La monarquía de Felipe VI será 'republicana' o no será / Francisco Poveda *

Esta misma semana las Cortes Generales, Congreso y Senado, proclamarán rey al Príncipe, previsiblemente con el nombre de Felipe VI, y España introducirá así un elemento básico de tranquilidad en la Unión Europea, donde existen otras seis monarquías constitucionales o parlamentarias en espera de no perder cuota institucional en el Continente ni que muy cerca se sienten precedentes adversos. 

Bruselas oficiosamente se inclina, pues, por la continuidad de la Monarquía en nuestro país y semanas atrás ha propiciado, con la máxima discreción, la necesaria y urgente abdicación del padre, azuzada por la católica Bélgica y la protestante Holanda con especial ahínco.

También se es consciente en el resto de Europa, donde existen tres monarquías más, Noruega, Liechtenstein y Mónaco, que la forma republicana no ha tenido una buena experiencia histórica entre nosotros, sobre todo, en un siglo XIX tormentoso, aunque los amplios sectores identificados con ella no afloren ahora del todo todavía al relacionarse, intencionadamente por cierta propaganda ideológica, la II República como algo que larvó la Guerra Civil a comienzos del siglo XX. 

(Por cierto, que sería bueno sustituir en parte la actual bodeguilla del pabellón del príncipe por una biblioteca básica de ensayo para estar en poco tiempo intelectualmente por encima de la media de un país con demasiados analfabetos funcionales en este momento, sin criterio fundamentado y sobre los que va a reinar igualmente Felipe VI, más de los que parece 'ninis' y 'frikis').

 Sin embargo, el encaje de bolillos ahora es diseñar y realizar una segunda transición, con el motor de la Corona, desde la regeneración del sistema, con la voladura controlada del régimen de 1978 y la eliminación sin más de la indeseable casta generada al objeto de obtener una rápida y actual credibilidad democrática frente a unas nuevas generaciones ilustradas y decididas a opinar y ser activas sobre su propio destino individual y colectivo. Porque la inevitable Monarquía federal de Felipe VI será ya 'republicana', o no será en el tiempo, si se quiere de verdad conjurar una estructural inestabilidad institucional a la belga y un final casi seguro fatal.

La primera meta a alcanzar debe ser revaluar la Corona. Sería bueno que en La Zarzuela sólo viviera un rey y en Marivent, si acaso, una sola reina.  La imagen pública percibida y la forma transmitida van a ser claves a partir de ahora en la imprescindible, por estratégica, excelente comunicación institucional, a la par formal y no verbal, a emitir desde palacio y para la que no valdrán voluntarios aficionados en vez de profesionales experimentados y acreditados para dirigirla, por el bien de la Casa Real en primer lugar.

(Especial atención se debe prestar a Internet y la generación digital que tiene tras la suya Felipe VI, cuya aristocracia intelectual es hoy la principal fuerza social en acción en el Reino).

Es por eso que el entorno funcional heredado de la época de príncipe por la precipitación abdicadora, se ha de ir renovando gradualmente pero sin dilación antes de final de año por el nuevo monarca, quien para evitar más desaciertos ha de huir, diplomáticamente pero de forma resuelta, de ciertas amistades bien identificadas y de cortesanos espontáneos en busca de presumir en sociedad, privada o públicamente, de influencia neta en Zarzuela, hasta llegar a alimentar el ¡Hola! cuando no estamos tratando de un 'cuento de hadas' ni de una Corte al uso.

Porque de lo que sí se trata, dentro de un inaplazable cambio de estilo, es de ser útil al país, ganar autoridad moral y ser el líder de esa monarquía 'republicana' que catalice todas las sensibilidades en presencia, para quienes Zarzuela siempre debe 'estar de guardia' porque no se debe limitar a arbitrar y verlas pasar sino animar a la acción desde su influencia institucional. Eso no está reñido con la imprescindible sobriedad y ejemplaridad que se esperan dentro de una exteriorización no excesiva de privilegios. El nuevo rey no debe dejar que le induzcan a error ni repetir errores cometidos por otros. Yo le diría que no haga nada que no pueda hacer la mayoría de españoles, comenzando por renunciar como gesto a la inviolabilidad no política.

Uno de esos errores de bulto podría ser repetir esquemas superados, por experimentados años atrás, de marketing institucional que se identifican con el pasado. El contacto callejero con el pueblo no debe ser programado para la propaganda sin más recorrido sino que debe responder a circunstancias espontáneas como demuestra, una y otra vez, la longeva reina de Inglaterra, quien tampoco suele visitar ni alternar con monarcas autoritarios o recibir en Londres a dirigentes muy contestados por la opinión pública internacional. Y, mucha atención, que sólo viste su uniforme cuando el contacto es exclusivamente con militares. El mensaje es claro por parte del antiguo y sabio Imperio Británico.

El acento se ha de poner ahora, más que nada, en recibir y conocer semanalmente a nuevos representantes de la sociedad civil española y ser sugerente con ellos sin llegar a ser 'colega'. Todavía existen en nuestro país muchos más indiferentes que monárquicos declarados y republicanos recalcitrantes juntos, al igual que ocurre con los católicos de abrumadora mayoría confesa. El nuevo monarca, del que tanto espera Europa aunque no Estados Unidos, debe ser un 'republicano' y para ello se debe fijar muy bien en los modos y maneras de El Elíseo pero también tener la humildad de escuchar al rey padre de los belgas por aquello de su experiencia en templar los ánimos de valones y flamencos cada día que amanece.

Felipe VI tiene la obligación de legitimarse 'per se' y demostrar no querer ser una herencia del franquismo por una sobrevenida legalidad de dudosa legitimidad. A partir de aquí nada se debe cerrar en falso ni autoengañarse. Lo que viviremos esta semana tan solo es una forma de continuidad que exige luego varias reválidas en tiempo y forma. Los mimbres viejos hay que quemarlos, de entrada, en la chimenea de la Historia. Todo lo que, al final, ha resultado contra el pueblo no debe coexistir con el nuevo monarca por su propia trascendencia de futuro y la de su dinastia.

Así como en 1977 las Cortes franquistas fueron volatilizadas por la ley de reforma política de Adolfo Suárez, la nueva monarquía federal que ahora se necesita para preservar la unidad de España debe prescindir, a la mayor brevedad, de los viejos partidos que han venido sustentado el sistema devenido en corrupto, inviable y sin salida y, por supuesto, de los politicastros que nos han conducido a un desastre aún mayor que el de 1898, incluidos sin excepción Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy por resultar los principales. El nuevo monarca debe alejarse lo más posible de los cuatro al estar desahuciados por la sociedad española en su conjunto. Lo nuevo no debe ser viejo, como encerraba el mensaje implícito de la portada no nata de la revista satírica catalana 'El Jueves'.

Regeneración y nueva Constitución, porque la del 78 se ha utilizado finalmente contra los españoles en favor de unos pocos, deben ser los ejes para asentar la nueva monarquía federal, que ha de pivotar sobre una Justicia renovada muy a fondo, tras no haber hecho bien su trabajo durante todos estos años, para poder poner frente a esa otra judicatura más independiente a los 5.000 miembros responsables directos del hundimiento de España y la ruina de su clase media, y sacudirse así de lo peor de la actual clase política para que sus 'saurios' no arrastren al nuevo monarca en su inevitable derrota.

No debe olvidar nunca Felipe VI que la Dictadura engendra Monarquía pero que ésta debe engendrar Democracia, con riesgo de advenimiento republicano sino se profundiza en ella. Así de simple y de complejo es el proceso que se nos presenta. 

(*) Periodista y profesor

http://monarquiacoronada.blogspot.com.es/2014/06/la-monarquia-de-felipe-vi-sera.html

Un abogado oriolano demanda al rey Juan Carlos por su 'participación' en el Golpe de Estado del 23F

MADRID.- El partido Soberanía ha ampliado en la Audiencia Nacional la querella que interpuso contra el Rey Juan Carlos acusándole de haber participado en la denominada 'trama civil' del 23-F para solicitar a este órgano judicial que tenga en cuenta que ha perdido la inviolabilidad desde el momento de la abdicación.
 
Según publica DiarioCrítico, el abogado querellante, el oriolano José Luis Mazón, ha ampliado el recurso que interpuso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez Santiago Pedraz, que rechazó la demanda que presentó contra el Rey y contra el expresidente del Gobierno Felipe González por haber participado, a su juicio, en esta trama sustentándose en el libro de la escritora Pilar Urbano 'La gran desmemoria'.
En su escrito, el partido destaca que Don Juan Carlos abdicó de la Jefatura del Estado este lunes y, por lo tanto, "perdió" la inviolabilidad derivada de este cargo, debiendo ser investigado por un presunto delito de rebelión. Además, amplía la querella para investigar la relación del exdiputado socialista Enrique Múgica y del antiguo político del PCE Ramón Tamames en el "golpe blando".
La Audiencia Nacional ya rechazó la querella por la 'inviolabilidad' del Rey
El magistrado Santiago Pedraz rechazó a principios de mayo esta querella al negar que los hechos recogidos en el libro fueran constitutivos de un delito de rebelión y recordó que la figura del Rey es "inviolable y no está sujeta a responsabilidad".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 apuntó que la Constitución "prohíbe inexcusablemente que pueda ser llamado por un juez, ni para declarar ni para ser juzgado".
En relación con el exjefe del Ejecutivo, su auto señaló que "no se aprecia ningún elemento objetivo ni subjetivo en los hechos juzgados que permitan inferir su participación" en la trama golpista, a lo que añadió "la prescripción del delito a una presunta responsabilidad en el conocimiento de los hechos que se le pretende atribuir".
La Fiscalía pidió el rechazo "de plano" de la querella destacando su "inconsistencia y falta de entidad jurídica" así como el hecho de que el 23-F fue juzgado y que los supuestos delitos que se pretenden ahora investigar estarían prescritos al haber transcurrido "más de 20 años desde que acaecieron".
La querella sostenía, a partir de lo publicado por Pilar Urbano, que el juicio del 23-F fue "cerrado en falso" y constituyó "una gran estafa al conjunto del pueblo español", ya que existió una trama civil "desapercibida" e "impune" que estaba formada por "personajes muy importantes del régimen bipartidista".

La riqueza regional, base de lanzamiento económico / Ángel Tomás Martín *

Elaborar una política económica nacional estableciendo normativas legales con el objetivo de maximizar la tasa de crecimiento de la renta nacional estimulando la actividad empresarial, ha sido la pretensión continuada de todos los gobiernos de numerosas naciones, entre ellas España. 

Es indudable que el esfuerzo legislativo ha tenido su base solo en criterios personales y sanas voluntades, pero no es menos cierto que no han pasado de ser generalidades con pretensiones de optimizar resultados positivos del crecimiento económico y del empleo. Para alcanzarlos es imprescindible una decidida inversión de capitales creadora de puestos de trabajo, capaces de estimular expectativas e ilusión en la relación capital-producto. 

La inversión solo se promueve sobre medios de probada eficacia y la combinación óptima de los factores productivos. El aumento de la relación capital-trabajo-rendimiento debe contemplarse desde una perspectiva macroeconómica, y directamente relacionada con la riqueza regional natural y su valor añadido por sectores. Solo así la economía real será de calidad y de larga duración.

Dirigir la política económica legislando en exceso y creando normas basadas solo en razones coyunturales carentes de previsión de futuro y no estructurales relacionadas con las fuentes de riqueza regionales, es un error imperdonable. Lo que la economía tiene que proponer a los políticos son auténticos conocimientos y conclusiones basados en análisis técnicos de la riqueza nacional y su adecuada interacción empírica, unido a esquemas reales precisos por regiones y sectores. 

El valor total es el resultado de inventariar y valorar con la máxima precisión todas las unidades de bienes de forma homogeneizada, a partir de lo cual, la política económica será con toda probabilidad acertada, y útil para el imprescindible emprendimiento empresarial y la interdependencia entre los diversos sectores industriales, agrícolas, comerciales y de servicios.

La investigación específica de los valores económicos capaces de ofrecer rentabilidad y su ubicación geográfica, es la base imprescindible para saber elaborar una política de inversiones que lleve al crecimiento e incorpore los valores ociosos (empleo), sin olvidar que dicha política ha de ser selectiva debido a las grandes diferencias interregionales e inter-empresariales en las relaciones capital-producto y capital-trabajo.

Tampoco todos los sectores tienen las mismas economías de escala, pues los hay en los que las pequeñas y medianas empresas obtienen mayor productividad y rentabilidad que las grandes y viceversa. Por tanto, no han de olvidarse los valores productivos y su repercusión sobre los precios, o dicho de otra forma "maximizar la productividad para minimizar los costes", imprescindible objetivo para el crecimiento de las exportaciones y de una balanza de pagos positiva. Al ejercicio de la política económica, la sociedad le exige la elaboración de un sólido plan de inversiones y una previsión de las tendencias futuras.

Reconocer que la ciencia económica ha progresado de manera creciente en nuestro país es evidente, pero es igualmente cierto que nuestras estructuras son vulnerables como ha quedado demostrado en los seis años ya transcurridos de la actual crisis. Los responsables de la política económica han trabajado poniendo esfuerzo, sacrificio y voluntad, pero en la mayoría de los casos con ausencia de conocimientos empíricos de los sectores como polos de desarrollo y de información de rentas, necesarios para fijar objetivos y seleccionar e impulsar opciones y medidas económicas más completas, seguras y duraderas. 

Nuestras estructuras acusan algunas debilidades y defectos de implantación al no querer asumir riesgo, problema latente en la toma de decisiones macroeconómicas.

Para plantear una política de inversiones adecuada es imprescindible profundos estudios de la riqueza tradicional renovable por zonas geográficas que abarque: industria, agricultura, pesca, sector servicios, etc., o dicho de otro modo "inventariar la estructura de nuestra riqueza y capitalizar sus rendimientos" de forma que sean concordantes internacionalmente. Los resultados serían decisivos para la economía en general y para un desarrollo más armónico del país. Los estudios deben tener en cuenta los elementos específicos productivos, como instalaciones, materias primas..., unidos a los valores indirectos o recursos naturales, considerando también las condiciones geográficas, clima y red de comunicaciones. En suma, un verdadero balance nacional. 

Un ejemplo de lo expuesto fue acometido y valorado en EEUU por J.W. Kendrick, con el que se sentaron las bases en cuanto a forma conceptual y me0todológica, cuyos resultados de crecimiento y rendimiento económico quedaron patentes e imitados por otros países.

En España sólo existían estos análisis incompletos y poco eficaces hasta que el Legislador apreció su importancia y se promulgó la Orden Ministerial de 25 de abril de1944, constituyéndose una comisión a tal efecto. Sin embargo, fue en el año 1968 con objeto de la conmemoración del cincuenta aniversario de la fundación de la universidad comercial de Deusto, y la colaboración de fundaciones, entidades financieras y empresas, cuando se constituyó una alta Dirección Ejecutiva del más alto nivel, integrada por eminentes catedráticos, doctores en ciencias económicas, derecho, ingenieros y profesores universitarios, especialistas en los sectores agrario, industrial, servicios y metodología, cuya Dirección Técnica la asumió el catedrático de Estructura Económica Juan Velarde Fuertes, cuyo cálculo abarcó a más de quince países de las economías más avanzadas. 

Las estimaciones de la riqueza española fueron dirigidas directamente por el profesor Velarde, utilizando como la aplicación más importante "la estimación de la función de producción de Cobb Douglas", que aseguraba una mayor veracidad y una mejor previsión del futuro.

Una racional política económica necesita para el empleo de modelos econométricos, las cifras de Capital Nacional congruentes con los mercados reales. Sólo así alcanzaremos el éxito.

 (*) Economista y empresario

Podemos elegir la audacia / Andrés Pedreño *

El campo político español, tal y como se reconstruye a partir de 1978, delimitó una férrea frontera entre los ´profesionales de la política´ y ´los profanos´. Los profesionales hicieron de determinados lenguajes, rituales y recompensas las señas distintivas entre quienes estaban legítimamente dentro del campo político y quienes quedaban fuera. Los profanos fueron progresivamente excluidos de la política legítima, aunque convocados periódicamente a las urnas para votar. La movilización del 15M impugnó fuertemente este campo político, cuando miles y miles de profanos gritaron «no nos representan» en nombre de la democracia. La frontera que los profesionales habían levantado frente a los profanos quedó cuestionada como síntoma de desdemocratización. 

Aquí también los ´sin papeles´, esto es, los excluidos de la política legítima, reivindicaron su lugar en el mundo político. Sabiéndose los perdedores de una crisis económica que cortaba radicalmente las trayectorias sociales ascendentes construidas laboriosamente por sus padres, los jóvenes de los sectores medios y populares urbanos, contando con la solidaridad intergeneracional de los más mayores, utilizaron muchas de sus formas de expresión específicas (la interacción grupal, la acampada, la política del placer, etc.) para reinventar un mundo político posible, pero radicalmente democrático.

La plaza pública y la asamblea representaron una apertura de la política deseada para que los profanos expresaran su malestar y su potencia. El 15M lo cambió todo. Nada podía ser igual. A los profesionales de la política a partir de entonces se les empezó a pensar como una ´casta´. A la asamblea se le concibió como el escenario ideal para la expresividad de una nueva práctica política protagonizada por ´profanos´.

La iniciativa política Podemos, que irrumpe con cinco europarlamentarios en las pasadas elecciones del 25 de mayo, nace de una lectura y de unas hipótesis sobre lo que significó el 15M. Como no se cansan de repetir Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, por citar dos de las voces más significativas de la iniciativa, no se trata tanto de ´representar´ al 15M (algo imposible dada su heterogeneidad) como de ´interpretar´ qué fue tan excepcional acontecimiento. De esa lectura del 15M nace un espíritu y una metodología para la acción política que se ha propuesto llegar a gobernar este país. El 15M rechazó la entrada en el campo institucional pero alimentó un ciclo de movilizaciones inédito (anti-desahucios, mareas, etc.). Podemos recoge ese espíritu de la política hecha por profanos pero plantea como necesidad la entrada en el campo institucional: «Nos han tenido mucho tiempo fuera, ahora nos van a tener dentro».

Este gesto, provocador e insólito, se hace sobre la base de procedimientos y metodologías que ya estuvieron presentes en el 15M: la base asamblearia y la plaza pública (los Círculos en Podemos) donde los profanos se expresan por encima de las divisiones trazadas por los partidos políticos; el rechazo a las mediaciones burocratizadas propias de los partidos; la apuesta por formas de elección y de toma de decisiones radicalmente democráticas (primarias abiertas para confeccionar las listas electorales, lo cual impugna la lógica de la ´selección de élites´ mediante el aparato de partido; construcción del programa electoral mediante discusión colectiva horizontal en la que todos se reconocen como ´expertos´, etc.).

Podemos aspira a la construcción y movilización de un pueblo que considera unido por unas similares condiciones materiales de vida modeladas por el trauma de la crisis (empobrecimiento vital y desposesión de sus propiedades sociales) y para ello reivindica y elogia una política hecha por profanos. Esta demanda de una política profana se entronca con toda una tradición política de reivindicación de una democracia digna de su significado: «Ahí donde cada hombre tome parte en la dirección de su república de distrito, o de algunas de las de nivel superior, y sienta que es partícipe del gobierno de las cosas no solamente un día de elecciones al año, sino cada día; cuando no haya ni un hombre en el Estado que no sea un miembro de sus consejos, mayores o menores, antes se dejará arrancar el corazón del cuerpo que dejarse arrebatar el poder por un César o un Bonaparte», escribió el que fuera autor de la Declaración de Independencia americana, Thomas Jefferson, allá por 1824. En definitiva, una exigencia de democracia para hacer saltar en pedazos el muro defensivo que los profesionales levantaron alrededor del campo político para mantener a raya y sin papeles a los profanos. Cuando Teresa Rodríguez dice aquello de «tener un pie en las instituciones y mil en las calles» o cuando Pablo Iglesias arenga con eso de que «si los ciudadanos no hacen política vendrá alguien a hacerla por ti», ambos están revitalizando el ideal de un poder del pueblo para el pueblo.

Si los profesionales de la política se encastillan en los lenguajes, juegos y recompensas propias del campo político, imponen la tendencia a su cierre progresivo. Y devienen ´casta´. El insigne sociólogo estadounidense C. Wright Mills habló de las élites de poder para denunciar la degradación de la democracia de su país por parte de un entretejido denso entre intereses políticos, económicos y militares de una minoría con cada vez mayor poder acumulado. El término de ´casta´, profusamente utilizado en la terminología de Podemos, recoge una definición muy similar a la de Mills, pues denuncia la connivencia interesada entre poder político, económico y financiero (´las puertas giratorias´). 

En definitiva, la casta es ese capitalismo de ´amigantes´ (amigos+mangantes) que según el filósofo Emilio Lledó caracteriza al meridional capitalismo español.

Se equivocan los que han visto en Podemos un fenómeno de ´antipolítica´. La antipolítica, tal y como Noam Chomsky la conceptualizó, es esa representación de las cosas que viene a decir que «los políticos tienen la culpa de todo», que «la política es el problema» o que afirma «yo no voy a votar, todos son iguales, corruptos e indecentes». Esta representación de la realidad oculta la responsabilidad de las grandes corporaciones empresariales en lo que está pasando. La antipolítica es una forma de ceguera promovida de forma interesada para que los lobbies capitalistas sigan moviéndose en las sombras y haciendo la política realmente existente. La antipolítica es la política del neoliberalismo. 

Por ello, Podemos reivindica la política e insiste en arrebatarle el monopolio de la política a los profesionales pues en sus manos degenera en ´antipolítica´.

El 25M Podemos lanzó una hipótesis política que recoge la transversalidad social del acontecimiento del 15M. Por encima de las diferencias de partido que dividen (y fragmentan políticamente) a la ciudadanía es posible constituir un contrapoder del 99% para gobernar este país y revitalizar la capacidad constituyente de la sociedad. Esa hipótesis llama a la audacia de los que quieren revertir la actual desdemocratización del Estado español y seguramente de Europa. 

(*)  Profesor titular de Sociología en la Universidad de Murcia
 

La banca deberá identificar la nacionalidad o residencia de sus clientes con cuentas financieras

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a las instituciones financiera a suministrar información sobre cuentas financieras e identificar la residencia o la nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas.

La información a suministrar comprenderá la identificación completa de las cuentas, el nombre y apellidos o razón social y, en su caso, el número de identificación fiscal o análogo.

   El Gobierno ha explicado que esta nueva obligación de información se hace necesaria precisamente para adaptar la normativa española sobre asistencia mutua a los proyectos, actualmente en desarrollo, de intercambio de información automático y estandarizado, con el fin de prevenir y luchar contra el fraude fiscal.

Por otra parte, el real decreto introduce determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen anual (modelo 390), regulada en el Reglamento del IVA, que supondrá la reducción de costes indirectos para más de un millón de contribuyentes potenciales.

   Concretamente, el real decreto exonera de la obligación de presentar la citada declaración-resumen a determinados sujetos pasivos, teniendo en cuenta la información que ya vienen obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. La exoneración beneficiará a los obligados respecto de los que la Administración ya posea información suficiente.

   Aunque la concreción se desarrollará vía orden ministerial, afecta, fundamentalmente, a arrendadores personas físicas (un censo potencial de seiscientos mil contribuyentes, que desde este mes de enero están obligados a la presentación telemática) y a contribuyentes en régimen simplificado de estimación objetiva (censo potencial de 490.000 contribuyentes) del IVA.

   Por otra parte, la nueva norma introduce mejoras en el sistema de notificaciones electrónicas. El Real Decreto 1/2010 ya introdujo la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria, siempre que dicho medio se haya consentido por el interesado. Como complemento a esta posibilidad, a partir de ahora se podrán realizar notificaciones en la sede electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado.

   Ello permitirá que obligados tributarios con el denominado PIN24 puedan acceder de forma voluntaria a la sede electrónica de la Agencia Tributaria para conocer el contenido de las notificaciones de carácter tributario que pudieran tener pendientes, con los mismos efectos que cualquier otra notificación de carácter tributario.

Hipótesis de coyuntura sobre la Corona / Francisco Poveda *

El conflicto en Ucrania está a punto de dar paso a una nueva geografía económica mundial en el siglo XXI y eso, que puede desencadenar a corto plazo un conflicto bélico global y que hace discrepar a los europeos de los norteamericanos sobre su tratamiento, es el telón de fondo que condiciona, desde la guerra en Siria hasta la precipitada e inesperada abdicación del rey de España el pasado lunes tras la 62ª reunión anual del Club Bilderberg, celebrada el pasado fín de semana en un hotel del centro de Copenhague.

Ese gran club trasatlántico, el más grande y sintético 'think tank' planetario, pretende sino gobernar el mundo -que no puede, que se sepa- al menos conjurar y provocar, desde cierta planificación estratégica continuada, hechos que al gran público parecen naturales y espontáneos. Kissinger, Lagarde, Monti, Beatríz de Holanda... son algunos de sus miembros fijos al igual que la reina de España o el periodista Juan Luis Cebrián, presidente del grupo mediático 'Prisa'.

Para esta ocasión también han asistido el nuevo rey de los belgas y por España su ministro de Asuntos Exteriores, García-Margallo acompañado de una sobrina de Mariano Rajoy diplomática de profesión, y el director general de 'La Caixa', Juan María Nin, dentro del grupo no permanente de nuestro país.

Los temas en agenda eran la política y economía de China tras el acuerdo energético con la Rusia de Putin; el futuro de la Democracia; la sostenibilidad de la recuperación económica; el intercambio de información reservada y sensible entre los servicios secretos occidentales y de sus aliados con activa presencia esta vez de la CIA y el MI6 británico, y como tema estrella y telón de fondo, la crisis de Ucrania. Y todo a puerta cerrada y sin documentos escritos de lo tratado de forma no oficial hasta consensuar las acciones a recomendar a quienes han de ejecutarlas para blindar un gran bloque de poder ante la reestructuración militar, económica y comercial que se aventa en el mundo.

Políticos experimentados, financieros, hombres de negocios internacionales, grandes empresarios de multinacionales, dirigentes de las estructuras líderes de Internet, aristócratas, altos mandos militares, académicos y periodistas relevantes de nuestro hemisferio, hasta 150 personas de elite, se han encerrado durante tres dias en el 'Marriot' danés para abordar, analizar, concluir y proponer. Y de ahí parece haber salido la urgencia de arreglar el patio trasero de Europa de pequeños desajustes pendientes de afinamiento dada la velocidad y el calado de potenciales o previsibles acontecimientos de alcance mundial, con riesgo grueso para el todavía poderoso Occidente. 

Por esta vez, el tema de España ha ocupado, dentro de ese marco, cierta atención de los asistentes debido a la situación sobrevenida por la corrupción estructural y la inestabilidad institucional que puede provocar a medio plazo de consolidarse las tendencias electorales que arrojaban las encuestas del CIS, confirmadas luego por el resultado de unos comicios europeos de escasa participación y el auge de las propuestas ideológicas de las opciones más declaradamente republicanas y de izquierda, tras alguna de las cuales se adivina la mano de Putin a través de terceros. Tras otras, con mucha menos suerte, casi podría afirmarse que está apresuradamente Washington, en alerta siempre sobre la Península Ibérica.

Teniendo en cuenta que Europa tiene contenido el aliento ante la situación española desde hace muchos meses por lo que considera un coágulo dentro del continente y que los Estados Unidos no terminan de realizar grandes inversiones en nuestro país, en un momento para grandes oportunidades de negocio,  ante el clima generalizado de descomposición institucional, no es de extrañar que el sábado por la noche ya se supiera en algunos círculos de Madrid, incluso periodísticos de alguna provincia mediterránea, que la abdicación de Juan Carlos I esta vez no era un bulo.

El pasado domingo pasaron muchas cosas en Zarzuela a la vuelta de Copenhague de la expedición española. El ministro y la sobrinisima debieron pasar primero por Moncloa y desde allí tuvieron que llamar a Rubalcaba. Doña Sofía tuvo que ser quien le diera el primer mensaje al monarca. En escena pudieron aparecer luego, quizás, Felipe González y Cebrián, que llevaba tiempo en ello. Y cabe imaginar que no resultó fácil convencer al rey de que su permanencia hasta la muerte iba a ser que no y rápido. Seguro que el Rey puso algunas condiciones, al final poco convencido. Eso explica que Rajoy anunciase a primera hora del lunes públicamente el trance para evitar una marcha atrás de persona tan testaruda como don Juan Carlos y que el Príncipe tuviese que regresar a toda prisa de El Salvador en un viejo avión susceptible de tener que aterrizar en Canarias por avería tras el acelerón a que fue sometido.

También se puede imaginar a don Felipe hablando por teléfono desde América Central con su madre y con doña Letizia ante tal precipitación de acontecimientos  inesperados. Y con su padre, por supuesto, ya que ha respetado siempre los tiempos que él ha marcado. La vuelta a España sobre el Atlántico tuvo que ser de infarto y vigilia para don Felipe ante la que se le viene encima de repente. La prueba es que se ha tenido casi que improvisar el procedimiento urgente para una legislación 'ad hoc' inexistente porque no se veía en el previsible horizonte su necesidad.

La Unión Europea está por la monarquía en España si garantiza estabilidad ante potenciales eventualidades en el exterior de nuestras fronteras. Aunque Estados Unidos no le hace ascos a una República a su medida. Pero, además, se están renovando todas las cúpulas nacionales de poder de cara a una nueva etapa de la Historia y ahora le tocaba a la de nuestro país pese a la resistencia de don Juan Carlos estos meses mientras ahormaba sin mucha prisa los apoyos a su heredero.

Entremedio, el viaje de repúblicanos moderados a Estados Unidos tras las elecciones europeas, división de opiniones al respecto en el seno de un PSOE sin nuevos líderes de peso, un Partido Popular hundido por los escándalos aunque con el mejor banquillo para el relevo y una Corona corcomida por los desaciertos, cierta descomposición interna y un relativo fracaso comercial de los apresurados y secuenciales viajes políticos del Rey el mes pasado a cinco de las monarquías del Golfo Pérsico, con la suspensión del viaje a Qatar, que era la sexta.

El libro de Pilar Urbano tras la muerte de Suárez, el final de la instrucción judicial del caso Urdangarín con la esperada imputación de la infanta Cristina y los inquietantes informes del CNI -trufado de militares de Inteligencia- sobre el avance de las opciones republicanas ante la depresión de la Monarquía por cierta desconexión con un pueblo sufriente por la crisis económica, aumentada por la tolerada corrupción desde la cúpula del Estado hasta el último municipio, encendió todas las alarmas en el cuartel general de la OTAN en Bruselas mientras Putin le echaba en Ucrania un gran pulso a Londres, Berlín y Washington. 

Y se detecta a círculos próximos al ex presidente Aznar -¿el tapado del conservador Tea Party norteamericano?- pensando ya en la República, cuando aparece en escena un oportuno y desconocido juez de primera instancia e instrucción de Madrid, Elpidio Silva, dando certero golpe de gracia a las presuntas finanzas de una supuesta operación de altura para ocupar el hueco que pudiera dejar un derribo o abandono de la monarquía por imposibilidad de continuar... porque ya se sabe que monarquía engendra república, y ésta anarquía cuando esa anarquía luego conduce a dictadura, según el clásico axioma de la ciencia política más elemental.

Por cierto, que Bilderberg, como gran grupo de presión occidental, parece tener muchas esperanzas puestas en Eduardo Madina para que lidere el PSOE en la próxima década coincidiendo con Felipe VI en el trono. La gran jugada de ajedrez sobre nuestro país parece que sólo acaba de comenzar.

(*) Periodista y profesor

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Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

El juez Elpidio Silva reclamará fortalecer la Oficina contra el Fraude si logra el domingo un escaño en el Parlamento Europeo de la mano de 'Movimiento Red'

ALICANTE.- El juez Elpidio Silva, candidato por España al Parlamento Europeo, ha anunciado hoy en Alicante que "la primera medida" que impulsará, en caso de lograr el escaño, será reclamar que se "fortalezca" la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).

"Tiene una dotación de escasamente 50 empleados, lo que explica el desacierto, los desmanes y el campo ancho por el que han discurrido los corruptos en este país", ha indicado el juez suspendido provisionalmente de funciones.

En ese sentido ha manifestado que "la responsabilidad política --de la Unión Europea, al no auditar las inversiones y las ayudas ejecutadas en España--, debe traducirse con una quita de la deuda española", que ha calculado "entre un 20 y un 25 por ciento".
El juez ha reiterado que el Movimiento Red, por el que se presenta a las elecciones europeas del domingo, lo hace "sin dopajes" económicos e "íntegramente ciudadano" porque "no cree en los políticos", con excepciones como "Miguel Ángel Revilla, que merecen nuestro respeto".
Silva ha manifestado que le consta por "un compañero militante del Movimiento Red en Alicante que con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pasa algo similar a lo sucedido en Caja Madrid. Es el mismo proceso de promiscuidad entre lo político, entendido de una manera perversa, y la gestión bancaria, que en el caso de las cajas es la gestión del patrimonio de todos", ha asegurado.
Ha subrayado que "la reapertura judicial del caso Blesa permitirá que no se sustraiga al conocimiento de los españoles que la gestión desacertada manifiestamente de Caja Madrid pudo ser constitutiva de un delito societario cometido en régimen de organización criminal y que pudo ser la causa del rescate bancario y de la quiebra del sistema financiero español".
A su juicio, "este relato es imprescindible, porque en este relato posiblemente esté introducido el tripartito constitutivo del régimen que nos ha llevado a esta situación, puesto que es imposible en una gestión bancaria de esta naturaleza sin que, de alguna manera, no estén implicados tanto el PP como IU y el PSOE".
"Ni izquierdas ni derechas, este tipo de actividad política está detrás y hay que investigarlo muy severamente en la quiebra de Caja Madrid y, me imagino, que con las demás cajas de ahorro que han ido a la quiebra habría que hacer algo parecido", ha apuntado.
Silva ha anunciado que este mismo viernes el Movimiento Red Contra la Corrupción ha presentado ante el Banco de España la petición formal para que la entidad reguladora emita una certificación de irregularidad de la concesión del crédito de 26,6 millones de euros por parte de la entidad Caja Madrid al exjefe de la patronal y antiguo consejero, Gerardo Díaz Ferrán.
Silva ha destacado que, este reconocimiento por parte del Banco de España, a su juicio, permitirá reabrir el 'caso Blesa', después de que la Audiencia de Madrid anulara la investigación sobre este préstamo en junio de 2013, que realizó Silva.
Además, el candidato al Parlamento Europeo ha solicitado al Banco de España que certifique que "todas y cada una de las alertas" fueron "socavadas" por Caja Madrid para conceder el crédito.
A juicio de Silva, el Banco de España "sabe" y le "constan" las irregularidades y "lo sabe como poco" por la declaración del inspector que redactó esa certificación. En esta línea, sostiene que, de la mano de ese reconocimiento, se reabrirá la causa por la "clamorosa irregularidad en que incurre ese crédito" y junto con el informe de la Intervención General del Estado "acreditativo de que la gestión del Banco era como poco manifiestamente infractora de todo tipo de alertas y protocolos bancarios".
El juez ha indicado que la petición al Banco de España responde a la necesidad de que "declare que la certificación que emitió en su día, acreditativa supuestamente, de que el crédito concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán no reunía ninguna irregularidad es como poco una certificación manifiestamente errónea". El juez ha señalado además que hacen suyos los argumentos del sindicato Manos Limpias sobre que la quiebra de Marsans, empresa de Díaz Ferrán, "sea declarado culposa y ahí se pone de manifiesto que cuando se le presta dinero, Caja Madrid ya debería saber que la empresa de base, Air Comet, ya estaba quebrada".
Silva, que actualmente está apartado de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, aguarda que se fije de nuevo el juicio contra él por presunta prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Biografía

Elpidio José Silva (Granada, 1959) estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde fue el número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en la especialidad de Derecho Público.
Lleva veintidós años en la judicatura, desde mayo de 1991, cinco de ellos ejerciendo como magistrado-juez de instrucción en Madrid, y es experto en delitos económicos.
Ha sido  juez de Primera Instancia e Instrucción, encargado del Registro Civil, presidente de diversas Juntas Electorales, magistrado-juez de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria en Ceuta, además de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Cuenca, así como del Jurado Provincial de Expropiación de esa provincia. Desde el año 2008 ejerce como magistrado-juez de Instrucción en Madrid capital.
Se formó en la Université Panthéon-Assas (París 2), en la Universidad de Cádiz y en la Università di Bologna (Italia).
También ejerció un mes como juez del Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en Córcega (Francia).
Ha ejercido como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. Para doctorarse obtuvo una ayuda del Consejo de Europa, que le permitió realizar estudios de Derecho Comparado en Francia e Italia.
Actualmente es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos y dirige estudios de grado y postgrado sobre Derecho Penal y Criminología.
También ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ponente y conferenciante en numerosas seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Ha publicado dos libros de poesía en la editorial sevillana Qüásyeditorial: 'Memoria Inconjugable' (finalista del Premio Adonais) y 'Memoria del Olvido'.
Más recientemente, en 2014, ha publicado 'La justicia desahuciada. España no es país para jueces', donde realiza un análisis de la situación de la Administración de Justicia española.
Desde el 1 de abril de 2014 se encuentra en Excedencia Voluntaria en la carrera Judicial, situación administrativa que le fue concedida con motivo de su candidatura en las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, bajo las siglas del partido Renovación Democrática Ciudadana (RED). Este partido fue constituido por un grupo de ciudadanos con el ánimo de luchar contra la corrupción.
Silva fue elegido mediante aprobación de actas en las que se le nombra presidente por consenso por la junta la junta de gobierno de movimiento red.
El 29 de abril se hizo público el documento oficial que figura en la web del Movimiento RED recogiendo un método basado en el esquema problema-solución-método. Este programa se presenta en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

Devoción y tradición popular caminan de la mano de 300.000 alicantinos

ALICANTE.- Devoción cristiana y tradición popular caminaron ayer en romería, y de la mano de 300.000 alicantinos, hasta el monasterio de la Santa Faz, donde desde hace más de cinco siglos se venera uno de los pliegues del sudario de Cristo.

Como todos los años, esta tradicional romería que se repite el segundo jueves después de la Pascua ha combinado el fervor religioso y el ambiente festivo, y, acompañada por el buen tiempo, en esta ocasión ha batido récord de participación.

Familias, grupos de amigos y representantes políticos y de numerosas instituciones y entidades han recorrido los casi ocho kilómetros que separan la concatedral de San Nicolás, en el centro de Alicante, del monasterio regido por las monjas clarisas.

Ataviado con el clásico blusón negro de labrador, el pañuelo blanquiazul y la caña de romero, como manda la tradición, los peregrinos han acudido, un año más, a su encuentro con la Santa Faz, una cita que se remonta a 1489.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha participado en "La Peregrina", como así se llama a esta romería, junto al alcalde en funciones de Alicante, Andrés Llorens, ya que la titular, Sonia Castedo, está de baja maternal.

Ambos y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Murgi, han estado al frente de una comitiva en la que también estaban varios miembros del Consell y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, entre otros.

Marcados por el veloz ritmo que marcaban los portaestandartes religiosos de la Santa Faz, las autoridades civiles y religiosas han tardado unos noventa minutos en recorrer la caminata pese a la gran cantidad de gente que se topaban en el itinerario.

Ni siquiera han parado a tomar los clásicos rollitos de anís y mistela que se ofrece a los peregrinos a la mitad de un recorrido que recuerda el camino que Jesucristo hasta la crucifixión a lo largo de catorce estaciones de penitencia.

A lo largo del recorrido, la comitiva se ha encontrado con dos protestas de trabajadores de la ya extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV), quienes han increpado a Fabra.

El president ha felicitado a todos los alicantinos por demostrar "lo que es su devoción hacia la Santa Faz" y "su capacidad por compartir un camino conjunto para llegar a su destino, a este monasterio".

"La unión hace la fuerza y nada puede parar la voluntad de todo un pueblo", ha añadido el jefe del Consell, minutos después de asistir a la misa que ha presidido el cardenal Manuel Monteiro de Castro, exnuncio de la Santa Sede en España.

Otras formaciones políticas han querido participar en esta jornada festiva en el marco de la ya conocida como "marcha cívica", en la que se han dado cita aunque por separado representantes del PSOE, Compromís, Bloc y Esquerra Unida, entre otras.

La presencia de estas formaciones de la izquierda política ha sido este año más breve, ya que muchos de sus cargos han regresado rápidamente a Alicante para participar en la manifestación del Primero de Mayo.

Antes de iniciar esta marcha, el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que la unidad demostrada de los alicantinos en esta romería refleja que con "el apoyo conjunto de todos" se pueden lograr muchos objetivos, como "salir de la crisis".

Ya en el templo, y custodiada bajo cuatro llaves, la reliquia ha sido sacada a la plaza del caserío donde la esperaba la imagen de la Santa Mujer de la Verónica, procedente de la localidad de Sant Joan d'Alacant. El encuentro, que ha arrancado algunas lágrimas entre los asistentes, ha sido aplaudido por los asistentes.

En su homilía, monseñor Monteiro ha animado a los fieles a "vivir en unidad con Dios" y a "pedirle" cuando sea necesario, pero también a saber perdonar y "pedir perdón".

Aunque no ha habido ningún caso grave, en las primeras horas se ha atendido a medio centenar de personas, principalmente, por lipotimias, rozaduras y caídas.

Sonia Castedo firma su renuncia como diputada regional ante notario, que presentará hoy

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', ya ha firmado ante notario la renuncia a su acta de diputada en las Cortes, que será presentada hoy viernes en el registro de entrada de la Cámara autonómica dado que el jueves ha sido festivo, según han confirmado fuentes municipales. 

No obstante, no se ha señalado quién será la persona encargada de presentar la renuncia por el registro de entrada dado que Castedo se encuentra de baja por maternidad, según han comentado las mismas fuentes. El actual alcalde de Lorcha, Guillermo Moratal, será el sustituto de Castedo en las Cortes, según han apuntado fuentes parlamentarias.

Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada.

Con la renuncia ya no quedan aforados en la causa de Brugal que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con lo que el procedimiento volvería a juzgado ordinario de Alicante.

De este modo, cuando se haga oficial la renuncia de Castedo el grupo popular en las Cortes Valencianas, integrado actualmente por 54 de los 99 parlamentarios que forman la cámara autonómica, mantendrá a cuatro diputados imputados en el 'caso Gürtel'.

Se trata de los 'populares' Ricardo Costa, David Serra, Vicente Rambla y Yolanda García, que están imputados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta financiación irregular del PPCV, derivada del 'caso Gürtel'.

La última renuncia fue la del ex alcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, que dejó su escaño "por motivos de salud". Díaz Alperi también está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio en otra causa en la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral y en la que el instructor ha considerado que existen indicios de que el diputado pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con la salida de Castedo, serán 21 los diputados de las Cortes Valencianas que han dejado su escaño desde que empezó la legislatura. El pasado 21 de marzo renunció la ex consellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y tres semanas antes lo hizo la también ex consellera Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'.

También renunció a su acta Pedro Hernández Mateo, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad alicantina de Torrevieja.

Por su parte, Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó por contratos suscritos en su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social con empresas de la trama.

Por otro lado, Gerardo Camps, Mario Flores, Belén Juste y Manuel Cervera renunciaron al acta en las Cortes al ser elegidos diputados al Congreso, mientras que Eva Ortiz lo hizo para ir al Parlamento Europeo.

También dejó el escaño Paula Sánchez de León, al ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, así como César Augusto Asencio, designado vicepresidente de la Diputación de Alicante.

Recientemente ha dejado las Corts Luis Ibáñez, quien ha pasado a ocuparse de la Secretaría Autonómica de Sanidad. Asimismo, renunció José Marí para dedicarse a su actividad privada como abogado en un despacho propio, además de María José Masip por "motivos personales" y Antonio Ángel Hurtado por cuestiones "personales y profesionales".

El PP comenzó la legislatura con 55 diputados y en junio del año pasado se quedó con 54, al pasar al grupo de no adscritos el ex conseller Rafael Blasco, pendiente ya de sentencia en la primera pieza del 'caso Cooperación' tras la celebración del juicio.

Por parte de los grupos de la oposición, desde que comenzó la legislatura ha habido tres cambios, todos en la bancada socialista. Ferrán Verdú dejó su acta por las dificultades para compatibilizar su labor como alcalde de Jijona con el trabajo parlamentario y su puesto docente en la Universidad de Alicante. Asimismo, destacan los fallecimientos de los diputados del PSPV Dolores Huesca y Vicent Esteve.

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha señalado que de confirmarse la renuncia de la alcaldesa de Alicante se trataría de "una decisión personal muy respetable" y ha comentado, sobre si repetirá como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales, que "se hablará cuando tengamos que hablar".

Fabra, tras participar ayer en la tradicional romería de la Santa Faz, ha señalado al respecto que "tiene que ser prudente" ante "los rumores" que apuntan a que la renuncia de Castedo se presentará este viernes en el registro de las Cortes.

En cualquier caso, ha comentado que es "una cuestión personal" y al respecto ha recordado que "lo cierto es que hace tiempo que había mostrado su voluntad de abandonar las Cortes para dedicar más tiempo al Ayuntamiento". 

"Es muy respetable pero hay que esperar a que se produzca para hacer más valoraciones", ha señalado.

El abogado Mazón denuncia al Rey y a Felipe González en base al libro de Pilar Urbano sobre el 23-F

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado oriolano José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.

Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.

La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”

Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.

La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.

La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.

“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.

La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.

La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.

La querella recoge el siguiente párrafo:

"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

El TSJ rechaza un recurso de Alperi contra el auto de procesamiento por delitos contra la Hacienda y cohecho impropio

VALENCIA.- La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso apelación-nulidad que había interpuesto el exalcalde de Alicante y exdiputado del PP en las Corts, Luis Díaz Alperi, contra el auto que le procesaba por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.

   En el auto recurrido, el magistrado abrió juicio oral a Alperi --junto a unos empresarios--, y les requería a que prestaran o garantizaran el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas y que ascienden en el caso de Díaz Alperi a 1,4 millones de euros.

   De igual modo, procesaba por cohecho impropio a Díaz Alperi por no pagar el amarre de su embarcación en las instalaciones de la Marina Deportiva del Puerto de Alicante --donde estuvo entre 2008 y 2013-- y al gerente de la instalación, al entender que se lo permitió personalmente de forma gratuita "en consideración a su influencia en la ciudad y su condición pública".

   En su recurso, el exprimer edil alicantino pedía apelación-nulidad del apartado IV del auto de apertura de juicio oral y, en concreto, respecto al acuerdo de practicar una prueba anticipada (un requerimiento a una entidad bancaria para dar información sobre retiradas de efectivo) al considerar el recurrente que el instructor carecía de competencia funcional para acordar la práctica de dicha prueba.

   Entendía la representación de Alperi que el juicio oral "está tasado y comprende únicamente tres decisiones: acordar la apertura de juicio oral, resolver medidas cautelares y señalar el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la causa, y, en cambio, la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas para el juicio es de competencia exclusiva del órgano de enjuiciamiento, estimando que la resolución recurrida es nula en la medida en que ha sido dictado por un órgano carente de competencia funcional para adoptarla".

   Sin embargo, la sala aclara que la mencionada prueba anticipada no solamente había sido solicitada por la acusación particular sino también por el Ministerio Fiscal, por lo que "el resultado del presente recurso, máxime canalizado a través de nulidad, debiera afectar a ambas peticiones".

   En todo caso, la sala argumenta este auto --fechado hoy jueves-- que el auto de apertura de juicio oral resulta "irrecurrible", salvo supuestos previstos por ley, y añade que en la propia resolución, en su parte dispositiva, reiteraba que no cabía recurso alguno contra la misma excepto lo relativo a la situación personal y sin perjuicio de la facultad de reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas".

   "Lo mismo podría decirse --prosigue-- respecto de las resoluciones sobre la prueba anticipada porque según dispone el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la decisión sobre la admisión o inadmisión, al igual que contra el resto de pruebas, no cabe recurso alguno".

   Añade que la parte recurrente "está en su derecho de reaccionar procesalmente contra la decisión (...) pero , y en el caso lo ha realizado a través de una solicitud de nulidad contra dicha decisión incluida dentro del auto de apertura, pero se trata de una resolución irrecurrible, por lo que podrá acudir a los medios que establezcan las leyes procesales y que la parte podrá valorar, pero sin que quepa promover un recurso de apelación para defender dicha nulidad cuando no está legalmente prevenido para la resolución dictada".

   Por todo ello, el tribunal considera "indebidamente admitido el recurso de apelación interpuesto y, en su consecuencia, procede a  declararlo convirtiendo la causa de inadmisión en causa de desestimación".        

   Esta causa contra Alperi partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra el exalcalde en la que el ministerio público  --en base a un informe de la Agencia Tributaria--, ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.

    El exdirigente popular está imputado también por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante

El Consell aprueba una modificación presupuestaria de 29,6 millones para pagar indemnizaciones en RTVV

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha informado este jueves de que el pleno del Gobierno valenciano ha aprobado una modificación presupuestaria de 29,6 millones para financiar un crédito destinado a pagar las indemnizaciones de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de Radio Televisión Valenciana.

   Císcar, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha recordado que las indemnizaciones que se acordaron por parte del consejo de liquidación y los sindicatos ascendía a 81 millones. De esta cantidad, ahora se pagaba el 60 por ciento --51,6 millones-- y se tenía que compensar también ahora el 50 por ciento de las indemnizaciones que se dieron en el ERE de anulado de 2012, que asciende a 10,9 millones.

   Así, la diferencia entre lo que se tiene que pagar, descontado de la compensación del 50 por ciento del ERE de 2012, es de 40,7 millones, que es lo que se tiene que abonar en estos momentos.

Díaz Alperi renunciará hoy al escaño en las Cortes valencianas por "motivos personales y de salud"

VALENCIA.- El exalcalde de Alicante y diputado de las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, tiene previsto presentar a lo largo de este miércoles su renuncia al escaño en la cámara autonómica por "motivos personales y de salud", han confirmado fuentes 'populares'.

   Díaz Alperi es uno de los parlamentarios del grupo popular que se encuentra imputado en alguna causa judicial. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió el pasado mes de marzo juicio oral contra el ex primer edil alicantino por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.

   Además, está imputado en el caso Brugal, en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

 Junto con Alperi está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, entre otros. Por esta causa, fue llamado a declarar en noviembre de 2012 ante el alto tribunal.

Crónica histórica de una experiencia periodística: De Campoamor a La Moncloa / Francisco Poveda

Coincidiendo con la reciente muerte de Adolfo Suárez ha vuelto a resurgir la figura histórica del primer ex-presidente del Gobierno de la Democracia y se ha hecho pública la razón de fondo por la que tuvo que dimitir a comienzos de 1981, abandonado por la confianza del rey Juan Carlos I y la presión definitiva del sector más inmovilista del Ejército. Con la celebración del funeral de Estado en la catedral de La Almudena se cierra definitivamente un importante capítulo de la actual Historia de España que los investigadores aún tienen que expurgar a fondo para que la verdad resplandezca por encima de una austera lápida de la catedral de Ávila.

En la primavera de 1978, y tras un período de reflexión, Adolfo Suárez accedió  a conceder su primera entrevista solicitada como presidente del Gobierno a un periodista. Hasta un año después, no concedería la segunda ; sería al entonces director de “El País”, Juan Luis Cebrián. De aquel 12 de mayo se esbozan aquí recuerdos y prolegómenos que, vistos con la perspectiva actual, sirven de documentación a la crónica  inconclusa de aquellos años.

En aquel tiempo era la entrevista más codiciada. Pero  el Presidente no estaba por la labor debido a la complejidad del ambiente político. Muchos otros colegas de Madrid y extranjeros lo habían intentado ya, sin suerte, y las posibilidades de una aceptación definitiva eran remotas.

Suárez, Adolfo, el otrora campeón estival de tenis en la Dehesa de Campoamor cuando le conocí por primera vez diez años antes, se sentaba ahora en uno de los sillones más difíciles de este país, sacudido por el terrorismo y la crisis económica. Y enrolado en el proceso de pasar sin violencia de una autocracia a una democracia enmedio de un agrio debate popular de si hacerlo con ruptura o con reforma. Él apostaba y era líder de lo segundo como centrista converso desde las filas del partido único oficial. Pocos meses después conseguiría sacar adelante, con consenso y refrendo popular, una nueva Constitución democrática: la que más ha durado en toda nuestra historia como país aunque ahora se la cuestione.

El Presidente me recibió a las ocho de la tarde del viernes 12 de mayo, después del Consejo de Ministros. Antes, Fernando Ónega, en aquella fecha jefe de Prensa de la Presidencia del Gobierno, me había mostrado la parte oficial de un Palacio de la Moncloa, aún sin reformar para adaptarlo a su nueva función, y tal como estaba para ser residencia de jefes de Estado de visita en España. Suárez surgió, impecable, de la zona provisional de su residencia y, tras recordar nuestros veranos en la finca de los Tárraga-Segura, me invitó a pasar a su despacho de estilo clásico francés.

Mi objetivo profesional se estaba a punto de cumplir. Era yo el primer periodista en lograr un tiempo del Presidente para charlar distendidamente sin más restricciones que no tomar notas o enchufar la grabadora. Estuvimos casi dos horas, sin contar lo que hablamos mientras me acompañó a la puerta para despedirme y recordar que “Campoamor es uno de los sitios donde más me he divertido”. Definitivamente, me pareció más seductor que tahúr.

La labor previa había dado su fruto. Aparte de esgrimir nuestros comunes veraneos, y amigos jerezanos como Federico González de la Peña, el luego librero de Brönte, hube de utilizar conexiones personales de confianza para los dos, entre otros, el ahora muy famoso Antonio Navalón, uno de sus asesores personales, y Pepe Duato, gobernador civil de Alicante, y desterrado por la Dictadura tras haber asistido en su juventud al “contubernio de Munich”, además de ser padre del bailarín Nacho Duato.

El mètodo, mi oferta, y las conexiones profesionales habían convencido al, hasta entonces, desconfiado y hermético Adolfo Suárez. La fórmula de compromiso era hablar como presidente de UCD más que del Gobierno, en un contacto oficioso y amistoso. Las condiciones me recordaron las que Abilio Bernaldo de Quirós me puso un quinquenio atrás para lograr entrevistar a Henry Ford II, el magnate mundial del automóvil, de Detroit.

Años después, alguno de esos mismos intermediarios me procuraron la elaboración de un proyecto periodístico para España de “News Corporation”, la empresa mediática del judío australiano Rupert Murdoch, que, finalmente, no se desarrolló ante argumentos estratégicos nacionalistas de otras empresas periodísticas madrileñas.

La actitud del Presidente se explicaba, más que por estrategia de partido, por prudencia para no poner en peligro la política de Estado que él se proponía, de acuerdo con el Rey Don Juan Carlos, para restablecer la convivencia en un país muy estigmatizado todavía como consecuencia de la secuelas dejadas por la Guerra Civil y el régimen de Franco en una sociedad ya madura para la democracia. A Suárez no le gustaban las entrevistas periodísticas formales y prefería la charla amistosa inteligente porque consideraba prudente no emitir públicamente juicios de valor sobre personas y hechos recientes que pusiesen en riesgo sus propósitos, más o menos confesados genéricamente. Bastante tenía con convencer, calmar o neutralizar a los más ortodoxos franquistas. Su obsesión, consolidar una democracia para todos, incluidos los satanizados comunistas.

Pero nueve años al frente de TVE le hacían comprender la importancia de los medios de comunicación. Además, el periodista era joven, 25 años, y con pocos prejuicios pese a haber asistido desde las agitadas aulas de la Universidad Complutense, a la misma vez que Aznar, Ana Botella, Helena Hedilla o Pérez-Reverte, a los estertores del régimen, magnicidio de Carrero Blanco (uno de los mentores de Suárez desde los tiempos de la Dehesa de Campoamor), y muerte de Franco, residiendo en un colegio mayor donde tenía por vecino de planta al ya entonces inquieto y locuaz Álvarez Cascos.

Suárez no rehuye entrar a todos los temas que le planteo sin cuestionario previo, salpicando la conversación amistosa con pronunciamientos como que “nada me hace decaer ni me desalienta. Mis banderas son las de la libertad y la justicia”. De fondo, en la librería, destacan una foto con el Rey vestido con uniforme militar de campaña; otra de su esposa, Amparo Illana; y una tercera del falangista liberal Fernando Herrero Tejedor, su primer gran mentor, “padrino” político, y padre del periodista Luis Herrero, en medio de muchas otras con jefes de Estado o de Gobierno.

Cordial y accesible, Suárez llenó de colillas el cenicero; contó anécdotas y gastó bromas. Llegó a revelar tácticas pero silenció estrategias. Jugaba mucho con el factor tiempo y calculaba perfectamente toda contestación al cambio político en la duración de su efecto psicológico y el momento de darlo a conocer. Preveía todas las reacciones a sus decisiones, y el paso siguiente. “Mi designación por el Rey causó hasta risa”, me dijo al revelarle mi sorpresa de aquel 4 de julio de 1976 al conocer la noticia de agencia en la mesa de Redacción de “La Verdad”.

Porque Suárez sólo contaba 44 años. A continuación me reveló que su ambición secreta desde siempre era llegar a presidente del Gobierno. Por eso, tiempo atrás y mediante contactos discretos, había presentado sus proyectos de transición y su visión de la reforma desde dentro al entonces Príncipe de España. Lo que más convenció a Don Juan Carlos fueron las mayores posibilidades de Suárez de materializar esos proyectos de evolución frente a las fórmulas que le presentaron también otras figuras políticas del momento.

En tono distendido, entre temas muy serios, volvíamos una y otra vez a cuestiones más triviales. “Cuando no me dedico activamente a la política es cuando me pasa todo lo malo de mi vida”, parece que vaticinó aquel 12 de mayo a tenor de lo que ha sufrido después con la enfermedad y muerte de su mujer y de una de sus hijas. “Soy un chusquero”, recalcó tras enumerar todas las funciones políticas desempeñadas en los diversos niveles de la Administración del Estado, desde gobernador de Segovia a presidente del Gobierno pasando por director general y ministro. ”Tengo colmados todos mis deseos de poder". Precisamente Suárez me confesó que le gustaba ir al Congreso de los Diputados y dirigir personalmente la estrategia de su partido (normalmente eso lo hacía Abril Martorell) cuando había que adoptar decisiones importantes.

Quizá el momento de más interés de las dos horas fuese cuando se mostró seguro de que los empresarios y banqueros apoyaban sus reformas económicas, que, ya entonces, pasaban por la supresión de privilegios e introducir la economía de mercado tras decenios de práctica autárquica “para que ésta funcione correctamente”. Suárez aventaba difícil salida a la crisis económica que sufríamos y me confirmó su gran preocupación internacional por el Estrecho de Ormuz, lugar de paso de la mayoría del crudo mundial y vía estratégica del suministro de petróleo a Occidente. Confiaba en la entrada de divisas gracias al turismo, una reserva monetaria que antes de llegar él ya era importante, pero mostraba cautela al decirme que “no basta con tener una Constitución democrática para lograr la reactivación”.

Quería hacer política de Estado, se mostraba satisfecho conque la Izquierda hubiese aceptado a la Monarquía de Don Juan Carlos tras asumir los intereses supremos de España, y no se arrepentía del cambio de su trayectoria política desde el franquismo porque pensaba que “lo más normal y racional es tender al centro”. No le gustaban, según me dijo, los cambios bruscos y pendulares. Y pasaba bastante de las críticas personales porque “las etiquetas las da el pueblo y las refrenda un determinado comportamiento. Se han dicho de mi cosas falsas en la Prensa”. Aproveché su locuacidad en el trayecto desde su despacho hacia los jardines y la salida del edificio de Presidencia para testar su resistencia a modificar límites territoriales entre las regiones que iban perfilando la España de las Autonomías.

Como colofón, antes de la preceptiva foto de despedida en la puerta a las escaleras exteriores, le recordé la entrevista que muchos meses antes yo le había hecho a su hija Laura en la casa de verano que el director general de Seguridad, Mariano Nicolás y su esposa, Mari Jiménez, fallecidos en accidente hace años, tenían en Denia. Sin reprobar mi logro por accesibilidad a aquellos anfitriones, Suárez me despidió diciéndome:“A mis hijos les tengo prohibido hacer declaraciones por si sueltan algún disparate”.

El origen de las crisis / Ángel Tomás Martín *

El siglo XX ha transcurrido con una serie de crisis de influencia inevitable sobre la economía mundial, que se inició con la más profunda, la del año 1929 conocida como "La Gran Depresión", de la que se obtuvieron experiencia y conclusiones una vez transcurridos los siguientes quince años. Sin duda, la actual iniciada en el último trimestre de 2007, ha sido la peor desde los años treinta, y transcurridos siete años se sigue trabajando intensivamente para la recuperación, sin que exista pleno acuerdo todavía sobre cuales han sido las razones que la provocaron. 

Podemos afirmar, sin aspirar a conclusiones definitivas, que se sigue desconociendo la relación entre la economía global y los movimientos financieros internacionales. Estos últimos, a nuestro juicio, al estar incontrolados y constituir un poder colectivo que atrae a los inversores de todos los países, beneficiándose especialmente los encubiertos analista-gestores de los grandes bancos de inversión, son los verdaderos culpables de las crisis y sus consecuencias nefastas. Los movimientos financieros incontrolados y perturbadores de la economía real, no se tenían en cuenta hasta la aparición de La Gran Depresión, y aunque se haya avanzado en su control, sigue siendo escasa la atención que los gobiernos le prestan.

En los principales centros de investigación económica se considera ahora la necesidad de introducir sistemas de control sobre los movimientos de los poderosos mercados financieros, convencidos de que son las ideas especulativas y no los intereses de la economía real el verdadero origen de la inestabilidad de los precios de los activos que aquellos provocan para la obtención de beneficios rápidos. Sólo la intervención de los bancos centrales puede impedir las turbulencias económicas que periódicamente soportamos.

El comportamiento de los mercados financieros, la gran volatilidad muchas veces provocada de los precios de los activos, la ausencia de prevención por parte de los gobiernos que carecen del dinamismo necesario para corregir los impactos de aquellos, que sí actúan apoyando a los mercados para celebrar los resultados positivos en la fase alcista del ciclo, pero que retiran la liquidez ante la aparición de una burbuja provocando: pánico, ventas de urgente realización, caída del consumo y desplazamiento de la actividad industrial, son el verdadero causante de casi todas las crisis. 

Los gestores de la economía casi nunca aciertan en la adopción de medidas, ni en el diagnóstico de las causas que provocan los grandes desajustes. Los Gobiernos deberían centrar la mayor atención en el control de los movimientos financieros desestabilizadores, y en el respeto y cumplimiento de los Presupuestos Generales de las Administraciones Públicas. Tal vez la penalización de su incumplimiento, y de las macroinversiones de difícil amortización y de nula rentabilidad, sería una de las soluciones más efectivas en la buena dirección de unapolítica económica útil, acertada y creadora de confianza.

Si contemplamos la deuda de nuestras Administraciones Públicas en base de lo expuesto anteriormente, comprenderemos mejor el impacto macroeconómico que la crisis ha ocasionado. La deuda a finales de 2013 se aproxima a los 1.000 millones de €, más del doble de los 435.000 millones en que se encontraba al principio de 2.008, por tanto, ha pasado del 40% sobre el PIB a superar el 90% al comienzo de 2014. El profesor de Harvard Kenneth Rogoff, llegó a la conclusión de que la deuda elevada disminuye la posibilidad de crecimiento, y cuando se supera el 90% del PIB se hace muy difícil el progreso de la economía.

Si se llega a la conclusión de que cuando el sector financiero alcanza niveles insoportables, presiona sobre la economía real ocasionando recesión y dificulta volver al crecimiento, sólo es posible crear riqueza si hay ideas capaces de potenciar nuevas fuentes o sectores donde la inversión se reactive creándose tejido empresarial y empleo.

Cuando faltan ideas se suele recurrir, como camino único, a la subida de la presión fiscal con el fin de recaudar más para hacer frente al servicio de la deuda de las Administraciones Públicas. Esta medida adoptada en medio de una crisis aún sin crecimiento, aunque se haya superado la recesión, es un error demostrado, ya que oprime a la empresa y al emprendimiento, obstaculizando el desarrollo económico sin conseguir aumentar la recaudación. Ésta solo es posible si el sistema fiscal estimula la actividad obteniendo efectos positivos recaudatorios más rápidos.

Los errores cometidos no deben repetirse y para ello "no debemos olvidar al sector financiero especulativo", el desajuste presupuestario, la mesura en la presión fiscal, contar con un sistema bancario saneado y con liquidez equilibrada, y una presión moderada del coste financiero de la deuda pública. El sistema de regulaciones administrativas continuado, es otro de los motivos que infunden desconfianza e inseguridad cuya práctica debe abandonarse.

(*) Economista y empresario