VALENCIA.- El PSPV presentó hoy ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una querella por financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal contra 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el vicepresidente primero y conseller de Industria, Vicente Rambla, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y los considerados principales responsables de la 'trama Gürtel' en Madrid, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
Asimismo, se ha incluido en la querella a diversos empresarios de la construcción como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e hijos Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Vicente Cotino, administrador de Sedesa, y Luis Batalla, administrador de Lubasa.
La lista se completa con el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; el ex director de RTVV, Pedro García; el miembro del Consejo de Administración de Orange Market, Cándido Herrero; y el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
Así lo señaló hoy en rueda de prensa el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna,
quien consideró que las investigaciones derivadas de esta actuación permitirán probar la "vinculación estrecha" de la dirección del PPCV y de los máximos responsables del Consell con su presidente, Francisco Camps, "a la cabeza" con una "gigantesca trama de corrupción", de carácter "internacional". Asimismo, no consideró descabellado que las futuras investigaciones saquen a la luz nuevos "actos delictivos".
Preguntado por la opinión de la dirección nacional del PSOE acerca de esta acción --que anunció el pasado 20 de octubre el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en un encuentro con periodistas en Madrid--, Luna aseguró que no ha presentado "ninguna reticencia" aunque puntualizó que ha sido la dirección de los socialistas valencianos quien ha adoptado la "decisión oportuna".
Agregó que se han celebrado diversas reuniones entre abogados de la Comunitat y de Madrid "y cuando se juntan cuatro juristas en una mesa, dado que no es una ciencia exacta, aparecen matices de todo tipo, pero luego a quien le corresponde tomar la decisión la toma".
El 'síndic' socialista explicó que la querella --que se presenta "después de que se hayan rechazado en sede parlamentaria más de 450 preguntas sobre contrataciones con las empresas implicadas"-- se fundamenta en dos informes policiales de la Brigada de Blanqueo de Capitales, el primero de ellos del pasado 31 de julio y un segundo referente a la visita del Papa a Valencia en 2006 con motivo del Encuentro de las Familias, así como información obtenida en registros en sedes de Orange Market y "pisos francos" de la trama, conversaciones telefónicas y correos electrónicos autorizados judicialmente y declaraciones de algunos de los implicados.
Luna recalcó que estos datos reflejan que se estableció "un sistema de financiación para los servicios que Orange Market realizaba para el PPCV a partir de una doble facturación que ha permitido que la mayor parte de su actividad propagandística permaneciera al margen de la legalidad".
También muestran, prosiguió, "la participación de empresarios que gozan de contratos con la Generalitat y que han contribuido a sufragar esa financiación ilegal, la adjudicación irregular de contratos del Gobierno valenciano, la obtención de beneficios económicos a través de fondos de contratos públicos que la trama se encargaba de sacar de España y colocar en paraísos fiscales y la persistencia en el tiempo de estas actividades, documentadas desde el Congreso del PPCV del año 2002, que organizó como secretario general Francisco Camps".
En concreto, Luna afirmó que Orange Market está mayoritariamente participada por una empresa con sede en Reino Unido que, a su vez está participada por una sociedad radicada en la Isla Nevis. "Ahí van a parar los impuestos de los valencianos", lamentó Luna, que recalcó que no se trata de "delitos de aficionados sino de la vinculación del PPCV y las más altas magistraturas del Consell con una trama delictiva internacional y muy sofisticada".
Interrogado por si los responsables de las constructoras son "víctimas o autores" de los hechos, Luna defendió que "los empresarios habitualmente no regalan el dinero y cuando una empresa lo aporta es porque recibe presiones de todo tipo". "Pero cuando se reciben presiones ilegales hay que saber soportarlas", sentenció.
En este sentido, añadió que en el informe policial "aparecen detalladas unas conductas y unos autores y no sería ni serio ni razonable que a la hora de presentar una querella se dejara fuera a algunos".
No obstante, matizó que "es evidente que si hay juicio se pueden graduar las consecuencias penales con los agravantes y atenuantes aplicables a cada caso", ya que "se puede ser un colaborador a la fuerza o un 'hooligan' ayudando a montar la trama", dijo de manera gráfica.
El representante socialista defendió que los informes policiales son "contundentes y no es racionalmente sostenible que sean ni un montaje ni un invento", al tiempo que consideró que hay "indicios más que suficientes para la apertura del procedimiento penal".
Para Luna, se está confirmando la tesis de que "el asunto de los trajes de Camps era la punta del iceberg que señalaba a la trama de corrupción que había debajo, un gigantesco sistema montado para financiar las actividades del PPCV en la Comunitat y para construir la imagen de un líder que se ha demostrado, con el tiempo, que tiene los pies de barro".
"El PPCV ha contado, gracias a estas actividades delictivas, de unos recursos que le han permitido poner en marcha una ingente maquinaria propagandística para hacer creer a los valencianos que viven en una comunidad distinta y que tiene unos enemigos exteriores que no son tales", acusó.
De igual modo, Luna, que demandó a los jueces que actúen con "rigor y celeridad", subrayó que en los cálculos del PSPV "no han entrado razones de carácter electoral".
"No sabemos si esto nos va a dar algún voto o no, pero no nos importa; es un servicio a la sociedad valenciana que debemos hacer" porque lo contrario, dijo, sería "dimitir como partido".
Por otra parte, el portavoz socialista comentó que ha sido él y no Jorge Alarte quien presenta la querella porque ésta va formada por cuatro diputados autonómicos --entre ellos el propio Luna-- por estar dotados de un "plus de legitimidad".
Además, reflexionó sobre el hecho de que "la corrupción, igual que el asesinato, es inevitable en una sociedad suficientemente numerosa lo que no es inevitable es la respuesta".
Finalmente, Luna --que recalcó que el PSOE no sabe en qué medida está actuando la Fiscalía porque "no tiene la conexión con ella que algunos pretenden"-- lamentó la "degradación de la vida política a la que se ha llegado en la Comunitat Valenciana".
Un ejemplo de ello, dijo, es que se pueda pensar en "castigar" al PSPV en asuntos como la renovación de cargos de las cajas por la presentación de la querella.
