ALICANTE.- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha inaugurado este martes en la
Jefatura de la Policía Local, en el barrio de Babel, la Oficina Contra
la Ocupación Ilegal de viviendas, que el gobierno local del PP ha
pactado con Vox.
Así lo ha informado el Ayuntamiento en un
comunicado, en el que ha explicado que este nuevo recurso lo atenderán
agentes del cuerpo municipal, con el objetivo de "garantizar el legítimo
derecho a la propiedad y protegerlo frente a supuestos de usurpación y
allanamiento de morada".
Según el consistorio, la oficina
prestará información y asesoramiento "sobre buenas prácticas preventivas
para evitar la ocupación y detectarla con antelación", además de
asesoramiento jurídico y "acompañamiento a las víctimas".
Entre sus funciones también figura "la elaboración de un registro de
consultas y denuncias, y una base de datos de viviendas ocupadas
ilegalmente".
La Oficina Contra la Ocupación Ilegal contará
con cuatro agentes y un auxiliar, en diferentes turnos, durante las 24
horas del día. En concreto, el Servicio de Atención Ciudadana de la
Policía Local atenderá de lunes a viernes, de 07.00 a 14.00 horas, en
los teléfonos 965232805 y 965232806.
Por su parte, el Servicio de
Atestados lo hará de 14.00 a 07.00 horas entre semana, y todos los
sábados, domingos y festivos en el teléfono 965149501.
El
primer edil ha señalado que "la oficina sirve para informar a los
ciudadanos de cómo y dónde denunciar una ocupación y prestará
asesoramiento en relación con la prevención, la actuación inmediata y
las actuaciones posteriores en caso de ocupaciones ilegales en curso".
Barcala ha aseverado que este recurso estará "en contacto permanente"
con la Policía Nacional, cuando la entrada irregular en una vivienda se
produzca de manera reciente "para llevar a cabo una posible
intervención inmediata".
"Si los ocupantes llevan varios días en el
inmueble, la oficina orientará al legítimo propietario sobre cómo
agilizar o poner en marcha el proceso legal de desocupación".
Para el alcalde, "la rapidez en la actuación es clave para hacer frente a
la ocupación ilegal de viviendas".
"La legislación española debería
establecer un plazo máximo de 24 horas para expulsar a los ocupantes
ilegales, tal y como sucede en la gran mayoría de países de nuestro
entorno", ha expresado.
El primer edil ha recalcado que "la
ocupación ilegal no solo atenta contra los derechos individuales a la
propiedad y la intimidad, sino que también perjudica a las comunidades
de vecinos y propietarios, y genera, en muchos casos, problemas de
convivencia y contribuye a degradar las zonas urbanas afectadas".
Barcala ha reiterado que este "es un delito flagrante que permite
actuar a la policía en las primeras 24 horas, por lo que el tiempo es
muy importante para poder actuar".
Durante la inauguración, el
alcalde ha anunciado que se va a desarrollar una campaña informativa
"para que los alicantinos conozcan sus derechos" en esta materia.
Además, "se va promover la coordinación del Ayuntamiento con el decanato
de los juzgados para tratar de agilizar la tramitación de las denuncias
y demás procedimientos derivados de estas actuaciones".
Según
Barcala, "es necesario que los agentes de la Policía Local cuenten con
protocolos seguros para poder actuar dentro del marco legal con la mayor
eficacia y rapidez", y ha adelantado que "el Ayuntamiento seguirá
organizando jornadas informativas para funcionarios y policías locales,
con el fin de que dispongan de la información jurídica y práctica lo más
actualizada posible sobre el fenómeno de la ocupación ilegal de
viviendas".
Por su parte,
la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, quien también ha asistido a la
inauguración, ha subrayado que "la ocupación ilegal es una de las
mayores lacras a la que se enfrentan los alicantinos en general y muchas
comunidades de propietarios en particular".
"Los vecinos
están hartos de la indefensión y del abandono de las instituciones, que
se niegan a poner coto a unas prácticas en muchos casos mafiosas por
parte de auténticas organizaciones criminales y que mantienen en vilo a
los propietarios de viviendas compradas con el sudor de su frente", ha
agregado Robledillo.
La concejala de Vox ha incidido en que
esta oficina pretende "poner a disposición todos los medios del
Ayuntamiento para ayudar y apoyar a las víctimas de la ocupación".
Por su parte, la portavoz socialista, Ana Barceló, ha acusado a
Barcala de "generar una alarma innecesaria" al poner el foco en la
ocupación ilegal de viviendas y de estar "ocupado exclusivamente en
contentar a la ultraderecha de Vox y, de esta forma, tratar de aprobar
los presupuestos para 2025".
A través de un comunicado,
Barceló ha manifestado que "no existen datos que avalen que Alicante
necesita esta oficina".
"Lo que sí se necesitan son medidas para
facilitar el acceso a la vivienda", ha agregado.
En este
sentido, la portavoz del PSPV ha hecho hincapié en que el alcalde que
"no ha construido ni una sola vivienda en seis años y se niega a
declarar la ciudad tensionada para contener los precios del alquiler,
cuando el descontrol de los apartamentos turísticos ilegales es
absoluto".
Barceló considera que Barcala "no puede permanecer
en el inmovilismo, en un momento en el que los alicantinos y alicantinas
exigen medidas para tener acceso al mercado de la vivienda, y mientras
cada vez son más voces las que reclaman que se persiga a los
apartamentos turísticos ilegales y se regule el sector".
Así,
la portavoz socialista ha recordado que su grupo ofreció al gobierno
local (PP) un "pacto por la vivienda" --en el último debate sobre el
estado de la ciudad-- y "prohibir los apartamentos turísticos en bloques
residenciales".
Desde Compromís,
su portavoz, Rafa Mas, ha calificado de "postureo político" la creación
de la Oficina Contra la Ocupación Ilegal, ya que el ejecutivo municipal
"no ataja la especulación turística ni construye vivienda pública".
"Estamos en contra de la ocupación ilegal, pero también en contra de
los pisos turísticos ilegales. Aún no han creado el área para
perseguirlos, como establece el decreto autonómico que aprueba que los
ayuntamientos tienen esa competencia", ha apuntado Mas.
El
portavoz de la coalición ha pedido al Ayuntamiento "conocer el detalle"
de esa nueva oficina y se ha preguntado si es "una nueva área o si se ha
dado competencias a la Policía Local".
"No entendemos exactamente qué
es, más aún con los recursos limitados de la policía, que están bajo
mínimos, mientras los coches se caen a pedazos y no cuentan con
vestuarios o chalecos para trabajar".
En esta línea, Mas ha
afirmado que su grupo municipal ha hablado con los sindicatos policiales
y que estos le han trasladado que están "sorprendidos" por la
inauguración.
Desde EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, cree
que esta oficina es "totalmente innecesaria" mientras hay un "verdadero
drama en las más de 5.000 familias que solicitan vivienda porque no
pueden afrontar pagos".
"No existen datos sobre ocupación en
Alicante, pero la provincia acabó 2023 siendo la primera del País
Valencià en desahucios ejecutados, con 368 al trimestre, y la cuarta de
España.
Barcala debe ponerse a gobernar para quienes tienen dificultades reales en esta ciudad", ha concluido Copé.
No hay comentarios:
Publicar un comentario