MADRID.- Los inmigrantes aportan más de lo que cuestan al Estado del Bienestar, aunque cada vez más gente cree lo contrario, según un estudio financiado por Obra Social "la Caixa" del que se desprende que el "gran beneficiario" de esta contribución es la Administración General del Estado, mientras que las administraciones locales y autonómicas se ven en dificultades para adaptar los servicios públicos al aumento de población, lo que repercute en la percepción de los ciudadanos.
El estudio, elaborado por los investigadores Francisco Javier Moreno y María Bruquetas y presentado por el director general de Fundación "La Caixa", Jaime Lanaspa, explica que existe un "desajuste" entre los recursos fiscales generados por la inmigración y su distribución territorial, lo que provoca la saturación de los servicios sociales en las comunidades con más inmigrantes.
Según ha explicado Moreno, no se trata, por tanto, de que los inmigrantes estén haciendo un mayor uso que los autóctonos de los servicios sociales, sino que "hay un cambio de demanda y la oferta no se ajusta" por "la lentitud de las administraciones para adaptarse". "Lo lógico es que haya un aumento de los servicios públicos acorde con esta nueva demanda (...) pero es claramente insuficiente", ha añadido.
Sobre este asunto, el estudio explica que "comunidades como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana, en las que la llegada de inmigrantes ha representado rápidos incrementos de población residente, han experimentado dificultades para responder a la demanda adicional de prestaciones y servicios sin que la financiación recibida del gobierno central se haya ajustado al mismo ritmo".
En este sentido, indica que el Fondo creado por el Ejecutivo a tal efecto "resulta claramente insuficiente para frenar el potencial deterioro de los servicios sociales derivado del acelerado incremento de la demanda provocada por el aumento de la población residente".
Moreno ha comentado que cuando tradicionalmente un ciudadano espera 24 horas para recibir cita médica y, tras un incremento notable de población en su municipio la espera se amplía en días, suele culpar a los nuevos vecinos, a quienes comienza a percibir como "competidores en el acceso a las prestaciones sociales", aunque, como explica el estudio, no lo sean.
Así, la actitud de los ciudadanos frente a la inmigración se va "gradualmente deteriorando" y "van aumentando las actitudes negativas": mientras en 2002 un nueve por ciento de los españoles declaraban que no se debía permitir la entrada a ningún inmigrante, en 2008 el porcentaje llegaba al 15,5 por ciento. En el mismo periodo, la cifra de quienes permitirían la entrada a muchos inmigrantes descendió más de un seis por ciento.
Con todo, los inmigrantes no generan un mayor gasto social que los autóctonos. El científico titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha indicado que los inmigrantes consultan un siete por ciento menos al médico de cabecera y hasta un 16,5 por ciento menos al especialista, aunque visiten un 3,2% más las urgencias. Aunque suponen el 12% de la población, se les destina un cinco por ciento del gasto sanitario.
Además, el 30 por ciento de los inmigrantes en España son pobres, porcentaje que entre los autóctonos es del 18 por ciento y, pese a ello, "sólo un 6,8% de las intervenciones sociales" se dirigen a esta población y de ellas, el 60 por ciento tienen por objeto facilitar información o derivar a otros recursos, conforme ha apuntado María Bruquetas.
Otro de los datos que ha destacado Moreno es que en total, menos del uno por ciento de los perceptores de pensiones en España son extranjeros, así como suponen el 11,2 por ciento de los perceptores de rentas mínimas de inserción, porcentaje "considerablemente inferior al que proporcionalmente le correspondería" teniendo en cuenta su tasa de pobreza, según el estudio.
En cuanto a la educación, el gasto social destinado a los colectivos inmigrantes estaba en el seis por ciento en 2007. El 82 por ciento de los estudiantes se encuentra en colegios públicos frente a un 14,1% de matriculados en centros concertados y un 3,8 por ciento en colegios privados. Sólo el diez por ciento continúa sus estudios más allá de la ESO, con un porcentaje de abandono dos veces mayor que entre los autóctonos.
Frente a ello, los autores del estudio destacan la "aportación neta claramente positiva" de los inmigrantes, que si bien no es cuantificable en términos absolutos, llega a ser "dos o tres veces superior" al gasto que generan durante las primeras fases del proceso migratorio, cuando el extranjero es joven y está solo. La balanza se equilibra cuando reagrupa a su familia y equipara su situación con la pirámide demográfica nacional.
De estas "aportaciones", Moreno ha destacado que en el mercado laboral, la inmigración ha supuesto "una contención salarial que ha frenado la inflación" por falta de tensiones, ya que existía mano de obra suficiente. Además, "ha cubierto muchos nichos" que de otra forma "habrían dejado de ser productivos", como la agricultura intensiva.
También han introducido flexibilidad y han permitido incrementar notablemente la tasa de empleo femenino en España. En el ámbito de la balanza fiscal, el investigador ha recordado que "todos" los inmigrantes pagan impuestos al consumo. En total, fueron responsables del 30 por ciento del crecimiento del PIB entre mediados de los 90 y mediados de los 2000 y han retrasado en cinco años la entrada en déficit del sistema de pensiones.
