ALICANTE.- El vicepresidente primero de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el británico Michael Cashman, opinó en Alicante que la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) "no será útil" si no aclara cómo se conjugan los derechos generales de los municipios y el de los propietarios particulares de terrenos.
El presidente de la citada Comisión, el polaco Marcin Libicki, y Cashman (en la fotografía) se entrevistaron en Alicante durante más de treinta minutos con la sindic de Greuges, Emilia Caballero, dentro de la ronda de contactos que mantienen en la Comunitat Valenciana para recibir información sobre posibles abusos urbanísticos.
Según fuentes del Parlamento Europeo, Cashman opinó que "si no hay una definición de todos los términos y los procedimientos, la nueva ley (valenciana) no será útil", como consideró que ocurrió con su antecesora, la LRAU.
Los dos eurodiputados plantearon una serie de cuestiones a la sindic de Greuges, sobre todo relativas a la legislación urbanística valenciana y a los posibles perjuicios por su aplicación a los propietarios particulares.
Según las fuentes comunitarias, Cashman preguntó a Caballero si le parecía adecuada la definición de "utilidad social" que aparece en la LUV, que entró en vigor en febrero de 2006, y si le parecen correctas las indemnizaciones que se dan a los propietarios obligados a ceder suelo para el desarrollo de planes urbanísticos.
Por su parte, Libicki recordó que la mayoría de las peticiones o denuncias que se reciben en Bruselas sobre el urbanismo valenciano se refieren a la "violación del derecho a la propiedad y sobre violaciones de los derechos medioambientales".
Incluso, trasladaron a la sindic que algunos de los propietarios afectados han visto perjudicada su nivel de vida y salud por las posibles irregularidades medioambientales que conllevaban las actuaciones urbanísticas.
El presidente de la Comisión de Peticiones también planteó a la sindic de Greuges si cree que en la Comunitat Valenciana se ha perjudicado a muchos propietarios.
Por su parte, Caballero explicó a los periodistas que esta reunión, la segunda de europarlamentarios con esta institución en un año, ha sido corta pero "muy satisfactoria", y consideró que es un "ejemplo de colaboración", por lo que ha sido "estupendo recibirles y contestar a sus dudas y preguntas" para mejorar "el conocimiento que tienen de la Comunitat".
Según la sindic, precisamente la función del agente urbanizador "es el principal problema" porque creen que actúa bajo una supuesta premisa de "bien general" y su papel prevalece sobre los derechos de la propiedad de los particulares.
Por ello, se interesaron en conocer "cómo el interés general se sobrepone a la propiedad y en qué medida", y pidieron saber cuál es la definición de ese "interés general" y cómo se conjuga con los derechos de los propietarios para que estos no sean vulnerados.
Caballero explicó a la delegación que la nueva legislación solucionará "parte" de la problemática aunque añadió que las quejas que se reciben actualmente siguen siendo por la aplicación de la anterior ley urbanística, la LRAU, que estuvo vigente hasta febrero de 2006 y sigue aplicándose en los planes aprobados antes de esa fecha.
Señaló que la nueva LUV "mejora" la situación porque aplica los criterios de la contratación pública "y eso es una garantía" y porque también prevé el sistema de disciplina urbanística.
Sin embargo, indicó que con la nueva normativa "sigue habiendo problemas que la ley no resuelve", por lo que explicó a los eurodiputados que "la jurisprudencia deberá resolver muchas" de estas situaciones.
Antes de reunirse con la sindic, la misión recorrió por la mañana varias urbanizaciones de Rojales, San Miguel de Salinas y Catral, todas ellas al sur de Alicante, y no fueron a Torrevieja por falta de tiempo, mientras que por la tarde tienen previsto ir a Tibi, Parcent y Benissa, al norte de la provincia.
En San Miguel dialogaron con medio centenar de afectados de la asociación vecinal San Miguel Arcángel, quienes les plantearon numerosas quejas porque les habían quitado parte de sus terrenos para un plan urbanístico.-(EFE)
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