Ciudad de la Luz ha acogido en cinco años de funcionamiento 49 producciones

ALICANTE.- Ciudad de la Luz cumple sus primeros cinco años de funcionamiento con nuevos proyectos en 2010, como el rodaje de una de las producciones mas importantes del cine español de 2010, 'Impossible', producida por Apache Films y Telecinco Cinema, y protagonizada por Naomi Watts y Ewan Mac Gregor.

También este verano llegará a los platós de Alicante la primera producción española en 3D 'El Capitán Trueno y el Santo Grial', dirigida por Antonio Hernández y protagonizada, entre otros, por Sergio Peris Mencheta.

En este lustro, la Ciudad de la Luz ha albergado en sus instalaciones un total de 49 producciones, de ellas 45 largometrajes y cuatro series de televisión, ha informado el complejo cinematográfico en un comunicado.

Así, algunas de las producciones europeas más importantes se han rodado en los estudios de Ciudad de la Luz. Este es el caso de 'Asterix en los juegos olímpicos', la película más cara del cine europeo, que fue rodada en 2006, dirigida por Frederic Forrestier y coproducida por Pathé Producciones, Tripictures y Sorolla Films, en cuyo reparto figuraban Gerard Depardieu, Alain Delon y Santiago Segura, han recordado las mismas fuentes.

Otro director francés que visitó y trabajó en los estudios alicantinos ese mismo año fue Jean Jacques Annaud, que firmó 'Su majestad Minor', con Vincent Casel al frente del reparto.

En 2008 llegó a los estudios alicantinos uno de los grandes maestros del cine contemporáneo, Francis Ford Coppola, que rodó en los platós su última película hasta la fecha, 'Tetro'. Se trata de una obra muy personal, en cuya producción participó Tornasol Films, con la actriz Maribel Verdú en el reparto.

También se ha filmado en Ciudad de la Luz el largometraje 'Triage', una historia de reporteros de guerra dirigida por Danis Tarovic y protagonizada por dos grandes actores, Colin Farrell y Christopher Lee, con la participación de la española Paz Vega.

Durante este primer lustro de funcionamiento de Ciudad de la Luz, algunas de las producciones más importantes del cine español de los últimos años han sido filmadas en estos estudios. Películas muy taquilleras como 'Mentiras y gordas' o 'Siete minutos'; dramas históricos como 'Teresa, el cuerpo de cristo'; también thriller como 'El corredor nocturno' y 'No habrá paz para los malvados', o comedias como 'Atasco en la nacional','Nacidas para sufrir' y 'Mi vida en ruinas'.

Asimismo, trabajos de cine de autor, como 'Io Don Giovanni', de Carlos Saura, 'Estigmas', de Adam Rodríguez o la personal adaptación de 'El camino de los ingleses', realizada por Antonio Banderas, se han rodado en Ciudad de la Luz.

Los platós alicantinos también han acogido el rodaje de dramas sociales como 'Las viudas de los jueves' o 'Criminal, no retorno', y 'biopic', así como películas basadas en la vida de personajes reales, como 'El gran Vázquez' o 'Mister Nice'.

Los principales cineastas españoles han trabajado en las instalaciones de Ciudad de la Luz. A los ya citados Antonio Banderas y Carlos Saura hay que añadir, en el campo de la dirección cinematográfica, a Alex de la Iglesia, Miguel Albadalejo, Enrique Urbizu, Jonás Trueba, Gerardo Herrero, Juan Antonio Bayona, entre otros.

También han trabajado en el complejo audiovisual alicantino directores de fotografía como Vittorio Storaro, ganador de cuatro Oscar de Hollywood; maquilladores como José Quetglas, ganador de cinco Goyas, y directores artísticos como John Sanderson y Félix Murcia.

Respecto a los actores y actrices, cabe destacar a Santiago Segura, Juan Diego, Pepe Sancho, Nancho Novo, Eduardo Noriega. José Coronado, Maribel Verdú, Paz vega, Elsa Pataky, Adriana Ozores, entre otras figuras nacionales del cine.

Lo llaman corrupción… / Miguel Riera

Lo llaman corrupción… cuando su verdadero nombre es Crimen Organizado. ¿Cómo, si no, denominar a esas redes mixtas, formadas por personajes de la vida civil y políticos en activo o ya jubilados que se dedican al saqueo concienzudo del erario público?

Las tramas Gürtel, Pretoria, Palau, la balear , etc., no son simples manifestaciones de la corrupción. Corruptos son los que practican nepotismo, los que miran para otro lado sabiendo lo que pasa en el despacho oficial vecino, los que se llevan un sobre en una operación concreta y aislada, los que piden el 3% para alimentar las finanzas de los partidos. Pura putrefacción que lamentablemente la sociedad española acoge ya con cierta indiferencia y pasividad.

Pero en España hemos sobrepasado de largo ese nivel de podredumbre: han pasado por los juzgados Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas, Consejeros, Presidentes de Parlamentos, Alcaldes… vinculados a “tramas” de la sociedad civil de carácter parasitario o formando parte directamente de ellas, no ya como cómplices necesarios, sino incluso como instigadores y organizadores. Y a eso se le llama Crimen Organizado.

La clase política se defiende como gato panza arriba cuando desde abajo se generaliza acusándola de estar toda ella pringada en la corrupción. Y es verdad: todavía queda gente honrada. Pero esa gente honrada está siendo utilizada como parapeto, a modo de escudo humano, para evitar asumir la enorme responsabilidad que nuestra clase política ha contraído con la ciudadanía, ya sea por acción o por omisión. Si los políticos quisieran, acabarían con la corrupción en cuatro días. Simplemente, no quieren.

Pero volvamos al asunto del Crimen Organizado. España no es el único país en el que las redes mafiosas se han incrustado en la administración del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico. Tenemos muy cerca el caso de Italia. Hace ya muchos años que la Mafia se incrustó en el Estado italiano, obteniendo inestimables “ayudas” políticas desde las más altas instancias del gobierno. Quien haya visto Il divo, la película sobre Andreotti, sabrá de lo que hablo. A la corrupción democristiana siguió la berlusconiana, a pesar de los esfuerzos de algunos jueces (¿se acuerdan de Manos limpias?). El convencimiento entre las gentes de que el asunto no tiene solución, ha permitido al populismo de derechas asentarse en el poder en Italia sin pagar ningún precio por sus delitos.

¿Es este el futuro que nos aguarda a nosotros? ¿Vamos, de tan decepcionados, a seguir votando a los protectores, o cómplices del Crimen Organizado, como en Italia? ¿Nos va a dar igual que ganen unos u otros, porque en el fondo todos son lo mismo?

Parece que sí. Parece que eso es lo que piensan cada vez más personas. ¿Estamos a tiempo de cambiar las cosas? Probablemente sí, siempre que los partidos, o algún partido, se decida a abanderar decididamente la lucha contra la corrupción y empiece a dar ejemplo. Más allá de los discursos. Más allá de la retórica.

De momento, empecemos a llamar a las cosas por su nombre: lo llaman corrupción, pero en realidad es Crimen Organizado.

Pepín Vidal-Beneyto, el valenciano que no quería ser 'un hijo de papá'

EL ESCORIAL.- “Continuar con, por o sin él”. Estas palabras forman parte de la última carta de Cécile, viuda de José Vidal-Beneyto -Pepín para todos los que compartieron su vida y aprendimos con su obra- a Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.

En un homenaje, que sucede a otros nacionales e internacionales, al gran profesor y sociólogo valenciano, muy vinculado a los Cursos de Verano de la Universidad Complutense, sus amigos destacaron su pasión constante por el saber y su capacidad para hacer más inteligentes a sus contertulios. Fue esta misma semana en el edificio 'Euroforum Infantas', en El Escorial.

“Fue un hombre comprometido con la democracia, que nos ponía a los demás en movimiento para luchar contra las injusticias y las actuaciones inmorales”, recordó Carlos Berzosa, rector de la Universidad Complutense.

La UIMP también acogerá el miércoles, día 14, en Santander, otro Homenaje a José Vidal-Beneyto, organizado por la Asociación Cultural Plaza Porticada, en el que participarán el presidente del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo CEU y ex ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, el catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Enrique Alonso, y el rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.

Cécile, la compañera de viaje de José Vidal-Beneyto, interiorizaba todo el cariño y gratitud que todos los que intervinieron en el recuerdo póstumo a su marido le fueron profesando.

Mayor Zaragoza, amparado en los versos de Ángel Valente, se refirió a Vidal-Beneyto como un gran cospirador que “desde la zozobra y el naufragio siempre nos daba un asidero, una pausa de reflexión”.

Desde el compromiso por conservar el legado cultural, expresado por Miguel Ángel Ruiz de Azúa, decano del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos, hasta la militancia periodística destacada por Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana, pasando por su perspectiva sólida y crítica aludida por Luis González Seara, catedrático emérito de Sociología de la Complutense, los que participaron en el homenaje a Pepín Vidal-Beneyto dejaron constancia de su creatividad y criterios para argumentar.

Su tono jovial y su necesidad de ir contracorriente fueron los dos rasgos que destacó la escritora Fanny Rubio.

Carlos Bru, del Movimiento Europeo, reflejó también cómo Pepín, “rico heredero, coge un día su petate y llega a París porque no quería ser un hijo de papá”

El juez imputa varios delitos a tres concejales de Orihuela y a dos empresarios

ORIHUELA.- El titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, en la sesión de hoy viernes, ha imputado en el 'caso Brugal' al empresario Ángel Fenoll y a su hijo por varios delitos, y ha dejado libre con cargos a los ediles de la localidad Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía.

El magistrado ha tomado hoy declaración a estas cinco personas, en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al empresario Ángel Fenoll, el magistrado le ha imputado cinco delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, tráfico de influencias, amenazas y fraude, según han informado fuentes cercanas al caso.

El instructor ha acordado su ingreso en prisión provisional, eludible con una fianza de 300.000 euros, por los delitos antes mencionados, mientras que a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros.

El TSJCV ha precisado que las imputaciones de Fenoll y de su hijo --ambos empresarios-- han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales "iguales o similares" a las que ya se informó al resto de imputados en el día de ayer.

El TSJCV ha explicado que a ambos se le ha concedido un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas. Asimismo, a petición del ministerio fiscal, estos importes son adicionales a los ya acordados en el año 2007 con respecto a ambos empresarios "para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente".

En 2007 se les imputó, junto a otras personas, el presunto delito de extorsión con grabaciones, entre otros. La instrucción se enmarcó también dentro de la operación 'Brugal'. Contra los autos dictados este viernes por el magistrado-juez, las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días, según ha apuntado el TSJCV.

Al igual que sucedió en las comparecencias de este jueves, hoy viernes se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los imputados por la investigación que "no se les podían detallar los hechos imputados" como consecuencia del secreto sumarial, según el comunicado.

No obstante, se les ha expuesto, de "forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, al igual que se hizo con el resto de imputados que declararon ayer", añade.

En la misma causa, el instructor ha tomado declaración este viernes a los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela implicados en el caso 'Brugal'. En este sentido, el juez ha dictado libertad provisional sin fianza para los ediles Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía, aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios, según han informado fuentes cercanas al caso.

El fiscal había solicitado para cada uno de los ediles oriolanos la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, medida que finalmente ha sido desestimada por el juez.

Los tres ediles han salido del juzgado cerca de las 12.30 horas de este viernes, acompañados de sus abogados. Gines Sánchez ha indicado a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo ha añadido que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".

Tanto la defensa legal de Gines Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados.

Ginés Sánchez ha sido el primero este viernes en llegar a los juzgados de la localidad sobre las 9.00 horas de este viernes, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que ha acudido a las 10.00 horas. A las 11.00 horas acudió el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía.

San Martín, un magistrado joven y alineado con la derecha

VALENCIA.- Carlos San Martín, magistrado del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela, tiene 34 años, es alicantino y de ideología conservadora, revela hoy 'El País".

No está adscrito a ninguna de las asociaciones profesionales, pero sí ha defendido posiciones de derechas en algunas de las juntas de jueces, según dicen algunos de sus compañeros.

Llegó al juzgado alicantino en febrero, y allí se encontró con una causa que llevaba abierta desde 2007 y estaba bajo secreto de sumario. Se investigaban, entre otros delitos, cohecho, fraude, revelación de secretos, actividad prohibida a funcionarios y tráfico de influencias.

Para San Martín, que venía de los partidos judiciales de San Vicent del Raspeig y Villena, también de la provincia de Alicante, era con mucho la causa más compleja que había caído en sus manos.

El magistrado es reacio a hablar con los medios de comunicación, y quienes han compartido trabajo con él dudan de que fuera suya la iniciativa de explicar su actuación en este asunto.

Sin embargo, los comunicados que emitió el día 7 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana llevan su marca, en forma y contenido, pues "es así es como él se expresa", afirman antiguos compañeros del magistrado.

Es áspero en el trato, poco comunicativo y beligerante con las posiciones que defiende, añaden estas fuentes. Y pasa por ser, según jueces que le conocen, un hombre acomodaticio y dócil con el poder institucional.

No obstante, el magistrado acusa al dirigente popular, José Joaquín Ripoll, de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. Sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente todavía dichas imputaciones.

El jefe de la Policía Judicial llamó al PP para desmarcarse de la operación de Alicante

MADRID.- Juan Antonio González, el comisario general de la Policía Judicial que compartió cacería con Baltasar Garzón y el ex ministro Mariano Fernández Bermejo en los prolegómenos del caso Gürtel, ha estado en contacto con la dirección del PP durante el confuso operativo desplegado en Alicante, y que se saldó el martes con la detención del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. González, que cuenta con un agudo olfato político, ha tratado de tranquilizar a los populares y desmarcarse del aparatoso despliegue por el que Mariano Rajoy exigió este jueves explicaciones a Alfredo Pérez Rubalcaba, revela hoy www.elconfidencial.com

Según fuentes de la calle Génova, el controvertido jefe policial intentó persuadir a la cúpula del PP de que la orden de lanzar una espectacular operación contra Ripoll y tres concejales populares de Orihuela no había partido de su despacho. Su objetivo era limar asperezas con el principal partido de la oposición de cara a un futuro cambio de Gobierno, ya que, tras casi cuarenta años de carrera, teme que un nuevo Ejecutivo acabe con su privilegiada posición en el Ministerio del Interior.

González no ha sido el único policía que ha tratado de demostrar su neutralidad ante dirigentes del PP. Varios agentes han llamado a Génova para recordar que se limitan a “cumplir órdenes” y que no quieren que su progresión en el Cuerpo se vea truncada si Rajoy llega a la Moncloa. De acuerdo con fuentes populares, los chivatazos recibidos por varios dirigentes de la formación, como Juan Cotino, vicepresidente de la Generaltitat valenciana, habrían tenido su origen en estas llamadas.

“Dentro de la Policía hay mandos que buscan quedar bien con el PP, porque saben que si hay un cambio de Gobierno pueden tener su oportunidad”, señalaron estas fuentes. Sin embargo, no parece que éste vaya a ser el caso de González, puesto que está en el punto de mira del PP desde la polémica montería con Garzón y Bermejo. A él se le atribuye también la autoría de algunos de los informes más polémicos del caso Gürtel, como los relativos al ex tesorero popular, Luis Bárcenas.

Además, pese a sus intentos de desmarcarse de la operación en Alicante, González es su responsable policial, ya que se hizo bajo la dirección de la Comisaría General de la Policía Judicial. “González es el jefe de esta Comisaría y estaba perfectamente al tanto de todo”, aseguraron fuentes de la Policía Nacional, que añadieron que resulta impensable que se arreste al presidente de una Diputación sin la autorización de este mando.

El currículo de González, un policía que, según sus compañeros, se siente especialmente cómodo pisando las alfombras del poder, es un auténtico repaso a los escándalos que han jalonado la historia reciente de España. Ni siquiera su presunta vinculación con el caso Malaya, nunca demostrada, ha podido frenar su ascensión.

En 2006 se supo que el juez marbellí Miguel Ángel Torres investigaba la presencia de unas iniciales, JAG, en la agenda del imputado Juan Antonio Roca, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Estas iniciales escondían la identidad de la garganta profunda que, a cambio de importantes sumas de dinero, advertía de las operaciones policiales en el municipio. Pero Roca nunca reconoció que su confidente fuera este jefe de la Policía y las investigaciones se detuvieron.

Entre los éxitos de su polémica carrera destacan la detención de los miembros del GRAPO que atentaron contra la cafetería California 47, la resolución del asesinato de los abogados de Atocha, la investigación del secuestro y asesinato de Anabel Segura o el arresto en el aeropuerto de Bangkok de Luis Roldán.

Sin embargo, su nombre también ha estado implicado en denuncias de torturas, como las que en 1981 acabaron con la vida de José Ignacio Arregui, acusado de pertenecer a ETA. Casi tres décadas después, González es uno de los hombres imprescindibles de Rubalcaba.

El Consejo dice que el tribunal valenciano envió las notas porque lo pidió el juez

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, responsabilizó al titular del juzgado número tres de Orihuela e instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, del envío de las dos notas de prensa sobre la detención del presidente de la Diputación de Alicante, el popular José Joaquín Ripoll.

Los comunicados emitidos el miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se divulgaron porque el juez San Martín "lo estimó necesario", según el Consejo. Ambas notas afirmaban que el juzgado alicantino no ordenó la detención de Ripoll ni de los otros diez implicados en el caso.

La segunda, no obstante, matizaba que la Policía puede "practicar las detenciones que considere oportunas durante el transcurso de una investigación". En estas notas, el TSJCV, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente valenciano Francisco Camps, respaldaba la estrategia del PP contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía.

Sin embargo, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, respaldó al juez instructor del caso, quien afirmó que no tenía comunicación oficial sobre los detenidos, su puesta en libertad o las comparecencias judiciales. De Rosa insistió en el carácter "secreto" de las actuaciones y subrayó que "quien debe dirigir las investigaciones es el propio juez".

"La posición del CGPJ es la misma que la del juez de Orihuela", añadió el vicepresidente, que participó en una jornada organizada por la Fundación Lex Forum en Dènia.

De Rosa fue nombrado vicepresidente del CGPJ a propuesta del PP y ocupó el cargo de consejero de Justicia de la Generalitat con Francisco Camps.

El PSPV solicita a Ripoll las facturas presentadas en la Diputación por 70 empresas de Ortiz y Fenoll

ALICANTE.- El PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante ha solicitado este viernes al presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll, por registro que se "les facilite una relación de las facturas presentadas en la Diputación", desde el 1 de mayo de 2007 al 7 de julio de 2010, por 70 empresas gestionadas por los empresarios imputados Enrique Ortiz y Ángel Fenoll con el fin de saber "qué es lo que a estos dos empresarios se les ha estado adjudicando a lo largo de esta legislatura", según ha informado en un comunicado el PSPV-PSOE.

Los diputados socialistas han pedido que se les facilite una relación de las facturas presentadas "exclusivamente nominación e importe, no copias de los documentos".

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en la Diputación, María Teresa Carbonell, ha detallado que los diputados del grupo "seguirán trabajando por los municipios y para que les lleguen las subvenciones para cubrir las necesidades de cada población, como hemos venido haciendo hasta el momento".

Además, ha indicado que desde el PSPV se "aprobarán los proyectos que sean favorables para los ciudadanos" y se "dará el voto negativo a los que no lo sean, pero siempre pensando en los ciudadanos".

Asimismo, Carbonell ha destacado que la institución provincial "no debe bajo ningún concepto paralizarse porque el presidente haya sido llamado por un juez a declarar", aunque ha considerado que "sí se ha visto mermada la confianza que teníamos depositada en su persona como presidente de la institución a raíz de su imputación por delitos muy graves y por su irresponsabilidad y poca ética democrática no dimitiendo de su cargo".

Tras la petición, la portavoz ha mostrado su deseo de "transparencia institucional y política", puesto que se "habla de un organismo público que, en definitiva, es de todos y que debe gestionar un presupuesto muy importante".

"Nosotros vamos a seguir exigiendo responsabilidades políticas y manteniendo el respeto más absoluto por la justicia", ha aseverado Carbonell.

Adicae denuncia que la nueva LORCA "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas

MADRID.- Adicae denunció hoy que el Real Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), "dilapida a precio de saldo" el patrimonio social de las cajas de ahorros, según informó la asociación en un comunicado.

La asociación recordó que este patrimonial "ha sido generado durante más de cien años por la sociedad española y, en particular, por los pequeños ahorradores y consumidores". Adicae recordó que las cajas de ahorros representan el 50% del sistema financiero español.

La asociación alertó de que el Real Decreto Decreto por el que se modifica la actual Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), aprobado hoy, "permitirá el expolio" de las cajas, "a manos de cualquier tiburón financiero, impidiendo la verdadera democratización y modernización necesaria".

Adicae consideró que las cuotas participativas con derechos políticos suponen dejar el gobierno de las cajas y su patrimonio en manos de cualquier inversor privado, especialmente la banca, pero también de los 'hedge funds' y otros "depredadores" financieros.

Además, la asociación explicó que el objetivo de capitalizar las cajas ha llevado al "absurdo" criterio de establecer un "falso" límite a la emisión de cuotas en el 50% del patrimonio de las cajas con el que se pretende mantener un equilibrio "imposible" en los consejos de administración.

Adicae presentará la semana que viene un dossier con sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, entre las que se encuentran limitar la emisión de cuotas a un tercio y mantener la participación de los impositores en los órganos de gobierno de las cajas en un mínimo del 30%.

Por su parte, UGT rechazó hoy el Real Decreto Ley que modifica la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) al entender que supondrá "la bancarización de las cajas" y que "romperá el modelo social" que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.

También el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido que el decreto de reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) supondrá "la desnaturalización" del sistema de cajas de España, lo que a su vez provocará "un profundo plan de ajuste laboral", que contará con "un profundo rechazo sindical".

Lo cierto es "que se avanza de forma decidida hacia un proceso de desnaturalización" de las cajas y que "vayan bancarizando su función", sea a través "de la creación de Fundaciones que se desprendan del negocio financiero y lo sitúen en la órbita de un banco", sea "por la vía de la salida de los órganos de gobierno de instituciones, impositores trabajadores u otras",

Asimismo, ha argumentado que esta modificación de la naturaleza jurídica de las cajas "generará un profundo plan de ajuste laboral que además ahora tiene una referencia nueva: la reforma laboral aprobada por el Gobierno".

Toxo ha defendido que "se debe dar un mayor control a la ciudadanía" mediante "el refuerzo de la presencia de los impositores y de los trabajadores".

Por ello, ha reclamado que se despejen "las incógnitas" de "las cuotas participativas con derechos políticos, en qué límites las cajas van a repartir dividendos como hacen los bancos y si se va a mantener la obra social" y reclamó que el Gobierno "las resuelve a favor de los intereses de la ciudadanía" y "no como intuimos pactada con la dirección de las cajas y con otros sectores como el de la banca clásica que ven en la caja una oportunidad de negocio".

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, rechazó la reforma de la Ley de Órganos de Representación de las Cajas de Ahorro (LORCA) que aprobó hoy el Consejo de Ministros, al considerarla el "escándalo más importante en materia económica de los últimos años", en un ejercicio "antidemocrático" que beneficia ante todo a los "especuladores" del sector privado.

En este sentido, señaló que, gracias a las cuotas participativas con derechos políticos, el capital privado podrá aprovecharse de los 13.500 millones de dinero público que ha costado el saneamiento de las entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En rueda de prensa, Llamazares denunció que el Gobierno ha actuado "al dictado" del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de España para "volar" el último baluarte de la "economía mixta y social" que recoge la Constitución con la "privatización" de unas instituciones que desde el siglo XIX han tenido una función social y "redistributiva" de la riqueza.

Asimismo, señaló que la actuación del Gobierno ha sido "antidemocrática" porque no ha contado ni con los representantes de instituciones sociales en los consejos ni con los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, sino que sólo se ha guiado por las directrices del FMI y del Banco de España, avaladas por los "presidentes eventuales" de algunas entidades.

Llamazares auguró que el Gobierno se encontrará con el rechazo de comunidades autónomas y ayuntamientos a la medida a través incluso de acciones legales.

Una catedrática de la UA se convierte en la primera española en recibir el premio de la Sociedad Francesa de Química

ALICANTE.- La catedrática de la Universidad de Alicante (UA) Carmen Nájera se ha convertido en la primera científica española en recibir el premio de la Sociedad Francesa de Química, por su trayectoria investigadora y su labor de internacionalización de la Química, según ha informado en un comunicado este viernes la institución académica.

Este galardón bianual franco-español que otorga la Sociedad Francesa de Química se une a los recibidos por la también directora del Departamento de Química Orgánica de la UA, como el Premio Nacional de Química Orgánica de la Real Española de la Sociedad Química, junto con el 'Rosalind Franklin International Lectureship' de la Real Sociedad Inglesa, en 2006.

La catedrática galardonada forma parte del consejo asesor de algunas de las revistas científicas europeas "más importantes" de Química Orgánica y es cofundadora de 'Medalchemy SL', empresa asociada al Parque Científico de la UA, que centra el interés de su investigación en la síntesis de aminoácidos y moléculas bioactivas aplicada a la fabricación de nuevos medicamentos.

La Sociedad Francesa de Química fue fundada en 1857 y tiene como objetivo la promoción de las ciencias químicas y de una identidad europea en este sector. El jurado del galardón que otorga esta Sociedad, está compuesto por personalidades de prestigio internacional y recompensa las trayectorias científicas que han contribuido al progreso de la investigación pura o aplicada.

Currículo de Carmen Nájera

Carmen Nájera se doctoró en la Universidad de Oviedo (Asturias) en 1979 y realizó estudios de post doctorado en el ETH de Zurich (Suiza) y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Uppsala (Suecia), así como en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) con el Premio Nobel de Química Elías J. Corey.

Asimismo, la galardonada es catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Alicante desde 1993 y ha sido profesora visitante en distintas universidades extranjeras como la Universidad de Arizona (Estados Unidos), la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca (Argentina), la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo (Francia) y la Escuela Nacional Superior de Química de París (Francia).

El número de pasajeros en el aeropuerto de El Altet crece un 5,8%

MADRID.- El aeropuerto de Alicante, El Altet, recibió un total de 947.150 viajeros en junio, lo que supone un aumento del 5,8 por ciento, mientras que el de Manises de Valencia recibió 451.694, lo que supone un crecimiento del 5 por ciento, informó este viernes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).

Así, los aeródromos de la Comunitat Valenciana, El Altet y Manises ocuparon el quinto y décimo puesto, respectivamente, en el ránking de los aeropuertos con mayor número de viajeros.

En concreto, tras Madrid-Barajas, que con 4,45 millones de viajeros encabeza el ránking, y El Prat, con 2,62 millones de pasajeros, los aeropuertos que registraron más pasajeros fueron Palma de Mallorca, con 2,52 millones de viajeros (-2,1%); Málaga, con 1,2 millones (+2,2%) y el aeródromo de Alicante. Les siguieron Ibiza, con 689.015 (+6%); Gran Canaria, con 670.802 (10,7%); Girona-Costa Brava, con 512.847 (-2,6%); Tenerife Sur, con 496.436 (+9,7%) y Valencia.

Los datos nacionales indican que los aeropuertos españoles recibieron 18,21 millones de pasajeros en junio, lo que supone un aumento del 3,2% con respecto al mismo mes del año anterior, con incrementos del 4,3% en Madrid-Barajas y del 5,1% en Barcelona-El Prat.

En los seis primeros meses del año, el número de pasajeros aumentó un 1 por ciento, aunque las operaciones se redujeron un 4,1 por ciento, cifras que AENA atribuyó a la incidencia de la nube de cenizas volcánica sobre el tráfico aéreo que lastró su evolución en los meses de abril y mayo.

En junio, se operaron cerca de 200.000 vuelos en el conjunto de la red, de los que 166.000, un 2,4% más, fueron comerciales. El tráfico de mercancías superó las 51.000 toneladas, lo que supone un crecimiento del 17,2% con respecto a hace un año.

Del total de 18,21 millones de viajeros que pasaron por los aeropuertos de Aena en junio, 18,12 millones de pasajeros corresponden a vuelos comerciales y, de ellos, 11,3 millones corresponden a vuelos internacionales, un 4,7% más, y 6,77 millones de viajeros se contabilizaron en los vuelos nacionales, un 0,8% más.

Rajoy planea un congreso extraordinario del PPCV para relevar a Camps, Fabra y Ripoll

ALICANTE.- El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, planea un congreso extraordinario del PPCV en el mes de septiembre para relevar como líderes a los actualmente imputados en los tribunales: Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll y sustituirlos por políticos más jóvenes y no salpicados por casos de corrupción, según fuentes de Génova 13 citadas por la Cadena SER.

Según fuentes de la sede nacional, la solución global al problema valenciano pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario que reordenase los equilibrios de poder. En el entorno de Rajoy se apuesta por la incorporación de caras nuevas al PP valenciano, sabedores de que el 'post zaplanismo' ha sido un fracaso que, de no solucionarse, puede complicar las aspiraciones electorales de un Rajoy que en Valencia, por el momento, sigue teniendo su principal granero de votos.

De confirmarse este extremo, parece claro que Francisco Camps no repetirá como candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 pese a la insistencia de los últimos días sobre la confirmación de su candidatura, que Fabra dejará la política debido a su enfermedad y situación procesal, y que Ripoll se quedará solo para enfrentarse a los eventuales cargos presentados contra él en los tribunales de justicia, susceptibles de deparar aún nuevas sorpresas hasta para el propio Eduardo Zaplana al tirar por elevación contra su lugarteniente.

La dirección nacional del Partido Popular es consciente de que tiene que tomar una decisión sobre José Joaquín Ripoll. Dentro de la dirección, en el entorno de la secretaría general, se apuesta por su suspensión de militancia. Sin embargo, el equipo de Rajoy está analizando la decisión judicial sobre el presidente de la Diputación Provincial de Alicante

Dicen que Rajoy pretende un nuevo reparto de poder a nivel provincial y regional en la Comunidad Valenciana dentro de su partido y que serán muchos los políticos dudosos que tendrán que abandonar a continuación sus actuales situaciones de poder y privilegio en la administración autonómica, por otra parte fuertemente endeudada y hasta 'gripada'.

Al parecer, tiene toda la pinta de ser firme la decisión de Rajoy de afrontar esta inaplazable cirugía política de urgencia porque la situación ya amenaza con dinamitar su propia candidatura a La Moncloa en los comicios de 2012 de seguir pudriéndose la situación de su partido en la Comunidad Valenciana a cuenta de secuenciales casos de probada corrupción, que pueden no haber terminado.

Entre los políticos que ya se barajan para sustituir a Camps, estaría el propio Esteban González Pons, ahora fiel escudero de Rajoy y político alejado de las intrigas de Valencia, el inefable Gerardo Camps, y hasta el castellonense Juan Costa (hermano de Ricardo), quien llegó a competir con Rajoy por el liderazgo nacional del PP. Se descarta absolutamente a Rita Barberá, incluso es más que probable que tampoco opte a su reelección como alcaldesa de Valencia.

El detonante de la imputación de Ripoll, presumiblemente por varios presuntos y graves delitos, ha convulsionado a todo el PP desde Madrid a Valencia y muestra como algo inaplazable una acción decidida de líder y aparato central frente a la recurrente corrupción en Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y, ahora, al parecer, la Región de Murcia como trueno gordo de esta corrosiva entrega por capítulos que todavía dicen aguarda muchas sorpresas para la gran militancia honesta del partido conservador fundado por Manuel Fraga.

Las pesquisas apuntan a blanqueo de dinero y financiación de partidos por la trama de Alicante

ALICANTE.- La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes recogidas por 'El País'.

La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.

La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?

Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.

Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.

La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.

El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.

El Gobierno Zapatero acaba con la naturaleza genuina de las cajas de ahorro para entregarlas a los bancos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que la nueva Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio para "evitar su desnaturalización".

Zapatero señaló que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un Real Decreto para articular esta reforma, que definió como "fundamental, urgente y necesaria", y como "la más importante del sistema bancario español de la historia".

El presidente compareció este jueves tras reunirse con el comité ejecutivo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) para abordar la reforma de la Lorca e insistió en que, a pesar de que el sistema financiero ha demostrado solvencia, las cajas de ahorros mostraban debilidades y carencias que había que fortalecer para su estabilidad en el futuro.

No obstante, matizó que el cambio legislativo se hace preservando la función social, los intereses generales de las cajas y su obra fundacional, y que se plantea con dos objetivos fundamentales: la capitalización de las cajas para facilitar el acceso a recursos de "máxima categoría" en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y "la profesionalización y democratización de las cajas de ahorro".

Respecto a la capitalización, Zapatero explicó que la reforma del régimen de cuotas permitirá la entrada de inversores privados en las entidades, a los que se reconocerán derechos políticos de manera directamente proporcional a su participación en el patrimonio de la caja.

No obstante, se suprimen los límites a la tenencia de cuotas por un único partícipe y se establecen los principios de libertad de emisión y retribución de dichas cuotas. Estos títulos podrán ser emitidos desde el mismo momento en que entre vigor la nueva norma.

En relación a la profesionalización, Zapatero precisó que se limita la presencia de representación política de las cajas porque se establece "la incompatibilidad de los cargos electos a ser miembros de los órganos de gobierno de las cajas", y se "impide" la participación de representates de la administración ejecutiva en los órganos de gobierno de las entidades.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de profesionalidad de los órganos de gobierno a través de exigencias especiales de cualificación y experiencia para al menos la mitad de los miembros del consejo de administración, y se refuerza el gobierno corporativo, extendiendo la obligación de informe anual a todas las cajas de ahorros.

La nueva ley también establece mayorías reforzadas en los órganos de gobierno para las decisiones fundamentales de la caja. De este modos, se establece la necesidad de una mayoría de dos tercios de los presentes para pasar a cualquiera de los otros modelos de funcionamiento y orden jurídico de las cajas, la integración, el ejercicio indirecto a través de un banco y la transformación en fundación cediendo patrimonio a un banco.

Zapatero recalcó que tras la reforma legal las cajas van a poder disponer de un "abanico extenso" de posibilidades para acceder a las mejoras alternativas de capitalización y que podrán integrarse en un Sistema Institucional de Protección (SIP), cuya entidad central tendrá la naturaleza de sociedad autonómica, permitiéndoles el acceso directo a los mercados.

Asimismo, insisitiò en que las entidades también podrán ejercer su actividad indirectamente a través de un banco y podrán optar por traspasarle el patrimonio sujeto a la actividad financiera, así como transformarse en una fundación renunciado a su condición de caja.

El presidente expresó su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas, dado el "relevante papel" de las cajas en el sistema financiero español y de la importancia que la reforma tiene no sólo para la solvencia del sistema financiero, sino también para la capacidad del crecimiento económico del país.

"Las cajas van a tener la palabra decisiva sobre su futuro y sobre su posición en el sistema financiero, pero el cambio debe contar, para que sea lo más fuerte posible, con el mayor número de apoyos parlamentarios. Por ello trabajará el Gobierno", añadió.

Zapatero también agradeció la colaboración del PP y de las cajas de ahorros, con quien se ha mantenido "un intenso diálogo", para sacar adelante esta reforma, y avanzó que seguirá profundizando este diálogo con los representantes sindicales y con las comunidades autónomas.

En este sentido, subrayó que el Decreto Ley va a tener un carácter de "largo alcance y de reforma en profundidad" y que ha tenido espacios de encuentros "bastante considerables", que se han intensificado en las últimas semanas entre el responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado.

El presidente insistió que el diálogo ha sido "satisfactorio" y en que existe un marco de entendimiento, a expensas de que van a seguir seguir trabajando hasta que el Consejo de Ministros aborde mañana la reforma.

Asimismo, recordó que la reforma se produce tras concluir "con éxito" el proceso de reestructuración financiera mediante fusiones e integraciones, que comenzó hace un año con el Decreto Ley que regula el FROB, que también acordó con el Partido Popular.

En este sentido, consideró que para que esta reestructuración de las cajas de ahorros mantenga la eficiencia, la solvencia y las entidades se adapten al tamaño del mercado actual, exigía una reforma de "más calado" que afectase a su legislación.

El PSPV suspende su apoyo a la reforma del Rico Pérez por la imputación de Ortíz

ALICANTE.- La comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE de Alicante ha acordado dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado para la reforma del Estadio Rico Pérez al estar imputado el empresario Enrique Ortiz -máximo accionista del Hércules- en relación con el caso "Brugal".

Fuentes socialistas han indicado que también "suspende" la participación de sus concejales en la citada comisión, "en tanto no se aclaren las circunstancias que vinculan a Enrique Ortiz y a representantes políticos del PP en este caso de corrupción".

El PSPV-PSOE exige, "en tanto se llega el final del proceso judicial, una solución rápida para que el Hércules disponga para finales de agosto de un estadio con las mínimas condiciones exigibles para la disputa de partidos de competición en Primera División".

Según fuentes socialistas, "dicha solución debería pasar de forma inexcusable por la agilización de las obras por un valor de 4.250.000 euros que, exigidas en el contrato de compraventa del estadio entre la mercantil Aligestión y el Ayuntamiento de Alicante, estaban destinadas a remozar dignamente el estadio".

El PSPV-PSOE demanda que "tanto en las citadas obras obligadas por contrato como en cualquier otra futura que se financie -sea por medio de inversión directa o diferida a través de cualquier otra fórmula de financiación con cargo al erario público- se efectúe por parte del consistorio un escrupuloso control político y técnico del alcance, coste y necesidad de las mismas".

Para ello, los socialistas proponen buscar "el asesoramiento de técnicos municipales especializados junto con técnicos externos".

Ripoll reconoce ahora que está imputado por el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha anunciado que ha sido "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación de un plan de residuos, aunque el juez ha denegado las medidas pedidas por el fiscal, como una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión y que se personara de forma periódica en el juzgado nº 3, en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar.

Ripoll ha hecho una declaración sin preguntas en la Diputación menos de dos horas después de terminar su personación ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, de quien ha comentado que no le ha aclarado "ni los hechos ni el por qué" de su imputación en el denominado caso "Brugal". Ripoll, que ha comparecido con la presencia de sus abogados, no ha querido especificar los delitos que se le imputan.

El dirigente del PP ha indicado que ha prestado declaración "voluntariamente" y que durante la primera media hora de su comparecencia el juez le ha explicado que "no había una citación judicial" y que, por lo tanto, podía hacer una declaración o negarse.

Al responder que deseaba declarar, ha proseguido, el juez le ha "imputado formalmente" y le ha leido "todos los derechos" que le asisten, y durante los siguientes 30 minutos le ha trasladado que no le podían contar "ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas" en su contra, a causa del secreto sumarial.

Ripoll ha recordado que la instrucción y el secreto de las actuaciones duran ya más de tres años, y ha agregado que el juez le ha explicado que los delitos de los que se le podría acusar podrían mantenerse o variar en el futuro.

Según el presidente de la Diputación y del PP alicantino, las preguntas que le han efectuado tanto el instructor como el fiscal han sido "genéricas" y tras las realizadas por sus propios abogados, se ha acabado su comparecencia.

Al terminar la declaración, el juez ha emitido un auto en el que adopta la decisión de mantener su libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar, rechazando de esta forma la petición del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, del medio millón de euros para eludir la cárcel o, si no, una personación periódica en el juzgado.

"No sé nada de las diligencias, ni de los hechos, ni del por qué. Comprenderán que no puedo contestar sus posibles preguntas y les pido disculpas, pero en cuanto se levante el secreto (sumarial) ejerceré acciones legales de mi defensa", ha adelantado.

Compromís: "La imputación de Ripoll es una mala noticia a la que nos tiene acostumbrados el PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha considerado este jueves que la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en el marco del llamado 'caso Brugal' es "una mala noticia a la que ya nos tiene acostumbrados el PP".

"Y es también una mala noticia y una imagen fatídica y mala para el País Valenciano, porque al resto del estado y en Europa nos ven como un nido de gobernantes corruptos", ha lamentado.

En opinión de Morera, el líder del PP, Mariano Rajoy, "no tiene más remedio ahora que tomar medidas y pedir responsabilidades o esta espiral de corrupción acabará arrastrándolo a él hacia el fracaso político".

El PSPV valorará el 'caso Brugal' en la puerta de la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, comparecerá esta noche ante los medios para hacer una valoración de la imputación del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por el denominado 'caso Brugal'. Desde el PSPV han denunciado que la comparecencia se hará a las puertas de la corporación provincial tras ser "expulsados los diputados provinciales socialistas de la sede del grupo".

Alarte, junto al portavoz Antonio Amorós, la secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló y la secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, comparecerán fuera del edificio "después de que los servicios de Presidencia de la Diputación Provincial hayan expulsado esta tarde a los diputados provinciales socialistas", según las mismas fuentes.

Los socialistas han calificado lo ocurrido de "atentado en toda regla contra el derecho a informar y a declarar sobre este asunto cuando se trata de un hecho muy grave para esta institución, que se ha visto manchada por la imputación de su presidente".

"Es la primera vez que ocurre esta situación y lo que no entendemos es por qué nos echan de nuestro lugar de trabajo", ha apuntado Amorós

Ripoll queda en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas

ORIHUELA.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha quedado en libertad tras prestar declaración durante cerca de cuatro horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal', y ha convocado una rueda de prensa a las 21.30 horas en la sede de la corporación provincial.

José Joaquín Ripoll no hizo ningún tipo de declaración a la salida del juzgado, que abandonó acompañado por sus letrados, después de permanecer en las instalaciones judiciales desde las 16.00 horas.

El presidente de la Diputación de Alicante, ha entrado a las 16.00 horas en los juzgados oriolanos para prestar declaración ante el titular del juzgado de primera instancia número 3, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, dos horas después de lo previsto.

Ripoll ha llegado sobre las 13.55 horas a los juzgados de Orihuela, donde estaba citado a declarar a las 14.00 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, ha vuelto a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración.

Ripoll ofrece una rueda de prensa desde las 22.00 horas en la Diputación Provincial de Alicante donde informa sobre su paso por el juzgado de Orihuela.

Enrique Ortiz queda en libertad, imputado por un delito de cohecho y fraude

ORIHUELA.- El empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, ha quedado en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano, que instruye el llamado caso 'Brugal', según ha señalado el letrado de Ortiz, Alejandro Bas.

El abogado hizo estas declaraciones cerca de las 18.00 horas de este jueves, acompañado por Enrique Ortiz, a la salida del juzgado número 3 de Orihuela, encargado del caso 'Brugal', donde acudió a las 16.00 horas para prestar declaración.

Bas ha señalado que el fiscal "pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros" que ha sido "desestimada", por lo que el juzgado no ha tomado "ninguna medida cautelar" contra Ortiz.

El propio empresario ha afirmado que "respeta a los jueces" y ha señalado que el titular del juzgado "no ha tomado ninguna medida cautelar" en su contra.

El juez imputa a Ripoll diversos cargos y decreta libertad provisional

ORIHUELA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela ha acordado mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que han comparecido este jueves a declarar de forma voluntaria dentro de la denominada 'operación Brugal', entre ellas el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, a quien ha imputado diversos cargos.

De esta manera el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para el también presidente del PP en Alicante por lo que ha quedado en libertad sin fianza.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el juez ha ordenado el ingreso en prisión, eludible con una fianza de 100.000 euros, para el empresario Rafael Gregory, al que se le ha concedido un plazo para reunir dicha cantidad.

El juez ha tomado declaración, en calidad de imputadas, a estas seis personas --entre las que también se encuentra el empresario y el máximo accionista Hércules, Enrique Ortiz, un empleado de su empresa Inusa y otro de la firma Sufi y un empresario valenciano-- que debían comparecer en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros.

En cada comparecencia se han practicado las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les ha expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, ha detallado el TSJCV en un comunicado.

El Juzgado tiene previsto que mañana comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.

Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy.

El juez de Orihuela impone una fianza de 100.000 euros al empresario Rafael Gregory, detenido en la operación policial del martes

ALICANTE.- El juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que instruye el llamado caso 'Brugal' por presuntas irregularidades en la contrata de los servicios de tratamiento de basuras en la Vega Baja, ha impuesto una fianza de 100.000 euros al empresario de la automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho, han informado fuentes cercanas al caso.

El empresario y ex presidente de la Fundación del Hércules, que ha prestado declaración en la mañana de este jueves, ha salido de los juzgados sobre las 14.30 horas, hora en la que el magistrado ha ordenado un receso en los interrogatorios, que se reanudarán a las 16.00 horas.

La toma de declaraciones arrastra un retraso de varias horas, ya que a la hora de comer continuaba pendiente la declaración de varios de los citados, entre ellos el empresario alicantino Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

El director de la Policía defiende que en Alicante se ha actuado "en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho"

GRANADA.- El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, defendió este jueves la labor de la Policía en las detenciones que efectuó el pasado martes en Alicante en la denominada 'Operación Brugal', entre ellas la del presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, y aseguró que los agentes actuaron "en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España".

En declaraciones a los periodistas en Granada, donde presidió la inauguración del Laboratorio de Biología y ADN de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, Velázquez abogó por hacer uso en este asunto del "sentido común y las leyes", después de las críticas realizadas por miembros del PP al Ministerio de Interior y en concreto a su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"La Policía realiza investigaciones, y tras las investigaciones descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía", explicó.

En consecuencia, afirmó, todo se hizo "dentro de la legalidad y por lo tanto era lo que le correspondía a la Policía realizar", manifestó el director general, que en su discurso de inauguración del Laboratorio también se refirió a este asunto.

"La Policía actúa siempre en el marco del Estado de Derecho: cuando asegura la eficacia probatoria y cuando detiene y toma declaración a presuntos delincuentes. Es su trabajo incluso en los momentos en que esas detenciones se realizan sobre personas de relevancia pública", dijo.

Fernando de Rosa dice que el CGPJ apoya la posición del juez de Orihuela, "que es el que dirige la instrucción"

ALICANTE.- El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado este jueves que el CGPJ "apoya" la posición del titular del juzgado de primera instancia número tres de Orihuela "puesta de manifiesto ayer" en los dos comunicados remitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha recordado que es el juez "el que dirige la instrucción" del caso por presunta corrupción llevada a cabo el pasado martes en la provincia de Alicante.

Al término de la inauguración este jueves de la jornada 'La reforma del Código Penal. El nuevo Código Penal ante el reto del Cibercrimen' en Dénia, a preguntas de los medios de comunicación, De Rosa se ha remitido a los comunicados emitidos este miércoles pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y por el propio CGPJ este jueves.

Este escrito, ha dicho, "avala lo manifestado por el juez de Orihuela en el sentido de que son unas actuaciones secretas". Además, ha remarcado que "el que dirige la instrucción es el propio juez, y habrá que esperar a la evolución de lo acontecido", ha indicado.

El CGPJ aclara que el TSJCV distribuyó las notas sobre la trama de Alicante a petición del juez de Orihuela

MADRID.- La Comisión de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aclarado este jueves, en relación con los dos comunicados divulgados ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en relación con la 'Operación Brugal' desarrollada contra una presunta trama de corrupción en Alicante, que "ambas se emitieron a instancia del titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, "quien así lo estimó necesario".

De este modo, los cinco vocales que integran esta comisión --Margarita Robles, Gabriela Bravo, Miguel Collado, Antonio Dorado y Margarita Uría--, han salido al paso de las críticas vertidas por algunos sectores que apuntaban al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, como artífice de los comunicados, según señalaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El TSJCV emitió un comunicado en la mañana del miércoles negando que el Juzgado de Orihuela hubiera ordenado la detención del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll y otras diez personas en relación con la 'Operación Brugal' que investiga este órgano y añadiendo que no había citado a ninguna de ellas en relación con la instrucción abierta por una presunta trama de corrupción en la provincia.

Unas siete horas más tarde, el alto tribunal difundió una segunda nota señalando que titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela había sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas la de Ripoll.

En este segundo comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguraba que, ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", al término de la mañana de ayer no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

Añadía que con anterioridad a la operación desarrollada este martes únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualizaba, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, la nota explicaba que San Martín autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalcaba.

De la Vega cree "irresponsable" que Rajoy no exija dimisiones por la situación del PPCV

GANDÍA.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado este jueves que es "irresponsable e imprudente" que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no dé explicaciones ni exija responsabilidades a los dirigentes del PPCV ante la situación política en la Comunitat por las operación de Anticorrupción desarrollada en Alicante, y que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; por la imputación del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, así como por el 'caso Gürtel'.

De la Vega que se ha expresado de esta manera en el acto de apertura de las jornadas interpalamentarias de los socialistas valencianos que se celebra en Gandia en un momento de su discurso en el que hizo mención a la situación política en la Comunitat en relación a la última investigación judicial abierta en la provincia de Alicante con la llamada 'Operación Brugal'.

En este sentido, la dirigente socialista ha manifestado que Mariano Rajoy, en la Comunitat, "ya no sabe hacia dónde mirar, si al Castellón de Fabra, al Alicante de Ripoll o a la Comunitat de Camps, para encontrar a alguien que dé la más mínima explicación y que sea capaz de asumir sus propias responsabilidades.

La vicepresidenta ha señalado que son necesarios "algo mejor que unos líderes bajo sospecha que jamás han dado una explicación ni han asumido una sola responsabilidad política". Para De la Vega es "increíble que tras la detención" de Ripoll desde el PP pidan "prudencia y responsabilidad" y mientras, se dediquen a "atacar a fiscales y policías sólo por cumplir con su deber".

En este sentido, ha declarado además, que son los ciudadanos los que tienen derecho a exigir prudencia y responsabilidad a sus representantes políticos y ha subrayado que es "irresponsable e imprudente" intentar "huir hacia delante, lanzando insidias y sospechas, arremetiendo contra todo y contra todos, como hacen los dirigentes del PP".

La vicepresidenta, además, ha recordado que Rajoy puso a Camps como el modelo que quiere "para toda España", pero, en su opinión, los españoles "se merecen otra cosa" y por ello, instó a los socialistas valencianos a poner en marcha un "nuevo proyecto", como el elaborado en el programa para la reforma de la economía valenciana, capaz de "sanear" las cuentas públicas, estimule la iniciativa privada, un proyecto que se dedique a "hacer lo que debe hacer, trabajar a favor de los ciudadanos y no en contra del Gobierno".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en esta línea ha señalado que las personas honradas, cuando tienen un problema con la justicia, lo que hacen es "ponerse al servicio de la legalidad, de la verdad y de los órganos jurisdiccionales".

Pero, el PP y el PPCV, cuando uno de sus miembros tiene alguna "responsabilidad, una explicación que dar o es objeto de una investigación --desde la presunción de inocencia, ha aclarado-- y tienen que responder, su actitud siempre es la misma, atacar, atacar y atacar a los órganos de justicia, fiscales y policía, que funcionan siempre bajo el orden constitucional".

Para Alarte, esta no es la respuesta de un ciudadano "ejemplar y honorable" y "no puede ser la respuesta de Rajoy, González Pons y el PP", al tiempo que ha afirmado que esta es la "sensación que cualquier ciudadano esta mañana tiene" al conocer la información que se publica en los medios.

Asimismo, ha criticado que la táctica del PP sea decir que los socialistas les "persiguen", por ello, la posición del PSOE ante esta situación es responder con "palabra y compromiso" y ante las exigencias de ética y honradez, hay que actuar con "transparencia, con explicaciones y responsabilidad política".

El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió anoche en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

Alarte pide a Rajoy que disuelva la dirección del PPCV, nombre una gestora y que se convoquen elecciones

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy a disolver los órganos de dirección del PPCV y que nombre una gestora con carácter de urgencia, mientras que al PP en las Corts Valencianes le pide la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas, "hoy con más razones todavía" y que se asuman responsabilidades políticas.

Alarte, que se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar la situación política con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el marco de la operación 'Brugal', ha criticado que "de arriba abajo, la marea de la corrupción" se extiende por toda la Comunitat a través del PP.

El líder socialista ha señalado al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, como el "responsable de toda esta situación" y le ha advertido de que con su "actitud de mirar hacia otro lado y su irresponsabilidad, está condenando a los valencianos a una situación de tremenda dificultad" y deja una situación que va "deteriorándose día a día sin que nadie dé ninguna respuesta".

Tras la intervención ayer en Alicante y las sucedidas "en las últimas semanas", Alarte ha remarcado que "ya no se puede hacer ninguna distinción entre los dirigentes del PP, todos son Camps".

"No existe -ha añadido- una o dos tramas vinculadas al PP, ni tramas de corrupción", sino que el PPCV "es en sí mismo una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude, desde el punto de vista político, la lucha contra la corrupción".

A este respecto, ha lamentado que "todas las instituciones relevantes de la Comunitat Valenciana estén investigadas, intervenidas o participan directa o indirectamente en tramas de corrupción", lo que, a su juicio, conlleva que estén "paralizadas y envueltas en una marea de corrupción sin precedentes en la Comunitat".

"La impunidad, extendida y generalizada que ha instalado Camps, el no pasa nada, el todo vale, el todo es posible, gobierna el PPCV y a todas las instituciones", ha declarado Alarte, quien ha afirmado que no hay en Europa una región, ni gobierno regional "que se encuentre en una situación como se encuentran las instituciones de autogobierno de la Comunitat".

Para Alarte, esta es la manera del PP de entender la política y el "todo vale" es la "ética y la moral que han instalado en la Comunitat".

El líder socialista ha recordado, en este sentido, que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "va a ser juzgado en breve por varios delitos gravísimos después de una larga investigación" y que la supuesta trama de corrupción 'Gürtel' afecta a parte del Gobierno valenciano, a dirigentes del PPCV y un "largo rosario de miembros del PP con diferentes responsabilidades".

"El poder ejecutivo, el poder legislativo, las direcciones del PP a todos los niveles y ahora, además, las basuras del PP y de Camps en la provincia de Alicante", ha lamentado Alarte, quien ha señalado que "de arriba abajo, se extiende la marea de corrupción de Camps y el PP sin que nadie haga nada más allá de mirar hacia otro lado".

El secretario general del PSPV ha advertido de que esta situación "pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones, la normalidad democrática, la credibilidad de nuestras instituciones de autogobierno y, además todas ellas están paralizadas y son incapaces de hacer frente a la situación de crisis y a los problemas de los valencianos" que "no se merecen esta situación", ha apostillado.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

La Policía tiene autoridad para detener en una investigación sin la autorización previa del juez

MADRID.- Fuentes del Ministerio del Interior aclararon hoy que la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Estas mismas fuentes precisaron que las detenciones practicadas ayer por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos.

Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas ayer se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas hoy por quien acusó a la Policía de suplantar la función del juez en este caso.

Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómico negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.

La razón de esta aclaración es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Otro de los puntos sometidos a debate es el hecho de que Ripoll asegurase hoy en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.

En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.

La Fiscalía dice que en Alicante no hubo órdenes de detención del juez sino mandamientos de registro y toma de declaración

MADRID.- La Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la 'Operación Brugal' desarrollada ayer contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.

Fuentes fiscales señalaron que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento de el juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.

De forma individualizada, el juez indicó a la Policía los domicilios y las sedes sociales que hay que registrar. Además, autorizo a la policía a tomar "las medidas necesarias" para realizar esas diligencias. Entonces, si hay que trasladar a personas, se autoriza a realizar dichos traslados como sea conveniente, según la Fiscalía.

En principio, se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, si bien Anticorrupción se opuso a esta posibilidad y apostó por lo que finalmente se produjo, es decir, registros en dependencias que podían estar afectadas por la trama y la toma de declaración de sus responsables. Esto es lo que ocurrió con Ripoll, según las mismas fuentes, quien tras ser preguntado en Comisaría quedó en libertad.

Respecto a la citación que se ha dado a Ripoll para comparecer mañana en el Juzgado de Orihuela, se trata de una citación "policial" según las mismas fuentes. En ella se indica a los implicados un día y hora para que acudan al juzgado.

El juez de Orihuela dice ahora que ha sido esta tarde cuando se le ha comunicado verbalmente la comparecencia de Ripoll

VALENCIA.- El titular del juzgado de primera instancia número de 3 de Orihuela ha sido informado "verbalmente, aunque no de manera oficial", de las comparecencias previstas para mañana de algunas de las personas que fueron detenidas en el marco de la operación lanzada por la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, entre ellas el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha asegurado en un comunicado --hecho público ante la "confusión suscitada por la citación para comparecer en este juzgado de varias personas", explica el organismo-- que al término de la mañana de hoy el juzgado "no disponía de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación, ni de su posterior puesta en libertad, ni de las fechas en las que hubieran sido emplazadas para comparecer en el Juzgado".

La fuente añade que con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial y, una vez concluida la mañana, "el Juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximos días en relación a las Diligencias Previas 851/07, excepto lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación".

Sin embargo, puntualiza, "a media tarde, el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial, al respecto".

Asimismo, explica que el titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las correspondientes peticiones formuladas por parte de la Policía. Las resoluciones adoptadas fueron notificadas a los interesados "en tiempo y forma", recalca.

El comunicado del TSJCV reitera que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial".

Por tanto, precisa, "no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado, sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial".

En este punto, explica que la Policía "tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez, para que comparezcan en el órgano instructor y aclaren los extremos que se consideren oportunos".

Finalmente, insiste en que "no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".