VALENCIA.- La portavoz de Vivienda del grupo socialista
en las Corts, María José Salvador, ha denunciado que la
Generalitat adeuda cerca de 250 millones de euros en concepto de ayudas a
la vivienda correspondientes a los años 2007-2011 a unas 30.000
personas que tenían reconocidos estos derechos y no han cobrado los
importes correspondientes.
En un comunicado, la diputada ha señalado que estas personas no
han recibido las ayudas aprobadas en su día por bajo los conceptos de
ayuda al alquiler, adquisición de vivienda de nueva construcción y de
vivienda usada. Estas cifras han sido facilitadas por la consellera de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, como
respuesta a la batería de preguntas presentada por los socialistas sobre
el número de resoluciones aprobadas y las cantidades abonadas.
Según la socialista, entre 2007 y 2011 la Generalitat reconoce
haber pagado 136 millones de euros en concepto de ayudas al alquiler de
los aproximadamente 386 millones de euros, en total, que debía haber
abonado a las personas que tienen reconocida la resolución de ayuda en
ese periodo.
Salvador ha lamentado "la falta de iniciativa de la Conselleria
para aplicar medidas en su ámbito competencial para impulsar y promover
políticas públicas de vivienda en el marco del Estatut d'Autonomia" y ha
criticado que las políticas del PP "se centran en disminuir el
presupuesto de vivienda, liquidar el IVVSA, recortar las ayudas a la
vivienda o destinar siete millones de euros para pagar los despidos de
los trabajadores del IVVSA".
Por ello, ha calificado esta política de "absoluta bancarrota",
sobre todo porque, tal y como ha recordado, "quienes reciben estas
ayudas es porque tienen bajo nivel de renta, así que si dejan de
percibir estos ingresos sus expectativas de presente y futuro se verán
truncadas, quedando en una situación de abandono en la que es imposible
que tengan garantizado el acceso a una vivienda, lo que supone una
auténtica irresponsabilidad por parte de la Generalitat".
"La vivienda es un derecho, un bien prioritario, y no un lujo. Por
eso, no se puede hacer negocio ni mercadear con un derecho social de
primer orden", ha agregado la diputada, que ha insistido en que "ahora
más que nunca hay que preservar el Estado de Bienestar con más
educación, sanidad, dependencia, y políticas de vivienda".
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