sábado, 7 de abril de 2018

Varios pueblos de Castilla-La Mancha estudian denunciar a La 1 por la imagen que mostró en el Telediario

GUADALAJARA.- La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han denunciado que "la principal cadena de RTVE ilustró la noticia del trasvase con imágenes de los embalses en 2011, generando la ilusión de que se encuentran a rebosar cuando la realidad es completamente distinta". "La asociación estudiará tomar medidas legales si la cadena pública no pide disculpas y muestra la realidad", añaden, según www.eldigitalcastillalamancha.es.

“Estamos acostumbrados a una criminal equidistancia y a que se prime la versión del Sindicato de Regantes del Trasvase”, explica el alcalde socialista de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, “pero esto ha sido completamente vergonzoso, impresentable por parte de una televisión que pagamos todos los españoles y que debe servir para informar imparcial y verazmente”. Para los ribereños, "La 1 ha cruzado el límite".
“Es un escándalo”, sentencia Pérez Torrecilla. El vídeo, que fue emitido en el telediario del 4 de abril, muestra imágenes de su estado en el año 2011, cuando Entrepeñas tenía un 62 por ciento de capacidad total embalsada, muy lejos del 26 por ciento actual. 
“Si quieren, pueden poner imágenes del marques de Villaverde practicando deportes acuáticos, las tienen en su archivo, en la sección del NO-DO”.
“Entendemos que no tenemos la capacidad de seducción que pueda tener el Sindicato con todo el dinero que han ganado durante cuarenta años de solidaridad del Tajo, pero que la Televisión Pública manipule así las imágenes y, por tanto, la percepción que puedan tener de la historia el resto de los españoles, nos parece criminal, de primero de Goebbels”, finaliza  Pérez Torrecilla.

viernes, 6 de abril de 2018

El alcalde de Tormos exhibe la bandera franquista en su Facebook


ALICANTE.- Durante varios días de la pasada Semana Santa, el alcalde de Tormos, Jerónimo Bermúdez (PP), exhibió como imagen de fondo de su perfil personal de Facebook la enseña preconstitucional, según la Cadena SER.

El símbolo fue retirado tras mantener alguna polémica con otros usuarios de la red. En una de estas conversaciones, el primer edil llegó a asegurar que la bandera con el águila franquista "le encanta".
Tormos es un pequeño municipio de la comarca de La Marina Alta -al noroeste de la provincia de Alicante- que cuenta con algo más de 300 habitantes.
Bermúdez, del Partido Popular, es alcalde de Tormos desde abril de 2017, puesto al que llegó por el repentino fallecimiento, por causas naturales, de Vicente Javier Ripoll.
En la actualidad, el perfil del primer edil en Facebook está ocupado por la imagen de una bandera de España con el escudo constitucional.

La CHS acuerda un desembalse de socorro en un mes como mucho

MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha acordado hoy, durante una reunión con representantes de las vegas Alta, Media y Baja para estudiar el escenario de escasez de la cuenca y las consecuencias de las medidas de ahorro adoptadas, efectuar un inmediato desembalse de socorro durante el plazo aproximado de un mes.

Según un comunicado del organismo de cuenca, el objetivo de este riego es aliviar la situación del arbolado ante la ausencia de lluvias en las zonas bajas del Segura, que han sufrido especialmente la falta de recursos causada por la sequía.
Está previsto convocar a mediados de mes la junta de desembalse y a final de abril la junta de gobierno de la Confederación, donde se evaluará de nuevo la situación y el resultado de las medidas adoptadas y controladas por la Comisaría de Aguas.
Además de este riego extraordinario de socorro para el regadío tradicional, la llegada de las aguas del acueducto Tajo-Segura, tras casi un año sin envíos por la falta de agua en la cuenca cedente, también aliviará la situación de las respectivas zonas regables, afirma la Confederación Hidrográfica.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunció ayer oficialmente un trasvase de 60 hm3 hasta junio, a razón de 20 hm3 al mes.
La Demarcación Hidrográfica del Segura atraviesa ya su cuarto año declarado de sequía, uno de los periodos de escasez más prolongados de los últimos tiempos.
Los pantanos de la cuenca almacenan actualmente 296 hectómetros cúbicos y se encuentran al 26% de su capacidad y en situación de emergencia.

El patronato de Fundación Caja Mediterráneo aprueba su plan estratégico para los próximos tres años

ALICANTE.- El patronato de Fundación Caja Mediterráneo, presidido por Luis Boyer, ha aprobado por unanimidad el plan estratégico de la institución para los próximos tres años. El objetivo de este plan estratégico es alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 a través de la reestructuración de la entidad desde una perspectiva de racionalidad financiera y económica. 

Asimismo, en esta misma reunión del Patronato se ha aprobado el Plan de Actuación para el año 2018, que contempla un presupuesto para la realización de actividades de más de un millón de euros.
Luis Boyer afirma que "la Fundación Caja Mediterráneo emprende una nueva etapa con la finalidad de consolidarse como una institución al servicio de la sociedad de Alicante, Murcia y Valencia. De este modo, comenzamos una nueva etapa de consolidación de nuestra misión, de la estructura de la entidad y de las líneas de actividades estratégicas, todo ello con un horizonte temporal de tres años, hasta 2020".
Boyer añade "nuestro objetivo de contribuir al desarrollo económico, cultural y social de Alicante, Murcia y Valencia. Este Plan Estratégico pone las bases para garantizar la viabilidad de la Fundación a medio y largo plazo, lo que nos permitirá que esta institución siga ocupando un espacio relevante en las actividades culturales, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa en su ámbito de actuación."
El punto de partida de este documento se encuentra en la nueva definición de la Misión de la entidad: "Fundación Caja Mediterráneo es sucesora de la Obra Social de Caja Mediterráneo y custodia de su patrimonio y tiene como misión contribuir al desarrollo económico y social de las provincias de Alicante y Murcia. Esto se hará gestionando ese patrimonio y sus recursos de forma responsable con el fin de desarrollar iniciativas propias y colaborando activamente en aquellos proyectos que compartan el objetivo de impulsar una sociedad más sostenible."
El Plan Estratégico 2018-2020 de la Fundación Caja Mediterráneo es el resultado de un proceso de reflexión en común y conjunto realizado por el Patronato y por el equipo técnico de la Fundación y está dirigido a garantizar la viabilidad de la entidad y a rentabilizar socialmente su patrimonio.
El documento establece seis objetivos estratégicos prioritarios sobre los que la Fundación debe cimentar su futuro. Entre estos objetivos se encuentran la redefinición de las actividades desarrolladas por la Fundación, la reestructuración del patrimonio inmobiliario y de los recursos humanos, la modificación de la imagen corporativa y la página web, el ajuste de balance y cuenta de resultados y la rentabilización del patrimonio artístico y documental de la Fundación.
Estos seis objetivos estratégicos responden a tres necesidades básicas, la primera de ellas garantizar la viabilidad económica de la fundación mediante la reestructuración del patrimonio inmobiliario, la gestión activa de los recursos financieros y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 
Por otro lado, cobra especial relevancia el diseño de un nuevo organigrama para adaptarlo a las necesidades de la Fundación en esta nueva etapa, tanto por tamaño y área de influencia como por las actividades a desarrollar. Por último, es prioritario adaptar la programación de actividades a la nueva misión, al área geográfica de actuación e influencia y a la disponibilidad de recursos.
En los primeros seis meses de aplicación del Plan Estratégico se abordarán las medidas más urgentes, como la reestructuración de los recursos humanos de la Fundación para poder adaptar cuanto antes la plantilla al nuevo organigrama. Con el nuevo organigrama, se posibilitaría la creación de equipos específicos para la gestión integral del patrimonio inmobiliario y para la comercialización de espacios y organización de eventos.
Uno de los ejes sobre los que gira el plan es equilibrar el balance de la Fundación. Para ello, es clave reducir los gastos, tanto de personal, como los de servicios profesionales y los gastos excepcionales jurídicos, así como los relacionados con el mantenimiento de los edificios.
Paralelamente, es imprescindible aumentar la captación de fondos externos. Para ello, la Fundación ya ha comenzado ha trabajar con equipos especializados en captación de subvenciones y búsqueda de ayudas públicas. Además, se está priorizando la organización y gestión de eventos que conllevan alquileres de los centros de la Fundación, así como afianzar el incremento de los ingresos por actividad propia para conseguir que siga creciendo el porcentaje de actividades y centros autofinanciados.
La gestión del patrimonio inmobiliario de la Fundación es otro eje fundamental de este plan de actuación. Esta nueva etapa da gestión de los activos inmuebles arranca con la identificación de los centros estratégicos de la Fundación a los que se replegará la actividad, fundamentalmente Alicante y Murcia, abre una vía para reestructurar y rentabilizar el patrimonio inmobiliario sin uso, mediante la venta o el alquiler. 
La ubicación estratégica de la mayoría de los centros culturales de la entidad dota de un importante valor añadido a los inmuebles de la Fundación, y será clave tanto en la venta y alquiler como en la comercialización de los espacios para eventos
La Fundación Caja Mediterráneo cuenta entre su patrimonio con 44 inmuebles, entre los que destacan los centros culturales de Alicante, Murcia, Elche, Benidorm, Cartagena, Orihuela, Lorca o Torrent, los centros de medio ambiente de Crevillente, Alcoy, Buñol y Sangonera la Verde; las casas museo Modernista de Novelda y Azorín; el colegio de educación infantil y primaria Sagrada Familia de Elche y, entre otros, el Centre d'Art d'Alcoi (CADA). 
El resto de los inmuebles están vacíos o cedidos a otras entidades, tanto públicas como privadas. A este respecto el Plan contempla revisar la situación tanto de dichos inmuebles cedidos como de aquellos de titularidad compartida. Para ello, se creará una unidad de gestión integral del patrimonio inmobiliario.
El Patrimonio artístico de la Fundación es uno de los agrandes activos de los que dispone la entidad, y por ello se desarrollarán nuevas estrategias para la divulgación del patrimonio artístico, tanto de la Colección de Arte Contemporáneo, que puede visitarse en el MACA de Alicante, como del resto del Fondo Artístico de pintura y escultura. Se propone, además, trasladar y centralizar todo el fondo artístico y documental en las instalaciones propias de la Fundación, y replegar las obras artísticas de aquellos centros de los que se desprenda la Fundación.
El Plan también identifica que uno de los valores más destacados de los fondos de la Fundación es el patrimonio documental que custodia tanto en sus bibliotecas como en el centro de Legados. El documento da el impulso definitivo para la creación del Centro de Documentación e Investigación sobre Legados de la Fundación, resultando prioritario trabajar en la localización, catalogación, archivo, digitalización y divulgación de los fondos bibliográficos y los legados.
La Fundación redefinirá su ámbito de actuación, circunscribiéndose a la provincia de Alicante, la Región de Murcia y a la Llotgeta en la ciudad de Valencia. Junto a ello, también se impulsarán nuevas áreas de interés para la organización de actividades, centrándose en las últimas y más recientes formas de actividad social, económica y productiva vinculadas a la responsabilidad social, la sostenibilidad, la solidaridad y la innovación social.
Asimismo, entre los objetivos más importantes que se ha marcado la Fundación para esta nueva etapa destaca incrementar el número de actividades que puedan ser autofinanciables e incrementar la captación de recursos externos.
El Plan también propone replantear el papel que debe adoptar la Fundación en cuanto a las actividades en colaboración, para potenciar aquellas iniciativas que tengan mayor retorno social y mediático.
Diseñará un nuevo organigrama y adaptar la plantilla al nuevo organigrama y a la nueva estimación de gastos de personal elaborando una nueva relación y valoración de los puestos de trabajo.
Por último, el plan también propone modificar la imagen corporativa, así como aumentar la presencia de la Fundación en Redes Sociales e Internet, partiendo de un profundo rediseño de la página web.

La 'Aemet' prevé que el sábado sea un día con lluvia y habrá inestabilidad hasta el jueves

ALICANTE.- La llegada a España de un nuevo frente de borrascas va a acabar con la semana primaveral de la que han disfrutado Alicante y la Costa Blanca en su conjunto al anunciarse, sobre todo el sábado, lluvias. 

La probabilidad será del 80% entre las 12 y las 18 horas y dará paso a un primer tercio de la semana con una gran inestabilidad. No obstante, hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología salva la Romería de la Santa Faz porque el jueves 12 no están previstas lluvias. Con todo, salvo las tormentas del sábado, las lluvias no serán intensas, según Meteorología. 
El cambio de tiempo para el fin de semana no afectará, sin embargo, mucho a las temperaturas pero con humedad la sensación térmica será más baja. Con todo, los meteorólogos prevén que, en general, la primavera sea más cálida de lo normal, pero no será hasta la semana que viene.

'Greenpeace' cree que se "ocultan" datos del Segura para justificar el trasvase

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace ha asegurado que la cuenca del Segura dispone de entre 500 a 800 hectómetros cúbicos más de agua que harían innecesario el trasvase desde el Tajo a esta cuenca y considera que las administraciones han "manipulado y ocultado sistemáticamente datos" para justificar el trasvase.

El responsable de la campaña de aguas de la ONG, Julio Barea, ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura nació por una "avidez de negocio" e interés económico más que por una necesidad real.
Por ello, afirma para justificar el trasvase "se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos" y se ha mantenido la idea de la escasez de agua, tanto por políticos, como por administraciones y medios de comunicación "hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía".
En concreto, según el informe de la organización 'La trama del agua en la cuenca del Segura', la cuenca del Segura cuenta con entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce, por lo que Barea afirma que "no tiene déficit" e incluso asumiendo las demandas de su plan hidrológico de cuenca vigente para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua que procede del trasvase Tajo-Segura.
A su juicio, bastaría con hacer un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima.
Sin embargo, advierte que desde entonces hasta la actualidad la política hidráulica de España se ha basado en "ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible" que está provocando una "grave crisis social y ambiental" tanto en la cuenca cedente como en la receptora.
Barea expone que en el estudio demuestra que el trasvase Tajo-Segura "puede cerrarse en tres años" sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante.
"No entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase, cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19 por ciento de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", destaca Barea. que insiste en que el Segura podría desengancharse del Tajo "en un plazo máximo de tres años".

El Gobierno manchego habla de 'traición' de Tejerina en relación al trasvase Tajo-Segura

TOLEDO.- La consejera de Fomento del Ejecutivo manchego, Agustina García Élez, afirmó que la firma de la ministra Tejerina del trasvase es la muestra de «la traición a Castilla-La Mancha». 

Aseguró que «el Gobierno regional, desde que se anunció el previsible trasvase, venía intentando pararlo a través de la petición de incrementar la reserva mínima no trasvasable hasta los 510 hectómetros cúbicos», sin haber recibido respuesta por parte del Ministerio.
García Élez aseveró que «los servicios jurídicos de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha están ya trabajando en la interposición de un recurso a este nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha». 
En declaraciones realizadas en las Cortes regionales, la consejera dejó constancia de que el presidente manchego, Emiliano García-Page, «lo tiene muy claro: para defender el agua y los intereses de Castilla-La Mancha el primero que va a estar, por supuesto, va a ser el Gobierno regional y así lo estamos haciendo jurídicamente con los recursos».
«Consideramos -añadió- que la ley en la que se ampara el Ministerio, en la mesa de la Comisión de Explotación del trasvase, para poder firmar ese trasvase es una ley que también nos permite recurrir, porque viene a decir que hay que priorizar y garantizar los recursos a la cuenca cedente y con este trasvase no se está haciendo».
Por eso, insistió en que están pidiendo «revisar las reglas, porque, tal y como están contempladas, se ve que no funcionan». 
Así, recordó que, hace menos de un mes, «estábamos en situación de emergencia en los pantanos de cabecera, por lo que no se puede pretender que ahora, con un 19% de capacidad, se considere que hay agua que sobra».

jueves, 5 de abril de 2018

La UPCT vigila para el Taibilla el impacto de las desaladoras en el acuífero del Saladar de Agua Amarga


CARTAGENA.- La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) realiza un programa de vigilancia ambiental para el seguimiento del acuífero del Saladar de Agua Amarga y su entorno para determinar si se ha visto afectado por el funcionamiento de las desalinizadoras de Alicante I y Alicante II. El proyecto se desarrollara en el marco de un convenio suscrito hoy entre la UPCT y la Mancomunidad de Canales del Taibilla, firmado por el rector, Alejandro Díaz, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo.

Investigadores de la Politécnica de Cartagena, dirigidos por Iván Alhama, del departamento de Ingeniería Civil, y José Álvarez Rogel, del de Ciencia y Tecnología Agraria, realizan mediciones piezométricas e hidrogeológicas, además de seguir el control de la cubierta vegetal y de las especies. El presupuesto total para la realización del estudio y de los informes asciende a 140.000 euros, distribuido en cuatro anualidades de 35.000 euros cada una. El convenio firmado hoy da continuidad a los estudios que se han venido realizando en los últimos años. “Estamos muy contentos con la confianza que la Mancomunidad deposita en nuestra Universidad”, ha señalado el rector.
El área del estudio comprenderá la zona húmeda que podría verse afectada por la extracción de agua de las captaciones de las desaladoras ubicadas en el Saladar de Agua Amarga, ubicado al sur de Alicante. Se realizarán muestreos de suelos y el seguimiento de algunos parámetros en las zonas que reciben el agua del programa de riegos del saladar, a fin de evaluar el efecto de dichos riegos sobre el componente edáfico y su relación con la cobertura vegetal.

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".
En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.
El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.
Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".
"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.
En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.
De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).
De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.
Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.
Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.
Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.
Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.
Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.
De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.
Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.
Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.
El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.
Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

  • Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.
  • Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.
Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.
Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.
Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.
Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.
En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.
Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.
A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".
Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.
En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".
¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".
También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.
Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.
Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".
A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.
Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".
Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.
Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.
Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.
Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.
En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.
Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.
Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.
El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.
De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.
Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.
Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.
No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 
Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 
Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.
En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).
El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 
Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).
Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.
La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.
Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

El BOE publica la autorización del trasvase del Tajo al Segura

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura.

La resolución, firmada por la ministra Isabel García Tejerina señala que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), se encuentran en nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales, y que el pasado 1 de abril ambos acumulaban un total de 463 hectómetros cúbicos (hm3).
La situación hidrológica excepcional fija que la autorización de trasvases en este nivel 3 le corresponde al Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
Por tanto, en esta situación de nivel 3, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes para abril, mayo y junio.
Sin embargo, el escrito advierte de que si durante los meses de mayo y/o junio se constatara una modificación de la situación del nivel 3, se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados en el trasvase.

miércoles, 4 de abril de 2018

El Gobierno permite a Margallo cobrar sueldo del Congreso y pensión europea a la vez

MADRID.- El Gobierno permite a diputados que han tenido cargo como eurodiputados que cobren al mismo tiempo pensión y su salario. Según publica InfoLibre, el Ejecutivo no ha querido explicar qué ha ocurrido en el caso del exministro José Manuel García-Margallo. El exvicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios cobró, durante al menos dos años y mientras era ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, la pensión que el Parlamento Europeo asigna a los eurodiputados mayores de 63 años.

El Gobierno considera esta pensión “compatible”, ya que no la considera una “pensión” sino que, según palabras del Ejecutivo, proviene de las “aportaciones de los partícipes del fondo”. Es decir, que para el Ejecutivo se trata de una pensión de carácter privado.
El exministro cobró durante dos años su pensión como eurodiputado mayor de 63 años al mismo tiempo que percibía el sueldo como ministro. Durante estos dos años, además, percibió una doble pensión que en total sumaba más de 60.000 euros anuales. 
 El reglamento europeo especifica que, aquellos eurodiputados mayores de 50 años que renuncian a su mandato antes de cumplir los 60 años (63 desde 2009) pueden solicitar su pensión para ser percibida desde la renuncia hasta que cumplen 60 años. 
Además, este subsidio recibido de Europa puede rechazarse, como ya hiciera el ministro Montoro.
Este hecho puede generar choques con la Ley General de Seguridad Social que impide que los jubilados puedan percibir rentas del trabajo como trabajadores por cuenta propia superiores a los 10.000 euros anuales. Como publicó este medio, esta normativa de la Seguridad Social penaliza en especial a autores jubilados y les obliga a renunciar a sus creaciones.

La financiación del PSPV y el auge de C's, el cóctel que puede tumbar a Puig y Oltra

VALENCIA.- Esta semana, el Supremo podría dar otro revolcón al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El alto tribunal tiene previsto celebrar una vista pública para revisar la condena por el amaño de los concursos de los expositores de Fitur a los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo) y a altos cargos del Gobierno autonómico de Francisco Camps, como la que fue 'consellera' de Turismo Milagrosa Martínez, a la que le han 'caído' nueve años de prisión, recuerda El Confidencial

Haya o no rebaja de penas, una resolución confirmando el fallo condenatorio pondrá de nuevo sobre la agenda política la mancha de la corrupción de los años de gestión del Partido Popular. Lo hará, además, en un momento en que los populares, dirigidos por Isabel Bonig, estaban convencidos de haber asestado un golpe importante a la coalición de izquierdas que gobierna la Generalitat valenciana, con el tándem de Ximo Puig y Mónica Oltra al frente.
Por primera vez en los ya casi tres años de legislatura, el escándalo de la posible financiación irregular de PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià durante las campañas de 2007 y los contratos del Gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero con la agencia de comunicación proveedora de ambos partidos, Crespo Gomar, han puesto a la defensiva al Consell de socialistas y Compromís, que en las últimas semanas ha perdido la iniciativa política.
La longitud del recorrido judicial de los papeles que los populares llevaron a la Policía Nacional hace un año está por definir. La jueza de instrucción de Valencia, que inició en secreto las diligencias, ha cerrado el caso en su juzgado "tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido" en su partido judicial. 
 Con las sedes de ambos partidos en Valencia y la decisión de la jueza de inhibirse, es probable que la investigación de su financiación y cuentas electorales haya quedado en vía muerta. Al haber prescrito los delitos electorales (la financiación ilegal), los informes policiales han sido remitidos a dos juzgados de Madrid, a Gandía y a Benidorm. 
Acreditan la posible existencia de un mecanismo de facturación falsa con contratistas y obtención de fondos a través de contratos públicos por parte de Crespo Gomar, que a la vez prestaba servicios a candidatos. Queda conocer el alcance de las pesquisas con las administraciones afectadas, entre ellas los ministerios durante la etapa de Zapatero, como publicó El Confidencial.
Sea cual sea el alcance judicial, el escándalo político va a desgastar al Gobierno valenciano de izquierdas, cuyos partidos han tratado de reaccionar anunciando comisiones e investigaciones internas para mostrar transparencia. Es verdad que los hechos se remontan a más de 10 años atrás, pero algunos de los protagonistas, como el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, siguen vinculados a su formación y forman parte del círculo de confianza de Ximo Puig. 
Uno de sus asesores, José Manuel Orengo, era alcalde de Gandía cuando este ayuntamiento contrató con Crespo Gomar. De momento, oficialmente no hay ningún investigado (imputado). Los documentos internos de Crespo Gomar también señalan a cargos de confianza del presidente del Parlamento valenciano, Enric Morera, que ha negado cualquier irregularidad en los gastos de campaña del socio nacionalista de Compromís.
Esta suerte de Gürtel de la izquierda se suma a otros acontecimientos recientes que han debilitado la imagen de algunas de las coaliciones que propiciaron el cambio político en las municipales de 2015. 
El caso más evidente es el del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri. Procesado por fraccionamiento de contratos y por el despido de una trabajadora interina familiar del portavoz municipal del PP, ha alcanzado un pacto con la dirección del PSPV-PSOE para renunciar a su cargo el próximo 9 de abril. El acuerdo incluye el intento de negociar con el resto de fuerzas de izquierda la investidura de la número dos de Echávarri, Eva Montesinos. Se han iniciado contactos con Compromís, Guanyar Alacant (Podemos) y Ciudadanos, pero todavía sin los 15 votos necesarios para articular una mayoría.
La renuncia de Echávarri, si se produce tal como se ha comprometido, pondrá la guinda a una legislatura alicantina marcada por la inestabilidad y los desencuentros constantes entre las fuerzas de izquierda, empeñadas en tirar por la borda la oportunidad que les dio el electorado en 2015 tras dos décadas de gobiernos del PP con un final marcado por los escándalos de corrupción. Los sondeos ya apuntan a Ciudadanos como el partido que más votos recibiría en unos comicios locales en 2019.
El crecimiento del partido de Albert Rivera, empujado por la situación en Cataluña y la debilidad del PP de Mariano Rajoy, es generalizado en las grandes ciudades y podría ser suficiente como para volcar las mayorías en favor del centro-derecha si lleva aparejado robo de votantes socialistas. 
En la Comunidad Valenciana, los estudios demoscópicos apuntan a un crecimiento notable de la formación naranja. La situación podría ser frustrante para los populares de Isabel Bonig. 
Al cargar todavía sobre sus espaldas con un escenario judicial de causas pendientes de sus antecesores, el trabajo sucio de zapa y judicialización contra la gestión del Consell del Botánico que ha encargado a su número dos, Eva Ortiz, podría tener como beneficiario a Ciudadanos como receptor de votantes de centro desencantados con PP y PSOE. Aun así, los populares sueñan con un regreso al poder, aunque sea a expensas de un socio como Ciudadanos.
Este es el escenario que temen en el Palau de la plaza de Manises, donde Ximo Puig y su equipo se debatían hasta hace muy pocos días sobre la conveniencia o no de adelantar las elecciones autonómicas para sacarlas del 'superdomingo' del 26 de mayo, donde coincidirán con municipales y europeas. Será un test de alcance nacional donde es muy probable que el pulso por la hegemonía del centro-derecha entre Rivera y Rajoy marque la campaña.
La política es un estado de ánimo y, en ese contexto, la estrategia de Puig y Oltra de vender un 'oasis' de normalidad institucional ajeno al debate nacional para adormecer al votante conservador tiene mal encaje. 
Es cierto que en la mente del 'president' socialista está el deseo de propiciar en algún momento la salida de la elección de las Cortes Valencianas y la Generalitat del calendario de las municipales para generar un debate político estrictamente valenciano. 
Así lo ha expresado en encuentros reservados con medios de comunicación en los que ha estado presente El Confidencial. Pero la aparición en escena de la polémica con la agencia Crespo Gomar, la situación de interinidad de la segunda capital de la Comunidad Valenciana y la ausencia de argumentos políticos potentes que justifiquen la convocatoria anticipada de elecciones emparedan al tándem Puig-Oltra.
Quizá su carta más probable sea el clásico 'wait and see', esperar y ver, y que sus opciones de conservar el poder pasen por que no aparezcan nuevos líos, que la llamada 'Gürtel de izquierdas' se desinfle por ausencia de recorrido judicial, se normalice la situación de Alicante y Cataluña recobre la estabilidad con un Gobierno autonómico que renuncie a la vía lateral de la independencia y lleve a corrales el artículo 155 de la Constitución
En caso contrario, crecen las probabilidades de que las fuerzas del Botánico tengan que acabar haciendo las maletas.

Los embalses peninsulares están al 64% y los del Tajo tienen las mayores reservas

MADRID.- Los embalses peninsulares se encuentran al 63,8% de su capacidad total, con una reserva global de 35.758 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que empieza a aproximarse a la media de los últimos diez años, que se sitúa en 39.090 hectómetros cúbicos.

Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), las precipitaciones han sido abundantes en la última semana en la vertiente atlántica, con la máxima en Pontevedra, donde se recogieron 68,7 litros por metro cuadrado. 
Al contrario, las lluvias han sido muy escasas en la cuenca mediterránea.
Estas precipitaciones han contribuido a aumentar en 779 hectómetros cúbicos la reserva de agua, lo que representa el 1,4% de la capacidad total actual de los embalses. 
En este sentido, destaca el porcentaje embalsado en la cuenca del Tajo, que alcanzó el 64,1 % en un día en que la comisión técnica del Tajo-Segura analizó esas existencias de agua para determinar si procede realizar un trasvase. 
Algo que se da por cierto, dado que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar.
En concreto, siempre según los datos oficiales aportados por el Ministerio, Buendía almacena 259 hectómetros cúbicos de agua y Entrepeñas, 207, lo que hace un total 466 hectómetros cúbicos.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.
De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 
Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.
Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.
Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.
Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.
La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 
Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

martes, 3 de abril de 2018

Los permisos por matrimonio y muerte de familiares deben disfrutarse a partir del primer día laborable

MADRID.- Nueva doctrina para los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimiento de un familiar. Una sentencia del Tribunal Supremo de este mes de marzo recoge que, cuando el "hecho causante" –el nacimiento, fallecimiento o boda– tenga lugar "en día feriado", estas ausencias pagadas deberán comenzar el primer día laborable que le siga, según recoge www.eldiario.es

Es decir, que si en su trabajo libra los fines de semana y se casa un sábado, por ejemplo, el permiso de 15 días (como mínimo) que le corresponde deberá iniciarse el lunes siguiente y no el domingo, como venía interpretando la justicia hasta la fecha.
La decisión del Supremo se refiere a un conflicto en los tribunales sobre el Convenio Colectivo Estatal para el sector del Contact Center, pero "que sin duda es extrapolable al cualquier caso en que se debata sobre la fecha de inicio del disfrute de un permiso 'con derecho a retribución", explica  en su blog Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona. 
Los sindicatos coinciden también en su repercusión para el resto de sectores laborales, más allá del que afecta en concreto a los teleoperadores.
Los permisos retribuidos por estas tres situaciones que aborda la sentencia (matrimonio, muerte de familiar y nacimiento de un hijo) están reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3, pero pueden ser ampliados por los convenios colectivos. En este caso, el Convenio Estatal de Contact Center recoge en su artículo 28 que "los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante" durante 15 días naturales en caso de matrimonio, tres días por el nacimiento de un hijo, cuatro días "en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, padres políticos, hijos y hermanos" y dos días por la muerte de "pariente hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad y hermanos políticos".
El Alto Tribunal da la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT), que acudió a la Justicia para reclamar que estos permisos contemplados en el convenio de Contact Center se empezaran a contabilizar desde el primer día laborable cuando el "hecho causante" cayera en día no laborable para el trabajador. 
El sindicato  reclamaba una interpretación "que no minorase otros derechos importantes como el disfrute de días festivos o el derecho al descanso intersemanal".
Tras una primera sentencia desfavorable de la Audiencia Nacional en julio de 2016, que desestimó la demanda del sindicato, el Supremo atiende ahora a la petición del sindicato, a cuyo recurso de casación se adhirieron Comisiones Obreras y UGT.
Con la interpretación de las empresas del sector, de la Audiencia Nacional y la más extendida hasta el momento, el permiso debía ser disfrutado de manera inmediata al acontecimiento que lo provoca. 
Dos ejemplos: si el padre de una empleada moría un sábado no laborable para esa trabajadora o este pasado 30 de marzo (Viernes Santo), el permiso comenzaba entonces y se veía afectado –recortado o incluso agotado– por los festivos que suceden a estas fechas.
El Tribunal Supremo falla ahora en otro sentido y establece, como demandan los sindicatos, que el día inicial para el disfrute de los permisos "cuando el hecho causante se produzca en día feriado debe ser el primer día laborable que le siga". 
El Alto Tribunal interpreta que la frase del convenio 'y desde que ocurra el hecho causante' no implica que este permiso deba aplicarse de manera inmediata, sino simplemente con posterioridad al "hecho causante".
Los magistrados de la Sala de la Social argumentan sobre el comienzo de los permisos contemplados en el convenio que "el día inicial no puede ser un día feriado" ya que el texto habla de "ausentarse del trabajo", por lo que deberá contarse a partir del primer día laborable. 
Además, los jueces sostienen que "otra solución podría llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supuestos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es contrario al espíritu del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y a la norma convencional".
Los jueces del Supremo también explican que, con una "interpretación lógico sistemática y finalista" de la cuestión –no literal como la de la Audiencia–, se entiende que los permisos retribuidos se conceden "para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja". 
Las valoraciones de los magistrados del Supremo llevan al Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO a concluir que se trata de una doctrina que incide en otros aspectos del permiso, más allá de su inicio, "como es su cómputo y duración, cuando concurre con otros periodos de inactividad laboral, y si el permiso resulta agotado o consumido".
Para CCOO, cuando el permiso se fija en días laborables, si durante el transcurso hay un día festivo o descanso semanal, "se suspende el disfrute del permiso y se reinicia en el siguiente día laborable". 
Con esta interpretación, un profesor –con horario de lunes a viernes– cuyo hijo naciera el viernes por la mañana tendría ese día de permiso y retomaría el siguiente el lunes.
El catedrático Eduardo Rojo explica que "la sentencia solo puede resolver por aquello que le preguntan" y en este caso solo alude al inicio de los permisos. El profesor cree que "con una interpretación amplia de la sentencia del Supremo" se podría llegar a la conclusión de que se excluyeran los festivos del cómputo de los permisos. 
Pero, por el momento, prefiere la prudencia y reconoce que tiene "más dudas" que el gabinete de CCOO: "Creo que debería haber otra sentencia que planteara estas cuestiones en concreto".