sábado, 12 de mayo de 2018

Fusiones, absorciones, alianzas y compra-venta de empresas / Ángel Tomás *

La globalización, la internacionalización, el crecimiento del capital riesgo y la consolidación de grupos empresariales, han favorecido en las últimas décadas la fusión, absorción y compra-venta de empresas por motivos personales, familiares, societarios, competitivos o financieros.

Cualquiera de estos procesos resulta muy complejo y laborioso y se extienden en la mayoría de los casos a meses requiriendo, además, preparación técnica especializada e inteligencia positiva, sin olvidar un acuerdo de confidencialidad imprescindible, que caso de no llegar a buen fin mantenga los valores de la empresa reservados.

Para que el proceso necesario de “valoración, negociación y cierre” concluya de forma satisfactoria, habrá de establecerse el “valor empresarial” en función de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias reales de los cinco últimos años, o de los transcurridos desde la fundación si la vida de la empresa es inferior a cinco. El “precio” en que finalizará la operación nunca coincidirá con el del “valor empresarial”, por ser objeto, como en toda operación mercantil, de intereses contrapuestos entre las partes. Es de la máxima importancia diferenciar los términos valor y precio.

Para establecer el valor de una empresa en un momento determinado, habrán de seguirse los siguientes pasos: 1.- Memoria descriptiva de su historial, objetivos, valores de su fondo de comercio y diferenciación con la competencia. 2.- Elaboración de la documentación completa, analítica y real de la posición económica-financiera y flujos de caja, y 3.- Planes de innovación y creatividad previstos realizables. El valor obtenido puede verse afectado por el de mercado y sobre todo por la oferta y la demanda en el momento de la operación pretendida.

Los motivos que han impulsado a las operaciones corporativas de fusiones o adquisiciones, han sido muy diversos y en la mayoría de los casos imprescindibles: “Empresas familiares”. Cuatro de cada cinco en la tercera generación, por falta de adoptar soluciones de continuidad y pactos de obligado cumplimiento, se ven obligados a venderla o ceder la gestión con pérdida de la responsabilidad de dirección tradicional.

“Deseo de continuidad”. Para no perder el esfuerzo creativo y dedicación de años, que sirvió para conquistar un mercado y crear una importante plantilla de empleados. “Necesidad de crecer”. Un mercado competitivo interior y exterior, la necesidad de aumentar la rentabilidad o la concentración de otras empresas del sector, obligan a consolidar, y para ello surge la necesidad de más recursos financieros.

“El deterioro continuado de los márgenes comerciales”. La alta competencia y la pérdida continuada de valor, obliga a la búsqueda de inversores para evitar la solicitud del concurso de acreedores, que generalmente termina en la liquidación y pérdida de todos los valores conseguidos con esfuerzo y sacrificio durante años.

“La actual existencia de grupos financieros inversores”. España es uno de los países elegidos para inversiones del exterior, y en especial en determinados sectores. Ejemplos los tenemos que terminaron en absorción o tomando participaciones mayoritarias, cuyo precio superó el valor real prudente de mercado.

Una empresa debe elaborar anualmente una documentación contable completa, expresando: la situación económica y financiera, los nuevos valores creados, las innovaciones estructurales, los costos comparativos por artículo y familias, las variaciones de la demanda y las nuevas tendencias del consumo; cuyo conjunto de datos servirán de base para establecer objetivos y presupuestos para el nuevo ejercicio.

ANALIZAR E INVERTIR EN CALIDAD
Si pretendemos definir de una manera amplia la palabra calidad, nos resultará complicado, porque se aplica a todo acto, objeto, pensamiento o novedad creativa, pero si la aplicamos a la inversión en valor empresarial su comprensión será generalmente rápida y aceptada. Una inversión en calidad supone admitir una gestión excelente, unos resultados crecientes y una gran capacidad de liquidez que permita una reinversión también rentable.

Otro elemento de necesario estudio es que el negocio despliegue su actividad en un sector adecuado y seguro, con posibilidades de crecimiento futuro y diversidad de ventajas competitivas, ya que de ser pasajeras las ventajas positivas (cuestión del ciclo), disminuiría la calidad empresarial e impediría la investigación y el desarrollo I+D). La inversión se inclina siempre más por la valoración cualitativa que por la cuantitativa, junto a las ventajas competitivas.

El capital circulante necesario para generar ingresos es también objeto de estudio de todo inversor. Lo constituyen principalmente los activos aplicados a inventario y a deudas a corto plazo, como los créditos a clientes pendientes de cobro. El crecimiento de las ventas o servicios originan aumento del capital circulante, restando flujos a caja como consecuencia. El crecimiento del circulante exigido por el de ventas habrá de no anular, aunque en menor cuantía, los flujos de caja.

Sin embargo, un profundo análisis previo a toda inversión debe contemplar “La Generación
del Futuro” (Next Generation). EL progreso tecnológico está invadiendo de manera vertiginosa e imparable las materias primas, el sector industrial, la distribución y el consumo, llegando incluso al cambio de nuestros estilos de vida mediante el impulso de nuevas necesidades y costumbres. La digitalización apoyada en la inteligencia artificial cognitiva y los datos, productos y servicios masivos integrados en la nube y el aprendizaje automático, hacen que el software a través de la nube y su inmensa oferta de servicios, sea cada vez más eficaz.

La creación de riqueza global protagonizada principalmente por los grandes países emergentes, se manifestará especialmente en la mejora del medio ambiente transformando el futuro de la energía y como consecuencia del transporte. Se impondrá la solución a la producción sostenible y de calidad de los productos para la alimentación, requerido por el crecimiento de la población global. La ingeniería médico-quirúrgica y la investigación sobre sustancias que combatan gérmenes antibacterianos y antifúngicos, transformará la medicina, la producción farmacológica y su distribución. 

Por último, la electrónica, la robótica, el avance de la infraestructura móvil y de los servicios adyacentes, junto a la expansión creciente del comercio digital, influirá en la disminución de los costos y de los puestos de trabajo; sin olvidar que la “tecnología financiera” frente al cambio secular de pagos al sistema digital, obligará a la banca a suprimir sucursales y reducir plantillas.

El tejido empresarial se enfrenta a un obligado cambio de estructura continuado, a un establecimiento de objetivos variables, con posible afección de los agentes externos, a una creatividad original y una diferenciación en el mercado frente a su competencia, de lo contrario la supervivencia no será posible.




(*) Economista y empresario

miércoles, 9 de mayo de 2018

El fin del boom del turismo en España amenaza el crecimiento de la economía

MADRID.- La economía española lleva creciendo por encima del 3% desde 2015. Un cúmulo de vientos de cola, entre ellos boom del turismo, han ayudado a lograr esta robusta expansión. El turismo ha tenido una contribución positiva de 0,4 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB en los dos últimos años, una cifra que va a menguar considerablemente y que puede afectar a otros sectores como el inmobiliario y, sobre todo, al mercado laboral, según recoge El Economista.

Desde el banco suizo UBS destacan que el número de turistas extranjeros y los ingresos que generan han crecido a doble dígito en los dos últimos años. El año 2017 cerró con un récord de visitantes extranjeros. Los 81,8 millones de turistas que llegaron desde todas las partes del mundo son responsables en parte de la buena marcha de la economía española este año. Nunca hasta ahora se había logrado una cifra tan alta que le ha permitido convertirse en el segundo destino mundial, desbancando a Estados Unidos y únicamente por detrás de Francia. Los turistas han elegido España en detrimento de Turquía, Egipto o Túnez.
Gracias a estos movimientos del pasado, España ha disfrutado de un boom del turismo (junto con Francia y Portugal) que ha aportado 0,4 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en España durante 2016 y 2017. Este favorable entorno "ha supuesto la creación de 250.000 puestos de trabajos desde 2015 y un fuerte efecto multiplicador sobre toda la economía".
El turismo ha pasado a suponer el 11,2% del PIB de España desde el 10,2% del año 2010, según datos del INE. Durante los años de recuperación este sector ha ganado peso, y este aumento es el que se refleja en la aportación positiva al crecimiento del PIB. Es decir, si la economía española creció un 3,1% en 2017, 0,4 puntos de ese crecimiento son gracias al turismo.
Pero esta situación no se va a prolongar: "Más de la mitad de este crecimiento se puede atribuir al desplome del turismo en Turquía, Egipto y Túnez por los ataques terroristas y la inestabilidad política", destacan desde UBS.
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ya destacaba hace unas semanas la "notable recuperación" de la demanda de los países competidores, especialmente de Turquía y Egipto. 
"Si la tendencia se acelera afectará a los destinos españoles de playa en los próximos meses y en verano", indica la patronal. Todavía se arrastra la débil demanda de británicos por culpa del Brexit.
La situación está cambiando relativamente rápido. Tanto el número de turistas como la cantidad de ingresos se están desacelerando en España desde pasado verano a medida que los competidores del Mediterráneo comienzan a recuperarse.
"A medida que las heridas de estos países se cierran, los turistas empiezan a volver en detrimento de España, Portugal, y de una forma más suave lastrando también el turismo de Francia e Italia", según destacan desde UBS.
"En el mercado inmobiliario español ha reflejado el auge del turismo de los últimos dos años mediante una fuerte recuperación de los precios y las transacciones en los centros de las grandes ciudades y las principales zonas costeras... La entrada de turistas más lenta, probablemente, enfriarán los aumentos de precios interanuales en las áreas principales, pero esperamos que continúe la recuperación desigual (entre grandes ciudades y lugares premium, respecto al resto del país) en el mercado inmobiliario".
El mercado inmobiliario en las zonas ahora denominadas calientes podría comenzar a enfriarse. "La caída de los influjos de turistas y una regulación más estricta sobre los alquileres turísticos enfriarán los datos", aseguran los economistas de UBS.
Prevemos que el crecimiento del PIB en España retrocederá gradualmente en los próximos años a medida que los vientos de cola favorables (un euro débil, petróleo barato y políticas expansivas del Banco Central Europeo) y algunos factores idiosincrásicos (crédito positivo e impulsos fiscales, así como el auge del turismo ) se desvanecen.
"Esperamos que el crecimiento del PIB real baje del 3,1% el año pasado al 2,8% este año y 2,3% el próximo, aunque debería mantenerse por encima del potencial hasta que el crecimiento global se pierda impulso", destacan los expertos de UBS.
Según los cálculos que manejan los expertos de UBS, la contribución del turismo extranjero en la actividad económica se reduciría en más de la mitad este año y aportará sólo un 0,1 punto porcentual al PIB después. 
"Dado su alto efecto multiplicador en la economía en general, es probable que su desaceleración afecte a la creación de empleo y a los ingresos de los hogares, lo que tendrá un papel importante en la economía española", aseguran desde el banco suizo.

C's obliga al PP a retratarse frente a la inmersión lingüística en Valencia

MADRID.- Ciudadanos ha elevado al Congreso de los Diputados el debate sobre la inmersión lingüística en la Comunidad Valenciana para obligar al Gobierno a tomar cartas en el asunto y al resto de grupos a fijar posición, según relata El Español. 

Los diputados Antonio Roldán y Marta Martín han registrado este martes una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto aprobado en septiembre por la Generalitat para saltarse la suspensión judicial de su controvertido modelo lingüístico.
La proposición no de ley de C's invoca la protección de la tutela judicial efectiva, puesto que los niveles de valenciano vigentes en la escuela pública valenciana se basan en una ley suspendida cautelarmente por el TSJ valenciano. Pero la cuestión de fondo es la vulneración de los derechos lingüísticos y la implantación en la Comunidad Valenciana de un modelo educativo inspirado en el catalán y basado en la inmersión.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, aprobó un decreto lingüístico que vinculaba las horas de enseñanza del inglés al nivel de valenciano de cada centro, lo que en la práctica suponía castigar con menos horas y menos capacidad de lingüística en inglés a los alumnos -y centros- que optaban por la enseñanza en castellano. 
Aquella norma fue recurrida hasta nueves veces y suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la Generalitat aprobó en septiembre un decreto de medidas urgentes para seguir matriculando a los niños en un sistema según el cual los centros se adscriben tres niveles equiparables a los seis niveles lingüísticos prefijado por el decreto anterior: es decir, para seguir adelante con el plurilingüismo.
C's pidió entonces al Gobierno recurriera al Constitucional para impedir que los niños siguieran matriculándose en esas condiciones, pero el gabinete que dirige Íñigo Méndez de Vigo no hizo hizo nada al respecto. 
El Gobierno valenciano acaba de aprobar en el Parlamento regional una nueva ley del plurilingüismo con los mismos vicios que la anterior.
Con su PNL, Ciudadanos lleva al Congreso el debate sobre la inmersión en Valencia y busca paralizar el decreto Marzà “para que vuelva la normalidad a los colegios", según ha explicado la diputada Marta Martín.
Ciudadanos mantiene que el actual Gobierno de la Generalitat "está obsesionado con imponer el valenciano en los centros educativos aunque ello implique incumplir sentencias judiciales, medidas cautelares e ignorar los informes del Defensor del Pueblo".

Los bancos reciben más de 400.000 reclamaciones por gastos hipotecarios

MADRID.- Las reclamaciones por los gastos asociados a la firma de una hipoteca, como el arancel del notario, se han convertido en la nueva pesadilla de la banca. El Supremo dejó claro en febrero que el sujeto pasivo del impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que supone cerca del 70% de estos gastos, corresponde al hipotecado y no a la entidad financiera tras meses de dudas jurídicas y sentencias contradictorias en los juzgados, según Expansión

Para los costes de notario, gestoría, registro y tasación sigue sin haber jurisprudencia clara. Consumidores y bancos están a la espera de una aclaración por parte del Supremo cuando lleguen al Pleno alguno de los recursos planteados.
La perspectiva de que el asunto acabe en el TJUE europeo, como sucedió con las cláusulas suelo, ha disparado las reclamaciones.
El año pasado, los servicios de atención al cliente de la banca recibieron más de 400.000 reclamaciones sólo en el caso de los bancos cotizados, según la información pública disponible. Parte de ellas acabarán en los juzgados.
Asumiendo una devolución media de entre 900 y 1.100 euros, el impacto económico ascendería a unos 440 millones de euros.
Los bancos con una mayor cartera hipotecaria son los que más quejas han recibido. BBVA gestionó el año pasado 171.146 reclamaciones, de las que el 90% corresponden a gastos de formalización hipotecarios. Santander no detalla la cantidad, pero afirma que admitió a trámite 69.321 reclamaciones sobre créditos.
En la banca mediana destacan por su número las más de 36.000 reclamaciones recibidas por Abanca; las alrededor de 9.000 llegadas a Deutsche Bank España y las 33.838 en KutxaBank. La entidad vasca ha desestimado todas las recibidas. 

Valencia se suma a la guerra contra los apartamentos turísticos

VALENCIA.- La Comunidad Valenciana se ha sumado a la guerra que las Administraciones mantienen contra la proliferación de los apartamentos turísticos. Las Cortes Valencianas pactaron ayer las enmiendas a la nueva Ley de Turismo que se aprobará antes del verano y concederá un amplísimo margen de maniobra a los Ayuntamientos para regular a su gusto y en función de sus necesidades una actividad que crece a velocidad vertiginosa. En la ciudad de Valencia, la entrada en vigor de la ley implicará que los nuevos pisos turísticos quedarán limitados prácticamente solo a los bajos y las primeras plantas, adelanta hoy El País.

Las batallas se libran en buena parte de la España turística. Empujadas por los problemas que el rápido desarrollo de las plataformas por Internet están generando en el mercado residencial de viviendas, con subidas en los precios de compra y alquiler, Ayuntamientos y comunidades están tomando medidas. Palma adoptó el mes pasado la más extrema al prohibir el alquiler de pisos a turistas. El Consistorio gobernando por PSOE, Més y Podem solo dejó fuera del veto a casas aisladas, chalés y entornos como el del aeropuerto y los polígonos industriales.
Barcelona, la ciudad con mayor oferta de pisos turísticos de España y donde los residentes están sufriendo más la reconversión de viviendas residenciales, cerró el año pasado en torno a un millar de pisos y ha impuesto a Airbnb y Homeaway multas de 600.000 euros. En toda Cataluña, la Generalitat ha recaudado cuatro millones de euros en sanciones a pisos turísticos desde 2012. La Comunidad de Madrid permitirá a las comunidades de vecinos prohibir el uso turístico de los edificios, y el Ayuntamiento de la capital quiere que a partir de 90 días de alquiler al año los propietarios de los apartamentos necesiten una licencia urbanística de uso terciario. Andalucía obliga desde 2016 a los dueños a registrar las viviendas en una base de datos y otras comunidades, desde el País Vasco a Canarias, han empezado a legislar la actividad.
La vía elegida por la Comunidad Valenciana deja en manos de cada Ayuntamiento la regulación. Con la nueva ley, para poder inscribirse en el registro autonómico, que es obligatorio y en el que figuran 66.755 viviendas, los propietarios tendrán que obtener un "informe municipal de compatibilidad urbanística", según la enmienda acordada este martes por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
El número de registro deberá aparecer en todas las ofertas publicadas por las plataformas de Internet. Y si estas rehúsan hacerlo, serán multadas. La Agencia Valenciana de Turismo ya ha sancionado con 30.000 euros a Airbnb, Homeaway y Rentalia. La nueva ley eleva las multas por incumplimientos reiterados a 600.000 euros. 
"Para ordenar el turismo son necesarios consensos y alianzas, pero también acabar con la sensación de impunidad. Las multas que teníamos hasta ahora no eran disuasorias ante las grandes compañías de alquiler online", afirma el director de la agencia y exalcalde del municipio turístico de Benicàssim, el socialista Francesc Colomer.
Con la entrada en vigor de la ley, para obtener el certificado en la ciudad de Valencia pasará a exigirse el cumplimiento del PGOU vigente, que no permite que una vivienda se destine a actividades terciarias —como el alquiler turístico— si tiene por debajo otras de uso residencial. 
Ello, según la teniente de alcalde y líder local del PSPV-PSOE, Sandra Gómez, significará que la mayoría de nuevas aperturas se verán limitadas a bajos y primeras plantas.
Los edificios dedicados íntegramente a apartamentos turísticos tienen su propia regulación, requieren una licencia similar a la hotelera y en el casco histórico —el distrito de Ciutat Vella— existe una moratoria que impide nuevas aperturas.
Valencia aprobará, además, planes especiales para zonas donde la actividad empieza a generar conflictividad social, como los distritos de Ciutat Vella y del Eixample, o que presentan una arquitectura particular, como El Cabanyal, donde muchas viviendas solo disponen de planta baja y un piso.
"Con la nueva normativa, los Ayuntamientos vamos a recuperar el control de los usos urbanísticos y en Valencia vamos a poner de entrada una barrera muy importante para que el fenómeno no vaya a más en el futuro", señala Gómez. 
Según los cálculos municipales, el 70% de los pisos turísticos de Valencia infringen la normativa del PGOU, cuyo cumplimiento se comprobará a partir de ahora antes de expedir el informe municipal necesario para acceder al registro autonómico. 
La concejal de Desarrollo Económico Sostenible descarta exigir el cumplimiento del Plan General a los pisos turísticos que ya están inscritos en el registro, un total de 4.441, para evitar generar "inseguridad jurídica".
La situación de Valencia, añade Gómez, donde según la patronal Hosbec existen 5.500 apartamentos de este tipo que ofrecen unas 20.000 plazas —los hoteles suman 16.200— está lejos de ser alarmante, salvo en algunos barrios. 
"Nuestro caso es muy diferente al de Palma, ellos son un destino de sol y playa y sí tienen un problema de saturación. Cada ciudad debe adaptar las medidas a su realidad".

El último 'ranking' de las universidades españolas ni menciona a la de Elche

MADRID.- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Navarra (UNAV) son las universidades españolas con mayor número de indicadores de mayor rendimiento (un total de 24), según el Ranking de la Fundación CYD, que analiza 22 ámbitos de conocimiento y 2.235 titulaciones, y en el que participan las 50 universidades públicas españolas y 32 privadas.

Cerca de ellas, aparecen la Universitat Pompeu Fabra (23 indicadores de mayor rendimiento), la Carlos III de Madrid (21), las de Gerona, Autónoma de Madrid y Deusto (con 20 cada una), Barcelona (19), Rovira i Virgill, Ramon Llull, Politécnica de Catalunya, Pontificia de Comillas y Mondragon Unibertsitatea (con 18 cada una), Valencia-Estudi General (14) y Politécnica de Valencia (13), que obtiene el mismo número de indicadores de mayor rendimiento que la Politècnica de Madrid.
De las 15 universidades mejor situadas en esta clasificación, diez son públicas y cinco privadas (Navarra, Deusto, Ramon Llull, Pontificia de Comillas y Mondragon), y se reparten en cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que por este orden lideran la clasificación por comunidades autónomas, seguidas por Asturias, Cantabria, Baleares, Galicia y Aragón.
Del ranking se desprende que las universidades con menor rendimiento relativo --es decir, aquellas que tienen más indicadores en el grupo de menor rendimiento--, se encuentran la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la de Jaén, Valladolid, la Politécnica de Cartagena y la Universidade Da Coruña.
"No podemos ni queremos responder a la pregunta de qué universidad es mejor, porque no se puede dar una respuesta unidimensional", ha explicado el director del ranking, Martí Parellada, durante la presentación este miércoles en Madrid de los resultados, que tienen por objetivo que "sirvan para la gestión de las universidades y orientar su actividad con la máxima información posible", según Parellada.
"Todas las universidades participantes tienen algún indicador en el grupo de mayor rendimiento", ha subrayado el director del ranking. Por su parte, el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, ha destacado que el ranking demuestra que las universidades españolas han "resistido" tras años de falta de recursos financieros.
"En un momento determinado en el que han caído los recursos de la universidad y ha habido normas como la imposibilidad de la sustitución del profesorado, en esta situación lo razonable es que la universidad hubiera ido para atrás de forma notable", ha afirmado Solé, apuntando que junto al aumento de financiación, la mejora de la autonomía de las universidades podrían mejorar sus rendimientos.
En esta edición, el ranking CYD ha incorporado cinco nuevos ámbitos de conocimiento (Farmacia, Odontología, Enfermería, Ciencias Políticas y Educación) y ha actualizado los datos de otros cuatro (Medicina, Psicología, Sociología y Trabajo Social) que se suman a los trece que ya se incluían en esta clasificación de las universidades españolas.
Así las universidades que destacan por tener un mayor número de indicadores de mayor rendimiento en cada ámbitos son la de Barcelona en Farmacia, la de Deusto en Trabajo Social, la Carlos III de Madrid en Sociología, la Autónoma de Barcelona en Psicología, la Complutense de Madrid en Odontología, la de Alicante en Enfermería, y la Autónoma de Madrid en Educación, Medicina y Ciencias Políticas.
Además, el ranking CYD clasifica a las comunidades autónomas por los resultados del rendimiento de sus universidades en diferentes ámbitos. De esta manera, Navarra, País Vasco y Castilla y León destacan en Enseñanza y Aprendizaje, mientras Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia lo hacen en Investigación.
Por otra parte, Cataluña, Madrid y País Vasco son las mejores en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional, mientras en Contribución al desarrollo regional destacan las universidades de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
En estos ámbitos, la Universidad de Navarra logra los mejores resultados en Enseñanza y Aprendizaje e Investigación, y la Autónoma de Barcelona en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional. 
Además, la Internacional de Catalunya es la más destacada en Contribución al desarrollo regional, según los datos del ranking de la Fundación CYD, que en esta edición incluye un gráfico de evolución de los resultados de la universidad española en los últimos tres años.
Estos datos acumulados revelan que desde 2015 ha aumentado un 50,1% las patentes concedidas por el profesorado, un 20,9% las publicaciones por profesor y un 20,5% las publicaciones regionales, como resultados más destacados. Por contra, el número de profesores extranjeros se ha reducido un 8,5%, los fondos privados un 4,3% y los fondos de investigación regionales un 3,5%.
Este trabajo detalla las universidades con mayor rendimiento por ámbitos de conocimiento. Así, para Farmacia destacan las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela.
En Trabajo Social sobresalen Deusto, Granada, Málaga, Rey Juan Carlos, Valencia (Estudi General); en Ciencias Políticas: Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Ramon Llull y Salamanca.
En cuanto a Sociología: Universidad Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Zaragoza; en Psicología: Autónoma de Barcelona, Deusto, Lérida, Oviedo, Salamanca; en Educación: Autónoma de Madrid, Gerona, Salamanca, Valladolid, Zaragoza.
Y en Medicina: Autónoma de Madrid, Barcelona, Navarra, Pompeu Fabra, Salamanca; Odontología: Complutense de Madrid, Granada, Internacional de Cataluña, Murcia, Salamanca; y Enfermería: Alicante, Navarra, Pública de Navarra, Salamanca, Valladolid.

Para los cinco indicadores que toma el Ranking CYD sobresalen diversas universidades:
Para Enseñanza y Aprendizaje destacan: Católica de Valencia San Vicente Mártir, Deusto, Gerona, Navarra, Pompeu Fabra y San Pablo-CEU.
En Investigación: Cantabria, Gerona, Jaume I de Castellón, Navarra, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili.
En Transferencia de Conocimiento: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Mondragón Unibertsitatea, Navarra, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia y Zaragoza.
En Orientación Internacional: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Deusto y Pompeu Fabra y en Contribución al desarrollo regional: Autónoma de Barcelona, Barcelona, Deusto, Gerona, Internacional de Cataluña, La Laguna, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili y Sevilla.
Por otro lado, nueve autonomías aparecen en el grupo que obtienen mayor número de indicadores agregados de mayor rendimiento.
Así, Castilla y León, Navarra y País Vasco sobresalen en Enseñanza y Aprendizaje; Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia en Investigación; Cataluña, Madrid y País Vasco en Transferencia de Conocimiento; Cataluña, Madrid y País Vasco en Orientación Internacional; y Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana en Contribución al desarrollo regional.
Parellada ha señalado que entre 2015 y 2018 la crisis se ha reflejado en que han disminuido los profesores a los que se reconoce capacidad investigadora (-10,8) y los docentes extranjeros, pero las patentes concedidas por profesor aumentaron un 50,1 %.

"Malhaya quien nace yunque" / Ramón Cotarelo *

Hace unos años se celebraba a bombo y platillo el fin del "bipartidismo". Se acabó el turnismo de la derecha y la izquierda, o seudoizquierda, falsa izquierda, centro izquierda, y hasta derecha civilizada según quien juzgara. El caso era que se había acabado. El bipartidismo daría paso a un multipartidismo, reflejo de la variedad popular. 

Algo de esto ha habido, cierto tumulto multipartidista a la sombra de un partido dominante, el PP, pero ya los sondeos permiten avizorar un horizonte curioso. El bipartidismo derecha-izquierda se convierte ahora en otro derecha-derecha. Las izquierdas, arrumbadas en el trastero de la irrelevancia. 

Con la experiencia del gobierno del PP y la promesa de C's, que es más antisocial que aquel (y ya es decir), cualquier observador exterior, uno venido de Marte por ejemplo, concluiría que el electorado español es masoquista. Le gusta que le roben o que lo exploten y, en todo caso, que lo expriman. O sea, que ha nacido yunque. Pero eso será porque el observador, siendo de Marte, no se entera. Bastará con hacerle ver las alternativas, PSOE y Podemos para que el marciano comprenda la racionalidad del comportamiento electoral de los españoles. 

Según la doctrina oficial, sostenida por los partidos dinásticos, por las fuerzas vivas de toda índole celestial o secular, por los medios de comunicación y otros centros de adoctrinamiento, como las fundaciones, los thinks tanks, las universidades, los intelectuales y las celebrities, España es un Estado democrático de derecho en el que hay libertad de expresión y todos tienen las mismos derechos. Esos presos políticos que dicen que hay no lo son sino políticos presos. Fin de la cita. 

Si todos los partidos tienen también las mismas posibilidades, sin duda la incapacidad de las izquierdas para alcanzar los primeros puestos en la intención de voto, aparte de cuestiones menores, radicará en la de inadecuación de su discurso a las preferencias del electorado. 

Las preferencias del electorado están impregnadas de Catalunya. El factor catalán explica la conservación del bipartidismo y su carácter de derechas. La dureza con el independentismo da réditos en España sobre todo porque viene avalada por el éxito de C's en Catalunya, en donde es el más votado, asunto que eriza el vello a los indepes. El éxito catalán avala a C's que va como un cohete a la hegemonía de las derechas, presto a hacer realidad un hecho pintoresco: el primer presidente de gobierno catalán después de Prim (sin contar los de la I República) será un catalán anticatalanista. 

C's y PP, bloque nacional español pata negra y camisa azul. A distancia les siguen el PSOE y Podemos, hecho unos zorros en su interior precisamente por la cuestión nacional, esa que atribuye a las "corruptas" burguesías. En el PSOE, el nacionalismo español es tan intenso como en el PP, pero le falta la pata negra del nacionalcatolicismo, aunque algunos de sus líderes son verdaderos zampahostias. Pero hay mucho masón ahí, y ateos y descreídos y febles defensores del imperio. No son de fiar estos socialistas que hasta tienen un partido socialista catalán

Lo de Podemos, a quien este sondeo del CIS trata muy bien no tiene arreglo. La posibilidad de nuevo tentadora del sorpasso, música celestial a oídos de los tiempos heroicos de IU, tampoco acaba de materializarse. Hasta la actual dirección del PSOE se ha dado cuenta de que la batalla por la hegemonía de la izquierda también se librará en Catalunya. A pesar de sus veleidades sociales, su nacionalismo español es mucho más convincente que el de Podemos, obligado a armar un discurso con elementos contradictorios en el terreno nacional que suena confuso a los oídos de los españoles, muchos españoles aunque sean de izquierdas.

Así que, visto el panorama general, la pregunta de por qué vota el electorado mayoritariamente a la derecha solo tiene una respuesta: porque la prefiere a la izquierda. 

Admito que esto parece no tener cuenta del peso del monopolio práctico de los medios de comunicación por las derechas. Habría mucho que hablar al respecto pero tampoco las izquierdas han hecho valer aquí su mayoría respecto a los medios públicos de comunicación. 

España será gobernada por una coalición de hecho de los dos partidos de la mayoría (cosa que ya tienen) y la oposición de los dos de la izquierda. Todos ellos, a excepción de algunos diputados de Podemos, como los anticapis por ejemplo, cerrarán filas en el bloque dinástico nacional frente a Catalunya. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Llarena, contra las cuerdas / José Antich *

Si las informaciones que llegan de diferentes países europeos son ciertas, en muy pocas semanas -en algún caso incluso en unos días- pueden producirse una serie de noticias judiciales que abran en canal toda la instrucción practicada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. 

La justicia belga es cada vez más contraria a aceptar las dos euroórdenes que pesan sobre los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, en este caso, por malversación y desobediencia. 

Por su parte, el tribunal de Schleswig-Holstein, en Alemania, que tiene en sus manos la decisión respecto al president Carles Puigdemont por rebelión, malversación y desobediencia descartó la primera acusación hace varias semanas y, respecto a la segunda, se está produciendo con el paso de los días un cierto estupor sobre la insuficiente información recibida por parte del Supremo.

La noticia de la oposición de los tribunales de los dos países ha originado un enorme enfado en el gobierno español, la judicatura y las diferentes instituciones del Estado, que se empiezan a preparar ante una eventualidad de esta naturaleza. 

En el plano político, excepto Ciudadanos, que mira de obtener el mayor rédito electoral posible, salta a la vista que el Partido Popular ha rebajado sus comentarios para que el tema no ocupe cada día todas las informaciones. Lo mismo han hecho la Fiscalía y otros estamentos de la judicatura española. 

En el terreno mediático, una pluma relevante como es la del ex director de ABC José Antonio Zarzalejos, que se mueve en posiciones siempre próximas a lo que sería el Estado en su sentido más amplio, ya habla abiertamente de escenarios alternativos para Llarena si se rechazan las euroórdenes.

El último elemento conocido de la documentación solicitada por la justicia alemana y belga, para valorar con mayor conocimiento el supuesto delito de malversación como sostiene el juez Llarena, es la simple valoración indiciaria de un supuesto delito. 

Sin pruebas, sin apoyo documental del Ministerio de Hacienda, sin ningún asiento contable en el que figure tal malversación, Llarena pretende que la justicia europea dé por buenos unos hechos sobre los que no existe una prueba directa. 

Demasiado poco para delitos tan graves, apuntan unas fuentes. Y, otras, demasiado volátil para aprobar unas euroórdenes que están siendo miradas con lupa por tribunales de diferentes países y sobre las que un día se tendrán que pronunciar los tribunales europeos.

Todo apunta, por tanto, y dicho sea con la mayor prudencia posible, que podemos estar en vísperas de noticias halagüeñas y definitivas para los que hemos considerado siempre que el relato policial y judicial era en buena medida insostenible a medida que se objetivara el juicio y no fuera una causa general contra el independentismo. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia 


martes, 8 de mayo de 2018

Todas las playas que tendrán bandera azul en 2018 en Valencia, Alicante, Castellón y en el resto de España


MADRID.- La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), sección española de la Federación Europea de Educación Ambiental, ha otorgado las banderas azules a las playas certificando la calidad de la oferta turística de los municipios valencianos. Un año más, la Comunitat ha pasado el examen con nota y es la autonomía española con mayor número de distintivos.

La Comunitat suma tres nuevas banderas para las playas y alcanza las 132. Además, 14 puertos han conseguido este distintivo, uno menos que en 2017. De esta forma, ha logrado 146 galardones, más del 20% de los que ondearán en España.
Alicante es la provincia que acumula más galardones, con 68 (gana cuatro respecto al año pasado), frente a los 33 de la de Castellón (pierde una) y los 31 de la de Valencia.
El municipio castellonense de Alcalà de Xivert ha perdido el distintivo que ostentaba la playa de Les Fonts. Orihuela ha sumado dos nuevas playas (Cala Cerrada y Mil Palmeras), mientras que Torrevieja (con Cabo Cervera) y Pilar de la Horadada (con Puerto) han aumentado un galardón cada uno.
La playa de Les Rotes de Dénia continuará un año más sin este distintivo que perdió en 2017 por la instalación de un trampolín en la playa del Trampolí.
Valencia conserva las siete banderas azules que ya tenía el año pasado. Pinedo continúa siendo la única playa del municipio que no contará con este distintivo, que perdió en 2017, al continuar permitiendo la entrada de perros.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explicaron que el 90% de las playas y el 93% de los puertos deportivos de las tres provincias valencianas que se han presentado como candidatos a obtener bandera azul han obtenido este galardón.
Dos playas de la Comunitat se encuentran entre las mejores de España en el apartado de socorrismo, un ránking que encabeza Sagunto, seguida por Platja de Haro (Gerona) y Santa Pola (Alicante).

Banderas en España

España lucirá el próximo verano un total de 696 banderas azules en playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles y mantendrá con ese número el primer puesto en este ranking mundial, que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que prestan estos lugares. El número de distintivos ha crecido en doce respecto al año pasado.
Lucirán este estandarte en España un total de 590 playas (11 más que el año pasado), 101 puertos deportivos (1 más que en 2017) y 5 embarcaciones turísticas sostenibles (tres de Mallorca y dos de Málaga).
El número de municipios litorales participantes esta edición ha sido de 252 (5 más que el año pasado) de los que 236 han obtenido algún estandarte azul (número igual al de 2017), señaló el presidente de la Adeac, José Ramón Sánchez, para recalcar que el índice de fidelidad es muy alto, el 65% de las playas galardonadas lo han sido 10 años o más y el 20% entre 5 y 10 años.
Como dato relevante, la organización detalló que el 100% de las playas premiadas tienen desfibriladores ubicados a menos de 5 minutos para ser usado por los socorristas, cifra muy importante si se tiene en cuenta que el uso de este dispositivo se comenzó a recomendar hace unos años.
Para Sánchez fue importante recalcar que las playas galardonadas, además de la calidad excelente de sus aguas durante la temporada de baños en todos sus muestreos, tienen que cumplir con la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. «De no ser así, las banderas no se otorgarán», incidió el presidente de la Adeac. «El objetivo de este galardón, aparte de la calidad de las playas y el agua, es viajeros más responsables en lugares cada vez más sostenibles», subrayó.

Puertos deportivos

La Comunitat cuenta con 14 puertos deportivos galardonados, uno menos que el año pasado. Trece de ellos se encuentran en la provincia de Alicante: Dénia, Xàbia, Les Bassetes , Calpe, Altea, La Vila Joiosa, Marina Deportiva de Alicante, Santa Pola, Torrevieja (los de Marina Internacional y Real Club Náutico), Dehesa de Campoamor de Orihuela y El Campello. Ha perdido el distintivo el de Marina Cabo Roig en la capital de la Vega Baja. Una de estas infraestructuras está en Castellón, en Oropesa del Mar.

Cataluña es la autonomía con más puertos con distintivo (22), seguida por Baleares (20) y Andalucía (16).



Mañana, primera retransmisión en directo de 'À Punt Televisión'

VALENCIA.- Este mediodía mediante un comunicado se dice cuál será la primera retransmisión en directo de À Punt Televisión. El evento escogido es el partido de fútbol que enfrentará mañana miércoles 9 de mayo al Valencia Club de Fútbol con el Al-Nassr saudí.

El choque, que se disputará a las 17.40 horas en Riad, capital de Arabia Saudí, es un homenaje al exfutbolista Fahd Al-Huirf, uno de los promotores del amistoso. 
La señal que hará posible el directo será facilitada por Mediapro y el partido será comentado por periodistas de la nueva radiotelevisión valenciana. 
Será la tercera ocasión en la que el primer equipo blanquinegro visite el país árabe para disputar un partido internacional. Ya lo hizo en otros dos encuentros amistosos, jugados en 2005 y 2010, contra el Al Hilal.
À Punt está inmersa desde hace dos semanas en sus emisiones en pruebas con el fin de detectar y resolver problemas técnicos o anomalías y para dar tiempo a los usuarios a sintonizar el canal en sus televisores antes de la emisión definitiva prevista para antes del comienzo del verano, tal como señaló en Les Corts, la directora general Empar Marco. 
Los canales de referencia son el 60 en Castellón, el 25 en Alicante y 57 o 39 en Valencia.

Dimite la editora de TVE en València a la que le censuraron el vídeo del "Os jodéis" a los jubilados

VALENCIA.- La editora del informativo del Centro Territorial de RTVE en València, Arantxa Torres, ha dimitido este martes después de la dirección del ente le impusiera la censura del vídeo en que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, se refirió de forma despectiva a un grupo de pensionistas que abuchearon a Mariano Rajoy durante su visita al Ayuntamiento de Alicante. Así lo ha anunciado el Consejo de Informativos de RTVE en una nota dirigida a los trabajadores.

En las imágenes se aprecia como Martínez de Castro, en una conversación fuera de micrófono, afirma: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!".  
El comentario sí fue captado por un vídeo que pronto comenzó a difundirse en redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, la secretaria de Estado pidió disculpas al día siguiente y explicó que hizo un comentario jocoso en una conversación privada, pero que cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma". 
"Muy fina, no quedé", añadió. 
Según el escrito del Consejo de Informativos, Torres ha explicado a la redacción las razones de su renuncia. 
"Dimite por una serie de desencuentros con la dirección y, porque a pesar de su confianza en el jefe de informativos del Centro, no comparte la filosofía con la que se está trabajando en esta casa", aseguran. Así, "la censura impuesta desde la dirección del Centro y desde la dirección de los Servicios Informativos en Madrid al vídeo" (...) "ha precipitado su decisión". 
El Consejo asegura tener constancia de que "la editora de informativos insistió y medió para que se emitiera". 
La pieza informativa finalmente se emitió en Valencia sin sonido, con lo que no se pudo apreciar el comentario, y no fue reproducida en el informativo nacional.    

Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más


MADRID.- Las familias españolas han vuelto a necesitar financiación en términos netos por primera vez desde el comienzo de la crisis. Se trata de una cantidad pequeña. Tan solo 3.063 millones de euros. Pero, según los datos del INE, en 2017 las rentas de los hogares no bastaron para afrontar sus compras de vivienda y consumo. Por eso, tuvieron que tirar de crédito o acudir a sus depósitos y activos ahorrados, tal como recoge hoy El País

Según las cuentas financieras del Banco de España, en 2017 las familias solo redujeron su deuda en 810 millones frente a los 46.000 millones recortados, por ejemplo, en 2013. Aunque las cantidades sean modestas —los pasivos de los hogares ascienden a 775.000 millones—, se aprecia un cambio de tendencia: las familias han concluido el fuerte proceso de ajuste de la deuda que iniciaron tras el estallido de la burbuja.
Las familias empiezan a aflojarse el cinturón. La crisis financiera cogió a los hogares en 2008 con un exceso de endeudamiento provocado por un mercado inmobiliario cuyos precios se habían disparado. Hasta el punto de que solo en 2007 llegaron a precisar en torno a 57.000 millones prestados. Las cifras eran mareantes. Justo en ese momento la economía española sufrió un abrupto recorte de la financiación exterior. 
Y la necesidad de restablecer la competitividad obligó a un ajuste en salarios y plantillas que sembró todavía más la incertidumbre. A marchas forzadas, las familias empezaron a amortizar sus hipotecas. Y la concesión de nuevo crédito inmobiliario se paró en seco. Durante esos años, los hogares llegaron a ahorrar unos 220.000 millones para bajar deuda.
 Sin embargo, los últimos datos del INE y del Banco de España reflejan que este proceso está empezando a perder fuelle. Tras casi una década, las familias volvieron a no cubrir con sus rentas lo que destinan a consumo e inversión. 
Para ello, tuvieron que recurrir, por una parte, a un incremento del crédito no hipotecario, que creció en torno a un 6%. Solo los préstamos para consumo se elevaron a un ritmo superior al 15%, según datos del supervisor.
Dos factores impulsaron este alto crecimiento de la financiación del consumo: por un lado, la mejora de las perspectivas económicas, que hace que los hogares prevean mayores ingresos en el futuro. Por otro, durante la crisis, fruto de la incertidumbre, se pospusieron numerosas compras de bienes de consumo duradero como electrodomésticos o automóviles que ahora sí que se han estado produciendo.
Aunque la cantidad concedida de hipotecas también creció con fuerza el año pasado, alrededor de un 15%, la amortización del crédito inmobiliario fue todavía mayor y el saldo existente se redujo un 2%. Además, las familias dispusieron de una parte de sus depósitos y activos ahorrados para financiar esas necesidades. Como resultado, la deuda no aumentó justo en esos 3.063 millones que recoge el INE. 
Según las cuentas financieras del Banco de España, el endeudamiento de los hogares no subió pero disminuyó muy poco: desde los 775.318 millones de 2016 hasta los 774.508 millones anotados en 2017. Una reducción de solo 810 millones en un año, una cantidad que se antoja muy pequeña si se compara con los recortes de deuda que se llevaron a cabo en los ejercicios precedentes: por ejemplo, en 2011 se redujeron los pasivos de las familias en unos 27.000 millones; en 2012, en 37.000; en 2013, en 47.000; en 2014, en 36.000; en 2015, en 24.000; y en 2016, en 13.000.
“Con la información disponible, parece que el proceso de desapalancamiento se está agotando. Parece un punto de inflexión”, afirma Rafael Doménech, economista de BBVA. Ya nada apunta que se vuelvan a dar fuertes bajadas como las que se registraron durante la crisis. En términos nominales, los pasivos podrían incluso seguir descendiendo. 
Pero los expertos señalan que en todo caso lo harían a velocidades muy suaves. En relación con el PIB, gracias al crecimiento económico que sube el denominador, la deuda podría continuar reduciéndose durante algunos años más.
Así las cosas, el endeudamiento de los hogares ya se sitúa cerca de los niveles europeos, en torno al 60% del PIB frente al 84% que se alcanzó en 2009. Como explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, ahora mismo resulta inimaginable que, a medio plazo, el endeudamiento recobre cotas cercanas a las registradas en el pasado.
Según el INE, los hogares llevaban ocho años obteniendo capacidad de financiación, esto es, consiguiendo más renta de la que gastaban o invertían. En total, entre 2009 y 2016 acumularon la abultada cifra de 214.511 millones ahorrados, aproximadamente una cuarta parte del PIB que se destinó sobre todo a reducir endeudamiento. Pero, ¿a qué obedece este leve repunte de 3.063 millones en la necesidad de financiación? 
Como se aprecia en las cifras del INE, en 2017 las rentas de los hogares  engordaron en unos 14.000 millones mientras que el consumo subió en cerca de 25.000. Es decir, las rentas crecieron menos de lo que lo hicieron las compras. Y eso provocó que el ahorro se derrumbase.
Al comienzo de La Gran Recesión, la tasa de ahorro se disparó hasta máximos históricos, alcanzando el 13,4% de la renta disponible. Pero en los últimos años ha estado siguiendo el camino inverso: en 2017 descendió un 24% respecto a 2016, tocando el mínimo de la serie histórica en un 5,7% de la renta disponible, unos 40.000 millones de euros.
Ese dinero ahorrado el año pasado no fue suficiente para financiar los 43.000 millones que en 2017 las familias destinaron a inversión, o lo que es lo mismo: adquisición de vivienda. La inversión de los hogares aumentó un 18% sobre el año anterior. 
De ahí en buena medida la necesidad de financiación de las familias durante el pasado ejercicio. En definitiva, los hogares consumieron más, ahorraron menos y compraron más viviendas, lo que hizo que por primera vez en una década volvieran a precisar financiación.

Demasiado crédito acumulado en hogares con rentas bajas

Los datos del INE y del Banco de España marcan un cierto cambio de tendencia en la deuda de las familias. Aunque incluso podría seguir bajando algo, todo apunta a que empieza a estabilizarse en torno al 60% del PIB. 
Ahora bien, cosa distinta es el análisis que se debe hacer de esa deuda. Por una parte, las cifras del Banco de España señalan que todavía hay demasiada deuda concentrada en familias con rentas bajas, lo que todavía puede significar un problema. 
Sobre todo si los tipos de interés empiezan a subir teniendo en cuenta que buena parte de ese crédito está a tipos variables. Aunque las amortizaciones de hipotecas todavía estén dominando y sean mayores que la concesión de crédito inmobiliario, se corre el riesgo de que una parte de la población quede atrapada en esa deuda.
Como explica María Jesús Fernández, de Funcas, otra cuestión es si resulta conveniente para el conjunto de la economía que el desendeudamiento de las familias empiece a perder fuerza. La deuda exterior de España permanece ligeramente por encima del 80% del PIB. Se trata de unas cotas altísimas que hay que renovar y que exponen a España a cualquier vaivén de los mercados. 
Además, la deuda de las Administraciones Públicas es muy elevada. Y el envejecimiento de la población puede hacer que persista la presión sobre el gasto público. Máxime cuando en los próximos años comenzarán a jubilarse las primeras generaciones del baby boom español.
Cierto es que las empresas prosiguen con su reducción de pasivos a una velocidad inaudita, y eso compensa, en parte, lo que pueda suceder con el resto. Estas han pasado de necesitar endeudarse en unos 44.000 millones en 2008 a obtener unos 34.000 millones de liquidez anual en 2017. 
Gracias a esa capacidad de financiación, la deuda de las sociedades no financieras se ha desplomado en 285.000 millones desde 2009, rondando ahora un nivel sobre PIB similar a la media de países europeos. Eso sí, se ha producido en gran medida a costa de un ajuste laboral que sigue mermando las rentas de los hogares.

El precio de la vivienda sube un 5,4% interanual en abril

MADRID.- Tinsa ha destacado que "el precio medio de la vivienda en España no mostraba un ritmo de crecimiento interanual tan elevado a nivel nacional desde el tercer trimestre de 2007", publica Expansión

Esta subida ha estado impulsada por el área "Capitales y grandes ciudades", que ha experimentado una subida del 8,7% interanual, hasta 1.543 puntos.
También muestran subidas importantes las "Áreas metropolitanas" (+5,7%) y "Baleares y Canarias" (+5,6%). En el primero de ellos, que agrupa las áreas de influencia de las grandes ciudades, la tendencia es más bien de estabilización, ya que el índice se ha mantenido en los últimos meses dentro de una banda entre los 1.280 y los 1.310 puntos.
En la "Costa mediterránea", el crecimiento ha sido apenas un 0,3% interanual en abril, seguido de "Resto de municipios", que engloba las localidades más pequeñas, donde la subida ha sido del 1,1% interanual en abril.
Además, hay que subrayar que el precio medio en España se ha revalorizado un 10,3% desde el mínimo que tocó a principios de 2015, aunque sigue arrastrando una caída acumulada del 36,7% desde el pico del boom en 2007.
La "Costa mediterránea", el subíndice más castigado en la crisis, muestra un descenso acumulado del 45,8%% desde los máximos del boom, seguido por las "Áreas metropolitanas" (-42,8%). 
Pese a haber incrementado su valor un 18,6% desde mayo de 2015, las "Capitales y grandes ciudades" siguen estando un 36,6% por debajo del nivel de 2007. También con ajustes inferiores a la media nacional se sitúan "Resto de Municipios" (-36%) y "Baleares y Canarias" (-23,8%).
El índice IMIE General y Grandes Mercados, que se calcula a partir de las tasaciones de vivienda terminada (nueva y usada) realizadas por Tinsa, recoge cada mes la variación interanual del valor del m² de un inmueble y su nivel respecto al año 2001 (base 1.000) en cinco áreas representativas de los diferentes estratos que componen el mercado de la vivienda: "Capitales y grandes ciudades"; "Áreas metropolitanas"; "Costa mediterránea", "Baleares y Canarias", y "Resto de municipios".

El crédito dudoso se reduce en 945 millones en 'Cajamar'

ALMERÍA.- El Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido un beneficio neto de 31,5 millones de euros en el primer trimestre de 2018, el 27,6% más que los 24,7 millones ganados un año antes.

La entidad ha explicado que a este crecimiento del beneficio ha contribuido la mejora del margen bruto, la expansión de productos y servicios, así como del negocio en fondos de inversión, seguros, planes de pensiones y operaciones de consumo.

Ello, unido a optimización de la red comercial, la transformación digital y el consumo eficiente de los recursos, ha hecho que se reduzca al 1,49%, el peso de los gastos de explotación sobre los activos totales medios.

Además, "todo ello ha repercutido en la mejora de la ratio de eficiencia hasta el 59,9%, y en un aumento del margen de explotación recurrente del 24,8%", ha añadido Cajamar, que "sigue manteniendo su política de prudencia y ha continuado durante el primer trimestre reforzando las provisiones para proseguir saneando su balance".

En este sentido, ha explicado que ha reducido en 945 millones de euros los activos dudosos, un 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de morosidad ha caído al 9,84% según Cajamar, que ha destacado que las ventas de adjudicados han crecido un 31%, lo que ha contribuido a lograr una reducción de los activos adjudicados netos del 5,8%.

Respecto a la situación del negocio, Cajamar ha detallado que al cierre de marzo, el balance total se ha incrementado un 5,7%, hasta los 41.857 millones de euros, mientras que el volumen de negocio gestionado lo hizo un 5%, hasta los 72.981 millones.

La concesión de nueva financiación, principalmente al sector agroalimentario, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, también se elevó un 12%.

La entidad ha destacado su posición de "referente" en el sector agroalimentario, con una cuota de mercado nacional del 13,4%.

Por otro lado, ha indicado que entre enero y marzo, elevó los recursos gestionados de clientes, fundamentalmente en depósitos a la vista y fondos de inversión, en un 5,2%.

El Grupo Cajamar cerró el primer trimestre del año con unos recursos propios computables del 2,5% superior, hasta los 3.123 millones.

La ratio de capital de maxima calidad CET 1 alcanzó el 11,3% y el 10,4% fully loaded (cumple todas las exigencias de Basilea III).

En cuanto a la cuenta de resultados, el margen de intereses ha crecido el 0,6%, hasta los 150.259 millones; el bruto, el 7,1%, hasta los 252.557 millones y el de explotación, el 24,8%, hasta los 95.831 millones de euros.

Por último, la entidad ha explicado que esta mañana, el Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, ha celebrado su junta general ordinaria de accionistas.

En ella, han sido reelegidos como miembros del consejo para un nuevo mandato de cuatro años a Luis Rodríguez González (dominical), Marta de Castro Aparicio (independiente), Manuel Yebra Sola (ejecutivo), Juan Carlos Rico Mateo (dominical), Joan Bautista Mir Piqueras (dominical), José Antonio García Pérez (dominical) y Francisco de Oña Navarro (independiente).

En el orden del día de la reunión que mantendrá esta tarde el consejo de administración figura someter a votación la reelección de Luis Rodríguez como presidente de la entidad, Marta de Castro como vicepresidenta, Manuel Yebra como consejero delegado, así como la referida a los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comités.

El BCE sanciona al Sabadell con una multa de 1,6 millones de euros

MADRID.- El Banco Central Europeo (BCE) ha sancionado al Banco de Sabadell con una multa administrativa de 1,6 millones de euros por no cumplir su obligación de obtener el permiso necesario para conducir ciertas transacciones entre enero de 2014 y noviembre de 2016.

El BCE ha informado hoy de que ha impuesto la multa porque el Sabadell recompró instrumentos de capital ordinario de Nivel 1 desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 7 de noviembre de 2016 sin pedir antes permiso a la autoridad de supervisión bancaria.

"Esto constituye una infracción continúa de los requerimientos de fondos propios en ese periodo", según el BCE.

El BCE tiene poder para imponer sanciones a los bancos de acuerdo con la regulación de octubre de 2013, que le confiere tareas específicas de supervisión bancaria.

Fuentes de Banco Sabadell han defendido la actuación de la entidad y han indicado que ya se ha recurrido la multa ante los organismos pertinentes.

El ex alcalde de Benidorm Agustín Navarro, imputado por la trama del PSPV-PSOE

BENIDORM.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Benidorm ha citado a declarar en calidad de imputado -ahora, investigado- al ex alcalde socialista de la ciudad, Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE, según consta en un auto. 

Navarro es en la actualidad diputado del PSPV en la Diputación de Alicante y, tras archivar por prescripción el juzgado de Valencia que inició el caso el delito electoral atribuible a los socialistas valencianos y el Bloc, remitió a Benidorm los indicios relacionados con Navarro para que otro juzgado siga con la instrucción por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Así, el juez investigará una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm. En concreto, el ex alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como imputados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media SL que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la ex concejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación. 
Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación.
El contrato fue adjudicado a Opino Media, empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación fue la encargada de la campaña electoral de Navarro.
En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del ex presidente socialista Joan Lerma. Tiller ejerce en la actualidad un cargo de responsabilidad en Egevasa, una empresa en la que participa la Diputación de Valencia, y fue promovido por José Manuel Orengo, ex alcalde de Gandía y actual coordinador de los asesores del presidente Ximo Puig
En concreto, el coste de los opinómetros instalados en Benidorm ascendió a 280.000 euros y se compraron con el dinero que obtuvo el Ayuntamiento con el denominado Plan E, un conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la economía local.
El proyecto consistía en la instalación de 19 dispositivos fijos y móviles para encuestar a los benidormenses sobre diversos asuntos. Un año después de su instalación, la prensa local recogió que todos estaban fuera de servicio.
El Ayuntamiento de Málaga también contrató con la empresa administrada por el asesor del PSPV los opinómetros. Crespo Gomar instaló allí 25 dispositivos, seis más que en Benidorm, por 200.000 euros, 80.000 euros menos.
Gandía también contrató estos dispositivos pero como real adjudicatario figura Infonova, una empresa con sede en Valencia. Al parecer, en el caso de Gandía los investigadores han detectado irregularidades en adjudicaciones relacionadas con los opinómetros, pero no en la adjudicación directa del servicio, pues en principio la empresa que se impuso en este concurso público no guardaría relación directa con la agencia electoral del Bloc y PSPV.  
El coste de la instalación en Gandía ascendió a 164.000 euros, casi la mitad de lo que pagó Benidorm.
Tiller seguirá por el momento con su puesto en Egevasa y fue el primer gerente de la nueva época de la empresa pública Imelsa, que buscaba alejarse de un pasado oscuro en manos del yonki del dinero, Marcos Benavent.

El sueldo de Navarro

Por el momento Agustín Navarro también seguirá como diputado provincial. En febrero de 2016, un PP en minoría en la Diputación de Alicante aprobó en solitario y contra la opinión de su entonces socio de C's, Fernando Sepulcre, proporcionar un sueldo a dos diputados provinciales imputados, el popular Bernabé Cano y Agustín Navarro. 
Aquel acuerdo vulneraba todo lo firmado por el presidente de la institución provincial, César Sánchez (PP), con C's al principio del mandato sobre regeneración democrática. Sánchez necesitaba justificar ambos sueldos en dos cargos. 
Para ello nombró al imputado de su partido, Cano, como diputado de Planes de Mejora con cargo y sueldo. Y al imputado del PSOE, Agustín Navarro, como vicepresidente de la Comisión de Cuentas de la institución provincial, cargo que todavía mantiene.
Navarro no dudó en justificar su sueldo (49.962,08 euros brutos) en un pleno acusando a la prensa de ejercer una «persecución» contra él.
Sin embargo, había sido un juez el que le imputó supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos a raíz de una denuncia de un sindicato policial.

El Supremo confirma los nueve años de prisión para Milagrosa Martínez, ex alcaldesa de Novelda


MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, de 13 años de prisión, de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ a 12 años y tres meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, anteriormente alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de 9 años, en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal ratifica íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama. 
Se trata de la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras desestimar los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV.
La sentencia ratifica también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunitat Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.
Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la “causa de los trajes”, a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente. 
Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias.
También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat valenciana con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.
El Supremo confirma que la Gürtel era una asociación ilícita y destaca que la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía.
Los hechos probados de la sentencia del TSJ valenciano, dictada el 8 de febrero de 2017, relatan las irregularidades cometidas por directivos y empleados de empresas de la Gürtel, y por la consejera de Turismo, técnicos, políticos y funcionarios de ese departamento en Valencia, para adjudicar los contratos para Fitur
Para este fin, constituyeron la empresa Orange Market, que se relacionaba directamente con la Conselleria y con las otras sociedades del entramado, y a quien se hacían las adjudicaciones.
El alto tribunal define como una “toma” la actuación de las empresas de la Gürtel respecto de una unidad administrativa de la Conselleria de Turismo que fue posible gracias a la amistad entre Correa, Pérez y Crespo con Martínez y funcionarios del departamento.
Un conocimiento personal, añade, “derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad”.
La Sala indica que la reacción de los códigos penales frente a esas conductas ha sido tipificar nuevas figuras penales, como el tráfico de influencias o el fraude a la administración, que se han unido a las clásicas de prevaricación, malversación o cohecho.
Todas ellas “dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública”.
El Supremo rechaza también la nulidad de la causa reclamada por varias defensas por lo que consideraban vulneración de su derecho a la intimidad debido a la grabación realizada por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que dio origen al proceso.
Al respecto, la Sala concluye que “ninguna lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales”.
“Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación”, añade el Supremo que recuerda que “lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos”.

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.