sino que hace mención a la tramitación "de los instrumentos de gestión y ejecución del Plan Parcial para el desarrollo del sector Valle Del Sabinar de San Vicente del Raspeig (Alicante)", lo que podría evidenciar "un interés en desvincular la factura emitida con la gestión de asesoramiento efectuada".

   Además, la Policía destaca el pago de 32.000 euros realizado por Salvetti Abogados a Alfonso Mendoza Quesada --actual delegado de Urbanismo de la Gerencia de Urbanismo de Alicante--, cuando trabajaba como responsable jurídico del equipo técnico Laboratorio de Proyectos SLP, equipo redactor del PGOU de Alicante, bajo las órdenes de Jesús Quesada.

   También resalta el informe policial otro pago de 64.960 euros efectuado por Salvetti Abogados a Laboratorio de Proyectos SLP, sobre el que incide la Policía en que "hay que tener en cuenta que Javier Gutiérrez es colaborador externo del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

Ortiz presuntamente aceptó mediar entre Cortina y Castedo para que no hubiera VPO en Pino Ruaya

ALICANTE.- Los investigadores del caso Brugal consideran que hay indicios sobre la presunta mediación entre el empresario alicantino Enrique Ortiz en favor del consejero delegado de Bancaja Hábitat, José Cortina, para que el constructor "hiciera una gestión urgente con la alcaldesa de Alicante", Sonia Castedo, "referida a la actuación urbanística de Pino Ruaya y versaría sobre la obtención de información que beneficiaría a sus intereses, relativa a conocer la exclusión de vivienda protegida" en esa zona.

    Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal,  José Cortina se puso en contacto con Enrique Ortiz para pedirle que mediara con Sonia Castedo con el fin de tener "información que beneficiaría a sus intereses, relativa a conocer la no inclusión de vivienda protegida" en Pino Ruaya, "tal y como ponía en la última ficha del planeamiento, tras las primeras alegaciones".

   A este respecto, según añade, Enrique Ortiz, "conocedor de primera mano de aspectos relacionadas en el Plan General, informa a José Cortina de que el otro día se reunió, pudiendo referirse una vez más a la reunión mantenida con Sonia Castedo y otras personas el 20 de mayo de 2009, en el Ayuntamiento de Alicante, que tiene conocimiento de que ni en la actuación de Pino Ruaya ni en la del PAU 3, ni en la del APA 9 hay vivienda protegida, aludiendo a un pacto al respecto".

   Según los investigadores, en el sector Pino Ruaya "cabe decir que en las fichas de planeamiento y gestión del sector referido correspondientes al Plan General revisado y al posteriormente aprobado provisionalmente se observan evidentes diferencias".

   En primer lugar, según apunta, "en el plan general revisado se contempló este sector como suelo urbanizable sin ordenación pormenorizada y se denominó UZO-2 Sector Ruaya", pero "el plan general aprobado provisionalmente cambió la denominación y clasificación del suelo de dicho sector", que se definió como "urbanizable del planeamiento anterior y cambió la nomenclatura a UZA-7 Sector Pino-Ruaya".

   Además, "en cuanto al parámetro de viviendas sujetas a algún tipo de protección, en el plan general revisado se contemplaba un 30 por ciento y en el plan general aprobado provisionalmente desapareció dicha condición".

   De este modo, "en la segunda aprobación provisional en la ficha de planeamiento aparece únicamente una cláusula general que indica que dicho porcentaje se establecerá en al aprobación del planeamiento de desarrollo o según lo establecido en el programa municipal de vivienda protegida, por lo que inicialmente en la primera aprobación sí confirmaba lo dicho por Enrique Ortiz, actualmente no se puede corroborar en cuanto al acuerdo llegado para eliminar la vivienda protegida".

   Igualmente, el propio informe reconoce que en el PAU 3 y en el APA 9 "se incluía en el parámetro de condiciones sociales vivienda de protección oficial en un porcentaje igual o mayor al 30 por ciento".

   Por ello, los investigadores argumentan que se "hace del todo necesario comprobar fehacientemente, al menos el porcentaje de reserva de vivienda protegidas de los sectores PAU 3, APA 9 y UZO-2 sector Ruaya --actualmente UZA-7 Sector Pino-Ruaya--".

   De este modo, pide al juzgado instructor de la causa que expida un mandamiento judicial, dirigido al Ayuntamiento de Alicante, para que "faciliten de manera inmediata" a los agentes "cualquier documento o información de cualquier tipo de formato que refleje al menos el porcentaje de reserva de viviendas protegidas de los sectores" mencionados".

   La policía destaca además que estos porcentajes "deben comprender todas las fases por las que se ha desarrollado el nuevo PGOU, desde su inicial revisión hasta su segunda aprobación provisional y hasta la actualidad".

  En la conversación entre Cortina y Ortiz, el directivo de Bancaja le pide al constructor "una gestión urgente, tú con Sonia", respecto a Pino Ruaya, donde no quería que se contemplara la construcción de vivienda protegida porque sus socios "están intranquilos" ante esta posibilidad.

   Según el informe, Cortina le dice a Ortiz: "nuestro socio, los de Terra están intranquilos y quieren o presentar la alegación o que nos confirme, y te lo tiene que confirmar a ti Sonia, porque a mí no me lo va a decir, que lo que están poniendo en la revisión del plan es así, que no hay VPO, y que vamos a poder tramitar en paralelo al plan general el Plan Parcial de Pino Ruaya, aunque tengamos que empezar desde cero de nuevo, parai que vaya corriendo conforme corre la tramitación del plan general, esas dos cosas, que fue lo que nos dijo Sonia".

   Cortina insiste en la conversación: "que te lo confirme a ti, yo creo que tú puedes decirle, mira Sonia, esto va a ser en compañía, dime que eso es así, que no hay VPO y que podemos tramitar en paralelo al plan general, que fue lo que nos dijo Sonia y José Luis Ortuño a mí, ¿eh?, lo que pasa es que, claro, luego ellos al final han avanzado y tal. Que te lo confirme Sonia y ya está".

   Ante estas peticiones, Ortiz le propone: "voy a hacer lo siguiente, vale, porque como tuvimos una reunión con Jesús Quesada y ella le dio la orden a él, mañana por la mañana a primera hora se va Javier Llores a ver a Jesús y le dice: ¿Te ha dado la orden Sonia de esto?, que sí, no hago nada; que no, llamo a Sonia y le digo: llama a Jesús y dale la orden,  ¿vale?".

   En una llamada posterior entre ambos, Ortiz le asegura que en "la ficha nueva de ahora ya no contempla la VPO" y, a pesar de ello, Cortina muestra preocupación por el asunto porque "venimos de donde venimos, que nos ha pasado antes". A esto, responde Ortiz: "Ya, pero no con una ficha del plan general, coño, y la ficha del plan general te viene todos los cálculos, y en los cálculos el aprovechamiento te vienen en residencial, de tal tipo y tal, y los porcentajes de edificación". Ante los recelos de Cortina, le asegura: "lo ha quitado, lo ha quitado, eso es así".

La Policía piensa que Ortiz utilizaba a su mujer y a su hermano para retirar el dinero de las contraprestaciones

ALICANTE.- La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que el empresario Enrique Ortiz utilizaba a su mujer, María Manuela Carratalá, a su hermano Virgilio Ortiz, y al empleado del Grupo Cívica, Santiago Bernáldez, para retirar "grandes cantidades de dinero" de entidades bancarias que serían empleadas por el constructor como "contraprestaciones".

   Uno de los informes policiales contenido en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante señala que en determinadas fechas de julio y octubre de 2008 estas personas retiraron grandes sumas de dinero que entregaron a Ortiz antes de que éste se reuniera para desayunar con "determinado cargo público", un día después de cobros de efectivo.

   Así, de las conversaciones intervenidas por la Policía se desprende que María Manuela Carratalá cobró dos cheques por un valor aproximado de 40.000 euros el 29 de julio.

   En este sentido, en una conversación entre Virgilio Ortiz y María Manuela Carratalá, del 24 de octubre de 2008, el primero le indica a la segunda que "le va a dejar en casa el bocadillo", término que la Policía cree que podría hacer referencia a "una gran cantidad de dinero" que concreta en 140.000 euros que el propio Virgilio Ortiz y Santiago Bernáldez habrían retirado de un banco.

   Es Virgilio Ortiz el que, en esa conversación, le indica a María Manuela Carratalá que al día siguiente tiene que ir, junto con Santiago Bernáldez, a retirar al Banco de Valencia otra "tongada", hecho que, según la Policía, se confirma al recibir Enrique Ortiz una llamada esa noche en la que Bernáldez le comunica que lo de hoy lo "han sacado" y se lo han dado a María Manuela Carratalá.

   En un 'pinchazo' telefónico del 25 de octubre de 2008 entre Virgilio Ortiz y su hermano Enrique, el primero le pregunta al empresario por el lugar al que le lleva "el bocata", que finalmente será entregado en el barco.

   Con el resultado de estas intervenciones telefónicas la Policía solicitó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante un mandamiento para que Banesto, BBVA y el Banco de Valencia facilitaran al Grupo de Blanqueo de Capitales, la información de la que dispusieran sobre los movimientos bancarios descritos.

La CAM mantiene abierta la búsqueda de socios e inversores dentro de su plan de viabilidad

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) mantiene abierta la búsqueda de socios e inversores y continúa trabajando para "minimizar" la solicitud de ayudas, dentro de su plan de viabilidad, según han informado hoy fuentes financieras.

   Tras la ruptura del SIP de Banco Base --en el que participaban CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria--, Caja Mediterráneo pidió 2.800 millones al FROB para recapitalizarse y cumplir con los requisitos de 'core capital' exigidos por el Banco de España para el sector de cajas. No obstante, aunque la andadura de la entidad es "inicialmente, en solitario", la caja se muestra abierta a "sumar nuevos socios".

   Durante este viernes, a las 13.48 horas, las cuotas participativas de CAM llevaban ganados 4,46 puntos, y se situaban en los 4,92 euros, frente a los 4,71 euros con los que cerraron este jueves las cuotas.

   Por otro lado, tal y como publica Abc este viernes, un fondo de Estados Unidos estaría en conversaciones con Caja Mediterráneo para entrar con un capital de 1.000 millones de euros en la entidad, siempre y cuando se produjera un descuento mínimo del 55 por ciento sobre el valor de la caja en los libros.