Se reclama al Consell la incorporación de la Comunitat a la Euroregión Pirineos Mediterráneo

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha registrado en las Corts Valencianes una proposición no de ley para instar al Consell a que realice las gestiones adecuadas para conseguir la incorporación de la Comunitat Valenciana a la Euroregión Pirineos Mediterráneo, según ha indicado en un comunicado.

   La Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AETC) Pirineos Mediterráneo nacida el 29 de octubre de 2004, es un proyecto de cooperación política entre Cataluña, las Islas Baleares, Aragón, Languedoc-Roussillon y Midi-Pyrénées.

   Su objetivo es crear al noroeste del Mediterráneo un polo de desarrollo sostenible basado en la innovación y la integración social y económica del territorio. Además, quieren contribuir a la construcción de una Europa unida, solidaria y cercana a los ciudadanos.

   La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, ha señalado que la Comunitat está "estrechamente vinculada, histórica, cultural, social y económicamente" a esta Euroregión y sin ser directamente región transfronteriza, "sí que está al N.O del Mediterráneo y afectada por el conjunto de políticas de la Euroregión".

   Desde agosto de 2009, el AECT Pirineos Mediterráneo, es un nuevo instrumento jurídico dotado de personalidad propia y ayuda a los miembros de la Euroregión a realizar proyectos de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, y de cohesión económica, social y territorial, "por lo cual entendemos que sería positivo para la Comunitat Valenciana formar parte", ha agregado.

   Para Oltra, ser miembro de esta Euroregión "ayudaría a afirmarse" como territorio de proyectos a escala europea y "a defender con una misma voz proyectos esenciales para el desarrollo equilibrado y sostenible de nuestro territorio".

   "De la misma manera --ha continuado-- seríamos partícipes de los objetivos que los miembros del AETC Pirineos Mediterráneo se han marcado, como son mejorar la competitividad internacional de sus miembros y convertir el territorio en un polo de innovación y crecimiento mediante los vínculos tejidos entre los centros tecnológicos, científicos y culturales".

Puig: "Fabra está más preocupado por actuar de manera sumisa ante Rajoy"

CASTELLÓN.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha manifestado este domingo en su visita a la Fira de Sant Vicent en la Vall d'Uixò que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está más preocupado por actuar de manera sumisa ante Rajoy que de dar solución a los problemas desde la Comunitat".

   Puig ha recordado que la Comunitat Valenciana vive la "peor crisis económica, social y política de su historia" debido a la "irresponsabilidad" de los distintos gobiernos del PP en los últimos años, según ha indicado en un comunicado.

   Puig ha apuntado que el PP valenciano ha estado "permanentemente reivindicando" ante el anterior Gobierno de España "tras adoptar una postura victimista".

 "Una postura que ahora se ha tornado en sumisión a la dirección del PP y a Rajoy, una postura irresponsable", ha insistido.

   El secretario general de los socialistas valencianos ha recordado que la Comunitat Valenciana ha sido "solidaria" con España y ahora España "debe ser solidaria con la Comunitat Valenciana". Puig considera que los valencianos "no pueden asumir en este momento 1.000 millones más de recorte, ya que eso acabará con la educación y la sanidad públicas". 

 "Fabra no puede decir que va asumir eso, porque es sencillamente inasumible", ha matizado.

   El líder de los socialistas valencianos ha remarcado que la asunción de ese nuevo recorte conlleva "un deterioro de la convivencia de los valencianos" y ha reivindicado la necesidad de plantear una "nueva relación con España".

   Así Puig entiende que "Fabra ha perdido esta semana la oportunidad de ser el presidente de todos los valencianos y defender lo que aquí hemos aprobado todos y defender la mejora de la financiación autonómica".

 "Ha antepuesto el interés del PP al interés general de los valencianos y valencianas", ha agregado.

   Puig ha manifestado en Vall d'Uixò su apoyo a la Fira de Sant Vicent "y a los emprendedores que están hoy aquí". 

"El futuro pasa por nosotros y por reactivar la actividad económica, algo en lo que debe invertir en Consell, ya que estamos en peores condiciones que el resto de España para salir de la crisis", ha finalizado.

Un estudio demuestra que la crisis ajusta más las economías domésticas en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Un estudio elaborado por la Universidad Internacional de Valencia (VIU), a través de VIU Future, con la colaboración de Tecel Estudios-Sigma 2, ha analizado la sostenibilidad del Estado de Bienestar y ha demostrado que la crisis económica ajusta más las economías domésticas en la Comunitat que en el resto de España.

   Según este estudio, la actual crisis económica "está pasando más factura" en los hogares valencianos que en los del resto de España, dado que los ciudadanos de la Comunitat se han visto "más afectados a la hora de reducir los gastos del hogar y pedir ayuda económica a su propia familia".

   Los estudios elaborados por la VIU , a través de sondeos realizados en la propia Comunitat y en España, apuntan que los valencianos están más afectados por la pérdida de empleo. En este sentido, el 85,7 por ciento de los valencianos encuestados afirma que ha tenido que reducir en los gastos de hogar (comprar, mirar más los precios). Sin embargo, en el conjunto del país se reduce a un 81,1 por ciento.

   También son más los valencianos, en concreto, un 18,1 por ciento, frente al 17,2 por ciento de los españoles, los que han tenido que pedir ayuda  la familia. Cuando se trata de pedir "auxilio" a instituciones sociales, el porcentaje es ligeramente superior en España (3,2 por ciento) que en la Comunitat (3 por ciento)

   Todo ello es el resultado del impacto directo que tiene la crisis en los hogares valencianos. Los sondeos realizados durante el mes de febrero y marzo de este año, con más de mil entrevistas en cada uno de ellos, recogen que el 38,4 por ciento de los valencianos encuestados ha perdido el empleo. Esta respuesta es el 33,6 por ciento de los encuestados cuando se les pregunta "¿En qué medida se han visto usted o su familia afectados por la crisis?".

   Pese a ello, y las consecuencias directas sobre la pérdida del trabajo por la situación económica, son más los españoles que han visto disminuir sus ingresos (67,3 por ciento de los encuestados) frente al 62 por ciento en la Comunitat. El porcentaje sobre la respuesta "No me ha afectado la crisis" es muy similar tanto en España como en la Comunitat, en concreto un 21,7 por ciento y un 20,5 por ciento, respectivamente.

   Los ciudadanos de la Comunitat tienen una opinión diferente respecto al resto de los españoles cuando se les pregunta sobre los principales problemas tanto de la Comunitat como del país, respectivamente. Aunque el paro, de acuerdo con los dos sondeos es el 'número uno' de los problemas, así lo piensan el 69,8 por ciento de los valencianos encuestados, el porcentaje se eleva hasta en un 89,6 por ciento cuando se pregunta sobre la situación de España.

   Hay otras cuestiones recogidas en los informes sobre la situación en la Comunitat Valenciana y en España: Actitudes y necesidades donde la percepción también es diferente a tenor del ámbito de la encuesta. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, el 4,1 por ciento de los encuestados sitúa como un problema la sequía y falta de agua, mientras que es una cuestión que apenas preocupa al conjunto de los españoles, apenas un 0,5 por ciento.

   En cuanto al nivel de vida, los valencianos tienen una visión más optimista puesto que la carestía de la vida preocupa a sólo un 3,8 por ciento de los valencianos y dicho porcentaje aumenta hasta un 8,2 por ciento en España.

   En relación a las medidas que adoptarían para recortar el gasto público y mejorar los ingresos, los valencianos son más partidarios de recortar la estructura de la Administración (Generalitat), un 96,1 por ciento, frente al 91,1 por ciento de los españoles que reducirían departamentos y cargos en la Administración Pública.

   También los valencianos son más favorables al aumento de la jornada laboral de los funcionarios, en concreto, así lo piensa el 51,1 por ciento de los encuestados, mientras que los españoles apoyan la medida en un 45,8 por ciento de los encuestados.

   Los ciudadanos de la Comunitat, en cuanto a los medidas de racionalizar el sector público, son más partidarios que los españoles a la hora de reducir las empresas públicas (50,4 por ciento en la Comunitat, 49,1 por ciento en España) y aumento de la jornada laboral (51,1 por ciento en la Comunitat, 45,8 por ciento en España). Sin embargo, son más defensores de las ayudas (becas, subvenciones) dado que en la Comunitat apenas un 18,9 por ciento las reduciría frente a un 21,2 por ciento de los españoles que apoyarían esta medida.

El Consell reforma otra vez la planificación urbanística

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana quiere asentar definitivamente una normativa y una tramitación que garantice la seguridad jurídica y para ello presentó esta semana el proyecto de Reforma Legislativa en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La mejor idea del puzzle legal en que se había convertido la tramitación de actuaciones urbanísticas en la región es que existían cinco leyes, un decreto ley y dos reglamentos. Una situación que la propia consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, definió como “hipertrofia de legislación” que dificultaba la tramitación de proyectos y que se pusiese en tela de juicio muchos de los planes aprobados.

Bonig aseguró que los objetivos de esta reforma son “dar seguridad jurídica” y conseguir “una norma única que contenga un régimen jurídico más sencillo, claro y eficaz” que agilice los procesos.

La nueva reforma fusionará la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley Urbanística Valenciana, la Ley del Suelo No Urbanizable, la Ley del Golf y el decreto ley de Actuaciones Territoriales Estratégicas, además de derogar dos reglamentos en vigor.

Bonig aseguró que la principal novedad será unificar desde el principio las tramitaciones urbanísticas y medioambientales, que hasta ahora seguían dos caminos distintos. De esta forma, muchos proyectos muy avanzados en su tramitación, en los que ya se habían realizado importantes inversiones, se encontraban entonces con problemas medioambientales. Según la consellera, de acuerdo con la nueva normativa europea, la evaluación integran ambiental se incluirá desde el principio “para eliminar incertidumbres”.

Además, se aclara las competencias de la Generalitat y los ayuntamientos. En la primera fase de las tramitaciones será el Gobierno autonómico el que revise las características estructurales del proyecto, incluyendo un pronunciamiento claro sobre la memoria ambiental. La segunda fase, más pormenorizada y con todos los detalles finales, correrá a cargo de los municipios.

La consellera afirmó que el nuevo marco legal también pretende contribuir a la reactivación económica no sólo recortando los plazos de tramitación. Así, contemplará la posibilidad de desarrollar planes para la rehabilitación de zonas ya urbanizadas, con lo que busca que la iniciativa privada fomente proyectos de reformas en zonas urbanas antiguas o deterioradas.

Asimismo, se contempla incluir la posibilidad de que los ayuntamientos puedan realizar planes urbanísticos de calado sin tener que modificar para ello el Plan General Urbanístico cada poco tiempo. Una tramitación costosa tanto económicamente como en tiempo los las exigencias que requiere.

Cae el apoyo al Gobierno Rajoy tras las medidas de austeridad

MADRID.- El apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cayó notablemente en abril después de que el Ejecutivo del Partido popular anunciara fuertes recortes de gasto y unas reformas en educación y sanidad impopulares en su lucha contra un rebrote de la crisis de deuda soberana, según un sondeo publicado el domingo.

La encuesta de Metroscopia publicada en el diario de centroizquierda El País refleja por primera vez un sentimiento negativo de los españoles hacia el Gobierno de centroderecha desde que barrió en las elecciones generales de noviembre del año pasado.

A la espera de que los datos macroeconómicos confirmen si España ha entrado en su segunda recesión en tres años, Rajoy afronta el trabajo hercúleo de tener que controlar las finanzas públicas, impulsar el crecimiento mediante duras reformas y volver a crear empleos para uno de cada cuatro trabajadores que está en el paro, al tiempo que crece el malestar social.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país el 29 de marzo a protestar por la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que facilita y abarata el despido y restringe las subidas salariales.

El sondeo elaborado el 11 y el 12 de abril da al PP un 38,1 por ciento de intención de voto, un descenso de más de ocho puntos respecto al 46,3 por ciento de marzo y de seis sobre el 44,6 por ciento que registró en los comicios de noviembre.

Aún así, mantiene una enorme brecha con la oposición socialista, que se queda en un 23 por ciento, frente al 24,4 por ciento de marzo y más de cinco puntos menos que el 28,7 por ciento en noviembre.

A finales de marzo, Rajoy sufrió un revés cuando, en contra de los sondeos, el PP andaluz no logró la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas, y analistas han destacado que su Gobierno ha tenido una política de comunicación desacertada a la hora de presentar las reformas en sanidad y educación esta misma semana.

También está bajo intensa presión por parte de sus socios europeos y de los inversores para demostrar que España podrá pagar sus deudas sin tener que pedir ayuda exterior desde que revisó unilateralmente el objetivo de déficit del país para 2012.

El sondeo de Metroscopia, que entrevistó a 1.000 personas, refleja una fuerte caída en el apoyo al propio Rajoy, con un 58 por ciento que desaprueba su gestión, frente al 51 por ciento de hace un mes.

Una mayoría de españoles opina que el Gobierno no está sabiendo hacer frente a la crisis de forma adecuada (un 56 por ciento), está improvisando (52 por ciento) y no inspira confianza (70 por ciento). Además, el 64 por ciento tiene una impresión negativa sobre los 100 días del Gobierno en el poder, frente al 29 que la tiene positiva.

La valoración de todos los ministros sufre un descenso, y solo los de Defensa, Pedro Morenés, Exteriores, José Manuel García Margallo, y la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, tienen un aprobación superior a la desaprobación.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el del Tesoro, Cristóbal Montoro, tienen la peor valoración, junto con la de Empleo, Fátima Báñez, y la de Sanidad, Ana Mato.

Rajoy y sus 'barones' cuerdan fijar un "sistema de prioridades" para salvar servicios sociales básicos

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido este sábado a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" para salvar la prestación de esos servicios.

 En esta línea, han apostado por acometer una "profunda" reforma de las administraciones públicas y los servicios que prestan, eliminando duplicidades y ordenando competencias, pero sin devolverlas.

   Así lo ha anunciado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha explicado ante la prensa las medidas acordadas por los 'barones' del PP en esta "fructífera" reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas, y a la que han asistido también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Hacienda y de Economía, Cristóbal Montoro y Luis De Guindos, respectivamente.  

     En este encuentro, Rajoy y sus 'barones' han suscrito una declaración de cuatro páginas en la que, entre otros puntos, expresan su apoyo con el cumplimiento de los objetivos de déficit y las reformas que está realizando el Gobierno. Cospedal ha definido este texto como "el gran pacto del Partido Popular" y ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE ya votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.

   La 'número dos' del PP ha explicado que para poder garantizar los servicios sociales básicos, el Ejecutivo central y los gobiernos del PP "están estableciendo un sistema de prioridades para que los servicios sociales básicos se puedan mantener" porque "de otra manera, con la situación económica" que han "heredado" del PSOE sería "imposible" mantenerlos.

   "El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha insistido Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.  

    En la reunión en 'Génova', los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.

    De hecho, en el documento que han suscrito figura explícitamente la necesidad de "acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añade el texto, de "usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos, con gran esfuerzo, ponen a disposición de todas las administraciones".

   En cuanto a las competencias -el documento no habla en ningún momento de devolverlas como planteó esta semana Esperanza Aguirre--, se comprometen a "eliminar las duplicidades existentes de forma que cada ámbito competencial sea ejercido por una sola administración". El ordenamiento de las competencias, añade, debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales. Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", dice el manifiesto.

    Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5 por ciento fijado para las CC.AA.

    Durante la reunión, los presentes han compartido el "diagnóstico" de la situación, subrayando que España se encuentra en una situación "muy difícil", y han manifestado su respaldo "sin fisuras" a las reformas del Ejecutivo y, en concreto, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sabemos que hemos heredado la peor situación que haya tenido nunca un Gobierno de España en la democracia española", ha indicado Cospedal, que se ha mostrado convencida de que se saldrá de esta situación "complicada".

     En la declaración firmada por los presidentes del PP se recoge además la importancia de la lealtad institucional que "tanto se ha olvidado en los pasados ocho años", según Cospedal. Tras recordar que España está formada por 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas , ha señalado que "no se puede hacer una política de oposición ente las partes y el todo".

 "Nunca más con el PP al frente del Gobierno de España se dará la espalda a las CC.AA. como se ha hecho estos últimos ocho años ni las comunidades actuarán con deslealtad hacia los intereses generales de los españoles", ha proclamado.

    Cospedal ha manifestado que el Gobierno de Rajoy se ha comprometido a no establecer nuevos servicios que tengan que prestar las CCAA sin la suficiencia financiera necesaria y las CCAA se han comprometido a racionalizar las respectivas administraciones, evitar duplicidades y gestionar el dinero de los ciudadanos de manera "eficaz, austera y sobria".

   Finalmente, la secretaria general de los 'populares' ha asegurado que las Comunidades Autónomas "no son el problema de España" sino que tienen que ser "parte de la solución". Con este espíritu, ha dicho que las CC.AA. Se han  comprometido a hacer los mayores ejercicios de austeridad para que las normas y las pautas fijadas en la ley de Presupuestos Generales del Estado estén recogidas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales de todas y cada una de las autonomías.

   Ante el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad que debe realizar el Gobierno, Cospedal ha indicado que los presidentes han planteado "fórmulas" en sus comunidades y ha recordado que se estudiarán la próxima semana en las dos conferencias sectoriales convocadas.

Compromís pregunta si se aplicarán los mismos recortes de hospitales públicos a los gestionados por empresas privadas

VALENCIA.- El síndic de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha preguntado al conseller de Sanidad, Luis Rosado, sobre la cantidad anual que la Generalitat paga en determinadas áreas de salud de la Comunitat por la gestión de centros hospitalarios públicos por parte de empresas privadas, y por si los recortes anunciados en esta materia por el Gobierno central y que pueden afectar a los hospitales públicos se aplicarán también a los centros gestionados por esas empresas privadas.

   Según ha indicado Morera en un comunicado, "el denominado modelo de Ribera Salud implica que el Consell está pagando unos 619 euros por habitante a una empresa privada, como si se tratara de un seguro de salud privada y parece, si el conseller no lo rectifica, que, a pesar de los recortes en sanidad, las empresas privadas que gestionan cinco hospitales valencianos continuarán cobrando lo mismo".

   El portavoz de Compromís ha insistido en que el modelo de gestión de los hospitales de Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche, "está sometido a un contrato por el que los hospitales reciben una prima per cápita anual de unos 619,88 euros, aproximadamente, por habitante de cada área de salud donde están esos centros".

   Asimismo, ha añadido que, de acuerdo con los datos que se encuentran en las memorias de gestión de esos hospitales, en la actualidad la Generalitat valenciana "paga por un total aproximado de 813.000 habitantes, lo que supone un gasto sanitario de 565.950.440 euros al año, aproximadamente".

   Según Morera, "los recortes anunciados por el Gobierno central, que afectarán principalmente a la educación y a la sanidad, afecta directamente también a los hospitales y centros de salud públicos valencianos, que sufrirán recortes que les obligarán a racionar material, a prescindir de profesionales sanitarios y a cerrar camas hospitalarias".

   Sin embargo, ha criticado que los hospitales gestionados de forma privada "continúan recibiendo la misma prima per cápita porque los recortes afectan al sector público, no al privado". El dirigente de Compromís ha considerado que los contratos firmados por la Generalitat con las empresas que gestionan esos hospitales, "no pueden ser como los que --Francisco-- Camps firmó en su día con --Bernie-- Ecclestone, que no se pueden tocar ni modificar", en alusión a la Fórmula 1.

   En esta línea, ha advertido de que "si no es así, la herencia de Camps será terrible, porque pasará a la historia como el presidente que se dedicó a hipotecar a las valencianas y valencianos con contratos de confidencialidad o largo plazo, imposibles de rectificar".

   Morera ha destacado la necesidad de que el Consell "modifique a la baja, aplicando el mismo recorte que sufrirán el resto de hospitales, a los que están gestionados por empresas privadas". 

"Esto puede suponer un importante ahorro para poder obtener dinero para mejorar el sistema sanitario público y no para que obtengan beneficios elevados empresas privadas, porque la sanidad no es ningún negocio a pesar del modelo fomentado por el PP valenciano", ha manifestado.

EUPV pide al Consell que defienda el autogobierno y rechace el recorte de 10.000 millones de euros "impuesto por Rajoy"

VALENCIA.- El grupo parlamentario de EUPV ha anunciado este sábado la presentación de una Proposición No de Ley en las Corts en la que reclama al Consell que "defienda el autogobierno valenciano" y rechace el recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad anunciado por el Gobierno Central. 

   La síndica de EUPV, Marga Sanz, ha subrayado en un comunicado que estos recortes "no son sólo un ataque a dos pilares fundamentales del Estado del Bienestar, también son un golpe contra el autogobierno establecido al artículo 137 de la Constitución Española".

   Sanz ha considerado que unos recortes "de esta magnitud y características vulneran las competencias exclusivas autonómicas en materia de Educación y Sanidad, porque no se respeta la autonomía política, como tampoco la voluntad popular, puesto que se aprobaron unos presupuestos hace nada que ahora van a modificarse".

   Esquerra Unida exige en su propuesta al Consell "que haga todo lo posible para impedir que estas maniobras antisociales se lleven a cabo". 

 "El Gobierno valenciano está en la obligación de velar por los intereses de los valencianos y valencianas frente las imposiciones que vengan desde Madrid o desde Bruselas. En este caso, además, hablamos de unos intereses que son los de mantener una educación y una sanidad públicas y de calidad", ha destacado Sanz.

El Consell unifica en una norma cinco leyes y dos reglamentos para agilizar y simplificar la actividad urbanística

VALENCIA.- El pleno del Consell ha iniciado este viernes el procedimiento para la reforma legislativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo de la Comunitat Valenciana, que unifica en una norma cinco leyes y dos reglamentos para "agilizar" y "simplificar" la actividad urbanística, así como para "favorecer la dinamización socioeconómica y la generación de empleo".

   Así lo ha explicado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, que ha acompañado al vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno.

   Bonig ha destacado que uno de los grandes objetivos es "reformar en profundidad la legislación urbanística y territorial en una norma única que contenga un régimen jurídico más sencillo, claro y eficaz". En esta línea, ha señalado que el nuevo procedimiento deberá permitir acortar los tiempos de elaboración de los planes, "evitando estrangulamientos burocráticos que afectan a las decisiones de inversión y al interés ciudadano en su formulación".

   Al respecto, preguntada por cuánto tiempo se ahorrará, la consellera ha explicado que se conseguirá que la revisión de un Plan General se pueda hacer en una media de dos año o dos años y medio, frente a los nueve o diez de la actualidad.

   El Gobierno valenciano, con esta reforma, también pretende introducir las consideraciones necesarias tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "refuerzan la validez" del modelo urbanístico de la Comunitat Valenciana, y permite "simplificar y flexibilizar" la tramitación de los programas de actuación urbanística.

   Otra de las cuestiones incluidas, ha informado la titular de Infraestructuras y Medio Ambiente, "es integrar la evaluación ambiental estratégica de los planes territoriales y urbanísticos, y de su elaboración, en un proceso único que además incluya los efectos económicos y sociales sobre el territorio".

 "Esta integración permite una colaboración continuada entre el órgano promotor y el ambiental que elimina las incertidumbres para todos los agentes territoriales", ha manifestado.

   La reforma de la legislación urbanística y territorial también tiene como objetivo la incorporación desde el principio de la elaboración de los planes los criterios ambientales, territoriales y funcionales que acompañan al plan a lo largo de su elaboración. De esta forma, se elimina "una cadena interminable de informes tal y como sucede en estos momentos".

   La nueva norma de Territorio y Urbanismo diferencia la tramitación del plan en dos fases, la primera de carácter estructural --competencia de la Generalitat-- de la segunda, pormenorizada, donde la aprobación le corresponde a las administraciones locales. Lo que se pretende es lograr un pronunciamiento claro del órgano autonómico ambiental para poner fin a la intervención autonómica, dejando concluir la formulación del plan a los ayuntamientos en el marco de las determinaciones estructurales.

   Otro punto de interés consiste en incorporar a los agentes interesados desde el principio, teniendo en cuenta a municipios, empresarios, profesionales, asociaciones, expertos y ciudadanos en el proceso de definición y elaboración del plan desde los inicios de los trabajos hasta incluso la fase post-plan donde se deberá informar periódicamente del seguimiento y la evaluación del plan.

   También se trata de establecer diferentes vías en cuanto a la urgencia de la elaboración y tramitación de los instrumentos territoriales y urbanísticos, siempre en función de su carácter estratégico, en relación con los objetivos y principios directores de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, y sus implicaciones inmediatas en la generación de renta y empleo.

   Asimismo, el objetivo es respetar "estrictamente" la legislación europea en materia de contratación pública, manteniendo en los programas urbanísticos la diferenciación entre el agente urbanizador y el empresario constructor, ambos elegidos bajo los principios de publicidad, objetividad, transparencia y pública concurrencia.

   Otro de los objetivos es reforzar la función pública de las actuaciones urbanísticas que pueden desarrollarse por gestión directa o indirecta, permitiendo la iniciativa privada, mejorando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos del propietario de suelo, el fomento de la competencia entre iniciativas y la agilización del procedimiento de selección y adjudicación del Programa al agente urbanizador, ha puntualizado Bonig.

   Se pretende, además, impulsar las actuaciones de renovación y rehabilitación urbanística en la ciudad construida, mediante la extensión de los programas hacia estas actuaciones, garantizando en todo los casos los plenos derechos de los propietarios y su facultad de participar voluntariamente en las mismas.

   La nueve Ley de Territorio y Urbanismo consta de 259 artículos y se divide en tres grandes bloques. El primero, centrado en la planificación, incluye los grandes criterios de desarrollo territorial sostenible que debe contemplar la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial.

   El segundo, basado en la gestión, desarrolla las condiciones de los Programas de actuación urbanística a la vista de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aspectos como las garantías de los derechos de los propietarios del suelo. Por su parte, el tercer y último bloque se centra en la disciplina urbanística.

   La titular de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha pedido la colaboración de toda la sociedad en esta nueva ley, ya que, según ha subrayado, se trata de una norma "fundamental para el desarrollo y la generación de empleo". Por este motivo, ha destacado su deseo de que se apruebe "con el máximo consenso posible".

EUPV espera que el exconseller Gerardo Camps "rinda cuentas ante la justicia y las Corts"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha señalado este viernes en un comunicado que después de las declaraciones ante el juez del exdirector de CACSA, Jorge Vela, imputado en el caso que investiga las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, "se demuestra la responsabilidad política y posiblemente penal del exconseller de Economía, Gerardo Camps, en el caso Nóos", por lo que ha solicitado que se "impute --a Gerardo Camps-- para que pueda rendir cuentas por desviación de fondos públicos de la Generalitat de manera irregular al entramado de empresas de Urdangarin".

   Blanco también espera que "el PP decida afrontar de una vez por todas este caso". Además ha recordado que "hasta ahora se ha impedido a Esquerra Unida la tramitación de la comisión investigación sobre el caso Nóos". 

"Nos ha negado documentación y respuestas parlamentarías, y se ha vetado nuestra petición de comparecencia de Gerado Camps y Francisco Camps", ha señalado.

   Precisamente respecto esta última cuestión, Esquerra Unida ha anunciado la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la decisión de Mesa de las Cortes de no tramitar la comparecencia de Gerardo Camps y de Francisco Camps al respecto del caso Nóos.

   "Los dos tienen que dar explicaciones ante la justicia, pero también ante los representantes de la ciudadanía y por lo tanto, consideramos necesario que comparezcan en las Corts", ha finalizado blanco.

Fabra insiste en la necesidad de "aparcar" imputados de la dirección de los partidos para retomar la confianza ciudadana

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha insistido este viernes en la necesidad de "aparcar" a las personas imputadas de la dirección de los partidos políticos para "retomar la confianza" de los ciudadanos y marcar "una línea muy clara de lo que tiene que ser el servicio a los ciudadanos, la transparencia y, sobre todo, la responsabilidad".

   Así se ha pronunciado el jefe del Consell en declaraciones a los medios momentos antes de iniciar la visita a las obras de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre en Valencia, al ser preguntado por su decisión de no incorporar a la dirección del PPCV a ninguna persona imputada en un proceso judicial.

   Al respecto, ha reiterado su compromiso en este sentido y ha explicado que la clase política debe "practicar con el ejemplo", consciente "de la mala imagen" que tienen entre la ciudadanía, para recuperar esa confianza en los políticos.

   "Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer para retomar esa confianza con el ciudadano es hacer ver que nosotros marcamos una línea muy clara de lo que tiene que ser esa transparencia y esa responsabilidad y dejar a aquellas personas que puedan tener dudas en cuanto al ejercicio de su responsabilidad aparcadas", ha aseverado el jefe del Consell, quien ha insistido en que se trata de dejarlas "no retiradas, pero sí aparcadas" en sus responsabilidades en las formaciones.

   Preguntado por las declaraciones efectuadas por el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, en las que calificaba esta decisión como una cuestión de imagen, Fabra ha reiterado que ya ha dejado claro cuál es su posicionamiento y que los ciudadanos "están esperando de los partidos" esa línea que marque la transparencia en las formaciones.

Císcar asegura que los cargos públicos "están obligados a dar ejemplo" y que "no puede haber sombras de duda"

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha afirmado que los altos cargos públicos están "obligados a dar ejemplo" y que, por ello, "no puede haber sombras de duda" en sus actuaciones, pero respetando la presunción de inocencia, ha dicho.

   Císcar se ha pronunciado de esta manera tras el pleno del Consell a preguntas de los medios en relación a la decisión del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, que no haya imputados en la dirección regional de la formación 'popular' valenciana. Y, también por la destitución del jefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Ignacio Bernácer, por su imputación en el caso Emarsa.

   El conseller ha remarcado que Fabra, "si algo tiene muy claro es que no quiere que haya sombras de duda en la ejemplaridad de los altos cargos del Gobierno valenciano, respetando siempre la presunción de inocencia", ha apuntado.

   Inquirido por si se actúa de esta manera por el "qué dirán", Císcar ha insistido en que se hace "porque se tiene que hacer" porque los cargos públicos están "obligados a dar ejemplo" y se "actúa en consecuencia". Sobre todo, ha dicho, "en momentos de tanta dificultad", ha agregado.

   Císcar se ha referido de esta manera a las decisiones de Fabra como presidente de la Generalitat, como máximo dirigente del PPCV, sus decisiones "seguro que siempre van sujetas y cumpliendo lo que dicen los estatutos del partido", ha apuntado.

Los aeropuertos de Alicante y Valencia pierden un 11% de pasajeros durante el primer trimestre

MADRID.- El aeropuerto de El Altet perdió un 11,2 por ciento de pasajeros durante los tres primeros meses del año en relación con el mismo periodo de 2011, hasta 1,48 millones de viajeros, mientras que el de Manises registró un descenso del 11,4 por ciento, hasta 947.954 usuarios, según los datos publicados este viernes por Aena Aeropuertos.

   En cuanto al número de vuelos, el aeropuerto valenciano registró en los tres primeros meses del año un descenso del 28,7 por ciento, hasta 13.153, mientras que en El Altet la caída interanual fue del 18,8 por ciento, con 11.418 operaciones.

   Durante el mes de marzo, el aeropuerto de Alicante registró 603.500 pasajeros, un 9,5 por ciento menos interanual, y el de Valencia experimentó una caída de viajeros del 12,9 por ciento, hasta 367.545 pasajeros. El número de vuelos operados en ese mes fue de 4.596 en Valencia y de 4.430 en Alicante, lo que supone caídas del 28,4 y 16,7 por ciento, respectivamente.

   En el conjunto del país, los aeropuertos de la red de Aena han perdido un 5,3% de pasajeros en los tres primeros meses del año, hasta 37,6 millones, mientras que la caída se ha acentuado en el mes de marzo, un 7%, hasta 14,2 millones de viajeros.

   El principal aeropuerto de la red, el de Madrid-Barajas, registró una caída significativa en el tráfico de marzo, de un 8,8%, hasta transportar 3,7 millones de viajeros, mientras que el de Barcelona-El Prat experimentó una leve disminución del 0,5%, transportando 2,6 millones de viajeros.

   Tras las instalaciones de la capital madrileña y catalana, los aeropuertos que registraron un mayor número de pasajeros en el tercer mes fueron los de Palma de Mallorca (más de un millón de pasajeros con una caída del 1,4%) y Gran Canaria con 990.977 viajeros (-3,3%).

   Les siguieron los aeropuertos de Tenerife Sur con 845.854 viajeros (1,1%), Málaga-Costa del Sol con 824.726 viajeros (-5,1%), Alicante con 603.500 viajeros (-9,5%) y Lanzarote con 449.336 viajeros (-7,4%).

   La caída general en el tráfico del tercer mes se produce pese a los fuertes incrementos en los aeropuertos de Vitoria (26,5%), Logroño (14%), y Melilla (12,9%), ya que el resto de aeropuertos, a excepción de leves aumentos en Tenerife Sur, Bilbao y Santander, registraron cifras negativas en marzo.

Castedo rehúsa "entrar a juzgar" la decisión de Fabra de no incluir imputados en la futura dirección del PPCV

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha rechazado "entrar a juzgar" la decisión tomada por el presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Alberto Fabra, de no incluir imputados en la futura dirección regional del partido que saldrá del congreso popular que se celebrará el próximo mayo en la capital alicantina.

   Castedo ha realizado estas declaraciones a los periodistas al ser preguntada por su opinión sobre la medida anunciada por Fabra.

   De este modo, la alcaldesa ha asegurado que "respeta muchísimo" las declaraciones de todos sus compañeros de partido, y en referencia a la intención de Fabra de excluir de la próxima dirección del partido a todos los imputados en casos de corrupción, ha dicho que las decisiones que tome el presidente regional "son unas decisiones que siempre acataremos todos los que somos militantes del PP".

   Sobre el congreso que el PPCV celebrará a mediados de mayo en la ciudad de Alicante, Castedo ha valorado positivamente la cita "por muchos motivos", entre los que ha destacado que la afluencia de público de ese fin de semana en Alicante "va a suponer un impacto económico importante".

   En el mismo sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié en la "publicidad" para la ciudad que va a suponer la celebración del congreso y la "venta que va a tener la ciudad a nivel nacional cuando salga Alberto --Fabra-- de nuevo elegido presidente regional".

   Preguntada por los detalles internos de organización del Congreso, y en concreto por la duda de si será ella misma o la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, quien lo presida, Castedo ha rechazado pronunciarse al respecto y se ha negado a dar a los medios de comunicación ningún detalle sobre el evento.

   Asimismo, la primera edil alicantina ha asegurado desconocer qué miembros del Partido Popular serán los encargados de representar a la cúpula nacional durante el Congreso.

Miguel Ortiz muestra su "total apoyo" a la decisión de Fabra de excluir de la dirección del PPCV a los imputados

ALICANTE.- El presidente del PP en la provincia de Alicante, Miguel Ortiz, ha mostrado este viernes su "total apoyo" a la decisión del presidente del partido en la Comunitat, Alberto Fabra, para que ningún imputado forme parte de la futura dirección regional de la formación que saldrá de su congreso autonómico, que se celebrará el próximo mayo en Alicante.

   Ortiz ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras comparecer en rueda de prensa junto al presidente del Comité Organizador del Congreso Regional del PPCV, César Augusto Asencio, y en la que se ha proclamado a Fabra como único precandidato a la presidencia del partido en la cita de los populares valencianos que tendrá lugar el próximo mes.

   Preguntado sobre su opinión respecto a la decisión del jefe del Consell de dejar fuera de la futura dirección del PPCV a todo miembro del partido que esté "imputado", Ortiz ha resaltado que "como todas las decisiones del presidente regional, cuenta con el total apoyo del presidente de la provincia de Alicante".

   Al ser insistido sobre si esa medida puede extrapolarse al PP alicantino, ha subrayado que "será aplicable a todos los órganos" que él mismo presida. "Los que no, no puedo hablar en nombre de ellos", ha añadido.

La jueza de Orihuela archiva por falta de pruebas cuatro piezas del 'caso Brugal'

ORIHUELA.- La jueza que instruye el 'caso Brugal' en Orihuela, Ana Belén Cordero, ha archivado por falta de pruebas cuatro piezas derivadas del 'caso Brugal' relacionadas con supuestos pagos por parte del empresario Ángel Fenoll a alcaldes y a una serie de concejales de varios ayuntamientos de la comarca alicantina de la Vega Baja.

   Según han explicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia Valenciano (TSJCV), la magistrada ha cerrado, ante la falta de indicios, cuatro investigaciones abiertas en torno a unas supuestas cantidades de dinero entregadas por Fenoll a varios ediles de una serie de municipios del sur de Alicante para obtener presuntos tratos de favor.

   En el marco de estas averiguaciones, la jueza ha tomado declaración tanto al empresario, imputado por otras piezas relacionadas con el mismo caso, como a uno de sus hijos, al igual que ha requerido diversa documentación de los ayuntamientos investigados.

   Igualmente, se han practicado una serie de comprobaciones patrimoniales de los implicados, todo lo cual ha llevado a la magistrada a concluir que no existían pruebas suficientes para continuar adelante con las citadas causas. El TSJCV ha subrayado que los ediles y alcaldes que han sido relacionados con estas piezas del 'caso Brugal' ya archivadas no están imputados.

Una jueza autoriza la apertura de una fosa común por un supuesto caso de bebés robados

ALICANTE.- Una jueza de Alicante ha autorizado una exhumación de restos en una fosa común del cementerio de la ciudad, en respuesta a una denuncia por un supuesto caso de bebés robados presentada por una mujer alicantina que dio a luz en el Hospital General en julio de 1980, según ha explicado el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso.

   De este modo, Barroso ha señalado que la exhumación se producirá el próximo 10 de mayo, en una fosa común ubicada en el Cementerio Municipal de Alicante.

   La decisión de la juez deriva de una denuncia que interpuso Laura Perales ante la Policía Nacional en febrero de 2011, y que fue trasladada a los juzgados de la ciudad, por lo que esta exhumación por un presunto caso de bebés robados supone la primera que ha sido validada sin ser solicitada por un fiscal, tal y como ha explicado el presidente de Anadir.

   Por su parte, Perales ha relatado que su hijo nació mediante cesárea el 3 de julio de 1980 en el Hospital General de Alicante y, supuestamente, falleció dos días después por un problema respiratorio.

   "Lo tuve conmigo un día y medio y se lo llevaron para hacerle una prueba. No me dejaron estar con él, y mientras estuve ingresada después del parto nadie me comunicó que había muerto" el pequeño, ha manifestado la madre.

   Perales ha resaltado que la noticia de la presunta muerte de su bebé la recibió su suegra a los dos días del nacimiento en su casa, cuando ella misma todavía seguía ingresada, a pesar de lo cual nadie le informaba de nada.

   Además, ha denunciado que en ningún momento se le entregó ninguna prueba ni del nacimiento ni de la defunción de su hijo, y que simplemente le dieron una placa en la que constaba que había sido sometida a una intervención quirúrgica.

   Sobre la esperanza que ha depositado en el resultado de la exhumación de los restos, Perales ha confesado que su "ilusión" es que su bebé "no esté" en la fosa común pero que, al menos, saldrá "de dudas".

 Igualmente, ha señalado que lo está pasando "muy mal" y que precisa de medicación para dormir.

¿Peligra alguna universidad alicantina?

MADRID.- La ministra de la presidencia, vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una comisión de doce expertos que habrá de elevar en seis meses una propuesta para la reforma del sistema universitario. 

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que esta comisión, constituida este mismo viernes, tiene el "objetivo fundamental de colocar la universidad española a los niveles de otras universidades europeas y del mundo en general", de los que se encuentra "muy lejos".

   Para ello, la comisión, compuesta por once vocales y presidida por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Real Academia de Farmacia, Teresa Miras; evaluará durante un plazo de seis meses la situación del sistema universitario y elevará al Gobierno recomendaciones para su mejora, en aspectos como la "organización y gobernanza", la "selección y acreditación del profesorado o elección de los alumnos", y el ámbito financiero.

   Así lo ha explicado el titular de Educación, quien ha afirmado que "la situación es muy susceptible de mejora" en las universidades, donde a su juicio hay una "desproporción entre resultados e inversión" porque, "pese a la extensión e ingentes recursos, la situación no se puede calificar como satisfactoria".

   En este sentido, ha apuntado que el número de alumnos, que ya supera el millón y medio, cumple ya con los objetivos de la Estrategia 2020 y ha destacado que el gasto público en Educación Superior en relación con el PIB se sitúa en los niveles de la OCDE mientras el gasto por estudiante está muy cerca de la media.

   Pese a ello, "solamente un tercio de los estudiantes terminan un título sin repetir ningún curso", media que en la OCDE está en el 40 por ciento, y la tasa de abandono en la universidad es del 30%, el doble que en Europa. "Si esto lo convertimos en dinero, significa que estamos tirando unos 3.000 millones de euros por culpa de este abandono universitario", ha añadido.

   Asimismo, ha apuntado que "no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo", el sistema está "muy poco internacionalizado", con menos de un cinco por ciento de alumnos extranjeros, y tiene una proporción "muy elevada" de profesorado que no tiene un sexenio vivo, "es decir, que no está investigando ni generando conocimientos".

   Wert ha incidido también en que acabados los estudios, los resultados tampoco son satisfactorios, como en su opinión muestra que "entre los parados en el tramo de edad de 25 a 29 años, el 21% son universitarios". 

 "Si ampliamos la observación para hablar de subempleados, tendríamos un panorama más complicado", ha asegurado.

   A su juicio, estos resultados se deben a "muchas causas" y, entre ellas, a la extensión "peculiar" que ha tenido el sistema universitario en España, donde actualmente hay 79 universidades públicas y privadas y 236 campus universitarios, en comparación con los diez centros que funcionan en California, estado norteamericano con población similar a la española.

   En esta línea, ha desgranado que la oferta académica en España es de 2.413 grados, 2.758 master y 1.680 doctorados. "Obviamente, el resultado es que casi el treinta por ciento de los títulos tienen menos de cincuenta alumnos de nuevo ingreso, es decir, algo más de la cuarta parte de los títulos tienen una masa crítica inferior al mínimo de eficiencia que se considera en las comparaciones internacionales", ha apuntado.

   "No se trata de si sobran alumnos o universidades sino de algo que es evidente y es que el ajuste entre alumnos y oferta dista de ser óptimo. La propia Conferencia de Rectores reconoce que existe una oferta sobrante del orden del 13%", ha señalado el ministro, para incidir en que tener una elevada tasa de alumnos universitarios respecto del total de estudiantes es "excelente", pero no si después de licenciados tienen problemas para trabajar.

   Para Wert, una de las consecuencias directas de esta situación de sobre oferta de títulos y universidades es "la absoluta falta de movilidad" de los estudiantes españoles, ya que "sólo el 7% cambia de distrito universitario", frente al 52% que se desplaza en Reino Unido.

   "El elemento de movilidad más importante, que es el Programa Erasmus, tampoco parece que se guíe por criterios universitarios", ha afirmado el ministro, para destacar que "casi la cuarta parte" de los 'erasmus' españoles se desplazan a Italia y "es evidente" que sus universidades "no son las más importantes no ya del mundo, ni siquiera de Europa".

   El titular de Educación ha señalado asimismo otras causas, como el sistema de selección y acreditación del profesorado o "la endogamia", y ha destacado por "evidente" que el sistema de gobernanza universitaria dictado por la Ley Orgánica de Educación "no ha dado el resultado que se esperaba". En su opinión, la "amplia autonomía" que se dio a las universidades "no ha venido acompañada" de una rendición de cuentas y por ello, "la autonomía universitaria no ha rendido los frutos que se debía esperar".

   El ministro ha destacado que para afrontar todas estas situaciones el Gobierno ha considerado adecuado organizar la citada comisión de expertos, "personas con mucha experiencia y profundamente comprometidas con la mejora de la universidad" que colaboran de forma "desinteresada y generosa" y que "representan no sólo la excelencia académica en su campo" sino que aportan "generaciones distintas e incluso orientaciones ideológicas" diversas al estudio.

   Los once miembros serán el catedrático y director del Departamento de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Óscar Alzaga Villaamil; el catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia y miembro del IFIC-Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UVEG), José A. de Azcárraga; el doctor en Economía por la Universidad de Northwestern y catedrático de Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Salvador Barberá, y el doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, Félix Goñi.

   Asimismo, son vocales el catedrático del Departamento de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM) de la UPV; José Capmany; la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Elisa Chulia Rodrigo; y el catedrático de Economía y Estrategia en el Departamento de Empresas y Economía en la London School of Economics, Luis Garicano.

   Por último, integran el grupo el presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid y actual vicepresidente Segundo del Banco Santander, Matías Rodríguez Inciarte; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Rioja, Mariola Urrea; y el ex rector de la Universidad Complutense y catedrático del mismo centro Rafael Puyol.

Fabra afirma que "no habrá ningún imputado" en la dirección regional del PPCV que surja del XIII Congreso

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que "no habrá ningún imputado en la dirección regional del PPCV" que surja del XIII Congreso Regional que se celebrará en Alicante los próximos 19 y 20 de mayo y al respecto ha mantenido que "el tiempo" de su antecesor Francisco Camps "en la Administración autonómica ha pasado", mientras que de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha comentado que es "un vendaval político" que "tiene mucho qe aportar".

   Fabra, en una entrevista a RNE, ha recalcado que todos los gobiernos "deben generar confianza" y ha reconocido que los políticos "como colectivo no estamos en nuestro mejor momento", por lo que ha subrayado que "se debe practicar con el ejemplo" y por ello "no habrá ningún imputado en la dirección regional del PP".

 "Tenemos que practicar con el ejemplo, no sólo diciendo lo que vamos o lo que no vamos a hacer", ha defendido.

   Así, preguntado por si el congreso de mayo servirá para que dé "un  golpe de mando definitivo que limpie la corrupción", Fabra ha expuesto que el criterio del PP es "colaborar siempre con la Justicia y hacer que la imagen de los políticos sea otra, y lo tenemos que ganar a pulso". "Vamos a seguir trabajando para recuperar la confianza", ha garantizado.

   De este modo, ha sostenido que "ha habido comisiones de investigación, ha habido gente que siendo imputada ha salido de puestos de responsabilidad dentro de la Generalitat y tenemos que seguir generando esa confianza".

   En ese sentido, ha explicado que el encargo que recibió de Mariano Rajoy al asumir la presidencia de la Generalitat fue "gestionar bien y hacer que la Comunitat Valenciana resolviera los problemas que pudiera tener" y "dentro del partido mantener la unidad y esa fuerza que nos hizo ganar las lecciones". Fabra ha recalcado que el PP está "muy fuerte", pero que "más allá de quién sea el presidente las juntas locales son los verdaderos activistas de este gran proyecto".

   Respecto del papel de Camps, ha comentado que es una persona que tiene "muchísima experiencia, es un activo del partido y podrá estar en el sitio que considere aportando esa ilusión y esa experiencia al proyecto común de la Comunitat Valenciana".

   Así, ha recordado que es un persona que ha sido ocho años presidente de la Comunitat y que ya tenía anteriormente experiencia "muy importante", por lo que esa formación "la tiene que poner al servicio de la Comunitat". No obstante, ha expuesto que "una persona que ha sido presidente ya no puede volver a alto cargo con lo cual el tiempo de Camps en la Administración autonómica ha pasado".

   De la alcaldesa de valencia, Rita Barberá, ha comentado que es "un vendaval político", una persona que tiene "muchísima experiencia" y "un carisma espectacular del que todos tenemos que tomar nota", por lo que es "una persona que tiene mucho que aportar a nivel personal y sobre todo a nivel político". "Es una persona que formará parte del equipo y de la reflexión permanente de esta Comunitat en cuanto a lo político", ha apuntado.

Decretan ocho días de duelo en Argelia por el fallecimiento de Ben Bella

ARGEL.- Los argelinos observan hoy el segundo de ocho días de duelo nacional por el deceso de Ahmed Ben Bella, primer presidente de este país norafricano tras una cruenta guerra anticolonialista.

  El cadáver de Ben Bella fue trasladado al Palacio del Pueblo en esta capital, donde permanecerá expuestos hasta mañana (viernes), día señalado para su inhumación.

La programación radial y televisiva fue modificada para ajustarla a las circunstancias tan pronto se difundió el anuncio del deceso de Ben Bella en el hospital militar a consecuencia de fallos respiratorios.

De su lado, el presidente Abdelaziz Bouteflika dijo que con el fallecimiento de Ben Bella, de 96 años, Argelia pierde a uno de sus grandes hombres y uno de los sabios dirigentes africanos.

"El nombre de Ben Bella permanecerá estrechamente ligado a ls historia del Movimiento nacional, de la gloriosa guerra de liberación y de la edificación del estado argelino moderno (...)", señaló el mandatario en un mensaje difundido tan pronto se supo del deceso.

El actual mandatario argelino, Abdelaziz Buteflika, dirigentes políticos, numerosas personalidades y público en general rindieron homenaje a quien hace 50 años se convirtió en el primer jefe de Estado de la Argelia independiente tras una guerra anticolonialista.

Buteflika acompañó el féretro de Ben Bella, cubierto con la bandera nacional, desde la casa del ex presidente hasta el Palacio del Pueblo, donde será expuesto hasta mañana viernes antes de su entierro en las afueras de Argel, reportó la agencia argelina de noticias APS.

Combatiente clandestino contra la dominación colonial gala en Argelia desde principios de la década de los años 40 del pasado siglo el difunto participó en la elaboración de los Acuerdos de Evian, que dieron paso a la proclamación de la independencia y el surgimiento de la República Argelina Democrática y Popular.

La separación de Francia llegó después de una cruenta guerra de liberación de ocho años durante los cuales París envió sus mejores unidades militares y sus jefes más experimentados a combatir a los moudjahidines (guerrilleros) argelinos agrupados en el Frente Nacional de Liberación.

Acorde con estimados el 15 por ciento de la población argelina murió durante la guerra de liberación en la cual las tropas francesas sufrieron su mayor fracaso después del desastre de Dien Bien Phu, que dio paso a la independencia del norte de Vietnam.

Ben Bella, el primer presidente de Argelia tras la independencia de Francia en 1962, fue destituido en 1965 por un golpe de Estado dirigido por el coronel Huari Bumedian.

Desde entonces vivió alejado de los círculos de poder, aunque nunca abandonó la política, hasta que Buteflika, ministro de Deportes durante el mandato de Ben Bella, lo nombró su representante personal.

Nacido en la ciudad argelina de Marnia, el 25 de diciembre de 1916, Ben ella se inició en la política en 1945, cuando fue designado alcalde de su localidad natal.

Cuatro años después concentró sus esfuerzos en la lucha anticolonialista contra Francia y participó en la fundación del Frente de Liberación Nacional (FLN), que en 1962 y tras casi ocho años de guerra, forzó la renuncia de París a continuar ocupando el territorio argelino.

La CEV señala a Fabra que los PGE no plasman la prioridad del Corredor Mediterráneo ni ayudarán a reactivar la economía

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha trasladado este jueves al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "no parece" que recojan la "prioridad" que otorgó Bruselas al Corredor Mediterráneo en octubre de 2011 y que, además, "es indudable que la importante reducción de las inversiones respecto al ejercicio anterior no ayudará a la reactivación de nuestra maltrecha economía que requiere, más que nunca, políticas de estímulo". 

   Así lo ha señalado en su intervención al inicio de la junta directiva de la patronal provincial de Valencia, a la que ha asistido Fabra acompañado por el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, en una primera valoración de esas cuentas y de las partidas comprometidas con la Comunitat que están "estudiando exhaustivamente".

   Navarro ha subrayado que si bien son "conscientes" de que "corresponde a todos realizar un esfuerzo" y están "dispuestos a realizarlo", la "importante reducción de las inversiones" que incluyen esos presupuestos "no ayudará a la reactivación" económica.

   En cuanto al Corredor Mediterráneo, ha cuestionado la categoría que le otorgan esas cuentas y ha resaltado que "es una infraestructura irrenunciable" para la Comunitat que, por tanto, recibirá un "apoyo irrenunciable" por parte de la CEV, junto con la autonómica Cierval y las organizaciones empresariales y Cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Murcia, Andalucía y Baleares.

   Además, ha indicado que "lo que no puede demorarse más en el tiempo es una acción consensuada y coordinada que rectifique y compense el tratamiento discriminatorio" que implica para la Comunitat el actual modelo de financiación autonómica y que "supone, hoy en día, una importante rémora para nuestro presente y futuro".

   Navarro también ha reclamado los "pagos pendientes" a las empresas proveedoras de la administración, que suman "retrasos en los pagos de los servicios prestados" a las dificultades de financiación existentes, así como las cantidades que adeudan a la organizaciones empresariales, a la propia CEV y a sus asociaciones y federaciones.

   Ésas son las cuestiones que el empresariado valenciano considera "prioritarias e irrenunciables" y para las que, según Navarro, el Gobierno de la Generalitat "contará con el firme compromiso de colaboración de los empresarios valencianos".

   Como representante de los intereses de todos los sectores y de las empresas que los componen, Navarro ha garantizado a Fabra que están "dispuestos a colaborar y a apoyar iniciativas, políticas y medidas que ayuden a romper la inercia de este círculo vicioso" que "bloquea la salida de la crisis".

   En este sentido, ha defendido el papel de las organizaciones empresariales en el ejercicio de esa función social reconocida constitucionalmente y ha subrayado que, a lo largo de sus tres décadas largas de existencia, han "demostrado" que "la independencia no está reñida con la colaboración institucional", como evidencian los "importantes acuerdos" adoptados a nivel nacional y autonómico "en el marco del diálogo y la concertación social que han propiciado durante décadas el crecimiento económico y la creación de empleo y que ahora son tanto o más necesarios que en periodo de bonanza".

   El líder de la patronal provincial ha reconocido el "trabajo" de Consell y su "atención a las demandas empresariales" y, a modo de ejemplo, ha valorado los anuncios acerca de la convocatoria del Observatorio de la Industria y del "compromiso de atender los compromisos financieros que exige la crítica situación" que atraviesa la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana.

   En cuanto a la convocatoria del Observatorio de la Industria, ha destacado que "supone un paso importante para el desarrollo de una política industrial integral" que aborde todos los subsectores, desde los más tradicionales a los más innovadores, y que apueste por su internacionalización y su competitividad.

   A continuación, ha tomado la palabra el jefe del Consell, quien también ha apelado a esa necesaria colaboración con los agentes sociales y económicos, en "una situación muy difícil" en la que "toca hacer ajustes" y "todos" deberán tener "como premisa la austeridad y el rigor". Así lo han señalado a Europa Press asistentes a la junta, quienes han indicado que se ha prolongado durante "cerca de dos horas y media" y que ha sido "muy tranquila, muy dialogante y muy clara".

   Seguidamente, ha dado comienzo una ronda de intervenciones en la que varios miembros de la junta han expuesto a Fabra y al titular de Economía su preocupación por los retrasos en los pagos a proveedores y otras problemáticas particulares de distintos sectores, tales como el impacto del céntimo sanitario para el transporte o inquietudes del sector del metal acerca de la política industrial.

Puig pregunta cómo se actuará con quien nombró a Bernácer e insta a Fabra a "pedir perdón" por la corrupción

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha calificado de "adecuado" el cese del jefe de explotaciones de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Ignacio Bernácer, pero ha preguntado quién lo nombró y "qué decisiones se van a tomar respecto a quién le nombró". Asimismo, considera que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debería "pedir perdón al pueblo valenciano por todos los casos de corrupción que han jalonado la Comunitat". 

   Puig ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa después de que Fabra haya cesado a Bernácer por su imputación en el caso Emarsa. Al respecto, el dirigente socialista ha destacado que "en todo este caso, todo huele tan absolutamente mal" que el Consell y el PPCV "deberían tomar medidas desde el punto de vista de la higiene política mucho más contundentes de las que han tomado hasta hora".

   Para el secretario general del PSPV, "las decisiones tienen que ser de absoluta radicalidad en la cuestión de la corrupción", pero, además, considera que "en el caso del PP tienen que ser algo mucho más radicales porque tiene que ser algo mucho más creíble".

   Ximo Puig ha subrayado que "se ha montado un sistema en el que pocas instituciones se quedan ajenas al sistema de corrupción". Por este motivo, "Fabra no puede pensar que no va con él". "Va absolutamente con él; ha sido el PPCV el que durante años y años no ha dado respuesta a los casos de corrupción que han ido jalonando la Comunitat", ha lamentado.

   En su opinión, lo que tiene que hacer el jefe del Consell es "tomar medidas inmediatas de asunción de responsabilidades políticas". Al respecto, ha criticado que en caso del presunto fraude de ayudas a cooperación, Fabra "cesó a un director general --en referencia a Josep María Felip-- cuanto ya estaba prácticamente en la cárcel".

   "Eso no es asumir responsabilidades políticas, de lo que se trata es que aquel que lo ha nombrado asuma responsabilidades políticas", ha manifestado Puig, quien ha hecho hincapié en que el PPCV y la crisis económica actual "no puede permitir que haya la más minima sombra de corrupción".

   Preguntado por las declaraciones realizadas por Fabra en las que ha afirmado que no habrá ningún imputado en la dirección regional del PPCV que surja del XIII Congreso Regional del partido, Puig ha respondido: "no me acabo de creer que esto vaya a ser así".

   En este sentido, ha indicado que "lo que tiene que haccer es no hablar sino hacer", porque "no es un problema de hacer declaraciones, lo que tienen que hacer es tomar decisiones de asunción de responsabilidades políticas".

   El secretario general de los socialistas valencianos ha resaltado que "el presidente de la Generalitat y del PPCV, a partir del Congreso, lo primero que deberia hacer, y sería una buena manera de iniciar una nueva etapa, es pedir perdón al pueblo valenciano por todos los casos de corrupción que han jalonado esta comunidad".

   Al respecto, ha incidido en que la "mala imagen" de la Comunitat Valenciana "es responsabilidad única y exclusiva del PPCV, que no ha sido capaz, no solo de cortar estos casos de corrupción cuando surgieron, sino también de admitir el error cometido de una manera sistemática".

Morera pide a Fabra que no haya imputados en el PPCV ni en las instituciones públicas valencianas

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, considera "muy correctas" las declaraciones de presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, que ha asegurado que "no habrá ningún imputado en la dirección regional del PPCV" que surja del XIII Congreso Regional de la formación, aunque ha recordado que también es el jefe del Consell por lo que "tiene que hacer todo lo posible para limpiar las instituciones públicas valencianas de imputados".

   Según ha dicho Morera en un comunicado, "está muy bien" que Fabra "no quiera a ningún imputado en la dirección de su partido", pero le ha "recordado" que tiene una "responsabilidad mucho más grande" porque, además de presidir el PPCV, "él es el presidente de la Generalitat y, por eso, tiene que hacer todo lo posible para limpiar las instituciones públicas valencianas de imputados".

   Para el síndic de la coalición, "la administración valenciana ha estado en el centro de muchas miradas por casos de corrupción" y en muchos de ellos "están implicados, presuntamente, cargos públicos y militantes del PP".

   "Por una cuestión de sanidad democrática y por el bien de nuestras instituciones, es necesario que estas personas estén fuera de conselleries, empresas públicas o cualquier organismo que gestione dinero público y esto lo estamos reclamando nosotros sin éxito desde el primer día", ha manifestado. Morera considera que Fabra "ahora tiene más ilusión en ser el presidente del PPCV, porque lo votarán para ello, que por ser presidente de la Generalitat".

   "Desde la responsabilidad, es mucho más importante el cargo de presidente del Consell que cualquier otro, y por eso, es más importante que centre su atención en limpiar las instituciones públicas valencianas de imputados en casos de corrupción porque la sociedad valenciana necesita que la administración funcione y que se aparte de la vida pública a aquellos que han hecho negocio con el dinero de todas y todos", ha resaltado.

   El portavoz de Compromís ha recordado que Fabra "no puede dar lecciones porque ha promocionado y mantiene en lugares de alta responsabilidad a imputados, entre otros, algunos están dirigiendo importantes puertos valencianos, para hacerle memoria al presidente".

Cierval insiste en que el tercer carril es una "solución temporal" y que la Comunitat necesita el Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El vicepresidente de Cierval, Salvador Navarro, ha señalado este jueves que el proyecto del tercer carril "está muy bien siempre que sea una solución temporal", pero ha insistido en que la Comunitat Valenciana "necesita" por el puerto y por las empresas que tiene la ejecución del Corredor Mediterráneo.

   Así se ha pronunciado Navarro en declaraciones a los medios tras inaugurar una jornada sobre la 'Economía tunecina tras el cambio político' en la sede de Cierval, en la que también ha estado presente el presidente del Consejo de Cámaras, José Vicente Morata.

   Al ser preguntado por la inversión contemplada para el Corredor Mediterráneo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, Navarro ha señalado que desde Cierval aún se están analizando las cuentas y que, en todo caso, la cifra básica es "un 34% a la baja" en la inversión destinada a la Comunitat. En el caso del Corredor Mediterráneo, ha señalado que la cifra no es individual, sino que está mezclada con el AVE.

   En este sentido, ha recordado que el Corredor Mediterráneo "es una infraestructura declarada por la Unión Europea como prioritaria". 

"Me gustaría con más firmeza que se declarara igualmente prioritaria desde el Estado español", ha apostillado.

   A su juicio, los planteamientos que se están haciendo sobre el tercer carril están "muy bien" siempre que se trate de una solución temporal hasta la ejecución del Corredor, aunque ha destacado el hecho de que una semana después de aprobarse los PGE, la ministra de Fomento, Ana Pastor, anunciara este miércoles una inversión público privada de 1.200 millones para este tercer carril.

   "Los 1.200 millones no salen de la noche a la mañana así como así, los PGE son bastante serios como para no cambiarlos ni modificarlos en una semana", ha subrayado.

   En cualquier caso, se ha mostrado de acuerdo en que "si hay inversiones, que las tiene que haber en tema de infraestructuras, una herramienta básica es la inversión público privada" y, respecto al Corredor Mediterráneo, ha destacado que la rentabilidad en cuanto a la inversión privada "está fijada en dos dígitos".

   "Se dan todas las características para que esa infraestructura se lleve a cabo, pero textualmente como Corredor Mediterráneo; y Corredor Mediterráneo la UE dice que es todo aquel corredor en que tienen libertad de movimientos las mercancías y que no se supeditan al tráfico de viajeros", ha apuntado.

   Ha explicado que "en el famoso tercer carril se mezclan viajeros y mercancías", algo que "puede ser una solución temporal".

 "Pero esta comunidad necesita, por el puerto y por las empresas que tiene, el Corredor Mediterráneo", ha concluido.

La ocupación en la Costa Blanca en la segunda quincena de marzo sube un 1,6% respecto a 2011

ALICANTE.- La ocupación hotelera media durante la segunda quincena del pasado marzo en los hoteles de la Costa Blanca ha sido del 71,2 por ciento, lo que significa un 1,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, en el que la ocupación fue del 69,6 por ciento, según ha informado en un comunicado la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec). 

   Desde la patronal hotelera han destacado que en la segunda quincena del pasado marzo se logró un ascenso en la ocupación media hotelera alcanzando el 53,3 por ciento, frente al 52,1 por ciento del pasado año, 1,2 puntos más.

   Por categorías, la ocupación ha sido del 35 por ciento para los hoteles de 5 estrellas, 49,3 por ciento para los establecimientos de 4, del 63 por ciento para los de 3, y del 30,4 para los de 2 estrellas.

   Por procedencias, los turistas españoles han sido mayoritarios con el 65,7 por ciento, mientras que los extranjeros han representado el 34,3 por ciento. Por nacionalidades, destacan británicos con el 10,7 por ciento; portugueses con el 8,5; los Países Nórdicos con el 3,9 por ciento; Alemania con el 1,9; Bélgica con el 1,8 por ciento; Holanda con el 1,3; y Francia con el 1 por ciento.

   Por municipios de destino, Finestrat ha obtenido el mejor dato de ocupación al alcanzar en la segunda quincena del pasado mes un 84 por ciento de ocupación. Otros municipios de la provincia con ocupaciones relevantes han sido l'Alfàs del Pi con un 56,6 por ciento y Altea con un 55,4 por ciento, según la patronal hotelera Hosbec.

   Así, Calpe ha registrado una ocupación media del 62 por ciento, un  municipio, en el que la ocupación por categorías ha oscilado entre el 54,2 por ciento de los hoteles de 4 estrellas y el 87,1 por ciento de los hoteles de 3 estrellas.

   Por otra parte, los establecimientos hoteleros del sur de la provincia de Alicante han registrado un dato de ocupación del 41,1 por ciento en la segunda quincena del pasado marzo.