VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, apuntaba al Gobierno central como responsable último de la demora de la alerta masiva a los móviles de las zonas afectadas en Valencia por la DANA, que se lanzó a las 20:10 horas del martes cuando los estragos causados por el temporal ya arrasaban varios municipios.
Desde el Ministerio del Interior se descargan de toda titularidad al precisar que, acorde a la legislación vigente, son las comunidades autónomas las que gozan de “competencia exclusiva” a la hora de activar y aplicar los protocolos territoriales de protección civil.
El departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska sale así al paso de acusaciones e informaciones vertidas desde la Generalitat Valenciana, que señalaban a la Administración central como responsable última de la demora en la activación de los planes de Protección Civil.
Por ello, a la luz de “determinadas informaciones erróneas”, Interior emitió un comunicado en la madrugada de este miércoles al jueves para precisar que tanto la “activación como la posterior gestión” de estos planes es “responsabilidad exclusiva de las autoridades autonómicas”, quienes, según la legislación vigente, son las “competentes en la materia”.
En su nota, Interior precisa que hay diversos “organismos competentes” para la detección de “posibles riesgos naturales que pueden afectar a población, bienes, infraestructuras, patrimonio cultural y similares”.
Así, recuerdan, estas instituciones, efectivamente, pueden estar sujetas a diferentes administraciones; pero todas ellas están obligadas a emitir “avisos a los organismos autonómicos de Protección Civil”, quienes a la postre reciben estas alertas y son los responsables de elaborar un “análisis de riesgos” y escudriñar sus “posibles consecuencias”.
Ámbito autonómico
Así, en relación a los análisis posteriores, según prosigue la nota emitida por Interior, las autoridades autonómicas de Protección Civil son siempre las encargadas de activar las alertas pertinentes, que pueden abarcar desde la puesta en marcha de los diferentes planes en función del tipo de amenaza; ya sean incendios forestales, terremotos, inundaciones o actividad meteorológica adversa como ha ocurrido en esta situación.
Insisten, por tanto, en que dependiendo de la envergadura de la amenaza, siempre serán las administraciones regionales las que decreten la “situación operativa 1” – de ámbito municipal y/o de la comunidad en cuestión-, que puede afectar a una localidad o a varias simultáneamente.
En este sentido, en virtud de la legislación vigente, la responsabilidad recae sobre el gobierno autonómico. No obstante, en el caso de la “situación operativa 2” -ya de ámbito autonómico-, se decreta cuando la emergencia puede afectar a más de un municipio o provincia dentro de un mismo territorio autonómico.
Así las cosas, en este segundo caso, la dirección operativa la tienen la autoridad autonómica en Protección Civil, que es la encargada última de “activar los medios personales y materiales necesarios”.
Dentro del marco de este segundo escenario operativo, “corresponde a las autoridades autonómicas de Protección Civil la gestión del protocolo Es-Alert para enviar alertas a la población que se encuentre en una zona afectada por emergencias o catástrofes inminentes”.
De hecho, Interior recuerda en su nota que otros territorios como Madrid y Andalucía, en pretéritas emergencias “de similares características”, enviaron la notificación masiva a la población. Es más, la Comunidad de Madrid estrenó este sistema en 2023 para alertar de unas fuertes lluvias que a la postre no ocurrieron.
Asimismo, dentro de este mismo espectro, se precisa que la autoridad competente en Protección Civil puede, en virtud de la gravedad de la emergencia y la disponibilidad de medios, requerir a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de Interior, la activación de medios del Estado como la Unidad Militar de Emergencias.
Por último, en este sentido, Interior hace un llamamiento a todas las
administraciones autonómicas y locales para aunar esfuerzos de cara a la
protección a la “población afectada” y “encarar una rápida
reconstrucción de las comarcas dañadas”.
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