Másteres y cursos desaparecen de los currículums de políticos valencianos

VALENCIA.- La polvareda política generada por el máster de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha provocado que durante la última semana los historiales académicos de los cargos públicos valencianos hayan sido escrutados de arriba a abajo. En algunos casos hay disonancias. No se trata, en todas las ocasiones, de desajustes relacionados con la falsedad de los títulos, sino la incoherencia que refleja el paso del tiempo. 

Las Provincias ha revisado cerca de un centenar de currículums de parlamentarios, consellers y concejales valencianos, una formación que se plasma en los diferentes portales de transparencia de las instituciones valencianas, y que en algunos casos difieren de lo que esos mismos cargos publicaron en 2015, cuando eran candidatos o cuando presentan sus credenciales a título particular.

El síndico Fran Ferri, que cuando se presentó a las primarias de Compromís aportó unos datos de formación donde se incluyó un máster en gestión avanzada de la producción, logística y cadena de suministro de la Politécnica de Valencia, no lo incorporó a su currículum en Les Corts. ¿Por qué? Porque el falta el TFM. Ahora que todo el mundo sabe lo que es un TFM gracias a Cifuentes, Ferri se muestra extrañado de que en 2015 hiciese mención a un máster que no tiene y aseguró que se corregirá en la web de Compromís.

Desde Les Corts se explica cuál es el proceso para incorporar a la web oficial de la Cámara los datos curriculares de los diputados. Los parlamentarios los aportan a los grupos, que a su vez los envían a Personal especificando qué debe figurar, y desde Personal se remiten a Informática, que los vuelca en el portal de Les Corts. Fuentes de la institución parlamentaria aseguraron ayer a este periódico que no hay constancia en los últimos cuatro meses de que ningún diputado haya corregido su currículum. Uno que sí lo hará pronto, pero no el oficial, sino el que aparece en la web de Ciudadanos es Tony Woodward, quien afirmaba contar con la licenciatura en Ciencias Empresariales por la Universitat de Valencia. Sin embargo, una vez llegó al escaño en 2015, el licenciado Woodward pasó a ser estudiante, pues en su currículum aparece que sencillamente cuenta con «estudios en la Escuela de Ciencias Empresariales». Algún cambio de situación académica se registra también en el caso del socialista Vicente Arqués, que en 2015, en la web del PSPV señalaba ser diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía, mientras que en Les Corts se informa de que es licenciado en Magisterio y máster en Logopedia. 

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, concejala y secretaria general de los socialistas en la ciudad es también muy aplicada. Según incorpora a su perfil en Linkedln, entre 2004 y 2014 cursó tres licenciaturas, Derecho, ADE y Criminología, todas en la Universitat de Valencia, además de un par de másteres y un posgrado. Sin embargo, en el currículum que aparece en la web del Cap i Casal no figura esa «Licenciatura en Criminología» que en el portal de la red social aparece fechada entre 2012 y 2014. Según aclara la misma Gómez, la ausencia obedece a que no ha acabado la carrera. «Está sin acabar», explica Gómez. Entre los portavoces en el Ayuntamiento de Valencia no aparecen más disonancias. Los estudios en Sociología de Pere Fuset, son iguales en la web de Compromís que en el portal municipal, y lo mismo ocurre con Giuseppe Grezzi o con el título de Arquitectura de la podemista María Oliver.

Cambios en el Consell

En el Consell, a lo largo del tiempo no han variado los historiales académicos de forma significativa. Si acaso ya es público y notorio que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no cuenta con el título de Periodismo, algo que no incluyó ni en su perfil de candidato a la Generalitat por el PSPV en 2015, ni en su ficha en el Congreso cuando era diputado nacional, si bien en algunas webs (modelocurrículum.net) o incluso en algunos perfiles periodísticos publicados años atrás se le atribuyó el título, lo cual no es necesario para sentirse y ejercer de «periodista», que es lo que aparece en su ficha de alto cargo, dentro de los datos históricos que aparecen en los portales. 

Algo similar se ocurre con Toni Cantó. Diputado de Ciudadanos, posible candidato a la Generalitat en 2019 con el partido naranja, en legislaturas anteriores incluía como datos biográficos su labor de «pedagogo», si bien no especificaba título académico alguno porque no lo tenía, si bien había ejercido de profesor incluso en programas de Bienestar Social que en su día se realizaron a través de la Generalitat. Sin embargo, en la ficha actual de Cantó en el Congreso ya no aparece esa actividad pedagógica, quizá porque todos los políticos parece que están intentando ser precavidos, al menos en sus perfiles oficiales públicos, para no hacer 'un Cifuentes'. El cambio del mediático diputado llevó ayer a varios dirigentes del PP a reprochar que Cantó haya podido falsear su currículum mientras Ciudadanos está siendo muy duro en su postura y continúa contribuyendo a fomentar la caída de la aún presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los casos particulares de Estañ y Argüeso

Las diferencias entre la información ofrecida en portales de transparencia y perfiles privados también afectan a los nuevos partidos políticos ya que tanto en Podemos como en Ciudadanos se dan situaciones particulares que llaman la atención.
El caso de Antonio Estañ, el joven secretario autonómico de la formación morada, parece que hay que entenderlo como un 'máster en diferido'. El síndic de Podemos empezó la legislatura asegurando (en la web de su partido) que estaba terminando un máster en Filosofía Política en la Pompeu Fabra de Barcelona. Dos años después, cuando ganó las primarias de Podemos y sustituyo a Antonio Montiel en el cargo, aseguró haberlo terminado (su TFM versó sobre la teoría populista). Sin embargo, ha pasado un año y aún no tiene el titulo oficial, a ver si tiene tiempo de pasarse por Barcelona a recogerlo, pagando las tasas correspondientes, según él mismo reconoció a este diario.
El que igualmente paga matrículas y tasas por doquier es el secretario de la Mesa de Les Corts y secretario de organización de Ciudadanos Emilio Argüeso, un prodigio estudiantil con tres carreras acabadas (Derecho, Crimonología y Periodismo) y otros tantos másteres, si bien en la red social Linkedln, utilizada habitualmente para el contacto laboral entre profesional, incluye otras tantas licenciaturas y másteres que está «cursando». Esa coletilla, la de «cursando» es importante, porque no es lo mismo ser estudiante que licenciado. Esto ocurre en el caso de Argüeso, que en una década ha trabajado con furor académico solo comparable al de la concejal Sandra Gómez.

Red de favores y una universidad paralela: Álvarez Conde, 'virrey' en la 'Rey Juan Carlos'

MADRID.- "Me ha dicho mi abogado que no hable". Enrique Álvarez Conde no es ya ese tipo dicharachero, algo desaliñado y dispuesto a hacer favores. El catedrático epicentro del caso máster -con permiso de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- ha pasado de ser un personaje clave entre las bambalinas del mundo judicial, capaz de engrasar tribunales de oposición y plazas en altos puestos de la Administración, al ostracismo. De fundar el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos -un chiringuito, una máquina de hacer dinero bajo su único control- a hundirlo, ya que la universidad le ha suspendido de sus funciones, según El Confidencial.

Para entender su historia hay que remontarse casi al colegio. "Enrique es de Zamora, pero estudió en Valladolid. No sé incluso si interno en el colegio", cuenta una persona que lo conoce desde hace décadas. Nacido en 1952, se licenció en 1974 en Derecho con sobresaliente, según su currículum. 

"Su mentor en Valladolid fue Juan Ferrando Badía, un catedrático valenciano, un tipo extraño, soltero y raro, con fama de hábil que era amigo de Calvo Serer". Enrique no tenía una escuela clara, algo conveniente en la universidad española para obtener una cátedra. Entonces "tuvo que pegarse a la asociación católica de propagandistas, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga y gente así, pero no era pata negra de ese sector demócratacristiano, era un poco advenedizo a ese círculo. Tuvo necesidad de buscar apoyo en sectores de la izquierda para sacar la cátedra. Culebreó y se hizo simpático a diestra y siniestra".

Eso es algo que se le da bien. Quienes le conocen cuentan que es simpático, algo desaliñado, amante de la buena vida y nada sectario. "No es de izquierdas pero tiene muy buena relación con todo el mundo. No es pepero, pepero, pepero pero su negocio está claramente en el PP. Aun así, si había que echar una mano a alguien de izquierdas se la echaba. No es ultramontano ni sectario". 

En 1987 obtiene la cátedra en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Antes había sido letrado del Consejo General del Poder Judicial y había pasado por las universidades de Alcalá de Henares y Alicante.

Su producción académica es notable -su 'Manual de Derecho Constitucional' de la Editorial Tecnos va por la séptima edición- y cuando en 1996 el PP llega al poder, Enrique ve que ha llegado su momento. Mariano Rajoy es nombrado ministro de Administraciones Públicas y tiene como jefe de gabinete a un joven Francisco Marhuenda (luego profesor de Derecho de la Rey Juan Carlos como le gusta recordar). 

Jorge Fernández Díaz es nombrado secretario de Administraciones Territoriales y este es el que piensa en Enrique. "Rajoy no lo conocía y debe de ser Jorge Fernández Díaz o su hermano Alberto el que se lo coloca como director del INAP", el Instituto Nacional de la Administración Pública, el organismo de la Administración General del Estado responsable de la formación y selección de sus directivos y empleados públicos y es un centro de investigación y publicación en temas de Administración pública.

Desde ese organismo, Álvarez Conde empieza a editar libros colectivos de derecho, a engrasar favores. "En el INAP, en 1998, en el 20 aniversario de la Constitución, hace un libro colectivo titulado 'Administraciones Públicas y Constitución' para el que pide colaboraciones. Además, crea una revista, 'Cuadernos de derecho público'. Como es muy listo se mueve muy bien y hace muchas cosas académicas. Hace favores que luego cobra, como es la perspectiva siempre en el mundo académico", cuenta otra persona que le ha tratado, catedrático de la Rey Juan Carlos que pide el anonimato.

En la Administración, Álvarez Conde no encaja: "Él es lo contrario a un burócrata. Es expeditivo, le dan igual los reglamentos. Es un organismo que maneja unos fondos enormes pero en aquella época todavía más. Tuvo choques con el subsecretario de Rajoy, un gallego de la confianza de Rajoy, un médico llamado Paco Villar. Este le puso la proa porque lo consideró un peligro, no por ser deshonesto sino porque la manera alegre de dirigir un organismo público le debía de poner los pelos de punta: los viajes, los gastos, las contrataciones....".

Tres años después, antes de que termine la legislatura, Rajoy prescinde de él y Álvarez Conde vuelve a la universidad. Se va como catedrático de Constitucional a la recién abierta Rey Juan Carlos. Se trata de un centro creado por el Gobierno de Aznar en Móstoles como un espejo de lo que hicieron los socialistas con la Carlos III en Getafe (aunque con los años la imagen especular se fue deformando). 

Pedro González-Trevijano, hasta entonces catedrático en Extremadura, es nombrado primer rector y Álvarez Conde se pega a él. "Tampoco es su maestro, han tenido tensiones", cuenta una fuente de la universidad. En 2000 crea el Instituto de Derecho Público (IDP), el centro del que casi 20 años después salió el máster falsificado de Cristina Cifuentes. El IDP fue impulsado por González-Trevijano con Gustavo Villapalos de consejero de Educación.

Para el IDP, Álvarez Conde consigue algo muy difícil de lograr: autonomía de gestión y financiera. 

"Este IDP ha hecho cursos de todo tipo, ha montado una revista de derechos fundamentales, proyectos de investigación. La característica es que tiene autonomía de gestión administrativa y económica. No da cuenta a la universidad de ingresos y gastos. Teóricamente el destino de esos fondos no es para enriquecer a nadie sino para sacar libros. En la práctica ha sido una universidad paralela que da cursos o másters de toda naturaleza en la que él administra lo que cobra por las matrículas".

Esa universidad paralela para unos, chiringuito para otros, convirtió a Álvarez Conde en un virrey dentro de la Rey Juan Carlos. Tuvo algún problema como cuando un alumno denunció que se había matriculado en un lo que creía ser un máster de liderazgo político y en realidad lo impartía una academia en un piso en la plaza de los Mostenses, en Madrid. Proliferaron los títulos propios a los que a cambio de ingresar dinero le entregaba el sello del IDP. Aunque tiene dedicación exclusiva monta una empresa para dar cursos y conferencias. Se mueve en el filo de la legalidad, que parece él parece algo sinuoso. Presumía de sus buenas relaciones con la ministra de Defensa y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

"Ver la memoria del IDP es mareante. Firma cantidad de convenios, acuerdos, subvenciones, publicaciones... y da todo tipo de cursos. Es propio de Enrique. A él le gusta el poder académico y en ese ámbito se mueve bien". Álvarez Conde interpreta las reglas de forma flexible. No tiene problema en acudir como miembro del tribunal cuando su pareja y coautora de libros, Rosario Tur, va a sacar la cátedra en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En el IDP, Álvarez Conde comienza a dirigir las carreras de lo que él llama "sus discípulas". Aunque él es próximo al PP allí entra de todo. Su número dos, recién dimitida como si no supiera nada, Laura Nuño, es de Comisiones Obreras. Cecilia Rosado, una de las firmantes del acta falsa de Cifuentes, fue candidata de Izquierda Unida. Hasta hace días, todas profesaban lealtad a Enrique. Él podía arruinar sus carreras o promocionarlas.

Las relaciones personales siempre han jugado un papel relevante. Álvarez Conde, por ejemplo, fue amigo de Juan Antonio Souto Paz, catedrático de Derecho Canónico y primer alcalde de la democracia en Santiago de Compostela, un tipo muy respetado que dimitió cuando el Gobierno, de su propio partido, negó inversiones a su ciudad. 

Una de sus hijas, Clara Souto, es otra de las discípulas de Álvarez Conde y su firma falsificada aparece en el acta clave que avalaba el máster de Cifuentes. Otra hermana está en el Tribunal Constitucional -donde fue luego González-Trevijano como magistrado a propuesta del PP- de letrada y la tercera es catedrática de Derecho Eclesiástico en la UNED.

Al estallar el caso del máster, Álvarez Conde intentó navegar entre dos aguas. Por un lado salvar a sus "discípulas" y decir que fue él quien les conminó a firmar el acta -"me arrepiento de todo lo posible", declaró a este diario-. 

Por otro trató de salvar a Cifuentes alegando que él le corrigió un trabajo a mano que ella le enviaba por chófer -aunque eso chocara con las explicaciones que había dado la presidenta regional-. Ahora, la Rey Juan Carlos planea disolver el IDP y todos se alejan de él. Las palabras que sostiene que le dijo el rector cuando estalló el escándalo de Cifuentes suenan ahora algo imposible de cumplir. "Enrique, arréglalo".

Tres sentencias del Supremo que libran a la banca de reclamaciones millonarias

MADRID.- 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo pone en jaque al sector financiero español al declarar abusivas las cláusulas suelo presentes en buena parte de las hipotecas. Su decisión supone provisiones entre 3.000 y 4.000 millones de euros y deja a la banca sin ingresar en sus balances millones de euros.

Aquel fallo supuso un duro revés para las entidades financieras, pero pudo ser mucho peor puesto que el Alto Tribunal se guardaba un as en la manga para evitar un nuevo agujero económico al sector: limitó la retroactividad de la devolución de lo cobrado de más a mayo de aquel año. No todos los magistrados que firmaron aquella sentencia estaban completamente de acuerdo con ella. 

El magistrado Francisco Javier Orduña Moreno emitió un voto particular —al que se adhirió Xavier O'Callaghan Muñoz—, en el que argumentaba que no debía existir ningún límite temporal y que la totalidad de los intereses abonados a la entidad financiera debían devolverse al prestatario en su totalidad, desde el principio.

Los afectados por las cláusulas suelo tuvieron que esperar casi tres años y medio hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sacaba los colores al Supremo al estimar que limitar la retroactividad se oponía al derecho comunitario, decisión que en la práctica equivalía a reconocer que el cliente podía reclamar su dinero desde que se firmó el préstamo. Aquella sentencia procedente de Europa simbolizó la victoria de David —miles de consumidores— contra Goliat —la intocable y todopoderosa banca—.

Desde aquel mes de mayo, el goteo de sentencias contra las entidades financieras ha sido incesante: intereses de demora, vencimiento anticipado, hipotecas multidivisa, IPRH, gastos hipotecarios, acuerdos extrajudiciales... Fallo tras fallo, tanto desde España como desde Europa, la banca ha sido condenada por sus múltiples abusos. 

Sin embargo, en los últimos meses, la Justicia española le hadado un respiro. En tres de sus últimas sentencias —tres en los últimos tres meses—, el Tribunal Supremo ha inclinado sus decisiones a favor del sector financiero, eso sí, con algunas discrepancias por parte de algunos magistrados.

El IRPH no es nulo

A finales de 2017, apenas una semana después de que el Alto Tribunal declarase abusivas las hipotecas multidivisa en aquellos casos en los que hubo falta de transparencia en su comercialización, llegaba el primer revés judicial para los hipotecados con IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) al considerar que la mera referenciación al índice no implica falta de transparencia ni abusividad.

Aquella sentencia contó con el voto particular de dos magistrados —Javier Orduña, de nuevo, y Francisco Javier Arroyo— que consideraban que la cláusula que incorporaba el IRPH no superaba los controles de transparencias exigidos por la normativa europea y que en su día condujeron a la anulación de las cláusulas suelo y las cláusulas multidivisa. Entendía el Supremo que el IRPH era una condición general de la contratación y no una cláusula abusiva, que era un índice regulado por ley (Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre), perfectamente entendible por el consumidor y accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, al tiempo que ponía en duda que fuera más caro que el euríbor.

Han sido también numerosos los jueces que cuestionan al Supremo y no han tardado en elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE como ya sucedió con la retroactividad de las cláusulas suelo. Cuestión presentada por el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona que no ha tardado en ser admitida a trámite. El tribunal español pide al TJUE que se pronuncie sobre la transparencia de este índice oficial y si la entidad tenía el deber de informar al consumidor de las consecuencias de contratar este tipo de interés. La pelota está pues, sobre tejado europeo.

El AJD lo pagan los hipotecados

Más polémico, sin embargo, ha sido su fallo respecto a los gastos hipotecarios, el más polémico de ellos ya que, no olvidemos que todo aquel que firma una hipoteca debe asumir todo el coste derivado de la escritura hipotecaria. 

La sentencia del Supremo ha librado a la banca de hacerse cargo de los impuestos derivados de la constitución de una hipoteca (AJD) que supone cerca de dos tercios de la factura total al considerar que, en base a lo que establece la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (LITPAJD), el sujeto pasivo que soporta el pago de dicho impuesto es el cliente. Aquel fallo, conocido a finales de febrero, ha librado a la banca de devolver unos 10.000 millones de euros y, a diferencia de ocasiones anteriores sí contó con la unanimidad de sus magistrados.

Por último, la sentencia más reciente que ha vuelto a librar a la banca de reclamaciones económicas adicionales, se conocía esta misma semana, al considerar el Supremo válidos los acuerdos firmados entre la banca y los afectados por las cláusulas suelo para evitar ir a juicio siempre y cuando, eso sí, el cliente fuera informado adecuadamente sobre las consecuencias de los mismos y lo que implicaba su firma. 

Una vez más, el juez Orduña discrepó de esta versión, al considerar que no hay pruebas de que la entidad negociara las nuevas condiciones y al considerar que los documentos "fueron predispuestos e impuestos, de forma que ni tan siquiera se entregó copia", "ocultando la verdadera razón" por la que se les ofreció el nuevo contrato.

Esta última resolución del Supremo, como ya sucedió con la retroactividad de las cláusulas suelo y más recientemente con el IRPH, acabará previsiblemente en el TJUE, y no sería la primera vez que la Justicia europea corrige y enmienda una decisión del Supremo en beneficio de los consumidores.

Las posibles multas para las empresas por contratar falsos autónomos

MADRID.- En España hay más de 200.000 trabajadores que ejercen como falsos autónomos, según datos recopilados por Uatae en 2017. Esta figura corresponde a las personas que prestan sus servicios a una empresa, como un empleado de plantilla más, pero dada de alta como trabajador por cuenta propia, según elEconomista.

De esta forma, el empresario se ahorra el coste social del contrato, que asciende de media a 450 euros al mes para un empleado a jornada completa, y paga solo la cotización del autónomo, de 267 euros. Una medida económica pero ilegal. "Si tú eres autónomo no recibes órdenes, gestionas tu propio trabajo y tus horarios. El falso autónomo tiene un horario fijo y está bajo las órdenes de otras personas", explica Alicia Carrascal, colaboradora de Easyoffer, plataforma online de abogados.

Si una inspección de trabajo detecta un contrato irregular de este tipo, la empresa se enfrenta a multas de entre 3.000 y 10.000 euros, según establece el Artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que recoge las posibles sanciones. Además, al empresario se le puede exigir abonar las cuotas de la Seguridad Social por ese trabajador con carácter retroactivo, y con un recargo que puede llegar hasta el 150%.

Según la gravedad del fraude se podría incurrir en un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que implicarían penas de prisión. A partir de los 50.000 euros podría darse esta situación, aunque es necesario que un abogado especialista examine cada caso, pues entran en juego muchas particularidades y condicionantes. También varían mucho las penas, pero la Ley contempla supuestos que pueden superar los cinco o seis años de cárcel en muchos casos.

Para el falso autónomo no existen sanciones, ya que se considera que es la víctima -y no cómplice- en la relación, y de facto es esta persona la que debido a su situación está perdiendo derechos y haciéndose cargo de unos costes laborales -la cuota de autónomo- que no le corresponden. Es el eslabón débil de la cadena y la Inspección busca protegerlos y no castigarlos.

Una empresa que ya cuenta con falsos autónomos y que pretende regularizar su situación no lo tiene fácil, ya que es un proceso complicado. Si aún así decide afrontar el problema y dar el paso, se arriesga a que el trabajador le exija las cotizaciones anteriores no abonadas.

No es el único obstáculo. También deberá justificar su comportamiento hasta el momento, y mostrar su firme voluntad de que no se repetirá este modo de proceder. "Una vez que empiezas a componer tu plantilla con falsos autónomos, es difícil dar marcha atrás, salvo que la relación con esos empleados sea estrecha y de confianza", concluye la experta de Easyoffer.

Para tratar de mitigar este problema, el Gobierno aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que refuerza las inspecciones laborales.

Entre otras cosas, el plan incluye la supervisión de la economía de plataformas y actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales, así como formación para el empleo.

La cabecera del Tajo gana quince hectómetros diarios

TOLEDO- El ritmo de entrada de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía ha aumentado hasta los 180 metros cúbicos por segundo, unos 15,5 hectómetros diarios, según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El sistema alcanzó ayer los 532 hectómetros, cien más que en el mismo periodo del año anterior. La cuenca del Tajo se está normalizando y se encuentra al 70% de su capacidad, con 7.600 hectómetros. 

La demarcación del Segura también está aumentando sus reservas y ayer almacenaba 303 hectómetros, el 27% de su capacidad. El año pasado tenía 370.

La Asociación de Municipios Ribereños aseguró que el último trasvase se ajusta a la legalidad «porque quienes hacen la ley, hacen la trampa» y lamentó que se trate de enfrentar a dos comunidades autónomas «cuando el problema es con una industria privada representada por el Sindicato de Regantes y un gobierno empeñado en favorecerla en detrimento de los embalses, su comarca, el río Tajo o el Mar Menor». 

Dijo que transcurre más agua por la tubería del trasvase que por el propio cauce del río Tajo.

El Sabadell busca comprador para 7.500 millones en ladrillo

BARCELONA.- Banc Sabadell ha puesto a la venta dos carteras de activos inmobiliarios, valoradas en un total de 7.500 millones de euros. La entidad bancaria busca comprador, en concreto, para un paquete de 5.000 millones y otro de 2.500 millones, este último vinculado a activos que proceden de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Esta operación se suma a otra que lanzó la entidad hace aproximadamente un mes para buscar comprador para otras dos carteras de activos inmobiliarios valoradas en 3.300 millones de euros (una de 900 y una de 2.400 millones). Con estos dos movimientos, la entidad bancaria está sondeando al mercado ahora mismo para colocar paquetes por un total de 10.800 millones de euros.

Respecto a las dos últimas carteras, la más importante, valorada en 5.000 millones, concentra únicamente activos improductivos de la entidad catalana, mientras que la segunda (2.500) comprende créditos que proceden de la CAM, que compró por un euro en 2012 el Sabadell tras su quiebra.

La juez ve indicios de delito en la red para financiar a PSOE y Compromís

VALENCIA.- El juzgado que en el último año y medio ha instruido la denuncia que presentó el PP ante la Policía por la presunta financiación irregular de PSPV-PSOE y Bloc Nacionalista Valencià, socio de la coalición Compromís, ha constatado indiciariamente, según informa este viernes ‘El Mundo’, la existencia de una supuesta trama de falsificación de facturas que permitió a los dos partidos superar el presupuesto marcado en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Las diligencias judiciales se practicaron en Valencia y han sido derivadas a dos juzgados del partido judicial de Madrid, entre otras cosas para que se investigue la relación entre Crespo Gomar, la agencia de comunicación a la que recurrieron ambas formaciones hace once años, con los contratos que obtuvo de diversos ministerios en la etapa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El ‘modus operandi’ sería prácticamente calcado al que recurrió la trama Gürtel para financiar las campañas del PP del expresidente valenciano Francisco Camps. Así, según la juez, para obtener financiación en 2007, Crespo Gomar habría facturado unos servicios a los partidos de cuyo pago se habrían encargado otras empresas próximas a las formaciones. Todo ello mediante facturas falsas.

Pese a que indiciarimante se han constatado presuntos delitos electorales, todos están prescritos y no tendrán recorrido judicial. Sin embargo, las diligencias sí continuarán abiertas en los juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Zapatero y Puig confían en el sistema y la justicia

El caso es que el caso ya ha salpicado a los partidos implicados en cuestión y ha llegado hasta Zapatero. El expresidente abogó este jueves por la “máxima claridad y transparencia” ante estas informaciones y afirmó que si hubiera alguna acción judicial “concretada, se colaborará”, tal y como “ha expresado el PSPV” y también el líder del partido, Ximo Puig.

Zapatero expreso su plena confianza en Puig y en su “colaboración, responsabilidad, seriedad y transparencia en lo que puedan ser acciones judiciales”.

“Si tiene que haber consecuencias políticas, yo confío plenamente en Ximo Puig”, ha proseguido el expresidente del Gobierno, que ha apuntado que si hay una denuncia le da “igual que sea del PP” ya que el objetivo es “aclararla”.

Además, se ha quitado responsabilidad al afirmar que no era su “tarea” encargarse de la financiación, pero ha apostado por un “análisis de los hechos con sosiego y tranquilidad” porque esa es “la grandeza de la Democracia”, un sistema que, pese a sus “imperfecciones”, es “abierto, conoce, repasa y reevalúa”.

Por su parte, Puig afirmó este jueves que se siente respaldado por Pedro Sánchez ante la investigación judicial  y ha añadido que el líder del PSOE lo apoya “en este y en todos los casos”. No en vano, el ex secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2007 no era él, sino Joan Ignasi Pla.

“Eso es lo que vamos a hacer”, ha añadido para reiterar que el PSOE “no es el PP”, pues no insultan “a los jueces, ni a los policías ni a los periodistas”.

Así, ha recordado que “hasta el momento la Justicia no ha pedido al PSOE nada”, pero en caso de hacerlo “va a tener toda la colaboración”, y ha recordado que la dirección regional del partido ha constituido una comisión interna para mostrar todas las facturas y balances económicos, “del pasado y del presente”.

Puig ha señalado además que cuando se planteó la creación de una comisión de investigación sobre estas supuestas irregularidades se mostraron a favor “desde el primer minuto”.

“Creo que es un caso que tiene muchas dudas”, ha agregado, y ha asegurado que “frente a cualquier información hay que dar una respuesta democrática, que es lo que ha hecho el PSOE frente al PP, que lo que ha hecho es aún no pedir perdón por lo que ha robado y desprestigiado a la Comunitat Valenciana”.

Bloc recopila información

Por otro lado, la dirección nacional del Bloc ha acordado emprender un proceso de recopilación de información sobre la campaña de las elecciones municipales de 2007 ante la investigación judicial.

En un comunicado tras la reunión de la ejecutiva de hace un par de días, el partido nacionalista anuncia asimismo que, como parte implicada en el proceso, pedirá al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia valenciano que hagan público aquel contenido del procedimiento que no afecte a futuras investigaciones.

Ábalos: "El auto ya desmiente que haya una financiación ilegal del PSPV"

MADRID.- El PSOE se ha comprometido a ir “más allá de la justicia” si se confirman conductas reprobables en la financiación del partido en la Comunidad Valenciana, el PSPV, porque aunque pudieran haberse cometido delitos ya prescritos los socialistas exigen a sus cargos “máxima ejemplaridad” en el ejercicio de la actividad pública.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos ha hecho referencia al auto del Juzgado de instrucción 21 de València sobre la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar, a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la campaña de 2007.

En ese auto, conocido ahora, pero que data del pasado mes de enero, la juez se inhibe en favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid para que continúen la investigación. Ábalos interpreta esa decisión como la confirmación de que no ha habido financiación irregular del PSPV”, porque si la hubiera habido, sería competente la justicia valenciana. “Parece que no hay trama y no hay financiación ilegal”, ha insistido.

En cualquier caso, el PSPV ha creado una comisión interna de investigación sobre los hechos referidos y, en función de sus conclusiones, el partido actuará en consecuencia, sancionando, en su caso, a los responsables de comportamientos “inadecuados”. Los trabajos de esta comisión, ha añadido, el PSOE los sigue “con insistencia y preocupación”.

En el auto mencionado, la juez pone de relieve “la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación” con la empresa de comunicación Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia–, algunas de ellas solo administrativas pero otras “que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal”.

La documentación que motiva la investigación fue aportada por el actual presidente del PP en Alicante, José Císcar. Se investiga, entre otros, contratos adjudicados por los Ministerios de Medio Ambiente y Vivienda en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que dirigían por entonces Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE, y Beatriz Corredor, miembro de la Ejecutiva Federal.

Ábalos ha confirmado que ha hablado con ellas del tema y que su primera reacción fue de estupefacción. “Estamos hablando de cosas en las que un ministro no está”, ha indicado antes de apuntar que la investigación remitida a Madrid sólo afectaría a los departamentos de Vivienda y Consumo, no Medio Ambiente.

El PSOE se desmarca de la campaña de Juventudes Socialistas contra la monarquía

MADRID.- La dirección del PSOE ha censurado este viernes la campaña lanzada por Juventudes Socialistas para reivindicar la necesidad de avanzar hacia la III República, aprovechando las celebraciones en torno al 14 de abril, fecha de proclamación de la II República en 1931.

“No la secundamos. Espero que (Juventudes Socialistas) estén en otras cosas”, ha señalado en rueda de prensa desde la sede de Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha advertido de que España tiene en la actualidad “problemas más importantes” que su modelo de jefatura de Estado.

El ‘número tres’ de la formación también ha apelado a Juventudes Socialistas a “aprender” a ser responsables porque “la responsabilidad es muy importante”.

Asimismo, ha pedido a la organización juvenil del PSOE que no se salga de las resoluciones aprobadas en el 39º Congreso, donde Juventudes Socialistas no consiguió someter a votación una enmienda en defensa de la III República.

Se aprobó en cambio una redacción que recordaba que el “PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado” y que precisaba que la forma de Gobierno hacia la que pretende avanzar busca fortalecer los “valores republicanos” y aspira a promover un “modelo federal”.

El taxi denuncia que hay 2.205 licencias VTC pedidas en València y Alicante

VALENCIA.- El sector del taxi vuelve a parar el próximo martes. Varias organizaciones del sector han convocado a los profesionales a una concentración ante la Delegación del Gobierno durante una hora a partir de las 11 de la mañana, con el objetivo de protestar contra la proliferación de licencias VTC. Se trata de los permisos en los que se apoyan las plataformas como Uber o Cabify para operar en el servicio de transporte privado de pasajeros por carretera, en competencia con el taxi, según publica Levante-El Mercantil Valenciano.

Según los datos que maneja el sector, hay 1.473 licencias solicitadas por empresas para operar en València, y 732 para Alicante. De concederse estos permisos, saltaría por los aires la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis que marca la ley.

De hecho, la Asociación de Taxistas, la confederación de autónomos y el sindicato USO han organizado esta protestas porque ese día y a esa hora está prevista la vista en el Tribunal Supremo que estudiará el contencioso interpuesto por la CNMC contra el decreto del Ministerio de Fomento que pretende limitar el servicio de las VTC.

Como contó este diario, en estos momentos los tribunales tienen en sus manos conceder o no más de mil licencias en la C. Valenciana pedidas por empresas entre los años 2009 y 2015, y que la Generalitat ha rechazado precisamente por entender que, de concederlas, estaría vulnerando ese ratio 1/30. Con todo, el Supremo ha abierto la puerta a que se concedan, con dos sentencias que dan la razón a las empresas de VTC.

Las VTC son las licencias que históricamente han utilizado las empresas de servicio de coches VIP, transfer desde aeropuertos o limusinas. Sin embargo, con la aparición de aplicaciones como Uber han encontrado un nuevo uso.

Renta 2017: Gastos deducibles sin factura para el autónomo

MADRID.- En pleno proceso de IRPF 2018 el trabajador autónomo debe conocer todos los gastos deducibles que puede contabilizar para que tu tributación sea más rentable. Muchos autónomos caen en el error de dejar de incluir una serie de compras o servicios relacionados con su actividad, simplemente porque no tienen factura para justificarlos. Pero hay determinados gastos que se puede deducir sin factura en esta Renta 2017.

Renta 2017 gastos deducibles

Los gastos deducibles son aquellas pequeñas inversiones que realiza en compras de bienes o servicios que son necesarias para el desarrollo de su actividad económica. Son deducibles en la medida en que minoran los ingresos de su negocio, dando lugar a que pague menos impuestos.

Pero ¡ojo! Lo primero que debe saber es que para que un gasto sea considerado como deducible a efectos del IRPF tiene que cumplir con determinados requisitos:

• Estar vinculado a la actividad económica realizada por el autónomo.
• Estar convenientemente justificado mediante las correspondientes facturas y, este es el quid de la cuestión, también con recibos o tiques.
• Estar registrado contablemente por el autónomo en sus correspondientes libros de gastos e inversiones.

Precisamente es ese segundo punto el que abre un abanico de posibilidades para que su tributación sea lo más rentable, o lo menos costosa, posible. Y es que, en líneas generales, cuando hablamos de deducciones, la normativa del IRPF es más permisiva que la del IVA, el otro gran impuesto al que tiene que hacer frente el autónomo.

Renta 2017 Gastos deducibles sin factura

1. Pólizas de seguros: si tiene un seguro médico, o de responsabilidad civil, solo necesitará el cargo bancario para que quede justificado el pago. Eso si, está muy atento a que conste en ese “recibo bancario” el número de póliza y esté él identificado como beneficiario.
2. Cuota de autónomo: del mismo modo tendrá que justificar el pago de la cuota de autónomos, es fácil no recordar que se trata de un pago deducible. Recuerde también las cuotas de los colegios profesionales.
3. Salarios y seguros sociales: de los trabajadores de su plantilla. Tendrá que presentar las nóminas firmadas por los empleados o el justificante del banco.
4. Gastos bancarios: no emiten facturas pero son deducibles los gastos derivados del mantenimiento de las tarjetas de crédito, comisiones por mantenimiento de la cuenta…
5. Gastos realizados en países extranjeros: de los bienes que haya comprado para el desarrollo de su actividad. En este caso necesitará recibos o tiques para justificarlos.
6. Gastos de contratos mercantiles: como lo son los derivados de los contratos privados y las escrituras públicas. Hablamos, por ejemplo, de traspasos o fianzas de alquiler.
7. Determinados impuestos: aquellos que formen parte de la actividad económica del autónomo, como las tasas relacionadas con su negocio.

IU fuerza al Gobierno a que se pronuncie sobre la monarquía acerca de 15 cuestiones polémicas

MADRID.- Familia real y monarquía centran el grueso de la última iniciativa parlamentaria de Izquierda Unida. En vísperas del aniversario de la II República, este 14 de abril, la formación de izquierdas registró este jueves en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas forzando al Gobierno a que se pronuncie sobre cuestiones tales como la celebración de un referéndum para que la ciudadanía española elija qué modelo de Estado quiere, o las relaciones que el actual monarca Felipe VI mantiene con dictaduras como la de Arabia Saudí, siguiendo la senda iniciada por su padre, tal como recoge http://www.nuevatribuna.es.

Hasta 15 preguntas formula IU al Gobierno en un escrito firmado por el coordinador general y portavoz parlamentario, Alberto Garzón y el diputado por Sevilla Miguel Ángel Bustamente, que denunciaron en rueda de prensa el “veto continuo” que la Mesa del Congreso impone -con el respaldo del PP, PSOE y Ciudadanos- a cualquier tema polémico sobre la Casa Real cada vez que lo plantea IU.

REPÚBLICA O MONARQUÍA

IU hace un llamamiento a “apoyar el movimiento republicano y el proceso constituyente” en las movilizaciones en este sentido convocadas para el próximo fin de semana en todo el Estado.

¿Considera el Gobierno que es una posición radical pedir que la ciudadanía española pueda decidir entre República y Monarquía?

¿Ha valorado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que toda la ciudadanía pueda elegir entre República y Monarquía?

OPACIDAD DEL CIS

Ambos diputados denunciaron la “opacidad” y el “inadmisible silencio” que existe sobre el patrimonio de la Casa Real y rechazaron que “los representantes de los ciudadanos no podamos saber qué hace la Casa Real en determinados ámbitos que nos afectan a todos y todas”.

IU quiere saber los motivos por los que el CIS ha dejado de preguntar a los ciudadanos sobre la monarquía. El Centro de Investigaciones Sociológicas que depende del Gobierno, lleva tres años sin preguntar por la Jefatura del Estado.

¿Cuáles son los motivos por los que el CIS ha dejado de realizar encuestas sobre la monarquía española?

¿Está preocupado el Gobierno por la opinión que sobre la corona pueda tener la sociedad española?

¿Va a seguir ocultando el CIS la opinión de la ciudadanía sobre la monarquía?

PATRIMONIO DE LA CASA REAL

IU también critica la falta de explicaciones sobre el uso de recursos públicos que se destinan a la Casa Real que contrasta con la “transparencia” que se exige al conjunto de responsables públicos y cargos electos. Por ello quiere saber si el Ejecutivo va a “exigir responsabilidades” a Juan Carlos de Borbón por su cuenta en Suiza que su padre le dejó en herencia a él y a sus dos hermanas por valor de 728 millones de euros. “La Casa Real jamás documentó las justificaciones que ofreció ni el caso fue investigado”, recuerda en su texto.

¿Considera el Gobierno necesario investigar el patrimonio de la Familia Real?

¿Piensa el Gobierno exigir responsabilidades al rey emérito Juan Carlos I por contar con una cuenta en Suiza, al parecer, herencia de su padre?

¿No cree el Gobierno que es una contradicción en sus términos que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a la Casa Real?

¿Va a exigir el Gobierno a la Casa Real que detalle el patrimonio y las rentas de sus integrantes y que sus actividades serán fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas?

¿Puede el Gobierno afirmar que ningún miembro de la Casa Real tiene cualquier tipo de activo financiero en el extranjero y, en concreto, en los conocidos como paraísos fiscales?

Todo ello para constatar los privilegios de los que gozan los miembros de la institución con respecto al resto de ciudadanos, cuando el artículo 14 de la Constitución señala que ‘todos los españoles son iguales ante la ley’.

IU aprovecha sus preguntas para denunciar el “anacronismo” de la monarquía en pleno siglo XXI, una institución “obsoleta”, de “dudosa utilidad pública” y que “genera desigualdades sociales”.

¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con el principio constitucional de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley?

ARABIA SAUDÍ

Coincidiendo con la visita a España del príncipe heredero de Arabia Saudí, ambos diputados han puesto el énfasis en las “políticas gravosas” que mantiene el actual monarca al fomentar -dicen- las “relaciones con dictaduras como la saudí, que utilizan las armas contra la población civil y en contra de los Derechos Humanos”.

¿Considera el Gobierno que la monarquía es compatible con la declaración universal de los derechos humanos que establece que todas las personas son iguales al nacer?

¿Va a exportar España material militar a Arabia Saudí?

¿Tiene indicios el Gobierno de que dicho material se utiliza en Yemen para violar los derechos humanos y el derecho internacional?

¿Qué tipo de garantías sobre le uso del material militar exige el Gobierno antes de autorizar su exportación a Arabia Saudí?

El Corte Inglés baraja acabar con todas sus marcas propias

MADRID.- El Corte Inglés baraja acabar con sus marcas propias. Según publica este jueves el diario Economía Digital, el gigante del comercio planifica el lanzamiento de una gran marca blanca que aglutine a todas las demás.

Entre las marcas que podrían quedar afectadas por esta nueva estrategia están Sfera y Aliada (que no se verán afectadas, al menos de momento) y otras como Miyo, Playland y Eduland, en juguetes.

La decisión está motivada porque la compañía cuenta con una enorme cantidad de marcas dispersas que, como señala la información, "han pasado inadvertidas para el gran consumidor".

El último lanzamiento fue el de Room. El concepto, lanzado para intentar competir con Ikea, fue presentado hace apenas dos meses pero ahora El Corte Inglés "se ha percatado de que la dispersión de nombres y marcas en los diferentes departamentos diluye la fuerza de su marca principal".

Según publica Economía Digital, la compañía mantendrá de momento las marcas de Aliada y Sfera, dos de las más conocidas, pero no se han dado más detalles sobre la nueva política de branding.

Esta tiene por objetivo, también, dar más visibilidad a la marca El Corte Inglés en su proceso de internacionalización y crecimiento, especialmente en América Latina.

Andalucía se suma a València y Catalunya en la defensa del corredor mediterráneo

ALGECIRAS.- Los empresarios de Andalucía se han sumado a Catalunya, la Comunidad Valenciana y Murcia en defensa de un eje ferroviario de mercancías y pasajeros “circular” en España (recorriendo todo el Mediterráneo) en paralelo al “radial”, que tiene como epicentro Madrid. 

En un acto multitudinario celebrado en Los Barrios, Campo de Gibraltar, organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios, AVE, medio millar de emprendedores de esta Comunidad han mostrado su apoyo al corredor mediterráneo como eje fundamental para defender la competitividad en el siglo XXI.

Los responsables de la patronal de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, y de AVE, Vicente Boluda, han sido los encargados de abrir el acto. Vicente Boluda ha asegurado que “cuanto mejor conectadas estén las regiones, más unido estará el país”.
Asimismo, ha destacado que “un sistema ferroviario circular que complete al radial es imprescindible porque la interconexión y la integración espacial mejorarán la competitividad y el potencial de desarrollo”.
Y ha añadido que “el turismo y las exportaciones, las actividades que nos han sacado de la recesión, exigen infraestructuras del siglo XXI y una mejor conectividad e integración territorial”.

Por su parte, Javier Sánchez Rojas, ha apuntado que “en #QuieroCorredor lo que estamos pidiendo es la "inversión desde Algeciras a la frontera francesa, para una mejor integración y desarrollo social y económico”. 

Durante la concentración empresarial, el técnico ferroviario Francisco García Calvo ha explicado la situación del tramo Bobadilla-Algeciras y ha señalado que “este Corredor vertebrará la Andalucía oriental con la occidental”.

También se ha presentado la acción itinerante del Movimiento #QuieroCorredor. Un autobús con una exposición interactiva sobre el proyecto recorrerá 9 ciudades del arco mediterráneo simbolizando el recorrido del Corredor Mediterráneo para sumar apoyos de la ciudadanía. 

La primera parada fue este viernes (de 12-20h) y el sábado (de 10-14h) en el centro comercial Bahía Plaza de Los Barrios (Campo de Gibraltar). Se han preparado dos mesas redondas y actividades para niños. Y numerosas personalidades del mundo del deporte han confirmado ya su asistencia para hacer público su apoyo a la infraestructura ferroviaria.

Las siguientes paradas serán Granada, Málaga, Cartagena, Lorca, Alicante, Castellón, Reus y Martorell. El cierre de la acción itinerante será un gran acto empresarial el 27 de septiembre en Barcelona. La campaña #QuieroCorredor cuenta ya con más de 68.000 firmas de apoyo

Entre otros asistentes se encontraban Marian Cascales (Grupo Inquivisa), Manuel Doblado (presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar – AGI), Carlos Fenoy Rico (presidente de la Cámara de Comercio Campo de Gibraltar), Manuel Morón (Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras – APBA) y Adolfo Utor (presidente de Baleària). De AVE, organización a la que pertenece también Juan Roig, presidente de Mercadona, han asistido varios de los miembros de la directiva.

El acto ha sido clausurado por Vicente Boluda y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara que ha recalcado por qué el encuentro se ha celebrado en esta provincia: “Es evidente que Europa comienza en Algeciras. De tal modo, que Andalucía no debe quedar fuera del diseño y ejecución del Corredor Ferroviario Mediterráneo y del Corredor Central”.

Las lenguas cooficiales, ariete del nacionalismo

MADRID.- De celebrar la «riqueza» lingüística de España que recoge la Constitución a la discriminación del castellano. Como un rodillo que avanza imparable, las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales llevan años legislando en lo que se está perfilando como un ataque sin tregua a la lengua común, se dice hoy en Abc. 

El castellano, desamparado. Hace dos días se tenía conocimiento de los nuevos criterios de contratación de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en los que el catalán pasa a ser mérito, quizás la más pintoresca regulación a favor de una lengua que, en otros campos como es el del ejercicio de la medicina, sin embargo, tiene consecuencias mucho más graves.

Los ejemplos son variados a lo largo y ancho del territorio español, en una sistemática labor de zapa que con la excusa de la protección de lenguas en muchos casos minoritarias acaban socavando derechos individuales.

En el caso de Navarra, por ejemplo, donde solo el 6,7% de la población habla euskera, el Parlamento aprobó la nueva ley Foral de Contratos Públicos, por la que las empresas que quieran ser subcontratadas por las administración en trabajos que requieran atención al público deberán tener un plan de euskera.

En otras regiones, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno presidido por Ximo Puig ofrecerá incentivos fiscales a las empresas que implanten el requisito lingüístico en sus plantillas, en una política que pretende extender el uso del valenciano en el ámbito privado más allá de las bonificaciones ya existentes como las que se dan por rotular en los comercios.

En Valencia, como también sucede en Baleares, la alianza del socialismo con las marcas locales de Podemos y su querencia claramente nacionalista, está propiciando un acercamiento progresivo de las políticas lingüísticas de estas dos regiones a la que se viene practicando en Cataluña desde hace décadas.

Allí, la inmersión lingüística en la escuela es quizás el exponente más visible de una política que ha puesto la lengua y la promoción del catalán, con su reverso inevitable en forma de discriminación del castellano, como punta de lanza de un proyecto de construcción nacional. El artículo 3.3 de la Constitución señala que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección».

Sin limitación alguna, algunos lo hacen sobre el desprecio al castellano.

Toda la banca abre de nuevo el grifo de financiación a las promotoras

MADRID.- El crédito a promotores fue, junto al hipotecario, el crédito estrella de la banca durante los años del boom económico. Sus crecimientos interanuales llegaron a sobrepasar el 30%. Pero la crisis financiera paralizó por completo esta actividad, cuya cartera de créditos destinado a la actividad inmobiliaria no ha hecho más que caer en picado desde entonces. Las amortizaciones seguirán durante varios ejercicios siendo superiores a las nuevas concesiones, explican los expertos. El crédito a actividades inmobiliarias se convirtió así en una financiación que ningún banco quería conceder, recuerda Cinco Días. 

El cambio de ciclo económico con crecimientos positivos, ha vuelto a dar un giro a este crédito y los bancos han decidido abrir nuevamente el grifo a la financiación. “La competencia se ha vuelvo bastante dura, pero los niveles de financiación no tienen nada que ver con los de los años previos a la crisis”, explican desde una entidad financiera. De hecho, en 2017 se financió unos 8.000 millones de euros en nuevo crédito, cifra muy lejana a la de los años 2000 a 2007, según datos del sector, ya que el Banco de España no da datos de crédito nuevo por sectores.

Estas mismas fuentes insiten “la competencia, no obstante, ha vuelto a ser muy fuerte. En 2018 todos los bancos han decidido entrar nuevamente en este segmento del negocio olvidado durante varios años”.

El primero en volver a financiar la actividad promotora fue Bankinter, que ya en 2014 comenzó a hacer sus pinitos en esta actividad prácticamente en solitario. En 2015, ya con el cambio de ciclo económico confirmado y tras detectarse una demanda ya en las principales ciudades como Madrid, Barcelona de familias de renta media alta, volvieron a recuperar esta actividad CaixaBank y Banco Sabadell. Sus clientes eran en gran parte fondos de inversión.

Sabadell decidió entonces crear una unidad independiente inmobiliaria. Su presupuesto para financiar esta actividad promotora se acercaba a los 800 millones de euros, cifra que pasó a ser de 1.300 millones un año después y de más de 2.000 millones en 2017, tras abarcar también la financiación en la zona de influencia de CAM, es decir, la Comunidad Valenciana.

Para este año, ya llevan más de 580 millones de euros formalizados en créditos a promotores hasta marzo, con lo que la cifra de crédito para el presente ejercicio puede superar los 2.500 millones de euros.

Las cifras de Bankinter son más limitadas, ya que no concede más de 20 millones de financiación a un proyecto, explica un experto del sector inmobiliario. Mientras que CaixaBank parece no tener problemas para financiar ladrillo, siempre controlando el riesgo. Así, en 2017 firmó financiación por unos 2.300 millones de euros, por lo que este año no sería extraño que se acercase a los 2.800 millones, añaden las mismas fuentes, aunque en la entidad son prudentes, y aseguran que, de momento, el presupuesto que tienen para la financiación de promotores es prácticamente la misma de 2017.

BBVA volvió a entrar en este negocio en 2017. Sus principales zonas de competencia son Alicante, Valencia y Baleares, explican fuentes inmobiliarias.

Santander como Bankia han esperado a este año para reiniciar sus préstamos a promotores. Santander se ha incorporado a esta financiación en 2017, pero ha sido este año donde “te lo puedes encontrar de forma muy activa en varias de sus territoriales, y sin límite para financiar en esas zonas”, explica un promotor.

En el caso de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri su vuelta a la financiación del ladrillo se produce tras haber superado ya el lustro desde que Bruselas le concedió ayudas públicas. El veto para conceder préstamos a promotores era uno de los condicionantes impuestos por Europa tras sumar 22.424 millones de euros de dinero público en su capital.

Ahora, sin embargo, ha decidido entrar de nuevo y aspira a tener una cuota del 7% en tres años, según fija su plan estratégico 2018-2020. Para ello, su objetivo es conceder financiación por unos 450 millones anuales.

Otro de los actores que también han entrado, aunque su financiación es muy inferior a la de la gran banca es Abanca. La entidad gallega, sin embargo, es una de las más agresivas en precio, según coinciden varias fuentes, lo que se puede permitir, explica un analista, por su escaso riesgo inmobiliario, ya que como el resto de la banca nacionalizada durante la crisis financiera, traspasó sus activos vinculados al ladrillo a la Sareb.

Kutxabank también ha decidido, aunque todavía tímidamente, salir de su territorio natural y “ya se le puede encontrar en otras regiones española financiando. Aunque en su caso su estrategia pasa por comprar las hipotecas de promociones con precios bajos”, explican fuentes inmobiliarias. Ibercaja también comienza a entrar en este negocio, pero, al parecer solo financia las obras vinculadas a su balance. 

Otras claves

Exposición. Goldman Sachs calcula que la exposición inmobiliaria de Bankinter (créditos más inmuebles) es del 3%, mientras que el caso de CaixaBank llega al 11%, y BBVA España tiene el 13%. Bankia-BMN, tras pasar sus activos tóxicos a Sareb tiene una exposición inmobiliaria muy baja, del 4%. En el caso de Santander ronda el 10%.

Exigencias. El nivel de preventas que reclaman las entidades financieras a las promociones antes de concederles financiación se encuentra entre el 40% y el 50%.

Tipos de interés. La banca ofrece tipos de interés del 2,5% al 2,75%, aunque hay ofertas agresivas menores al 1,5%.

El crédito promotor sumaba en 2017, según el Banco de España, 109.998 millones, frente a los 298.989 millones de 2011

Dimas Gimeno ya tiene su estrategia para que 'El Corte Inglés' plante cara a 'Amazon'

MADRID.- El Corte Inglés está dispuesto a plantar la batalla contra Amazon. No sólo a través de la famosa alianza europea contra el gigante del comercio online; también mediante cambios internos con los que busca aumentar su base de clientes y ventas a través de Internet, según sostiene hoy El Español. 

Una cuidada estrategia que pasa por aprovechar la multicanalidad que puede ofrecer El Corte Inglés. Y es que, según los datos de los que disponen, por cada compra que se hace en el canal online y se recoge en la tienda; se generan otras compras que multiplican la venta por dos o, incluso, por tres.

Datos que ha desvelado el propio presidente de los grandes almacenes, Dimas Gimeno, ante un nutrido grupo de directivos. Ante ellos explicaba la necesidad, además, de exprimir al máximo la base de datos con la que cuenta El Corte Inglés para “conocer los gustos de los clientes y personalizar” sus experiencias.

No hay que olvidar que, como destacó el propio Gimeno, se trata de una de las “mejores” bases de datos que existe. Sólo con aquellos que cuentan con tarjeta El Corte Inglés hablamos de más de once millones de personas. Eso sí, fuentes de la compañia aseguran que ese proyecto se hará de forma transparente y contando con el cliente, de modo que sea algo “respetuoso” con él. Es decir, que no se trata de invadirlo a propuestas, consultas u ofertas.

Todo ello acompañado por un refuerzo de su página web, a la que quiere someter a cambios que le permitan “ofrecer la misma experiencia de compra” que los centros. Es decir, la misma calidad de producto, el mejor servicio y la garantía de la marca. Para ello pretenden lograr el mismo objetivo que se fijaron para los almacenes: ser “el escaparate de las marcas”, explicó.

En dos horas

Precisamente esa transformación de los grandes almacenes, dando entrada a que las firmas pudieran tener sus corners de venta ha ido ganando peso con el paso de los años. Tanto es así que el 70% de las ventas que hace El Corte Inglés proviene, directamente, de las marcas. Un claro ejemplo de esa transformación en el canal tradicional es la apertura de una Samsung Store en el centro que la cadena tiene en Callao.

Acompañando a esa transformación de la experiencia del cliente, Dimas Gimeno quiere seguir potenciando la compra de artículos que puedan llegar en sólo dos horas a sus clientes. Así que va a ir elevando en las próximas semanas el número de referencias disponibles, que pasarán de 200.000 a cerca de un millón.

¿El plazo? No quiso desvelarlo, tan sólo que será en el “corto-medio plazo”. Su intención, explicaba a los directivos, es “lograr que un cliente pueda efectuar en una visita todas sus compras”. Sobre todo, porque para aumentar el número de productos disponibles en dos horas, necesitarán adaptar el cerca de centenar de centros que tiene repartidos por toda España. El objetivo es que sean los propios centros quienes distribuyan a sus zonas de influencia. 

A vueltas con el móvil

Toda una estrategia que tendrá que ir adaptándose a las nuevas formas de “un cliente más versátil” y que compra cada vez más a través de dispositivos móviles durante las 24 horas del día y los 365 días al año.

El rival a batir, como ha mostrado en numerosas ocasiones Dimas Gimeno, es Amazon. Reclama, no ya sólo una gran alianza de los gigantes de la distribución con una gran plataforma; también una armonización fiscal para que todos los players tengan las mismas condiciones a nivel europeo.

Aunque El Corte Inglés no ofrece datos de facturación on-line, el estudio Top300 publicado por la revista eShow Magazine en Barcelona señala que la plataforma liderada por Jeff Bezos facturó el año pasado 4.241 millones en nuestro país; mientras que AliExpress llegó a los 1.234 millones y El Corte Inglés lograba 683,8 millones de euros y 3,7 millones de pedidos.

Este cambio en la estrategia digital es el 'foco' en el que deben centrarse, algo que también podría ayudar a una futura expansión de El Corte Inglés al exterior, algo que por ahora Gimeno no se plantea, pero que nunca puede descartarse de cara a futuro. Aunque, eso sí, "los grandes almacenes viajan mal", dijo. 

UGT y CCOO dicen que en España no hay "normalidad judicial"

MADRID.- Pese a que aseguran que no comparten «ni el objetivo, la independencia, ni la estrategia, la proclamación unilateral que persiguen y promueven las fuerzas independentistas», lo cierto es que UGT y CCOO participarán en la manifestación del próximo 15 de abril en Barcelona, junto a los separatistas de la ANC y Òmnium Cultural, pidiendo la vuelta a casa de los presos soberanistas. Y ayer en un comunicado conjunto justificaron su participación en la marcha ante la necesidad de «construir puentes de encuentro» y para recuperar la «normalidad institucional, política y judicial», recuerda hoy El Mundo.

Las dos grandes centrales sindicales ponen en entredicho la normalidad judicial tras las decisiones que los jueces respecto al procés y que califican de «desproporcionadas», tanto «en la tipificación de algunos delitos como en el abuso de la utilización de la prisión preventiva». UGT y CCOO insisten, no obstante, en que su participación en la manifestación del domingo «en ningún caso puede confundirse con su apoyo al procés», pero aseguran que las causas judiciales contra personas «que hasta hace poco tenían altas responsabilidades institucionales» están teniendo «importantes consecuencias sociopolíticas» y podrían «incluso tenerlas sobre el rigor del sistema español si es desautorizado en instancias europeas».

Por eso, exigen que de forma «urgente» se conforme un Gobierno en Cataluña «dentro del marco Constitucional y Estatutario, porque es necesario recuperar el autogobierno dejando de aplicar el artículo 155, para que ese Gobierno se ocupe de los problemas de la gente (paro, desigualdad...), para dejar atrás el procés y abrir una etapa de diálogo entre en Cataluña y con el Gobierno».

Esto es, en definitiva, dicen, que el Gobierno renuncie al «inmovilismo» y las fuerzas políticas independentistas «al unilateralismo» que han mantenido desde el inicio del conflicto. Por eso, advierten de que han propuesto «una reforma constitucional» que dé respuesta a las aspiraciones de mayor autogobierno «en el marco de un Estado Federal».

Su postura a lo largo de todo este tiempo no siempre ha sido entendida por sus afiliados. Fuentes de UGT reconocen a El Mundo que el anuncio de su participación en la marcha de este domingo ha provocado «cierto malestar» en la organización. Ahora bien, aseguran que han conseguido llegar a una postura consensuada en el Consejo Confederal que se celebró el martes, y niegan que se trate de «una manifestación independentista» porque, precisan, el objetivo es «defender que haya un Gobierno transversal que aúne el mayor número de sensibilidades» y «la libertad de los presos preventivos» para que preparen sus juicios en casa.

Su posición en este asunto no le ha salido gratis a UGT y CCOO, que han reconocido haber perdido afiliados. En una rueda de prensa celebrada ayer, las portavoces de ambos sindicatos en Cataluña, Montse Ros y Laura Pelay, respectivamente, mostraron su preocupación por la división social en Cataluña y que perciben dentro de sus organizaciones». 

«Hubo bajas en 2017. Más de 500 personas a lo largo del año pasado. La mitad pensaba que éramos cercanos al independentismo, y los demás que éramos unionistas», dijo Ros, aunque añadió que pese a las bajas ha habido un crecimiento neto de afiliados». 

«Tenemos mucha más variabilidad (bajas y altas) por las contrataciones temporales», subrayó. Pelay también admitió bajas en UGT Cataluña. «En un momento en el que la sociedad está polarizada, buscamos un mínimo común denominador y establecer puentes» dentro de un sindicato plural.

Tampoco muchos votantes de la órbita que hoy representan los comunes entienden la comprensión de la coalición que lidera Colau con algunas protestas de los independentistas. Pero la alcaldesa no cambia de postura y anunció ayer que acudirá a la manifestación para pedir la libertad de los «presos políticos», informa Víctor Mondelo. 

Busca tender una cortina de humo después de que el martes tuviera que enterrar dos de sus principales proyectos al no recabar la mayoría suficiente para sacarlos adelante en el pleno del Ayuntamiento. Obviando que sólo el 33% de los barceloneses quiere que Cataluña sea un Estado independiente según el último barómetro del Consistorio, la primera edil de la capital catalana reclamó al PSC.

Grandes empresas presionan al Gobierno para que España tenga una ley de cambio climático

MADRID.- Una treintena de multinacionales y medianas empresas españolas han elaborado un manifiesto en el que instan "a los poderes públicos" a que "en 2018 lleguen a un acuerdo que facilite la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética estable, ambiciosa y eficaz". Entre los firmantes están 11 empresas del Ibex35: Abertis, Acciona, Bankia, BBVA, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Mafre, Red Eléctrica de España, Siemens Gamesa y Telefónica. También se han sumado otras grandes empresas como Eulen, Ikea, OHL o NH, según informa El País. 

Este manifiesto llega en un momento en el que se debería estar gestando esta ley de cambio climático, que el Congreso de los Diputados reclamó por primera vez en 2011 y que Mariano Rajoy prometió en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.

En el Congreso los partidos llevan meses enfrascados en una comisión para la elaboración de la norma. En el Gobierno, dos ministerios (el de Energía y el de Medio Ambiente) trabajan paralelamente y en una aparente descoordinación. El último desencuentro es reciente. Mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, rebajaba las expectativas sobre esta ley y sostenía que habrá que esperar a que la UE desarrolle todo su paquete legislativo de lucha contra el cambio climático, la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguraba este lunes que en breve habrá un borrador de la norma. 

Los posibles retrasos en acometer la futura norma preocupan a las compañías firmantes del manifiesto. El documento ha sido coordinado por el Grupo Español de Crecimiento Verde. Su presidente, Valentín Alfaya (de Ferrovial), advierte de que España "necesita una hoja de ruta ya" y que existe "cierta preocupación" en el sector empresarial al considerar "urgente" contar con una norma ya con un suficiente "nivel de ambición".

Pero, ¿por qué este interés de estas grandes compañías en tener esa ley? No es solo una cuestión de conciencia en la lucha contra el cambio climático, sino de inversiones. "Necesitamos conocer esa hoja de ruta para el futuro", explica Alfaya. El sector energético (electricidad y transporte) acumula alrededor del 80% de todos los gases de efecto invernadero de la economía española. Por lo tanto, es uno de los más afectados en la lucha contra el calentamiento. Y las empresas quieren una hoja de ruta para dirigir unas inversiones que en este sector se planifican con décadas de antelación. 

"La mayor parte de los países de nuestro entorno están ya evolucionando hacia una economía baja en carbono, desencadenando así una revolución a escala global que va a generar enormes oportunidades", sostiene el manifiesto presentado este miércoles. "España está bien posicionada para aprovecharlas, pero se requieren políticas efectivas ya", añade. "Un marco legal y regulatorio estable, concreto y creíble, permitirá sentar las bases sobre las que construir esa nueva economía", indica el escrito, que pide explícitamente esa ley de cambio climático. "La existencia de ese marco incentivará la inversión privada a medio y largo plazo, acelerando el proceso de descarbonización que necesita nuestra sociedad".

No están todas las compañías

Pese a que el manifiesto está impulsado desde el Grupo Español de Crecimiento Verde (una asociación creada para presionar en materia de políticas de cambio climático), no todas las compañías que forman ese grupo lo han firmado. Por ejemplo, entre las grandes empresas, no lo han apoyado Enagas, Gas Natural, el grupo Santander o La Caixa. 

Fuentes del sector achacan esa postura a algunas de las medidas concretas que se proponen en el manifiesto. Por ejemplo, en ese escrito se reclama al Gobierno un "calendario progresivo de abandono de todo tipo de apoyos a combustibles fósiles".

Los firmantes también proponen que se establezca "un precio al carbono" y se acometa "una revisión de la fiscalidad para que, sin aumentar la carga tributaria, se cumpla el principio de quien contamina, paga". O que la ley incluya "objetivos de reducción de emisiones de carácter vinculante para España tanto globales como sectoriales a 2030 y 2050 en línea con los compromisos de la UE y el Acuerdo de París". Los firmantes del manifiesto reclaman, además, la creación de "un órgano de la Administración del Estado" que coordine y supervise "el proceso de descarbonización".

Comprar o alquilar piso, ¿qué sale más rentable en 2018?

MADRID.- Teniendo en cuenta que la compra de una vivienda es seguramente la decisión económica más importante que toma una familia, responder con acierto a la pregunta resulta imprescindible. Antes de la crisis, con las hipotecas casi regaladas, la respuesta parecía clara: mejor comprar (claro, que luego pasó lo que pasó). Durante la crisis, con los bancos dando muy poco crédito, sólo pudieron comprar quienes venían "forrados" por sus ahorros. Y tras la crisis (en caso de que la crisis a pie de calle haya acabado), ¿tras la crisis qué?, se pregunta 20Minutos.

Sin duda, España sigue siendo país de propietarios. Si pudiéramos elegir, si no dependiera de nuestra situación económica, todos (casi) preferimos comprar casa. Sólo hay que preguntar a quienes viven de alquiler. La mitad de ellos preferirían comprar piso, según el último de los estudios de Fotocasa. Seis de cada diez siguen pensando que alquilar una vivienda no es rentable a largo plazo. O en otras palabras, los españoles seguimos pensando que alquilar es tirar el dinero.

Si ese aserto tiene algo de verdad, nunca como ahora. Alquilar una vivienda en las grandes ciudades españolas se ha puesto por las nubes, especialmente si lo que queremos es vivir en el centro. Lo de Barcelona y Madrid, por este orden, es una auténtica locura. Según este portal inmobiliario, en los últimos cuatro años, el precio de los alquileres ha subido un 49% en Cataluña y un 27% en Madrid.
En 2013, un piso de 80 metros cuadrados se alquilaba en Cataluña por unos 666 euros al mes de media y en 2017 se pagaron ya 991 euros. En la Comunidad de Madrid, se pagaban 724 euros al mes y en año pasado hubo ya que aportar 916 euros. Claro, que todas esas variables se disparon si hablamos sólo de Barcelona o sólo de Madrid. "En cuatro años, este mercado ha dado un vuelco total. En Barcelona y Madrid ya se han superado los precios máximos de los años del boom", explica Beatriz Torribo, directora de estudios de Fotocasa.
El dato oficial, el del Instituto Nacional de Estadística (INE), dice que el precio medio de la vivienda de alquiler en España subió un 1% en febrero, respecto a un año antes. Son ya 16 meses consecutivos al alza. 

Según Idealista, los alquileres se han encarecido un 8,8% durante el primer trimestre de 2018. La buena noticia es que los alquileres parecen tocar techo en Barcelona y Madrid. Este mercado refleja dos velocidades, de manera que los alquileres en las ciudades medianas o pequeñas no han vivido este boom, porque la demanda no es tanta y porque tampoco ha habido razones paa especular (los efectos del turismo lowcost).
"Durante este trimestre las mayores subidas han pasado de los grandes mercados, donde el alquiler parece haber alcanzado techo, a otras capitales donde hasta ahora el impacto de las subidas había sido menor como Cuenca, Gerona, Zaragoza o Guadalajara. En ciudades como Málaga o Alicante los propietarios ya han empezado a bajar las rentas y Barcelona también registra caídas en su evolución interanual", explica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista. 

En su opinión, "los datos demuestran que el techo natural de los alquileres está en las posibilidades reales de los potenciales inquilinos". Parece que el mercado ya ha visto que los inquilinos de Barcelona y Madrid... ya no pueden más. 

La condena de comprar

Entonces, ¿compramos o no? Si el precio de los alquileres se ha puesto por las nubes, el de la vivienda en propiedad no se ha quedado atrás. Una diferencia sí se observa: mientras los alquileres parecen haber encontrado su límite, el precio de los pisos en venta sigue en ascenso sostenido... y ya son 3 años de subidas.
Según la tasadora Tinsa, el precio medio de la vivienda terminada en España creció un 3,8 % interanual en el primer trimestre, hasta los 1.283 euros por metro cuadrado. Desde que este precio alcanzó su punto de inflexión en 2015 el mercado residencial español ha recuperado un 7,2% de su valor, situándose en niveles del segundo trimestre de 2013. Aún así, dice Tinsa, está un 37,2 % por debajo de los máximos alcanzados en 2007.
Fotocasa calcula que el precio de la vivienda de segunda mano creció en marzo un 5,3%, hasta los 1.752 euros el metro cuadrado. "En términos interanuales, los incrementos de precios de la vivienda de segunda mano ya son de dos dígitos en las principales plazas del país", asegura Toribio. De hecho, el precio interanual lleva 18 meses consecutivos incrementándose. Estos últimos cuatros meses los incrementos están siendo los más acusados del último año y medio. Fotocasa reconoce que no se veían incrementos tan abultados desde 2007.

Los bancos han vuelto a abrir el grifo

Según el estudio 'La evolución poscrisis del mercado inmobiliario' publicado por EAE Business School, en 2017 se concedieron 429.082 hipotecas, de las que el 72% correspondió a viviendas. La cuota media mensual de cada hipoteca, durante el primer año, es de 530 euros. Los bancos vuelven a dar crédito, mucho crédito. 
Ilustra este hecho la última promoción de BBVA. Su web ya anuncia hipotecas al 100%. Dice el banco azul que son hipotecas "para aquellas personas que que no disponen de dinero ahorrado para adelantar parte del importe de la compra de dicha vivienda". Todo ello siempre que la tasación que haga la entidad bancaria supere el precio de venta de mercado. Nos suena, ¿verdad? Parece que estamos dispuestos a tropezar dos veces en la misma piedra.

Ya lo dijo en octubre del año pasado el Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Su presidente mostró su preocupación por el hecho de que haya bancos que están volviendo a ofrecer hipotecas por el 100% del valor de la vivienda. Porque en realidad, sin hipoteca no hay familia media española que compre una casa.
Cada hogar hace un gran esfuerzo para adquirir un piso. ¿Cuál es el límite? Si ese esfuerzo se mide por el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano debe destinar a la compra de una vivienda de tipo medio, el esfuerzo no ha dejado de aumentar desde 2015. 

Según Sociedad de Tasación, ahora mismo necesitamos unos siete años y medio de salario completo para comprar una vivienda. Son dos décimas por encima de 2017, pero sigue estando lejos de la locura del boom, cuando hacían falta 9 años y medio de salario completo. Pero vamos en esa dirección.

En el tercer trimestre de 2017, según datos del Banco de España, el precio medio de la vivienda absorbía hasta 7,1 años de la renta bruta media de una familia. Es el dato más alto desde finales de 2011, cuando era de 7,4 años. A mitad de 2013, en plena crisis, era de 6,3 años.

Pero, ¿qué pasa si empieza a subir el euríbor?

El 95% de las hipotecas a tipo variable están referenciadas al euríbor. El índice sigue bajo, muy bajo, y los hipotecados felices. Pero eso no va a durar siempre. Algún día el euríbor, o el índice que le sustituya, despertará y muchos temblarán... otra vez. De hecho, el servicio de estudios del BBVA ya pronosticaba el año pasado un aumento gradual del euríbor a partir de 2018.
Y así ha sido. En febrero, 18 meses después, el euríbor registró su primera subida. En todo caso, sigue en negativo y volvió a bajar en marzo. El euríbor se adentró en febrero de 2016 en terreno negativo por primera vez en la historia ante la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE) para apuntalar la recuperación en la zona euro.
Casi el 30% de los nuevos hipotecados no sabe cómo le afectaría una subida de los tipos de interés. En concreto, según el análisis realizado por el Observatorio de la Financiación Familiar de Agencia Negociadora, el 28,9% de los españoles que han formalizado una hipoteca en los últimos dos años tendría que hacer un gran esfuerzo para afrontar una subida de los tipos de interés en sus préstamos, básicamente del euríbor. Tal vez por ello cada vez se firman más hipotecas a tipo fijo.