La Generalitat cierra 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros

VALENCIA.- La Generalitat cerró el ejercicio 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros, lo que supone un 2,38 por ciento del presupuesto definitivo, que finalmente ascendió a 15.914 millones de euros.

   Así lo ha explicado el vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde presentó el balance de liquidación de las cuentas de 2010, que incluyen solo las Consellerias y no el resto de organismos públicos de la Generalitat, cuyos datos se conocerán a partir del 30 de junio.

   Los ingresos no financieros han alcanzado los 11.742 millones de euros, mientras que los costes no financieros han ascendido a 14.291 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos de los capítulos I a VIII del presupuesto, la diferencia entre ambos flujos deja un resultado negativo de 2.857 millones de euros.

   Asimismo, el vicepresidente económico ha destacado que si a esto se le añade la variación neta de pasivos financieros --que se derivan del endeudamiento autorizado por el Consejo de Ministros-- el saldo presupuestario del ejercicio asciende a 361,4 millones de euros.

   Gerardo Camps ha destacado que gracias a las "medidas de austeridad" impulsadas por el Ejecutivo valenciano, los gastos no financieros han descendido en 558,1 millones de euros. Al respecto, ha indicado que la reducción más importante se ha producido en gasto corriente, que ha bajado un 7,2 por ciento, y esto se ha hecho "sin comprometer ni el gasto social, que ha aumentado, ni el nivel de inversión pública". En este sentido, ha hecho referencia al Plan de Inversión Productiva en Municipios.

   El conseller ha señalado que a pesar de esta "drástica" reducción de los gastos, "la actual situación de crisis económica y la insuficiencia manifiesta del actual modelo de financiación" han provocado que los ingresos no financieros hayan disminuido en 1.393 millones de euros, lo que representa una reducción del 10,6 por ciento. Esta disminución, según Camps, sitúa los niveles de ingresos de la Generalitat en cifras similares a las del año 2006.

   De los 1.393 millones de euros menos de ingresos no financieros, "1.357 millones corresponden a la disminución de los ingresos que recibimos en virtud del actual modelo de financiación", ha aseverado Gerardo Camps, quien ha cuantificado en una reducción del 13,93 por ciento los ingresos que obtiene la Comunitat del actual modelo de financiación.

   El vicepresidente segundo del Consell ha comparado los datos de la Generaliltat con los de la Administración General del Estado, cuyos ingresos no financieros han aumentado. Al respecto, Camps ha tildado de "paradoja" que estos ingresos en las comunidades autónomas haya descendido, mientras que los del Estado hayan aumentado. Además, la disminución de gastos "es mayor en el caso de la Comunitat Valenciana que en el de la Administración General del Estado", ha indicado.

   Gerardo Camps ha criticado que las entregas a cuenta para las comunidades autónomas para el ejercicio 2010 comunicadas por el Gobierno central, en función de la aplicación del actual modelo de financiación, "han resultado claramente inferiores a los ingresos que el Estado ha tenido en virtud de la subida del IVA y de la mejora de recaudación del IRPF".

   En este sentido, ha denunciado que el Estado "está centrifugando déficit a las comunidades autónomas, para que su déficit del ejercicio parezca menor de lo que es". No obstante, ha advertido de que, cuando llegue la liquidación del año 2010, "será positiva para las comunidades y, entonces, el Estado tendrá que transferirles más fondos de los que ahora ha reconocido en las entregas a cuenta".

   En opinión del conseller, "si el Estado hubiera previsto unas entregas a cuenta para 2010 conforme a los ingresos que ha tenido en este ejercicio, el déficit de las comunidades autónomas sería menor y el del Estado sería mayor".

   El vicepresidente ha puntualizado que la tasa variación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en cuanto a ingresos del Estado ha ascendido un 4,9 por ciento y el IVA un 46,20 por ciento.

   En cambio la tasa de variación de esos mismos impuestos en virtud de las entregas a cuenta que el Estado para 2010 comunicó que iban a producirse a las comunidades autónomas, en el caso de la Comunitat era de un -26,03 por ciento y de un -26,03 por ciento, respectivamente, tal y como ha manifestado Gerardo Camps.

   El titular de Economía ha explicado que la estimación que el Gobierno valenciano tiene del cierre de contabilidad es que se colocará "algunas decimas por encima" del objetivo marcado del 2,4 por ciento.

   A su juicio, esto se debe al "castigo" a la Comunitat Valenciana por el nuevo modelo de financiación y al "error" o "falta de ajuste total de las entregas a cuentas para 2010 hecho por parte de la Administración General del Estado a a las comunidades autónomas".

   Por último, Gerardo Camps ha querido responder a quienes acusan a la Generalitat de "falta de transparencia", como la secretaria de Economía y Empleo del PSPV, Cristina Moreno, afirmando que la valenciana ha sido "la primera comunidad autónoma en presentar la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2010" y ha añadido que ha remitido toda la información al Ministerio de Economía.

Autorización

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana a realizar operaciones financieras a largo plazo, hasta un importe máximo de 141,9 millones de euros, mientras que a la Comunidad Autónoma de Aragón se le autoriza a realizar emisiones de deuda pública y tomar préstamos en moneda extranjera, hasta un importe máximo de 58 millones de euros.
   Los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas y a los planes económico-financieros de reequilibrio presentados por dichas comunidades, y tienen por finalidad cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre de 2011, por lo que no supondrán un aumento del nivel de endeudamiento al final del ejercicio.
   Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Alarte no retirará la campaña de las naranjas podridas, a las que identifica con Camps, Fabra, Ripoll y Castedo

ALICANTE.- El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha defendido la campaña 'Otro camino es posible', en la que aparecen imágenes de naranjas en diferentes estados de putrefacción, y ha aclarado que "las naranjas podridas son (Francisco) Camps, Carlos Fabra, Joaquín Ripoll y Sonia Castedo". Así, ha asegurado que no retirará la campaña hasta el 22 de mayo, cuando las naranjas "podridas" se vayan "de esta tierra". 

   En un encuentro informativo ofrecido este viernes en Alicante, Alarte ha mostrado su satisfacción por las reacciones creadas en el PP por esta campaña y ha considerado que el "objetivo" se ha "cumplido", ya que, según ha dicho, los 'populares' están "tan nerviosos que pones una zanahoria y Camps sale detrás".

   Así, ha asegurado que el PSPV no prevé retirar la campaña hasta el 22 de mayo, "en que todas las naranjas podridas de esta tierra se vayan".

"Por eso hemos querido contrastar las naranjas podridas,  --que según ha indicado corresponden al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo--, con las naranjas sanas, que somos más y somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", ha explicado.

   En este sentido, ha celebrado que esta iniciativa haya creado "un gran debate" y haya centrado el discurso en la Comunitat. "Lo que queremos es más y más debate, también queremos las naranjas sanas, y que se hable de las naranjas podridas", ha apuntado.

   Así, el PSPV pretende que la gente "pueda elegir y decidir cuál de las dos naranjas quiere: la de Camps, la de la vergüenza, el autoritarismo, la falta de democracia, la del paro y la especulación, o la nuestra, que es la de la inmensa mayoría de los valencianos, que es la del empleo, la formación, la democracia y la pluralidad".

   En cuanto a las críticas vertidas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), cuyos responsables han rechazado la utilización de naranjas podridas en esta campaña, Alarte ha agradecido "la participación de AVA en el debate". 

"Apreciamos las opiniones hasta cuando son críticas, porque siempre sirven para que nos podamos explicar mejor", ha comentado al respecto.

   Por otra parte, Alarte se ha mostrado convencido de que el anuncio de Francisco Camps de reducir a diez el número de consellerias si gana de nuevo las elecciones, "es mentira", porque "si quisiera hacerlo de verdad" no debería esperar al 22 de mayo, sino que debería hacerlo "mañana".

   Además, en su opinión, con esta propuesta "Camps se ha quedado corto", porque debería recortar "hasta un 50 por ciento y dejar el total de consellerias en siete y una vicepresidencia".

El Consell aprueba el Decreto que reconoce el carácter tradicional de las fiestas que usan la pirotecnia

VALENCIA.- El Consell ha aprobado el Decreto que reconoce el carácter religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas de la Comunitat Valenciana que hacen uso de la pirotecnia como pueden ser las Fallas, las Hogueras de San Juan, la Magdalena, la Cordà o las fiestas de Moros y Cristianos, entre otras festividades, por lo que quedan excluidas de la normativa europea sobre artículos pirotécnicos y su uso y/o adaptación.

   El texto especifica como manifestación festiva de carácter religioso, cultural o tradicional las fiestas mayores, patronales o de barrio de los diferentes municipios de la Comunitat, en las que, "de manera habitual u ocasional, pero siempre de modo ritual, se utilicen artificios de pirotecnia", según un comunicado de la Generalitat.

   Asimismo, efectúa una clasificación de las manifestaciones festivas y distingue tres grupos: el primero atañe a espectáculos y actividades que sólo pueden efectuar profesionales expertos --las mascletàs, la cremà, los castillos de fuegos artificiales o la 'corretraca', entre otros--; el segundo hace referencia a aquellos artificios de pirotecnia que pueden realizar personas expertas no profesionales necesariamente (la cordà, el correfoc o la despertà) y por último, celebraciones que puede efectuar "todo el mundo para celebrar o conmemorar algún evento de carácter familiar que no requiere de la autorización por parte de las autoridades competentes (tracas, baterías o trueno de las categorías 1,2 y 3)".

   Además, otra de las novedades del Decreto aprobado por el Consell es que rebaja las edades para el uso de material pirotécnico. De esta forma, los productos con marcado CE de Categoría 1 --de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante (bombetas, mini petardos, bengalas)-- podrán ser utilizados por los niños a partir de ocho años y los de Categoría 2 por niños a partir de 10 años, ya que también se tratan de artículos de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en zonas delimitadas como pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores.

   Para ello, los padres deberán autorizan a sus hijos menores a utilizar el material y manifiestan disponer de "formación suficiente para que no se produzcan accidentes". En cuanto se publique el Decreto en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV), la Conselleria de Gobernación colgará en su web la hoja de autorización, que también se encontrará disponible en los edificios PROP.

   Este Decreto viene motivado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, norma estatal que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos.

   El Reglamento permite a las comunidades autónomas su adaptación, con lo que la Generalitat h"a querido preservar, a través de este Decreto, las tradiciones tan arraigadas que existen en la Comunitat y que emplean la pirotecnia".

El embajador de Marruecos en España intenta hacer creer que su país está al margen de la protesta

MURCIA.- El embajador del Reino de Marruecos en España, Ahmadou Souilem, ha destacado que la situación en su país "no es la misma" que en el resto de naciones de la región del norte de África y, por ende, ha señalado que la preocupación "no ha de ser la misma".

   Souilem, quien ha insistido en que la situación que vive su país es "normal", ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa tras ser recibido por el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

   El embajador ha considerado que la analogía de la situación en el norte de África "no es aplicable a Marruecos por muchas razones, porque Marruecos ha demostrado que es un país estable y fortalecido en sus instituciones ante toda esta convulsión que se está viviendo".

   Incluso, ha destacado la estabilidad de Marruecos "en el trato y en la forma de hacer frente a esta nueva situación, no sólo a nivel de medidas políticas, sino también en las infraestructuras y en lo que es la gestión económica del Estado".

   Así, ha remarcado que Marruecos "es una monarquía en la que son posibles las manifestaciones", y ha matizado que las movilizaciones que se pueden dar "no cuestionan la legitimidad del régimen, que no ha tenido una respuesta de prohibición o impedimento de esas manifestaciones".

   Por lo tanto, ha insistido en que y, si ha habido manifestaciones, son en el marco de unas reivindicaciones "sectoriales, que no son novedosas y tampoco son manifestaciones que pretendan cuestionar el Gobierno ni el régimen".

   El embajador ha mostrado su "respeto enorme a la posición de España y de su Gobierno", en este aspecto.

   En lo que respecta a Marruecos, ha dicho que la posición es la expresada por la Liga Árabe el pasado miércoles, y que consiste en "el rechazo a cualquier intervención militar en Libia, que el pueblo libio resuelve sus problemas y que se le respete su soberanía".

   Souilem ha dicho que es una gran satisfacción "mantener contactos y las relaciones con el Gobierno central y con las distintas autonomías de España, sobre todo, aquellas en las que la presencia marroquí es notable, prueba de las buenas relaciones, de la buena vecindad, de la integración y de la apertura de estas autonomías hacia Marruecos".

   En este sentido, ha resaltado que "los intercambios culturales, políticos y comerciales con Marruecos son e trascendencia, no sólo para Marruecos, sino también para España en estos momentos en que la situación convulsa de la Región plantea ciertos interrogantes".

   En este contexto, ha dicho que este aumento y estrechamiento de las relaciones "es extraordinario y muy positivo". Así, ha dicho esperar que, en el futuro, estas relaciones "se profundicen mucho más y alcancen sectores más amplios que los actuales, en provecho de ambos pueblos y en una mejora de la atmósfera en la cuenca mediterránea en general".

Exceltur reclama un pacto de Estado para la recuperación del turismo

BARCELONA.- El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha pedido un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas para propiciar la recuperación del sector del turismo en España.

   En la segunda edición del International Summit of Tourism celebrado en la escuela de negocios Iese de Barcelona, Zoreda ha apostado por recomponer el modelo turístico español a través de una visión de "clúster comprometido".

   A su juicio, no se está impulsando suficientemente el turismo español pese ser el único sector que puede contribuir a la recuperación económica, creciendo por encima del PIB y con la generación de empleo que ello supone.

   Así, la clave, según Zoreda, es cambiar el modelo, innovar y competir por la diferenciación para dar respuestas "consistentes" a los consumidores.

   De este modo, ha criticado el modelo turístico de hace seis años por ser "insostenible", lo que ha provocado caídas de precio, competencia desleal y déficit para el sector.

¿Recuperación en 2012?

El sector turístico se muestra "moderadamente optimista" de cara al futuro y apunta a una recuperación en España, que se iniciará en 2012 y que experimentará un mayor crecimiento a partir de 2015.

   En la segunda edición del International Summit of Tourism celebrado en la escuela de negocios Iese de Barcelona, el presidente de International Tourism Consultant, Eulogio Bordas, ha sostenido que el sector turístico español empieza a recuperarse y que en 2015 ganará 4,5 millones de turistas, frente a la caída turística del 8,7% que registró en 2009 pasando de los 58 a 52 millones de turistas.

   Reino Unido y Alemania serán países importantes de emisión de turistas para España, mientras que se observa un descenso del turismo italiano, y Bordas ha invitado a revisar los acuerdos turísticos entre España y Estados Unidos a causa de un "crecimiento plano", cifrado en el 2%.

   Ha destacado la soberanía de los consumidores, el 44% de los cuales han decidido reducir su gasto de viajes siguiendo estrategias como no salir fuera del continente o cambiar el avión por el coche a favor de destinos más cercanos, según datos de Oxford Economics.

   El profesor del Iese Pedro Videla ha explicado que la recuperación no está en España, sino en el exterior, y ha apuntado que el mundo avanza a dos velocidades: la de los países emergentes --como China, México y Brasil-- y la de países avanzados como los europeos y Estados Unidos, con crecimientos más lentos.

   Ha recordado la caída turística que ha registrado España, ya que, mientras hace unos años crecía por encima de la zona euro, en la actualidad sólo ha recuperado un 6% en comparación con los niveles precrisis.

   El socio mayoritario de Boston Consulting Group, Achim Fechtel, ha asegurado que el sector tendrá en el futuro como características clave la concienciación ecológica y el turismo sostenible, a causa de la subida del precio del combustible.

   También ha remarcado otros riesgos del turismo, como el político, refiriéndose a las crisis en Túnez, Egipto y Libia, así como a su efecto positivo en Canarias.

Las protestas en el mundo árabe han derribado "el muro del miedo", según expertos en la zona

MADRID.- Las oleadas de protestas en el mundo árabe han derribado "el muro del miedo" al autoritarismo y han cambiado la faz de Oriente Próximo, con una "mutación cívica" que determinará el rumbo futuro de esa región y del norte de África, han coincidido anoche algunos de los principales expertos españoles en la zona. 

"No es una revolución. Es una revuelta antiautoritaria y de claro contenido económico y social", ha afirmado Ana Planet, investigadora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y participante en el seminario "Claves de la situación en el mundo árabe", celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El foro, al que han asistido representantes del mundo académico, político y empresarial, diplomáticos y estudiosos del mundo árabe, y en el que también ha estado presente el príncipe Felipe, ha sido organizado por el Real Instituto Elcano.

Los especialistas participantes en la mesa redonda del seminario han analizado el momento y alcance de las revueltas del último mes y medio en Túnez y Egipto, que llevaron a la caída de sus respectivos regímenes autoritarios; la actual crisis de Libia, con tintes de conflicto civil, y las protestas que se han sucedido en otros países árabes, como Marruecos, Yemen o Bahrein.

Tal y como ha subrayado Miguel Hernando de Larramendi, del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas, la punta de lanza de las protestas es "una juventud que ha recuperado su autoestima" y se ha convertido en "un auténtico revulsivo" para otras capas de la sociedad, en un "efecto contagio".

Son jóvenes que "están pidiendo oportunidades", en "un proceso rapidísimo" que ha llevado al cambio de régimen en Túnez en apenas 18 días y en Egipto en 11 días, ha explicado Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Elcano.

Según este especialista, "algo profundo ha cambiado en el mundo árabe", sobre todo "en la relación entre estado y sociedad" gracias a ese impulso de la juventud descontenta "que pide los beneficios de una globalización que está ahí fuera".

"Si en 1989 cayó el muro de Berlín de cemento y hierro, aquí está cayendo en estos momentos el muro del miedo", ha agregado Amirah.

Las protestas también han puesto de manifiesto, como ha recordado Ana Planet, "el agotamiento del islamismo" a la hora de enfrentarse a esos regímenes dictatoriales, de ahí que algunos de los principales líderes musulmanes de Egipto o Túnez se hayan sumado a la revuelta de base laica.

Los expertos también se han referido a la importancia que en este proceso están teniendo las tecnologías de la comunicación, como internet o las televisiones Al Yazira y Al Arabiya.

"Quien no esté siguiendo las redes sociales en estos países no podrá entender todo lo que está pasando", ha dicho al respecto Amirah, quien ha insistido asimismo en que esos canales de televisión panárabes han servido tanto para transmitir información como para "ensalzar el espíritu de cambio".

Se ha producido, ha apuntado el catedrático de Estudios Árabes Islámicos Bernabé López, "una mutación cívica de todo el conjunto de los pueblos árabes", que "pasa por pedir cuentas a los gobernantes y por reclamar alternativas".

Gonzalo Escribano, profesor de Economía Aplicada de la UNED, ha advertido de las dificultades que pueden pasar estos países, "que van a necesitar el apoyo internacional", ha aseverado.

Sobre ellos, ha dicho, "hay altas expectativas, pero también la incertidumbre es muy elevada", lo que debería llevar a Europa a pensar sobre los riesgos que, por ejemplo, van a suponer los irremediables cambios en el suministro energético desde la región.

Es preciso, ha señalado al respecto Amirah, "desaprender" lo que pensábamos en España de estos países y contemplar el apoyo al proceso de cambio en que están inmersos como una cuestión "de interés de estado", que vaya "más allá de los intereses partidistas".

El crédito seguirá escaso en España durante algunos años

MADRID.- El número de cajas de ahorros deberá reducirse desde 17 hasta un solo dígito, porque el sistema financiero sigue teniendo exceso de capacidad, según varios expertos del Observatorio Económico de la Fundación Faes, quienes coinciden en vaticinar que España volverá a sufrir una nueva crisis de deuda y registrará un estrechamiento del crédito durante los próximos años.

   El presidente del Centro Internacional de Investigación Financiera del IESE, Juan José Toribio, defendió que existe un exceso de capacidad instalada y que 17 cajas "son demasiadas", por lo que las fusiones en este sector se encuentran aún lejos de terminar.

   En este sentido, también vaticinó que el beneficio de las entidades financieras será menor en el futuro y que el crédito necesariamente tiene que "estrecharse" más, por lo que éste seguirá siendo uno de los problemas "más graves" de la economía.

   A su juicio, la crisis se podría haber evitado con una mejor previsión de la situación y resaltó que a pesar de las medidas puestas en marcha para resolver la situación del sistema financiero existe un problema de fondo, la valoración de sus activos.

   Toribio explicó que si se valoraron a 'cero' el sistema estaría en quiebra, y si se valoran a '100', supondría que la banca no tiene problemas de solvencia ni de liquidez, por lo que insistió en que "el reto" de los supervisores es ver "con qué tino" se valoran esos activos.

   Asimismo, resaltó que uno de los problemas a los que se seguirán enfrentando las entidades será la liquidez, ya que "es díficil" renovar el vencimiento de los bonos en el mercado, no sólo porque el tipo de interés es más alto, sino también porque existe un problema de confianza.

   Por su parte, el profesor del IE Business School Fernando Fernández resaltó que el mercado internacional no entiende el concepto de cajas de ahorros y que deben transformarse en bancos para poder captar capital.

   A su juicio, las cajas "han muerto de éxito" y han cumplido su papel muy bien, pero ahora deben adaptarse al nuevo escenario. En este sentido, valoró que todas las medidas del Gobierno para paliar la situación del sistema financiero han fracasado, y que el dinero que se ha prestado a las entidades, en algunos casos, no se recuperará, porque no podrán pagar y tendrán que ser intervenidas.

   Además, criticó que se dé dinero a los mismos gestores de entidades que no han sabido gestionarlas, y defendió que los inversores quieren una solución concreta para las cajas, no un amplio abanico para que elijan las propias entidades.

   Asimismo, consideró que las cajas necesitarán más de 20.000 millones para recapitalizarse "porque los activos tóxicos valen más cero, que 100", y consideró que entre las posibles soluciones a tener en cuenta se encuentran la de "convertir las cajas en sociedades anónimas", y lograr un "régimen jurídico para las fundaciones", con el fin de evitar que sigan controladas por las comunidades autónomas.

   Fernández también consideró necesario imponer un calendario obligatorio de privatización de las entidades e intervenir o liquidar a aquellas entidades que lo necesiten. En este sentido, recalcó que el sistema financiero será nacionalizado parcialmente y que España necesitará la ayuda europea.

   Este experto también señaló que el consejo europeo de marzo, donde ser abordará la ampliación del fondo de rescate, será clave para los denominados países periféricos, como España, y coincidió con el resto de expertos en que se producirá una nueva crisis de deuda en los próximos meses.

   El presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, también resaltó que las cajas necesariamente deberán reducir más su número, "hasta un dígito", y que no sólo se fusionarán con bancos españoles, sino también extranjeros.

   En cuanto al crédito, Feito reconoció que España es dependiente del crédito por el gran número de pymes que componen el tejido empresarial español, pero hizo hincapié en que "la culpa de que no se canalice el crédito no es de la banca, porque, incluso, hacen más de lo que pueden".

   Feito defendió que a las entidades financieras no se les presta dinero y que los recursos que captan no son suficientes para cubrir la demanda de financiación, a lo que se une el alto endeudamiento de las familias.

   En este sentido, resaltó que no es incompatible el crecimiento económico con la falta de crédito, ya que se puede obtener financiación mediante la exportación, pero resaltó que sí es incompatible con la generación de empleo si el crecimiento que se logra no es fuerte.

   Asimismo, Feito insistió en que el mayor deterioro del crédito que se produzca en España en los próximos meses dependerá de cómo afronten las autoridades europeas y españolas el ataque a la deuda que se producirá en los próximos meses.

   El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE también coincidió en que la reestructuración financiera se ha acometido "tarde" y que se está regulando en exceso, cuando éste fue uno de los principales detonadores de la crisis. A su juicio, esto se produce por miedo a que se den nuevos problemas en el corto plazo.

El saldo vivo de la deuda autonómica se duplica durante la crisis y se acerca a 120.000 millones

MADRID.- El saldo vivo de la deuda autonómica se ha multiplicado por dos durante la crisis económica y podría haber cerrado el año entre 115.000 y 120.000 millones de euros, según uno de los informes del último número de Cuadernos de información económica de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).

   El documento, elaborado por Iker Goikoetxea y César Cantalapiedra, de Analistas Financieros (AFI), asegura que, si se estima una vida media de entre cinco y seis años, el conjunto de los presupuestos autonómicos tendría que asumir una amortización anual que rondará entre 20.000 y 25.000 millones de euros.

   El informe repasa el "considerable" repunte que se ha producido en el stock de deuda pública en los últimos tiempos, que ha llegado a doblar su peso sobre el PIB en tres años, aunque los niveles se han mantenido por debajo del resto de los países del entorno.

   Actualmente, algo más de tres cuartas partes de la deuda está respaldada por la Administración Central, mientras que el 23,6% restante se divide de forma muy heterogénea entre las 17 comunidades autónomas y más de 8.200 municipios. La parte más representativa es la deuda regional, que equivale a un 17,5% del total y a un 10,2% del PIB. La deuda de las corporaciones locales es una tercera parte de la regional y apenas supera el 6% de la deuda pública.

   En cuanto al crecimiento económico, el gabinete de estadística regional de Funcas asegura que toda las comunidades y ciudades autónomas han experimentado un proceso de recuperación en 2010, encabezadas por Navarra, que fue la Comunidad que más creció el año pasado (1,7%).

   A continuación se situaron Canarias (0,78%), Ceuta (0,72%), Madrid (0,46%), Castilla y León (0,35%), Asturias (0,32%), País Vasco (0,30%), Cantabria (0,18%), La Rioja (0,13%) y Cantabria (0,01%).

   En cambio, un total de nueve comunidades y una ciudad autónoma registraron una evolución negativa y más intensa que la media en el año 2010, como Galicia (-0,25%), Cataluña (-0,47%), Melilla (-0,56%), Comunidad Valenciana (-0,64%), Aragón (-0,74%), Extremadura (-0,81%) y Andalucía (-0,87%). Los últimos puestos los ocuparon Baleares (-1,79%), Murcia (-1,27%) y Castilla-La Mancha (-1,04%).

   En el periodo 2000-2010, Madrid, Navarra, La Rioja y, más recientemente, Cantabria han combinado un crecimiento económico y un nivel de PIB por habitante superiores a la media española, formando así "el auténtico cuadro de honor" de las autonomías españolas desde el punto de vista económico.

   Murcia, Andalucía, Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana han mostrado un alto crecimiento, pero mantienen un nivel de PIB por habitante inferior a la media.

   En cambio, Cataluña, Aragón y el País Vasco tienen un nivel alto de PIB por habitante, pero su crecimiento en el periodo ha estado por debajo de la media española. Finalmente, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Baleares tienen un nivel de PIB por habitante y un crecimiento inferior a la media.

   Funcas cree que la recuperación "ligera y dispar" ha paralizado el avance de la convergencia regional española con cierta intensidad, aunque las autonomías han mejorado en 2010 su convergencia con Europa en renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Sólo Andalucía, Murcia y Melilla han reducido su índice de convergencia con Europa.

   La tasa de paro, por su parte, oscila entre el 28,70% de Canarias y el 10,55% del País Vasco, mientras que la media española es del 20,06%. El aumento del paro, según Funcas, ha contribuido a un crecimiento de la productividad que va desde el 2,98% de Navarra al 1,28% de Extremadura.

   En materia de precios, Funcas cree que la inflación continuará por encima del 3% hasta mayo o junio si el precio del barril de crudo se mantiene en los niveles de enero (96,4 dólares), aunque con cierta tendencia descendente a partir del mes de marzo que se acentuará en julio y diciembre al desaparecer el efecto escalón provocado por la subida del IVA y de los impuestos del tabaco.

   Así, el IPC cerraría el año por debajo del 2%, mientras que la inflación subyacente se mantendrá durante todo el año por debajo del 2% porque las condiciones de la demanda aún serán muy débiles, lo que limitará el traslado hacia los precios finales del mayor coste de las materias primas.

Fitch cree que comunidades y ayuntamientos suponen el "mayor riesgo" para la consolidación fiscal en España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas y los gobiernos locales son "el mayor riesgo" al que se enfrenta la economía española para cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal, y remarca que aportan "incertidumbre" al rendimiento final de las cuentas nacionales. 

  "Dada su significativa proporción en el presupuesto general y su relativa falta de transparencia y retraso a la hora de informar sobre su ejecución presupuestaria, este sector añade un grado de incertidumbre al rendimiento final del Gobierno general", incide Fitch en un informe sobre la deuda soberana en la eurozona.

   Pese a todo, reconoce el "compromiso político" que existe en España con la consolidación fiscal, como demuestra que el Gobierno central haya superado los objetivos fiscales marcados para 2010 y haya mostrado su voluntad de adoptar medidas fiscales adicionales para cumplir la reducción de déficit marcada para 2011 en caso de que sea necesario.

   En este sentido, la agencia de calificación crediticia señala que, aunque España entró en la crisis financiera con superávit público y un endeudamiento inferior al de otros países, su posición de fortaleza fiscal se ha deteriorado rápidamente.

   Así, cree que las reformas estructurales mejorarán las perspectivas de crecimiento a medio plazo y la flexibilidad, aunque reconoce que el proceso de "desapalancamiento" del sector privado y la austeridad fiscal implicarán que la recuperación económica será "relativamente débil y frágil".

   Respecto al sistema financiero, señala que, a pesar de que el núcleo del sector bancario, dominado por el Santander y el BBVA, es "relativamente fuerte", las preocupaciones por el coste potencial de recapitalizar y reestructurar las cajas de ahorros "pesa en el mercado" y en la evaluación del rating de España.

   Así, advierte de que un coste de reestructuración del sector superior a los 23.000 millones de euros estimados por Fitch en julio de 2010 o un aumento del coste fiscal derivado de la recapitalización de las cajas tendría "implicaciones negativas" para la calificación soberana de España.

Las Corts desestiman una moción del PSPV para evaluar el sistema sanitario de concesión administrativa

VALENCIA.- El pleno de las Corts ha desestimado este jueves, por los votos en contra de los diputados 'populares', una moción presentada por el grupo parlamentario socialista de evaluar la política de la Conselleria de Sanidad en materia de departamentos de salud gestionados mediante concesión administrativa. Los tres grupos de la oposición, por su parte, han votado a favor.

   El diputado parlamentario socialista Ignacio Subías ha señalado que el Consell dice que el modelo de gestión sanitaria mediante concesión administrativa es "más eficiente, más barato" y que los usuarios están "más contentos" y los profesionales sanitarios "más satisfechos". Por ello, ha preguntado: "¿es mejor el hospital de Manises que otros como el Clínico?".

   Subías, en su moción subsiguiente a la interpelación al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, pedía a la Generaliltat que evalúe lo que  está haciendo en materia sanitaria y planteaba una serie de medidas como potenciar la atención primaria, mejorar la coordinación entre primaria y epecializada, mejorar las condiciones labores de los trabajadores, profesionalizar la gestión, reducir el gasto farmacéutico, hacer una utilización "adecuada" de las nuevas tecnologías y coordinar el sistema sociosanitario, entre otras.

   El diputado del grupo parlamentario socialista ha criticado que el PP "ha decidido como modelo básico la privatización" y ha señalado de que, de esta forma, se está "poniendo en cuestión" el sistema público. En este sentido, ha advertido de que "el modelo que están implantado puede llevar a un sistema dual, donde aquellos que tienen menos recursos queden al margen".

   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario popular Alicia de Miguel ha asegurado que el analisis de la sanidad valenciana que realizan los socialistas es "absolutamente erróneo" y ha hecho hincapié en que el PP apuesta por "una sanidad pública, universal y gratuita", así como por integrar en este modelo "todos los recursos que existen en beneficio de los ciudadanos".

   No obstante, ha señalado que en el siglo XXI "el siglo de la modernidad y de la innovación" no se puede "pretender creer que el único proveedor de la gestión sanitaria sea el sistema público". De Miguel ha subrayado el "esfuerzo" llevado a cabo por la Conselleria de Sanidad y el PP y ha asegurado que, desde hace años, "estamos haciendo más con menos".  

   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Compromís Mònica Oltra ha expresado su apoyo a la moción de los socialista, aunque ha señalado que "hace tiempo" que se ha estudiado este modelo sanitario. Para Oltra, la sanidad "no está para hacer negocio".

   Así, la parlamentaria de Compromís ha destacado la apuesta de Compromís por la gestión pública, ya que entiende que es "la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas" para los trabajadores sanitarios y, además, "ahorra gastos a las arcas pública".

   Del mismo modo, la diputada de la Agrupación de No Adscritios y dirigente de EUPV Marina Albiol también ha valorado la propuesta del PSPV y ha hecho hincapié en que "es el momento de destinar todos los recursos posibles para mejorar la sanidad pública valenciana".

Luna acusa a Camps de "amedrentar" a la oposición y "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Ángel Luna, ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "amedrentar a los diputados de la oposición" y de querer "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa". Sin embargo, los socialistas "queremos ejemplarizar con el comportamiento" para que los ciudadanos sepan que a Camps "se le puede plantar cara y no pasa nada" y que "lo que hace mal hay que denunciarlo" para que esta sociedad "funcione bien".

   Luna se ha expresado de esta manera en la sesión de control a Camps en las Corts, a quien le ha preguntado si "considera compatible con la democracia amenazar, perseguir y castigar a la oposición por mantener actitudes críticas" con el Consell. En este sentido, se ha preguntado que si se "consigue amedrentar a los diputados de la oposición que gozamos de inmunidad parlamentaria, quién no se va amedrentar en la calle".

   Así, Luna ha insistido en que, "si los empresarios, que saben que se amañan concursos, ven que los diputados de la oposición no podemos denunciarles aquí, quién se va a atrever a llevarles a ustedes a los tribunales". Por ello, ha afirmado que "hay mucha gente pendiente de lo que aquí pasa".  

   El síndic socialista ha señalado que la situación judicial le ha provocado una "inseguridad" a Camps que "le lleva a tener modos de aprendiz de autócrata". Esto se refleja, ha dicho, en los aplausos que recibe al entrar en hemiciclo en la sesiones de control, pero "sólo en repúblicas bananeras y países del Este aplauden a los líderes nada más entrar" al Parlamento. "Ha buscado y conseguido la sumisión de su partido", ha agregado.  

   "No sé a qué caverna de la historia quiere retrotraernos pero, le aseguro que con nosotros no va a contar en ese viaje al pasado" porque "vamos a hacer todo lo posible para acabar con su autocracia", ha asegurado Luna.

   En esta línea, ha afirmado que Camps es un "candidato vergonzante" que no utilizará carteles para la promoción electoral porque "no se atreve a salir con la cara por delante" y que "lo único a lo que aspira es a ver si algún incauto vota al PP sin saber que es Camps el candidato". Así, ha retado a Camps a "poner su cara en la calle" para que "le vean" y "sepan que es el de los trajes, el de la corrupción, el que se va a presentar a las elecciones".

   Frente a esto, el presidente y candidato a la Generalitat, ha contestado que "en estos momentos, y así son de tozudas las encuestas, soy el presidente con una mayor aceptación de la historia ocho años después de ser presidente" y lo dicen los sondeos del PP y las del PSPV, ha afirmado.

   Así, ha señalado que el hecho de no utilizar cartelería en la campaña es una cuestión de "austeridad", frente a lo que hace el PSPV que es "sacar naranjas podridas -en referencia a una imagen de la campaña socialista--, que es la peor elección" porque supone "otro ataque a la agricultura valenciana".

   Camps también ha asegurado que "no ha dejado de estar en la calle y de ir por el mundo trayendo inversiones y proyectos a la Comunitat". Así, ha señalado que el presidente y consejero delegado de Ford Motor Company, Alan Mulally, en su primera visita a Europa "en lugar de ir a Madrid a visitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, primero quiso coger fuerzas" en Valencia.

   Frente a esto, ha asegurado que es el síndic socialista el que  "está todo el día en la caverna" y "lo sacan a pasear los jueves por la mañana". "Vive en esa oscuridad permanente", ha apuntado.

   Camps insistido también en conocer el origen de la filtración del informe del caso Gürtel que Luna exhibió en las Corts. "Si Luna creyese en la Justicia iría con el documento" al juzgado y "no escondiéndolo", ha dicho.

   Por otro lado, Luna ha comentado que uno de los "castigos previstos" por el PP para la oposición en la próxima legislatura es el recorte de las subvenciones públicas a los partidos. No obstante, se ha preguntado cómo se van a financiar los 'populares' si sus afiliados no pagan cuotas --no así los de los socialistas--. Por ello, se ha preguntado si es que en el PP "han encontrado a un sustituto de la trama Gürtel".

   En respuesta a esta cuestión, el presidente Camps ha apuntado que el portavoz socialista podría escribir la "'Tesis doctoral Luna: cómo aprovecharse de su paso por la Alcaldía, dejando un desastre de ciudad pero asegurando el futuro personal y familiar'".

   Por otro lado, Luna ha mencionado las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien considera que Camps pudo haber "pecado de ingenuidad" en el caso de los trajes. En opinión del síndic socialista, eso supone reconocer que "problemas hay" y que tal vez ésta forma de expresarse "sea la única manera que tiene de reconocer que --Camps-- es culpable".

El PSPV pide una solución urgente ante el posible cierre del vertedero de Crevillente

ALICANTE.- La portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, María Teresa Carbonell, ha advertido de que, en el plazo de tres meses, se producirá el cierre del vertedero de Crevillente en el que siete municipios de la Vega Baja depositan sus residuos, y ha reclamado la convocatoria urgente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja para buscar "una solución a este grave problema".

   En el transcurso del pleno ordinario celebrado este jueves por la Diputación de Alicante, Carbonell ha expuesto que la empresa privada propietaria de la planta de tratamiento de Crevillent, Abornasa, recientemente advirtió a los ayuntamientos afectados de que en el plazo de tres meses iba a cerrar sus puertas a la llegada de residuos sólidos urbanos de varios municipios de la Vega Baja, si las administraciones implicadas en el Consorcio del Plan Zonal XVII, --encabezadas por la Diputación--, no le ofrece garantías legales sobre su futuro.

   En el ruego elevado al pleno, la portavoz socialista además ha aludido a los "constantes retrasos" en la construcción de la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Zona XVII, cuyo futuro está condicionado a la decisión de los tribunales de justicia --en alusión al llamado caso 'Brugal' que investiga, entre otros aspectos, las presuntas irregularidades en la contrata de este plan--.

   Esta situación ha llevado a muchos municipios de la Vega Baja a tratar sus residuos en plantas de vertido que se encuentran "en una situación incierta y provisional, desde el punto de vista económico y técnico, además de encontrarse en una situación jurídica muy precaria".

   La portavoz socialista ha calculado que a medio plazo las instalaciones de tratamiento de residuos de la Zona XVII "a medio plazo no estarán en funcionamiento", por lo que ha remarcado la necesidad de que el Consorcio de Residuos de esta zona en el plazo de quince días se reúna y "adopte medidas alternativas de carácter transitorio que acaben con la provisionalidad e inseguridad que viven hoy día".

   El presidente de la Diputación y presidente del citado Consorcio, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su disposición de convocar este encuentro si lo piden alguno de los ayuntamientos afectados, si bien ha estimado que el ruego elevado este jueves por el Grupo Socialista responde a la demanda de la empresa privada, Abornasa.

Ripoll dice que "con cierta cintura", en el PP se evitarían casos como el de Morató

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha opinado que "no se está actuando de manera correcta" con el edil del PP y exalcalde calpino, Francisco Javier Morató, quien ha anunciado su intención de abandonar el PP y crear un nuevo partido, y ha considerado que "con cierta cintura" no se producirían este tipo de incidentes.

   Al término del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación provincial, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha instado al candidato del PP a la alcaldía de Calpe a que "piense que el futuro se decide el 22 de mayo y que el pueblo, sobre todo en los municipios de ese tamaño, siempre sigue muy de cerca todos los movimientos que se puedan producir en los distintos partidos".

   "No estamos haciendo las cosas bien y ahí, con cierta cintura, sería suficiente para que no se produjera este tipo de incidentes, y sobre todo de una persona que ha sido durante tantos años alcalde del PP como Javier Morató: creo que no se le ha tratado como corresponde".

   Ripoll ha explicado que Javier Morató escribió una carta al candidato local, de la que este miércoles le dio una copia, y cuyo contenido, a su parecer, "tiene razón en bastantes de los aspectos que recoge".

  Además, en la negociación abierta entre las partes para establecer una lista de consenso, ha opinado que "las peticiones no eran excesivamente elevadas como para atenderlas por parte del candidato, después del esfuerzo que ha hecho el propio Javier Morató como presidente del partido para proponer de una manera unánime a César Sánchez como candidato".

   Ripoll ha lamentado que en este conflicto "no se ha abierto el proceso de diálogo, porque Morató lo ha trasladado todo a través de una carta y ni siquiera se le ha contestado a esa carta". Javier Morató, ha insistido, "es un exalcalde del PP de muchos años y se merece por lo menos la consideración y la atención a lo que plantea, que es bastante razonable".

"SITUACIÓN COMPLICADÍSIMA"

  Por su parte, el diputado provincial y edil calpino, Juan Roselló, ha lamentado esta nueva escisión del PP en Calpe y ha comentado que la situación política en el municipio es "totalmente difícil" y "complicadísima", ya que en este momento hay nueve candidaturas a la alcaldía.

   Además, ha resaltado que, de éstas cuatro son de escisiones del PP o de voto que el PP habría podido recabar anteriormente, como  Alternativa Popular Calpina, como se llama el nuevo partido del exalcalde, Javier Morató; Gent de Calp, de otro edil del PP, Pedro Jaime Fernández; y CDS.

   En este sentido, ha apostado por el candidato del PP, César Sánchez, a quien ha definido como "joven, preparado" y, según ha dicho, "tiene una experiencia política como concejal y en las Corts Valencianes, es diputado y siempre ha estado ahí".

   En cuanto a Morató, ha explicado que le ha enviado una carta, en la que también le da las llaves de la agrupación del PP de Calpe, porque también dimite como presidente y afiliado del PP. Roselló ha dicho "comprender", aunque no "compartir" los motivos de Morató, ya que, según ha señalado, es partidario de "una renovación" en el PP, así como de que haya "unidad y una única lista".

   No obstante, se ha puesto a disposición de Sánchez para presidir "temporalmente" la agrupación local de Calpe, aunque consciente de que él ya ha "cumplido una etapa".

Castedo declara un patrimonio de 95.000 euros y un pasivo de 225.506 euros

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha declarado tener bienes por unos 95.000 euros, 66.438 de ellos en concepto de bienes inmuebles y el resto en otros bienes, y un pasivo de 225.506 euros, según figura en la declaración de actividades y bienes de los miembros de la corporación municipal, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) en cumplimiento de la Ley de Régimen Local. 

   El concejal de Cultura, Miguel Valor, es el edil que declara un mayor patrimonio, con bienes por un total de 829.299 euros --499.179 euros en inmuebles y los 330.320 euros restantes por otros bienes--, sin ninguna carga pendiente.

   La edil de Deportes, Isabel Fernández, es la segunda con mayor patrimonio de la corporación local, con un total de 536.940 euros de los cuales 160.468 euros proceden de bienes inmuebles, y el resto de otros bienes, mientras que su pasivo asciende a 23.269 euros.

   Tras Isabel Fernández, el edil y presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, declara un patrimonio total de 369.999 euros --321.582 euros en bienes inmuebles, y los restantes en otros bienes--, así como préstamos y deudas por valor de 312.594 euros.

   El concejal delegado de Modernización de Infraestructuras municipales, Francisco Sánchez Luna, dispone de bienes por 320.000 euros, todos ellos procedentes de bienes no inmuebles, y un pasivo de 95.000 euros.

   El sexto teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, de Tráfico, Seguridad, Transportes y Empleo y Fomento, Juan Seva, por su parte declara un activo de 302.372 euros --94.468 euros en bienes inmuebles y 207.684 euros en otros bienes--, y un pasivo de 935 euros.

   En este Ayuntamiento, también en el equipo de Gobierno, el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Patrimonio y Vía Pública, Juan Zaragoza, tiene un patrimonio que se eleva a 296.411 euros --202.500 euros de bienes no inmuebles--, y un pasivo de 200.254 euros.

   Los siguientes con mayor activo son: la portavoz socialista, María del Carmen Sánchez Brufal --con 222.778 euros sin cargas--; la edil socialista, María José Adsuar, --con un patrimonio de 186.900 euros y un pasivo de 157.353 euros--; el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza --con un patrimonio de 168.781 euros y un pasivo de 92.683 euros--.

   La concejal de Imagen Urbana, María Otilia García, declara bienes por valor de 162.067 euros --de ellos, 103.023 euros en bienes inmuebles, y un pasivo de 183.523 euros--; la edil de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román, dispone de 148.215 euros y un pasivo de 41.312 euros; la delegada del Presidencia y Coordinación de Áreas, Sonia Alegría, declara 144.375 euros y un pasivo de 140.239 euros.

   El socialista Ángel Pernías declara 141.350 euros de patrimonio y cargas por valor de 28.000 euros; su compañero de agrupación, Eduardo Díez, dispone de bienes por un total de 134.000 euros y préstamos y deudas por 38.500 euros; seguido de Laura Soler, con bienes por 128.873 y cargas por 57.521 euros; Manuel de Barros declara 117.727 euros en activo y 26.697 euros en pasivo, y José Luis Viñes, un activo de 114.637 euros y un pasivo de 19.546 euros.

   A continuación, las ediles también del PSPV María de las Nieves Olmos y María Dolores Fernández declaran bienes por valor de 105.843  y 103.832 euros, respectivamente, y un pasivo de 121.279 y 49.605 euros.

   La alcaldesa de Alicante, es la vigésima por orden de patrimonio de toda la corporación, con bienes por unos 95.000 euros, y un pasivo de 225.506 euros, seguida de su primer teniente de alcalde y concejal de Atención Urbana, Contratación y Plaza de Toros, Andrés Llorens, que dispone de un patrimonio de 87.756 euros y un pasivo de 50.055 euros.

   La concejala de Participación Ciudadana, María Ángeles Goitia, declara 85.813 euros sin cargas; la socialista María Aurora Gómez, 84.206 euros con un pasivo de 191.571 euros; la quinta teniente de alcalde y concejala de Fiestas y Turismo, así como portavoz del Grupo Popular, Marta García Romeu, declara un patrimonio valorado en 65.000 euros con un pasivo de 50.000 euros y su compañera de grupo, la edil Asunción Sánchez Zaplana, declara 64.960 euros y cargas por 90.723 euros.

  Los últimos de la lista, por volumen de patrimonio, son: el delegado de Vivienda, Miguel Cabeza --con bienes por 57.778 euros sin cargas--; el socialista Vicente Urios --con 49.488 euros sin cargas--; el concejal de Comercio, Estadística y Partidas Rurales, José Antonio Sobrino --con 40.790 euros en bienes y préstamos por 305.000 euros--; y los socialistas Jorge Espí --con 39.030 euros y cargas por 77.468 euros-- y Javier Macho -con bienes por 22.861 euros y 13.371 euros en pasivo--.

   Por su parte, la concejal socialista María Dolores Cardona es la que declara bienes por un valor más bajo, --con un patrimonio total de 15.000 euros procedentes íntegramente de bienes no inmuebles y un pasivo de 37.799 euros--, seguida de la edil de Juventud, Laura Chorro, que hace constar un patrimonio de 18.673 euros, también de bienes no inmuebles, y un pasivo de 7.138 euros.

La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB

MADRID.-   La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

   Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes).

   Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

   A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

   En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.

   Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.

   En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.

   Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Elena Martín: “La Ciudad de la Luz ha pasado a ser una vergonzosa realidad judicial”

ALICANTE.- La candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Elena Martín, muestra su apoyo a los vecinos de Aguamarga que han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que se haga justicia, al declarar nula la expropiación de los terrenos que sirvieron para construir la Ciudad de la Luz, alegando un interés social poco justificado. La sentencia del alto tribunal condena al Gobierno de la Generalitat a indemnizaciones millonarias “que nos toca pagar entre todos por su mala gestión”, ha dicho.

Para la candidata socialista, “esto no es nuevo sino que es un ejemplo más de la forma de gobernar del Partido Popular que antepone su prepotencia a las leyes, acarreando a las arcas públicas indemnizaciones millonarias por su ineptitud, incumplimiento de la legalidad y falta de respeto a los ciudadanos, a los que les quitaron sus viviendas y terrenos sin tener en cuenta las advertencias de los informes técnicos municipales que advirtieron de la posibilidad de litigios con resultados impredecibles. La Ciudad de la Luz ha pasado de ser un referente cinematográfico para el Partido Popular a una vergonzosa realidad judicial”.

“Ahora esos resultados impredecibles están sobre la mesa”, ha dicho Elena Martín, “y los tendremos que pagar entre todos, lo que supone destinar los fondos públicos a reparar daños causados con una política nefasta para el ciudadano”. La candidata socialista recuerda que “los técnicos del Ayuntamiento de Alicante expusieron hasta 23 razones en sus informes para alegar en contra de la expropiación, ahora invalidada por el alto Tribunal”, ha añadido.

Así, los técnicos del Ayuntamiento de Alicante alegaron en su día que el ámbito de expropiación invade el Plan Parcial de Aguamarga, en su extremo suroccidental; que hay múltiples errores en las descripciones físicas de las propiedades, falta de identificación registral de parcelas afectadas, falta de correspondencia entre las descripciones de algunas parcelas y el perímetro grafiado en el plano; o que la utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público, elegido como método para permitir la actuación directa de la Administración, daba unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración que podían alentar litigios con resultados impredecibles.

A esto hay que sumar que no se compartió, por parte de los técnicos municipales, la interpretación legal que la Generalitat siguió para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado, ni se compartieron los cuadros de valoración del precio del suelo, ni el valor de las construcciones existentes, entre otros.

“Pero el gobierno de la ciudad, comandado por Díaz Alperi, mentor de Castedo, aplaudió el macro-proyecto urbanístico a sabiendas de los informes, sin ni siquiera saber en qué consistía. El paso del tiempo lo ha situado como un pozo sin fondo de alcance desconocido”, ha asegurado Elena Martín.

Las 23 razones

Según los informes de los técnicos municipales, las 23 razones que alegaban en contra de la expropiación, que ahora ha invalidado el Tribunal Supremo son las siguientes:

1. El ámbito de la expropiación invade, en su extremo suroccidental, el Plan Parcial de Aguamarga (una superficie de 3.408 m2).

2. Las descripciones físicas de las propiedades resultan incompletas e insuficientes (puntos cardinales, nombre de los propietarios de los linderos, descripción individualizada de las parcelas independientes).

3. No aparece la identificación registral concreta de las parcelas afectadas.

4. Se incluyen datos registrales de fincas sin la certeza de estar comprendidas dentro del ámbito de la expropiación.

5. Falta de correspondencia entre las descripciones alguna parcela (la A 8) y el perímetro grafiado sobre el plano.

6. Falta de acuerdo sobre la titularidad de la parcela A 10.

7. Propiedad errónea de la parcela A 13.

8. No se ha incluido la Cañada Real del Portichol entre los bienes de dominio público del ámbito (con una anchura de 75’22 m. discurre por la zona Norte en dirección Oeste-Este.

9. La utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público (art. 99.1 de la LRAU), elegido como método para la actuación directa de la Administración en la zona otorga, según los técnicos municipales, da unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración "que pueden alentar alguna litigiosidad con resultados impredecibles".

10. Aunque la expropiación iniciada afecta tan sólo a la denominada "zona A", en la memoria del Proyecto de Expropiación se adelantan parámetros y determinaciones que afectarán a la "zona B".

11. En tal sentido, dentro de la "zona B" se ha incluido parte del Parque Litoral previsto por el PGOU que, en opinión de los técnicos municipales, "no deberá incluirse ni en el Proyecto de expropiación ni sufrir alteraciones en sus funciones".

12. No se comparte por los técnicos municipales la interpretación legal que la Generalitat ha seguido para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado. "En el caso presente, seguir dichos criterios resultaría todavía más violento que en otros supuestos".

13. No se comparten los cuadros de valoración obtenidos en el grupo de "monte" y, muy especialmente, en el subgrupo "monte bajo" (90 pts./ m2 ).

14. Para los técnicos municipales, no tiene sentido la horquilla de precios tan amplia establecida por la Generalitat (de 750 a 90 pts/m2) para el área expropiable.

15. Debería modularse el precio en función de la superficie expropiada.

16. El valor de las construcciones existentes dado por la Generalitat es considerado muy bajo por los técnicos municipales.

17. Tampoco se distinguen las variedades que pudieran darse en las construcciones.

18. No se adopta el valor unitario de parcela en los supuestos de suelos urbanos y urbanizables, no compartiendo los técnicos municipales los criterios esgrimidos para ello por la Generalitat.

19. No se introducen en la valoración las servidumbre presentes (gas, tendido eléctrico).

20. No se señalan las posibles servidumbres registrales en cada finca individualizada.

21. La justificación de la causa expropiatoria sigue pareciendo escasa a juicio de los técnicos
municipales.

22. No se incluye en el Proyecto de Expropiación la pobre justificación contenida en el Plan
Especial para habilitar la intervención de la Generalitat.

23. Se exige la inclusión en el citado Proyecto de Expropiación "alguna razón material que pudiera conceptuarse como "causa justificada de utilidad pública o interés social", que diese información a los afectados de la finalidad que motiva la privación coactiva de sus propiedades y que aportase una cobertura más sólida al Proyecto, que lo dejase razonablemente a salvo de los resultados de posibles impugnaciones jurisdiccionales".

CCOO teme que los ERE en los ayuntamientos se disparen tras las elecciones de mayo

MADRID.- CC.OO. ha advertido sobre la sucesión de ERE en las administraciones públicas durante 2010 tanto de extinciones de contratos como de suspensión o reducción de jornada, al tiempo que ha mostrado su preocupación por que esta tendencia se dispare tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. 

   "Puede tratarse sólo de un principio (...), tras las elecciones puede registrarse un aumento de ERE que dejen la puerta abierta al despido de trabajadores fijos en la Administración", subrayó el sindicato encabezado por Ignacio Fernández Toxo en un comunicado.

   Por ello, la central avisó de que empleará "todos los mecanismo sindicales y jurídicos" a su alcance, al considerar que ni el despido colectivo ni objetivo fundamentan su instrumentación en este ámbito. 

   "En la Administración Pública cabe hablar de eficacia y eficiencia, pero nunca de competitividad", lamentó, para después reiterar que continuará exigiendo un "verdadero control y valoración" por la causa invocada por las empresas o las administraciones públicas.

Los megafondos Cerberus y Paulson tantean a Mare Nostrum y Banco Base

MADRID.-  Los fondos de inversión Cerberus y Paulson Co ya han iniciado su primera aproximación al sector financiero español y sitúan en su punto de mira a dos nuevos bancos surgidos de la fusión de las cajas de ahorros: Mare Nostrum y Banco Base, según avanza hoy 'El Economista'.

Según informan en fuentes financieras consultadas por el citado periódico madrileño, el máximo responsable de Cerberus, John Snow, habría visitado recientemente Madrid para interesarse por una posible entrada en el capital de estas nuevas entidades.

¿La razón? Los informes que maneja el fondo de inversión apuntan a que España ya habría tocado suelo, con lo que sólo cabría esperar crecimiento a partir de ahora e identificaría como un nicho de inversión estas entidades. Sin embargo, cualquier decisión de inversión se aplazaría hasta el 10 de marzo, fecha en la que el Banco de España desnudará a las cajas para conocer su situación real.

Banco Mare Nostrum, en el que están integradas Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, podría dar entrada a uno de estos fondos para evitar una salida a bolsa y, al mismo tiempo, vender a un tercero de manera directa el 20% del capital para cubrir el mínimo de solvencia exigido con la nueva regulación, que es del 8 por ciento. La inversión, según fuentes financieras, se situaría en torno a los 400 millones de euros.

Con esta operación, el SIP que lidera Caja Murcia esquivaría el requerimiento máximo del 10% y tener que cotizar en el mercado a precios de saldo en un momento en que todavía los inversores desconfían del sector y en el que va a existir una oferta excesiva de acciones de los grupos de cajas en los próximos meses.

La intención de Mare Nostrum, según las mismas fuentes, es aplazar al máximo su cotización en el mercado, hasta en dos o tres años.

Además, la entrada de uno de estos fondos podría contribuir a apuntalar el core capital (solvencia) de la entidad que, actualmente, se sitúa en el 8,4%. No obstante, hay que recordar que el nuevo real decreto cambia esa ratio por la de capital principal con unos componentes cuyo peso aún estaría por determinar.

Mientras tanto, Banco Base, la entidad que lidera el Grupo Cajastur y en la que también están CAM, Extremadura y Cantabria estaría en el foco de otro de los fondos internacionales de inversión sin que que se hubiera definido aún ni las condiciones ni el importe total por el que contribuiría a recapitalizar.

La entidad, cuyo primer ejecutivo es Manuel Menéndez cuenta con un core capital del 8,1% que a través de la entrada de un inversor privado podría adecuarse a la nueva regulación.

El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, consideraba ayer "muy conveniente" que las cajas de ahorros capten inversión extranjera. Tras la firma de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, Botín ha destacó que "hay interés por invertir en España" y que las cajas de ahorros "son duros competidores".

Desde de las entidades ni confirmaron ni desmienten la eventual entrada de estos fondos internacionales en su capital.

El interés de Cerberus y Paulson refuerza los planes de salida a bolsa que tiene el SIP que capitanea Cajastur, ya que de materializarse una inversión de estos fondos facilitaría la colocación de títulos que pretende llevar a cabo a partir de mayo. El objetivo de este grupo de cajas es sacar a bolsa, al menos, un 25% del capital.

Los planes de Mare Nostrum podrían verse modificados si fructifican las negociaciones que mantiene en la actualidad con Caja Duero-España. Las entidades oficializaron ayer su noviazgo a través de sendos comunicados a la CNMV, confirmando que mantienen conversaciones para su "eventual integración", aunque hasta el momento las conversaciones no habían dado resultados.

La fusión entre las dos entidades se da por hecho en la entidad castellano y leonesa, aunque falta por determinar el peso que tendrá en Mare Nostrum. Lo que parece claro es que se convertiría en la primera caja, ya que aportaría 46.000 millones de euros en activos, frente a los 72.0000 que suman las otras cuatro entidades.

El desempleo en Alicante mantiene un incremento moderado durante febrero

ALICANTE.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) creció en la Comunitat Valenciana en 12.640 personas, un 2,46 por ciento más que el mes anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 526.440, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   A nivel nacional, el paro se situó cerca de 4,3 millones de personas, tras subir en 68.260 desempleados, con un aumento porcentual del 1,6 por ciento respecto al mes de enero. En concreto, el volumen total de parados alcanzó en febrero la cifra de 4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.

   Del total de parados valencianos, 268.257 fueron hombres y 258.183 mujeres. Además, 57.301 fueron menos de 25 años (32.186 hombres y 25.115 mujeres) y 469.139 pertenecían al colectivo de valencianos con otras edades.

   Durante el mes de febrero, el paro aumentó en todos los sectores en la Comunitat Valenciana, principalemente en Servicios, con un incremento de 7.986 personas; seguido de Agricultura, con 1.590; Industria, con 682; y Construcción, con 656. Por su parte, en el colectivo de Sin Empleo Anterior se incrmentó el número de parados en 1.726.

  Por provincias, el mayor incremento en términos absolutos se dio en Valenica con 7.240 parados, un 2,93 por ciento más; seguida de Alicante con 3.106 nuevos desempleados, 1,50 por ciento más; y mientras en Castellón el paro subió en 2.294 personas, 3,87 por ciento.

   En este periodo de tiempo, el número de contratos firmados en la Comunitat Valenciana cayó en 3.383 unidades, es decir, un 3,63 por ciento menos hasta alcanzar los 89.758. De ellos, 10.442 fueron indefinidos y 79.316 fueron temporales.