Amor dice que el PSOE "se burla de Benidorm" al elegir a Navarro para a la alcaldía y pide dimisiones

BENIDORM.- La presidenta local del PP en Benidorm y vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de la Provincia de Alicante (PPPA), Gema Amor, ha asegurado este martes que el PSOE "se burla de Benidorm" al proponer al actual alcalde de la ciudad, el independiente Agustín Navarro, como candidato en las próximas elecciones municipales. Asimismo, ha reclamado la dimisión del propio Navarro y del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, y de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín.

Amor ha efectuado estas declaraciones en un comunicado después de que la ejecutiva local del PSPV de Benidorm optara por Agustín Navarro como candidato a la alcaldía. Gema Amor se ha preguntado si "en tan poca estima tiene el PSOE a sus militantes y simpatizantes como para elegir a un tránsfuga como candidato".

Gema Amor ha añadido que "de Navarro, poco puede extrañar a estas alturas", puesto que es "un individuo al que le da igual ser concejal de Bolulla, que alcalde de Benidorm, socialista que tránsfuga", por lo que "no debe estar al frente de una ciudad a la que no aprecia, no respeta y no valora".

La presidenta del PP en Benidorm ha afirmado que el PSOE se "burla" de la ciudad "y la convierte en mofa de toda España", por lo que ha exigido la dimisión del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, y del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, así como el cumplimiento del pacto antitransfuguismo y que el líder de los socialistas valencianos "cumpla su palabra y no permita que Navarro se presente".

Además, Amor ha señalado que Benidorm "no puede consentir que el PSOE del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la familia Pajín y una cuadrilla de trásfugas se rían de los ciudadanos y jueguen con el futuro de todo el municipio".

La edil ha recalcado que el PSOE "ha perdido el respeto a sus siglas, a sus acuerdos, a sus representantes y a los ciudadanos", y ha añadido que el PSPV "ha ninguneado a los ciudadanos con el solo objetivo de asaltar el poder".

"La guerra en el PSOE es tan dura que Alarte no es capaz de cumplir con su palabra de que los tránsfugas no entren en listas, como prometió", ha señalado Amor, quien ha sostenido que el líder del PSPV "queda totalmente desautorizado debido al engaño al que ha sometido a los ciudadanos de Benidorm prometiendo que ningún tránsfuga iría en las listas del PSOE".

El pasado de Ángel Luna llena de nubarrones su futuro político / David Lozano

El actual portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, volvió a la primera línea de la política por aquello de las casualidades. Entre los años 1991 y 1994 fue alcalde de Alicante, el último alcalde socialista que ha tenido la ciudad. Su pésima gestión municipal, la falta de conexión con "la calle" y los problemas internos en su partido catapultaron al PP de Luis Díaz Alperi a hacerse con una cómoda mayoría absoluta que ha ido revalidando en cada encuentro con las urnas.

Años después, Luna volvió, casí de tapadillo, a la política ocupando un discreto puesto en las listas autonómicas que su partido presentó el 27 mayo de 2007. La abrupta dimisión de Joan Ignasi Pla hizo el resto y de ser diputado raso ha pasado a capitanear la oposición parlamentaria a Francisco Camps.

Luna está políticamente hipotecado y él lo sabe. Su presente y futuro más inmediato viene marcado por su pasada actividad profesional, un ejercicio que inició inmediatamente después de dejar la alcaldía de Alicante.

Así, el portavoz socialista pocos meses después de abandonar la política, comenzó a trabajar con la principal empresa contratista de esa Administración durante su mandato. Las cifras no dejan resquicio a la duda: la empresa para la que posteriormente trabajó Ángel Luna fue beneficiaria de 72 contratos durante su legislatura. El volumen de lo contratado ascendió a los 1.186 millones de pesetas de las de entonces. El 26% de los contratos que adjudicó Luna, es decir uno de cada cuatro, como alcalde fue para la empresa para la que posteriormente fichó.

Como les ha venido contando El Semanal Digital, el síndico socialista ha exhibido en el parlamento autonómico un dudoso informe que analiza y ponía en tela de juicio unos 90 contratos o adjudicaciones de la Generalitat valenciana (un 0´04% del total que contrata esa Administración).

Este informe venía a denunciar si no ilegalidades sí cierto oscurantismo de la Generalitat. oscurantismo del que, por cierto, se ha defendido el Consell. Pero el pasado de Luna en el ejercicio de sus funciones como primer edil retrata clarísimamente su doble moral. Los hechos son tozudos y evidencian que Luna evitó la licitación de contratos. Realizó dos contratos distintos para encargar el pavimento de seguridad de juegos y preescolar en centros públicos y se adjudicó a la misma empresa con sólo tres meses de diferencia.

Además, siendo alcalde de Alicante, fraccionó a la misma empresa la adquisición de madera para las fiestas y para la plaza de toros. Adjudicó a la misma empresa dos contratos cuyos objetos debieron de unificarse en uno solo ya que se trataba del mantenimiento de las zonas ajardinadas de los colegios públicos.

Pero estos hechos no son aislados. Con Joan Lerma en la Generalitat, al mismo tiempo que Luna era alcalde, de los 918 contratos que realizó en el año 1994, fraccionó más del 83%. Por tanto, 8 de cada 10 contratos estaban fraccionadas y se hacían sin publicidad, el doble que en la actualidad. Son cifras evidentes que una vez más ponen de manifiesto esa doble moral de la izquierda.

Ángel Luna (PSOE) se quedó el vehículo que usaba cuando trabajó para Enrique Ortiz , según 'Abc'

ALICANTE.- A pesar de haber trabajado para el empresario Enrique Ortiz —salpicado tanto por el «caso Gürtel» como por el «caso Brugal» en la Comunidad Valenciana— como abogado cuando el PP lo desalojó de la Alcaldía de Alicante, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, había convertido al constructor alicantino en uno de los blancos preferentes de sus críticas, centradas en explotar el «caso Gürtel».


Sin embargo, han empezado a aflorar informaciones que evidencian que la relación entre el socialista y el empresario iba más allá de la que les unió contractualmente durante tres años, incide hoy 'Abc'.

Así, Luna conduce actualmente un Audi A6 que pertenecía —hasta 2002— a la empresa Enrique Ortiz e Hijos, según consta en la documentación oficial a la que ha tenido acceso Abc. El vehículo pasó a ser propiedad de Luna en 2002, precisamente cuando dejó de trabajar para el constructor. Fue en el mes de octubre de ese mismo año, según consta en la citada documentación, cuando el actual portavoz socialista en las Cortes comenzó a figurar como titular del vehículo. No obstante, ya lo conducía cuando no era de su propiedad.

El socialista, que compareció para dar cuenta de sus relaciones con Ortiz, aseguró que el Audi A6 había sido adquirido mediante la fórmula de «leasing» por parte de la empresa, y que formaba parte de la flota de vehículos que ésta ponía a disposición de sus directivos. Según aseguró Luna, al finalizar su relación contractual con Enrique Ortiz e Hijos, pagó el vehículo que había estado utilizando desde 1999 para adquirirlo en propiedad.

Luna también tuvo que dar expliciones sobre una reforma acometida en su domicilio, cuya factura pagó el constructor alicantino. El portavoz socialista aseguró que había pagado el importe de la reforma (unas 700.000 pesetas), aunque no recordaba si «directa o indirectamente».

No obstante, el albañil que acometió la reforma explicó a Abc que presentó la factura a Ortiz, que era quien le había encargado el trabajo. Aunque el constructor ya lo había subcontratado antes, admitió que no era «habitual» que le pagase él la factura.

El alcalde tránsfuga de Benidorm ha «colocado» a 40 amigos y familiares en un año de mandato

ALICANTE.- El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, no ha escatimado esfuerzos a la hora de encontrar empleo para familiares, amigos y militantes del PSOE. Desde que accedió a la Alcaldía tras una moción de censura apoyada por el tránsfuga del PP José Bañuls de la que miércoles se cumplirá un año, el munícipe ha «colocado» en la plantilla municipal hasta cuarenta trabajadores relacionados de una u otra forma con el PSOE o con los concejales del equipo de gobierno, revela hoy 'Abc'.

Navarro, que encabezará la lista del PSPV para las próximas elecciones municipales en su condición de independiente a pesar de su condición de tránsfuga, ha «aprovechado» su primer año de mandato.

A través de oposiciones y mediante decretos de Alcaldía en la mayoría de los casos, familiares directos de ediles, miembros de la ejecutiva local del PSOE o representantes de los dos sindicatos mayoritarios han obtenidos plaza en la plantilla del Ayuntamiento de Benidorm, o han mejorado las condiciones económicas del puesto que ya ocupaban. La mayoría se han beneficiado de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en diciembre de 2009 —e investigada por el Tribunal Superior de Justicia, tal como desveló ABC el pasado mes de mayo—.

El propio alcalde ha «colocado» en la plantilla municipal a varios familiares, amén de amigos personales y miembros de la ejecutiva del PSOE local. Así, dos sobrinos del munícipe trabajan para el Ayuntamiento. Su sobrina —hija de una prima hermana de Navarro— como auxiliar de biblioteca (aunque se la contrató como vigilante de instalaciones deportivas); su sobrino, como director del gabinete de Alcaldía. Un puesto por el que se embolsa 2.800 euros al mes, según el decreto de Alcaldía que hacía oficial su nombramiento.

Al margen de familiares, Navarro ha contratado también a varios amigos. A través del secretario del intendente-jefe de la Policía Local —y amigo íntimo del munícipe—, han llegado al Ayuntamiento su esposa (que trabaja como secretaria personal del alcalde), y sus dos hermanas, que prestan su servicio en el departamento de censos.

Pero el alcalde de Benidorm no es el único que ha encontrado empleo para amigos y familiares. Hasta cuatro ediles, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Abc, han beneficiado a amigos y familiares con la peculiar política de contratación que rige el Consistorio de Benidorm desde septiembre de 2009.

Manuel Cabezuelos, concejal de Turismo, ha visto cómo su yerno obtenía también su propia plaza de vigilante de instalaciones deportivas. En cuanto a la portavoz del gobierno municipal, Natalia Guijarro, su padre ha sido nombrado recientemente coordinador del área de Diseño, tal como publicó este periódico el pasado 3 de julio.

Pero también la edil Cristina Escoda, encargada de Fiestas, se ha sumado a la política de contratación desplegada por los tránsfugas ex socialistas. En este caso, el beneficiario ha sido su novio, que ha obtenido una plaza de oficial electricista de segunda. En cuanto al concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez —que fue a su vez cargo de confianza en Finestrat cuando el PSOE estaba en la oposición en Benidorm— se ha encargado de «colocar» al secretario local del PSOE de Finestrat, José Alfonso Llorca, también como vigilante de instalaciones deportivas.

Al margen del capítulo de familiares y amigos de miembros del equipo de gobierno, en la nómina de personal del Ayuntamiento destacan varios miembros de la ejecutiva local socialista. Hasta seis miembros de la dirección socialista en la ciudad han logrado también un puesto de trabajo desde que Agustín Navarro accedió a la Alcaldía.

Así, Miguel Águila —secretario ejecutivo del PSOE en Benidorm— ha obtenido una plaza de asesor en la Concejalía de Personal, por la que se embolsa 1.800 euros al mes. Al mismo tiempo, su hijo se ha convertido en albañil con plaza en propiedad, y su yerno ha sido ascendido por decreto de Alcaldía a jefe de inspectores de playa.

El secretario de Organización del PSOE de Benidorm, Bernardo Mira, también trabaja para el Ayuntamiento. Ocupa un puesto de confianza. Rosa García, secretaria de Participación Ciudadana en la misma ejecutiva local, es asesora de Extensiones Administrativas. Olatz Sáenz, secretaria de Movimientos Sociales, es asesora en la Concejalía de Bienestar Social. Y por último, Ana Ruiz cobra por su trabajo como funcionaria de apoyo del grupo municipal, y Pedro José Sánchez es asesor en la Concejalía de Cultura que dirige la madre de Leie Pajín, Maite Iraola.

UGT y CC.OO.

También se han beneficiado de la política de personal del nuevo equipo de gobierno. Daniel Caneiro —secretario general de UGT en el Ayuntamiento y candidato del PSOE en 2007— ha sido nombrado coordinador de Recursos Humanos, Lorenzo Cervera —también representante del sindicato— lo es de Protocolo (con un curso de 4.000 euros pagado por el Consistorio), y su esposa ha sido nombrada asesora del área económica a cambio de 1.800 euros mensuales.

La lista sigue hasta las 39 contrataciones, con una nómina interminable de cargos vinculados a UGT o a CC.OO., como en el caso de Francisco Cruañes —amigo del edil de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez—, nombrado coordinador de Deportes, o Mercedes Llorca, nombrada coordinadora de Turismo. Llorca, además de integrar la lista de CC.OO., es la esposa del socialista Juan Ángel Ferre, que intentó ser candidato a la Alcaldía en 2007.

El CGPJ elige a a jueces conservadores para tribunales con asuntos de la trama Gürtel

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a los magistrados Pedro Castellano, Javier Lluch y Pilar de la Oliva como terna finalista a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en sustitución de Juan Luis de la Rúa.

Así lo ha indicado hoy el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa al ser preguntado por las novedades en este asunto.

Los dos primeros son afines al sector conservador, y Lluc no asociado. La Comisión de Calificación del Consejo del Poder Judicial ha hecho pública la terna para Valencia, de la que han quedado excluidos los otros tres aspirantes a presidir el tribunal que debe decidir el futuro del presidente Francisco Camps, uno de los imputados en el caso Gürtel en su variante de Valencia.

De la Oliva es la candidata, a priori, que más posibilidades tiene de alzarse con la presidencia del alto tribunal valenciano. Cuenta con el respaldo del sector conservador del Consejo. Dentro del órgano de Gobierno de los jueces se la ve más dialogante "y mucho menos escorada a la derecha" que su principal rival, Pedro Castellano.

Inicialmente, el sector conservador apostaba por situar a Castellano en la presidencia, pero la fuerte oposición de los progresistas, que le consideran "muy radical", ha llevado a los conservadores a buscar a otro candidato que concite más apoyos y, sobre todo, que permita reunir al menos los 13 votos necesarios (mayoría cualificada) para el nombramiento.

Esta es la tercera vez que el Consejo trata de consensuar un candidato para sustituir a De la Rúa, que lleva un año en funciones. Ambos sectores mayoritarios del Consejo cuentan con nueve vocales cada uno, del total de 21, por lo que necesitan pactar para poder efectuar nombramientos de altos cargos.

Al respecto, ha indicado De la Rosa que sabía "extraoficialmente" que los elegidos han sido Castellano, Lluch y De la Oliva, y al ser preguntado por si en esta ocasión se nombrará definitivamente al nuevo presidente del TSJCV, ha señalado que en el pleno de este jueves los vocales se enfrentan "con la misma voluntad que en plenos anteriores, la de intentar llegar a un acuerdo".

Ha explicado que es "complejo" porque se requiere de una mayoría cualificada, pero "la intención de todos es alcanzar el acuerdo no sólo en el TSJCV, sino en otras plazas como la presidencia de la sala primera, segunda y quinta del TS, del TSJ de Cataluña, de Castilla y León, de Castilla la Mancha, de Canarias y de Andalucía, además de otras", ha dicho.

De Rosa ha señalado que "hay mucho que negociar, mucho que hablar, pero siempre contando con la buena voluntad de los miembros del CGPJ, que queremos siempre acertar a la hora de elegir el candidato".

Al ser interpelado por si esta vez la elección en el TSJ de Cataluña podría ser nuevamente un impedimento para alcanzar un acuerdo con Valencia, ha indicado que "cada plaza tiene sus características, y no se está pensando en ningún momento en complacer intereses partidistas de ese tipo, ni siquiera asociativos, lo que queremos es acertar con la persona más adecuada, porque va a trabajar para todos los jueces y magistrados de cada territorio".

"Se trata de un trabajo que debemos hacer plaza por plaza y estudiando los méritos y capacidad de cada uno", ha dicho.

Castedo se hace la lengua un lío

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado este lunes, tras cumplir el pasado viernes dos años como primer edil, que le gustaría que los ciudadanos no la vean "como una persona lejana ni alejada de los problemas", puesto que "la figura del político municipal debe ser la más cercana a los problemas de la gente".

Sonia Castedo ha hecho estas declaraciones, preguntada por los medios, después de la rueda de prensa en la que ha presentado el sello de Correos 'Faro Cabo de la Huertas', que ha editado la empresa postal dentro de su serie 'Faros 2010'.

La alcaldesa ha señalado que durante estos dos años ha trabajado "hacia la ciudad", con la esperanza de que ese trabajo realizado "haya sido acogido por los alicantinos de la mejor manera posible".

"Es muy difícil en dos años poder demostrar todo lo que puedes demostrar, pero estoy intentando que me conozcan, y que me vean como una persona cercana", ha señalado Castedo.

"Me gustaría que no me vieran como una persona lejana ni alejada de los problemas, por pequeños que sean", ha continuado la alcaldesa, quien ha destacado que "la figura del político municipal debe ser la más cercana a los problemas de la gente".

La Semana Santa de Orihuela, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional

ORIHUELA.- La Semana Santa de Orihuela, cuyo origen se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional por el Gobierno central, según ha informado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.

La subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, ha mostrado su satisfacción por este título honorífico que, a su juicio, "valora la entidad de la Semana Santa de Orihuela, su dilatada historia y la devoción de los oriolanos, así como la capacidad del municipio para la acogida de visitantes en esas fechas tan señaladas".

El origen de la Semana Santa de Orihuela se sitúa en la segunda mitad del siglo XVI, cronología que coincide con los inicios pasionarios de muchas otras ciudades españolas, como es el caso de Sevilla, con procesiones documentadas desde 1570.

La actual Semana Santa oriolana "es fruto, y así lo ha reconocido el Gobierno de España, de una larga historia y del esfuerzo y devoción de los paisanos que desde las distintas cofradías conmemoran cada año públicamente los misterios de la Pasión de Cristo", ha indicado.

El título honorífico "destaca que este ambiente de fervor tiene en la Semana Santa oriolana uno de sus máximos exponentes", con una "tradición y modernidad que conviven desde hace siglos por sus calles rememorando La Pasión en todo su esplendor".

La subdelegada ha felicitado "a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Orihuela por su trabajo y dedicación, así como a todo el pueblo de Orihuela por este reconocimiento merecido".

Asimismo, Llinares ha destacado el valor de las tradiciones de la provincia de Alicante, y ha recodado que "nuestra provincia cuenta, con este nuevo título honorífico de la Semana Santa de Orihuela, con siete Fiestas de Interés Turístico Internacional", al tiempo que ha resaltado que es la provincia con "más distinciones" de la Comunitat Valenciana.

Entre ellas, los Moros y Cristianos de Alcoy, las Hogueras de San Juan en Alicante, la procesión del Domingo de Ramos de Elche y el Misterio de Elche, el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja y los Moros y Cristianos de Villajoyosa

Según Llinares, "el Gobierno apuesta por la provincia de Alicante y trata de poner en valor todas sus tradiciones para su reconocimiento no sólo nacional, sino internacional".

El PSOE respalda a su portavoz en las Cortes valencianas y tacha de "cortina de humo" que se le vincule con 'Brugal'

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha dado su respaldo al portavoz del PSPV en las Cortes valencianas, Ángel Luna, y ha calificado de "cortina de humo" las informaciones que le vinculan a uno de los imputados en el 'caso Brugal', el constructor Enrique Ortiz.

"Luna ha dado explicaciones y estoy segura de que tiene todas las explicaciones y de que paga todas sus facturas", ha declarado Pajín en rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz.

La dirigente socialista ha subrayado que quien no ha demostrado que pague todas sus facturas es el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps y, por ello, ha atribuido a una "cortina de humo" destinada a desviar la atención de otros casos la información sobre Luna que hoy publica el diario 'El Mundo'.

Además, Pajín ha subrayado que el PSPV está teniendo un comportamiento "ejemplar" en todos los casos de corrupción, denunciando "allí donde están" y actuando "de forma tajante" cuando ha habido algún caso en sus propias filas.

La 'número tres' del PSOE respaldaba así la actuación de los socialistas valencianos, al ser preguntada por las palabras del ex ministro Antoni Asunción, que opina que el PSPV se está excediendo en su papel 'fiscalizador' del caso 'Gürtel' en la comunidad.

No obstante, Pajín ha dicho respetar "profundamente" las opiniones de Asunción, que aspira a competir en elecciones primarias con el líder del PSPV, Jorge Alarte, para ser el candidato socialista a la Generalitat valenciana. "Quienes deben reflexionar y decidir si les gustan o no son los militantes", ha afirmado.

Por otro lado, la dirigente socialista se ha referido al ayuntamiento de Benidorm para declararse convencida de que gobierna "con transparencia", preguntada por las informaciones que hablan de "despilfarro" de recursos, un año después de la moción de censura que echó de la alcaldía al PP gracias a los votos de los concejales del PSOE --que se dieron de baja en el partido-- y de un tránsfuga 'popular'.

Pajín ha dicho desconocer las informaciones pero ha replicado que si se pregunta a "todos" los ciudadanos de Benidorm por "despilfarro, endeudamiento y enchufismo" éstos apuntarán "a los sucesivos gobiernos del PP" desde el episodio de "transfuguismo" que le dio la alcaldía al 'popular' Eduardo Zaplana en 1991.

La Ejecutiva Local del PSPV de Benidorm elige al independiente Agustín Navarro como candidato a la Alcaldía

BENIDORM.- La Ejecutiva Local del PSPV en Benidorm ha acordado por unanimidad proponer al actual alcalde de la ciudad, el independiente Agustín Navarro Alvado, como candidato en las próximas elecciones municipales de mayo de 2011 durante la reunión extraordinaria celebrada este lunes, según informó el partido.

Agustín Navarro accedió a la alcaldía de la localidad tras una moción de censura presentada por los 12 concejales del PSPV con el apoyo del edil tránsfuga del PP José Bañuls y desbancó a los 'populares' del equipo de gobierno, dirigido por Manuel Pérez Fenoll.

Días antes de presentar la moción de censura que puso fin a 16 años de gobierno del PP en la localidad, tanto Agustín Navarro como el resto de ediles socialistas anunciaron que abandonaban el partido.

Benidorm es la única localidad de la provincia de Alicante de más de 50.000 habitantes que aún no cuenta con aspirantes a encabezar la lista del PSPV en las próximas elecciones municipales a un día del cierre del período de presentación de candidaturas.

En este sentido, las agrupaciones locales del PSPV de Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Sant Vicent del Raspeig, ya han elegido a sus cabezas de lista en los comicios del 22 de mayo de 2011. Así, Ángel Sáez será el candidato a la Alcaldía de Torrevieja; Rubén Alfaro, a la de Elda y la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, repetirá como candidata a primera edil oriolana.

En Sant Vicent del Raspeig, la ejecutiva local ha presentado al actual portavoz socialista en el consistorio sanvicentero, Rufino Seva, como candidato a la Alcaldía, y en Elche, el elegido ha sido el actual alcalde ilicitano, Alejandro Soler.

En las ciudades de Alcoy y Alicante, dos militantes del PSPV en cada ciudad optan a ser el candidato a la Alcaldía en los comicios municipales, si bien, para ello, deben contar con un 20 por ciento de avales de los miembros de las agrupaciones locales.

Así, en Alicante, fuentes socialistas han explicado que el ex presidente de la Diputación de Alicante y ex presidente de la Cámara de Comercio de Alicante Antonio Fernández Valenzuela no ha presentado aún los avales para optar a encabezar la lista del PSPV en la ciudad.

Por su parte, la actual secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, ya aspira a ser candidata a alcaldesa de Alicante, al contar con el aval de la Ejecutiva Local, aunque ha decidido también recoger avales.

En Alcoy, por su parte, los dos candidatos a alcaldes de la capital de l'Alcoià han presentado ya los avales. Así, a falta de revisarlos, los aspirantes a encabezar la lista alcoyana del PSPV son el actual secretario general del PSPV en esta ciudad, Antonio Francés, y el concejal socialista en el consistorio alcoyano, Carles Esteve.

Una vez recogidos y revisados los avales, el PSPV anunciará provisionalmente el jueves 23 de septiembre los candidatos o la apertura de primarias, mientras que el sábado 25 de septiembre tendrá lugar la proclamación final.

Luna (PSPV) dice que tiene la conciencia "tranquila" y que ha pagado todas sus facturas "directa o indirectamente"

VALENCIA.- El portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha afirmado este lunes que tiene la conciencia "tranquila" y que ha pagado "absolutamente" todas sus facturas, "directa o indirectamente". Lamenta que tiene constancia de que está siendo investigado "desde hace dos años", desde que trabaja en contra de las prácticas "corruptas" del gobierno de la Generalitat.

Luna se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en referencia a la información publicada en El Mundo, que señala que el constructor alicantino Enrique Ortiz --imputado en el 'caso Brugal-- asumió el coste de una pequeña reforma en la vivienda del síndic socialista en la Cámara, realizada entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, dos años y medio después de que dejase de ser alcalde de Alicante y cuando se dedicaba a la actividad privada.

Tras hacerse pública esta información, Luna ha explicado que ha decidido convocar una rueda de prensa para "aclarar" todo y responder a cualquier pregunta. Ha empezado su intervención explicando que estos hechos tuvieron lugar hace 13 años, cuando era una persona privada --tras concluir su cargo de primer edil de Alicante-- y se dedicaba a trabajar en un despacho como abogado.

Entre sus clientes ha admitido que estaba Enrique Ortiz, para que el que, según ha dicho, ha trabajado durante un periodo de tres años y medio. "Me estuvo pagando mensualmente una cantidad de dinero por mi trabajo", ha incidido Luna a este respecto.

En cuanto a la reforma a la que se alude en la información publicada, ha explicado que su mujer heredó una casa y tras decidir cambiarse a vivir allí, empezó una pequeña obra de acondicionamiento. Para ello, "como es normal", recurrió a sus amigos. Entre ellos ha citado al ex concejal de Alicante Conrado Albadalejo, a la ex primer teniente de alcalde María Dolores Marco, y a Enrique Ortiz.

Respecto a este último, ha indicado que le pidió recomendaciones para modificar un tabique, pintar el piso y poner baldosas en la terraza. El empresario, según ha explicado, le puso en contacto con gente de su empresa y, a partir de ahí, "yo pago todas mis facturas, absolutamente todas, directa o indirectamente, no lo recuerdo".

"Hace casi 13 años de la historia --ha agregado-- pero pagué todas y cada una de las operaciones que se hicieron en mi piso, de una manera o de otra", ha incidido. Así, entiende que el tema "está suficientemente claro, es bastante concluyente que hoy se tenga que recurrir a algo para lo que ni siquiera se presenta una factura", ha lamentado.

Por este motivo, también opina que resulta "esperpéntico" que el conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, hable de intervenciones del fiscal, porque en este caso, un asunto entre personas "privadas", "ya me explicará qué fiscal va a hacer qué".

En este punto, ha asegurado que "cuando uno tiene detrás o encima al TS, al TSJM, al TSJCV o a la Fiscalía Anticorrupción, le puede resultar de un cierto alivio citar al fiscal, aunque sólo sea para pedirle lo imposible".

También ha asegurado --dirigiéndose a Blasco-- que él no adjudicó nada, puesto que gobernó el Ayuntamiento de Alicante en minoría, entre 1991 y 1995, con 12 concejales sobre 27 y "no tenía ninguna capacidad de adjudicar nada ya que el pleno tenía asumidas las facultades de contratación", ha aclarado.

Luna ha lamentado que tiene "constancia" de que está siendo investigado desde hace dos años, desde que trabaja en contra de las prácticas "corruptas" del gobierno de la Generalitat y de otros gobiernos encabezados por dirigentes del PP en la esta comunidad.

"Si en dos años --ha agregado-- que llevan investigándome absolutamente todo, lo único que han podido encontrar ha sido esto, realmente comparezco bastante satisfecho ante todos".

Ha lamentado que no tiene pruebas de ello, pero ha relatado que la última información que ha tenido al respecto le ha llegado desde Murcia, y le han comentado que en algunos sitios donde gobierna el PP, "algunos funcionarios han recibido orden de revisar algunos expedientes en los que yo personalmente había participado como abogado".

Esto, a su juicio, "forma parte de la más elemental práctica mafiosa que he tenido ocasión de denunciar desde las Corts, que supone intentar amedrentar, perseguir y castigar al que se atreve a preguntar por cómo se utiliza el dinero público en la Comunitat, por cómo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, introduce en la administración píublica una trama de empresas que no son de aquí pero que terminan trabajando aquí y se llevan muchos millones de euros de los impuestos que pagamos los valencianos".

Pero "han pinchado un hueso" porque ha aseverado que no le van a callar con "operaciones de esta naturaleza". Ha puntualizado que tiene la conciencia tranquila, que ha ejercido en público, que ha sido gobernante de la ciudad y no le han presentado ninguna denuncia después de 15 años de dejar de serlo, y que nadie se ha acordado de una sola irregularidad.

Este hecho, ha indicado Luna, "lo único que hace es reforzar mi convicción de que por encima de todo en la Comunitat hay que acabar con esta cuadrilla de presuntos delincuentes que no solamente actuan como actuan en relación con el dinero público, sino que se permiten el lujo de amenazar a todo aquel que se atreve a levantar la voz sobre lo que están haciendo", ha criticado.

Por último, preguntado por un vehículo marca Audi que pagó Ortiz en 1999 y él utilizó, ha respondido que era un coche de 'leasing', que ponen las empresas a disposición de sus directivos, y que al acabar el contrato él compró el vehículo.

"Veo que la investigación ha sido concienzuda", ha concluido tras esta cuestión.

Posteriormente, el secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, ha asegurado que el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, "debería comportarse" como su predecesor en el cargo, Joan Ignasi Pla, y "dimitir por hacer unas obras en su casa pagadas por un constructor amigo sin dar explicaciones claras de si le devolvió el dinero".

Al respecto, ha argumentado que en el caso de Luna, "estamos hablando de una persona que es portavoz en las Corts que tiene una responsabilidad y lleva muchos meses siendo el látigo del PSOE, atacando la supuesta falta de honradez del PP y resulta que ahora se le pilla de manera clara con unas facturas que no encuentra y que no recuerda si había abonado".

El dirigente 'popular' ha insistido en que "no es la primera vez que Luna ha cometido irregularidades y no ha dado explicación alguna, curiosamente cuándo él se caracteriza por exigir y acusar a los demás pero nunca deja lo suyo claro".

Y ha subrayado que Luna "se ha caracterizado por una trayectoria profesional ligada a las constructoras que trabajaron para el Ayuntamiento de Alicante durante su etapa como alcalde".

El PSPV propone que el dinero recaudado por la ordenanza de prostitución se destine a mejorar esta problemática

ALICANTE.- La concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante Laura Soler ha abogado en un comunicado por que el dinero recaudado por el consistorio alicantino a través de las sanciones impuestas por la ordenanza reguladora de la prostitución y la mendicidad sean destinadas a mejorar dichas "problemáticas".

Esta enmienda forma parte del conjunto de modificaciones presentadas por el grupo municipal socialista a esta ordenanza "para enriquecerla y dotarla de contenido". Entre otras, los ediles socialistas proponen también que se aborde la prostitución y la mendicidad de manera integral y la creación de un plan para abordar, en concreto, la situación de las prostitutas y prostitutos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Seva, presentó el pasado 7 de septiembre esta ordenanza, que debe ser ratificada aún por el Pleno municipal, que prevé sanciones de 750 euros hasta 3.000 euros para aquellas personas que ejerzan la prostitución en la vía pública, así como para quienes contraten los servicios sexuales de prostitutas en las calles alicantinas.

Juan Seva indicó, además, que esta normativa municipal se basa en criterios asistenciales, por lo que sólo se sancionará a los reincidentes, y que tendrá en cuenta el uso de menores para mendigar y las mafias dedicas a la explotación sexual de personas. Asimismo, indicó que la ordenanza se centra en la vía pública de la ciudad, por lo que no está previsto que se amplíe a los clubes de alterne.

Así, para el grupo municipal socialista, la normativa es "insuficiente, ya que no aborda el problema en toda su profundidad", por lo que, a su juicio, esta ordenanza debería "tener un enfoque global y no perder todas las perspectivas de esta problemática".

"Con esta nueva ordenanza no nos podemos quedar con el concepto de multa y de sanción, hay que ir más allá y trabajar desde el concepto de prevención y de intervención directa y específica", ha señalado la edil socialista, para quien "la prostitución es una problemática, y es necesario abordarla desde un Plan de Actuación Específico en el que se trabaje desde una perspectiva sanitaria, educativa, social, preventiva y de seguridad".

Por otro lado, Soler ha señalado que los servicios sociales de la ciudad están "saturados", por lo que, en su opinión, "es necesario invertir esfuerzos en la creación de nuevos recursos específicos y en la mejora de los ya existentes".

Asimismo, dentro de las enmiendas presentadas por el PSPV, los ediles abordan "la necesidad de regular la problemática de la mendicidad y de la prostitución en los menores de edad", a través de la implicación de "todos aquellos agentes que sean necesarios como padres, tutores o la administración autonómica si el menor está en situación de riesgo o desamparo".

En este sentido, el PSPV ha señalado "la necesidad de que el ayuntamiento se preocupe de los menores hallados fuera del centro educativo en horario escolar".

El TRAM transportó 1.200.000 viajeros este verano

ALICANTE.- El TRAM Metropolitano de Alicante ha superado este verano su récord de viajeros y, por primera vez en su historia, ha cerrado dos meses consecutivos con más de 600.000 usuarios cada uno, según la Generalitat.

TRAM ha registrado en el mes de julio la "cifra histórica" de 623.412 pasajeros, superior a la de agosto, en el que ha contado con 615.928 usuarios. Por primera vez, el mes de agosto ha registrado datos de afluencia inferiores a julio, "debido principalmente a los paros parciales del colectivo de maquinistas que afectaron a las circulaciones de trenes todos los fines de semana de este mes, causando molestias a miles de personas".

En total 1.239.340 viajeros han confiado en el TRAM para realizar sus desplazamientos por la provincia de Alicante durante los dos principales meses del verano. En lo que va de año, más de tres millones y medio de usuarios han utilizado este medio de transporte "cómodo, seguro y sostenible".

El incremento de viajeros más significativo en lo que va de año respecto a 2009 se ha producido en julio, con un 18,70 por ciento más de pasajeros que en el mismo mes del pasado año. Las cifras de agosto también han sido positivas, aunque, en este caso, el aumento de pasajeros ha sido de un 15,68 por ciento por las interrupciones ocasionadas por la huelga sindical, que supuso la supresión de 340 servicios en días de gran afluencia de viajeros.

Las cuatro líneas de TRAM Metropolitano de Alicante han tenido en estos dos meses una afluencia media de viajeros de 20.000 usuarios cada día. La línea más transitada ha vuelto a ser la L-3 (Luceros-El Campello/Venta Lanuza) con 247.411 viajeros en julio y 240.004 en agosto.

Le sigue en número de pasajeros la L-1 (Luceros -Benidorm) con 192.780 usuarios en julio y 192.206 en agosto. La L-4 (Luceros-Playa de San Juan) registró 119.212 pasajeros en julio y 116.735 en agosto. Esta línea ha triplicado sus viajeros en los meses de verano respecto a enero, sobre todo a raíz del cambio de cabecera desde Puerta del Mar a Luceros, situándose como una de las preferidas por los turistas y los vecinos que acuden a la playa y lugares de ocio de la zona.

Por último, la L-9 (Benidorm-Dénia) también ha experimentado un "importante" incremento de viajeros respecto al pasado año, cifrado en un 60 por ciento, ya que 63.451 usuarios han utilizado estos trenes en julio y 66.983 lo hicieron en agosto frente a los 38.954 y 41.608 que lo hicieron en los mismos meses de 2009.

En cuanto a tránsito por estaciones, Luceros se sitúa como la más concurrida con 92.222 usuarios en julio y 88.792 en agosto. La estación de Mercado, que antes era la más transitada, ocupa ahora el segundo lugar con 77.648 usuarios en julio y 71.747 en agosto. Le siguen en el ranking la estación de MARQ, que ha registrado en julio 35.205 pasajeros y 35.508 en agosto, y la de Benidorm, con 21.989 y 22.262 usuarios en esos mismos meses.

Alicante estará este lunes en alerta por lluvias y tormentas localmente fuertes

MADRID.- Un total de 27 provincias de la mitad sur y tercio oriental peninsular, entre ellas Alicante, permanecerán mañana en alerta por lluvias y tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activará la alerta naranja por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas en Cádiz, Málaga, Sevilla, Lleida, Tarragona, Ceuta y Castellón, por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la alerta amarilla por lluvias y tormentas se extenderá al resto de las comunidades de Andalucía --excepto a la provincia de Almería--, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En principio, las precipitaciones no afectarán al noroeste peninsular ni a los archipiélagos.

Así, los cielos permanecerán poco nubosos en Galicia y en el resto del litoral cantábrico, mientras que en Baleares y Canarias se registrarán algunos intervalos nubosos.

Las temperaturas diurnas ascenderán ligeramente en el extremo norte peninsular y descenderán moderadamente en el centro y mitad sur. En general, las nocturnas presentarán un ligero a moderado ascenso.

Por último, llegará viento flojo del noreste en Canarias y de componente este al Cantábrico, Alborán y Baleares. En el resto del país, los vientos serán flojos y variables, con algún intervalo moderado y predominio de componente sur.

Unas 7.000 personas acompañan a la Virgen de los Lirios en la romería a la Font Roja de Alcoy

ALCOY.- Unas 7.000 personas han acompañado este domingo a la Virgen de los Lirios en la tradicional romería al santuario de la Font Roja, según ha informado el concejal de Fiestas, Mario Santacreu.

El recorrido de esta tradicional cita, a la que se han sumado multitud de alcoyanos y visitantes que han acompañado a la imagen en andas de la patrona, ha comenzado a las 6.45 horas en las puertas del Ayuntamiento y ha finalizado a las 10.30, según fuentes de la Archicofradía de la Virgen de los Lirios.

La presidenta de la Archicofradía de la Virgen de los Lirios, Marcela Martínez, ha expresado que éste es un "día muy entrañable y de unión" para los participantes y ha mostrado su satisfacción con la acogida de este acto, colofón final de las fiestas patronales.

"Ha salido un día precioso y nos lo merecíamos, porque la gente tenía ganas de acudir a la romería", ha señalado Martínez, quien ha recordado las tres ediciones anteriores tuvieron que suspenderse o aplazarse por inclemencias meteorológicas.

Asimismo, ha confirmado que esta semana han conocido que la Consellería de Turismo de la Generalitat valenciana ha aprobado la declaración de Fiesta de Interés Turístico Provincial a esta tradicional peregrinación.

"La noticia ha llegado en la semana grande", ha manifestado Martínez, quien ha adelantado su intención de conseguir la mención a nivel "autonómico".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jorge Sedano, ha indicado que esta "más que merecida" distinción servirá "para dar a conocer un paraje inigualable como es el de la Font Roja".

Fuentes municipales han subrayado que la jornada se ha desarrollado "con tranquilidad" y "sin incidentes" y han apuntado a que, inicialmente, el número de asistentes ha rondado entre las 6.000 y las 7.000 personas.

Las mismas fuentes también han señalado que medio centenar de efectivos policiales y sanitarios --como la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y brigadas medioambientales-- han velado por la seguridad de los peregrinos. Además, un total de 18 autobuses han trasladado a los participantes a lo largo de toda la mañana entre el parque natural y el centro urbano.

La romería a la Font Roja conmemora el hallazgo de la imagen de la Virgen de los Lirios en el siglo XVII en el lugar en el que actualmente se ubica el santuario, según fuentes del Arzobispado de Valencia.

El PP de Camps acumula más de 25 imputados

VALENCIA.- El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza, según recuerda 'El País'.

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares.

Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales.

La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado.

Populares emplazados por la Justicia en la Comunidad Valenciana

- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp), Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).

La mafia que controlaba votos, voluntades y toneladas de basura

ALICANTE.- En vísperas de la Navidad de 2007, dos personajes pasean por el puerto de Alicante. Son Enrique Ortiz, dueño de un imperio inmobiliario en Alicante y máximo accionista del Hércules, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y ex presidente de la fundación del club alicantino. Hablan de repartir entre el propio Ortiz y Ángel Fenoll (que gestionaba la concesión a dedo del servicio de la basura) una contrata que todavía no se ha adjudicado. La policía, que les sigue los pasos, graba a Gregori cuando comenta el encuentro con Fenoll, cuyos intereses representa: "Le he visto en buena línea... Yo creo que eso es fácil, lo podemos arreglar".

Con acceso directo al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, Gregori hace de intermediario en una trama cuya investigación comenzó la primavera de 2006 porque Fenoll dejó entonces sobre la mesa del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, una bomba de relojería en forma de DVD con un supuesto soborno por la contrata de la basura de la ciudad de Orihuela, cuenta hoy 'El País'.

Fenoll pretendía reventar la concesión del concurso a otro adjudicatario, pero aquel DVD puso al fiscal y a la policía a revolver en los desechos de la comarca de la Vega Baja y, sobre todo, a seguir los pasos del propio Fenoll. Cuatro años después, la investigación ha dejado a la intemperie una trama político-empresarial que salpica al presidente de la Diputación de Alicante y a otros cargos del PP, e incluso al portavoz socialista en la institución provincial, expulsado de su partido hace unos días.

En la investigación han aflorado sobornos y pagos de favores (pisos, viajes de recreo a bordo de lujosos yates y entrega directa de dinero en sobres). Fenoll, verdadero corruptor de la Vega Baja y cosechador de votos para el PP desde que Luis Fernando Cartagena alcanzara la alcaldía con una moción de censura a finales de los años ochenta, pretendía quedarse con la contrata del Ayuntamiento de Orihuela (valorada en 190 millones de euros) y con la del plan zonal de la Vega Baja (valorada en 360 millones a lo largo de 20 años).

Condenado en su día por comprar votos para el PP y por ayudar a Cartagena a falsificar una coartada cuando fue condenado y tuvo que dejar la política, Fenoll se movía en las entretelas del PP alicantino. Ortiz, a su vez, lo hacía en las del PP regional (es uno de los implicados en la supuesta financiación del partido de Francisco Camps en el caso Gürtel).

Fenoll gestiona la concesión a dedo del servicio de la basura en la playa de Orihuela y media docena de contratas menores, en este caso mediante concurso, en otros tantos municipios de La Vega Baja. El trabajo de la costa oriolana se lo adjudicó Cartagena cuando era alcalde, con el beneplácito del protector de Fenoll, Manuel Lorente, padre de Mónica Lorente, la actual alcaldesa de Orihuela, también imputada en el caso Brugal.

Pero el industrial, que de pequeño empujaba el carro de recogida de su padre, quería más. Quería ser el rey de la basura en toda la comarca. Comprar voluntades de políticos y técnicos llevó a que el 30 de mayo de 2007 fuera detenido con cinco miembros de su equipo por extorsión y cohecho. Era la primera fase de la Operación Brugal. Fenoll estuvo un mes en la cárcel y salió con una fianza de 100.000 euros. La investigación se incautó de centenares de grabaciones que destaparon su vocación extorsionadora. El industrial grababa las entregas de dinero a cargos del PP.

Tras el arresto y con el respaldo de su hijo Antonio Ángel (en la imagen), y el gerente del grupo, el edil del PP de Orihuela Javier Bru desplegó sus peones a dos bandas. Para la contrata de Orihuela, se aseguró el apoyo de tres concejales del PP de esa corporación (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez) y el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente. Los tres le asesoraron para comprar dos empresas tapadera "sanas" al tiempo que confeccionaban un pliego de condiciones a la medida de su oferta, en unión con la mercantil Sufi, que lograría el contrato el 28 de octubre de 2008.

Por otra parte, aunque la intención del presidente de la Diputación, Ripoll, era otorgársela a él, la contrata de la planta de basura del plan zonal de la Vega Baja cambió de rumbo a causa de su arresto y de la postura de la Generalitat, que prefería a Ortiz. Gregori, amigo personal de Ripoll y socio de Fenoll desde 2007, fue el encargado de la negociación. El plan era que el grupo ganador hiciera la planta en la finca La Pistola (en la pedanía oriolana de Torremendo) propiedad de Fenoll. Para ello se cambiaría la ubicación inicialmente propuesta.

Gregori desplegó una frenética labor de intermediación entre Ortiz y Fenoll en vísperas de la adjudicación. El contrato se otorgó el 3 de enero de 2008 como estaba previsto a una UTE integrada por Cespa y la empresa de Enrique Ortiz. Sin embargo, aún no había un pacto definitivo entre Ortiz y Fenoll y las presiones del entorno de Ripoll para cerrar el acuerdo eran constantes.

El líder del PP tenía que tener contento a Fenoll, porque lo necesitaba para reflotar las precarias finanzas de dos televisiones locales controladas por los populares. La policía sostiene que el presidente de la Diputación recibió dos pisos o su equivalente en dinero, entre 800.000 y un millón de euros. Los corruptos financiarían la millonaria dádiva con el sobreprecio de la finca La Pistola y el aumento del canon a los usuarios de la futura planta comarcal de basura de la Vega Baja.

Tanta negociación estrechó lazos de amistad y Ripoll, Ortiz y Gregori coincidieron en una fiesta en la Feria de Sevilla y dos viajes (veranos de 2008 y 2009) a las Baleares a bordo del lujoso yate Elena, propiedad de Ortiz. Fenoll, que monopoliza el negocio de la basura en la Vega Baja, merced a un vertedero ilegal, estratégicamente ubicado en el límite entre las provincias de Alicante y Murcia, prefirió quedarse en Orihuela y seguir a lo suyo: repartir sobres.

La dirección de la CAM quiere una asamblea masiva para facilitar la aprobación del SIP

ALICANTE.- Los gestores de la CAM tienen asumido que no conseguirán repetir los resultados de Bancaja, donde sólo tres de sus consejeros se opusieron a la fusión con Caja Madrid, ni tampoco los de Cajamurcia, donde la entrada en el SIP Mare Nostrum fue votada por unanimidad, pero la cúpula de la caja alicantina está redoblando sus esfuerzos para conseguir que su integración con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura salga adelante con el mayor número de votos posible. El día decisivo será el próximo viernes, cuando está convocada la asamblea general de la entidad, recuerda 'Levante'.

Aunque oficialmente en la caja se muestran muy tranquilos y convencidos de que no habrá problemas para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar la operación, las fuentes consultadas aseguran que "nunca se había insistido tanto a los consejeros para que no falten a la cita".

Así, siempre que hay una asamblea general se notifica personalmente a todos sus miembros, lo que ya no es tan habitual es que se les llame por teléfono recordándoles la existencia de reuniones preparatorias (las denominadas pre asambleas que empezaron a celebrarse la semana pasada) y la importancia crucial de la decisión que deben tomar, señala uno de los citados consejeros.

La clave está en que, cuantos más consejeros asistan, más difícil será que los opositores al SIP sumen el número suficiente de votos para bloquear la operación -algo que en principio parece muy improbable- y, sobre todo, más diluida quedará su protesta.

Por parte de los dos grades partidos el respaldo a la "fusión fría" con asturianos, cántabros y extremeños parece más que garantizada. Así, la portavoz de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, reiteró a este diario que los consejeros afines a la formación mantendrán el "apoyo crítico" que ya mostraron sus representantes cuando el contrato de integración del SIP pasó por el consejo de administración de la entidad.

"Es un sí por responsabilidad. Somos conscientes de que la falta de un Gobierno fuerte en la Generalitat es lo que nos ha llevado a esta situación pero no estamos dispuestos a desestabilizar las cajas. No lo hicimos en Bancaja y no lo haremos en la CAM", apuntó la también diputada autonómica, para quien lo más importante en que "la liquidez vuelva a las empresas".

Centrados en sus problemas

En el Partido Popular, por su parte, el apoyo también será unánime. "No están las cosas ahora mismo para buscar más problemas", señalaba un consejero afín a la formación en referencia a los problemas por los que atraviesa tanto el Consell, con el caso Gürtel, como la Diputación, con el caso Brugal.

El único gran foco de resistencia que queda es el del personal, pero también en este caso la dirección ha conseguido suavizar las cosas. Tras el acuerdo de garantías que los gestores del SIP alcanzaron el pasado viernes con CC OO, UGT y CSIF se evitará la imagen de los 24 delegados sindicales presentes en la asamblea votando en bloque contra el SIP. Eso sí, el presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López, tampoco podrán presentar el acuerdo como un éxito total, como sí ocurrió en Bancaja y Cajamurcia, porque los sindicatos que suman la mayoría de la representación todavía se oponen.

De hecho, el Sicam y la CGT ya han anunciado que convocarán una manifestación el mismo día de la asamblea desde la sede central de la caja hasta el Aula de Cultura donde tendrá lugar la reunión. Lo harán, además, portando un ataúd para simbolizar la muerte de la entidad alicantina. La CGT, además, espera presentar en los primeros días de esta semana una denuncia en la Audiencia Nacional para impugnar el citado acuerdo.

La Generalitat deberá pronunciarse sobre la operación

Aunque teóricamente la creación de un sistema institucional de protección (SIP) no necesita de la aprobación de la Generalitat por no tratarse de una fusión pura y dura, en el caso de la CAM el Consell tendrá, como mínimo, que pronunciarse. El motivo es que la próxima asamblea general de la caja, además del contrato de integración del SIP, deberá aprobar una modificación en el título preliminar de sus estatutos.

Es la parte donde se define la naturaleza y el origen de la caja, fruto de múltiples fusiones, y la modificación será para inscribir la nueva integración.

El problema es que cada vez que se toca una sola coma de este texto debe remitirse de nuevo al Instituto Valenciano de Finanzas para su aprobación, lo que obligará al Consell a definirse. Aunque nadie piensa que la Generalitat pueda oponerse a la operación, son varios los consejeros de la entidad que no acaban de entender por qué se otorga ahora esta posibilidad a la Generalitat. Sobre todo porque ni Bancaja ni Cajamurcia modificaron sus estatutos tras aprobar sus respectivos SIP y tampoco los socios de la CAM lo tienen previsto.

"Sólo se explica si le quieren dar el control de la operación a al Consell", apuntaba un consejero. La entidad declinó realizar ningún comentario.

Enrique Ortíz, el rey del suelo urbano en Alicante, según 'El País'

ALICANTE.- El promotor Enrique Tomás Ortiz Selfa (Grañén, Huesca, 1960) ha armado en un cuarto de siglo un imperio económico que le ha catapultado a las primeras posiciones de la lista de empresarios más influyentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y el más popular en el territorio donde es casi hegemónico: Alicante, revela hoy 'El País'.

En la capital alicantina, según fuentes municipales oficiales, controla directamente el 25% del suelo urbano, cifra que se dispara hasta el 70% si se suma el que posee en sociedad con otros mercantiles. Otro dato ilustrativo de su poderío, siempre según las mismas fuentes, es el volumen de facturación con el Ayuntamiento.

Sus contratos suponen cerca del 10% del presupuesto del consistorio (260 millones en el ejercicio vigente). Según datos de su página web, el Grupo Cívica -integrado por una decena de firmas y comandado por Ortiz-, cerró 2009 con una facturación de 2000 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio anterior.

El empresario comenzó su actividad en el sector inmobiliario, y especialmente en el apartado de comprador y gestor de suelo y promoción de viviendas. El buque insignia en este apartado es el plan Rabassa (programa urbanístico más ambicioso de Alicante, que prevé 13.505 casas en la periferia norte de la capital alicantina). Pero Ortiz también es el adjudicatario de grandes PAI en otros puntos del territorio valenciano, como por ejemplo Manises.

El negocio del promotor de origen maño, pero alicantino de espíritu según el mismo se califica, alcanzó un impulso definitivo en 1994 con la llegada de Luis Díaz Alperi, del PP, a la alcaldía de Alicante. En los 14 años de mandato del regidor, Ortiz sumó a sus negocios un sinfín de contratas municipales, la más destacada la recogida de la basura y limpieza de la ciudad, mediante la mercantil Inusa. Con esta firma también explota la planta de basuras de la capital, aunque en este caso la adjudicación le vino a través de la Generalitat Valenciana.

Las relaciones de Ortiz con los sectores campistas del PP, que lidera el presidente de la Generalitat Valenciana, han sido siempre cordiales. El promotor no dudó en salir al rescate del parque Terra Mítica de Benidorm, impulsado por el gobierno autonómico, cuando el complejo presentó suspensión de pagos. Ortiz compró la reserva de suelo del complejo por 85 millones de euros.

El último gran contrato ganado por el empresario ha sido la planta basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano.

El progresivo ascenso económico y social de Ortiz, este último derivado de su condición de máximo accionista del Hércules C. F., ha sufrido un serio revés en el último año. Ortiz ha saltado a las primeras páginas de los diarios por su implicación en las dos supuestas tramas corruptas más destacadas que han germinado en la Comunidad Valenciana: el caso Gürtel y el caso Brugal.

En el segundo, está imputado por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, derivados de una supuesta dádiva (dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón euros) al líder provincial del PP. El supuesto cohecho está con la mencionada contrata de basuras del plan zonal.

Ortiz ha coronado su implicación en supuestos escándalos con el caso de la compra de partidos para garantizar el ascenso del Hércules. Unas escuchas recogidas en el sumario del caso Brugal revelan que Ortiz dirigió en primera persona el amaño de al menos cuatro partidos. El caso fue archivado porque estos hechos no son delito -sí lo serán cuando entre en vigor la reciente reforma del código penal, el 22 de diciembre-.

El aluvión de supuestas irregularidades no ha arredrado al empresario y ha confeccionado un potente equipo para su retorno a Primera. El viernes, al ser preguntado por esta redacción sobre las cifras de sus negocios y su situación procesal dijo: "Los números, como comprenderás, no los tengo en la cabeza". Y añadió: "Sobre los casos judiciales, estoy muy tranquilo, porque estoy convencido de que no he hecho nada malo".

El juez ordena a Mediapro que reanude el acceso de Canal 9 a la señal de los partidos de Liga

BARCELONA.- El juzgado de lo mercantil nº 7 de Barcelona ha resuelto ordenar a Mediapro que reanude el acceso por parte de Televisión Valenciana (TVV) a la señal correspondiente a la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División que se emitan en La Sexta, así como de dos partidos del Campeonato de Copa de Su Majestad el Rey, "en los términos acordados en el contrato suscrito por las partes el 25 de agosto de 2006", según ha informado este viernes en un comunicado Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

El juez también acuerda en resolución, de ayer mismo, ordenar a Mediapro que facilite a TVV los resúmenes informativos correspondientes a las jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y del Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como la señal correspondiente de la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División A.

El auto, contra el que no cabe recurso, también especifica que el acceso de los medios técnicos y humanos de TVV a los estadios de fútbol "no puede ser cumplimentada por Mediapro, sino por los titulares de tales estadios".

La resolución responde a la demanda de medidas cautelares previas planteadas por TVV, a través del despacho de abogados Cuatrecasas, esta misma mañana en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona.

Televisión Valenciana (TTV) denunció públicamente a finales del pasado agosto que Mediapro estaba impidiendo "sin previo aviso directo" el acceso de los equipos de TVV a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División A, desde el inicio de la Liga 2010/201, y señalaba que, según el contrato firmado por ambas partes el 25 de agosto de 2006, la cadena ostenta los derechos de transmisión en abierto hasta el final de esta temporada de un partido de fútbol por jornada de Primera División, así como los derechos de emisión de los resúmenes de los partidos de Primera y Segunda de cada jornada y el derecho de transmisión de un partido de fútbol por jornada de Segunda División.

Asimismo, TVV recalcaba que Mediapro se encuentra en una situación de concurso de acreedores y que, según el estado de cuentas que ellos mismos presentaron ante el juzgado, la cadena pública valenciana figuraba como el segundo principal acreedor con la cantidad reconocida de 25 millones de euros, mientras que consta como deudor con la cantidad de 10 millones de euros.

TVV atribuía la situación a los "diversos intentos" por parte de Mediapro para que la cadena autonómica valenciana renovara el contrato, a lo que se había negado a realizar "en los términos en los que se le ha planteado".

En su última comparecencia pública, el director general de RTVV, José López Jaraba, señalaba el 10 de septiembre que habría fútbol en Canal 9 y avanzaba que no se produciría "ningún problema porque la situación se va a reconducir ya que hay un contrato vigente reconocido por ambas partes".

EUPV acusa a Gerardo Camps de "no saber frenar la deuda" de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El diputado del grupo de no adscritos en las Corts y miembro de EUPV, Lluís Torró, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, de "no saber frenar la deuda" de la Comunitat Valenciana que, "una vez más, encabeza el ranking estatal de las comunidades más endeudadas".

Por este motivo, le ha exigido que "dé explicaciones" en las Corts Valencianes sobre la situación del endeudamiento de la Comunitat.

En un comunicado, Torró ha alertado de que la situación de las arcas autonómicas "es sumamente preocupante" y ha reprobado que "está desde hace demasiados años en unas manos que no saben gestionarla".

Así, ha recalcado que "Gerardo Camps no sabe frenar la deuda" y se ha preguntado "si aún sigue pensando, como decía hace unos meses, que la deuda está contenida, perfectamente sostenible y que responde a la situación económica actual".

El parlamentario autonómico también ha instado al jefe del Consell, Francisco Camps, a que "explique dónde está la abundancia de la que hace gala".

En este punto, Torró ha recalcado que el PP "no tiene ningún control de la deuda", dado que "mientras esa deuda sube sin freno, no asume ninguna responsabilidad".

EUPV considera que la gestión de la deuda por parte del PP ha sido "errática", puesto que "en lugar de invertir en capital productivo, lo ha hecho en una política de grandes eventos y fastos, y ha seguido rebajando los impuestos a quien más tiene, lo que ha provicado realmente que la deuda ahora esté como esté, condicionando la capacidad de acción futura de la administración", ha sentenciado.

Fenoll movilizó a su familia en los pagos a cargos del PP

ALICANTE.- no custodiaba el dinero, otro metía los billetes en sobres (remesas de 3.000 a 9.000 euros) y un tercero hacía de correo. El industrial Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante), movilizó a su clan familiar en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2007 para hacer llegar a cargos del PP de cinco municipios de la Vega Baja aportaciones en metálico para actos electorales.

La ilícita actividad de Fenoll está recogida en los informes policiales de cinco de las 20 piezas en las que el instructor ha desglosado el sumario. En uno de los informes, los agentes apuntan a que Fenoll comenzó esa práctica en 2003, según 'El País'.

Estas partes del sumario afectan a cinco pueblos. La policía, sobre la base de las conversaciones intervenidas, mantiene que los supuestos receptores de los pagos fueron los alcaldes de Rafal, Algorfa y Jacarilla, José Arronis, Antonio Lorenzo y José Manuel Gálvez, respectivamente, y los líderes del PP en Pilar de la Horadada y Bigastro, Francisco Lancharro y Aurelio Murcia.

En los tres primeros municipios Fenoll tiene la contrata de la basura. En los dos últimos, gobernados por los socialistas, el contrato lo explota otra firma.

En una de las escuchas telefónicas incluidas en el informe referido a Jacarilla, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel hablan del reparto de los sobres.

Ángel Fenoll: ¡Ah! que le den por culo. ¿No se le han dado nueve mil euros?

Antonio Ángel Fenoll: No, a ese seis mil.

A: Entonces nueve, ¿para quién era?

A. A.: Para el otro.

A: ¿A quién?

A. A.: Para el Mora.

A.: ¡Ah!, nueve para el Mora.

A. A.: Lo dijiste tú así, a ver si luego... he hecho tres sobres.

Los agentes concluyen en los cinco informes que en el registro efectuado en el domicilio de Ángel Fenoll con motivo de su arresto el 30 de mayo de 2007 encontraron gran cantidad de dinero dividido en sobres, "sin ningún tipo de leyenda, no pudiendo aportar el detenido respuesta convincente sobre su origen o destino".

Los pagos ilegales de Fenoll en estos pueblos se suman a los que efectuó al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros, del PP.

España recaudaría 3.000 millones al año con un peaje para camiones

MADRID.- El Estado recaudaría unos 3.000 millones de euros anuales mediante el cobro de un peaje al transporte de mercancías por circular por las carreteras españolas de gran capacidad, la denominada 'Euroviñeta', según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El informe señala además que este gravamen permitiría mejorar la eficiencia del transporte por carretera y reducir el impacto medioambiental que genera esta actividad.

Para ello, los ingenieros consideran que los recursos de la 'Euroviñeta' podrían destinarse a mantener la red viaria, a apoyar la reestructuración del sector de transporte por carretera e incluso a incentivar la compra de vehículos nuevos, menos contaminantes, con la consiguiente mejora medioambiental.

En su estudio 'Una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez', el Colegio de Ingenieros reconoce que la imposición de esta tasa elevaría los precios de los productos, pero garantiza que el impacto de este incremento en la economía sería "insignificante".

"En resumen, la 'Euroviñeta' constituye un instrumento de gran utilidad para la obtención de recursos para mantener la red viaria en condiciones óptimas de utilización y eficiencia, gestionar el tráfico y reducir la congestión, el consumo energético y la siniestralidad", concluye el informe. "Y todo ello con un mínimo impacto en la economía del país", añade.

Los ingenieros subrayan además que en la actual coyuntura de crisis y recorte de inversión en obra pública, los ingresos que se obtendrían con este peaje son "imprescindibles" para financiar todas las obras de la red viaria que las Administraciones no pueden acometer, pese a ser rentables socioeconómicamente, por no disponer de suficientes recursos.

El Colegio de Ingenieros calcula el importe anual de recaudación a partir de la imposición de una tasa media de 10 céntimos de euro por kilómetro de más de 3,5 toneladas de peso en carga máxima en las autopistas, las autovías libres, las carreteras desdobladas y carreteras paralelas a las vías tarificadas.

La 'Euroviñeta', que el próximo mes de octubre comienza a aplicar Portugal, ya se cobra en Alemania, Suiza y Austria "con resultados altamente satisfactorios y efectos económicos muy positivos", según el estudio.

Por contra, el Ministerio de Fomento ya ha asegurado que no contempla "en esta Legislatura" imponer en España ningún peaje por el uso de autovías y autopistas en servicio y actualmente gratuitas para los ciudadanos.

En este sentido, los ingenieros destacan que "los vehículos españoles que circulan por estos países están siendo gravados, pero no así los vehículos extranjeros que transitan por España".

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros considera "insoslayable" la implantación de la Euroviñeta en España. "El retraso en su aplicación perjudica a nuestro país y evita la obtención de unos ingresos sostenidos y previsiblemente estables para las Administraciones Públicas", advierte esta institución.

El agua del Júcar ya puede llegar hasta el Vinalopó

ALICANTE.- El trasvase Júcar-Vinalopó ha coronado con éxito el escollo orográfico más importante, las sierras de Corbera y Barxeta. Las obras de ingeniería ejecutadas, sendos túneles a través de la montaña, han sido probadas con éxito, según informa la Sociedad AcuaJúcar, del Ministerio de Medio Ambiente. De esta forma, el agua del Júcar ya puede alcanzar el Vinalopó, en concreto la balsa de San Diego, en Villena.

Los túneles de Corbera y Barxeta pertenecen al tramo B de la conducción. El primero mide 2,8 kilómetros y el segundo, 3,6. Las pruebas efectuadas esta semana han permitido bombear, desde la balsa de Panser, en Llaurí, hasta la balsa de Llanera de Ranes, unos 37.000 metros cúbicos de agua del rió Júcar, captados en el punto de toma del trasvase, el Azud de la Marquesa.

El PSPV de Rafal exige una "explicación" sobre la posible implicación del alcalde en la trama Brugal

ALICANTE.- El vicesecretario general del PSPV-PSOE de Rafal, Manuel Pineda, ha exigido una "explicación" sobre la posible implicación del alcalde, el 'popular' José Arronis, en el 'caso Brugal', al tiempo que ha expresado su "preocupación" por la "supuesta trama de corrupción en la que está inmersa el municipio".

En un comunicado, Pineda se ha pronunciado así tras conocer que el titular del juzgado de Primera Instancia nº 3 de Orihuela, encargado del 'caso Brugal', investiga también adjudicaciones en Rafal y los municipios alicantinos de Pilar de la Horadada, Jacarilla, Bigastro, Callosa del Segura, y Algorfa.

Al respecto, ha incidido en que la "principal preocupación" de los socialistas de la localidad es que "se aclare si el alcalde recibió pagos" del empresario oriolano Ángel Fenoll "cuando era el candidato del PP en este municipio en 2007".

Pineda ha reivindicado que los vecinos de Rafal "merecen una explicación ante los informes policiales que apuntan a la recepción de financiación para la anterior campaña electoral por parte del actual alcalde".

Además, ha asegurado que les "preocupa" también "la repercusión social que esta acusación pueda tener para el pueblo y sus vecinos", por lo que han pedido que, "por el bien de todos, la situación se aclare cuanto antes".

"Es mejor para todos que se discierna, para bien o para mal, la sombra de la sospecha", ha subrayado Pineda, quien ha ratificado que el máximo interés de los socialistas en esta cuestión es "el bienestar de los ciudadanos" y ha recalcado que están "pendientes para ver cómo se desarrolla la situación".

Ha matizado, no obstante, que permanecerán "atentos, pero siempre dejando a la Justicia trabajar y que haga lo que tenga que hacer", puesto que su intención es que "se diriman, a la mayor brevedad, las responsabilidades sobre este caso para que el nombre de Rafal se siga asociando a los valores" que les "identifican como pueblo" y "no a supuestas corrupciones".

Castedo confirma que será la candidata del PP a la reelección como alcaldesa de Alicante

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha confirmado este viernes que será la candidata del PP a la Alcaldía de Alicante y "agradece" al PSPV que, con las críticas hacia su persona, "haya acelerado" su nombramiento, a pesar de que las cabezas de lista de los partidos "todavía están por confirmar".

A preguntas de los periodistas sobre el proceso de primarias municipales del PSPV y sus candidatos a las elecciones del próximo año, Castedo ha descartado opinar sobre ellos puesto que "es una cuestión de partido".

Sobre la candidata del PSPV a la Alcaldía de Alicante, Elena Martín, ha indicado desconocer "a la mujer de Javier Macho", portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento alicantino, por ello, ha insistido en que no va a opinar de ella porque no la conoce "absolutamente nada".

En cambio, a Antonio Fernández Valenzuela, también precandidato socialista a la ciudad de Alicante, sí le conoce. "Es una persona con la que sí he tenido bastante trato, sobre todo, cuando estuvo al frente de la Cámara de Comercio", ha recordado la alcaldesa.

Las primarias del PSPV-PSOE son "una cuestión de partido", en la que considera que no debe "opinar", ha subrayado Castedo, que ha añadido que le parece "muy bien" que "ellos opinen de mí" y se ha calificado como "muy respetuosa" con respecto a las primarias de los afiliados del partido socialista.

Además, Castedo ha propuesto que "tal vez no deberían de gastar tantas fuerzas conmigo", en referencia a las críticas que han vertido sobre ella, ya que, según ha argumentado, "lo lógico es esperar a saber quién va a estar al frente de las listas del PP o de IU o del Bloc", aunque ha "agradecido" que "ellos hayan acelerado mi nombramiento".

En este sentido, ha confirmado, "sin ninguna duda", que pretende ser la candidatura del PP por la alcaldía en el Ayuntamiento de Alicante.

El grupo municipal del PSOE en Elche decidirá sobre Amorós cuando la Ejecutiva Federal se pronuncie

ELCHE.- El equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Elche tomará una decisión en torno al concejal de Movilidad Urbana y Transportes, Antonio Amorós, cuando la Comisión Ejecutiva Federal les comunique la situación del ex portavoz socialista en la Diputación alicantina como militante del partido.

En un encuentro informativo ofrecido este viernes, a preguntas de los medios sobre Amorós, que ha sido suspendido cautelarmente de militancia por su presunta relación con el caso 'Brugal', Alejandro Pérez ha asegurado que no tienen "ningún conocimiento de que (Amorós) esté imputado".

"Sí está imputado el presidente de la Diputación Provincial por varios delitos, están imputados concejales del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, alcaldes del PP, empresarios afines al PP, la lista es hasta de cincuenta y algo imputados, todos del PP y de su entorno", ha aclarado.

"El PSOE, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Elche, el PSOE a todos sus niveles, somos un partido serio, un partido respetable, un partido responsable, y desde luego, las cosas las hacemos como hay que hacerlas", ha defendido también.

Por el contrario, se ha referido a la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche, Mercedes Alonso, a quien criticó por que "mantiene como concejal al señor Botella, que tiene sobre sus espaldas una condena criminal de los juzgados de Elche por amenazas a un ciudadano".

"Nosotros no somos Mercedes Alonso, cada uno es como es, y desde luego, nosotros no somos como ellos", ha indicado.

En cuanto a los cambios introducidos en la organización del grupo socialista en la Diputación tras la renuncia de Antonio Amorós como portavoz, Alejandro Pérez ha recordado que Amorós "tomó la decisión de dejar de ser portavoz, y por tanto, lo que han hecho ha sido reorganizar el trabajo en la Diputación".

Según ha subrayado, son "plenamente respetables" las decisiones que toma el grupo socialista en cualquiera de sus niveles", ha añadido al respecto.