jueves, 2 de diciembre de 2010

El Banco de España aprueba el SIP del Grupo CRM

VALENCIA.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha acordado considerar al Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) como un grupo consolidable de entidades de crédito, así como calificar el acuerdo suscrito por las 14 cajas rurales valencianas participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP).

   Según ha informado CRM, está previsto que comience a trabajar de forma consolidada a partir del próximo 1 de enero.
   La aprobación del Banco de España tras estudiar y analizar la documentación presentada por las entidades "responde al cumplimiento de los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones", han apuntado las mismas fuentes.
   Al respecto, han destacado que esa decisión "supone un fuerte impulso" al proyecto iniciado en julio de 2009, que se formalizó el pasado 14 de junio se formalizó con la firma del contrato de constitución del Grupo CRM por parte de Ruralcaja, Caixa Rural de Torrent, Crèdit Valencia, Caixaltea, Caixa Rural de Burriana, Caixa Callosa d'en Sarrià, Caixa Rural de Nules, Caixa Rural Alqueries, Caixa Rural de Cheste, Caixa Rural Alginet, Caixa Rural Vilavella, Caixa Rural Almenara, Caixa Rural Xilxes y Caixa Rural Vilafamés.
   El Grupo CRM, el mayor proyecto de integración financiera española por número de entidades, cuenta con una plantilla de más de 2.600 empleados y una red de 635 oficinas, con presencia en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante y Murcia.
   Además, integra a 14 de las 36 cajas rurales de la Comunitat Valenciana y posee unos Activos Totales Medios de 12.000 millones de euros, el 65 por ciento del crédito cooperativo autonómico.

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Una empresa exige a labradores de la Vega Baja 35.000 euros por patentes

ALICANTE.- La agrupación de interés económico Geslive, una suerte de SGAE para los derechos de la propiedad industrial e intelectural en el mundo agrícola, está exigiendo a labradores de la Vega Baja hasta 34.000 euros en concepto de patentes de sus mandarinos, plantados antes o después del año 2006, fecha en la que esta compañía registró oficialmente el plantón de cítricos 'Nadorcott' (antigua afourer). Sindicatos agrícolas alicantinos, como La Unió, ya se ha movilizado y prepara las primeras acciones judiciales ante las salas de lo Civil y lo Mercantil al considerar un «abuso» estas reclamaciones, revela el diario 'La Verdad'.

El responsable sindical de La Unió en la Vega Baja, José Manuel Pamies, y el técnico de esta organización, Joanma Mesado, que ya tramita decenas de casos en la huerta citrícola de Valencia, confirmaron a este diario que están multiplicándose en las últimas semanas las reclamaciones de grandes cantidades de dinero a agricultores por tres motivos diversos. Bien porque tengan la variedad de mandarino sin la teórica licencia de patente plantada antes del año 2006 y sin regularizar; bien porque plantaron estos cultivos de satsuma después del año 2006, cuando Gesliva ya tenía el registro de la propiedad industrial; o bien porque han injertado nuevas plantaciones de esta variedad con árboles de cultivos plantados antes del año 2006.

En esta última tesitura se halla un agricultor de La Murada con plantaciones en esta pedanía oriolana y en la murciana de Abanilla. Según explica Pamies, a este agricultor le obliga esa especie de SGAE agrícola a abonar 34.050,40 euros, a razón de veinte euros por planta. De esos veinte euros, ocho corresponden a una especie de royaltie por el uso de la patante del mandarino en cuestión (en total se le reclaman 11.776 euros) y otros doce euros tienen que ver con una especie de sanción (17.664 euros). 

«A este agricultor, que está ahora muy agobiado, le han notificado que si no paga los 34.000 euros antes de diez días, se tomarán medidas judiciales contra él e incluso se le podrá obligar a talar toda la plantación de cítricos», explica el coordinador sindical de La Unió en la Vega Baja.  

Royalty e indemnización

También de «abusos y preocupación» habla el técnico de la organización agrícola Joanma Mesado, para quien tampoco tiene razón de ser que las reclamaciones las haga un denominado Club de Variedades Vegetales, con sede en Valencia. Cree que los agricultores afectados (están llamando cada vez más al sindicato desde todas las comarcas alicantinas, especialmente de la Vega Baja y las Marinas) están en su derecho de recurrir en los juzgados al menos los 12 euros por planta de teórica «sanción o indemnización». 

«Es razonable que si se regulariza el cultivo se paguen los 8 euros de royaltie, pero no la sanción», abunda Mesado. La variedad citrícola 'Nadorcott' tiene la virtualidad de ser cosechada en óptimas condiciones de maduración entre febrero y marzo, lo que convierte al fruto en muy competitivo en los mercados tanto interiores como exteriores.

En los tres últimos lustros, coincidiendo con la crisis de precios de los limones al desbocarse las importaciones de terceros países, se cuentan por decenas las plantaciones de cierto calado de limoneros que han sido arrancados y sustituidos con el mandarino de marras. 

En la carta que está enviando la Agrupación de Obtentores de Variedades Vegetales, con membrete de Geslive, y firmado por el abogado J. Enrique Ayllón Villar, el pasado día 23 le comunican a uno de esos agricultores afectados de Orihuela que «como usted sabe, Gestión de Licencias Vegetales, AIE, es una agrupación de obtentores de variedades vegetales dedicada, sin ánimo de lucro propio, a la gestión, protección y defensa de los derechos de propiedad». 

El director de Geslive, Antonio Villarroel, aclara que esta compañía gestiona los derechos de propiedad industrial y que la estrategia de inspección y control de posibles ilegales es competencia del Club de Variedades Vegetales Protegidas, que concentra el 80% de producción de mandarinos en España.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

El Gobierno Zapatero elimina la cuota obligatoria a la Cámara de Comercio

MADRID.- El Gobierno estima que la eliminación de la obligación de todas las empresas y trabajadores autónomos de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, que este viernes aprobará el Consejo de Ministros, les supondrá un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.

   Según el Ejecutivo, el hecho de que el conocido como 'recurso cameral' sea voluntario implica que la financiación de las Cámaras "estará vinculada efectivamente a los servicios demandados por las pymes". 

   El Gobierno justifica esta medida, así como las otras anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, "para fomentar de forma inmediata la inversión y la creación de empleo entre las pymes".

La Generalitat destaca que el 85,9% de los valencianos está en contra del trabajo irregular de los inmigrantes

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha destacado que el 85,9 por ciento de los valencianos es contrario a que los inmigrantes trabajen en situación irregular, por lo que apuesta por su regularización, según ha informado la administración valenciana en un comunicado. Asimismo, ha señalado que un 77,5 por ciento de la población de la Comunitat muestra su disposición favorable a que los empresarios tengan más facilidades para que sus empleados inmigrantes desarrollen su labor de acuerdo con la legalidad. 

   Estos datos se desprende de la encuesta 'Actitudes hacia la población inmigrante', realizada este año por la Fundación CeiMigra a más de 1.100 personas. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha presentado este miércoles el sondeo ante el Foro Valenciano de la Inmigración y ha destacado que los valencianos están a favor de una inmigración ordenada y regular.
   Por otro lado, respecto a los extranjeros e inmigrantes que residen de forma legal y estable, la mayoría de los encuestados considera que se les debería reconocer derechos como cobrar prestaciones por desempleo (95,6%), vivir con su familia (93,7%), votar en las elecciones municipales (75,6%) y obtener la nacionalidad española (79%).
   Rafael Blasco, se ha mostrado esperanzado ante los resultados de esta encuesta aunque ha reconocido que "queda todavía un largo camino por recorrer" y ha señalado que el gran reto de la Generalitat es  continuar trabajando por la integración en todos los barrios y municipios de la Comunitat a través de acuerdos con entidades y ayuntamientos. Así ha subrayado la buena aceptación entre el colectivo inmigrante de las 61 escuelas de acogida existentes que habrán impartido el Compromiso de Integración al finalizar el año a un total de 10.000 extranjeros e inmigrantes, según la Generalitat.
   La administración valenciana ha apuntado que aunque el sentir mayoritario sea favorable a una inmigración ordenada y regular, la atención a cualquier persona al margen de su situación administrativa debe ofrecerse. De este modo, ha resaltado que una mayoría (54,8%) de los encuestados afirma que a los extranjeros en situación irregular se les debe reconocer los mismos derechos humanos que a las demás personas, como recoge la Ley Valenciana de las Personas Inmigrantes, que garantiza la asistencia a toda persona al margen de su situación administrativa.
   Por otro lado, el 58 por ciento de los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat opina como primer motivo que los inmigrantes vienen a España debido a la pobreza y las dificultades de una vida digna en sus países de origen y, en segundo lugar, atribuyen el fenómeno inmigratorio a las posibilidades de encontrar un trabajo (un 19,3%), por encima del deseo de tener la misma calidad de vida que los españoles o europeos y otros factores.
   El impacto de la inmigración es positivo en distintos ámbitos.  En concreto, el 79,5% opina que la inmigración rejuvenece la población y que es positiva también su aportación a la cultura (62%), a la economía (55,5%) y a la convivencia (48,4%), según la Generalitat. Igualmente, ha señalado que  la sociedad valenciana tiene plena conciencia y conocimiento sobre la población inmigrante residente en la Comunitat ya que a la pregunta sobre su presencia en esta región, el 23,8%, contestación mayoritaria, afirma que representan entre un 11 y un 20% -el dato real es un 17%-.
   Sin embargo, ha explicado que los valencianos tienen una percepción sobre la inmigración irreal superior a la realidad ya que mientras un 30% de los inmigrantes se encuentran en una situación irregular, sólo un 9,9% da esta respuesta, porcentajes superiores a medida que dicen que su presencia es superior.
   Respecto a si España necesita que vengan personas de otro país por algún motivo, hasta un 99% entiende que todas las personas tienen el derecho a buscar una vida digna. Los entrevistados reconocen su disposición a inmigrar si lo necesitasen para poder vivir y trabajar en un 90,1%.
   Las relaciones entre la población autóctona y la inmigrante también aparecen en la encuesta. Así a la mayoría (69,6%) le daría igual vivir en el mismo bloque de viviendas donde residen inmigrantes y un 74,6% piensa lo mismo cuando se pregunta sobre posibles relaciones. Si la pregunta es sobre relaciones entre los hijos e inmigrantes, a un 17% le gustaría, a un 72,5% le daría igual y a un 6,4% no le gustaría, ha indicado la Generalitat.
   Del sondeo también se desprende que en la actualidad el 52,7% de los encuestados tenga todos o casi todos los días relaciones con los inmigrantes frente a un 17,2% que responde "nunca o casi nunca". La relación con los inmigrantes es mayor por la amistad (57,8%) que por vecindad (57,3%) y laboral (54,8%), aunque todavía son escasas por motivos familiares (20,9%) y sentimentales (6,7%).
   Por lo que se refiere al mundo educativo, ante la pregunta de si le gustaría que sus hijos compartieran la misma clase con niños de familias inmigrantes, un 14% afirma que le gustaría y un 72,1% responde que le daría igual. El 86,7% está de acuerdo en que alumnos de familias inmigrantes se distribuyan por igual en los centros escolares públicos y privados.
   Asimismo, un 56,5% considera que la relación entre las personas españolas e inmigrantes es buena o muy buena. La encuesta desvela que la responsabilidad de la integración es una tarea y responsabilidad de "todos los que convivimos en la misma sociedad" (80,5%) y un 34,5%, respuesta mayoritaria, considera que los inmigrantes deberían poder mantener sus costumbres siempre que no entren en conflicto con las leyes españolas.

Cayo Lara asegura que en el PP valenciano hay ya "más presuntos culpables que presuntos inocentes"

VALENCIA.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha asegurado que en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana "hay ya más presuntos culpables que presuntos inocentes", lo que ha calificado como "una lacra para la democracia y para los ciudadanos". Por ello, ha considerado que los valencianos "necesitan más izquierda alternativa en las Corts, para que se legisle contra el paro y la corrupción no anide definitivamente en las instituciones". 

   Cayo Lara ha realizado estas manifestaciones en Valencia, donde ha participado en el acto de presentación de las candidaturas autonómicas de EUPV junto a los cabezas de lista por Valencia, Marga Sanz; Alicante, Lluís Torró, y Castellón, Marina Albiol. Al acto, celebrado en la sede en la capital Valenciana de Esquerra Unida, han asistido también representantes de diversas entidades cívicas, sindicales y culturales.  
   El coordinador federal se ha mostrado convencido de que la candidatura de EUPV es "la mejor que se va a presentar en el País Valenciano" porque sus miembros "han estado en la protesta pero también en la propuesta" y ha augurado que llevará "más aire fresco" al parlamento autonómico.
   Así, ha alabado a los candidatos, especialmente a la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, que sería "una extraordinaria presidenta de la Generalitat". "Con mucho respeto a Francisco Camps, no hay color", ha apostillado.
   "Marga (Sanz) representa las banderas de la izquierda: la roja de la lucha social; la verde de la sostenibilidad ambiental y la morada de la República que habla de fraternidad e igualdad", ha aseverado.  
   Lara ha loado también la labor de Lluís Torró, a quien ha definido como un "intelectual comprometido", y de Marina Albiol, una joven "radical, desde el punto de vista de que hay que resolver los problemas de raíz, e íntegra". En este sentido, ha subrayado la apuesta de IU por la "izquierda joven", ya que uno de sus objetivos es "convertir a la Generación 'Ni Ni' (ni estudia ni trabaja) en otra Generación Ni Ni (ni PSOE ni PP)".  
   En la misma línea, ha insistido en que esta formación es "una alternativa necesaria para acabar on el bipartidismo imperfecto que hay en España y también en el País Valenciano" y se ha congratulado de que IU y EUPV están creciendo, "no sólo porque lo digan las encuestas", sino porque lo "constatan" sus propios dirigentes, ha apuntado.
   Por su parte, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha resaltado que su reto es trabajar en la campaña electoral para lograr, "sin oportunismos", una política "social, medioambiental y cultural" y "poner en solfa el modelo depredador del PP". Para ello, ha recalcado que su programa electoral tendrá como ejes "la defensa de los servicios públicos, el medio ambiente, la cultura y la ética en la vida pública".
   En la misma línea, Marina Albiol ha lamentado la "doble crisis económica y democrática" que sufre la Comunitat a causa de la "plaga de la corrupción". "Padecemos el PP más corrupto del Estado español", ha reprochado la representante de Esquerra Unida, que ha incidido en la necesidad de "apartar urgentemente de la instituciones a los ladrones y los censores".
   Finalmente, Lluís Torró ha señalado que EUPV va en su oposición "más allá" de las imputaciones puntuales de cargos públicos para intentar combatir el modelo, que es el que "facilita la corrupción". Asimismo, ha instado a dejar de ser "un país de camareros" para recuperar sectores productivos tradicionales del territorio valenciano.

El PSPV pregunta al Consell "de dónde va a sacar los 200 millones que cuesta la emisión de bonos"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes y responsable de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, ha preguntado este miércoles al vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, "de dónde va a sacar los 200 millones de euros en gastos financieros que cuestan las dos últimas emisiones de bonos".

   Moreno ha destacado en un comunicado que estos 200 millones de euros "no están presupuestados", ya que el presupuesto para el año que viene "solo es superior al de este ejercicio en 73 millones que, además, tienen como objetivo afrontar préstamos e intereses existentes". Por tanto, para Moreno, Gerardo Camps debe comparecer en las Corts "cuanto antes" y explicar "qué partidas de los presupuestos va a recortar para afrontar este nuevo 'hachazo' a las arcas públicas de los valencianos".
   Asimismo, la portavoz socialista ha afirmado que "las dos últimas firmas en poco más de un mes de Gerardo Camps han endeudado a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en 2.600 millones de euros sin hacer una obra ni crear un puesto de trabajo, sino que van dirigidos a pagar los excesos y la mala gestión del Consell durante estos últimos años".
   En este sentido, la portavoz socialista ha destacado que el Plan E del Gobierno de España destinó a la Comunitat Valenciana esta misma cifra "con el objetivo contrario, ya que se destinaban para crear trabajo mediante la obra pública".
   "En el derroche y la mala gestión del Consell de Francisco Camps está el origen de estas maniobras financieras que deben ser explicadas en sede parlamentaria, ya que ha llegado un momento en el que, para pagar las nóminas, hay que pedir préstamos, y para pagar a proveedores lo que se les debe desde hace dos años, hay que pedir préstamos".
   Como ejemplo, la portavoz socialista ha apuntado que el retraso de dos días en pagar un préstamo por parte del Consell, "nos costó a los ciudadanos 150.000 euros". "La mala gestión económica del Consell provoca que la bola de la deuda haya crecido tanto que ya ha pasado por encima de la poca credibilidad que le quedaba a Gerardo Camps en esta materia, puesto que los impagos repetidos del Consell han provocado que las entidades financieras nos suban los intereses de la mora", ha subrayado Moreno.
   Además, la portavoz socialista de Economía ha considerado que "tampoco estaría mal" que Gerardo Camps compareciera en las Corts para explicar "cómo se atreve a hablar de bonos patrióticos cuando da la espalda a las, hasta hace poco, dos cajas de la Comunitat Valenciana mientras pone de coordinadora de estas emisiones a la Caixa".

Camps dice que no conoce las declaraciones de De la Rúa en las que defendió que su relación era institucional

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado este miércoles que no conoce las declaraciones realizadas ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, respecto a su relación con él.

   El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo antes de presidir en Valencia la presentación del proyecto 'ProtegITs', al ser preguntado por las afirmaciones de De la Rúa. "No, no sé a qué se refiere. Muchísimas gracias", ha respondido el presidente de la Generalitat.
   El responsable del TSJCV afirmó que la causa contra Camps por el 'caso Gürtel' --llamada causa de los trajes--, fue "una más", además de defender que su relación con él era "institucional" y "no de amistad íntima".
   Asimismo, al ser preguntado de nuevo tras la presentación del proyecto 'ProtegITs' por esta misma cuestión, Francisco Camps ha aseverado que "en estos momentos lo más importante es sacar adelante el país".
"La economía de España está muy resentida por las decisiones, yo creo que poco coherentes, del gobierno de Zapatero", ha dicho.
   Tras ello, el responsable autonómico ha comentado que él se une a lo manifestado ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy. "Yo me uno a las declaraciones de ayer del presidente Rajoy, que es lo realmente importante y que es pedirle al presidente del Gobierno que después de las elecciones de Cataluña, donde el Partido Socialista se ha hundido absolutamente, convoque cuanto antes las elecciones generales", ha expuesto Camps.

Blanco asegura que su compromiso con el desarrollo del AVE "no se va a parar" tras su llegada a Valencia

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado este miércoles que su "compromiso con el desarrollo de la Alta Velocidad" ferroviaria "no se va a parar" tras la puesta en marcha del AVE a Valencia el próximo 18 de diciembre.

   "Vamos a seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos para demostrar con los hechos que todo lo que se decía era falso", ha garantizado Blanco.
   "Así, ratifico que en 2012 el AVE llegará a Alicante y en 2014 a Castellón y  Región de Murcia", ha proclamado el titular de Fomento durante su intervención en el pleno de control al Gobierno en el Congreso.
   No obstante, Blanco ha avanzado que estas provincias podrán comenzar ya a beneficiarse de las ventajas de la Alta Velocidad con la puesta en marcha de la conexión AVE Madrid-Valencia. "El beneficio se va a extender a toda la Comunidad, dado que Alicante y Castellón van a estar comunicadas a menos de tres horas con Madrid", explicó.
   En su intervención ante la Cámara Baja el ministro ha asegurado que la puesta en marcha del AVE a Valencia constituirá el "elemento más transformador" de para esta Comunidad desde la llegada del primer ferrocarril en el siglo XIX.
   "Su puesta en servicio dinamizará el tejido económico, empresarial e industrial, generará miles de empleos y aumentará la productividad al ahorrar 21 millones de euros en desplazamientos", ha indicado.
   "Además, va a favorecer aún más la industria del turismo, dado que un 20% de los viajes a esta Comunidad se hacen por motivos recreativos y de ocio, y va a reducir en 842.000 toneladas de CO2 hasta 2016", ha añadido.
   "La primera satisfacción como miembro del Gobierno es que en 2010, tal como se había comprometido y ante la incredulidad de muchos, el AVE llegará a Valencia el 18 de diciembre", ha concluido Blanco.

La Generalitat emitirá deuda para pagar a proveedores

VALENCIA.- La Generalitat valenciana emitirá a partir de este jueves bonos a 12 meses por valor de 1.000 euros cada uno y por un importe global de 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, y con una rentabilidad del 4,75 por ciento. La previsión es que este lanzamiento, de alcanzarse los 1.500 millones, permita reducir en 30 días el plazo medio con el que se está atendiendo el pago a los proveedores, de forma que pase de los 98 días actuales a unos 60 días.

   Así lo ha señalado en rueda de prensa el vicepresidente segundo y  consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, quien ha remarcado que la prioridad de la emisión es "atender" los pagos que la Generalitat tienen pendientes con sus "miles de proveedores de pequeñas y medianas empresas".
   Gerardo Camps ha especificado que la totalidad de la inversión inicial está "absolutamente asegurada" por una veintena de entidades financieras, más del 50 por ciento con domicilio social en la Comunidad Valenciana, y ha explicado que se ha optado por acudir al tramo minorista ante la previsión de que los mercados mayoristas continúen cerrados.
   El titular de Economía ha aseverado que por parte de los particulares "hay capacidad suficiente" para atender esta emisión de deuda. "No nos la estamos jugando. Ya sabemos hoy que va a ser un éxito", ha apostillado.

El PSPV de Ibi solicita la dimisión "inmediata" de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde

ALICANTE.- El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ibi, Antonio Martos Bueno, ha pedido la dimisión "inmediata" de la alcaldesa de la ciudad, Mayte Parra, y del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, porque, tal y como apuntan "informaciones aparecidas" en medios de comunicación, "podrían haberse quedado con dinero", según ha informado en un comunicado la formación política.

   "Tras las gravísimas noticias aparecidas en prensa en las que se vinculaba al edil responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Ibi, José Antonio Onsurbe, con unas presuntas extorsiones a un empresario, y según otra la noticia aparecida, tanto el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera como la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, podrían haberse quedado con dinero público", ha indicado Martos.

    Según el edil socialista, Mayte Parra "no puede cerrar el caso sólo con quitar todas las competencias al concejal Onsurbe", puesto que la alcaldesa, como máxima representante, "tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ibi y poner toda la documentación sobre la mesa, sobre todo, la que hasta ahora ha preferido esconder pese a nuestras solicitudes, para que sea estudiada y se pueda clarificar cuánto de cierto hay en esas acusaciones y cuantificar, en caso confirmatorio, las consecuencias para las arcas municipales".

   Asimismo, el portavoz socialista ha solicitado "la apertura de una comisión de investigación urgente que clarifique las irregularidades contables y los métodos opacos utilizados para la contratación" en el Ayuntamiento.

   El 27 de octubre de 2010 se celebró el pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal socialista, para tratar, entre otros temas, el estado actual de todas las ayudas, planes económicos y subvenciones recibidas desde las distintas administraciones para las obras en la fábrica Rico, fábrica Pilen y el Teatro Río. 

   "Unos días después, nuestro grupo denunció nuevamente el incumplimiento de la normativa por parte de Mayte Parra, ya que no había puesto a disposición pública y de los grupos políticos, los expedientes referentes a estas obras; hoy ya nos explicamos claramente el porqué de este ocultismo continuo", continúa Martos.
   Para el socialista, "hoy no puede terminar el día sin que Mayte Parra sea más diligente que ayer y, además de retirarle todas las competencias a Miguel Ángel Agüera como hizo con José Antonio Onsurbe, se aplique esa misma medida, para retirarse sus propias competencias, eso sí, después de ofrecer todas las explicaciones claras y pertinentes a la ciudadanía".

De la Rúa niega mantener una amistad "íntima y personal" con Camps

VALENCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, ha negado mantener una amistad "íntima y personal" con el president de la Generalitat, Francisco Camps, aunque ha reconocido que su relación institucional ha sido "buena".

En declaraciones a los periodistas, De la Rúa ha afirmado que con Camps tan "sólo" mantiene "una buena relación institucional" pero "no amistad íntima y personal, tal y como algunos han dicho", por lo que "para nada" lamenta que la ramificación valenciana del caso Gürtel recayera en su tribunal.
 
Juan Luis de la Rúa, se distanció así del presidente Francisco Camps, imputado por cohecho pasivo impropio en una causa que se instruye en el tribunal que él presidirá hasta el próximo día 13. Según aseguró, abandonará el cargo "con la conciencia tranquila". Afirmó, además, visiblemente alterado ante un grupo de periodistas en un acto de secretarios judiciales, que la causa contra el presidente Camps fue "una más". 

De la Rúa insistió en que "esa frase que dijo Camps de amistad íntima está sacada de contexto. Estaba hablando de relación institucional. No me he tomado con el president ni una cerveza en privado ni él ha ido al entierro de mis padres ni a la boda de mis cuatro hijos, como sí habría sido en caso de un amigo íntimo. Para mí, como juez, fue una causa más". Sin embargo, fue el propio Camps quien le señaló públicamente como "más que amigo".

De la Rúa repitió: "La causa del presidente Camps para mí era una más de las que estaba en la Sala de lo Civil y lo Penal y punto. No le di más trascendencia ni más importancia que la causa siguiente o la anterior que tuvimos en el tribunal". Y se preguntó si tras 40 años "pidiendo que se respete la justicia" debería haber incumplido la ley "y cargar el caso a otro".

Esas declaraciones las hizo antes de conocerse que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó que, tras abandonar el cargo el próximo día 13 para dar paso a la magistrada Pilar de la Oliva, ocupe una plaza en la sala de Lo Social, que es desde donde hace más de 11 años alcanzó la presidencia. Es el paso previo a una comisión de servicios.

De la Rúa quería quedarse como adscrito a la sala de lo Civil y Penal, pero ni el CGPJ ni la sala de Gobierno tenían sensibilidad para aceptar tal petición. Más aún, no querían que la primera decisión que tomara la nueva presidenta fuera el destino de su predecesor, marcado por su papel en el caso Gürtel.

Blasco dice que el archivo de la causa contra Luna no implica su "absolución"

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, ha manifestado que el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la causa abierta contra el síndic socialista, Ángel Luna, tras la querella presentada por el PP por un presunto delito de cohecho no implica su "absolución" y ha defendido que una cosas es la prescripción de "conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública".

   Blasco, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha emplazado a no "confundir la situación de imputado con la de condenado, que es algo que el PSPV habitualmente ha hecho", así como "la situación de archivado con la de absuelto desde el punto de vista de la justicia". 
"Una cosa es el archivo porque desde el punto de vista legal se hayan superado los plazos de conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública", ha apostillado.
   Ha aseverado que ante la opinión pública "ha quedado perfectamente demostrado" que el portavoz socialista "no pagó la reforma de su casa" sino que ésta fue sufragada por el empresario "con el que pasó a trabajar después de dejar sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Alicante".
   Blasco ha incidido en que el PP va a recurrir el archivo al considerar que el presunto delito cometido por el portavoz socialista es el tipificado en el artículo 420 del Código Penal, que no exige que el acto sea delictivo, sino simplemente injusto.  
   Preguntado sobre las críticas realizadas por Luna sobre el "desprecio" del PP a su seguridad, el portavoz 'popular' ha indicado que no conoce "cual es el tenor" de cada una de las declaraciones de bienes y actividades de los diputados de su grupo "porque han seguido el trámite parlamentario".
   Ha tachado las explicaciones de Luna de "peregrinas", ya que si "su domicilio ha aparecido en los medios de comunicación será responsabilidad del medio de comunicación", ha remarcado, y ha añadido que no le consta que nadie del PP haya divulgado la dirección del portavoz socialista.
   Asimismo, ha asegurado que su grupo no tendrá "ningún problema" de que si "al final no se sustenta ninguna responsabilidad" hacia Luna y "se demuestra que en nuestras aseveraciones ha habido alguna inexactitud en reconocerlo públicamente y pedir disculpas".
   En un comunicado, Rafael Blasco ha asegurado que el caso Luna "no puede cerrarse aún, ya que la prescripción de un delito no implica ni mucho menos la absolución y menos cuando quedan por aclarar numerosas cuestiones sobre las que el síndic socialista ha pasado de puntillas sin aclarar nada".
   El parlamentario ha lamentado el archivo de una causa que tiene "pendientes demasiados interrogantes que permiten presumir irregularidades en la reforma de la vivienda de Luna que podrían ser constitutivas de un delito de cohecho".
   Para Rafael Blasco, "no se puede entender que se cierre este caso con un carpetazo cuando Luna no ha dado ninguna explicación, sino que ha fomentado todo lo contrario: contradicciones y ninguna prueba de que las obras las abonara él".
   Así, el portavoz 'popular' se ha referido a las declaraciones del contratista que ejecutó parte de la reforma, Javier Ponce, "que dejó muy claro que fue Ortiz quien le pagó y no Luna ni su mujer".

La juez imputa a el ex alcalde de Polop un delito de tráfico de influencias

ALICANTE.- La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa, ha informado al ex alcalde de Polop, Juan Cano, este martes durante su declaración, que está imputado por un delito de tráfico de influencias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, según han informado fuentes judiciales.

   Juan Cano, que ha llegado cerca de las 10.00 horas al juzgado de Villajoyosa, antes de prestar declaración, ha asegurado a preguntas de los medios que es "inocente" de las supuestas irregularidades urbanísticas que investiga el órgano judicial.
   Así mismo, ha manifestado su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades.
   Tras prestar declaración durante más de dos horas, --salió del juzgado sobre las 12.45 horas-- y preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha subrayado que "es inocente" y que "las declaraciones las hace ante el juez".
   Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa sobre el asesinato de Alejandro Ponsoda --predecesor de Cano como alcalde polopino--, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.
   Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.

El edil cesado en Ibi niega las acusaciones publicadas "hacia compañeros del partido"

ALICANTE.- El ex concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Ibi  José Antonio Onsurbe, cesado este martes de sus competencias, ha reclamado "respeto" para la actuación judicial, al tiempo que ha negado de manera "absoluta y expresa" de todas las acusaciones publicadas en los medios de comunicación "hacia compañeros del partido".

   En un comunicado remitido por el consistorio ibense a petición del edil, Onsurbe, quien mantiene el acta de concejal, ha reclamado que se evite "todo juicio paralelo y mediático" que conlleva, a su juicio, "la mayor de las indefensiones y a la condena expresa".
   El edil ha agradecido "las muestras de apoyo de compañeros y vecinos a nivel local", para quienes, según ha precisado, estará "siempre a su disposición".
   La alcaldesa de Ibi, la 'popular' Mayte Parra, ha cesado de todas sus funciones al concejal de Hacienda y Promoción Económica, tras ser denunciado por un empresario en relación con un presunto delito de extorsión. La primera edil asume, así, de manera provisional las competencias de Hacienda, Promoción Económica, Recursos Humanos y Régimen Administrativo.
   Asimismo, el Comité de Derechos y Garantías del PPCV, por su parte, ha suspendido cautelarmente de militancia al edil, quien ha puesto su cargo a disposición del partido.
   En la denuncia presentada el pasado jueves, el empresario F.G.G., --dedicado al diseño gráfico e impresión-- acusa a José Antonio Onsurbe de pedir el 50 por ciento de lo facturado a cambio de ser proveedor, y aporta varias grabaciones en las que presuntamente se puede escuchar al concejal reclamando el abono de las comisiones.

Caja Mediterráneo aprueba la delegación de competencias al SIP con los votos en contra de los sindicatos

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) ha dado el visto bueno este martes a la delegación de competencias al nuevo banco resultante del SIP con los votos en contra de los dos delegados sindicales de Sicam y UGT, según han informado fuentes de la entidad financiera.

   Los consejeros, en una sesión extraordinaria de aproximadamente una hora de duración, han aprobado este traspaso después de que el pasado viernes se les informara de los asuntos habituales, de los trámites necesarios y de los pasos que hay que dar y de las acciones que hay que priorizar.
   Así, con el visto bueno del Consejo de la CAM, la entidad acelera la delegación de facultades, cuyo traspaso estaba previsto a lo largo de este año y medio, ya que el banco tiene que constituirse a principios de 2011.
   Las entidades integrantes acordaron acelerar los trámites para la constitución del banco, lo cual requiere el visto bueno de los respectivos consejos, tal y como ya han hecho dos de los socios, Caja Extremadura y Cajastur.

Luna dice que espera otra querella del PP "en cualquier momento" y "por cualquier otra cosa"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valenciana, Ángel Luna, ha manifestado que, después de decretar el TSJ valenciano el archivo de la causa abierta contra él tras la denuncia del PP por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa, "lo único que espero es otra querella" de los 'populares "en cualquier momento" y "por cualquier otra cosa".

   Luna, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, ha indicado que muchos compañeros suyos abogados le habían aconsejado presentar "algún tipo de querella por denuncia falsa" cuando todo el proceso judicial concluya, algo que, sin embargo, ha asegurado que no va a hacer.
   Preguntado sobre si esperaba que el PP se disculpara o asumiera algún tipo de responsabilidad si finalmente se demostraba que habían presentado una querella basada en datos inexactos, Luna ha remarcado que conociendo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "lo único que espero es otra querella en cualquier momento por cualquier otra cosa, porque no han parado de sacar historias".
   Luna también ha aprovechado la rueda de prensa para criticar el "desprecio absoluto" mostrado por los 'populares' hacia su seguridad al haber ofrecido "detalles con pelos y señales" sobre la ubicación de su vivienda, los planes y datos catastrales.
   Al respecto, ha lamentado la falta de "coherencia" de los diputados del PP que se negaron a detallar sus propiedades en el registro de bienes y actividades de las Corts "apelando a razones de seguridad", según ha aseverado, y, al respecto, se ha preguntado "por qué entienden que su seguridad es más valiosas que la mía".
   En concreto, ha citado el caso de la parlamentaria del PP Alicia de Miguel, que no especificó en la declaración de bienes su domicilio particular pero sí mostró en un programa de televisión fotografías de la casa de Luna, ha aseverado.
   Asimismo, ha especificado que las denuncias del PSPV por el 'caso Gürtel' no tienen "absolutamente nada que ver con la fabricación  artificiosa y malintencionada de una querella" por parte del PP, ya que los socialistas "acudimos al TSJ después de preguntar muchas veces por expedientes de contratación y de utilización del dinero público sin obtener ninguna respuesta".

El Ayuntamiento aprueba la subida del agua y desestima una comisión de investigación del PGOU

ALICANTE.- El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado, con los votos mayoritarios del PP, una subida de la tarifa del agua por vía de urgencia y ha rechazado la creación de una comisión de investigación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pedido por el grupo socialista.

   La sesión ordinaria del pleno aprobó por vía de urgencia la subida de la tarifa del agua a partir del 1 de enero de 2011, tal y como se aprobó previamente por el Consejo de Administración de Aguas de Alicante, empresa mixta, donde ambos partidos tienen representación.
   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha recordado que esta subida de la tarifa fue aprobada en el consejo de Aguas Municipalizadas de Alicante y que contó con el voto favorable de la representante socialista, Carmen Sánchez Brufal, quien pedía en el pleno que se retirara el punto, con el fin de saber si la subida era adecuada.
   Según Castedo, "el PSOE forma parte del consejo de administración y aprobó las tarifas exactamente igual que el representante del PP". "El Ayuntamiento aprobó en el consejo las tarifas del agua. A partir de ahí, denle las vueltas de la manera que quieran", ha dicho.
   Por su parte, la portavoz municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, ha insistido en pedir "discutir despacio" este asunto porque, según ha dicho, ya hizo que constara en acta que "una cosa es el informe económico" de la empresa y otra "si es lo que el ayuntamiento y los ciudadanos de Alicante necesitan".
   En este sentido, ha apostado por "no aprobar la subida sin que nos sentemos" porque "ya hay suficientes problemas en Alicante". A su juicio, "si tras la aprobación en el consejo, este tema no es discutido en pleno, el Ayuntamiento estaría de más y no está de más".
   Además, en la sesión de este martes también se trató la moción presentada por los socialistas para la creación de una comisión de investigación sobre el PGOU, después de que se hiciera pública la investigación de la Policía Judicial sobre posible tráfico de influencias, información privilegiada, entre otros delitos. La moción no salió adelante por la oposición del PP, que animó a los socialistas a crear ellos mismos una moción, contratando a expertos ajenos a la institución.
   Así, la portavoz del PP, Marta García-Romeu, ha animado a los socialistas a crear esta comisión. "Háganla, tienen los medios económicos suficientes para, a través de su grupo, contratar todos los expertos que consideren y necesiten", ha dicho.
   A su juicio, esta petición despierta la "duda de si quieren realmente una comisión que revise el PGOU o hacer un gesto de cara a la galería o para rasgarse las vestiduras". Según ha dicho, "no hace falta" porque el PP está "totalmente de acuerdo en que el PSOE cree su comisión que les ayude a esclarecer todas las dudas que tengan".
   La portavoz ha subrayado que, en cambio, el PP no tiene "ninguna duda" sobre el nuevo planeamiento, que ya fue aprobado y que ahora "sigue su curso". Desde su punto de vista, "este plan representa el desarrollo adecuado y sostenido de la ciudad de Alicante al futuro".
   Por el contrario, la portavoz socialista ha destacado que el PSOE pide "una comisión municipal, no socialista" para despejar unas "dudas que no las pone" su partido, sino "la Brigada de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía". "Lo que sí sabemos es que hay que dar seguridad a los ciudadanos" y no "pasar de largo ante la incertidumbre".
   Sánchez Brufal ha dicho que es "triste confundir valor y precio" --citando al poeta Antonio Machado-- porque los miembros que asesorarían a la comisión que el PSOE proponía eran "entidades y corporaciones de derecho público" como el Colegio de Abogados y el Colegio de Arquitectos, entre otros, que "darían un valor sin precio alguno".
  El pleno también dio el visto bueno a una moción socialista para que la Generalitat abone el dinero que el Ayuntamiento destinará a la reforma y ampliación del IES Virgen del Remedio, ya que se trata de competencias autonómicas y no locales.
  Tras una discusión entre el edil socialista, Manuel de Barros, y la concejal de Educación, María del Carmen Román, finalmente, ambos grupos han aprobado esta exigencia al Consell.
  También ha salido adelante una moción de apoyo al pueblo Saharaui, por unanimidad, así como otra, de Turismo, igualmente por unanimidad.

Ripoll dice que "ojalá" todos los juzgados "fueran tan rápidos como el TSJCV"

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha destacado la "rapidez" con la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto el caso del portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, y ha afirmado que "ojalá todos (los juzgados) fueran tan rápidos como el TSJCV".

    A preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha declinado "hacer ninguna manifestación" sobre la decisión de archivar la querella contra Luna, ya que, según ha indicado "es un caso que hay que conocer a fondo para poder opinar a fondo".

   No obstante, sí se ha referido a la celeridad del proceso judicial, para señalar que "el TSJCV es muy rápido", mientras que "el resto de los tribunales son más lentos". Esta situación, a su parecer, se debe a "la dotación de medios, y porque al TSJCV van muchos menos casos que a los tribunales ordinarios".

El exalcalde de Polop defiende su inocencia tras declarar por presuntas irregularidades urbanísticas

ALICANTE.- El ex alcalde de Polop de la Marina Juan Cano ha prestado declaración este martes ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa en calidad de imputado por presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, sobre las que ha asegurado que es "inocente".

   Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa del asesinato de Alejandro Ponsoda --predecesor de Cano como alcalde polopino--, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.
   Juan Cano ha realizado estas afirmaciones tras prestar declaración durante más de dos horas ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa.
   En este sentido, a la salida del juzgado, preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha señalado que es inocente" y que las declaraciones las hace "ante el juez". Asimismo, Cano ha afirmado que no sabe "todavía" qué delitos se le imputan.
   A su llegada a los juzgados destacó su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades urbanísticas.
   Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.

Ripoll cree que en el caso de Ibi "ha faltado un criterio más claro" para "actuar todos conjuntamente"

ALICANTE.- El presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha considerado que, en el caso del concejal de Hacienda de Ibi, José Antonio Onsurbe, cesado tras ser denunciado por su presunta relación con la extorsión a un empresario, "ha faltado un criterio un poco más claro", y ha opinado que la alcaldesa, Mayte Parra, "quizá debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente". 

   A preguntas de los medios de comunicación, Ripoll se ha referido a la situación registrada en el Ayuntamiento de Ibi por la denuncia contra el citado edil.
   "En los acontecimientos de Ibi ha faltado un criterio un poco más claro a la hora de actuar, y una parte de culpa quizá la tengamos también nosotros desde la Ejecutiva Provincial", ha comentado.
   Al respecto, Ripoll ha aclarado que el PP provincial ha "querido siempre contemporizar y buscar soluciones de consenso, con reuniones con la alcaldesa y con su teniente de alcalde y con sus concejales".
   "Al final no hemos sabido resolverlo bien, porque que una concejala sea expulsada del grupo, que otra tenga que dimitir (...), quizá teníamos que haber actuado de manera más contundente, y la alcaldesa quizá debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente", ha subrayado.
   "Espero que se solucione cuanto antes, porque en Ibi tenemos una mayoría muy sólida, y tenemos el respaldo y la confianza del electorado y lo que es cierto es que estas cosas no ayudan", ha reconocido.
   En este sentido, ha lamentado que se esté "permanentemente con grabaciones para arriba y para abajo, en un clima enrarecido en el que nadie sabe si puede hablar", ha indicado, en alusión a las grabaciones aportadas en su denuncia por el empresario presuntamente extorsionado.
   De igual modo, ha mostrado su "preocupación" porque "se esté haciendo una política irrespirable, lo que no quiere decir que no se investiguen las cuestiones, que se vea, y cuando haya alguna responsabilidad que se pongan las medidas adecuadas, escuchando a todo el mundo e intentando esclarecer hasta el fondo las cuestiones".
   En cuanto a la decisión del Comité de Garantías y Derechos del PPCV, de suspender cautelarmente de militancia al edil de Hacienda José Antonio Onsurbe, Ripoll se ha mostrado "contrario a todas las suspensiones de militancia, sobre todo porque en el caso de Alicante nunca se resuelven".
   "A veces es muy fácil salir en los medios de comunicación, pero sería mejor que el Comité de Derechos y Garantías hubiera escuchado a las partes, como se suele hacer en estos casos, y que hubiera podido tomar alguna decisión, no para salir en los medios de comunicación, sino para intentar arreglar entre todos el problema", ha afirmado.

lunes, 29 de noviembre de 2010

El juez Pedreira levanta el secreto total del sumario del caso Gürtel

MADRID.- El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha dictado un auto en el que acuerda levantar la práctica totalidad del secreto del sumario que pesa en las actuaciones del proceso penal que implica a varias administraciones del PP, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

   No obstante, no será hasta el próximo día 5 de diciembre cuando las partes tengan acceso a la documentación por el procedimiento actualmente establecido. Fuentes jurídicas han indicado que previsiblemente el acceso se haga efectivo el primer día laboral, que sería el próximo 7 de diciembre.

   En un auto el magistrado acuerda el levantamiento de la prórroga del secreto con efectos de 29 de noviembre, "alzándose el secreto de las piezas que hasta la fecha permanecían secretas acordándose solamente la prórroga del secreto del auto de 21 de octubre de 2010 por el plazo de un mes.

   En la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, el magistrado esgrime que el mantenimiento del secreto en este caso estuvo justificado por "el trabajo ingente, que supuso escanear los documentos, investigar los posibles delitos, tomar declaración a los numerosos imputados y practicar numerosísimas diligencias".

   Recalca que "no sólo el magistrado-instructor, sino también la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y la Sala segunda del Tribunal Supremo estimaron justificado el mantenimiento del secreto".

   Asimismo, insiste en que "se ha tratado de garantizar el éxito de la investigación sumarial evitando la destrucción o manipulación de fuentes de prueba". "La investigación no solamente ha servido para imputar, sino también para levantar la imputación de varias personas", añade el juez.

   Precisa que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima que el derecho de la defensa a la publicidad relativa del sumario no es subsumible en el derecho fundamental a un proceso público del artículo 24.2 de la Constitución Española".

   Además, pone de relieve que el Tribunal Constitucional ha establecido que "la concesión de la prórroga al secreto instructorio no infringe el derecho a la defensa".

   Entre las piezas se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam.
   Otra de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

   El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJM acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

   Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

   Fuentes jurídicas indicaron que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

   Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con las empresas del Grupo Rafael..

Alarte hace "responsable político" a Rajoy por "asentimiento" y a Camps por "acción" de la querella de Luna

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" --de la querella contra Ángel Luna por la reforma de su piso-- al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento" y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción", porque "él es el único responsable de este ataque antidemocrático".

"Debería salir y asumir la responsabilidad democrática y de paso irse. Pero en eso no tenemos ninguna confianza" ha lamentado Alarte, que ha añadido que Camps "se irá sólo cuando la gente lo saque democráticamente el 22 de mayo".
   Alarte se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa, en la que ha comparecido también el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, en relación al archivo de la querella de los 'populares' contra el síndic socialista por un presunto delito de cohecho al considerar que había ofrecido trato de favor al constructor Enrique Ortiz a cambio de que éste se hiciera cargo de la reforma de su casa. El PP "lo único que quería era calumniarnos y, en este caso atacar a Luna"
   El líder socialista ha valorado que el juez "con elegancia" les diga "mentirosos varias veces" a los 'populares" porque señala en su escrito la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.
   En esta línea, Ángel Luna, se ha mostrado "satisfecho" porque el auto es "concluyente", ya que "desmonta" la versión de la querella al considerar que los delitos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito".
"Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado.
    Según Luna, el auto "rebate punto por punto" los argumentos de la querella del PP y "hasta cuatro veces les dice que indiciariamente no se pueden considerar como dádivas los hechos que el PP relata en su querella".
   Por su parte, Alarte ha insistido en que "alguien debe explicar a la gente que se hace responsable de perseguir a Luna". "No es de recibo, en una sociedad democrática, que se persiga por parte del poder y del presidente de la Generalitat a los líderes de la oposición para callarlos y para buscar la impunidad".
   El secretario general ha felicitado a Luna "por la tranquilidad" que supone el archivo y ha remarcado la "confianza más absoluta de todo el PSOE" en Luna y en su "tarea".
   Del mismo modo, Ángel Luna, ha insistido en que la querella del PP "no tenía más finalidad que amedrentarnos" y hacer llegar a los ciudadanos el mensaje de que "todos somos iguales, todos estamos igualmente imputados y todos tenemos problemas con la Justicia".
   Luna ha recordado que el TSJCV rechazó de inicio la acusación de prevaricación, que en el PP "no fueron capaces de defender", pero quedó la acusación de cohecho. Según Luna, el PP le atribuyó este delito "con la secreta intención de que el magistrado, o finalmente la sala, establecieran que había prescripción,  algo que era más que evidente, y no se pudiera entrar en el fondo del asunto" para que le quedara el "sambenito de que había un delito que no se podía investigar".
   Luna ha hecho referencia en este sentido al monólogo que el autor de 'Gomorra' Roberto Saviano, realizó en la televisión italiana bajo el título 'La máquina del fango', en el que "se pone de manifiesto como el poder político pone en marcha una máquina para destruir la imagen de los que preguntan y quienes defienden la democracia". A su juicio, "alguien en la Comunitat Valenciana decidió poner en marcha la máquina del fango pero no les va a servir", ha advertido.

El edil de Hacienda de Ibi afirma que no ha cometido "ningún delito"

IBI.- El concejal de Hacienda, José Antonio Onsurbe, ha asegurado que no ha cometido "ningún delito" en relación a la denuncia presentada por un empresario local por un presunto delito de extorsión, denuncia de la que se ha enterado "por la prensa", por lo que "no conoce sus detalles".

    En la denuncia, un empresario dedicado al diseño gráfico acusa a José Antonio Onsurbe de pedir el 50 por ciento de lo facturado a cambio de ser proveedor, y aporta varias grabaciones en las que supuestamente se puede escuchar al concejal reclamando el abono de las comisiones.
   En este sentido, Onsurbe ha negado "haber cometido ningún delito" y ha lamentado la situación de "indefensión" que le produce haber conocido de la existencia de esta denuncia "por los medios de comunicación".
   "No conozco los detalles de la denuncia ni de lo que me acusa" ha apuntado Onsurbe, quien ha añadido que cuando tenga esos datos "dará explicaciones" para "aclarar cuanto antes" la situación.
   Además, el concejal ha asegurado que en Ibi "parece que hay alguien que orquesta reuniones de carácter privado para grabarlas y realizar denuncias" con el fin de establecer un "juicio mediático" de cara a las próximas elecciones.

El Ayuntamiento de Alicante pide por tercera vez al Gobierno dedicar a gasto corriente lo obtenido en venta de patrimonio

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado que ha vuelto a solicitar al Gobierno, por tercera vez, que se permita al Ayuntamiento alicantino destinar parte del dinero obtenido de la venta de suelo patrimonial, no a inversiones, como dice la Ley, sino "a gasto corriente" del consistorio, después de que la administración denegara la solicitud al considerar que "la Ley no contempla esa posibilidad". 

   Castedo ha realizado estas declaraciones este lunes en Alicante, tras un acto en el que ha entregado a los vecinos del edificio municipal de Plaza América el premio que la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) ha entregado al Ayuntamiento por las 72 viviendas intergeneracionales que alberga el inmueble.
   La alcaldesa ha destacado que se ha hecho esta petición al Ministerio de Economía, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, con la intención de que "una parte de la cantidad económica" obtenida a través de la venta de patrimonio "se pueda invertir en gasto corriente", dada "la situación económica tan grave" que viven "las administraciones locales".
   Lo que se le pide al Gobierno es "que haga una excepción temporal" en la que se marque desde la administración central "el porcentaje que se pueda destinar y a qué tipo de gasto corriente", ha dicho. 
En esta ocasión, "hemos indicado que sabemos que la Ley no contempla" lo que solicitamos, "pero precisamente por eso pedimos que sea algo temporal y que se marque incluso el porcentaje que se tenga que destinar y a qué tipo de gasto corriente".
   Si el Gobierno lo autorizara, esta medida "supondría un desahogo importantísimo par las arcas municipales", ha señalado la alcaldesa, quien ha indicado que "la administración local tiene la responsabilidad de no permitir que el funcionamiento del gasto corriente no se vea afectado".
   Según la primer edil, "la gran mayoría de los ayuntamientos están de acuerdo con esta petición, porque se han puesto en contacto con nosotros y apoyan esta petición".