De esta forma, Educación pretende «avanzar en la modernización de los
procedimientos administrativos y la mejora de la gestión educativa al
presentar una nueva normativa que redefine el proceso de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la
Comunitat Valenciana».
Esta regulación --«producto de un proceso llevado a cabo en grupos de
trabajo con representantes de la Mesa Sectorial de Educación, la
Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Reforma Educativa en Centros
Concertados y la Mesa de madres y padres», recalca la administración en
un comunicado-- se orienta hacia una serie de objetivos fundamentales.
«En primer lugar, se prioriza la libertad de elección del centro
educativo, eliminando las restricciones geográficas impuestas por la
zonificación y permitiendo a las familias seleccionar el centro
educativo que mejor se ajuste a sus preferencias y valores», explica el
director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.
«Además, se afianza el acceso telemático al proceso de admisión, con
el fin de simplificar trámites, reducir la burocracia y promover la
transparencia, garantizando un apoyo especial a las familias sin acceso a
medios telemáticos y una participación equitativa en el proceso»,
señala.
En cuanto a la organización del proceso de admisión, se establecen
tres fases distintas --ordinaria, extraordinaria y continua-- para
gestionar «de manera más eficiente las solicitudes», incluyendo la
participación del alumnado sobrevenido en cualquier momento del curso
escolar. Esta estructura permite «una mayor flexibilidad y garantiza una
atención adecuada a todas las solicitudes recibidas».
El nuevo diseño del procedimiento resalta la importancia de la
inclusión de todos los estudiantes del sistema educativo. Se busca
aplicar un enfoque equitativo en la escolarización, independientemente
de la modalidad educativa y de las necesidades individuales de los
participantes. Esta perspectiva, defiende la Conselleria, «promueve una
mayor igualdad y diversidad en el acceso a la educación en la
Comunitat».
«En este sentido, --continúan-- se implementan cambios en la
asignación de puntos, priorizando la igualdad de acceso a la educación y
considerando situaciones especiales como la custodia compartida y la
situación de acogida familiar. Además, se introduce la publicación de
vacantes en tres etapas del proceso ordinario: al inicio, antes de la
presentación de solicitudes; provisionalmente, antes de la publicación
de los resultados preliminares; y definitivamente, antes de la
publicación de los resultados finales».
Por su parte, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha vuelto a expresar su rechazo
al distrito único porque, a su parecer, «segrega el alumnado y beneficia
a la patronal de la concertada, puesto que se facilita la admisión en
centros concertados muy alejados del lugar de residencia».
El sindicato ha pedido su supresión tanto en el decreto pendiente de
publicar como en la orden negociada hoy. Igualmente, STEPV ha pedido la
supresión de la puntuación de 'Circunstancia específica' que puede
añadir cada centro educativo «sin ningún control por parte de la
administración y que también se recupera tanto en el decreto como en la
orden».
«Esta puntuación es una fórmula para que el centro elija al alumno,
justamente lo contrario de lo que se supone que defiende este gobierno,
que es el derecho de las familias a elegir el centro y no al revés. Una
medida que, nuevamente, beneficia claramente la concertada», lamentan.
Otra novedad introducida, apunta STEPV, es la posibilidad de que el
alumnado que opte por la reserva de plazas por necesidades educativas
especiales (NEE) o por compensatoria, si hay más demanda de estas plazas
que oferta, se puedan reincorporar en el centro por la vía ordinaria y
no por la reserva. De este modo, «se evita el principio de reparto
equitativo de este alumnado entre los centros sostenidos con fondos
públicos, recogido también en el propio decreto y orden».
STEPV advierte que si la Conselleria no atiende estas propuestas,
estudiará la presentación de un recurso contencioso porque entiende que
«incumplen la LOMLOE en cuanto a las garantías de reparto equitativo del
alumnado o la no segregación del alumnado, entre otras cuestiones».
También la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) se ha
mostrado contraria al distrito único y ha reclamado la retirada del
proyecto de admisión del alumnado al considerar que «profundizará en la
segregación escolar y favorece los intereses de la patronal de la
escuela privada concertada con fondos públicos».
El sindicato defiende «un modelo educativo de proximidad y
vertebrador de las sociedades locales, un modelo no segregador y que
garantice la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, sea cual
sea su procedencia socioeconómica, escolarizados en una escuela de
proximidad en su domicilio».
Para ello, exige «suficientes centros educativos y unidades
escolares públicas en todas las áreas de influencia para que la oferta
de escuela pública esté suficientemente cubierta por todo el alumnado».
Por otro lado, ha resaltado que «varios estudios científicos
demuestran que el distrito único tiene efectos fragmentadores de las
sociedades, incrementa la segregación escolar y la 'guetificación' del
alumnado».
Además, es «un modelo insostenible medioambientalmente y
divide los centros educativos en escuelas de primera y de segunda
categoría, favoreciendo en unos pocos centros educativos y perjudica a
la gran mayoría».
Desde ANPE han manifestado que el documento presentado a la Mesa
Sectorial está «bien estructurado y se ha negociado ampliamente, ya que
se han llevado a cabo diversas reuniones previas en grupos de trabajo
para su elaboración».
Acerca del contenido, ha incidido en la necesidad de que el
procedimiento «asegure el reparto equitativo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo entre todos los centros
sostenidos con fondos públicos, evitando concentraciones en determinados
centros mediante una ratio específica para esta cuestión que sea común a
todos los centros de una misma zona».
También pide que sea «ágil y eficaz, procurando que la tarea
burocrática para los equipos directivos y los centros se reduzca al
mínimo posible», que se «reactiven las comisiones de escolarización como
órganos de escolarización» y que se dé prioridad a la escuela pública,
por lo que, ante la necesidad de supresión de alguna unidad en una zona o
localidad, esta siempre debe retraerse de los centros no públicos antes
de hacerlo en un centro público.
Añade que, «necesariamente, su temporalización debe contemplar que
se facilite la realización en tiempo y forma de los procedimientos de
provisión de personal docente».
ANPE garantiza que velará por que este procedimiento de admisión
«priorice la escolarización en centros públicos, con un reparto
equitativo y distribuido del alumnado entre todos los centros sostenidos
con fondos públicos».
