ALICANTE.- De cuarta caja de ahorros a ejemplo de malas prácticas. Caja
Mediterráneo (CAM) se hundió el año pasado como un castillo de naipes
ante los ojos atónitos de muchos y el sonrojo de otros, tras un
accidentado e infructuoso intento de pactar una fusión que evidenció su
debilidad. La intervención del Banco de España
el 22 de julio sacó a la luz una realidad que llevó a la CAM a ser
calificada como "lo peor de lo peor", por el exgobernador Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, según publica hoy 'El País'.
La CAM pasó de 244 millones de beneficios en 2010 a admitir pérdidas
de 2.713 millones en el ejercicio siguiente. Al año de la intervención,
son muy visibles los restos del naufragio de una caja con 137 años de
historia fruto de una veintena de fusiones. Su debacle ha dejado
cicatriz en Alicante, donde la Obra Social colaboraba y financiaba
numerosas actividades. Ahora, sus exdirigentes afrontan posibles
responsabilidades en varios ámbitos. Y la entidad, convertida en Banco
CAM, ha iniciado otra etapa tras adquirirla en subasta el Banco Sabadell por un euro y con una inyección del Fondo de Garantía de Depósitos 5.249 millones para sanearla.
"Lo que nos ha hundido es el ladrillo", enfatiza un exconsejero que
reclama anonimato. Su respuesta se amplía al preguntarle los motivos de
la crisis de la CAM, que atribuye al "endiosamiento del equipo
directivo, la avaricia en la construcción, la manga ancha en la gestión y
la falta de controles internos". Eso, agrega, "más la
instrumentalización política". Y es que la CAM acompañó a la Generalitat
valenciana en muchas y costosas aventuras: la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, el ruinoso parque Terra Mítica o la Ciudad de la Luz. Tres
días antes de la intervención, por citar otro ejemplo, prestó al
ejecutivo valenciano 200 millones. También concedió, entre 2004 y 2010, a
sus consejeros 161 millones en préstamos blandos, en algunos casos al
0%.
Con Roberto López Abad, director general en la última década, la caja
vivió un fuerte crecimiento en parte por su indisimulado entusiasmo por
el sector inmobiliario. Cuando estalló la burbuja, le alcanzó de lleno.
La caja había duplicado su negocio inmobiliario entre 2003 y 2005.
Llegó a participar en 66 sociedades y en 104 proyectos del sector. Se
vinculó a Polaris, Martinsa, Nozar o al proyecto de El Pocero en Seseña.
También saltó el charco. En abril de 2009 compró el 100% de la mexicana Crédito Inmobiliario, donde invirtió casi 300 millones. El proyecto no levantó el vuelo y fue liquidado en junio.
La CAM inició la carrera de las fusiones asegurando que podía seguir
sola para encadenar poco después maratonianas negociaciones fracasadas. La peregrinación pareció terminar
en mayo de 2010, al aliarse con Cajastur, Caja Cantabria y Caja
Extremadura. Pero la alegría duró poco y terminó expulsada por falta de
solvencia. Luego fue intervenida. Cuestionada la gestión, las indemnizaciones millonarias y los salarios de sus directivos
atizaron el escándalo. "Como ciudadano me estremezco cuando escucho
esas indemnizaciones ilógicas y fuera de lugar en estos momentos de
crisis", llegó a decir Alberto Fabra, presidente valenciano. Y es que
pocos meses antes de la intervención, López Abad y otros cinco altos
directivos de la CAM se acogieron al ERE de la entidad con
prejubilaciones que sumaban 15,5 millones, según el expediente
disciplinario abierto por el Banco de España en enero a 48 exdirigentes.
Su sucesora, María Dolores Amorós, se puso un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.497 euros a espaldas de los órganos de control. Amorós fue despedida
fulminantemente por el supervisor en septiembre de 2011, entre otros
motivos por falsear la contabilidad con artificios financieros. Recurrió a los tribunales y en la vista exigió 10 millones en concepto de lucro cesante. Pero la juez la dejó sin indemnización ni pensión vitalicia. El otro gran protagonista fue el último presidente de la CAM, Modesto Crespo, que no tenía sueldo oficial pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de CAM, TI Participaciones.
Esta mala gestión también la pagaron miles de clientes. "Estoy en la
CAM desde que era Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Nunca tuve
problemas", relata Concepción Arroyo. Tras el cobro de "un dinerillo"
surgió la posibilidad de comprar cuotas participativas. "Siempre pedía
que el capital estuviera garantizado porque no quería ningún riesgo",
recuerda. Le ofrecieron una fórmula mixta: 1.500 euros en cuotas y un
plazo fijo a un interés superior al del mercado.
La CAM fue la primera y única caja que emitió cuotas participativas
(títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos). Tras la
intervención y la segregación del negocio en Banco CAM, la caja se quedó
con unas cuotas sin valor. Hay unos 54.000 poseedores de títulos.
Concepción, ahora socia de Adicae, explica que a mediados de junio
recibió una llamada de Banco CAM (Banco Sabadell) y le ofrecieron
cambiar sus cuotas por acciones de la entidad catalana. Incluía
contratar un seguro de vida, una tarjeta de débito y que volviera a
depositar allí sus ahorros del pasado. "No pueden exigir una cantidad
que no saben si tengo", replica molesta. Está sin empleo.
Banco CAM explica que tras analizar a cada cliente que compró cuotas
está planteando propuestas comerciales a la gran mayoría. El objetivo es
que recuperen gran parte del dinero, así como mantener o volverlos a
tener de clientes. Por otro lado, hay 75.000 personas atrapadas por la
compra de participaciones preferentes y de deuda subordinada. José
Belmonte supera los 70 años y lleva toda la vida de cliente de la caja.
Tras jubilarse cobró un plan de pensiones, "los ahorros de 40 años", y
lo metió en un plazo fijo. "Son menos de 50.000 euros y más de 30.000
euros", comenta. Creyó que le ofrecían un plazo fijo. No está de acuerdo
con la propuesta de Banco Sabadell.
La entidad propone rescatar las preferentes con acciones un 64% más
caras. "Queremos cambiar el papel que tenemos por dinero, no por otro
papel", dice Belmonte, de Plataforma CAM.
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