Expertos internacionales critican que el Gobierno impida la sanidad a los inmigrantes

MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición legal.

   El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917 millones de euros.

   Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.

   Unas medidas que, a juicio del docente y experto en Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.

   "Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que les identifique", ha señalado, antes de participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.

   En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la "regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda pagar.

   En este sentido, ha lamentado que el acceso de los medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún país" podrá pagarla.

   El director de la Fundación colombiana del Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se quede sin ellos.

   Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen "nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.

   "Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.

   Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los que menos tienen".

   Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos esenciales.

   Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100 encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas, colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias farmacéuticas, entre otros.

   Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para ayudar a paliar este problema.

   No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel "muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte "prioritario".

   En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una "importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un "consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.

Votó menos de la mitad 

La tasa de participación en las elecciones legislativas celebradas este jueves en Argelia, las primeras que se celebran en el país después de la primavera árabe, se situó en el 42,90%, anunció por la noche el ministro del Interior Daho Ould Kablia.

"La participación global -territorio nacional más la comunidad nacional en el extranjero" es del 42,90%", dijo el ministro en conferencia de prensa.
En las elecciones de 2007, la participación fue sólo del 35,67%, un récord motivado por los numerosos casos de fraude desde la instauración del multipartidismo en el país en 1989.
Los colegios electorales cerraron a las 19.00 locales (18.00 GMT) en los dos tercios de los municipios y una hora más tarde en el resto (543 municipios), por decisión del propio Kablia.
Más de 21,5 millones de personas estaban convocados para elegir a 462 diputados en el marco de las reformas iniciadas por la presidencia argelina tras la primavera árabe.
Tras las manifestaciones y disturbios del año pasado, el presidente del país Abdelaziz Buteflika optó por impulsar reformas relativas a la prensa, las asociaciones, las mujeres o el voto, pero sin consultar a la oposición, que había salido a la calle para expresar su descontento ni a los sindicatos autónomos.
La oposición estimó que estos comicios eran un intento de intensificar el control de la población por parte del Estado, que les ofreció aumentos de salarios y más viviendas.