domingo, 10 de noviembre de 2013

El Banco Sabadell en el punto de mira / Marcello

Mientras Artur Mas insistía ayer en que habrá consulta en pos de la autodeterminación, por las buenas o por las malas, el presidente de Freixenet, Josep Lluís Bonet, advertía desde Cataluña que su empresa está sufriendo el boicot en la compra de su cava tanto en Cataluña como en el resto de España. En Cataluña por declararse contra de la independencia y en toda España porque el desafío del independentismo catalán está causando, paulatinamente, estragos indiscriminados en el consumo y la venta de productos catalanes.

Y a no perder de vista el sector de la banca y los servicios que no olvidan, y ya sufrieron la que se llamó ‘guerra del cava’ como bien recordará el señor Bonet. Una guerra que, colateralmente, llegó al sector bancario, -y todo ello por un asunto menor porque Carod Rovira dijo que no había que beber vino de Rioja- por lo que ante el eventual desafío frontal al Estado, que se acerca en 2014, todos deben estar muy atentos. En especial una entidad como el Banco Sabadell que se presenta, ante los ojos de algunos observadores, como un flanco débil de la cadena catalana.

No en vano y desde que Juan María Nin abandonó dicha entidad para incorporarse a La Caixa y luego a Caixabank, este banco que preside Josep Oliú mantiene un perfil bajo y un tanto confuso ante el debate secesionista. Y por más que el señor Oliú se mostrara contrario -aunque sin alharacas- a la secesión y hayan circulado noticias -como las el Grupo Planeta- sobre el posible traslado de su sede social fuera de Cataluña porque en torno a este banco, de tamaño mediano, se han detectado -por su marca, dudas y el uso de la lengua catalana en sus cajeros y en cartas a los clientes- una escalada de deserciones entre sus clientes que, si al día de aún no parece importante, podría convertirse en elemento de la máxima preocupación a corto o medio plazo.

De hecho sus últimas e intensivas campañas publicitarias -de las que se benefician los medios independentistas, al igual que sigue manteniendo sus créditos y ayudas a los partidos y organizaciones catalanas independentistas- desvelan una cierta preocupación de la cúpula del Sabadell, que puede ir en aumento a medida que se acerca el año 2014. El que, sin lugar a dudas, será el año del desafío independentista de Artur Mas y de los partidos que lo apoyan, CiU y ERC.

Y si esto sigue así no sería de extrañar que los clientes de Banco Sabadell empezaran a preocuparse por sus ahorros e inversiones, de igual manera que el Banco de España debería estar preocupado a este respecto con el Banco Sabadell, haciendo un seguimiento detallado de su situación. No en vano éstas son cuestiones muy delicadas y sensibles en las que, en caso de detectarse una ‘fuga’ continuada de clientes, se encenderían todas las alarmas y ello podría desencadenar una crisis, e incluso una posible intervención de dicha entidad.

Intervenida está, y por motivos muy diferentes y sin visos de una solución estable -y sometidos sus directivos, con Narcis Serra a la cabeza- a una investigación judicial, Catalunyacaixa. Por lo que solo faltaba que se abriese una crisis en torno al Banco Sabadell que al parecer tiene el 80 % de sus clientes en el lado españolista, dentro y fuera de Cataluña. Lo que podría provocar la sospecha de que con fondos españolistas el Banco Sabadell financia o ayuda al independentismo catalán, que actúa contra la unidad de España.

Y si no que Julia Otero, la entrevistadora ‘oficial’ de este Banco Sabadell, que le pregunte al señor Oliú cuánto dinero dio el banco en los últimos años a los partidos, organizaciones y los medios de comunicación que están a favor de la independencia de Cataluña. Datos que, a buen seguro, interesarían y mucho a los clientes del Banco Sabadell.

El que además no tiene la coraza ‘sistémica’ de Caixabank, ni su tamaño y enorme influencia y positiva capacidad de gestión y de innovación (Caixabank acaba de ser nombrado el mejor banco del mundo en innovación). Como no cuenta con la eficacia de Juan María Nin -que ellos tan bien conocen- ni con la astucia de Isidre Fainé, quien se mueve como sigiloso pez en las aguas de Madrid y Barcelona. De ahí que si lo del boicot que anuncia Freixenet -por más que su presidente Bonet diga que le afecta más en lo moral que en lo económico- crece y se extiende en el conjunto del entramado empresarial, financiero y de servicios de Cataluña, el Banco Sabadell estará en el punto de mira del españolismo. Sobre todo si Artur Mas -que no parece tener marcha atrás en su loca cabalgada- se lanzan a tumba abierta hacia la autodeterminación o hacia una consulta ilegal. De manera que mucho cuidado con el Banco Sabadell, porque sus clientes también tendrán, sobre todo esto, algo que decir o incluso decidir.

sábado, 9 de noviembre de 2013

Cientos de personas se manifiestan contra el cierre de RTVV en las tres capitales de la región

VALENCIA.- Cientos de personas se han manifestado este sábado en Valencia para mostrar el rechazo de la sociedad civil a la decisión de la Generalitat Valenciana de cerrar Radio Televisión Valenciana (RTVV), que es "necesaria" para la Comunitat Valenciana, y para exigir al jefe del Consell, Alberto Fabra, que reconsidere su decisión.

   La marcha, convocada por el comité de empresa de RTVV y que cuenta con el apoyo de 160 entidades sociales, ha partido a las 18.00 horas desde la plaza de San Agustín con un sonoro aplauso y gritos de 'Fabra dimisión', hacia una calle de San Vicente repleta de gente para dirigirse hacia la Plaza de la Virgen, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto en defensa de la continuidad de la radiotelevisión y han actuado varios grupos valencianos.
   Pese a que la de Valencia ha sido la manifestación más multitudinaria, en Alicante y Castellón cientos de personas han secundado también la convocatoria, desde la avenida de Aguilera y la plaza de las Aulas, respectivamente.
   En Valencia, en una carroza a modo de plató móvil, los presentadores de Nou Joan Espinosa y Clara Castelló, esta última afectada por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), han conducido el evento.
   Tras una primera pancarta en la que podía leerse 'RTVV no es tanca, és la teua' (RTVV no se cierra, es la tuya') se han situado representantes de la cultura, la fiesta, el deporte valenciano o los sindicatos.
   Entre ellos estaban los intérpretes Ferran Gadea, Cristina García, Álex Gadea, Rosana Pastor y Carles Alberola, el cantautor Feliu Ventura, el miembro de Al Tall Vicent Torrent, el presentador Eugeni Alemany, el presidente de la falla Na Jordana, Pere Borrego, el artista fallero Ximo Esteve, o el pilotari Waldo. También han acudido, entre otros, los secretarios generales de UGT-PV, Conrado Hernández, y de CCOO-PV, Paco Molina, así como el presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno.
   Asimismo, han acudido los máximos representantes políticos de los tres partidos de la oposición: Ximo Puig (PSPV), Marga Sanz (EUPV) y Enric Morera (Compromís).
   El manifiesto ha sido leído por los actores Ferran Gadea y Rosana Pastor.
   "Los valencianos tenemos una lengua propia, pero todos sabemos que una lengua que no tiene presencia en los medios de comunicación es una lengua condenada a una muerte lenta", señala el texto, en el que se reivindica una radiotelevisión pública en valenciano y de calidad.
   Así, incide: "son otros los que han pervertido los objetivos de RTVV y la han convertido en una herramienta de manipulación y propaganda; son otros los que la han llevado a la ruina con una gestión nefasta y los que han buscado el beneficio propio en lugar del beneficio social".
   Por ello, critica que "ahora quieren cerrar RTVV los mismos que la han llevado al descalabro económico y el descrédito social", concluye el manifiesto.
   Al término de la lectura, los asistentes han coreado al unísono 'Canal 9 no es ven, es defen' ('Canal 9 no se vende, se defiende') y la periodista Amalia Garrigós, también afectada por el ERE, ha agradecido el apoyo a los presentes y ha reiterado la necesidad de la radiotelevisión pública.

Un millar de vecinos de la Vega Baja del Segura se manifiesta en Murcia contra un vertedero de Abanilla

MURCIA.- Unos mil vecinos de la Vega Baja del Segura, en Alicante, llegados a Murcia en una veintena de autobuses se han concentrado este mediodía ante el Palacio de San Esteban para denunciar la inminente apertura de un nuevo vaso de residuos del vertedero de Abanilla, próximo a varias pedanías oriolanas, una instalación sobre la que pesan hasta nueve expedientes municipales y una investigación judicial sobre vertidos ilegales. El lunes lo harán en Valencia.

Las asociaciones Vertivega, 'Albatera, No al Vertedero' o 'Granja-Cox, no al vertedero de tránsito' organizaron esta protesta que recorrió las calles de Murcia desde la Glorieta hasta la sede del gobierno autonómico, encabezadas por varias pancartas contrarias al citado vertedero.
"Necesitamos oxígeno, no gases contaminantes", "No al vertedero" y "Con basura no valen brevas ni granadas", eran algunas de las pancartas que podían leerse en la marcha pacífica, que culminó con el sorteo de dos jamones tras la venta de unas rifas con las que pagaron los citados autobuses.
Vertivega es el colectivo vecinal que lucha por el cierre definitivo del vertedero de Proambiente, que sitúa sus instalaciones a caballo entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada. Y denuncia las «prisas» de la empresa gestora y de la administración autonómica murciana por reabrir el vaso 3. 
Esta convocatoria de hoy coincide con el reciente pronunciamiento del Juzgado nº 4 de Cieza, que investiga al vertedero por un delito contra lo recursos naturales y el medio ambiente desde 2011, en el que, según señalan desde la Plataforma, viene a decir que va a levantar el cese cautelar de la actividad en el vertedero y pide a la dirección general de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia que compruebe que se cumplen las condiciones exigidas para reanudar la actividad en el vaso 3.
Vertivega interpreta que este alzamiento de la medida cautelar provocaría la obtención por parte de Proambiente de la autorización ambiental integrada por la vía rápida sin la necesaria participación pública, para así «poder enterrar las miles de toneladas provenientes de buena parte de los municipios de la Vega Baja (lo que) se traduce en nuevos episodios de infracciones y afección directa al medio ambiente».
El propio alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén (Los Verdes), criticó recientemente la gestión que el Gobierno de la Región de Murcia está realizando en el vertedero de Proambiente y le acusó de estar favoreciendo su reapertura ante el juzgado nº 4 de Cieza. El regidor afirmó que el Gobierno murciano está intentando «salvar la cara» después de que la mercantil depositara el aval de 3,3 millones de euros que le reclamó como paso para tramitar las licencias y legalizar su situación.
La suspensión de la actividad se adoptó en junio de 2012 después de que la Guardia Civil entrara en las instalaciones, realizara una inspección por sorpresa y comprobara que se estaba enterrando basura en zanjas, saltándose la orden previa de la consejería de Medio Ambiente de Murcia de prohibición de enterramiento de basura, adoptada en septiembre de 2011 por las reiteradas irregularidades en el recinto.
El portavoz de la plataforma, Vicente Pérez, tachó de "incongruente" la actitud del Gobierno murciano por afirmar "que todo está con garantías". Actualmente, un juzgado oriolano investiga por vía penal las sospechas de que existieran vertidos ilegales incontrolados durante lustros, incluso en campos de cultivo. "Nosotros sabemos las pretensiones de Proambiente, y dentro de su trayectoria no está la de seguir los mandatos de la ley", manifestó Pérez, quien ha hablado de la "poca voluntad de reciclar" por parte de la mercantil que "ha llegado a enterrar residuos, muchas veces, sin pasar por la planta".
Proambiente es de la familia de Ángel Fenoll, que dirigió el vertedero hasta hace poco y está considerado e imputado por la Justicia como uno de los cabecillas de la trama Brugal. También está siendo investigado por la financiación ilegal de la campaña de la anterior alcaldesa oriolana del PP, Mónica Lorente.

El letrado Diego de Ramón pide al juez Gómez Bermúdez que encarcele a la cúpula de la CAM

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez, la modificación de las medidas cautelares para que los cinco miembros imputados de la antigua cúpula de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) ingresen en prisión o satisfagan una fianza de 35 millones de euros por cabeza, además de la fianza impuesta para cubrir responsabilidades civiles, de otros 35 millones de euros, por el quebranto económico al Estado (a través del Fondo de Garantía de Depositos) y a los casi 55.000 afectados clientes de la CAM, para beneficio propio.

Este abogado adjunta escrito dejado en su bufete por un antiguo empleado de la CAM, don Ramón López Gil, que se presento el pasado día 20 de diciembre, donde revela la trama organizada y generalizada en dicha entidad con el dinero que gestionaban en operaciones de préstamos económicos, pymes, hipotecarios y fraudes a la Hacienda Pública.

De Ramón (en la imagen) se halla personado en su condición de querellante como Acusación Popular y acusaciones particulares, contra los  exmiembros directivos de la CAM, y subsidiariamente contra dicha entidad, por un presunto delito de estafa.

A su juicio, justificaría el ingreso en prisión, que el Fondo de Garantía de Depósitos ha analizado los números rojos mediante un nuevo informe de expertos independientes fechado a 31 de diciembre del año pasado, quedando un quebranto de 3.707 millones hasta el año 2021, donde el 80% de esta cantidad será asumida por el F.G.D., 2.965 millones de euros, "es decir, más del doble de lo estimado (1.340 millones de euros) cuando la entidad del Sabadell se quedó la CAM en diciembre del año 2011. Y a este dinero habría que sumar una cifra de 5.250 millones de euros que inyecto el FGD en el capital de la CAM, de forma que el rescate total llega hasta ahora a los 8.215 millones de euros, siendo culpables los imputados".

Pero De Ramón en su escrito al juez justifica su petición, además, en:

"a).-Por la falta de constitución de la fianza económica decretada el año pasado, en el cual amparándose en los recursos planteados no CONSTITUYO NINGUN TIPO ECONOMICO DE GARANTIA POR LOS INDICIOS CRIMINALES QUE EXISTEN EN LA CAUSA.

b).-Por la fuerte presencia de cerca de CIEN SOCIEDADES participadas en la cartera industrial de la CAM, que crearon los directivos imputados, para burlar el control y fiscalización de los créditos que se dieron y no se han cobrado. Tenemos el ejemplo en esta causa de las dos sociedades que a continuación exponemos (Polaris World y Hansa Urbana) y que el Instituto de Finanzas Valenciano, no auditaba ni se enteraba.

c).-La entidad concedió créditos sin pasar por la central de riesgos o Central de Información de Riesgos (Cirbe) del Banco de España, ver contestación ultima del Banco de España.

d).-La fianza económica de 35 millones de euros, puesto que ha transcurrido EL TERMINO DE AUDIENCIA DE UN DIA, pese a interponer recursos, no suspende dicha medida de embargo, lo cual tiene que realizarse el siguiente paso, el embargo INMEDIATO DE TODOS LOS BIENES, PROPIEDADES, DERECHOS, ACCIONES TITULOS EN BOLSA, BONOS QUE TENGA EN ENTIDADES FINANCIERAS, PARA QUE CON DICHA MEDIDA SIRVA GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA QUE EN SU DIA SE DICTE Y CALMAR LA FALTA DE TUTELA Y PROTECCION DE TODAS LAS VICTIMAS que han sido objeto por parte de los imputados en el quebranto económico de los ahorros particulares, LOS CUALES FUERON INDEMNIZADOS EN CUANTIA DE CERCA DE SEIS MILLONES DE EUROS (d. Roberto López Abad) y el resto en mas de 1.500.000 de euros, aparte el plan de pensiones millonario.


g) Otra modificación de la medida cautelar, las declaraciones del exgobernador del Banco de España, el pasado 6 de junio del año 2012, ante las Cortes Valencianas, donde culpa a los exconsejeros y gestores (ahora imputados) de la CAM en su caída y bancarrota, y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia y Murcia, que fueron quienes los nombraron.

h).-El expresidentes de la CNMV, Sr. Segura, en su declaraciones ante las Cortes Valencianas, el día 14 de mayo pasado, asegura que cuando se emitieron preferente es y cuotas, se timo a los inversores con estos productos, donde hubieron en su gestión y comercialización “diversas deficiencias” donde un gran porcentaje el 72% de las operaciones consideradas idóneas “no lo serian”, ya que el test preceptivo para comercializar este producto era “complejo” teniendo un marcado sesgo para dar resultado positivo. Y el 26% de los casos no se evaluó al cliente la idoneidad de la operación. TODO ESTO LO REALIZARON EN INGENIERA FINANCIERA LOS IMPUTADOS". 

Expertos jurídicos advierten de que el cierre de RTVV será "complejo" y que habrá que "justificar" para que sea válido

VALENCIA.- Expertos en derecho administrativo consultados han advertido hoy que el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV) será un proceso legal "complejo" y que habrá que "justificar" para evitar que, en caso de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional, sea anulado, al igual que habrá que justificar la ausencia del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad.

   De esta manera, han apuntado que será el TC la última baza para los trabajadores de la sociedad pública cuando se haga efectiva la ley por la que se apruebe la liquidación de RTVV. Será este órgano el único que pueda controlar si la nueva legislación contempla alguna infracción o si, por contra, es constitucional.
   De este modo, el profesor Derecho Administrativo de la Universitat de València, Juan Antonio Ureña, considera que "no es tan fácil" proceder a la liquidación de una sociedad pública como es RTVV porque "una cosa tan compleja como ha acabado siendo Canal Nou no puede acabar deshaciéndose de un día para otro porque hay personas, hay valores y servicios". También han indicado que el procedimiento legislativo no es como el reglamentario y, aunque se tenga mayoría en el Parlamento para llevarlo a cabo, "hay que justificarlo".
   En esta línea, el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Andrés Boix, ha destacado la "dificultad" y la "complejidad" de este proceso, --que "será largo", han dicho--, porque no hay antecedentes de casos similares, así que "no hay posibilidad de copia y siempre hay más flecos abiertos".
   Así, en relación a la situación administrativa de la sociedad, expertos consultados han puntualizado que "Canal 9 es un complejo de personas públicas y sociedades mercantiles y no es tan sencillo cerrarlo porque no solo se trata de una personalidad, sino de muchas personificaciones públicas y privadas". Además, han indicado que se tendrá que justificar la desaparición del fundamento del interés general con el que se creó la sociedad.
   Un especialista ha añadido: "una cosa son las personas jurídicas que hay que extinguir, pero vinculado a la extinción están los contratos y las personas que prestan servicios. De modo que si es una decisión sin justificar, aunque el legislador lo puede casi todo, si causa un daño tiene que pagarlo".
   El legislador, ha apuntado Ureña, "tal y como decían los clásicos, puede todo menos convertir a un hombre en mujer, porque tiene un peso importante, pero el procedimiento legislativo no es como el reglamentario, y aunque tenga mayoría, hay que justificarlo", ha apostillado.
   En cualquier caso, ha apuntado Boix, del mismo modo, la "única" forma de ejecutar el cierre de RTVV es recurrir a la ley. O bien mediante la aprobación de un decreto ley, o bien por medio de una modificación, derogación o aprobación de una nueva normativa.
   La diferencia, ha señalado, es que si se opta por la primera medida, "todo es más rápido aunque más difícil de justificar"; mientras que si se elige la segunda, el procedimiento "será más complicado" echarlo para atrás porque está "más blindado", ha indicado.
   En cualquier caso, la ley tendrá que establecer unos mecanismos de funcionamiento diferentes para la televisión valenciana, nombrar a unos gestores y establecer cómo va a ser el cierre. Uno de los especialistas ha matizado que para poder cerrar la sociedad hay que hacer "muchas cosas", cómo el hecho de resolver qué se va a hacer con las deudas, con los compromisos, los activos o los proveedores. "Es un proceso que habrá que ordenar", ha dicho.
   Esta ley también podría ser recurrida ante el TC, organismo que es el "único" que puede controlarla, que puede determinar si es o no constitucional. "Si la ley está bien hecha, que no es difícil, el Constitucional rechazará el recurso. Para decir que está mal hecha tendría que haber una barbaridad", ha apostillado uno de los especialistas.
   Aquellos que podrían recurrir al TC la ley del Gobierno valenciano son: los afectados, en vía de amparo; o el presidente del Ejecutivo, el Defensor del Pueblo, y 50 diputados y 50 senadores de los partidos que estén en contra, han señalado las mismas fuentes. También podría hacerlo la Asamblea de la comunidad autonómica, "pero contra tu propia ley no lo vas a hacer", han aseverado. Pero no hay tiempo para que luego se pronuncie el TC, y mientras tanto, RTVV estará cerrada.

Fabra dice que mantener RTVV "repercutiría en el bienestar de todos" y que no ha pensado en el coste electoral

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que "mantener Radio Televisión Valenciana (RTVV) en los términos que ha fijado el juez repercutiría en el bienestar de todos", y ha insistido en que el ente "no podía ser una excepción" en el marco de la reducción de la Administración y ha señalado que no ha pensado en el coste electoral del cierre, dado que es momento de "ser responsables" y no de "tratar que las encuestas luzcan mejor o peor".

   Así se ha manifestado el jefe del Consell en una entrevista concedida al diario Abc, en la que incide en que "no hay vuelta atrás" en la liquidación de RTVV ya que "la decisión de la justicia no deja margen" y en la que explica que al primero que trasladó su decisión fue al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
   Al ser cuestionado sobre si era consciente del debate que abriría en España con la decisión del cierre del ente público de radiotelevisión valenciana, Fabra señala que no la tomó "pensando en eso, sino en cuáles eran las opciones de acuerdo a los presupuestos autonómicos".
   "Nuestro presupuesto para la televisión en 2014 se limita a 70 millones de euros, pero no tenemos 110 millones más. Las políticas sociales se llevan nueve de cada diez euros de ese presupuesto. ¿Dé dónde se iba a detraer esa cantidad si no es del dinero destinado a las políticas para las personas?", ha justificado.
   En cualquier caso, admite ser "muy consciente" de que esta decisión "va a generar un debate de mucho calado en otras comunidades autónomas".
 "Cada uno sabrá cuáles son sus cuentas, pero aquí tenemos claro que la prioridad es garantizar el Estado del Bienestar", ha insistido.
   Ha subrayado que quizá si presidiera otra región "no tendría que haber tomado esa medida porque dispondría de más ingresos del Estado", por lo que ha exigido nuevamente una mejor financiación autonómica, y ha agregado en que puede "entender y lamentar el fin de un medio de comunicación que ha acompañado a los valencianos durante 24 años", pero "la obligación de un Gobierno es garantizar servicios públicos de calidad a los ciudadanos".
   Cuestionado sobre si algún presidente autonómico le ha reprochado el precedente que puede haber sentado, Alberto Fabra asegura a Abc que "en absoluto" y que "al contrario, han reconocido la dificultad y también el valor de tomar una decisión como esta".
   El 'President' niega, asimismo, que el cierre de RTVV merme el autogobierno valenciano, dado que este "está condicionado por la capacidad de su Administración de preservar los servicios básicos y de generar oportunidades".
   Por otra parte, preguntado por si considera un error la elección de la ya ex directora general, Rosa Vidal, ha asegurado que no y ha agregado que ésta "llegó para poner en marcha un nuevo proyecto en el que todos creíamos, un nuevo modelo con una tercera parte del presupuesto de hace tres años" y "ha hecho un trabajo complejo malogrado por la sentencia judicial".
   "Pero ha sido valiente y ha tomado decisiones difíciles", ha indicado, al tiempo que ha reconocido que la 'repesca' de 186 trabajadores fue una medida "que no ha ayudado en nada para que la sentencia fuera distinta".
   Respecto a la responsabilidad de los sindicatos en todo este proceso, Fabra ha indicado que "prefirieron entablar un pulso para mantener la totalidad de la plantilla en lugar de colaborar en la puesta en marcha de un modelo más racional" y ha asegurado que "no pueden decir que no se ha negociado con ellos", dado que se ofreció reducir el número de despidos a cambio de reducción de salarios.
   Asimismo, ha manifestado que "es curioso cuánto gritan ahora muchos que ni veían la televisión autonómica o pedían directamente su liquidación", en alusión a la oposición, y sobre el plante del portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, en un acto del jueves, se ha limitado a indicar que "allá cada uno con su obsesión por salir en la foto", aunque "intentar estar en todas las fotos tiene su riesgo".
   Respecto a si habrá una televisión autonómica valenciana en el futuro ha indicado que "es no es ahora una prioridad precisamente" y "cuando cambien las circunstancias, ya veremos".
   Asimismo, ha destacado el respaldo recibido por empresarios y otros sectores de la sociedad, que le han trasladado su "comprensión" ante la medida. "Había que priorizar y la gente lo ha entendido", ha concluido.

Císcar: «Pedimos perdón por las decisiones erróneas que ha tomado el PP en RTVV»

VALENCIA.- El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha asegurado que asumen y piden disculpas por las decisiones "erróneas" que haya adoptado el Consell del PP en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) durante sus años de existencia.

Císcar ha manifestado que, desde la creación del ente en 1989, se han tomado decisiones "acertadas, menos acertadas y erróneas" por los distintos Gobiernos del PSPV y del PP.
Ha asegurado que, ni en estos momentos ni en los próximos meses, se plantea la privatización, ni la externalización, "ni nada que se la parezca" de RTVV, y ha señalado que no han "consultado ni pedido ayuda a Madrid" para decidir el cierre del ente. 
El vicepresidente no ha concretado los plazos que seguirá la tramitación de la proposición de ley que el PP presentará en breve en Les Corts para liquidar RTVV, pero ha indicado que no se va a "caer en la precipitación" y ha sostenido que "no se está haciendo nada con urgencia".

Císcar no se siente «responsable» aunque sí «afectado» por el cierre de Canal 9

VALENCIA.- El vicepresidente José Císcar aseguró que no se siente «responsable» del fracaso del ERE que ha desembocado en el cierre de la televisión pública valenciana aunque sí «afectado» por el desenlace, ya que, agregó «no queríamos llegar ahí». 

Inquirido por los periodistas sobre si se ha planteado su dimisión por la anulación del ERE, respondió que si una dimisión arreglara la situación de los 1.700 trabajadores que irán a la calle, ésta «se produciría pero desgraciadamente no es el caso».
Císcar defendió que, según los informes de la Abogacía de la Generalitat y de la consultora que los asesoró en el ERE, Garrigues Abogados, fue la desafectación del expediente aprobada por la exdirectora general, Rosa Vidal, la que ha motivado la nulidad. 
Esa decisión «no nos gustaba», apuntó, pero «guardamos silencio por prudencia», ya que estaba pendiente el fallo del TSJ. Por este motivo, no se siente responsable político de la anulación del ERE, ni ha puesto su cargo a disposición del presidente Alberto Fabra.
De otros errores en el ERE anteriores a Vidal, indicó que habrían sido causa de despido improcedente, lo que sería ahora «un mal menor» y habría costado 30 millones. Con su respuesta, dejó claro que no denunciarán a Garrigues, la consultora que les asesoró para confeccionar el ERE declarado nulo.

Fitch mejora la perspectiva de la Comunitat y del IVF y confirma su calificación que pasa de negativa a estable

VALENCIA.- La agencia de calificación de riesgos Fitch ha mejorado la perspectiva otorgada a la Comunitat Valenciana y al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que pasa así de negativa a estable, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

   Así lo ha hecho saber la agencia Fitch a través de un comunicado emitido este viernes en el que se incluye la variación de la perspectiva de varias comunidades españolas, entre las que se incluye la Comunitat Valenciana. Igualmente ha difundido un informe en el que comunica la mejora también de la perspectiva de diversos organismos públicos de comunidades autónomas españolas, entre los que se encuentra el IVF.
   Asimismo, la agencia confirma en estos informes las calificaciones de la Comunitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Finanzas, que "no experimentan variación".
   La revisión de las perspectivas del rating de la Comunitat Valenciana es una consecuencia directa de la revisión realizada por esta agencia de las perspectivas del rating de España el pasado 1 de noviembre, cuando confirmó su calificación y mejoró igualmente su perspectiva de negativa a estable, lo que conlleva la posterior revisión de las perspectivas de comunidades autónomas y organismos públicos.
   En este sentido cabe destacar que Fitch considera que España ha mejorado su trayectoria entre 2012 y 2013 y que la consolidación fiscal del periodo ha supuesto un ahorro de 2,5 puntos en el ratio déficit/PIB.
   A esto añade que las autoridades han realizado "significativas reformas" en el mercado laboral, el sistema de pensiones, el marco fiscal y el sector financiero, y todo ello, según Fitch, dota a la economía de una situación "más estable".
   La agencia también destaca que se ha producido un ajuste de la Balanza de pagos que ha sido "más rápido" de lo esperado, con una revisión al alza del superávit por cuenta corriente del 1,2 por ciento en 2013. Esa mejora refleja unas fuertes exportaciones y ganancias en competitividad, que previsiblemente continuará en 2014.
   En cuanto a la reestructuración del sector bancario, "se ha avanzado correctamente" desde 2012. El coste fiscal de la reestructuración ha sido de un 6 por ciento del PIB desde el inicio de la crisis, pero "ya no se esperan esfuerzos adicionales de esta magnitud en el futuro".
   Las condiciones financieras del soberano han mejorado en 2013, lo que se refleja en un sustancial ahorro de intereses que se estiman en 0,7-0,8 por ciento del PIB en este año. Como señala esta agencia, España ha salido de la recesión en el segundo trimestre de 2013, "más pronto de lo contemplado" en las previsiones de Fitch, y "se espera se inicie la recuperación en 2014". Finalmente se espera "estabilidad política a nivel nacional y progreso en la integración financiera y fiscal" en la Eurozona.

viernes, 8 de noviembre de 2013

El exdirector de Empresas de la CAM, Daniel Gil, abona la fianza de 400.000 euros

MADRID.- El exdirector de empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil abandonará la prisión madrileña de Soto del Real en las próximas horas tras abonar la fianza de 400.000 euros que le impuso este jueves el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que le acusa de fomentar la concesión de préstamos de la caja a una empresa hotelera que desviaba después sus beneficios al paraíso fiscal de Curaçao.

   El magistrado envió también a prisión eludible con fianza, en este caso de millón y medio de euros, al exdirector general de la caja Roberto López Abad. Imputa a los dos ex altos cargos la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.
   Gómez Bermúdez ha impuesto a Gil la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados más cercanos a su domicilio. Le ha prohibido, además, abandonar el territorio nacional y ha ordenado la retirada de su pasaporte.
   Ambos defraudaron en colaboración con dos empresarios alicantinos y otros dos exdirectivos de la caja una cantidad de "cierta relevancia" a través de un entramado de empresas hoteleras, encabezado por la sociedad Valfensal, que desvió unos beneficios de 247 millones de euros a Curaçao.
Según explicaba el juez en los dos autos en los que dictó el encarcelamiento, en los últimos nueve ejercicios tributarios ambos empresarios habrían estado eludiendo el pago de impuestos, situando la mayor parte de los beneficios en territorio antillano. Como mínimo, en los ejercicios 2009, 2010 y 2011, el dinero defraudado superaría los cinco millones de euros.
   Gómez Bermúdez ha tomado declaración este viernes al abogado Jaime Escrivá, empleado del despacho de abogados Garrigues y que asesoró a los implicados en la trama defraudadora para la creación de la estructura fiscal. El letrado ha quedado en libertad sin que el juez le impute ningún delito, han informado fuentes jurídicas.

jueves, 7 de noviembre de 2013

Ana Pastor anuncia que las obras del Corredor Mediterráneo ferroviario en la Comunitat Valenciana comenzarán en enero

VALENCIA.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado este jueves que las obras del Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valenciana comenzarán el próximo mes de enero.

   Así lo ha indicado durante el acto del XX Aniversario de Diario del Puerto, donde ha precisado que los trabajos que se iniciarán corresponden a la renovación de vía del tramo Moncofar-Castellón (con una dotación de 37,4 millones de euros), y obras de vía y electrificación de los tramos Sagunto-Castellón (50,8 millones) y Valencia Nord-Sagunto (60,3 millones).
Asimismo, ha señalado que en la Comunidad Valenciana sólo quedan por licitar de las obras de implantación de ancho UIC las instalaciones de seguridad de Castellón-Vandellós.
   En este punto, Pastor ha destacado que el Corredor Mediterráneo está siendo posible porque entre 2012 y 2013 se han invertido 2.433 millones de euros para llevarlo a cabo y ha incidido en que en 2014 se destinarán 1.005 millones de euros, de los que 232,47 serán en la Comunitat Valenciana.

Císcar cifra en 70 millones de euros el cierre de RTVV y en 228 cumplir la sentencia hasta final de legislatura

VALENCIA.- El vicepresidente, portavoz del Consell y conseller de Presidencia y también de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, José Císcar, ha afirmado que cumplir la sentencia de nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radio Televisión Valenciana (RTVV), costaría de aquí al final de la legislatura "228 millones de euros, con los que se pueden construir 57 colegios y 60 centros de salud". Del mismo modo, ha apuntado que el cierre de la sociedad pública supondrá cerca de 70 millones a las arcas públicas.

   Císcar se ha pronunciado en estos términos en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts en la que se debaten los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. De modo inusual y, con motivo del anuncio del cierre de RTVV, han acudido a la comisión todos los diputados del PSPV y la mayoría de Compromís, por lo que gran parte de los asistentes han tenido que seguir la sesión de pie, ya que, además la parte destinada a la prensa también estaba copada de medios.
   En total, estaban presentes 44 diputados -de los 99 que conforman el arco parlamentario-- y la sala "se queda pequeña", ha señalado la presidenta de la Comisión, la socialista Cristina Moreno, que ha tenido que detener la sesión en varias ocasiones con motivo de las interrupciones de los presentes, a quienes les ha pedido respeto para la intervención de Císcar.
   A su llegada a la Comisión, el vicepresidente del Consell, ante las preguntas de los medios en relación a RTVV, ha apuntado que él venía a tratar sobre los presupuestos de su departamento y que este viernes atenderá a las cuestiones que se le formulen sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al pleno.

Císcar justifica la modificación de la ley en la "ingobernabilidad" y "prestación anormal del servicio" en RTVV

VALENCIA.- El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha justificado la aprobación del decreto ley para modificar la norma reguladora del estatuto de Radio Televisión Valenciana (RTVV) en la  "ingobernabilidad" y "prestación anormal del servicio público" tras la dimisión de la directora general de la entidad, Rosa Vidal, a raíz del anuncio del Consell de que cerrará el canal público.

   Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno valenciano en una rueda de prensa convocada esta tarde en el Palau de la Generalitat después de que el Consell haya aprobado este jueves al mediodía y publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) un decreto ley con el fin de "garantizar la prestación del servicio público" y los "principios de programación" ante la situación de "ausencia de gobierno y administración" en la sociedad pública, tras la decisión de cierre de la cadena pública y la dimisión de su directora general, Rosa Vidal, y su equipo.
De esta manera, el Consell ha habilitado a la Junta General  --formada por el propio Ejecutivo valenciano-- a nombrar provisionalmente, sin pasar por las Corts, a los consejeros vacantes en el consejo de administración, en este caso, los cuatro cargos 'populares' que presentaron este miércoles su dimisión, entre ellos, la presidenta y directora general, Rosa Vidal.
   De esta manera, según ha confirmado Ciscar, Ernesto Moreno será el nuevo director general de RTVV y el resto de puestos recaerán en José Serralde, Bartolomé Orozco, Lluís Bertomeu y Vicente Burgos.
   Ciscar ha insistido en que las medidas adoptadas por el Consell  --de carácter excepcional y transitorio-- responden a que la programación de la televisión y la radio públicas "no cumplía con el contrato programa". Ante esta situación "excepcional", donde los mecanismos previstos no son "inmediatos" el Consell ha decidido adoptar medidas "urgentes para que se pueda garantizar la prestación del servicio publico".
   Sobre los plazos el proceso de liquidación de RTVV ha dicho que va a ser "prudente".
 "Estamos centrados en garantizar el funcionamiento con normalidad y tiempo habrá para ir estudiando el resto de cuestiones", ha aseverado.

Ernesto Moreno, un 'controller' con experiencia en entidades culturales

VALENCIA.- Ernesto Moreno, un hombre con experiencia en el control de las cuentas de instituciones culturales de la Generalitat Valenciana, ha sido designado nuevo director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), tras la dimisión de su predecesora, Rosa Vidal, a raíz del anuncio del Consell del cierre de la televisión y la radio públicas.

   Moreno ocupaba actualmente la subdirección de Gestión de CulturArts, el holding en el que se integraron los diferentes institutos culturales del Gobierno valenciano dentro del proceso de reestructuración del sector empresarial público de la Comunitat.
   La extitular de Cultura Lola Johnson puso a Moreno como 'hombre fuerte' por su perfil económico y técnico en el arranque del proceso de integración del conglomerado aunque, finalmente, ocupó la subdirección de gestión cuando María José Catalá accedió a la Conselleria y eligió a Manuel Tomás como director general de CulturArts.
Anteriormente, Moreno ya había ejercido de 'controller' y gerente en otra institución de carácter cultural, el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, cuya intendente es Helga Schmidt. Asimismo, colaboró en otro brazo de la política cultural del Gobierno valenciano, como fue Teatres de la Generalitat, hoy dentro de CulturArts.
   El nombramiento de Moreno ha sido hecho público esta misma tarde por el vicepresidente del Consell, José Ciscar, --tras una reunión extraordinaria del pleno-- y ha sido publicada poco después en una tercera edición del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
   El boletín oficial ha informado asimismo del nombramiento como miembros del Consejo de Administración de la sociedad de Vicente Burgos, Lluís Bertomeu, José Serralde y Bartolomé Orozco.

Ernesto Moreno, nuevo director general de RTVV

VALENCIA.- Ernesto Moreno será el nuevo director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV), en sustitución de Rosa Vidal, quien dimitió este miércoles de su cargo junto al resto de su equipo, un día después de anunciarse el cierre de la televisión y la radio públicas por parte de la Generalitat, han confirmado fuentes conocedoras del proceso.

   Moreno ocupaba actualmente la subdirección de Gestión de CulturArts y, anteriormente, fue director de Administración del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y también colaboró en Teatres de la Generalitat.

Os quedaréis sin nada / Salvador Sostres

La decisión de Alberto Fabra de cerrar Canal 9 es prudente y adecuada, y una imprescindible lección para tanto juez sindicalista y justiciero que quiere hacerse el héroe con sus sentencias obreristas. Que se dé cuenta Su Señoría del desastre que ha causado. Si no nos dejáis trabajar dentro de la realidad y del mercado, os lo vamos a cerrar todo. No como represalia, sino porque aunque os cueste de creer, el dinero de los demás también se acaba. Ni los empresarios le deben nada a nadie ni un gobernante serio puede derrochar el dinero de todos con esta falta de respeto a sus legítimos propietarios. Si no sois razonables os quedaréis sin nada. 
 
Que vayan entonces los obreros a pedir trabajo a los sindicatos. Que vayan a UGT o a Comisiones a reclamar sus derechos, a ver si se los pagan. Que vayan a los jueces socialistas a exigirles sus conquistas sociales, y que escriban luego un tweet explicando si con eso pueden dar de comer a sus familias.
Canal 9 era una intolerable horterada y aunque sólo fuera por motivos estéticos su cierre estaba más que justificado. Pero incluso TV3, que pese a su sectarismo es una televisión mucho mejor acabada, vive por encima de sus posibilidades, con periodistas convertidos en funcionarios soviéticos y comités de empresa que funcionan como profesionales del chantaje, tolerados e incluso patrocinados por unos políticos cobardes que huyen de cualquier enfrentamiento para no perjudicar sus expectativas electorales. Ello constituye una flagrante dejación de funciones y una monumental estafa al ciudadano.
Ni las televisiones públicas pueden ser estos calamitosos pozos sin fondo, ni la arrogancia de sus periodistas puede amedrentar al gobernante de turno, que no sólo puede sino que tiene que rebelarse contra los que viven de extorsionarnos con sus inasumibles exigencias.
Los empresarios tampoco tienen que aguantar la premeditada injusticia de estos jueces que hallan improcedente cualquier despido, y lo que ha hecho Fabra con Canal 9 lo van a acabar haciendo muchos emprendedores si la persecución continúa. Y sin empresarios no hay economía, ni derechos, ni empleados; y sólo quedan jueces estrella y sindicalistas trasnochados haciéndose el héroe en tu nombre, cuando ellos fueron los que te mataron.

Roberto López Abad y Daniel Gil tenían la intención de huir a las Antillas Holandesas

MADRID.- Los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ya detenidos, Roberto López Abad, Daniel Gil y César Veliz tenían la intención de huir a Curaçao, las antiguas Antillas Holandesas, según apunta el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, en el auto por el ordena la detención de los tres ex altos cargos de la caja detenidos ayer en la operación 'Mar Nuestro'.

Los detenidos fueron conducidos hoy desde los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, en Alicante, donde han pasado la noche, y esposados en un furgón policial, hasta la Audiencia Nacional para ponerlos a disposición del juez Gómez Bermúdez, que lo había oficiado a las fuerzas de seguridad del Estado.
El juez explica que, entre los motivos para ordenar los arrestos, se encuentra "la eventual fuga de los presuntos responsables" ya que "estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curaçao, país con el que no existe convenio de extradición".
El magistrado, desvela en su auto que los otros dos detenidos por orden de la Audiencia Nacional en la operación son los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y y Vicente Ferri, e imputa a los cinco la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y administración fraudulenta.
Asegura que tanto López Abad como Veliz, "no tuvieron ningún reparo en situar inversiones de la caja en paraisos fiscales" a través de la sociedad Valfensal, que participaba la CAM en un 30 por ciento y pertenecía en un 70 a Ferri y Baldó.director de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz.

Gómez Bermúdez envía a prisión bajo fianza al exdirector general de la CAM

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dictado hoy el ingreso en prisión bajo fianza del exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, y del ex director de Empresas de la entidad, Daniel Gil.

López Abad deberá abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel, mientras que en el caso de Gil la fianza impuesta es menor, de 400.000 euros. Los dos directivos de la fueron trasladados esta noche a la prisión de Soto del Real.

Ambos han declarado esta tarde ante Bermúdez, que ordenó ayer su detención por defraudar 31 millones de euros a través de un entramado de empresas hoteleras, que desviaron unos beneficios de 247 millones de euros al paraíso fiscal de Curaçao.

La defraudación fiscal se habría perpetrado en concreto a través de la compañía Valfensal, participada en un 30% por la CAM, a la que la Caja concedió préstamos irregulares.

El magistrado ha dejado en libertad a otros tres arrestados: el exdirector general de Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM, Vicente Sánchez, el director económico de Valfensal, Francisco Climent y el ex director de la División Internacional y de Negocio hotelero de la Caja, César Veliz.

El juez ordenó su detención porque sospechaba que algunos estaban a punto de fugarse a las antiguas Antillas Holandesas.

Fabra toma medidas excepcionales para sofocar la rebelión de los trabajadores de la RTVV

VALENCIA.- El Gobierno valenciano ha vivido 24 horas de vértigo, que no se esperaba, tras el anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fabra de que cerraría RTVV, después de que la justicia tumbará el ERE con el que el Ejecutivo intentaba ‘hacer viable la cadena’.

Los trabajadores tomaron el control de la emisión, la directora y los cuatro representantes del PP dimitieron y desde ese momento, con una audiencia triplicada, las emisiones de la antigua televisión de cabecera de los dirigentes regionales se convirtieron en una pesadilla para ellos.

No sólo por las críticas, o la revelación del control político que se ejercía allí. También por la retransmisión en directo del acoso de los periodistas del ente a unos altos cargos a los que acusan de corrupción y de haber arruinado la cadena.

La situación era insoportable para Fabra y los suyos que se han puesto manos a la obra para terminar con ella. Así, en menos de un día han aprobado un decreto ley de urgencia (sin trámite parlamentario), han nombrado una nueva junta directiva, un requerimiento notarial de la Generalitat a la cadena e, incluso, registros a los trabajadores en los aledaños de las instalaciones de la compañía en Burjassot.

Medidas todas ellas de legalidad dudosa, según la oposición, que han calificado estas acciones de Fabra de “caciquismo” y lo han acusado de “querer dar un golpe de estado” en la región valenciana.

El vicepresidente valenciano, José Císcar, reconocía, en parte, estos hechos. En una rueda de prensa posterior al pleno del Consejo en el que se ha elegido al liquidador de RTVV y a los cuatro nuevos consejeros de administración de la compañía, éste ha justificado la decisión del decreto de urgencia basándose en que había que reestablecer la "normalidad" en la televisión pública”.A lo que apuntó que "no se está cumpliendo el contrato programa y se está dando una situación de ingobernabilidad".

Lo único positivo para Fabra de esta situación es que parece haber conseguido el respaldo de todo el partido en esta difícil situación, ya que, en la Junta Directiva Regional del PPCV celebrada este jueves, todos los ‘populares’ han apoyado por unanimidad la decisión de cierre de la cadena.

Hasta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha cerrado filas en torno a Fabra y ha preferido acatar la decisión del presidente de la región. En el momento en el que la edil ha intervenido en la Junta, no ha comentado nada respecto al tema y se ha limitado a agradecer al secretario general del partido en la región, Serafín Castellano, su intervención en el debate del Canal Plus de la pasada noche, en el que tuvo que lidiar con los líderes de la oposición, Ximo Puig (PSPV), Enric Morera (Compromís) y Marga Sanz (EU).

Garrigues asegura que advirtió sobre los "posibles riesgos fiscales" de la estructura planteada por Grupo Valfensal

VALENCIA.- El despacho Garrigues ha manifestado este jueves que advirtió "con toda claridad y reiteradamente" sobre los "posibles riesgos fiscales" de la estructura fiscal planteada por Grupo Valfensal en los informes jurídicos emitidos en los años 2004 y 2005.

   Así lo señala en un comunicado tras el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 3, de fecha 4 de noviembre de 2013, en el que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de tres ex altos cargos de Caja Mediterráneo (CAM) detenidos ayer miércoles en la operación 'Mar Nuestro' y de los empresarios alicantinos José Salvador Baldó y y Vicente Ferri.
   El magistrado señala que Roberto López Abad y César Veliz fueron informados por Ferri y Baldó de la intención de adquirir una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal "a la que poder desviar la mayor parte de los ingresos obtenidos por la explotación de hoteles" en el Caribe, y que la estructura fiscal fue creada con el asesoramiento fiscal de un empleado de Garrigues, Jaime Escrivá, que fue detenido este miércoles por la Guardia Civil y ha quedado en libertad.
   El despacho Garrigues subraya en el comunicado que "respeta absolutamente las decisiones judiciales".
   Agrega, no obstante, que se ven "en la obligación de señalar" que sus informes jurídicos emitidos en 2004 y 2005, "lejos de defender la legalidad de la estructura fiscal planteada por Grupo Valfensal, advirtieron con toda claridad y reiteradamente sobre sus posibles riesgos fiscales".
   Por último, indica que "como hasta el momento, Garrigues seguirá colaborando con la justicia" y que confían "en que todo se esclarezca a la mayor brevedad".

miércoles, 6 de noviembre de 2013

Tres ex altos directivos de la CAM son detenidos por orden del juez acusados de actuaciones ilícitas

MADRID.- Agentes de la Guardia Civil han detenido ya a cinco personas relacionadas con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos, tres exdirectivos como el exdirector general Roberto López Abad, el exresponsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la Caja, César Veliz, han confirmado fuentes de la investigación.

   Estos tres ex directivos han sido arrestados por orden del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que mantiene en secreto estas diligencias, y les investiga en relación con cinco operaciones inmobiliarias irregulares, cuatro en el Caribe y una en Tenerife, realizadas a través de la empresa Valfensal S.L, han informado hoy fuentes jurídicas. Este magistrado ha ordenado un total de cinco detenciones.
   Fuentes de la investigación han precisado que los otras dos personas que ya han sido arrestadas no se encuentran dentro de los cinco previstos por este auto de este juez y que su labor en la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no era tan relevante como la de los tres ex directivos. Estas mismas fuentes añaden que la operación continúa abierta y que se esperan más detenciones.
   Asimismo la unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo a las 9.15 de este miércoles tres registros en Valencia, Alicante y Mallorca. Los investigadores se han incautado de diversa documentación y han llevado a cabo el clonado de material informático.
Se trata de los bufetes de Garrigues en Alicante y el valenciano Martínez y Ojeda Asociados. También la sede del grupo hotelero Sandos Marconfort.
   López Abad y Gil Mallebrera fueron imputados por el juez tras la querella presentada contra ambos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que incluía también a los empresarios de Benidorm, Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.
   Según aseguraba la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la Caja, llevó a cabo operaciones de inversión que carecían de "racionalidad económica". 
"En cambio, adquieren pleno sentido si se las concibe como actuaciones ilícitas cuya finalidad era obtener un lucro personal compartido ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", aseguraba.

Registran un bufete de Alicante

La Audiencia Nacional ordenó el registro de un despacho de abogados en Alicante, de otro en Valencia y de un tercero en Madrid en relación con los procesos penales abiertos contra exdirectivos de la CAM por su actuación al frente de la entidad.
Fuentes judiciales indicaron que, además de la intervención en el despacho de Valencia, ordenada por el titular del juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, instructor de estos procedimientos, también se han realizado registros en un bufete de Alicante, donde se habría incautado documentación del ordenador de un economista que trabaja allí, y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despacho se trata.
En el caso concreto del bufete valenciano, durante el registro, llevado a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, requisaron numerosa documentación supuestamente referida al caso de la CAM y procedieron al vaciado del contenido de un ordenador. Estos agentes, que llevaban un exhorto de la Audiencia Nacional, fueron asistidos por una secretaria judicial durante el tiempo que duró el registro, que se prolongó durante nueve horas.
Otras fuentes precisaron que el letrado de Valencia en cuyo despacho se hizo la intervención no se encuentra imputado en la causa sino que llevaría la defensa de uno de los imputados, por lo que se advirtió a través de un representante del Colegio de Abogados que el registro y la incautación del material podría constituir una posible vulneración del secreto de las comunicaciones, lo que podría llevar, si fuera así, a una nulidad de las actuaciones.
En Valencia es el conocido penalista Javier Boix quien lleva la defensa del exdirector general Roberto López Abad en colaboración con un bufete de Madrid, aunque tanto desde el entorno de Boix como otras fuentes judiciales negaron que este despacho hubiera sido registrado.
Sólo dos de los imputados en los procesos abiertos por la gestión de la CAM han optado por confiar su defensa a abogados de Alicante: el expresidente Modesto Crepo, a quien representa Antonio Garrigós, y Daniel Gil, exresponsable de inversiones de la caja de ahorros, que ha contratado a Javier Gerona, un letrado estrechamente ligado a Boix.
 Fuentes del Colegio de Abogados de Alicante, que a través de un representante estuvo presente durante el registro, desmintieron que se tratara de alguno de estos dos bufetes. Desde el Colegio de Alicante no hubo reacción oficial alguna.

El 'modus operandi'

Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" utilizando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal.
Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI), que fue utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de los mecanismos habituales de CAM".
La primera de las operaciones cuestionadas es la financiación para la compra del hotel Caracol en la Riviera Maya (México) cuando TI todavía no estaba autorizada por CAM para operar en el mercado hotelero.
La segunda es la compra de una parcela en Bávaro (República Dominicana) en la que parte de la financiación servía para pagar una comisión de intermediación a una sociedad domiciliada en Antillas Holandesas.
La tercera consistió en la financiación para la compra del Hotel Gala en México, en la que determinadas condiciones fueron ocultadas a los responsables de la CAM de la cuenta de Valfensal y en la que también intervinieron sociedades en paraísos fiscales.
En los créditos concedidos para la adquisición de dos parcelas en Playacar (México) también se procedió al "pago de comisiones de imposible justificación económica".
Por último, se encuentra la financiación para la entrada del grupo Valfensal en el accionariado de la compañía Eco Resort San Blas, dedicada al hospedaje en Tenerife.
López Abad está además imputado en la pieza principal de CAM junto con la también ex directora general María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores de recursos y planificación, Vicente Soriano y Teófilo Sogorb, a los que el pasado mes de junio impuso una fianza solidaria de 35 millones de euros.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España y, posteriormente, se conoció que había acumulado unas pérdidas de 1.136 millones en los seis primeros meses del año.
Meses después, el organismo regulador capitalizó la entidad mediante una aportación de 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional. 

Fabra: ´El cierre de RTVV es innegociable y el proceso va a ser rápido ´

VALENCIA.-El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el cierre de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) es "innegociable" y no va a haber "marcha atrás", de manera que se va a seguir un proceso "rápido" para proceder "cuanto antes" al cese de las emisiones de la cadena pública.

Fabra se ha pronunciado así durante su comparecencia en el Palau de la Generalitat ante los medios de comunicación para explicar la decisión de cerrar RTVV, anunciada anteriormente en un comunicado por su Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano anulara el expediente de regulación de empleo de la empresa pública.

El presidente ha responsabilizado a la directora general de RTVV, Rosa Vidal, que no va a seguir en el cargo, de las decisiones adoptadas en la aplicación del ERE, y ha reprochado a los sindicatos que no asumieran las propuestas que planteó la empresa, mientras que ha resaltado que el momento de la negociación "ya ha pasado".

Durante su intervención, en la que se oían las protestas de los trabajadores de RTVV concentrados en el exterior del Palau, Fabra ha anunciado que estudian medidas jurídicas contra las consultoras que asesoraron a la Generalitat en la elaboración del ERE que ha sido anulado por la Justicia.

Además, ha reivindicado que, "por supuesto", el vicepresidente del Consell, José Císcar, va a seguir en su cargo, y ha insistido en que su Gobierno no tiene 40 millones de euros para satisfacer la readmisión del millar de trabajadores de RTVV y no va a cerrar colegios ni hospitales para mantener la radiotelevisión pública.

Asimismo, en una entrevista en Onda Cero previa a esta comparecencia, ha subrayado que no "cerrará un colegio o un hospital por tener una televisión autonómica".

"La sentencia es muy clara y no vamos a recurrir porque lo que tenemos claro en estos momentos es que las Administraciones debemos priorizar aquello que es fundamental y es garantizar el estado de bienestar", ha asegurado Fabra con rotundidad.

El presidente valenciano ha reiterado que la "sentencia supone 40 millones que no tenemos y lo que debemos hacer es garantizar servicios básicos a los ciudadanos como educación y sanidad y lo otro, aún queriendo, es inasumible".

Por ello ha asegurado que tras la resolución judicial, la única vía posible "es el cierre y es lo que se va a hacer". Ha explicado que éste se hará mediante "los procedimientos jurídicos y procedimentales necesarios" y a través de un acuerdo en las Cortes Valencianas para proceder a la extinción del ente.

Trabajadores de RTVV en Alicante reciben a Fabra pidiendo su dimisión

ALICANTE.- Una treintena de empleados de Radio Televisión Valenciana (RTVV) de la delegación de Alicante han recibido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al grito de "Fabra dimissió". Los trabajadores protestaban así por la decisión del Consell de cerrar la sociedad y ante un fuerte dispositivo de la Policía Nacional.

Alberto Fabra se encontraba esta tarde en Alicante para asistir al acto de entrega de la XVIII edición de los Premios Empresa Familiar de Alicante, que se celebra en el Auditorio de la Diputación.
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en respuesta a preguntas de los medios de comunicación, ha asegurado que sin el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "la empresa no hubiera podido continuar".
"Al final hay una sentencia, que hay que acatar, que hace inviable Canal 9", ha manifestado Castedo, quien ha añadido que "a veces se nos olvida que todos formamos parte de la misma sociedad y que todos, nos dediquemos a la política, al periodismo o la justicia, debemos aportar de nuestra parte para que situaciones como la de Canal 9 no se produzcan".

El Canal Nou como categoría / Ramón Cotarelo *

El cierre de Canal Nou está lejos de ser una anécdota. Es la consecuencia necesaria de una forma de entender la política de la derecha y, más en concreto, la política de medios de comunicación. Algo que ya ha dado resultados llamativos y seguirá dándolos en Madrid, en el País Valenciano y en toda España si no se cambia una forma de entender la gestión pública caracterizada por el caciquismo, el clientelismo, la corrupción, el despilfarro y la censura.

Durante unos veinte años, la RTVV ha sido un órgano de agitación y propaganda del PP, utilizado para embellecer y adular el poder y censurar o vilipendiar a la oposición con el dinero de todos. Y un lugar en el que, siempre con el dinero de todos, se enchufaba a los amigos, se premiaban servicios políticos, se acomodaba a los clientes, se hacían negocios presuntamente ilegales (por ejemplo, con la Gürtel) y, al parecer, se cometían delitos de acoso sexual, asunto que está en los tribunales. Un lugar desde el que un puñado de periodistas literalmente a sueldo de la Generalitat, predicaban en tertulias y espacios ideológicos la doctrina de la derecha a cambio de suculentas retribuciones acompañadas de no menos suculentos ágapes en los cuales los comensales sin duda festejaban el hundimiento de la audiencia y el hecho de que el canal fuera un pozo sin fondo de fondos de todo tipo y una auténtica ruina.

Un proceso muy parecido al de Telemadrid durante los mismos años más o menos: aparato de propaganda del gobierno autonómico, de enchufe y mamandurria, un comedero de ideólogos y tertulianos de los de prietas las filas para ensalzar a los gobernantes y ningunear o vapulear la oposición. Aunque se hacía -y se hace- con algo más de refinamiento capitalino. Por ejemplo, hubo una temporada, hace años, en que acudía a una tertulia de Buruaga, supuestamente plural, doña Rosa Díez, ¡como representante del PSOE! Por aquel entonces, Díez, europarlamentaria socialista, preparaba la formación de su partido propio y, por lo tanto, dedicaba sus intervenciones a poner verde al partido en el que militaba.

El mismo proceso que lleva aceleradamente la Radio Televisión Española. Lo primero que hizo Rajoy al llegar al gobierno fue cambiar la Ley de RTVE de los socialistas (que preveía una mayoría cualificada del Parlamento para nombrar el director general) con el fin de poner a su frente hombres de su confianza, encargados del agit-prop a escala nacional. La derecha entiende que el poder descansa, entre otras cosas, en el control y manipulación de los medios.  Ya lo había entendido durante la República, lo llevó a su culminación con el franquismo y hoy lo hace a rajatabla. Siempre con el mismo resultado: en dos años, la pareja de comisarios políticos del gobierno en RTVE que cada vez se parecen más a Hernández y Fernández, ha conseguido bajar la audiencia de esta, incluidos los informativos, del primero al cuarto lugar y acabarían en el décimoquinto si lo hubiera.
De la televisión de Castilla-La Mancha, más conocida como Telecospedal, al mando de un cancerbero ideológico que parece un chiste, no merece la pena ni hablar.

Los principales damnificados de esta gestión sectaria, censora y corrupta son, en el orden humano, los trabajadores de los entes y en el de los principios, el ideal de unos medios públicos de comunicación objetivos e imparciales. En cuanto a los trabajadores, la cuestión es peliaguda. 1.600 currantes se van a la calle en el Canal Nou; EREs por doquier, en Telemadrid y en la RTVE. Los redactores, los trabajadores, se ponen en pie de protesta y cuentan con el apoyo de la audiencia. Pero no falta quien recuerde que esos mismos trabajadores no elevaron la voz en los años de las vacas gordas del enchufe y la manipulación. Y es cierto. Plantillas infladas (solo Canal Nou tenía más personal que otros tres canales juntos más o menos equiparables) y silenciosas ante las programaciones de propaganda y basura. Esto se explica porque parte importante de ese personal estaba compuesta por enchufados y los otros temían por su puesto de trabajo. Si algo deja claro el PP allí por donde pasa en los sectores públicos (y privados) es que no quiere trabajadores con derechos sino que los prefiere precarios, sumisos, sometidos al capricho y arbitrariedad de los jefes (dame una chupaeta).


En cuanto al ideal de los medios de comunicación públicos objetivos, la línea política general está clara en su mala fe: los medios deben estar al servicio del gobierno y su partido y no comprar el discurso del enemigo, como acusó la "liberal" Aguirre a Germán Yanke al ponerlo de patas en la calle. Deben administrar su extraña pócima de ideología nacionalcatólica y neoliberal al mismo tiempo en dosis de caballo con lo que, evidentemente, se consigue ahuyentar las audiencias a toda velocidad. La deserción de las audiencias demuestra que los medios audiovisuales públicos son inviables, una ruina y hay que privatizarlos. Total, dicen sus ideólogos mientras cobran una pastuqui por minuto, como los aparcamientos, solo sirven para trompetear los exitazos del gobierno de turno. Si lo sabrán ellos que así lo hacen. Una vez privatizados, los medios ya son solo suyos, esto es, del capital, las empresas, la iglesia, de los que el partido es fiel vocero.

La línea general no se reduce a los medios sino que afecta a todo lo público: la educación, la sanidad, el régimen de clases pasivas, los transportes, las infraestructuras y todo tipo de bienes públicos que ofrezcan alguna perspectiva de convertirse en negocio. Es una línea, un camino en varias etapas: primero se bajan los impuestos y se reducen los ingresos del Estado; a continuación se gestionan los servicios públicos con criterios enchufistas, clientelares, despilfarradores y malversadores al tiempo que se los descapitaliza; más tarde se revela que son insostenibles financieramente; luego se añade que son ineficientes; y se corona la tarea entregándoselos a precio de ganga (o gratis) a los amigos en gestión privada, incluso a los mismos que toman las decisiones. Si Lamela y Güemes están imputados es precisamente por esto.

No, lo sucedido con RTVV no es una anécdota sino una categoría. Un modo de entender la gobernación del país como la administración de una finca propia, a la que van a explotar a los trabajadores y obtener los máximos beneficios personales por todos los medios: el ministro de Justicia, además de consagrar como código penal la "justicia" del poder, beneficia a los notarios y registradores de la propiedad, cuerpo al que pertenece su jefe; el ministro de educación beneficia el estamento tertuliano enriqueciéndolo con su ex-pareja; este contrata con empresas en las que tiene -o tendrá- intereses; aquel beneficia los negocios de un pariente; esta otra coloca a su cónyuge en todos los consejos de administración, cajas y cajones que abarca su virreinato; aquel otro compra mediante testaferro activos que pone a mitad de precio como gobernante; este de aquí se lleva el dinero a espuertas de comisiones de unas obras faraónicas que no sirven para nada; aquella de allí coloca a todos sus parientes cognados y agnados en las administraciones públicas; y el de más allá se trae del terruño seiscientos asesores muchos de ellos sin el graduado escolar pero con sueldos de carromato.

No, no es una anécdota.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

Císcar pide comparecer "con urgencia" a petición propia en las Corts para explicar los motivos del cierre de RTVV

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha solicitado este miércoles comparecer en las Corts Valencianes para explicar los motivos de la decisión de la Generalitat de cerrar Radio Televisión Valenciana (RTVV) tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el Expediente de Regulación de Empleo que afectaba a un millar de trabajadores.

   Según han informado fuentes de Vicepresidencia, la solicitud se ha presentado este mismo miércoles a través de un escrito, con carácter de "urgencia" y a petición propia, con el fin de que la Mesa de la cámara autonómica determine la fecha de comparecencia.
   El portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, reclamó este martes la dimisión de José Císcar porque explicó que "tenía claro que el ERE tenía que afectar a más de 1.000 personas" y "no había posibilidad ninguna de negociación".
   Durante su comparecencia pública de este miércoles, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha defendido la continuidad del vicepresidente y portavoz del Consell y ha descartado responsabilidades políticas por parte del Gobierno valenciano en todo el proceso que ha llevado al cierre de RTVV ya que ha destacado que han hecho las cosas "lo mejor posible".

Las doce mentiras y contradicciones de la directora y verdugo de RTVV

La sentencia del TSJ aclara la responsabilidad de Rosa Vidal en la nulidad del ERE. El Consell también apunta en esa dirección, pero antes hay otros comportamientos irregulares de Vidal. 

Sobre la desafectación de 186 trabajadores

A finales de julio, RTVV emitió un comunicado en el que afirmaba que con objeto de evitar el fundido en negro, y basándose en supuestos informes favorables de Garrigues –que según la nota, respaldaba jurídicamente la decisión– iba a desafectar a 186 trabajadores del ERE. Esto es, a librarlos de la guillotina. Asimismo, se informaba de que se iba a obtener el apoyo de la autoridad laboral mediante la elevación de una consulta, aunque ésta, días después, se declaró no competente al tratarse de un ERE cerrado. Pero en realidad, el despacho de Garrigues, con fecha de 30 de julio, recomendó a Vidal exactamente lo contrario: le dijo que si modificaba el ERE había riesgo de nulidad. A mayor abundancia, el fiscal coincide con el criterio jurídico de Garrigues al afirmar que los criterios aplicados para desafectar a 186 trabajadores vulneraron los derechos fundamentales de otros 800 trabajadores que ya habían salido.

Sobre el informe de la Carlos III
Rosa Vidal afirma que posee un informe jurídico del Catedrático de la Universidad Carlos III que avala su decisión de desafectar a 186 trabajadores. Sin embargo dicho informe, encargado ad hoc por la directora general, está fechado a 15 de octubre de 2013, varias semanas después de haber tomado la decisión de desafectar a 186 trabajadores. Es decir, el único informe jurídico que poseía Vidal cuando en agosto de 2013 tomó su decisión era de Garrigues instándole a que no tocara el ERE porque había peligro de nulidad. El informe de la Carlos III es superfluo porque el asesor jurídico del ERE ya se había pronunciado sobre este concreto asunto.

Sobre contratos de externalización

Públicamente, Rosa Vidal también ha defendido su decisión de desafectar a 186 trabajadores en que "hubo que empezar de cero con las externalizaciones y no daba tiempo a sacar los pliegos. El Consell ralentizó el proceso". La realidad es otra, ya que José López Jaraba se reunió con ella en la sede del Consejo de Administración de RTVV y le entregó en febrero de 2013, un mes antes de ser nombrada directora general, un pliego de condiciones para el concurso de externalización de la publicidad de Canal 9, un borrador del pliego técnico, y además le recomendó que acelerara dichas externalizaciones, esenciales para tener todo a punto antes de que llegara el límite del ERE (31 de agosto). Más de 5 meses tardó Vidal en dar curso a dicha documentación desde su acceso al cargo (6 desde que la recibió por primera vez).

Sobre el fundido a negro
Rosa Vidal ha repetido en varias ocasiones que ella no sería "la directora general que cerrara las emisiones de RTVV" y que había que tomar decisiones "para evitar el fundido en negro y cumplir la Ley de RTVV", que lógicamente consagra la continuidad de las emisiones. Por ello, afirma que contaba con al menos dos informes de los que se deducía que sin la desafectación de 186 trabajadores habría fundido en negro. Estos argumentos se derrumban al conocerse que al menos uno de esos informes advierte de que, en un escenario de crisis, se garantizarían las emisiones, lógicamente con un perfil de programación menos ambicioso, sin necesidad de modificar el ERE. Pero, incluso en el peor de los casos, con sólo mantener un par de técnicos de emisiones más, habría bastado para garantizar la continuidad del canal. Por si fuera poco, en un encuentro de Vidal con medios de comunicación en abril de 2013 ya insinuó, sin informes que la asistieran, que no cumpliría el ERE en los términos firmados.

Sobre que nunca se reunió con Jaraba

Rosa Vidal afirmó el pasado 31 de octubre, en sede parlamentaria, que jamás se ha reunido "en ninguna parte" con el ex director de RTVV José López Jaraba (al que llamó "ese señor"). Sin embargo, dicha reunión, celebrada en presencia de otros tres testigos, no sólo existió sino que fue un traspaso de poderes en toda regla.

Sobre el apoyo de Fabra a la desafección de trabajadores

Por orden de Rosa Vidal, una persona de su gabinete medió ante Las Provincias, ABC y emisoras de radio para explicar que Fabra conocía y apoyaba la decisión de Rosa Vidal de desafectar a 186 trabajadores, corresponsabilizando directamente al jefe del Consell del hecho. Ante estos comentarios el vicepresidente José Císcar tuvo que desmentirle en rueda de prensa, al asegurar que el presidente de la Generalitat "no ha autorizado ni ha avalado, ni ha intervenido en la decisión de la dirección RTVV de sacar del expediente ERE a 186 técnicos". En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Císcar insistió en que la competencia para la ejecución de ese ERE corresponde a la dirección de RTVV, que por ley goza de "absoluta independencia" en su actuación, a la que sólo se pide que para este tipo de decisiones "haya un refrendo jurídico detrás".

Sobre el traspaso de poderes
Rosa Vidal a los trabajadores y en la Comisión de RTVV del pasado 31 de octubre: "Me siento sola, tuve que empezar de cero y no hubo ningún traspaso de poderes". Pero, en realidad en febrero de 2013 hubo una reunión anterior a su nombramiento como directora general (el nombramiento fue el 28 de marzo de 2013) con López Jaraba, Juan Prefaci y varios testigos más en la que se le entregaron todos los documentos sensibles de RTVV: desde el borrador del contrato programa o los papeles del ERE, hasta la F1, pasando por los contratos con el Villarreal, el conflicto con Mediapro, etc. Tanto es así que, al día siguiente y por correo electrónico, Vidal solicitó más documentos que le fueron igualmente facilitados. Además se remitió copia de la documentación facilitada a la Generalitat.

Sobre el registro de contratos de RTVV

Vidal a la Comisión de RTVV el 31 de octubre: "No existe ningún registro de contratos en RTVV, ése es el problema que me encuentro cada día, voy a pedirlos y no me los pueden dar porque no existe un archivo donde estén uno detrás de otro para consultarlos (…) no los puedo facilitar a la oposición porque no hay manera de encontrarlo, pero si los encuentro por ahí, se los facilitaré". Sin embargo, RTVV dispone como cualquier empresa pública de un sistema de registro informatizado escaneado en el que se clasifica y guarda toda la documentación y todos los contratos desde 1989. Además, los originales de esos documentos se encuentran físicamente a disposición de los servicios jurídicos de RTVV durante un máximo de cuatro años. A partir del quinto año, los originales se envían a un almacén en la Pista de Silla. Asimismo, el departamento financiero posee copia de los contratos.

Sobre la independencia y pluralidad de RTVV con Vidal

En su reunión con los trabajadores de finales de octubre, Rosa Vidal les animó a ser profesionales independientes y les felicitó por enfadar a los partidos políticos por la pluralidad de Canal 9. Dicha pluralidad, sin embargo, se quiebra cuando las noticias afectan a Rosa Vidal: en el informativo de mediodía del pasado 31 de octubre, la noticia de su comparecencia ante la Comisión de RTVV duró 1:50 minutos y en ella no se incluyó ni una sola declaración de la oposición, ya que aparecieron tan sólo totales de Vidal.

Sobre su chófer

La única persona que a día de hoy no tiene la condición de fijo en la plantilla de RTVV es el chófer de Rosa Vidal, al que repescó el 31 de julio, como informó en exclusiva El Semanal Digital. No hay nadie que sea no fijo de plantilla que se haya salvado del ERE, ya que era el primer criterio objetivo para la selección. Por motivos de austeridad, ningún director general de la Generalitat ni de sus entidades públicas o semipúblicas tiene asignado un coche oficial con conductor.

Sobre su sueldo

A pesar de que desde enero de 2013, ningún alto cargo dependiente de la Generalitat cobra más que el presidente (67.000 euros), Rosa Vidal, sin acuerdo del Consell que le exceptúe, cobra un salario base de secretaria autonómica (cuando le correspondería el de directora general) al que suma dietas de asistencia al Consejo de Administración de RTVV, lo que la sitúa cerca de 70.000 euros anuales. Hay un informe de Abogacía de la Generalitat que pone negro sobre blanco las retribuciones que corresponden a la directora general de RTVV, y que se corresponden exactamente con el sueldo de directora general.

Sobre el servicio de peluquería de RTVV

También el ex peluquero de RTVV, Tono Sanmartín, ha desmentido a Rosa Vidal. Tras las palabras de la directora en la Comisión del pasado 31 de octubre, en las que destacaba ante la oposición el "ahorro" que ha supuesto el contrato con Acicala Estilismo en comparación con Sanmartín, el estilista ha aparecido en la prensa aclarando que los 224.000 euros anuales que percibía su equipo "no es ni mucho ni poco, el precio lo puso en su día RTVV, lo marcaron ellos; conmigo había 10 profesionales, y ahora que la televisión habrá sólo 3 ó 4, por tanto no es comparable el ahorro que se produzca, ni significa que yo era muy caro y los nuevos muy baratos. (…) Además, soy yo el que a la finalización de mi contrato no se ha presentado al concurso por los retrasos en los pagos". 

Las televisiones autonómicas tuvieron unas subvenciones de 880 millones en 2013

MADRID.- La asfixiante deuda de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) y la negativa del Gobierno de Alberto Fabra de seguir sosteniendo la situación han abocado al cierre a uno de los principales exponentes del dispendio financiero de las televisiones públicas autonómicas. Aunque su deuda es la más elevada del conjunto de los entes públicos locales, el desajuste presupuestario es el común denominador. Las televisiones autonómicas se mantienen gracias a la subvención pública, que alcanza los 882,8 millones de euros, según Abc.

La televisión pública de la Comunidad Valenciana baja la persiana con una deuda a cuestas de 1.217 millones de euros. La RTVV acaba de soportar un ERE que ha afectado a 1.198 trabajadores, de las 1.643 que integraban la plantilla.
En el caso del ente que lidera Canal 9, ha sido esa deuda el principal obstáculo para su viabilidad futura, ya que otros parámetros presentaban balances más saneados que otras cadenas. 
Así, en las cuentas de 2012, su facturación ascendió a 36 millones de euros, con unos gastos de personal de 34 millones. Esta situación, que no representa el equilibrio pues existen muchas otras partidas de gasto, es más equilibrada que la de otros competidores autonómicos.
La valenciana está a la cabeza del endeudamiento de las cadenas autonómicas, que en conjunto superan los 1.600 millones de euros y que este año suponen al presupuesto público 1.000 millones de euros entre subvenciones y asunción de pérdidas.

Fabra destaca la colaboración entre Consell, Gobierno de Murcia y regantes para mantener el trasvase Tajo-Segura

ALICANTE.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacado la colaboración entre Consell, Gobierno de Murcia y regantes para mantener el trasvase Tajo-Segura y conseguir que el agua sea un derecho, asegurando ese mantenimiento con rango de ley, según informa la Generalitat.

   El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones durante la presentación del Memorándum del Trasvase Tajo-Segura a los representantes de las comunidades del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, donde ha añadido que la Generalitat y el Gobierno de Murcia "siempre han defendido el trasvase Tajo-Segura como una aportación de agua imprescindible y vital para la supervivencia de los agricultores y regantes de la zona".
   Además, ha asegurado que "desde el primer día" los gobiernos valenciano y murciano "han ido de la mano" porque saben que "lo importante es la defensa de nuestro territorio, nuestra identidad y de todo aquello que genera riqueza y puede crear empleo".
   Alberto Fabra ha afirmado que este acuerdo "histórico", que se ha conseguido "con sensibilidad y voluntad", garantiza la continuidad del trasvase y ha valorado el "esfuerzo y tesón" de los regantes "en la defensa de lo que es justo y el trabajo conjunto bien hecho".
   El trasvase sostiene más de 100.000 empleos en el Sureste de España y en 2012 en esta zona supuso el 38,8 por ciento del empleo del sector agrario. Además, esta infraestructura hídrica abastece de agua potable a alrededor de un millón de personas en la provincia de Alicante, y permite el riego de cerca de 59.000 hectáreas de producción agraria.
   Es por ello que el jefe el Consell ha resaltado que en la Comunitat Valenciana el año pasado el sector agroalimentario fue el que más exportó y este vamos incrementando las cifras del año pasado. Igualmente ha destacado que de este trasvase depende cerca del 20 por ciento de las exportaciones alicantinas.
   Asimismo, ha manifestado que éste ha sido un acuerdo "en el que todos hemos ganado y en el que todos hemos cedido algo para alcanzar un buen entendimiento, un pacto que va a asegurar la sostenibilidad del sistema, al considerar el Estado que el trasvase tiene interés estratégico y socioeconómico para España", ha dicho.
   El Memorándum recoge aspectos como que el trasvase quede fuera del control de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que los envíos de agua queden automatizados, con una caducidad anual, y una reivindicación histórica: la cesión de derechos del agua, lo que permitirá la venta de agua mediante un control administrativo.
   El acuerdo alcanzado va a permitir a los regantes disponer de los mismos caudales en periodos de sequía, como los 320 hectómetros cúbicos de media desembalsados entre 1983-2012. A pesar de registrarse un aumento en la reserva mínima para los desembalses de agua, gracias a un Decreto Ley se decidirá cómo se controla la salida de agua para los usos de la cuenca del Tajo, a través de unos valores mensuales de desembalses de referencia, donde se mantiene el máximo trasvasable de 600 hectómetros cúbicas al año para el Segura.
   En 2012 el regadío fue el primer sector exportador de la economía valenciana y en lo que va de año sigue liderando las ventas al exterior. Desde 2007, la Generalitat ha invertido 117,55 millones de euros para modernizar los regadíos de la provincia de Alicante, transformando 8.374 hectáreas de riego tradicional en riego localizado.
   En los últimos años, la Generalitat ha ejecutado obras de modernización de regadío en la Comunitat con una inversión de 268,40 millones de euros, y las comunidades de regantes han realizado obras de modernización con una inversión de 171 millones de euros, subvencionadas al 50 por ciento por la Generalitat. En total, más de 400 millones de euros invertidos en racionalizar el uso del agua para la agricultura valenciana.

Castedo sobre la candidatura de Fabra: "Si la ha anunciado es porque tiene el consentimiento de quien tiene que tenerlo"

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha señalado este miércoles que si el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha anunciado que se presentará a las próximas elecciones autonómicas "es porque tiene el consentimiento de quien tiene que tenerlo".

   Castedo se ha expresado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación, antes de asistir al acto de entrega de los Premios Empresa Familiar de Alicante, al ser preguntada por cómo valora este anuncio de Fabra.
   "Es el partido quien debe tomar la decisión, porque nosotros no nos representamos a nosotros mismos, sino al partido", ha manifestado la primera edil, quien ha añadido que si Fabra ha anunciado que se presentará "es porque tiene el apoyo de quien tiene que tenerlo y, además, lo tiene".