martes, 16 de noviembre de 2010

Blasco dice que Luna es "el cazador cazado" y que está "incapacitado" para exigir de lo que es incapaz

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha señalado este martes que el síndic socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna, es "el cazador cazado" y ha agregado que, "desde el punto de vista de un político que reclama rigurosamente que se cumplan los requisitos de transparencia y de ética", está "incapacitado para exigir a los demás lo que es incapaz de hacer por sí mismo". 

   Blasco se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa con motivo del contenido de la providencia que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que se le comunica a Luna el contenido de la querella del PP por un posible delito de cohecho y prevaricación al considerar que dio trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa.
   En este sentido, el síndic del PP ha señalado que si el PSPV "aplicara de una forma equilibrada y correcta los criterios que han presumido tener hacia otras personas, Luna debería estar hoy dimitido". Asimismo, ha criticado la "doble vara de medir" del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en la gestión de las causas judiciales abiertas a miembros del PSPV.
   Blasco ha señalado que, aunque están "pendientes de si el portavoz del PSPV en las Corts, presenta su dimisión o no", no se la van a exigir. Al respecto, ha señalado que Luna es "una rémora" para su partido y que tanto él como el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, son un "lujo" para los resultados electorales de los 'populares'. "Desde el punto de vista político nos interesa que ambos se mantengan al frente de sus responsabilidades", ha apuntado.
   En cuanto a la providencia del juez que instruye la causa, el síndic 'popular' ha insistido en que "la imputación por parte del TSJCV del portavoz socialista Ángel Luna tiene una indudable trascendencia judicial y una extrema gravedad política".
   Judicialmente, Luna "va a tener que contestar cuestiones que no ha podido hacer ante la opinión pública". En este punto, Blasco ha proclamado que le reconocen a Luna la presunción de inocencia y que pretenden evitar "cualquier tipo de juicio paralelo" y que confían en la Justicia.
   "Estar imputado no supone ninguna condena para nadie" y desde el PP respetamos la presunción de inocencia y no contribuiremos a generar un juicio paralelo", una actitud que el PSPV "no ha respetado" con miembros del PP, ha subrayado.
   Políticamente, "nos encontramos con un político que ha venido exigiendo comportamientos a otras personas que no ha sido capaz de mantener" y por ello, ha criticado la "actitud poco ética" y el "cinismo político" de Luna, al que considera un "cazador cazado". 
En este sentido, le ha reprochado que haya centrado las sesiones de control al presidente de la Generalitat en cuestiones judiciales cuando él ha tenido un comportamiento "grave" con las adjudicaciones cuando era alcalde de Alicante
   "Nos parece sumamente preocupante que un alcalde de Alicante haya concertado más de 70 contratos con un empresario por un importe superior a los 1.200 millones de pesetas" y que una vez finalizada su etapa en el Ayuntamiento "se vaya a trabajar para este empresario" y que la reforma de su casa "la hizo a instancias del propio empresario sin que quede justificante de que la haya pagado de su bolsillo", ha comentado Blasco.
   Blasco ha señalado que no se trata de una "cuestión temporal", sino de "actitud ante los ciudadanos" y ha precisado que "si se archivara ese tema porque ha pasado el tiempo suficiente como para que no haya responsabilidad penal, Luna no dejaría de haber hecho algo que resulta un poco sospechoso".
"Es un caso único en España", ha agregado.
   Inquirido por la acusación de cohecho que le atribuye el PP a Luna por este asunto, Blasco ha explicado que consideran que el síndic socialista ha cometido "irregularidades" que "pueden tener esa tipificación", mientras que en la formación 'popular' "no hay ninguna persona a la que se le puedan depurar responsabilidades en el mismo sentido".
   En cuanto a la explicación que realizaron ayer fuentes del TSJCV sobre el escrito remitido a Luna y la condición de "imputado", Blasco ha insistido en que el juez utiliza en su escrito la palabra "imputado".
   Así, ha señalado que "las matizaciones en vía judicial no las hace un portavoz del TSJCV" y, aunque "sirven para que cada uno le dé el tratamiento que estime más oportuno", el auto dice "persona imputada" y no es precisamente "ninguna felicitación navideña". Por ello, "no interpretemos lo que no toca", ha pedido.

Luna señala que a Camps "le imputan, la Policía, los fiscales y los jueces" y a él "el PP"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV Corts Valencianes, Ángel Luna, ha explicado este martes que "cuando alguien es imputado es porque hay alguien que le acusa y quien a mí me imputa es el PP". Por el contrario, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "le acusan la Brigada de Blanqueo de Capitales, los Fiscales y algunos tribunales de España. A mí me acusa el PP y estoy imputado por la acusación del PP. Esta imputación no tiene más valor", ha recalcado .

   Luna ha asegurado tener "la conciencia muy tranquila" tras el traslado de la querella del PP por parte del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). "Si yo no hubiera denunciado a Camps y a su Consell por el dinero desaparecido en la visita del Papa, por el tema de la Gürtel, o por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, no me vería en esta situación".
   En cuanto al estado concreto de su situación judicial tras la querella del PP, Luna ha asegurado que en un proceso judicial, cuando a uno le llaman es en calidad de "testigo o de imputado" y "cuando alguien es imputado es porque hay alguien que le acusa y quien a mí me imputa es el PP".
   Por el contrario, según ha subrayado el portavoz socialista, "a Camps le acusan la Brigada de Blanqueo de Capitales, los Fiscales y algunos tribunales de España. A mí me acusa el PP y estoy imputado por la acusación del PP. Esta imputación no tiene más valor", ha recalcado Luna.
   En la misma línea, ha señalado que es "evidente" que se enfrenta a una "represalia" por su actuación como portavoz del grupo parlamentario socialista. "Nadie se puede creer a estas alturas que hace más de 15 años, cuando era alcalde de Alicante, se produjeran irregularidades en la contratación administrativa y no las denunciaran cuando los socialistas gobernábamos en minoría, cuando en el PP contaban con el mismo número de concejales en el Ayuntamiento (12) y cuando la fiscalización de las cuentas municipales era total".
   "Parece que no se han dado cuenta hasta ahora, por lo que se evidencia que esto es una reacción ante unas denuncias que yo he formulado y que pienso seguir formulando", ha señalado.
   En relación a las obras en el piso que centran esta cuestión, ha destacado que se realizaron "hace 13 años, en una casa que no es mía y que heredó la que hoy es mi mujer, que entonces ni siquiera lo era".
   Por tanto, para el portavoz socialista, "es descabellado pensar que yo arreglé unas contrataciones unos años antes y que luego el empresario Enrique Ortiz me pagara el favor en una casa que no era mía y que yo no sabía si iba a terminar viviendo ahí".
En definitiva, se trata de "contrataciones que yo no pude arreglar de ninguna manera porque gobernábamos en minoría en el Ayuntamiento de Alicante", ha insistido Luna
   Asimismo, Luna ha anunciado que piensa seguir denunciando la "existencia de corrupción en el Consell de la Generalitat Valenciana que preside Francisco Camps".
"Este tema se archivará en breve pero el 'caso Gürtel' seguirá adelante", ha concluido.

El 80% de los abogados no creen que la Justicia tenga medios para investigar delitos económicos complejos

MADRID.- El 80% de los abogados creen que la Administración de Justicia no cuenta con los medios técnicos, humanos y materiales suficientes para investigar delitos económicos complejos, según el informe 'Sobre la modernización de ciertos aspectos de la gestión de litigios' realizado por Deloitte.

   El estudio, destaca que el 85% de los abogados encuestados cree que la crisis ha aumentado el volumen de litigios en España, sobre todo en lo que se refiere a lo Mercantil y Laboral, debido al mayor número de concursos de acreedores presentados los últimos dos años, además de haberse incrementado el número de despidos, tanto individuales como colectivos.
   Respecto al plan de modernización de la Justicia del Ministerio, el 64% de los encuestados está algo, bastante o totalmente de acuerdo con las nuevas bases del plan, entre las que se encuentran medidas como la nueva oficina judicial o el registro único informatizado, que además, son eficaces para el 90% de los abogados.
   Asimismo, entre las medidas del plan se incluye una mayor formación para secretarios, algo que el 70% de los abogados ha destacado que sería necesario ampliar a jueces y magistrados.
   Otra reforma, la del Código Penal, que dota de responsabilidad penal a las personas jurídicas, no parece convencer a más del 40% de los encuestados y solo un 5% se muestra satisfecho con dicha modificación.

El PP veta en el Congreso el plan del Gobierno para las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Partido Popular ha vetado la enmienda pactada entre PSOE y CiU a los Presupuestos Generales del Estado con la que el Gobierno diseñaba un mecanismo para aportar 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran.

   La portavoz adjunta 'popular' Fátima Báñez ha ejercido su derecho a vetar enmiendas transaccionadas por otros grupos para evitar que se votara esta propuesta, que tenía como base la enmienda 756 de CiU y que fue presentada en el curso del debate por el ministro de Fomento, José Blanco.
   Según Fomento, la aportación, que podría contar  una segunda oportunidad en el trámite en el Senado, tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años, según el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y que se incluirá vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
   Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
   Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
   Horas antes del debate, Blanco agradeció la "cooperación" de todos los grupos parlamentarios para solucionar este problema con una "medida equilibrada". "Supone una ayuda limitada en el tiempo y que las empresas deberán devolver, y que evita un grave perjuicio para el Estado", según destacó durante su intervención en el Pleno del Congreso.
   En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el "coste mínimo" que supone realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
   Con este acuerdo el Gobierno buscaba solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
   El otro es el "desproporcionado" sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.

El Ayuntamiento de Calpe pedirá el embargo de bienes de Colsur para que responda por presunto fraude

CALPE.- El alcalde de Calpe, Ximo Tur, ha anunciado que solicitará el embargo de los bienes de Colsur, empresa adjudicataria del servicio de tratamiento y traslado de basuras, investigada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la operación 'Brugal' por un supuesto fraude en la facturación al ayuntamiento calpino, según ha informado en un comunicado el citado consistorio.

   Tur, ha recordado que el Ayuntamiento también ha abierto una investigación para conocer el alcance del presunto fraude en las facturaciones que la empresa Colsur realizaba en el pesaje de la basura.
   Asimismo, ha señalado que, de los datos del INE y los datos facilitados por Acciona, --empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura--, se deduce que "se han facturado al Ayuntamiento cantidades muy superiores a las reales".
  El alcalde también ha reconocido que "se ha producido un fallo generalizado en la institución, porque nadie se ha dado cuenta del fraude, se están revisando los datos de adjudicación y también la licencia de obras".
   El alcalde ha detallado que "la Policía Local está haciendo inspecciones periódicas, la báscula de pesaje de la basura ya está en funcionamiento y hoy arroja una cifra de 50 toneladas al día, de lo que deducimos una media de 1.500 toneladas en el mes de noviembre".
   En el mismo mes de 2006 se facturaron 5.965 toneladas, en 2007 fueron 6.009 toneladas, en 2008 fueron 6.397 y en 2009, 7.804 toneladas. Desde junio de 2006 las toneladas no bajaron de 5.000 y desde agosto de 2006 están alrededor de 6.000, según ha indicado Ximo Tur.
   El primer edil ha añadido "la denuncia ya está puesta, el camino siguiente es estudiar la cantidad estafada y ponerla en conocimiento del juzgado".
"Voy a solicitar al juzgado una orden de embargo contra Colsur por las cantidades presuntamente estafadas", ha remarcado.
   "Los intereses generales pasan por rescindir el contrato y normalizar una situación irregular, porque la planta está en una zona de especial protección", según ha añadido.
   Preguntado por la gobernabilidad municipal tras las diferencias abiertas con el PP, al que pertenecen los tres ediles destituidos en relación con las presuntas irregularidades en este servicio, Tur ha explicado que él mismo ha asumido las competencias delegadas.
   En cuanto a la dedicación exclusiva de Javier Morató, ha recordado que en este Ayuntamiento "no hay tradición" de que los concejales sin competencias tengan retribución, pero en este momento lo que le "preocupa es el presunto fraude".
   "Haré la propuesta al pleno pero irá acompañada de una revisión de todas las retribuciones, sobre los concejales del PP en el gobierno, están ejerciendo su trabajo de manera habitual sin que se me haya informado en otro sentido", ha adelantado.

Clemente critica que Alejandro Soler "sigue sin dar explicaciones sobre las facturas"

ALICANTE.- El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, ha criticado que el alcalde de Elche, Alejandro Soler, "sigue sin dar explicaciones convincentes sobre el caso de las facturas", y ha acusado al líder del PSPV, Jorge Alarte, de "no actuar con contundencia e, incluso, respaldar la gestión del primer edil ilicitano", según ha informado en un comunicado al PPCV.

   Clemente se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado este martes a Santa Pola, donde ha recordado que, "inicialmente, el caso hablaba de 7.000 euros, que cogió Soler de los ilicitanos para hacer su propia campaña electoral", y ahora "la cifra ya sobrepasa los 20.000 euros".
   Además, ha censurado el "oscurantismo" con el que han afrontado esta cuestión en el partido socialista, donde "nadie da una explicación convincente".
En este sentido, ha recriminado el "silencio cómplice de Alarte", quien "ante las supuestas imputaciones del ex portavoz del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, o el ex portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno, los expulsó rápidamente de sus responsabilidades y, sin embargo, no actúa con la misma contundencia cuando se trata de amigos suyos, como ocurre con Soler o con el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna".
   Tanto Soler como Luna "están imputados, y tienen una responsabilidad clara en hechos delictivos", ha aseverado el dirigente popular, quien ha reprochado que, mientras tanto, "Alarte, cuando tiene que juzgarlos, prefiere mirar hacia otro lado e incluso respaldar su gestión".

El Gobierno aportará 80 millones en 2011 a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Gobierno aportará un total de 80,1 millones de euros en 2011 a un grupo de sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran. Este importe computará en déficit, a pesar de que las concesionarias deberán devolverlo con intereses al Estado, según informaron en fuentes de Fomento.

   La aportación tendrá continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años, según el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios y que se incluirá vía enmienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2011.
   Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
   Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
   El titular de Fomento, José Blanco, agradeció la "cooperación" de todos los grupos parlamentarios para solucionar este problema con una "medida equilibrada". 
"Supone una ayuda limitada en el tiempo y que las empresas deberán devolver, y que evita un grave perjuicio para el Estado", según destacó durante su intervención en el Pleno del Congreso.
   En este sentido, en fuentes del Ministerio compararon el "coste mínimo" que supone realizar esta aportación en comparación con los 3.731 millones de euros que costaría el Estado y al déficit asumir la gestión de estas autopistas en caso de que no se solventará su desequilibrio económico-financiero y quebraran.
   Con este acuerdo el Gobierno busca solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
   El otro es el "desproporcionado" sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.
   Para solventar este impacto, los Presupuestos de 2011 ya incluyen una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinará a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentará, a pesar de las demandas de las concesionarias.
   Así, en total, el Gobierno 'prestará' el próximo año a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
   Estos primeros 200 millones ya están en tramitación. La autopista Cartagena-Vera, la concesionaria de las radiales R-3 y R-5 de Madrid y la de la R-2, son las tres primeras que los han solicitado.
   Para que las concesionarias puedan devolver estos préstamos (que tienen tres años de carencia) se les permitirá realizar subidas de tarifas adicionales a la ya prevista anualmente en enero para actualizar el peaje a la inflación. Este aumento añadido variará dependiendo de la vía que logre créditos, pero no superará el 2%.
   El Gobierno ha articulado una serie de requisitos para que las concesionarias puedan acceder tanto a las aportaciones para compensar caídas de tráfico como para lograr créditos para paliar el sobrecoste de expropiación.
   En este último caso, deberán acreditar haber pagado expropiaciones un 175% más caras respecto a lo ofertado y que el importe total haya sido determinado en más del 50% por acuerdo de un jurado de expropiación o sentencias de los tribunales.
   En el caso de los tráficos, el Gobierno realizar una aportación en forma "cuenta de compensación" a las vías cuyo tráfico no alcance el 80% del tráfico previsto. Para devolver el crédito, las vías entregarán a la Administración, y no computarán así como beneficios, la mitad de los ingresos que obtengan cada año que el volumen de tráfico supere al inicialmente previsto.

Trece jóvenes con síndrome de down, expulsados del pub 'Basic', de Alicante

ALICANTE.- La Fiscalía de Alicante investiga la expulsión de trece jóvenes con síndrome de down de un pub del centro de Alicante, cuyo encargado "les compelió a abandonar el local por razón de su minusvalía", según han explicado fuentes de la Asociación Alicantina de Síndrome de Down, a la que están afiliados los jóvenes afectados.

   Los hechos se produjeron en la noche del pasado 6 de noviembre, cuando los 13 jóvenes acompañados por cuatro monitores realizaban una salida de ocio y tiempo libre organizada por la citada asociación, consistente en una cena y una visita a un pub del casco antiguo de Alicante, donde tenían previsto tomar una consumición.

   No obstante, al entrar el grupo en el pub 'Basic' de la plaza San Cristóbal, el encargado del establecimiento se acercó y les preguntó a los monitores si tenían intención de permanecer mucho tiempo. Al recibir una respuesta afirmativa, el encargado "les compelió a abandonar el local por razón de su minusvalía".

   Los monitores del grupo optaron por marcharse, y pusieron los hechos en conocimiento de la Asociación, cuya Junta Directiva ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Alicante por un presunto caso de discriminación.

   La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si los  hechos son constitutivos de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

   Para ello, la Policía ya ha tomado declaración a los monitores que acompañaban al grupo, así como al responsable del local, quien, al conocer la denuncia, se ha disculpado por lo ocurrido a través de la red social Facebook, según han indicado las mismas fuentes de la Asociación alicantina de Síndrome de Down.

   El año pasado, el Juzgado Penal nº 12 de Valencia condenó a la propietaria de otro pub en Valencia por no permitir la entrada al local a un grupo de ocho jóvenes con Síndrome de Down.

En la sentencia de este caso, el magistrado consideró que la dueña del local había cometido un delito contra los derechos fundamentales de los afectados.

La dieta mediterránea ya es Patrimonio de la Humanidad

SEVILLA.- La dieta mediterránea ya forma parte de la Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad tras la decisión tomada este martes por el Comité Intergubernamental de Patrimonio Inmaterial de la Unesco,que también ha incluido el flamenco, los castells catalanes, el cant de la sibil-la mallorquín, la cetrería y la dieta mediterránea.

   Todas las candidaturas españolas, el flamenco, los Castells y el canto de la Sibil.la, han conseguido ser incluidas en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el transcurso de la Quinta reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que se celebra en Nairobi (Kenya) hasta el 19 de noviembre.
   España ha participado, por primera vez, a través de los Ministerios de Cultura y de Exteriores y de Cooperación, como miembro electo del Comité, formado por 24 países de los 132 que han ratificado la Convención de Patrimonio Inmaterial, posición que ocupará durante cuatro años, informa el Ministerio de Cultura.
   El flamenco, los castells y el canto de la Sibil.la fueron presentados por España como candidaturas nacionales, con la implicación de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia en el caso del Flamenco; de Cataluña, para los Castells y de Mallorca, para la candidatura de la Sibil.la.
   El flamenco es una expresión artística resultado de la fusión del cante, el baile y el toque. Aunque es una manifestación cultural representativa e identitaria del patrimonio cultural inmaterial de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia se ha convertido en un signo distintivo de la cultura española en el mundo.
   Su expresión vocal, el cante, funde la tradición oral y colectiva y la creación personal. Con estructuras musicales diversas y unas letras breves y sencillas, sirve de cauce para la expresión de todos los sentimientos y estados de ánimo: la pena, la alegría, la tragedia, el júbilo, el miedo, etc.
En el baile se manifiesta un amplio abanico de situaciones que expresan tristezas y alegrías. Su diversidad depende de aspectos musicales, coreográficos (estructurados o espontáneos), geográficos (escuelas locales) y de contenidos.
   El flamenco, tras un intento fallido en 2005, inició su andadura en 2009 cuando la candidatura fue registrada en París en agosto de ese año y desde comienzos de 2010 se puso en marcha la campaña 'Flamenco Soy' para promocionar nacional e internacionalmente el proyecto,  que ha contado con el el impulso del Gobierno de España y el consenso de Murcia y Extremadura, así como con gran apoyo institucional, de artistas y particulares. Más de 30.000 personas procedentes de 60 países lo han votado online.
   Según ha informado el Ministerio de Cultura, España presentó por primera vez la candidatura de la dieta mediterránea, junto a Italia, Grecia y Marruecos, a través de este Departamento y del Ministerio de Asuntos Exteriores y con la cooperación de las Comunidades Autónomas.
    La dieta mediterránea es una "práctica social" basada en el conjunto de habilidades, conocimientos y tradiciones que van desde el paisaje a la mesa hasta actividades como la cosecha, la recolección, la pesca, la cocina y, "especialmente", la alimentación.

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lunes, 15 de noviembre de 2010

¿En qué situación estamos en la crisis económica? / Carlos Berzosa *

La crisis económica tiene ya una duración de tres años, pues sus inicios se pueden situar en el verano de 2007, cuando estalla la burbuja especulativa inmobiliaria en Estados Unidos y se desencadena el cataclismo provocado por las hipotecas basura. Se agravó en septiembre de 2008 cuando afectó con fuerza a los bancos y el sistema financiero está a punto de derrumbarse, que no cae por la intervención de los gobiernos. La crisis inmobiliaria se transformó en una crisis financiera de una extrema gravedad, a la que ha seguido una gran recesión.

Desde hace un tiempo en las economías desarrolladas ha habido leves recuperaciones, con ritmos diferentes según los países. La recuperación, allí donde se ha producido, es lenta y leve, lo que mantiene la incertidumbre al tiempo que unos niveles de desempleo elevados. A la crisis de la economía real le ha seguido la crisis de la deuda pública y privada, y con posterioridad ha tenido lugar la guerra de divisas.

Ante la cumbre del G-20 en Seúl no se vislumbran señales de acuerdos internacionales capaces de evitar males mayores, y lo que se anuncia es el malestar de determinados países ante la política de Estados Unidos y la consiguiente debilidad del dólar. La devaluación del dólar hace más intensa la guerra de divisas, en la que hay unos perdedores: los países europeos de la zona euro que se encuentran con una moneda fuerte que debilita las exportaciones y favorece las importaciones. La economía española, muy debilitada desde que se desencadenó la crisis, se ve muy perjudicada por esta fortaleza del euro, lo que sin duda debilitará todavía más una posible recuperación.


La situación no es nada fácil y economistas como Roubini, en una entrevista en El País, en el suplemento Negocios del pasado 31 de octubre, anuncia otra posible crisis, e insiste en que al paso que vamos la próxima crisis financiera va a ser aún peor. Nos esperan años dolorosos, dice, por el alto endeudamiento público y privado. Critica con mucha razón al Banco Central Europeo, que con su política demasiado obsesionada por la inflación conduce a un verdadero desastre. Por lo que concierne a la guerra de divisas, advierte de que si el euro llega a 1.60 por dólar no habrá posibilidad de recuperación.

No se puede olvidar que Roubini fue uno de los pocos economistas capaces de predecir la crisis actual, como tuve ocasión de señalar en el artículo anterior, y aunque no se pueda tener la certeza, en el mundo inestable en el que estamos, acerca de que sus predicciones bastantes pesimistas se cumplan, no estaría de más tenerlo en cuenta. 


La lectura de su libro escrito conjuntamente con Stephen Mihm “Cómo salimos de ésta” (Destino, 2010) resulta sugerente y acertado en gran parte de sus análisis. La enseñanza que se puede extraer de su lectura es que o cambiamos ya el rumbo de la economía mundial, o si no seguiremos en una etapa de incertidumbre y riesgos permanentes.

Pero Roubini no es el único en plantearnos un panorama un tanto desalentador, sino que en el mismo suplemento, en otra entrevista que se realiza a Carmen Reinhart, de origen cubano, pero que vive desde los 10 años en Estados Unidos, critica la actuación de Alemania porque considera que condena a la Unión Europea a graves problemas. 


Esta economista es coautora con Kenneth Rogoff de “This time is different” (Princeton University Press, 2009), una historia de las crisis de los últimos ochocientos años en la que demuestra que esta vez tiene muy poco de diferente. Estima que España al ser un país muy endeudado lo va a tener muy difícil en los próximos dos años. Advierte del peligro en que se sigue encontrando la economía griega, a la que augura una más que probable suspensión de pagos, y ve posible que se produzca también la de algún país del este de Europa, al tiempo que anuncia posibles problemas en Portugal e Irlanda.

Sus pronósticos no se encuentran muy descaminados, pues han vuelto a aparecer ataques especulativos a la economía española, y se ha creado una gran desconfianza hacia la economía de Irlanda. Existe un gran temor a lo que pueda suponer la caída de esta economía y lo que pueda arrastrar tras de sí, entre otras a la economía española. La situación resulta muy delicada y pone de manifiesto la fragilidad del sistema financiero y la vulnerabilidad de determinadas economías. Grandes tormentas se avecinan y todavía no se ha despejado el ambiente de la crisis en la que estamos sumidos.

Ante esta situación se pone de manifiesto la inoperancia de la gobernabilidad internacional y de la Unión Europea (UE). La reunión del G-20 puede significar otra decepción más, y se observa con preocupación que, ante la gravedad de los problemas existentes, sigue habiendo una falta de coordinación internacional, y no digamos dentro de la UE. Cada país trata de salvarse a sí mismo, sin contemplar que esa actitud puede ser perjudicial para el conjunto y para ellos mismos.

En el mismo suplemento del diario El País encontramos un artículo de la que ha sido hasta septiembre presidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente Obama, la profesora de la Universidad de California Christina D. Romer, en el que plantea con claridad meridiana que este no es el momento de reducir el déficit. Así, considera que países como Grecia y otros de la periferia euro ya no pueden adquirir préstamos a unos tipos asequibles. 


Los países que disfrutan de la confianza de los mercados -Estados Unidos, Francia y Alemania- tienen razones para esperar y deben desempeñar una función esencial como fuentes de crecimiento y demanda para la economía mundial. El reforzamiento de estas economías contribuirá a evitar que el mundo se precipite hacia otra recesión y permitirá una curación continuada de los mercados financieros vulnerables en los Estados Unidos y en el extranjero.

En suma, seguimos metidos en grandes turbulencias económicas, y la crisis está lejos de resolverse. Aunque no existen remedios milagrosos para arreglar los enormes desaguisados creados por el modelo de crecimiento y por gran parte del sistema financiero, sí se deben tomar medidas que atenúen los efectos perversos. Conviene leer y hacer caso a economistas de prestigio, que sin ser heterodoxos, sí hacen propuestas que se salen de la ortodoxia en la que hemos vivido en los últimos años, y a la que se quiere volver. Los cambios son cada vez más urgentes si no queremos meternos en una espiral de riesgos y sobresaltos continuos.

(*) Carlos Berzosa es catedrático de Economía y rector de la Universidad Complutense

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'

Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada', nuestro blog con las noticias más relevantes y trascendentes para todos de cara a afrontar, adaptarnos y superar la actual crisis, ante el riesgo de perecer en ella por falta de la adecuada y puntual información. Estas son las últimas seleccionadas por resultarnos las más interesantes:

Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

MADRID.- Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso. Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita, según publica 'El País'.

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a El País que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros". Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa.

La Fiscalía de Nueva York tiene en su poder una comisión rogatoria del juez Pedreira pidiéndole que interrogue a Caruso por delitos fiscales y de evasión de capitales, entre otros. Al ser consciente de que era investigado en España, el abogado de Caruso se entrevistó el pasado 14 de junio en Nueva York con funcionarios policiales comisionados por la justicia norteamericana a instancias de Pedreira. Fue el propio abogado de Caruso el que pidió a los agentes entrevistarse con ellos. El letrado quería información sobre la situación judicial de Caruso, ya que su cliente, comentó, le había expresado "su miedo" a salir del país ante la eventualidad de que fuese detenido.

El abogado habló con los agentes tras recibir de la fiscalía de Nueva York (EE UU) un requerimiento para que compareciese en sus dependencias y prestara declaración en relación con la petición de ayuda cursada por el juez español. Los agentes informaron al abogado de los delitos de los que estaba "imputado" su cliente y del carácter secreto de las diligencias, y le conminaron a que declarase al día siguiente, 15 de junio, ante la fiscalía neoyorquina. Incluso le sugirieron la posibilidad de que prestase declaración, a través de videoconferencia, simultáneamente con Madrid.

El abogado no se comprometió a nada en ese momento, aunque horas después comunicó a los policías que ni él ni su cliente Caruso acudirían a la citación. En ese instante, Caruso trabajaba para la sociedad Merrill Lynch, pero el 16 de septiembre, al ver que sus pasos eran seguidos por la justicia, informó a Wall Street de que cambiaba su firma de operaciones a favor de la citada Morgan Stanley, a la que trasladó su bolsa de clientes, se supone que entre ellos a Correa. Morgan Stanley ha pagado una fuerte suma a Caruso por sus servicios antes de conocer sus problemas con la justicia.

La policía sostiene en un informe al que ha tenido acceso El País que Correa y Crespo crearon "una estructura societaria en los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho Juris Magister, dirigido por Vicente Luis Agramunt Siurana y dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune".

Según el citado informe, que está en poder de la justicia estadounidense, "los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami" de Bancaja, "dirigida por Guillermo Martínez Lluch". La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida (EE UU).

Siempre según el citado informe, el dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias "era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por Caruso y residenciada en las Islas Caimán, tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la república de Singapur". Los investigadores de Gürtel están convencidos de que Caruso es el "asesor financiero y persona de confianza de Francisco Correa y [su lugarteniente en la trama] Pablo Crespo", y que se trata de la persona que "creó, gestionó y administró la estructura societaria en las Islas Caimán y los fondos de las sociedades a través de las posiciones que dichas compañías tienen en la entidad financiera Merrill Lynch", donde Caruso desarrolló su actividad hasta hace unos meses, cuando fue fichado por Morgan Stanley.

En el citado informe, los investigadores de Gürtel "consideran crucial" interrogar a Caruso "para determinar el destino de parte de los fondos de la organización [de Correa] generados por operaciones delictivas en España, así como el dinero ya blanqueado en operaciones inmobiliarias de carácter especulativo desarrolladas en los Estados Unidos de América". 

En Morgan Stanley, ignorantes de los supuestos chanchullos de Correa y Caruso, existe preocupación por las consecuencias de la investigación a la que está sometido Caruso y la posible ilicitud de los fondos de Correa. Merrill Lynch fue adquirida el año pasado por el Bank of America a un precio de 44.000 millones de dólares. No obstante, Caruso ha recalado finalmente, con su cartera de clientes, en Morgan Stanley. 

En concreto, ahora trabaja para la división internacional de banca privada de esta firma, denominada Wealth Management, ubicada en la calle 399 de Park Avenue. Fuentes cercanas a Morgan Stanley señalan que la preocupación viene dada porque esta entidad tiene como principio básico "no gestionar u ocultar dinero de procedencia ilícita y menos aun de un país democrático como España".

El nombre de Randall Caruso aparece mencionado en las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la Gürtel tras ser encarcelados por el juez Garzón en febrero de 2009. En esas grabaciones, que fueron anuladas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de Correa, da instrucciones a abogados desde la prisión de Soto del Real para recuperar y esconder fondos que la organización tiene en el extranjero.

Esas conversaciones revelan que la esposa de Crespo actuó de "intermediaria" con personas de la organización "para recibir o transmitir mensajes de su marido". Y que, entre otras personas, se puso en contacto con Caruso. En una de las llamadas interceptadas, señala que ha utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Caruso.

El juez Pedreira tiene imputadas en Estados Unidos a otras cuatro personas aparte de Caruso: entre ellas, Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos de lujo frente al mar. Otro de los investigados es el español Guillermo Martínez, director en Miami de Bancaja.

Hacienda calcula que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, amasó dinero y bienes tasados en 85 millones de euros. En Miami (EE UU) y España tiene numerosos inmuebles a nombre de terceros que son suyos.

A los 30 millones que la investigación de Gürtel le busca en Estados Unidos y las Islas Caimán, se unen los 21 millones que ya le han sido localizados, y bloqueados, en Suiza. Todo este dinero procede del dinero que logró la red gracias a negocios basados en intermediación y sobornos a políticos del PP de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y cuatro grandes municipios madrileños a cuyos ya ex alcaldes dio comisiones.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero ilícito. Aparte de en Estados Unidos, se le busca dinero en Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido.

Ángel Luna, 'imputado' por la reforma de su casa que supuestamente le pagó Ortiz

VALENCIA.- El magistrado Juan Climent, que investiga investiga los hechos que se denuncian en la querella interpuesta por el PP contra el síndico del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, por un presunto delito de cohecho ha notificado en una providencia al dirigente socialista que "como persona imputada" tiene derecho a designar procurador y letrado de oficio. De lo contrario, según se apunta en el texto, le será designado uno de oficio.

Desde el PSPV se asegura, sin embargo, que Luna no ha recibido por el momento ninguna notificación de imputación, a pesar de que esta misma mañana se ha personado ante el TSJ valenciano para nombrar a un representante legal por si fuera llamado a declarar.
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha pedido este lunes explicaciones de su homólogo socialista porque "está imputado y no puede seguir huyendo".
Sobre el uso del término "persona imputada", fuentes del TSJCV han explicado que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación.
Las mismas fuentes han aclarado que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado en el caso en que fuera llamado a declarar, pero por ahora esta situación no se ha producido.
El pasado 27 de ocubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se declaró competente para investigar dos querellas contra Luna, por revelación de secretos (al mostrar en la Cámara autonómica un informe judicial bajo secreto de sumario) y cohecho.
Al parecer, y según fuentes populares, la providencia del juez Climent haría referencia a la denuncia interpuesta por la reforma de las obras de una vivienda, cuyo coste (698.600 pesetas) corrió supuestamente a cargo del empresario alicantino Enrique Ortiz, implicado en los casos Brugal y Gürtel.
Las obras, en cualquier caso, se ejecutaron más de dos años después de que el actual portavoz socialista dejara la alcaldía de Alicante, y cuando no ocupaba ningún cargo institucional ni orgánico en el PSOE.
Sobre esta asunto, Luna ha reiterado en las últimas semanas que pagó "directa o indirectamente" la actuación en esta vivienda, heredada por su cónyuge.

Alarte dice que el PSPV no tiene "ningún imputado" en "condición parecida" al PP

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado este lunes que, "desde el punto de vista procesal", su formación no tiene "ningún imputado en ninguna condición parecida a ningún militante del Partido Popular". "A nosotros nos acusa el PP, que quiere ocultar sus delitos y responsabilidades. A ellos les acusa el Estado", ha puntualizado. 

   Alarte ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras ser preguntado por la decisión del magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Climent, de dar traslado al portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, del contenido de la querella interpuesta por el PP contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de una reforma en su casa.
   El líder socialista ha aclarado al respecto que el tribunal le ha comunicado la querella a Luna, pero ha considerado que "una querella presentada por unos presuntos delincuentes no es razón para asumir ninguna responsabilidad política", porque, en su opinión, este asunto "no es más que un montaje".
   "El PP acabará querellándose contra todos nosotros" porque "es su sistema de amedrentarnos, de intentar protegerse y garantizar la impunidad  por lo que han hecho y por lo que posiblemente hayan hecho y todavía no conocemos", ha declarado.
   Además, ha insistido en la diferencia entre la acusación al PP, ejercida por "los poderes del Estado, los policías de la democracia, los fiscales y los jueces" y, por otro lado, al PSPV, que "sufrimos la persecución de un partido que ha perdido garantías democráticas  en su funcionamiento".
"No nos van a callar a nosotros y a ninguno", ha apostillado.
   Preguntado sobre si existe una "doble vara de medir" a la hora de considerar la imputación de Luna y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, Jorge Alarte, ha aseverado que "no hay ninguna doble vara de medir en ningún caso", y ha añadido que "una pandilla de presuntos criminales que lo único que buscan es la impunidad no nos van a doblegar. La querella ésa sólo tiene una intención: que no preguntemos, que no exijamos responsabilidades", ha destacado al respecto.
   Tras ser inquirido sobre si "ir a declarar como imputado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sería la vara" para diferenciar la imputación de Luna y la de Camps, el secretario general del PSPV ha ha diferenciado el hecho de "ir a declarar al TSJ acusado por la pandilla de presuntos criminales que dirigen el Gobierno valenciano y el PP" e "ir a declarar como imputado" acusado por los poderes públicos.
   "Si nosotros tuviéramos delante un partido democrático, unas instituciones normalizadas y un Gobierno de la Generalitat homologable a cualquier otro gobierno democrático de España sería importante saber qué hacen y qué denuncian, pero si lo que tenemos ante nosotros es una pandilla de imputados que lo único que buscan es defenderse, no les vamos a dejar que lo hagan", ha insistido Alarte.
   Alarte ha acusado a los 'populares de presentar la denuncia contra Luna "de manera torticera y malintencionada". Pero, los jueces, que "están cumpliendo con su deber", "tienen que comprobar si es cierta o no" esta denuncia.
   Preguntado sobre si está de acuerdo, al igual que afirmó Ángel Luna en su día, que habría que "inhabilitar" a Camps, Alarte ha manifestado que Camps "está inhabilitado desde que el día en que fue declarar al TSJCV en calidad de imputado en la trama 'Gurtel'".
"Desde el punto de vista político ya está inhabilitado hace mucho tiempo", ha recalcado.
   Por último, el líder de los socialistas valencianos ha comentado que si el precio que tienen que pagar los miembros de su formación "por defender la honradez, la ética y la democracia es que nos denuncien a todos pues no hay ningún problema". No obstante, ha recalcado que no les van a "amedrentar". 
"Si se piensan que a base de denuncias y querellas nos van a parar, la respuesta va a ser más fortaleza y más coherencia", ha subrayado.

Alarte se pregunta "qué parte de los 30 millones" que se buscan en EEUU corresponden a "dinero valenciano"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, se ha preguntado este lunes "qué parte de los 30 millones" que se buscan en Estados Unidos vinculados a la trama de corrupción Gürtel corresponden a "dinero valenciano". 

   Alarte se ha pronunciado así al ser preguntado en rueda de prensa por la información publicada este lunes en el diario El País, en la que asegura que "los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama corrupta que encabeza Francisco Correa dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso".
   El líder socialista ha reclamado que se explique "cuántos de esos 30 millones son de las facturas de la visita del Papa a Valencia, cuántos de las contrataciones de los departamentos de la Generalitat en Orange Market, y cuántos del dinero del Gobierno valenciano puesto en manos de la trama".

Blasco no tiene "ninguna duda" de que Luna está imputado y asegura que "no puede seguir huyendo"

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha asegurado este lunes que "no hay ningún tipo de duda" de que el síndic socialista, Ángel Luna, está imputado en las actuaciones que se siguen en el TSJCV por la reforma de su casa y ha considerado que "no puede seguir huyendo".

   El TSJCV ha dictado una providencia en la que se ordena que se ponga en conocimiento de la "persona imputada" --en referencia a Luna-- la incoación de diligencias por la querella presentada por el PP en este caso aunque, el tribunal ha explicado, sobre el uso del término "persona imputada", que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación.
   A juicio de Blasco, la providencia "se detalla expresamente" que Luna "tendrá derecho a designar un procurador y letrado para ejercitar la representación y defensa en esta sede", según ha señalado en un comunicado el PP.
   Para Blasco, "no hay pues ningún tipo de duda, Luna está imputado y debe responder a los múltiples interrogantes que planean sobre este caso desde hace tiempo y sobre los que no ha dicho nada", ha señalado Blasco, quien se ha mostrado interesado en que el dirigente socialista "muestre más respeto a la justicia que al Parlamento en el que trabaja y dé las explicaciones oportunas".
   El portavoz 'popular' ha aprovechado para recordar que este caso es "único en España" y ha declarado que es "cuanto menos llamativo que en la ejecución de unas obras de las que no tiene facturas mediara un empresario al que tiempo atrás había adjudicado contratos por valor de 1.200 millones de pesetas cuando era alcalde de Alicante, el mismo empresario para el que trabajó una vez que dejó la alcaldía".

La Comunitat Valenciana es la región con la menor transparencia en urbanismo y obras públicas

MADRID.- La Comunitat Valenciana es la región española con el menor nivel de transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, con un porcentaje del 38,5 por ciento, según el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), sistema de evaluación que desde hace tres años realiza la ONG Transparencia Internacional, para evaluar el nivel de transparencia de los 110 ayuntamientos más grandes de España.

   En concreto, el ITA evalúa cinco ámbitos de la actuación municipal mediante 80 indicadores. Los ámbitos analizados para determinar el nivel de transparencia son la información sobre la corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos y con la sociedad, la transparencia económica y financiera, la transparencia en la contratación de servicios y en urbanismo y obras públicas.
   Así, en atención a la valoración global de transparencia en la región, la Comunitat obtiene la penúltima posición, con un 56,3 por ciento, solamente por delante por Cantabria, que obtienen un 53,8 por ciento.
   En el apartado de la transparencia respecto a la información sobre la comunidad autónoma, la región obtiene un 69,6 por ciento, lo que la sitúa en novena posición junto a Canarias y Castilla y León.
   En el ámbito de la transparencia en las relaciones con los ciudadanos y sociedad, la región se sitúa en la undécima posición, al alcanzar un 84,2 por ciento, un buen dato ya que obtiene casi un punto por encima de la media nacional.
   Con respecto a la información económico-financiera, la región ocupa la posición número catorce, junto con Canarias, al obtener un 29,4 por ciento de transparencia, mientras que la media nacional está casi veinte puntos por encima, en un 48,8 por ciento.
   Por último, en el ámbito de la transparencia en las contrataciones de servicios y suministros, la región ocupa la posición catorce, junto a Baleares y País Vasco, con el 37,5 por ciento; casi la mitad que a nivel nacional --65,4 por ciento--.
   El presidente de Transparency en España, Jesús Lizcano, preguntado por una presunta relación entre los malos datos de Baleares y la Comunitat Valenciana con los casos de corrupción de los últimos meses, ha recordado que el estudio es un "índice de transparencia y no de corrupción".
"Medimos sólo el nivel de información y los resultados son según los indicadores que hemos utilizado", ha añadido para explicar que los datos podían haber sido diferentes.
   En este sentido, los demás ponentes presentes en el acto han coincido que el índice de transparencia, si bien no combate directamente la corrupción, pone un "foco" sobre la administración pública, "haciendo más difícil la corrupción", según ha indicado el abogado y presidente de la Fundación Ortega-Marañón, Antonio Garrigues.
Por su parte, Jesús Sánchez Lambás,  miembro del Consejo de Dirección de la ONG, ha apuntado que el estudio crea "sistemas de vigilancia" y pone una "lupa" sobre la administración para contribuir a su mejora.
   En el caso de la Comunitat Valenciana, los datos indican además que en 2010 han sido 21 las corporaciones locales que han alcanzado dicha calificación de Sobresaliente en transparencia, entre los que destaca la presencia del ayuntamiento de Elche.
   Por su parte, el ayuntamiento de Valencia ha registrado una baja calificación de transparencia, en total, un 38,8 por ciento en transparencia global, siendo la referida al urbanismo su puntuación más baja, con un 35,4 por ciento.
   El ayuntamiento de Alicante, aprueba con el 57,5 por ciento, aunque su transparencia en relación a la información económica-financiera adquiere una baja puntuación, del 21,1 por ciento.
   Por último, el ayuntamiento de Castellón, es el que obtiene una mejor puntuación, con un nivel de transparencia global del 80 por ciento, siendo la relacionada con la información económica financiera la que adquiere un sobresaliente, un 94,7 por ciento.

El TSJCV traslada a Luna el contenido de la querella del PP por la reforma de su casa y la incoación de diligencias

VALENCIA.- El magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Climent, ha dado traslado al portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, del contenido de la querella interpuesta por el PP contra él por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de una reforma en su casa. Asimismo, le informa de la incoación de diligencias previas.

   Según han confirmado fuentes del TSJCV, el juez ha dictado una providencia en la que se ordena que se ponga en conocimiento de la "persona imputada" --en referencia a Luna-- la incoación de diligencias y que se le dé traslado de la copia de la querella.
   Sobre el uso del término "persona imputada", fuentes del TSJCV han explicado que el portavoz socialista no está imputado judicialmente, pero sí por parte de los querellantes, quienes le atribuyen un delito de cohecho y de prevaricación. 
Las mismas fuentes han aclarado que Luna pasaría a adquirir la condición de imputado en el caso en que fuera llamado a declarar, pero por ahora esta situación no se ha producido.
   De hecho, en la providencia, el juez le recuerda a Luna su derecho a designar un procurador y letrado para ejercitar la representación legal y defensa en esta sede "si las actuaciones llegan a un estado en el que fuera necesario".
   En el mismo texto, el juez ordena que se notifique esta resolución a las partes y al ministerio fiscal con la advertencia de que contra la misma se puede interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días "sin necesidad de consignación de depósito".
   La Sala del TSJCV abrió diligencias contra Luna por un presunto delito de cohecho tras denunciar el PP que éste podría haber aceptado que empresas del promotor Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal --al que pudo haber favorecido contrataciones mientras fue alcalde de Alicante-- se hicieran cargo de una reforma en su casa.

El 11,56% de los hogares de la Comunitat Valenciana tiene a todos sus miembros en paro

VALENCIA.- El 11,56 por ciento de los 1.924.425 hogares de la Comunitat Valenciana tiene a todos sus miembros en paro, de modo que aglutina el 12,7 por ciento del total de hogares españoles con todos sus integrantes desempleados y se sitúa como la cuarta región con un mayor porcentaje de los hogares con todos sus activos en paro.

   Así lo recoge el 'Avance del Mercado Laboral' que elaboran conjuntamente Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett), que indica que el número de hogares con todos sus miembros en paro ha aumentado un 260,1 por ciento desde 2007, al pasar de 45.475 en el tercer trimestre de ese año a 163.761 en el mismo periodo de 2010.
   Ese informe señala que la Comunitat Valenciana muestra una "sobrerrepresentación de hogares con todos sus miembros en paro", ya que concentra el 12,7 por ciento del total nacional, frente al 11,2 por ciento que le correspondería según la distribución territorial del total de hogares.
   Por comunidades autónomas, el índice más alto en volumen de hogares en paro sobre el total del territorio corresponde a Canarias(15,98 por ciento), seguido de Andalucía (15,78 por ciento), Murcia (12,21 por ciento) y la Comunitat, con ese 11,56 por ciento, mientras que la media nacional se sitúa en un 10 por ciento.
   Según las mismas fuentes, la economía española no empezará a crear empleo hasta la segunda mitad de 2011, aunque los puestos de trabajo generados no podrán reducir el elevado número de parados registrados durante la crisis.
   Los cálculos de Afi-Agett apuntan a una caída interanual del empleo del 0,9% en enero, lo que situaría el total de ocupados en 18,25 millones de personas. A la espera de lo que ocurra en noviembre y diciembre, Afi-Agett prevé que los mínimos de ocupación de 2010 se registren en el cuarto trimestre.
   El informe de estas entidades advierte de que el descenso de la afiliación a la Seguridad Social experimentado en septiembre supone "el comienzo de una senda de destrucción de empleo que podría continuar hasta el inicio de 2011 y neutralizaría la mejora en la ocupación mostrada desde el segundo trimestre de 2010".
   El 'Avance del Mercado Laboral' de noviembre de 2010 también constata que las probabilidades de transitar del desempleo al empleo se redujeron en el tercer trimestre de 2010 frente a las existentes en igual trimestre de 2009 y 2008.
   Así, sólo una de cada cinco personas (20%) que estaban en el paro en el segundo trimestre del año encontraron empleo en el tercer trimestre, cifra "muy inferior" a la alcanzada en 2008 (30%) y en el cuarto trimestre de 2007 (32,5%).
   En el tercer trimestre de 2010 casi dos tercios de los desempleados españoles también estaban pasados en el trimestre anterior (63,4%), porcentaje más elevado del existente en el tercer trimestre de 2009, cuando el 61,1% de los parados estaba en esta situación, y cifra "notablemente peor" a la del tercer trimestre de 2008, donde casi la mitad de los parados también lo estaba en el trimestre anterior.
   Para el presidente de Agett, Francisco Aranda, ahora más que nunca resulta "urgente" una "verdadera y eficiente" remodelación de las políticas activas de empleo, que acerquen a los desempleados nuevas fórmulas para elevar sus posibilidades de encontrar un trabajo.
   "El reto que se nos plantea ahora es conseguir que nuestros desempleados consigan un trabajo lo antes posible, para lo que se necesita una suma de recursos públicos y privados", ha señalado Aranda.
   El informe de Afi-Agett también revela que el 'efecto desánimo' se ha reducido entre quienes han trabajado anteriormente y se ha acentuado entre los que no tienen experiencia laboral.
   De acuerdo con sus datos, el aumento de la inactividad en el tercer trimestre de este año en 17.700 personas se debe íntegramente a las personas sin experiencia laboral, frente al abandono de la inactividad de 17.500 efectivos que han trabajado anteriormente.
   Especialmente, se trata de antiguos trabajadores del sector servicios que abandonan la inactividad para buscar un empleo.
En concreto, 26.300 personas con experiencia en las actividades de comercio y reparación de vehículos abandonaron la inactividad, seguidas de las actividades artísticas y de entretenimiento (14.500), las actividades profesionales (13.900) y aquellos que dejaron su último empleo hace más de un año (8.900).
   En el lado contrario, los que abandonaron la inactividad en menor número son aquellos que se dedicaban anteriormente al suministro de energía (600), actividades sanitarias (1.700) y hostelería (2.300).