MADRID.- El Congreso de los Diputados ha dado luz verde
a la reforma presentada por el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con
la aprobación de las enmiendas introducidas por el PP en el Senado. Esta
norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.,
prevista en los próximos días.
El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno
del Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto,
no respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva
el litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica
para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo,
pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al
Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero,
la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el
apoyo del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta
votación se repitió en la 'segunda fase' del trámite parlemantario, ya
en el Senado, el pasado 24 de abril.
Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas
presentadas en la Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a
favor del PP y la abstención o voto en contra de la oposición, salvo en
materia de cambio climático, que ERC ha apoyado a los 'populares'.
Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas
incorporar una regulación específica para luchar contra el cambio
climático en la costa española, además de que impone al Ministerio de
Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático de cara a
mitigarlos.
Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta
Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa,
diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas,
preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las
ocupaciones como las actividades, y aumentando en todo caso su
protección.
Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en
el dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas),
como en su zona adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la
prohibición de la edificación residencial en la costa, y se refuerza con
mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que las obras
de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque
ya eran legales) del domino público terrestre porque son terrenos de
núcleos urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su
mayoría a viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o
empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público
marítimo terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de
Xilxes (Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto
de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona);
Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco urbano de Isla
Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El Palo (Málaga).
Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que
el archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se
ha preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se
ha tenido en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente
para rechazar la ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la
costa.
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre
de protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la
regla especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí,
se prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre
sólo se podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988
tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos marcados en la
disposición transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo
delimitado. Por tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas
construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se
solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique
permitir un solo edificio más en la costa", justifica.
En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y
prohibidos en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente
señala que se les dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones
de la concesión, a la vez que se les exigirá más en términos de
ordenación y cuidado de las playas.
Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los
propietarios de viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un
máximo de 75 años. Durante la concesión y sus prórrogas se debe
garantizar la conservación de la costa y, además, se va a exigir a los
empresarios la corresponsabilización en esa conservación del domino
público.
Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los
nacionalistas gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a
la empresa ENCE, situada en la ría de Pontevedra que, según insisten,
es contaminante.
Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el
Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las
industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las
comunidades autónomas.
La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos
de interés general con repercusión turística en algunos tramos de playa y
que se puedan permitir los usos comerciales y de restauración en la
zona de servicio portuaria, donde se prohíben las edificaciones para
residencia o habitación.
Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado
que están estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el
Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas
europeas, tratados internacionales, aparte de carecer de una memoria
económica y favorecer la privatización de la costa, que llevó a España
al 'boom inmobiliario' y consecuente crisis económica.
Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar
el artículo 132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los
bienes de dominio público.
Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba
Agirretxea del PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas
presentadas en el Senado a la normativa suponen una invasión de
competencias.
Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la
oposición de los grupos ecologistas quienes han tachado este día de
"duelo" al haberse aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene "ningún
espíritu de protección".
Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando
comenzaba el debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo
de activistas de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para
protestar contra la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en
la que se podía leer 'El PP vende nuestras costas'. La protesta se ha
saldado con ocho detenidos.
