Las irregularidades en la gestión en las cajas de ahorros están en manos
de los tribunales. La intervención o nacionalización de una quincena de
entidades ha desencadenado una cascada de denuncias, tanto por el cobro
de indemnizaciones millonarias por parte de exdirectivos, como por la
comercialización fraudulenta de productos financieros. La máxima
expresión de todos los procesos abiertos es el planteado el pasado
miércoles contra 33 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre los
que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la
querella, presentada por el partido UPyD y admitida a trámite por la
Audiencia Nacional, se denuncia la comisión de delitos de estafa,
administración desleal, falsificación de las cuentas anuales,
apropiación indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas.
Los
juristas consultados tienen serias dudas de que los procesos abiertos
puedan llegar a desembocar en condenas penales, pero su repercusión en
términos políticos, y en el descrédito generalizado del sector de cajas,
será evidente.Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha
abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en una
decena de cajas: Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Duero, Caja España,
Caixa Penedès, Caja Mediterráneo, Caja Castilla La Mancha (CCM)...Este
último caso es el que más avanzado está en términos judiciales. El
expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y otros
consejeros y directivos fueron sancionados por el Banco de España por su
mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se inició un
procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que aún no ha
concluido. En uno de los últimos giros del juicio, la fiscalía reconoció
que ni Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se habían
enriquecido por la gestión."Dependerá de cada caso, pero en
general va a ser difícil que las acusaciones puedan demostrar que ha
habido dolo en la actuación de los directivos", explica un abogado que
lleva procesos penales en la Audiencia Nacional.Los dos casos que
más alarma social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y
Novagalicia. En ambos se está investigando si algunos de sus directivos
se concedieron generosos sueldos, indemnizaciones y pensiones, pocos
meses antes de que sus respectivas entidades fueran intervenidas o
nacionalizadas.Otro de los aspectos penales que tiene mayores
visos de prosperar es la comercialización de participaciones preferentes
de forma irregular, entre clientes que no entendían la complejidad del
producto.
Novacaixagalicia. 30 millones en indemnizaciones y el escándalo de las preferentes
Novacaixagalicia
ejemplifica los graves problemas que pueden aparecer al mezclar
política y finanzas. El proyecto de fusionar las dos cajas regionales,
Caixa Galicia y Caixanova, fue apadrinado por el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo. La combinación de dos directos competidores
obligó a realizar un alambicado ejercicio de reparto de funciones
directivas y de sedes corporativas.Con el deterioro de la
situación económica, el proyecto se vio desbordado, lo que forzó el
relevo de sus gestores. Entre cuatro altos cargos (José Luis Pego,
Gregorio González Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García De
Paredes), se repartieron 30 millones de euros entre indemnizaciones y
pensiones, a pesar de que a los pocos meses la entidad tuvo que ser
nacionalizada y recibir varios miles de millones de euros de dinero
público.-Fiscalía anticorrupción. El clamor popular que surgió
tras hacerse públicas las indemnizaciones cobradas por los directivos
provocó que la Fiscalía Anticorrupción decidiera tomar cartas en el
asunto. Hace dos semanas, decidió presentar una querella ante la
Audiencia Nacional contra estos exdirectivos, argumentando que todos
ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno
conocimiento de la dificilísima situación económica" de la caja, en
referencia al aumento de las retribuciones que se aprobó durante la
fusión a espaldas del consejo y del Banco de España. El entonces
presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, también ha sido
incluido en la querella al considerado último responsable.-Preferentes.
Además del escándalo de las indemnizaciones millonarias, la fiscalía ha
demandado a la entidad por la comercialización fraudulenta de
preferentes, donde le pide que deposite una fianza de 1.108 millones.
Caja Mediterráneo-CAM. La pensión millonaria de Amorós y la venta de cuotas participativas
El
caso de Caja Mediterráneo (CAM), fue el primero en el que se empezó a
atisbar que la gestión de las cajas de ahorros podía saltar de la
imprudencia al dolo. La entidad fue intervenida hace un año, y
posteriormente adjudicada en subasta a Banco Sabadell, con una
importante subvención económica. Unos meses después de que el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recapitalizara la entidad
financiera, comenzaron a hacerse públicos los lucrativos contratos
firmados por varios de sus directivos cuando la caja ya estaba al borde
del abismo.María Dolores Amorós, directora general en el momento
de la intervención, cobraba un sueldo anual de 600.000 euros y, además,
pactó una pensión vitalicia por 370.000 euros anuales.-El juicio.
Cuando el Banco de España retiró a Amorós de su cargo por despido
disciplinario, la exdirectiva emprendió acciones legales para reclamar
su pensión. El juzgado dio la razón al Banco de España y dejó a Amorós
sin indemnización ni pensión.-La Fiscalía Anticorrupción ha
abierto una investigación para valorar si Amorós pudo haber cometido
algún delito al pactar su remuneración y la generosa pensión vitalicia.
Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella
presentada por la plataforma de afectados de Caja Mediterráneo contra
una decena de directivos de la entidad, incluido el anterior director
general, Roberto López y el expresidente, Modesto Crespo. Los afectados
son, fundamentalmente, clientes que invirtieron en cuotas
participativas.
CCM. Sus gestores aún no han sido juzgados, tres años después de ser intervenida
Cuando
el Banco de España decretó la intervención de Caja Castilla La Mancha
(CCM), el futuro del sector ya estaba escrito, aunque pocos lo querían
reconocer. Tres años después de que el supervisor apartara a los
gestores de la entidad, la recapitalizara y la vendiera en subasta
pública (a Cajastur, ahora en Liberbank), la causa judicial abierta por
las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la caja
aún sigue en pleno proceso judicial. El coste máximo del rescate de esta
entidad se podría elevar a 4.100 millones de euros, costeados por el
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).-Iniciada en 2010. La causa
contra los exdirectivos de la caja castellanomanchega se inició en
diciembre de 2010. El Banco de España ya impuso a varios de los
exconsejeros y directivos sanciones administrativas, pero la mayor parte
de los implicados la han recurrido.-Créditos polémicos. El juez
de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha
pedido al Banco de España un dictamen sobre una serie de créditos
polémicos concedidos por CCM a Luis Portillo, Luis Delso, la familia
Fermoselle, Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco, por un importe
total de 400 millones de euros.-Opinión de la fiscalía. La
Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el expresidente de Caja
Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director
general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron
personalmente durante su gestión al frente de la caja manchega. En un
escrito enviado al juez, la fiscalía concluye que "después de la
investigación efectuada por la Guardia Civil, no se han detectado
indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados".
Caixa Penedès. Investigación sobre los planes de pensiones
Caixa
Penedès, integrada ahora en grupo BMN, también está siendo objeto de
una investigación por las indemnizaciones que recibieron algunos de sus
directivos y que, en conjunto, superan los 20 millones de euros. Estos
profesionales son el ex director general (Ricard Pagès), el ex director
general (Joan Caellas), el ex director general (Manuel Troyano) y el ex
director de recursos humanos (Jaume Jorba). Las indagaciones las comenzó
la Fiscalía Superior de Cataluña y después tomó el testigo la Fiscalía
Anticorrupción. De la cantidad señalada, Ricard Pagès habría recibido
cerca de 11 millones.-Posición de BMN. El consejo del grupo Banco
Mare Nostrum -donde está integrada Caixa Penedès, junto a Cajamurcia,
Caja Granada y Sa Nostra- ha exigido a los cuatro exdirectivos
investigados la devolución de los más de 20 millones que tenían en
pensiones depositadas en otra entidad. De todas las entidades con
problemas legales, BMN es la única que no ha sido intervenida ni
nacionalizada, aunque sí que ha recibido un préstamo del FROB por
importe de 916 millones, y podría tener problemas para continuar siendo
independiente.
Bankia. La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de la entidad
La
admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD contra 33
exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA ha provocado un fuerte
terremoto en amplios círculos políticos y financieros de Madrid y
Valencia. El segundo grupo financiero español, producto de la fusión de
siete cajas (entre las que estaban Caja Madrid y Bancaja), fue bendecido
por todas las autoridades políticas y supervisoras, tanto en su
constitución, como en su decisión de salir a Bolsa. Su nacionalización y
la solicitud de 19.000 millones de capital, ha revelado los fallos de
diseño del grupo.-El juicio será uno de los más relevantes de la
historia de España. No solo por las miles de personas afectadas (entre
accionistas, empleados y tenedores de participaciones preferentes), sino
por el perfil de los imputados: Rodrigo Rato (exvicepresidente del
Gobierno), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat valenciana),
Ángel Acebes (exministro de Interior). Entre las personas que han sido
llamadas a declarar en la fase de instrucción están el exgobernador,
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio
Segura.-Participadas. Tras conocerse la imputación, algunos de
los exconsejeros de Bankia y BFA que permanecen en los consejos de
participadas han empezado a renunciar a sus cargos. El grupo ya tenía
previsto reducir drásticamente el número de consejeros y que este
proceso estuviera culminado para el próximo septiembre. Ahora, sin
embargo, podría acelerarse.-Los delitos denunciados se refieren
al enorme agujero patrimonial hallado tras la nacionalización, el fiasco
de la salida a Bolsa, a la comercialización de participaciones
preferentes y a la obtención de pensiones y créditos por parte de
consejeros en condiciones ventajosas. UPyD ha llegado a solicitar la
intervención judicial del grupo financiero, que actualmente está
dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo desde que
Rodrigo Rato abandonó el cargo. La Fiscalía es partidaria de imputar
también a algunos directivos del grupo que no formaban parte del consejo
de administración.
Catalunya Caixa. Sospechas sobre los sueldos de los exdirectivos de la entidad
Catalunya
Caixa es otro de los juguetes rotos del sistema bancario español. El
intento de integrar un colectivo de cajas catalanas para ganar tamaño y
sortear la crisis nunca acabó de funcionar. La entidad ha acabado siendo
nacionalizada y está pendiente de la recepción de hasta 4.300 millones
de dinero público para recapitalizarse. A pesar de este fiasco, algunos
de los antiguos exdirectivos se fueron con jugosas indemnizaciones antes
de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.-Investigación.
La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para conocer si
existen indicios de delito o de irregularidades en los sueldos que
percibieron altos cargos de la entidad. El Fiscal quiere determinar si
esas remuneraciones son compatibles con que la entidad recibiera ayudas
públicas: 2.968 millones de euros vía Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB) que todavía no ha devuelto al Estado.Algunas
informaciones apuntan a que el ex director general de Caixa Catalunya
entre 1998 y 2008, Josep María Loza, pudo cobrar cerca de 10 millones de
euros en concepto de indemnización y de pensión.-El caso
Unnim. El otro grupo catalán de cajas que acabó siendo nacionalizado, y
posteriormente vendido en subasta a BBVA, también tuvo una investigación
por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), después de que se
hiciera público que el último director general, Enric Mata, pudo haber
cobrado cerca de ocho millones de euros tras dejar el cargo. Este
organismo acabó concluyendo que los pagos se habían ajustado a derecho.
Banco de Valencia. La entidad denuncia a los anteriores gestores
La
debacle de Banco de Valencia -filial de Bancaja y, posteriormente, de
Bankia- dio la señal de alarma sobre lo que se avecinaba para el resto
del grupo. El 28 de octubre de 2011, dimitía su presidente, José Luis
Olivas, presagiando la tormenta que se avecinaba. Olivas, que también
era presidente de Bancaja, había empezado a tener problemas con sus
socios en la alianza de cajas (especialmente con el presidente de Caja
Madrid y del grupo, Rodrigo Rato). Le reprochaban que la entidad había
inflado la valoración contable de Banco de Valencia, para ganar una
mayor cuota en el capital de Bankia. Un mes después de la salida de
Olivas, el Banco de España intervenía la entidad.-Accionistas. En
una convulsa junta de accionistas, donde se aprobó que el Estado se
hiciera con el control del 91% de la entidad, también se acordó que
Banco de Valencia ejerciera una acción social de responsabilidad contra
los anteriores gestores, especialmente contra el que fuera el director
general de la entidad durante 17 años, Domingo Parra, que pactó una
indemnización de 7,5 millones.
