jueves, 8 de julio de 2010

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

El PSPV suspende su apoyo a la reforma del Rico Pérez por la imputación de Ortíz

ALICANTE.- La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Alicante ha acordado dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado para la reforma del Estadio Rico Pérez al estar imputado el empresario Enrique Ortiz -máximo accionista del Hércules- en relación con el caso "Brugal".

Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".

El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".

Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".

El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".

Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".

Ripoll reconoce ahora que está imputado por el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha anunciado que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación de un plan de residuos, aunque el juez ha denegado las medidas pedidas por el fiscal, como una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión y que se personara de forma periódica en el juzgado nº 3, en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar.

Ripoll ha hecho una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, de quien ha comentado que no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal". Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Al responder que deseaba declarar, ha proseguido, el juez le ha "imputado formalmente" y le ha leido "todos los derechos" que le asisten, y durante los siguientes 30 minutos le ha trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, a causa del secreto sumarial.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro.

Según el presidente de la Diputación y del PP alicantino, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas" y tras las realizadas por sus propios abogados, se ha acabado su comparecencia.

Al terminar la declaración, el juez ha emitido un auto en el que adopta la decisión de mantener su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando de esta forma la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, del medio millón de euros para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica en el juzgado.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante el secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Compromís: "La imputación de Ripoll es una mala noticia a la que nos tiene acostumbrados el PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha considerado este jueves que la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el marco del llamado 'caso Brugal' es "una mala noticia a la que ya nos tiene acostumbrados el PP".

"Y es también una mala noticia y una imagen fatídica y mala para el País Valenciano, porque al resto del estado y en Europa nos ven como un nido de gobernantes corruptos", ha lamentado.

En opinión de Morera, el líder del PP, Mariano Rajoy, "no tiene más remedio ahora que tomar medidas y pedir responsabilidades o esta espiral de corrupción acabará arrastrándolo a él hacia el fracaso político".

El PSPV valorará el 'caso Brugal' en la puerta de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, comparecerá esta noche ante los medios para hacer una valoración de la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el denominado 'caso Brugal'. Desde el PSPV han denunciado que la comparecencia se hará a las puertas de la corporación provincial tras ser "expulsados los diputados provinciales socialistas de la sede del grupo".

Alarte, junto al portavoz Antonio Amorós, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló y la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, comparecerán fuera del edificio "después de que los servicios de Presidencia de la Diputación Provincial hayan expulsado esta tarde a los diputados provinciales socialistas", según las mismas fuentes.

Los socialistas han calificado lo ocurrido de "atentado en toda regla contra el derecho a informar y a declarar sobre este asunto cuando se trata de un hecho muy grave para esta institución, que se ha visto manchada por la imputación de su presidente".

"Es la primera vez que ocurre esta situación y lo que no entendemos es por qué nos echan de nuestro lugar de trabajo", ha apuntado Amorós

Ripoll queda en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas

ORIHUELA.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal', y ha convocado una rueda de prensa a las 21.30 horas en la sede de la corporación provincial.

José Joaquín Ripoll no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, después de permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, ha entrado a las 16.00 horas en los juzgados oriolanos para prestar declaración ante el titular del juzgado de primera instancia número 3, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, dos horas después de lo previsto.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde estaba citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.

Ripoll ofrece una rueda de prensa desde las 22.00 horas en la Diputación Provincial de Alicante donde informa sobre su paso por el juzgado de Orihuela.

Enrique Ortiz queda en libertad, imputado por un delito de cohecho y fraude

ORIHUELA.- El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha quedado en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano, que instruye el llamado caso 'Brugal', según ha señalado el letrado de Ortiz, Alejandro Bas.

El abogado hizo estas declaraciones cerca de las 18.00 horas de este jueves, acompañado por Enrique Ortiz, a la salida del juzgado número 3 de Orihuela, encargado del caso 'Brugal', donde acudió a las 16.00 horas para prestar declaración.

Bas ha señalado que el fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada", por lo que el juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" contra Ortiz.

El propio empresario ha afirmado que "respeta a los jueces" y ha señalado que el titular del juzgado "no ha tomado ninguna medida cautelar" en su contra.

El juez imputa a Ripoll diversos cargos y decreta libertad provisional

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

El juez de Orihuela impone una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, detenido en la operación policial del martes

ALICANTE.- El juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario de la automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho, han informado fuentes cercanas al caso.

El empresario y ex presidente de la Fundación del Hércules, que ha prestado declaración en la mañana de este jueves, ha salido de los juzgados sobre las 14.30 horas, hora en la que el magistrado ha ordenado un receso en los interrogatorios, que se reanudarán a las 16.00 horas.

La toma de declaraciones arrastra un retraso de varias horas, ya que a la hora de comer continuaba pendiente la declaración de varios de los citados, entre ellos el empresario alicantino Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El director de la Policía defiende que en Alicante se ha actuado "en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho"

GRANADA.- El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este jueves la labor de la Policía en las detenciones que efectuó el pasado martes en Alicante en la denominada 'Operación Brugal', entre ellas la del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, y aseguró que los agentes actuaron "en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde presidió la inauguración del Laboratorio de Biología y ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Velázquez abogó por hacer uso en este asunto del "sentido común y las leyes", después de las críticas realizadas por miembros del PP al Ministerio de Interior y en concreto a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"La Policía realiza investigaciones, y tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía", explicó.

En consecuencia, afirmó, todo se hizo "dentro de la legalidad y por lo tanto era lo que le correspondía a la Policía realizar", manifestó el director general, que en su discurso de inauguración del Laboratorio también se refirió a este asunto.

"La Policía actúa siempre en el marco del Estado de Derecho: cuando asegura la eficacia probatoria y cuando detiene y toma declaración a presuntos delincuentes. Es su trabajo incluso en los momentos en que esas detenciones se realizan sobre personas de relevancia pública", dijo.

Fernando de Rosa dice que el CGPJ apoya la posición del juez de Orihuela, "que es el que dirige la instrucción"

ALICANTE.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado este jueves que el CGPJ "apoya" la posición del titular del juzgado de primera instancia número tres de Orihuela "puesta de manifiesto ayer" en los dos comunicados remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha recordado que es el juez "el que dirige la instrucción" del caso por presunta corrupción llevada a cabo el pasado martes en la provincia de Alicante.

Al término de la inauguración este jueves de la jornada 'La reforma del Código Penal. El nuevo Código Penal ante el reto del Cibercrimen' en Dénia, a preguntas de los medios de comunicación, De Rosa se ha remitido a los comunicados emitidos este miércoles pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por el propio CGPJ este jueves.

Este escrito, ha dicho, "avala lo manifestado por el juez de Orihuela en el sentido de que son unas actuaciones secretas". Además, ha remarcado que "el que dirige la instrucción es el propio juez, y habrá que esperar a la evolución de lo acontecido", ha indicado.

El CGPJ aclara que el TSJCV distribuyó las notas sobre la trama de Alicante a petición del juez de Orihuela

MADRID.- La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este jueves, en relación con los dos comunicados divulgados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con la 'Operación Brugal' desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante, que "ambas se emitieron a instancia del titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, "quien así lo estimó necesario".

De este modo, los cinco vocales que integran esta comisión --Margarita Robles, Gabriela Bravo, Miguel Collado, Antonio Dorado y Margarita Uría--, han salido al paso de las críticas vertidas por algunos sectores que apuntaban al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, como artífice de los comunicados, según señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El TSJCV emitió un comunicado en la mañana del miércoles negando que el Juzgado de Orihuela hubiera ordenado la detención del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll y otras diez personas en relación con la 'Operación Brugal' que investiga este órgano y añadiendo que no había citado a ninguna de ellas en relación con la instrucción abierta por una presunta trama de corrupción en la provincia.

Unas siete horas más tarde, el alto tribunal difundió una segunda nota señalando que titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela había sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas la de Ripoll.

En este segundo comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguraba que, ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", al término de la mañana de ayer no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

Añadía que con anterioridad a la operación desarrollada este martes únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualizaba, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, la nota explicaba que San Martín autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalcaba.

De la Vega cree "irresponsable" que Rajoy no exija dimisiones por la situación del PPCV

GANDÍA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este jueves que es "irresponsable e imprudente" que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no dé explicaciones ni exija responsabilidades a los dirigentes del PPCV ante la situación política en la Comunitat por las operación de Anticorrupción desarrollada en Alicante, y que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; por la imputación del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, así como por el 'caso Gürtel'.

De la Vega que se ha expresado de esta manera en el acto de apertura de las jornadas interpalamentarias de los socialistas valencianos que se celebra en Gandia en un momento de su discurso en el que hizo mención a la situación política en la Comunitat en relación a la última investigación judicial abierta en la provincia de Alicante con la llamada 'Operación Brugal'.

En este sentido, la dirigente socialista ha manifestado que Mariano Rajoy, en la Comunitat, "ya no sabe hacia dónde mirar, si al Castellón de Fabra, al Alicante de Ripoll o a la Comunitat de Camps, para encontrar a alguien que dé la más mínima explicación y que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades.

La vicepresidenta ha señalado que son necesarios "algo mejor que unos líderes bajo sospecha que jamás han dado una explicación ni han asumido una sola responsabilidad política". Para De la Vega es "increíble que tras la detención" de Ripoll desde el PP pidan "prudencia y responsabilidad" y mientras, se dediquen a "atacar a fiscales y policías sólo por cumplir con su deber".

En este sentido, ha declarado además, que son los ciudadanos los que tienen derecho a exigir prudencia y responsabilidad a sus representantes políticos y ha subrayado que es "irresponsable e imprudente" intentar "huir hacia delante, lanzando insidias y sospechas, arremetiendo contra todo y contra todos, como hacen los dirigentes del PP".

La vicepresidenta, además, ha recordado que Rajoy puso a Camps como el modelo que quiere "para toda España", pero, en su opinión, los españoles "se merecen otra cosa" y por ello, instó a los socialistas valencianos a poner en marcha un "nuevo proyecto", como el elaborado en el programa para la reforma de la economía valenciana, capaz de "sanear" las cuentas públicas, estimule la iniciativa privada, un proyecto que se dedique a "hacer lo que debe hacer, trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra del Gobierno".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en esta línea ha señalado que las personas honradas, cuando tienen un problema con la justicia, lo que hacen es "ponerse al servicio de la legalidad, de la verdad y de los órganos jurisdiccionales".

Pero, el PP y el PPCV, cuando uno de sus miembros tiene alguna "responsabilidad, una explicación que dar o es objeto de una investigación --desde la presunción de inocencia, ha aclarado-- y tienen que responder, su actitud siempre es la misma, atacar, atacar y atacar a los órganos de justicia, fiscales y policía, que funcionan siempre bajo el orden constitucional".

Para Alarte, esta no es la respuesta de un ciudadano "ejemplar y honorable" y "no puede ser la respuesta de Rajoy, González Pons y el PP", al tiempo que ha afirmado que esta es la "sensación que cualquier ciudadano esta mañana tiene" al conocer la información que se publica en los medios.

Asimismo, ha criticado que la táctica del PP sea decir que los socialistas les "persiguen", por ello, la posición del PSOE ante esta situación es responder con "palabra y compromiso" y ante las exigencias de ética y honradez, hay que actuar con "transparencia, con explicaciones y responsabilidad política".

miércoles, 7 de julio de 2010

El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió anoche en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

Alarte pide a Rajoy que disuelva la dirección del PPCV, nombre una gestora y que se convoquen elecciones

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy a disolver los órganos de dirección del PPCV y que nombre una gestora con carácter de urgencia, mientras que al PP en las Corts Valencianes le pide la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas, "hoy con más razones todavía" y que se asuman responsabilidades políticas.

Alarte, que se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar la situación política con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el marco de la operación 'Brugal', ha criticado que "de arriba abajo, la marea de la corrupción" se extiende por toda la Comunitat a través del PP.

El líder socialista ha señalado al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, como el "responsable de toda esta situación" y le ha advertido de que con su "actitud de mirar hacia otro lado y su irresponsabilidad, está condenando a los valencianos a una situación de tremenda dificultad" y deja una situación que va "deteriorándose día a día sin que nadie dé ninguna respuesta".

Tras la intervención ayer en Alicante y las sucedidas "en las últimas semanas", Alarte ha remarcado que "ya no se puede hacer ninguna distinción entre los dirigentes del PP, todos son Camps".

"No existe -ha añadido- una o dos tramas vinculadas al PP, ni tramas de corrupción", sino que el PPCV "es en sí mismo una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude, desde el punto de vista político, la lucha contra la corrupción".

A este respecto, ha lamentado que "todas las instituciones relevantes de la Comunitat Valenciana estén investigadas, intervenidas o participan directa o indirectamente en tramas de corrupción", lo que, a su juicio, conlleva que estén "paralizadas y envueltas en una marea de corrupción sin precedentes en la Comunitat".

"La impunidad, extendida y generalizada que ha instalado Camps, el no pasa nada, el todo vale, el todo es posible, gobierna el PPCV y a todas las instituciones", ha declarado Alarte, quien ha afirmado que no hay en Europa una región, ni gobierno regional "que se encuentre en una situación como se encuentran las instituciones de autogobierno de la Comunitat".

Para Alarte, esta es la manera del PP de entender la política y el "todo vale" es la "ética y la moral que han instalado en la Comunitat".

El líder socialista ha recordado, en este sentido, que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "va a ser juzgado en breve por varios delitos gravísimos después de una larga investigación" y que la supuesta trama de corrupción 'Gürtel' afecta a parte del Gobierno valenciano, a dirigentes del PPCV y un "largo rosario de miembros del PP con diferentes responsabilidades".

"El poder ejecutivo, el poder legislativo, las direcciones del PP a todos los niveles y ahora, además, las basuras del PP y de Camps en la provincia de Alicante", ha lamentado Alarte, quien ha señalado que "de arriba abajo, se extiende la marea de corrupción de Camps y el PP sin que nadie haga nada más allá de mirar hacia otro lado".

El secretario general del PSPV ha advertido de que esta situación "pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones, la normalidad democrática, la credibilidad de nuestras instituciones de autogobierno y, además todas ellas están paralizadas y son incapaces de hacer frente a la situación de crisis y a los problemas de los valencianos" que "no se merecen esta situación", ha apostillado.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

La Policía tiene autoridad para detener en una investigación sin la autorización previa del juez

MADRID.- Fuentes del Ministerio del Interior aclararon hoy que la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Estas mismas fuentes precisaron que las detenciones practicadas ayer por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos.

Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas ayer se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas hoy por quien acusó a la Policía de suplantar la función del juez en este caso.

Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómico negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.

La razón de esta aclaración es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Otro de los puntos sometidos a debate es el hecho de que Ripoll asegurase hoy en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.

En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.

La Fiscalía dice que en Alicante no hubo órdenes de detención del juez sino mandamientos de registro y toma de declaración

MADRID.- La Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la 'Operación Brugal' desarrollada ayer contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.

Fuentes fiscales señalaron que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento de el juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.

De forma individualizada, el juez indicó a la Policía los domicilios y las sedes sociales que hay que registrar. Además, autorizo a la policía a tomar "las medidas necesarias" para realizar esas diligencias. Entonces, si hay que trasladar a personas, se autoriza a realizar dichos traslados como sea conveniente, según la Fiscalía.

En principio, se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, si bien Anticorrupción se opuso a esta posibilidad y apostó por lo que finalmente se produjo, es decir, registros en dependencias que podían estar afectadas por la trama y la toma de declaración de sus responsables. Esto es lo que ocurrió con Ripoll, según las mismas fuentes, quien tras ser preguntado en Comisaría quedó en libertad.

Respecto a la citación que se ha dado a Ripoll para comparecer mañana en el Juzgado de Orihuela, se trata de una citación "policial" según las mismas fuentes. En ella se indica a los implicados un día y hora para que acudan al juzgado.

El juez de Orihuela dice ahora que ha sido esta tarde cuando se le ha comunicado verbalmente la comparecencia de Ripoll

VALENCIA.- El titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela ha sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha asegurado en un comunicado --hecho público ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", explica el organismo-- que al término de la mañana de hoy el juzgado "no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

La fuente añade que con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualiza, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, explica que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalca.

El comunicado del TSJCV reitera que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial".

Por tanto, precisa, "no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado, sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial".

En este punto, explica que la Policía "tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que se consideren oportunos".

Finalmente, insiste en que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".

Fomento coloca el último tramo metálico de los viaductos del Barranco de la Batalla en la autovía central

ALCOY.- El Ministerio de Fomento ha colocado el último tramo metálico del Viaducto Oeste del Barranco de la Batalla, que tiene una longitud de 42,54 metros y un peso de 140 toneladas, y conecta el viaducto de dovelas prefabricadas de hormigón con el estribo situado junto al túnel, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Para no afectar al Parque Natural de la Font Roja, la colocación del tramo metálico se ha realizado con una viga de lanzamiento desde el estribo opuesto al del parque, en una maniobra de precisión cuya duración aproximada ha sido de seis horas en sus diversas fases.

Con este tramo se ha ejecutado la totalidad de la viga del viaducto, que tiene una longitud total de 205,52 metros. Conjuga la tipología tradicional de dovelas prefabricadas con una tipología de estructura mixta de acero y hormigón pretensado, consiguiendo una estructura singular de vanos de 102,79 metros.

En las próximas semanas se procederá al hormigonado de la losa inferior, colocación de las losas prefabricadas superiores, pretensazos y ejecución de los elementos de contención.

El Viaducto del lado Este, de tipología similar al del lado Oeste, está finalizado en todos sus elementos estructurales. En estos momentos están en ejecución los sistemas de contención.

El Ministerio de Fomento ejecuta esta obra que forma parte del tramo de la Variante del Barranco de la Batalla, cuyo presupuesto asciende a 64,20 millones de euros. De esta inversión, 6,07 millones de euros corresponden a los dos viaductos del Barranco de la Batalla. La inversión del Ministerio de Fomento en las cuatro obras de la A-7 entre Alicante y Valencia supera los 300 millones de euros.

Amorós (PSPV) insta a Ripoll a ir "más allá" y dar "las explicaciones necesarias sobre su detención"

ALICANTE.- El portavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, ha instado este miércoles en un comunicado al presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, a ir "más allá" y dar "las explicaciones necesarias sobre su detención ayer por la mañana por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal".

Antonio Amorós ha reiterado que espera que Ripoll "dé todas las explicaciones políticas sobre este asunto tanto a la oposición como a todos los ciudadanos de esta provincia y que no cometa los mismos graves errores que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y compañeros de su partido han cometido con su implicación en otro caso de corrupción cono es el caso Gürtel".

"Esperamos que a lo largo del día Ripoll nos dé a la oposición las explicaciones pertinentes sobre este asunto", ha indicado el portavoz socialista, quien se ha preguntado "qué está pasando con la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja" al empresario Enrique Ortiz, también detenido este martes.

Así, según Amorós, "este asunto debe ser aclarado por todos los implicados porque al final los perjudicados son los ciudadanos que pagan con sus impuestos un servicio de basuras y tienen que ver que ese dinero presuntamente está destinado a pagar favores".

Para el PSPV, si realmente se demostrara que las basuras están detrás de todo este asunto, se trataría de "una traición a los ciudadanos", ha apuntado.

En el comunicado, el político socialista ha mostrado su "preocupación y malestar de ver que por primera vez en la historia de la Diputación que agentes de la policía han intervenido la institución provincial en busca de documentos y datos relacionados con un presunto caso de corrupción".

"La imagen que están dando los políticos del PP, además de dañar a la clase política de esta provincia, comunidad y país, está dañando a la imagen de la propia Comunitat Valenciana, puesto que la mayoría de veces salimos en los medios de comunicación por asuntos relacionados con la corrupción", ha lamentado Amorós.

En este sentido, el dirigente socialista ha explicado que en los últimos meses "están apareciendo multitud de casos relacionados con la corrupción como está pasando en Ibi (Alicante), Castalla (Alicante) o en Villena (Alicante)".

"El Partido Popular es el partido que está dando la mala imagen a todos los ciudadanos de esta Comunitat con sus casos de corrupción", ha añadido.

El portavoz socialista en la Diputación ha mostrado también su desacuerdo ante el aplazamiento del pleno que se tenía que celebrar mañana jueves a las 11.00 horas "por parte del grupo popular".

"El único órgano para pedir explicaciones al equipo de gobierno es el pleno y se las pediremos el próximo día 20 de julio, cuando se celebre el pleno de este mes", ha avanzado Amorós.

Fomento finaliza la plataforma que soportará la llegada del AVE a la ciudad de Alicante

ALICANTE.- El Ministerio de Fomento ha finalizado las obras de plataforma del tramo del tren de alta velocidad (AVE) entre La Alcoraya y Alicante, de 10 kilómetros de distancia y con un presupuesto de unos 81 millones de euros.

De esta manera, ya se han culminado las obras de plataforma de todo el trayecto entre La Encina y Alicante (70,7 kilómetros), a excepción de la segunda fase del acceso a Alicante.

Los tramos en que han concluido las obras de plataforma son el Caudete-Villena, Villena-Sax, Sax-Elda, Elda-Monóvar, Monóvar-Novelda, Novelda-Monforte del Cid, Monforte del Cid-La Alcoraya, La Alcoraya-Alicante y accesos a Alicante fase I.

Por su parte, ya ha sido culminada la redacción del proyecto constructivo en el restante, accesos a Alicante fase II.

En lo que respecta al citado tramo La Alcoraya-Alicante, los elementos técnicos más singulares son cuatro viaductos, uno de ellos situado sobre la carretera del Pla de la Vallonga a la cementera, con una longitud de 99 metros y constituido por 7 vanos.

Otro está sobre la autopista AP-7 y la rambla del barranco de las Ovejas, con una longitud de 553 metros y resuelto mediante dos estructuras de ocho vanos cada una.

La gran familia del Hércules despide a su presidente más emblemático

ALICANTE.- La gran familia del Hércules dio hoy el último adiós al que fuera su presidente más emblemático, José Rico Pérez, en un emotivo acto que contó con la presencia, entre otros, de representantes de las instituciones locales y del mundo del fútbol, así como el máximo dirigente del Valencia, Manuel Llorente.

Rico Pérez, que presidió el Hércules entre 1971 y 1985, falleció la madrugada del lunes al martes a los 92 años de edad y esta mañana tuvo lugar el responso, en el que estuvo presente el máximo accionista de la entidad, Enrique Ortiz.

Ortiz hizo acto de presencia en el tanatorio pese a que el martes tuvo que regresar de Pamplona al verse implicado en una investigación por presunta corrupción, en la que también se vieron implicados varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Ortiz fue el máximo representante del Hércules en la cita, en la que no estuvo presente el presidente de la entidad, Valentín Botella, quien se encuentra en Sudáfrica para asistir a la última semana del Mundial de Fútbol, como miembro de la Real Federación Española de Fútbol.

Al último adiós a la figura de Rico Pérez acudieron la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; el ex primer edil Luis Díaz Alperi; o el representante del grupo opositor en el consistorio, Roque Moreno, entre las personalidades politicas.

También estuvieron presentes representantes del fútbol valenciano como el presidente del Valencia, Manuel Llorente, y su homólogo en el Elche, José Sepulcre; el vicepresidente del Alicante, Juan Pedro Rodríguez; así como ex dirigentes del conjunto alicantino como Emilio Orgilés o ex futbolistas como Joaquín Albadalejo, Cartagena o Charles; y ex técnicos, como Benito Joanet.

José María Parreño, histórico sacerdote del Hércules y ex compañero de directiva de Rico Pérez, fue el encargado de dirigir el responso, en el que se le vio visiblemente emocionado al recordar la amistad que mantenía con el finado.

El féretro con el cuerpo de Rico Pérez estaba cubierto con una bandera del Hércules CF que, posteriormente, fue entregada a la familia.

Ortiz lamentó la pérdida del "estandarte" del club y confió en poder seguir "la senda" que abrió Rico Pérez, con el que el Hércules vivió los mejores años de su historia, deportivamente hablando.

Por su parte, Sonia Castedo recordó la figura del ex presidente herculano y su importancia para la ciudad de Alicante y resaltó que Rico Pérez permanecerá en el recuerdo por medio de un estadio que "siempre llevará su nombre".

Ripoll confirma ahora que está citado mañana por la tarde para declarar ante el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa acompañado de su abogado y catedrático de Derecho Penal, Bernardo del Rosal, ha confirmado que el juzgado nº 3 de Orihuela le ha citado a declarar mañana a las 14 horas.

Así lo ha asegurado Ripoll este miércoles en Alicante, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, donde no ha querido adelantar ningún detalle ni desvelar los cargos que se le imputan.

Ripoll ha hecho estas declaraciones en una multitudinaria conferencia de prensa en la Diputación, en sus primeras manifestaciones públicas después de ser arrestado e interrogado ayer por la Policía Judicial en presencia de un agente del juzgado.

Ripoll ha indicado que su estado de ánimo es "bueno" y que está a la espera de acudir mañana a declarar, a las 14.00 horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, ante quien se presentará en compañía de sus abogados.

El alto dirigente del PP se ha presentado públicamente acompañado por ambos: Fernando Candela y Bernardo del Rosal en la sala de prensa de la Diputación Provincial. Y ha confirmado que ayer fue detenido formalmente ya que en un momento dado de la jornada los agentes le comunicaron que sí estaba arrestado.

Ripoll ha relatado que los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central y el secretario judicial llegaron a su casa a las ocho de la mañana con una orden de registro.

Ripoll ha expresado que todo está bajo secreto sumarial pero que no le han dicho todavía de que se le acusa. Asegura que la Policía no le incautó dinero -se habla ahora de 300.000 euros en vez de 60.000, encontrados en una caja de zapatos- cuando registró su domicilio y su despacho oficial. "La Policía llegó a mi casa y yo les atendí. Me hicieron unas preguntas y yo las contesté".

Según Ripoll, de su casa se le requisaron "documentos de ámbito doméstico" y de los despachos en la institución provincial, otros "oficiales".

En cambio, sí ha confirmado que después del registro la Policía judicial le requirió, a través de la secretaria general de la Diputación, la documentación relativa al expediente de adjudicación del plan zonal de residuos XVII, que corresponde a una veintena de municipios de la comarca de la Vega Baja, entre ellos Orihuela.

"En Comisaría contesté luego a doce preguntas", ha matizado, tras justificar que concurre ante los medios obligado para dar explicaciones en su calidad de autoridad pública aunque sin contestar a preguntas que entrañen colisión con el secreto sumarial.

Tras evitar decir en esos mismos términos que estuvo detenido y que fue interrogado, Ripoll ha revelado que el comunicado emitido anoche por la Diputación sobre la situación de su presidente, se hizo sin su consentimiento.

Preguntado repetidamente sobre si hay cargos contra él, ha reiterado que no se le ha comunicado nada en este sentido, pese a los registros y al arresto.

Para demostrarlo, incluso ha leído al completo la cédula de citación judicial, en la que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela le informa de que debe presentarse mañana a las dos de la tarde "para ser oído en declaración" dentro del procedimiento de diligencias previas 651/07.

El Ministerio de Interior emitió anoche un comunicado en el que informaba de que la operación policial, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la fiscalía anticorrupción, se había saldado, por el momento, con once detenidos y que, "según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Tanto Ripoll como el empresario Enrique Ortíz, una de las personas que ayer también fue detenida antes de registar su despacho, vivienda y yate, han informado públicamente -este último a través de su abogado Francisco Ruiz Marco-, que han sido citados a declarar mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, en el caso de Ortíz en calidad de imputado según él mismo.

Ortiz ha dicho hoy que se encuentra "tranquilo".

"Ya se demostrará que no tenemos nada que ver", ha dicho Ortiz en alusión a su empresa Grupo Cívica, cuya sede social fue registrada ayer.

En sus primeras declaraciones públicas, después de que fuera detenido y, posteriormente, puesto en libertad tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, el empresario ha pedido a la gente que confía en él que "lo siga haciendo".

El empresario ha manifestado que su vuelta a Alicante desde Pamplona, donde se encontraba disfrutando de la fiesta de los San Fermines, se debe a que supuestamente está "imputado" o "metido en el lío", en referencia a la operación policial desplegada.

En relación al registro que la Policía Nacional llevó a cabo en su casa y en la sede social del Grupo Cívica, Ortiz ha apuntado que los agentes actuaron "modélicamente" y le "trataron de maravilla", así como a su familia.

Preguntado si su detención y, posterior puesta en libertad, puede afectar a la situación del Hércules C.F., del que es máximo accionista, el empresario ha dicho que "no tiene qué afectar" al equipo, "si acaso -ha afirmado en tono irónico- un poco más de imagen a nivel nacional, aunque espero que sea más por las próximas victorias" del Hércules.

Su letrado, Francisco Ruiz Marco, ha explicado que el registro en la sede empresarial terminó alrededor de las 03.30 horas de hoy y, tras "una inspección en un barco que la empresa tiene", su cliente declaró "por espacio de unos cuarenta minutos" en la Comisaría Provincial.

Tras quedar en libertad, Ortiz deberá declarara mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, ha indicado el letrado.

También la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente -ausente ayer de su despacho por un viaje a Madrid-, ha asegurado hoy en rueda de prensa que los tres concejales detenidos ayer en este municipio están citados a declarar el próximo viernes.

El juzgado de Orihuela confirma que todavía no se ha imputado a nadie tras la operación policial de ayer

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha remitido hoy una nota en la que remarca que no hay resolución judicial alguna que haya ordenado ninguna detención, y tampoco citación ni imputación judicial alguna sobre las personas implicadas en la operación anticorrupción de ayer, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.

Éste es el comunicado íntegro:

"Ante las informaciones aparecidas hoy en relación a las actuaciones desarrolladas ayer por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, del Cuerpo Nacional de Policía, conjuntamente con la Delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, el Juzgado de Primera Instancia número 3 (antiguo mixto 3) de Orihuela quiere comunicar lo siguiente:

1.-Las Diligencias Previas 851/07 se hallan todavía bajo secreto sumarial, por lo que deberá respetarse dicha situación procesal entretanto no varíe la misma. No obstante, debe indicarse que desde su incoación en el mes de marzo de 2007 han estado en tal situación y la Instrucción ha sido asumida por varios jueces, tanto titulares como sustitutos, de forma permanente u ocasional. El actual Magistrado asumió la causa tras su incorporación al Juzgado a finales del mes de febrero del presente año 2010, por lo que la causa contaba ya con casi tres años naturales de investigación bajo secreto decretado por otros instructores.


2.-Amparándose en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Magistrado titular del Juzgado que instruye la causa no hará ninguna alusión siquiera sucinta de los hechos, delitos ni personas físicas o jurídicas a los que se refiera la investigación, ni tampoco indicará su número o referencia a las iniciales de sus datos de identificación.


3.-Por ser de plena notoriedad trascienden a la luz pública los lugares, incluso personas físicas y/o jurídicas, a los que se refieren las diligencias practicadas por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales.


4.- Coherentemente con la situación procesal de las presentes diligencias no existe autorización expresa ni tácita a la Oficina Judicial, Ministerio Fiscal ni Policía Judicial, entendidos en un sentido amplio, a proporcionar información sobre estas actuaciones por evidente riesgo de desvirtuar el secreto de las mismas y el respeto que debe observarse a los derechos y garantías constitucional y legalmente establecidos, que se reconocen a los afectados por tales actuaciones.


5.-Se declina abiertamente la exposición de cuanta información se refiera a dar cuenta del sentido y motivación de las resoluciones dictadas en el seno del proceso.


6.-Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial.


7.-Cualquier otra información que no sea la aquí indicada y proporcionada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, sobre ésta o ulteriores notas, no se halla expresa o tácitamente autorizada judicialmente, pudiendo, por ello, implicar una vulneración del secreto de las actuaciones.


8.-El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias durante el día de hoy."

Ripoll sigue sujeto a la causa y declarará como imputado ante el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha acudido esta mañana a su lugar de trabajo y a mediodía comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa.

Ripoll, que abandonó la Comisaría alrededor de las ocho de la tarde tras declarar durante "diez minutos", según expuso uno de sus letrados, ha llegado a las 09,30 horas de hoy a la Diputación.

El trabajo diario de la institución provincial ha vuelto esta mañana a la normalidad, después de que ayer numeros efectivos policiales registraran algunas de sus dependencias en el marco de una operación dirigida por la fiscalía anticorrupción y el juzgado nº 3 de Orihuela.

El presidente de la Diputación de Alicante declarará mañana ante el citado juzgado, así como los diez detenidos restantes en esta misma operación, entre ellos tres concejales de Orihuela y varios empresarios.

Ripoll sigue sujeto a la causa y declarará como imputado ante el juez, según fuentes policiales.

El presidente de la Diputación y de los populares alicantinos, era tan consciente de la complicada tesitura que se le presentaba. Hasta el punto de que el lunes por la noche, explicaron diversas fuentes, Ripoll reunió a algunos de sus más fieles colaboradores para avanzarles lo que, finalmente, ocurriría unas horas más tarde. La estrategia pasaba por mantener la calma, mostrar unidad sin fisuras y no dar sensación de vacío en la dirección provincial del PP, según revela hoy el diario 'Información'.

La dirección nacional del PP recibió la alerta del conseller Juan Cotino, ex director general de la Policía, de que una operación policial impulsada por la Fiscalía Anticorrupción tendría como escenario la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela.

Por lo pronto, ni hay agenda oficial de la Diputación ni tampoco de tres de los miembros con más peso político del Consell. A última hora de ayer, Rafael Blasco, Serafín Castellano y Juan Cotino anularon todos los actos que tenían previstos para la jornada de hoy miércoles.

martes, 6 de julio de 2010

Una nota de la Diputación afirma que Ripoll ha sido puesto en libertad 'sin cargos'

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha salido en libertad "sin cargos", según una nota difundida por la institución provincial.


Minutos después de que los abogados de Ripoll no precisaran si la puesta en libertad de Ripoll ha sido "con o sin cargos", la Diputación de Alicante, a través de una nota remitida a los medios de comunicación, ha informado que es "sin cargos" y sin que se hayan adoptado "medidas cautelares" al presidente de la institución.

Ripoll ha sido puesto en libertad sobre las 20.00 horas tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, según han informado sus abogados.

"Está bien de ánimo, aunque cansado, pero contento de colaborar" con la investigación y de "estar en libertad", ha dicho uno de los abogados de Ripoll, cuya declaración no se ha prolongado más allá de "los diez minutos".

La Comisión Cívica de Alicante presentará ante el TS un recurso de revisión de la sentencia del poeta Miguel Hernández

MADRID.- La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante presentará mañana un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en el que solicita la revisión y anulación de la sentencia de pena de muerte contra el poeta Miguel Hernández, que el Tribunal Especial de Prensa dictó el 18 de enero de 1940.


Así lo han manifestado este martes los miembros de la Comisión Cívica en una rueda de prensa en Madrid, en la que también han estado presentes la nieta del poeta, María José Hernández Izquierdo; la nuera de Miguel Hernández, Lucía Izquierdo; y el alcalde de Elche, Alejandro Soler.

El asesor jurídico de la Comisión, Carlos Candela, ha comentado que tienen un "relativo optimismo" para que se consiga la anulación de la sentencia, ya que disponen de "todo el material que exige la Ley de la Memoria Histórica, para que el recurso sea aceptado y se consiga la anulación".

En este sentido, Candela ha declarado que a la hora de presentar este recurso, descubrió que este tipo de procesos son "muy estrictos", y que el TS no acepta "argumentos valorativos", sino "pruebas nuevas o nuevos documentos".

Por ello, desde la Comisión se volcaron en buscar algunos de los avales, que tanto conocidos como personajes ilustres de la época redactaban sobre la personalidad del detenido, de cara a una posible anulación de la sentencia.

Así, hace apenas dos meses, encontraron el aval del secretario de la jefatura provincial de la milicia de la Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS) de Valencia, Juan Bellod Salmerón, dentro de un nuevo sumario, independiente del primero hallado.

Por su parte, el miembro de la comisión que ejerció de portavoz, Enrique Cerdal, destacó que este proceso fue "laberíntico", ya que en 1990, momento en el que se encontró el sumario 21.001, en el que se le condena a muerte al poeta, el proceso de búsqueda ha llevado a que hace unos meses se rescatase un segundo sumario, en el que se encontró este aval "que podría haber cambiado las cosas".

En esta línea, Candela ha señalado que de haberse dado a conocer este testimonio, podría haberse anulado la condena. En el aval, Bellod Salmerón califica a Hernández de "inmejorable persona" y garantiza "su conducta y actuación, así como su fervor patriótico y religioso".

Por su parte, la nuera del poeta ha solicitado a los jueces que "se haga justicia", y que estudien el informe que se les entregará mañana, para que puedan dictar lo que tenían que haber dictado, que Miguel Hernández es "inocente".

Así, Izquierdo ha recordado que el pasado 27 de marzo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, les entregó una carta en la que el Ejecutivo "reparaba la figura" del poeta.

La nuera del escritor le ha agradecido la deferencia mostrada, pero ha señalado que con eso "no era suficiente", que era necesario "algo más: que se anulase la condena a muerte que tiene injustamente Miguel Hernández".

Compromís pide a la militancia del PP que 'quite las manzanas podridas' del partido

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha declarado este martes que el PP en la Comunitat "está podrido" y ha pedido a sus militantes, "la mayoría honrados y que en otros momentos han tenido tan claro la lucha contra la corrupción política", que empiecen a "pedir responsabilidades a sus políticos y quitar las manzanas podridas".

Oltra, que se ha expresado de esta manera tras la Junta de Portavoces de las Corts en relación a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que afecta a la diputación provincial, a su presidente, José Joaquín Ripoll, y al Ayuntamiento de Orihuela, ha insistido en que el PP "está podrido" y que "ya no se trata de unas cuantas manzanas en la cesta, porque son más las manzanas podridas de las que no", con lo que "o la limpian pronto o acabará afectando a todas las instituciones".

Por ello, Compromís ha pedido a los votantes del PP que se planteen que "no pueden seguir apoyando a un partido que es corrupto y que está dando apoyo a gobiernos corruptos, tanto a nivel municipal como provincial como en el Consell".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, ha preguntado en este sentido al presidente del PP, Mariano Rajoy, si "le da igual lo que diga la justicia española", porque, de ser así, "ha alentado a los suyos aquí a que cometan todo este tipo de actuaciones fuera de la ley". Y, además, "estaríamos ante un precedente de insumisión legal gravísisma para el estado democrático", ha agregado.

Detenido esta noche el empresario Enrique Ortiz en la operación de Anticorrupción abierta en Alicante

ALICANTE.- Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía han detenido este martes al empresario alicantino Enrique Ortiz en el curso de la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la que ha sido detenido también el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha indicado que, sobre las 17.00 horas de este martes, Ortiz se ha personado de forma "voluntaria" ante las fuerzas de seguridad de Alicante "para dar las explicaciones oportunas".

Enrique Ortiz, máximo accionista del club de fútbol del Hércules, se "encontraba fuera", ha apuntado su abogado, aunque no ha especificado dónde estaba, y "ha quedado voluntariamente en un lugar concreto con la policía" en Alicante y los agentes "han practicado la detención".

A continuación, se han dirigido hacia las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, situadas en el número 36 de la céntrica avenida de Alfonso X El Sabio de Alicante, donde se está realizando un registro por parte de la Policía Judicial.

"Ortiz está en presencia de otro abogado", ha detallado Ruiz Marco.

Cierval exige a las administraciones públicas que reduzcan su morosidad y adopten políticas austeras

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, ha reivindicado este martes que las administraciones públicas deben "reducir al máximo la morosidad" porque "en muchos casos, utilizan a las empresas como instrumentos de financiación, abocándolas a la asfixia". Además, les ha reclamado que adopten "políticas de austeridad" y "medidas eficaces" para afrontar la crisis.

Durante su intervención en la asamblea general ordinaria de la patronal autonómica, ha criticado que la morosidad de las administraciones "se ha triplicado en un año" y ha defendido que "además de pagar cuanto antes sus deudas, las administraciones deben ser austeras, reducir la burocracia, los gastos corrientes y el déficit, reasignando inversiones y manteniendo, o incluso manteniendo, aquellas que son capaces de repercutir en la economía productiva a través de la creación de riqueza".

Ferrando ha destacado que "para mejorar la confianza internacional en el euro e invertir el proceso de debilitamiento que vive en la actualidad, es preciso aplicar políticas de austeridad y reducir los gastos de las administraciones, sin menoscabar por ello las inversiones productivas y priorizando los pagos de las deudas a las empresas".

Además, ha reclamado "medidas eficaces" ante las "consecuencias devastadoras" de la crisis para el tejido empresarial, como el cierre de 4.244 empresas de la Comunitat desde 2008, fundamentalmente por la falta de financiación; la subida de la tasa de desempleo por encima del 23 por ciento, tres puntos más que la media nacional; y los 1.024 Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) autorizados este año.

"Los empresarios ya no podemos, no debemos, ni tampoco queremos esperar más. Hemos hecho propuestas concretas y queremos medidas efectivas", ha sentenciado Ferrando, quien ha denunciado que la "ausencia de crédito" está "ahogando" a las empresas, en un momento en el que "el panorama político-económico no es alentador" y en el que "mientras esperamos a que el Gobierno aporte soluciones eficaces y consensuadas, nuestras empresas van cerrando y nuestro tejido productivo se está destruyendo y con él, los puestos de trabajo".

El presidente de Cierval ha indicado que la actual "etapa de austeridad, que previsiblemente será prolongada, es necesario el mantenimiento adecuado de los servicios públicos y de las infraestructuras", como el Corredor Mediterráneo, el AVE a las tres provincias, las zonas logísticas y los accesos y ampliación de puertos y aeropuertos, y ha remarcado que el sector privado "debe involucrarse" en ese proceso y colaborar con las administraciones.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "una mayor participación de agentes privados en la producción y no sólo en la gestión de servicios públicos, redundará en importantes ahorros en costes para las administraciones, así como en una mejora de la calidad de los servicios".

Se ha referido asimismo a las "medidas drásticas" adoptadas para reducir el déficit público, como la subida del IVA que entró en vigor el 1 de julio y que, en opinión de Cierval, "tiene efectos limitados e incluso, en ocasiones, contraproducentes sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo". "La fiscalidad debe facilitar las estrategias empresariales y nunca ser un obstáculo para implantarlas", ha dicho.

Ha remarcado también que, pese al incremento de las exportaciones, "España necesita fortalecer su marca y primar las inversiones que favorezcan las exportaciones para facilitar la internacionalización de la empresa y aprovechar ese espíritu comercial y exportador", para lo que ha reclamado que se potencien los Institutos Español y Valenciano de Comercio Exterior --ICEX e IVEX, respectivamente--, "no sólo con más presupuesto, sino también mejorando su eficacia".

Ferrando también ha incidido en la necesidad de "alcanzar un pacto estable entre las principales fuerzas políticas del país con la participación de empresarios y trabajadores", de actuar con "sentido común" y de "establecer acuerdos que definan la estrategia de nuestro modelo productivo y posibiliten un cambio de rumbo de nuestra economía y la pervivencia y crecimiento de nuestras empresas".

Cierval lamenta la pérdida de los centros de decisión de Bancaja y CAM

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), Rafael Ferrando, ha lamentado este martes que la Comunitat pierda los "centros de decisión" de Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), con motivo de sus procesos de integración, al tiempo que ha reclamado el mantenimiento de las "estructuras actuales" para garantizar su "proximidad" con las pymes.

Durante su intervención en la asamblea general ordinaria de la patronal autonómica, Ferrando ha señalado que los procesos iniciados por CAM y Bancaja para integrarse en dos Sistemas Institucional de Protección (SIP) coliderados con Cajastur y Caja Madrid, respectivamente, "no son, obviamente, los que deseábamos".

"Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Llevamos décadas demandando entidades de crédito y ahorro fuertes, con centros de decisión radicados en la Comunitat Valenciana y ahora vamos a perderlos", ha lamentado.

En este sentido, el presidente de la patronal autonómica ha defendido que "las empresas, sobre todo las pymes de la Comunitat Valenciana, necesitan centros próximos de decisión y gestión para que la financiación fluya".

Por este motivo, ha recalcado que "es importante que, dentro de los acuerdos de los SIP, se incluya el mantenimiento de las estructuras actuales, que permitan a nuestras pymes mantener esa relación de proximidad, especialmente en estos momentos en los que el Banco de España anuncia un agravamiento de la situación crediticia".

Ferrando ha abogado por "apostar por la globalización" ante "esta nueva realidad", para lo que, en su opinión, "es necesario reformar los mercados y estar así entre los líderes europeos".

Ha incidido asimismo en que "la estabilidad del sistema financiero es una actuación que debe ser prioritaria dentro de las políticas de recuperación económica" y ha reivindicado que "todas las reformas del sistema financiero, fusiones, SIP, absorciones deben servir para generar, cuanto antes, normalidad en el mercado, a través de un sistema más fiable y eficiente de financiación a las empresas".

Gran parte de la CAM se resiste al sometimiento astur

ALICANTE.- Los intentos del presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, y del director general, Roberto López Abad, de vencer las reticencias de muchos de los consejeros de la entidad de ahorro a dar el sí definitivo a la "fusión fría", mediante un SIP, con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, se estrellaron ayer contra el rechazo del "núcleo duro" de la CAM a aceptar un contrato de integración que, a juicio de consejeros representativos de todos los grupos, concedería a la caja asturiana un poder absoluto sobre el nuevo banco que se crearía, según revela hoy 'Información'.

Crespo y Abad se reunieron ayer durante varias horas con los tres vicepresidentes de la caja -el murciano Ángel Martínez, el valenciano Benito Nemesio y el alicantino Armando Sala-, además de con el ex conseller de Industria Martín Sevilla, catedrático de Economía y presidente de Gesfinmed, sociedad que gestiona el fondo de inversiones de la CAM, y el secretario general del consejo, José Forner.

Fuentes conocedoras de la reunión señalaron que al término de ésta las posiciones seguían estando muy distantes entre la presidencia y la dirección general de la caja, que abogan por aceptar las condiciones que impone Cajastur ante el riesgo de que el Banco de España tome medidas contra la CAM si no se hace así, y el resto de asistentes, que entienden que dichas condiciones son inasumibles.

Como ha venido informando este periódico, el contrato de integración recoge que el presidente ejecutivo de Cajastur, Manuel Menéndez, será consejero delegado del nuevo banco por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si la CAM propone un candidato que no sea aceptado por Cajastur, lo que en la práctica supone el "blindaje" en el cargo de Menéndez hasta el año 2022.

Esta fórmula, como también subrayó 'Información' en su día, figura en el protocolo del SIP al que dieron el visto bueno los consejos de administración de las cuatro entidades. Sin embargo, lo que desató la rebelión en la CAM fue otra exigencia, añadida a la anterior y que no figura en dicho protocolo, por la cual Menéndez obtendría para actuar como consejero delegado plenos poderes de la junta universal del nuevo banco, pero éstos tendrían carácter irrevocable.

La CAM entiende que esta última condición va, incluso, contra las prácticas de buen gobierno que el Banco de España quiere imponer a todas las entidades y no es práctica habitual en las empresas privadas, donde los poderes de los consejeros delegados siempre pueden ser revocados por las juntas de accionistas si lo estiman necesario.

La reunión se celebró ayer en un ambiente de gravedad. Alguno de los asistentes, ante la insistencia del presidente de la CAM en que había que aceptar las condiciones propuestas por Cajasturpara esquivar el riesgo de una intervención, emplazó a Modesto Crespo y a Roberto López a que acudieran al consejo de administración a explicar cuál es en realidad la situación financiera en que se encuentra la CAM.

"Que nos den las cuentas claras y entonces decidiremos", señaló uno de los participantes a la salida del encuentro, tras el que nadie quiso hacer declaraciones públicas.

Aunque todo el mundo confía en que se encuentre una solución y no se produzca una ruptura del SIP, cuyas consecuencias serían imprevisibles, lo cierto es que la semana pasada la cúpula de la CAM avanzó que convocaría a su consejo de administración este próximo jueves, confiando en que la reunión de este lunes con el "núcleo duro" de la entidad serviría para zanjar los desacuerdos.

Y ayer mismo, el presidente de la caja habló de adelantar incluso un día esa convocatoria, y celebrar consejo el miércoles. Sin embargo, la reunión lo que dejó claro es que no existe la seguridad de que el consejo apruebe el contrato de integración en los términos en que se pretende o que, si lo hace, sea en todo caso en medio de una fuerte división y con bastantes votos en contra.

Así que de la reunión se salió sin una convocatoria del consejo, ni para el miércoles ni para el jueves.

Hay que tener en cuenta que, además, en este caso hay posiciones comunes entre consejeros propuestos por el PP y por el PSPV-PSOE, consejeros que en estos momentos, con independencia de colores políticos, están más por el rechazo al SIP que por su aprobación si no se modifican las condiciones en que queda en él la CAM.

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, con ascendencia sobre varios de los consejeros designados en su día por el PP, es el único político que ha hecho declaraciones al respecto, pero se mostró muy contundente al tachar de "ridículas" las exigencias de Cajastur.

Por su parte, los miembros del PSPV-PSOE han mantenido en público un tono conciliador, pero en privado han expresado también su oposición a un acuerdo como el que se está planteando.

A diferencia de una fusión tradicional, el SIP no necesita el visto bueno de la Generalitat Valenciana para tener luz verde. Pero sí es condición imprescindible, dado que así se especificaba en los poderes para negociar que en su día se delegaron en el presidente y el director general, que el contrato de integración lo apruebe el consejo de administración, formado por veinte personas.

Al menos la mitad de ellos han expresado en privado en los últimos días su malestar por la situación, y es a ellos a quienes se están dirigiendo las gestiones en las últimas horas para que el SIP sea aprobado.

Queda en libertad con cargos José Joaquín Ripoll

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), ha sido detenido hoy, y puesto posteriormente en libertad, dentro de una operación policial de la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado nº 3 de Orihuela, en la que también han sido arrestados tres concejales oriolanos.

Así lo ha confirmado su abogado, Fernando Candela, poco después de las ocho de la tarde.

Tras prestar declaración, que no ha durado "más de diez minutos", según sus abogados, Ripoll ha quedado en libertad, aunque sus representantes legales no han precisado si es "con o sin cargos" porque la investigación se halla "bajo secreto de sumario".

La actuación policial también se ha extendido a los empresarios Enrique Ortiz, propietario del Grupo Cívica, y Ángel Fenoll, relacionado con servicios de recogida de residuos, ya que algunas de sus respectivas dependencias empresariales han sido registradas.

El empresario alicantino Enrique Ortiz, dueño del Grupo Cívica y también máximo accionista del Hércules Club de Fútbol, que se encontraba hoy en Pamplona cuando se enteró de que los agentes de la policía judicial pretendían hacer un registro en algunas de sus dependencias, según su letrado, inmediatamente emprendió regreso a Alicante, adonde ha llegado ya y conocerá si está imputado y si debe personarse en la Comisaría para ser detenido.

La operación policial llevada a cabo en el Ayuntamiento de Orihuela, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado con la detención de once personas y un total de 19 registros efectuados.

Fuentes policiales indicaron esta noche que se mantienen los cargos contra todos los arrestados, entre ellos el presidente de la Diputación alicantina, Juan José Ripoll, tres concejales y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, que deberán comparecer en los próximos días ante el titular del juzgado de instrucción nº 3 de Orihuela, encargado del caso.

A los arrestados, se les imputan, según los casos, los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Durante el operativo, que se ha centrado en Orihuela, Alicante y Valencia, se han practicado 19 registros en domicilios particulares, empresas y organismos oficiales como el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación Provincial de Alicante, en los que se ha intervenido numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos.

El operativo ha sido realizado por agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Han contado con el apoyo de las Unidades de Intervención Policial y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), según informó la Policía en un comunicado.

Explicaciones a Rubalcaba

El PP exige al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre el despliegue policial, incluido su coste, de una operación de "resultado desastroso" que ha provocado la detención y la posterior puesta en libertad del político alicantino José Joaquín Ripoll.

El vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha hecho estas declaraciones tras conocer que Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, ha sido puesto en libertad, si bien el juez instructor podrá citarle para declarar en los próximos días y entonces sí imputarle.

Pero hoy, de acuerdo con las explicaciones de Pons, el presidente de la Diputación alicantina ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

Según las palabras del responsable de Comunicación del PP, y a la espera de que se confirme que el trabajo de la Policía hoy en Alicante, en su opinión, ha sido "un montaje", el despliegue obedece a "una gran operación publicitaria que no ha conducido a ningún sitio".

"Ripoll ya ha sufrido la humillación del día de hoy porque es del PP", ha apostillado.

Por ello, ha dicho Pons, el Partido Popular exige a Rubalcaba "explicaciones inmediatas" sobre un despliegue policial que ha dado como resultado "la puesta en libertad, sin medidas cautelares de todas las personas detenidas, en menos de cinco horas".

A su juicio, hay que saber y que se concrete "cuánto dinero se ha gastado en esta investigación de más de dos años", si "estos policías se han destinado" a Alicante sólo para "investigar a dirigentes del PP" y el número de teléfonos intervenidos, así como el tiempo que han estado pinchados.

Todo ello quiere averiguar el PP de la mano de Rubalcaba porque, según ha remarcado el vicesecretario de los populares, "el resultado de esta investigación es tan desastroso para la Policía que tiene toda la pinta de formar parte de un plan".

Plan que para Pons consiste en "investigar a cuántos más dirigentes del PP, mejor".

"El día ha empezado con Ripoll detenido y termina con Rubalcaba bajo sospecha", ha sentenciado.