miércoles, 22 de enero de 2025

Trump suspende la ayuda exterior de EEUU / Guillermo Herrera *


Un pequeño vídeo de portada de la revista Time lo dice todo. Presenta una imagen emblemática que anuncia el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como el 47º presidente de EEUU. 

La portada interactiva muestra el escritorio presidencial del despacho oval, cubierto de papeles que representan el trabajo acumulado durante la administración Biden. En una breve animación, aparece la figura de Trump y empuja todo lo que hay sobre la mesa, acompañado por el texto "He's Back" (Él ha Vuelto).

https://www.youtube.com/watch?v=D7wq-jIN5fA&t=1s

Esta portada simbólica refleja la personalidad disruptiva de Trump y anticipa los cambios significativos que podría traer su segundo mandato. 

El gesto de desorden en el escritorio presidencial sugiere una ruptura con las políticas anteriores y un enfoque potencialmente radical en su nuevo periodo presidencial.

La revista también publicó un artículo titulado “Vuelve la disrupción de Donald Trump” (Donald Trump's Disruption Is Back), que analiza el impacto de su regreso a la presidencia y los desafíos que enfrentará en su segundo periodo.

 Esta edición especial de Time subraya la naturaleza polémica de Trump y la incertidumbre que rodea su regreso al poder, previendo un periodo de grandes cambios y tensiones tanto dentro como fuera de EEUU

https://stargatenewsletter.blogspot.com/2025/01/hes-back.html

BATALLA FINAL

Según Benjamin Fulford, ahora que Trump toma el poder, comienza la batalla final por el planeta Tierra. Para ganar, debe nacionalizar la Junta de la Reserva Federal y poner fin a su sistema de esclavitud babilónica por deudas. El futuro de nuestra especie está en juego. 

Si perdemos esta batalla, pasaremos la eternidad en el equivalente humano de las granjas industriales de pollos. Si ganamos, podremos elegir nuestro propio futuro de acuerdo con nuestros sueños y deseos.

Dado que hay tanto en juego, es un buen momento para dar un paso atrás y observar el panorama general. La mayoría de los seres humanos, especialmente los del llamado “mundo civilizado”, hemos sido esclavos durante tanto tiempo que ni siquiera nos damos cuenta. 

Cuando Fulford visitó a los masones P-2 que controlaban la civilización occidental, admitieron que su versión del cristianismo era una religión diseñada para controlar a los esclavos.

Los dueños de los demás bancos centrales han controlado a gente como él durante milenios para convertir este planeta en una gigantesca monocultura centralizada controlada por ellos. 

Ya sea que la gente se dé cuenta o no, la elección de Donald Trump es una reacción importante contra este antiguo sistema de control. Sin embargo, el gran problema que se espera que anuncie es una emergencia económica.

Aunque insinúa la abolición del Fisco y su reemplazo por aranceles, no menciona la nacionalización de la Reserva Federal ni la emisión de dinero gubernamental como está escrito en la Constitución. Esto se debe a que primero necesita llegar a un acuerdo con China

EEUU tiene un déficit comercial anual de un billón de dólares con el resto del mundo, mientras que los chinos tienen un superávit comercial de aproximadamente el mismo tamaño. 

Incluso si Trump impusiera un arancel del 100% a los productos chinos, China simplemente trasladaría sus fábricas a lugares como Vietnam y México, y EEUU seguiría teniendo un déficit. 

Si Trump impusiera aranceles del 100% al resto del mundo, EEUU implosionaría instantáneamente y se convertiría en un país pequeño y aislado.

https://www.rt.com/news/611105-trump-xi-phone-call/

https://benjaminfulford.net/ahora-que-trump-toma-el-poder-comienza-la-batalla-final-por-el-planeta-tierra/

NOTICIAS

ORIENTE MEDIO

INGLATERRA

CURIOSO

martes, 21 de enero de 2025

El Ayuntamiento de Alicante pedirá la nulidad de la licencia a los macrodepósitos del puerto esta semana ante el TSJCV

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante presentará esta semana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso para la nulidad de la licencia ambiental de la empresa XC Busines 90 --solicitada en febrero de 2013-- para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el puerto.

De esta forma, el gobierno local da un paso mas para evitar la instalación de estos macrodepósitos, a la que también se opone la Autoridad Portuaria de Alicante (APA). El alcalde Luis Barcala ya explicó que el consistorio iba a "agotar" todas las posibilidades para que no se ubiquen allí.

Así lo ha confirmado el vicealcalde Manuel Villar en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, celebrada este martes, aunque no ha detallado en qué se basará la petición de nulidad del Ayuntamiento "por respeto a la letrada" está elaborando el documento.

A mediados de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo (TS) inadmitió a trámite el recurso del Ayuntamiento a la sentencia del TSJCV por la que en abril de ese mismo año reconocía la licencia a la empresa por silencio administrativo positivo.

Barcala, tras reiterar su posicionamiento en contra, manifestó que no descartaba "ninguna opción" para impedir la instalación de los contenedores en el puerto, e incluso dijo que, si llegado el caso fuera necesario, vería "preferible" indemnizar a la compañía promotora.

El gobierno local de Alicante espera llevar los presupuestos de 2025 al pleno durante febrero

 ALICANTE.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante espera llevar los presupuestos para 2025 --pactados con Vox-- al pleno durante el próximo mes de febrero.

Así lo ha sostenido el vicealcalde Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local celebrada este martes, en la que ha explicado que es "imposible" llevar a la sesión ordinaria de enero la aprobación de las nuevas cuentas, ya que aún quedan procedimientos pendientes.

En este sentido, Villar ha asegurado, "con toda la cautela del mundo", que la previsión es que los nuevos presupuestos estén fiscalizados a lo largo de la semana.

Cuando esto ocurra, se llevarán a la junta de gobierno para después abrir el plazo de enmiendas, como paso previo a las comisiones informativas y el pleno.

Los 'hippies' de la Explanada exigen al Ayuntamiento de Alicante una "solución urgente" para reubicar su mercadillo

 ALICANTE.- Integrantes de la Asociación de Vendedores de la Explanada de Alicante, popularmente conocidos como 'hippies', se han manifestado este martes en la plaza del Ayuntamiento para volver a exigir al gobierno local una "solución urgente" para reubicar su mercadillo.

El pleno aprobó en noviembre --con los votos a favor de PP, PSPV y Vox y las abstenciones de Compromís y EU-Podem-- una moratoria para que los comerciantes pudieran permanecer en su emplazamiento tradicional hasta el 15 de enero, con la obligación de desmontar las paradas antes del próximo día 31.

La portavoz municipal, Cristina Cutanda, preguntada por las reivindicaciones de los vendedores en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno, ha insistido en que todavía "están disponibles" dos alternativas para reubicar sus puestos: en el espigón del Postiguet, "que ellos --los vendedores-- pueden seguir tramitando por vía administrativa con Costas", y junto a la Lonja del Pescado, como alternativa a instalarse en la fachada litoral.

Compromís acusa al PP de "desmantelar servicios públicos inclusivos" en la ciudad de Alicante

 ALICANTE.- Compromís ha acusado este martes al PP de "desmantelar servicios públicos inclusivos" en la ciudad de Alicante debido al "paradigma de una gestión pésima y de abandono de la acción social".

La portavoz de Servicios Sociales de la coalición en Les Corts, Nathalie Torres, ha explicado en una rueda de prensa --junto al portavoz municipal Rafa Mas-- que la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el alcalde Luis Barcala "no han hecho nada por consolidar una estructura de atención a la ciudadanía más necesitada, al dejar morir el conocido como contrato-programa, una herramienta administrativa que garantizaba durante cuatro años la financiación de la acción social a las entidades locales valencianas".

Torres, quien ha registrado una proposición no de ley en el parlamento autonómico para el "refuerzo urgente" de los servicios de atención social, ha señalado que "lo que está ocurriendo en Alicante es la clara ejemplificación del desmantelamiento de los servicios sociales públicos".

"Los ayuntamientos y los servicios sociales llevan desde noviembre de 2023 advirtiendo sobre el fin del contrato programa", ha remarcado la diputada, y se ha referido a las actas de las reuniones celebradas en noviembre de ese año y de 2024 en la dirección territorial de la provincia de Alicante.

Igualmente, ha indicado que "en junio de 2024, la Conselleria ya debería haber enviado las instrucciones para la renovación y no ha reaccionado hasta hace un mes". 

"No creen en la inversión social. Para Camarero es solo un gasto", ha agregado.

A juicio de Torres, "son muchos los ayuntamientos de menor tamaño que sí han tenido la voluntad de consolidar la ley de acceso a los servicios públicos valenciana, así como estructuras profesionales en estos cuatro años de duración del contrato-programa.

"Banyeres de Mariola, una ciudad de apenas 7.000 habitantes y gobernada por Compromís desde 2015, ha aprovechado el contrato-programa para aumentar un 50 por ciento las plazas de los equipos y establecer la práctica totalidad de la plantilla laboral", ha sostenido Torres "como ejemplo contrario al alicantino".

De otro lado, Mas ha manifestado que "el despido del 80% de la plantilla de trabajadoras sociales ya está ocasionando que los cálculos para ver reconocidos los derechos de dependencia superen el máximo legal que recoge la ley".

"El contrato-programa se hizo para anular las subvenciones anuales a los ayuntamientos y que existiera una planificación a cinco años vista de la acción social de la Administración, para agilizar trámites y consolidar plantillas de trabajo, así como atender a los derechos sociales de las personas", ha resaltado el portavoz municipal de la coalición.

Para el edil, "Compromís, que impulsó el contrato-programa, atendió a una demanda social y del sector para reforzar un escudo social y garantizar el acceso a los derechos ciudadanos allí donde van a pedir ayuda, que es a la puerta de los ayuntamientos".

"El Ayuntamiento de Alicante es uno de los pocos que no ha hecho nada por paliar esta situación. Pasamos de los nueve meses establecidos como máximo para que una persona vea reconocido su derecho a la ayuda a una espera de mínimo año y medio. La situación es alarmante porque no solo han destrozado los equipo de trabajo, sino que dejan de atender directamente a las personas", ha sentenciado Mas.

El portavoz de la coalición ha agregado que "ya no hay servicio de salud mental ni jurídico, y que se desatienden programas del departamento como el de atención infantil".

El Consell traslada su respeto por la decisión de Banco Sabadell y su "prioridad absoluta" de mantener empleo y negocio

 VALENCIA.- El Consell ha señalado este martes, tras conocer el traslado de la sede social de Banco Sabadell desde Alicante a Cataluña, que "no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere".

"La prioridad absoluta para el Consell es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera en nuestro territorio, así como el flujo del crédito a consumidores, pymes e industrias y así se le ha requerido a los representantes de Banco Sabadell", han señalado fuentes del gobierno valenciano.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha conversado esta tarde tanto con el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, como con su consejero delegado, César González Bueno, quienes le han informado de la decisión de la entidad de trasladar su sede social a Cataluña.

Los directivos de la entidad le han trasladado a Mazón que su compromiso con la Comunitat Valenciana y su tejido económico se mantiene intacto, con independencia de dónde establezca su domicilio social, según han explicado desde el Consell .

Además, también han garantizado que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión, han indicado las mismas fuentes.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que "la Comunitat Valenciana sigue siendo un territorio atractivo para el establecimiento de inversiones que generen riqueza y empleo como demuestra el hecho de que con el actual Consell se hayan consolidado en la Comunitat Valenciana proyectos estratégicos que suponen 7.000 millones de euros de inversión y 9.000 puestos de trabajo".

"Este Consell continuará trabajando y adoptando medidas que favorezcan el establecimiento de nuevos proyectos industriales mediante palancas como una política fiscal atractiva, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica", ha añadido.

El proyecto de Ley de Ordenación de la Costa de la Comunitat ofrecerá alternativas a afectados por deslindes

 VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que tiene por objeto la gestión integral y la sostenibilidad del litoral de la Comunitat Valenciana y que, entre otras cuestiones, ofrecerá alternativas a los afectados por los deslindes a través de tres figuras de protección.

Así lo ha dado a conocer el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien ha dado a concoer los detalles de esta norma en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Con su aprobación por el Pleno, el proyecto será remitido a Les Corts para su debate y votación.

En su elaboración, se han tenido en cuenta las observaciones que, con "carácter esencial", ha hecho el Consejo Jurídico Consultivo, y alegaciones formuladas "en tiempo y forma", y en los períodos de exposición pública, tanto de ayuntamientos como de asociaciones y entidades, ha indicado el conseller, que ha detallado que, de momento, el Gobierno no ha presentado ninguna alegación en contra.

Martínez Mus ha explicado las tres figuras: la catalogación de "valor etnográfico" de aquellos núcleos urbanos que tengan esa capacidad o esa posibilidad; "armarnos de la posibilidad de decidir que sea la Generalitat la que atorgue las concesiones o autorizaciones" y, por primera vez, la norma recogerá la posibilidad de reservar suelo en programas urbanísticos "en aquellos lugares donde ya no haya más remedio" y que las personas que hayan perdido sus viviendas por deslindes pueda encontrar otro lugar para reubicarse. 

En este caso, ha recalcado, se trata de una "salida de emergencia".

"Mientras la ley estatal no dé otra posibilidad, es lo máximo que podemos hacer desde la normativa autonómica en este tipo de circunstancias que nos generan muchísima intranquilidad, que nos parecen injustas y que no merecemos", ha indicado, y ha subrayado que la Generalitat no está "para nada" de acuerdo con los deslindes, y está impugnando todos y cada uno de ellos.

Y, de hecho, ha señalado que este mismo martes se publica en el BOE uno que afecta al Prat de Cabanes-Torreblanca. En este caso concreto, además de tener afección en cuanto a viviendas, "afecta incluso al propio patrimonio de los valencianos, porque lo que hace es modificar el deslinde de forma que un parque que es de gestión de la Generalitat pasa a ser dominio público estatal".

Otro ejemplo de afectación de deslindes, ha dicho, es el caso del último en Denia, que afecta a 600 personas en un tramo del término municipal. "Si nos fijamos en todos los términos municipales posiblemente afectados, pues son miles y miles de valencianos los que que pueden ver en peligro las propiedades que han comprado o que han heredado durante tanto tiempo", ha advertido.

Así, ha defendido que "obviamente nuestra ley tiene que ir buscando proteger algo que nos parezce injusto que continúe así". En esta línea, ha reprochado que se estén llevando a cabo deslindes cuando "quedan pendientes tantísimas obras de protección de nuestra costa", más de 50 obras, ha cifrado, pese a estar diseñadas desde 2015.

De esta manera, el marco normativo persigue la ordenación "efectiva" del litoral valenciano y la preservación de sus valores naturales y culturales, así como la prevención de riesgos, en particular de aquellos derivados del cambio climático. Además, se propone la conservación y mejora del patrimonio cultural de las áreas costeras y el resguardo de los núcleos urbanos y poblados tradicionales.

Martínez Mus ha detallado la importancia de la norma ya que, de los 500 kilómetros de costa que hay en la Comunitat Valenciana, "el 15% del PIB responde a una franja de esos 500 metros inmediatamente contiguos a la mar".

 Esa franja costera acoge 10 parques naturales, el 90% de las zonas húmedas más relevantes, y más de 20 lugares de interés comunitario de la Red Natura 2000. Además, más del 70% de la población de la Comunitat vive, al menos, en 10 kilómetros de la franja litoral.

Con la finalidad de implementar una planificación "coherente y adaptada a la singularidad" de la costa valenciana, se establece que será la propia Comunitat Valenciana, a través de Les Corts, la encargada de crear los instrumentos normativos necesarios para proteger la costa y establecer una regulación de la ordenación del litoral que se presenta como "esencial" para "dotar de seguridad jurídica a las actividades costeras, de manera que se remplazan normas reglamentarias previas que no garantizaban la estabilidad necesaria".

La norma marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana, distribuyéndola en tres tipos de áreas: de protección ambiental (la protegida); de mejora ambiental y paisajística (mantiene valores naturales pero cierto grados de desnaturalización) y de reordenación, que es la zona principalmente urbana. En cada una de las áreas se señalan usos prohibidos, permisos y autorizables, con un grado de permisividad "acorde a la protección establecida".

El principal objetivo es ofrecer una regulación "coherente y responsable que permita, entre otros aspectos, ordenar el territorio costero desde el mar hasta los límites territoriales; compatibilizar la protección de los valores naturales con el desarrollo económico; abordar el fenómeno de la regresión costera mediante herramientas de protección para las comunidades afectadas e incluir a los ayuntamientos costeros en la gestión del litoral, dándoles voz en la toma de decisiones".

Con un total de 59 artículos, además de siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro finales, la futura ley establece directrices "claras" para la ordenación del litoral, y abarca desde los principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.

La norma también busca reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) al elevar a rango de ley las normas básicas de zonificación del litoral, estableciendo los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área.

 Esto, según el Consell, aportará una planificación "más clara y con mayor seguridad jurídica", dado que las normas generales tendrán carácter legal, y será la norma reglamentaria la encargada de clasificar y catalogar cada zona del litoral, lo que pretende aumentar tanto la seguridad jurídica como la flexibilidad en la gestión del territorio.

Por primera vez, una ley valenciana protegerá específicamente la posidonia, con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie.

 "Es el verdadero pulmón de nuestra mar; su función es comparable a la de los bosques, en oxigenar y filtrar las aguas costeras, mejorando su calidad y transparencia, lo que permite albergar más de trescientas especies de flora y mil de fauna", ha expuetso el conseller.

Otro de los objetivos es impulsar la estrategia de la economía azul en la Comunitat Valenciana, para lo que se busca promover un desarrollo sostenible y responsable de los recursos marinos asegurando beneficios económicos a largo plazo y respetando el medio ambiente. 

La parte final de la ley establece un régimen de inspección y sanciones orientado a mantener el equilibrio entre los valores naturales y las actividades humanas.

Además, las disposiciones adicionales abordan la vigilancia de resoluciones estatales que puedan afectar negativamente a la costa valenciana, la elaboración de un inventario de terrenos costeros degradados y la creación de áreas de suelo para reordenar espacios que no sean recuperables.

Toni Pérez respeta el traslado de la sede social de Sabadell de Alicante a Cataluña y pide "garantizar" empleos

 ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha lamentado este martes la decisión del Banco Sabadell de trasladar su sede social de Alicante a Cataluña y ha pedido a la entidad que "garantice" el empleo que genera en la provincia y la atención que presta a usuarios y empresas.

"No es una buena noticia para Alicante. Desde la Diputación respetamos la decisión que ha adoptado la entidad en ejercicio de su libertad, pero exigimos un compromiso firme y cuidadoso de buen trato para la provincia de Alicante y nuestro tejido social y económico", ha declarado el representante provincial.

En declaraciones distribuidas a los medios, Pérez ha incidido en reclamar al Sabadell que "garantice absolutamente el empleo que genera en Alicante" y el "trato" al consumidor y usuario de la banca, así como a pequeñas y medianas empresas y tejidos empresarial y social.

En esta línea, también pide que se mantengan los puestos de trabajo de las oficinas de la entidad en Alicante. "La provincia aportó un gran patrimonio al Sabadell y aquí hay cientos de empleos vinculados al banco", ha agregado.

Banco Sabadell volverá a Cataluña siete años después de llevar la sede a Alicante y en plena opa de BBVA

 BARCELONA.- Banco Sabadell prevé retornar su sede a Cataluña en plena opa de BBVA y cuando casi han transcurrido algo más de siete años desde el 5 de octubre de 2017 cuando la movió a Alicante para garantizarse en pleno procés continuar bajo el paraguas regulatorio y supervisor del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión.

La entidad presidida por Josep Oliu retornará la sede a San Cugat del Vallés (Barcelona), con Salvador Illa en la Generalitat, quien ha rebajado el tono independentista, y en plena opa de BBVA, según ha adelantado ABC. El banco eludió realizar comentario alguno.

El banco prevé convocar en las próximas horas un consejo extraordinario para tomar la medida, al término del cual pondrá en marcha el traslado de la sede social.

Se trata de la primera gran compañía que revierte el éxodo empresarial protagonizado a causa del 'procés'. Sabadell fue, de hecho, la primera gran compañía en salir de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en medio de la fuerte hemorragia de depósitos que sufrieron los bancos catalanes por las incertidumbres que rodeaba al proceso.

En Sabadell se estimó una fuga de 4.600 millones de euros de clientes inquietos que movían sus ahorros a otras comunidades, pero el Banco de España cifró en 31.400 millones los ahorros que salieron de Cataluña entre octubre y diciembre de aquel 2017 por las dudas que suscitaba la inestabilidad política y social. En conjunto se estimó que más de 8.700 compañías de diferentes sectores, salieron de la comunidad autónoma.

La entidad eligió entonces Alicante para moverse por residenciarse allí la sede social de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), adquirida en 2012 por el banco en el proceso de subasta organizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

La situación en Cataluña dista de aquel panorama. Su movimiento se produce tras la victoria de Salvador Illa (PSC), quien ha rebajado el tono independentista desde la Generalitat y alienta el retorno de las compañías.

Pero el movimiento cobra especial relieve porque tiene lugar en mitad de la opa hostil lanzada por BBVA. El consejo de administración de Sabadell rechazó su oferta en mayo del pasado año al juzgar que infravaloraba la entidad y cuenta con mayor potencial del estimado por el grupo vasco en solitario.

La transacción se encuentra actualmente pendiente del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que decidió llevar el estudio un mayor escrutinio (Fase II) por observar riesgos para el crédito, tras las alertas que le trasladaron las asociaciones de empresarios y pymes. 

El organismo solo ha admitido la personación de Banco Sabadell en el proceso, rechazando la petición que habían formulado más de 70 organizaciones y asociaciones.

Esa decisión simplifica el proceso y podría permitir que resuelva en uno o dos meses. No se espera que rechace la transacción, pero BBVA ya ha avisado de que podría dejar caer su oferta si las condiciones que fija la CNMC erosionan la rentabilidad de la transacción.

El Gobierno se ha opuesto a la operación desde que BBVA decidió formularla y ha avisado de que no aprobará la fusión, torpedeando las sinergias proyectadas en origen por el grupo vasco. Cuando la CNMC emita su dictamen se abre un proceso de consulta al Gobierno, que podría modular las condiciones fijadas por Competencia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería aprobar después el folleto de la oferta y serían, en última instancia, los accionistas de Sabadell los que decidan si acuden o no a la opa.

Desde que BBVA lanzó su oferta, se ha tropezado con diferentes reveses con esa oposición declarada del Gobierno o la decisión de la CNMC de abrir un estudio en profundidad, en lugar de resolver en Fase I y con condiciones como ha hecho en todas las fusiones bancarias previas.

Incluso el impuesto aprobado por el Gobierno para la banca que prorroga el gravamen extraordinario juega en su contra, ya que le obligaría a tributar a un tipo del 7% por los ingresos de Sabadell en caso de fusión, es decir, pagar entre 150 y 170 millones adicionales a Hacienda. 

La razón es que se pasa de un tributo del 4,8% sobre los ingresos generados en el margen de intereses y las comisiones a una figura progresiva que oscila entre el 1% para los tramos de ingresos inferiores a 750 millones y el 7% para los superiores a 5.000 millones. 

El banco vallesano se queda por debajo de ese umbral, pero obligaría a BBVA a tributar por la tasa máxima de integrarlo.

Ambas entidades han acelerado la marcha para convencer a los inversores de sus proyectos con dividendos extraordinarios y cuentas al alza. En los próximos días divulgará los resultados correspondientes a 2024, y Sabadell dejó la puerta abierta a mejorar su compromiso de remunerar al inversor con más de 2.900 millones en el bienio 2024-2025.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue informado esta tarde del traslado por parte del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y de su consejero delegado, César González Bueno, quienes le trasladaron la garantía de que el compromiso del banco con la región y su tejido económico "sigue intacto".

"Los directivos de la entidad han garantizado que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión", apuntaron desde el Gobierno valenciano.

Fuentes de la Presidencia de la Generalitat trasladaron que "el Consell no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere". 

Agregaron que "la prioridad absoluta para el Consell es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera" en la Comunitat Valenciana, "así como el flujo del crédito a consumidores, pymes e industrias, y así se le ha requerido a los representantes de Banco Sabadell".

El TSJCV rechaza la suspensión cautelar de la certificación automática de valenciano

 VALENCIA.- La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la solicitud de Escola Valenciana de suspender de forma cautelar la certificación automática de niveles de valenciano.

La decisión se enmarca en el proceso iniciado al presentar Escola Valenciana un recurso contencioso administrativo --en el que pedía la medida cautelar-- contra la resolución de la Conselleria de Educación del pasado septiembre que reconoce unos niveles de valenciano a determinados alumnos en función de haber cursado unos estudios concretos (al tener una nota de 5 o más o al haber superado una nota de 7 para la obtención del nivel C1), y, además, con carácter retroactivo (desde los cursos 2008-2009 o 2009-2010, en función de cada nivel).

Escola cree que la resolución «vulnera el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)» y argumenta que se basa en la ley de libertad educativa sobre la que se ha interpuesto recurso de inconstitucionalidad.

Ahora, en el auto, fechado el 27 de diciembre, la sala considera que la suspensión no puede ser acogida porque «la medida cautelar solicitada constituye el objeto del pronunciamiento del recurso contencioso administrativo interpuesto, de modo que adoptarla supondría valorar el fondo del asunto, desnaturalizando la esencia del incidente cautelar con el adelantamiento de lo que va a ser objeto de debate».

 Los magistrados creen que no concurren los supuestos determinados sobre los argumentos de Escola Valenciana relativos a la apariencia de buen derecho.

Además, señala que «la mera expedición de certificados no puede entenderse que ocasionen perjuicio alguno, salvo si se considerasen nulos de pleno derecho, lo que supondría entrar en el fondo del asunto». Añade que «los perjuicios irreparables deben recaer sobre el favorecido por la suspensión y, en este caso, no se produce».

Igualmente, exponen que la mera existencia de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de libertad educativa --«que no constituye el objeto de este procedimiento», recuerdan-- «no produce la suspensión automática prevista en el artículo 38 LOTC , al no ser objeto del presente procedimiento, más cuando el incidente cautelar se refiere a otra resolución».

Por tanto, además de desestimar su petición, la Sala impone a Escola Valenciana unas costas de 200 euros. La resolución no es firme y cabe la interposición de recurso de reposición en un plazo de cinco días desde su notificación.

Desde la Conselleria de Educación, tras conocer este martes el auto, el director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, ha valorado «muy positivamente» la resolución porque «se remarca que la obtención de estos certificados en ningún caso puede suponer un perjuicio para las personas y es uno de los motivos por los cuales se ha procedido a la desestimación».

«Por otro lado, también se valora que ha fracasado este nuevo intento de esta entidad Escola Valenciana para boicotear la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, tal y como ya pasó con el recurso contencioso administrativo que interpuso ante el TSJ contra la ley y que fue inadmitido», ha agregado Martínez.

Barrachina dice que "las decisiones del Gobierno sobre Tajo-Segura condenan a desaparición a la agricultura alicantina"

 VALENCIA.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha expresado una vez más su rechazo a los recortes en el trasvase Tajo-Segura impulsados por el Gobierno central, puesto que se trata de «decisiones políticas, tomadas sin aval técnico, que representan una grave amenaza para la agricultura alicantina y la condenan a su desaparición».

Miguel Barrachina ha realizado estas declaraciones tras conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Junta de Andalucía contra el aumento del caudal ecológico del río Tajo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

«El dogmatismo, sin rigor técnico, del Gobierno de Sánchez provocará pérdidas económicas de 6.000 millones de euros y la desaparición de 15.000 puestos de trabajo. Esta situación es insostenible para nuestra agricultura y exige una respuesta urgente», ha afirmado.

El conseller ha insistido en la necesidad de un enfoque técnico y colaborativo que permita revertir estas medidas, afirmando que «hoy es más importante que nunca la creación de una comisión técnica entre las autonomías y el Gobierno de España para analizar y revisar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

«Es imprescindible que las decisiones que afectan a los recursos hídricos cuenten con el consenso de las comunidades autónomas implicadas y estén basadas en criterios técnicos y no políticos», ha añadido.

Además, Barrachina ha reiterado la urgencia de alcanzar un Pacto Nacional del Agua porque «nuestra tierra necesita una política hídrica justa y equilibrada, que permita a los agricultores mantener su actividad y asegurar el empleo que depende de ella. El agua es una cuestión de Estado, es de todos. No es propiedad de nadie».

«No obstante, estas premisas no son las que marcan las políticas del Gobierno de España que, lejos de defender el agua que necesita nuestra agricultura, se ha dedicado a tomar decisiones de carácter político que van en contra de mantener nuestros campos,» ha subrayado el conseller.

Barrachina ha reivindicado que la necesidad de «un Gobierno central, que al igual que está haciendo el Consell de Carlos Mazón, crea en nuestra tierra y en nuestro agricultores y regantes».

 «No queremos más que nadie, pero tampoco menos», ha reiterado.

Por último, el conseller de Agricultura ha remarcado que «el agua no puede ser un elemento de confrontación política, sino un recurso compartido para garantizar el futuro de todos».

Convocan una nueva manifestación para exigir la dimisión de Mazón y "justicia y reparación" tras la dana

 VALENCIA.- Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat llaman a participar en una nueva manifestación el próximo 1 de febrero en Valencia para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana que ha arrasado buena parte de la provincia y ha costado la vida a más de 220 personas.

Además, el 29 de enero, cuando se cumplirán tres meses de la riada, se llevarán a cabo diversos actos de protesta en localidades como Alicante, Alcoy o Burjassot, entre otros que están pendientes de confirmación, ha anunciado la organización en un comunicado.

Con el lema 'Mazón dimissió', la acción --la cuarta manifestación que se convoca bajo el mismo lema-- exigirá "justicia, reparación y dignidad", explican las entidades convocantes, que agregan que la convocatoria "responde a la inactividad, la falta de responsabilidad y la gestión nefasta del Consell ante la catástrofe del pasado 29 de octubre".

La manifestación arrancará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia a las 18.00 horas y recorrerá la calle de las Barcas, Poeta Querol, Paz, la plaza de la Reina, Bordadores y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen. 

En esta ocasión se quiere "visibilizar la censura que se está empezando a poner en marcha, la falta de transparencia, la impunidad, la falta de responsabilidad y la incompetencia en la reconstrucción", inciden.

"Tres meses después de la tragedia todavía hay calles con barro, las ayudas llevan retraso y no se ha hecho público el supuesto plan de reconstrucción. Ahora el gobierno valenciano se dedica a contradecir semana sí, semana también, las palabras de su vicepresidente militar, una señal más de las mentiras y el amateurismo de gestión que caracteriza los dirigentes actuales", reprochan las organizaciones.

En la misma línea, afean las "indignas" palabras del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, quien "acusó a un medio de comunicación público como À Punt de linchar a Mazón". 

"À Punt ha estado a la altura de las circunstancias en todo momento y el único que ha tenido un responsable que ha dimitido", apostillan.

Para los convocantes, "nuevos datos demuestran la incompetencia y la gestión negligente del conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, después de que se haya hecho público que estuvo en su casa de Alicante aunque conocía que centros escolares habían cerrado y cesado las clases". 

"Un ejemplo --continúan-- es el municipio de Utiel, que cerró escuelas de buena mañana, el cual, por cierto, estaba bajo el control de una persona de su mismo partido".

Asimismo, denuncian que aún "hay personas con movilidad reducida que. por la falta de puesta en marcha de los ascensores en fincas. no pueden salir a la calle; hay niños y niñas fuera de sus centros escolares habituales y, por si no fuera poco, hay víctimas colaterales como la del último operario muerto en Benetússer, que se suma al de Massanassa en un centro escolar en tareas de reconstrucción". 

Por ello, exigen que las revisiones y exámenes técnicos determinan la seguridad de las estructuras afectadas. "No se pueden perder más vidas de personas trabajadoras", aseveran.

Al mismo tiempo, estas entidades denuncian "una falta de transparencia insultante" con "empresas de amigos y jefes de gabinetes favorecidas, compañías con contratos millonarios a dedo que aparecen en sumarios y sentencias por casos de corrupción y la negativa constante del presidente de la Generalitat Valenciana a mostrar qué estaba haciendo y donde la tarde del 29 de octubre de 2024".

"No contento con todo este panorama, Carlos Mazón ha decidido enfangar todavía más la situación y banalizar el desastre de la dana intentando enfrentar el pueblo valenciano con el de Palestina", lamentan los convocantes, que creen que las palabras del 'president' en Les Corts sobre las ayudas a Gaza en Les Corts fueron "desafortunadas, malintencionadas e indignas de un representante público".

Por todas estas razones, las entidades hacen "un llamamiento a salir a la calle para reclamar soluciones, respeto y responsabilidades".

"Exigimos comisiones de investigación tanto en el parlamento español como en Les Corts Valencianas, para saber toda la verdad. Investigaciones de oficio de la fiscalía para dirimir responsabilidades. Las familias afectadas no pueden esperar más y el pueblo valenciano, tampoco.

Las autoridades argelinas reciben al español liberado por los tuareg que fue secuestrado en el sur de Argelia

 ARGEL.- Las autoridades de Argelia han recibido este martes al español que había sido secuestrado la semana pasada en el sur del país y que fue liberado en la víspera por el Frente de Liberación del Azawad (FLA), uno de los principales grupos separatistas tuaregs activos en el norte de Malí.

El Ministerio de Defensa argelino ha explicado a través de un comunicado que los servicios de seguridad del Ejército han recibido al rehén, al que identifican como 'Joaquín Navarro Canadá', que está "en buen estado de salud", después de que fuera "secuestrado" el 14 de enero, mientras se encontraba en un viaje turístico en la zona fronteriza entre Argelia y Malí "por una banda armada integrada por cinco individuos".

"Ha sido transportado en un avión privado desde el aeropuerto de Tin Zaouatine hasta la base aérea de Boufarik (a unos 40 kilómetros de la capital, Argel), donde posteriormente será entregado a las autoridades españolas. Esta operación confirma una vez más la eficaz profesionalidad de los servicios de seguridad en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada en todo el territorio nacional", reza un comunicado.

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha agradecido a sus servicios de seguridad y a los miembros del Ministerio de Defensa Nacional "por su eficacia y confidencialidad durante el operativo para liberar al ciudadano español Gilbert Navarro", según ha indicado a través de su perfil de la red social Facebook.

El lunes el Frente de Liberación del Azawad (FLA) anunció que había entregado a las autoridades argelinas al español que había sido secuestrado en el sur de Argelia y posteriormente trasladado hacia el norte de Malí, si bien el Ministerio de Exteriores no ha confirmado esta información y ha apelado a la prudencia.

El FLA acompañó su mensaje con una foto del español liberado, a quien se veía sentado en una silla de camping rodeado por varios miembros armados del FLA junto a un vehículo 'pick-up' y que portan la bandera del Azawad, como los tuaregs denominan al que quieren que sea su Estado independiente.

Según informó el periodista de la cadena France 24 Wassim Nasr, especializado en el Sahel y con fuentes sobre el terreno, sus captores le trasladaron en un coche robado hasta el norte de Malí, en concreto a la región de Ménaka, y habrían actuado movidos por la oferta realizada por Estado Islámico en el Sahel de una importante suma de dinero a cambio de eventuales secuestrados.

De nuevo gritos contra Mazón en su visita al hospital Clínico de Valencia

 VALENCIA.- Nuevo acto público del president Carlos Mazón. Y nuevos gritos de la ciudadanía y el personal sanitario increpando al líder del Consell. Esta vez ha sido en su visita al nuevo edificio de Consultas Externas del hospital Clínico de Valencia, cuyas obras y están finalizadas. 

A su llegada, varios ciudadanos han recibido al grito de “Asesino”, “Vete al Ventorro” y “Mazón dimisión”. Han sido pocos porque rápidamente ha accedido al interior del edificio acompañado del conseller de Sanidad, Marciano Gómez. 

En el interior, ha vuelto a ser increpado pero esta vez por parte de la Junta de Personal del centro, que se ha colado en parte de la visita privada junto a los medios de comunicación. 

Allí ha vuelto a escuchar gritos pidiendo su dimisión y, también, la del conseller Gómez. 

A este le han acusado de mentiroso por haber prometido la contratación de personal para el nuevo edificio que, finalmente, no se producirá según las fuentes sindicales; se trasladará personal de otros centros.

La Junta de personal del Hospital Clínico de Valencia ha recibido al 'president' de la Generalitat en su visita al nuevo edificio de Consultas Externas coreando el lema de 'Mazón dimisión' por sus "mentiras" e "incumplimientos"

Por su parte, diversos ciudadanos que estaban a la puertas del centro sanitario, al darse cuenta de la presencia del jefe del Consell, también le han increpando con gritos de 'asesino' o 'vete al Ventorro'.

Así, representantes de los sindicatos esperaban a las puertas la llegada de Mazón y algunos de ellos ha conseguido acceder al interior junto a la comitiva y los periodistas, aunque la seguridad les ha cortado el paso al resto de la visita a las instalaciones, que aún no están abiertas al cien por cien. "Libertad de expresión", han coreado en repuesta, llevando también pancartas en las que pedían la dimisión del 'president' y gritaban también contra el conseller de Sanidad 'Marciano mentiroso"'.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Personal y delegada de Intersindical, Marga Majano Espinosa, ha criticado que no han sido avisados de la visita y se han enterado a las diez de la mañana y han decidido manifestarse porque el nuevo edificio "se va a abrir sin personal y trasladando personal de centro de especialidades. 

"Este departamento es histórico en falta de personal y es sangrante que venga Mazón y toda la directiva a abrir un edificio sin personal", ha reprochado.

Del mismo modo, las delegadas de CCOO María Antonia Salgado y de UGT María Victoria García han criticado que "Mazón abra un hospital sin personal" y han afirmado que "incumpla todos los pactos, desde los refuerzos a las 35 horas, no deja ni uno". 

"Todo es mentira, queremos la dimisión de Mazón", han exigido.

Por otro lado, también le han preguntado acerca de un post en X de la exconcejala de Compromís en el Ayuntamiento de Paiporta Beatriz Jiménez X en la que con el hastag #Mazóndimissió cuelga una fotografía de una pitada en un puente de Valencia en la que se lee: 

'Solo te queda el paredón'.

La Comunidad Valenciana, muy expuesta a los planes de Trump

 MADRID.- España no está entre las economías más expuestas a la 'guerra' comercial con subida de aranceles que Donald Trump pretende emprender contra la Unión Europea y, sin embargo, tampoco será inmune a sus efectos. El acto de toma de posesión, ayer lunes, del 47º Presidente de los Estados Unidos puso en evidencia que habrá subida de tasas "masivas" a los productos extranjeros, y cuanto más afecte ese aumento de tarifas a bienes específicos más se verán perjudicadas regiones, sectores y empresas concretos a lo largo de todo el territorio nacional español, según 20minutos. 

A nivel autonómico hay especial preocupación por lo que pueda suceder con los químicos, la maquinaria para determinadas industrias o las grasas, aceites, frutas y legumbres, bienes en los que el peso del comercio con la mayor economía del planeta es mayor. 

Ante un escenario de este tipo, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco estarían entre los territorios más afectados por las medidas ultra proteccionistas que Trump volvió a poner ayer sobre la mesa, puesto que destinan entre el 8 y el 9% de sus exportaciones a ese país.

El republicano no pudo ser más claro en su defensa de una nueva "era dorada" para Estados Unidos. Incidió en que el objetivo es "crear una Hacienda extranjera para cobrar aranceles e impuestos masivos a todo el exterior". 

 Sus palabras suponen un órdago en toda regla para sectores como el de las semimanufacturas (los productos que se encuentran a medio camino entre las materias primas que se extraen de la naturaleza y los bienes listos para consumir, como el aluminio, los aceros, el cobre o los productos químicos) así como para el sector de los bienes de equipo, que son aquellos que se utilizan para producir otros bienes, como la maquinaria o las herramientas. 

Las semimanufacturas representan más de una cuarta parte del total de las exportaciones españolas (26,7%) y de ellas un 1,3% van a parar a EEUU. En el caso de los bienes de equipo, que también tienen un peso elevado en el conjunto de las ventas al exterior (19,5% del total), el 1,6% tiene como destino suelo norteamericano. 

Las regiones que concentran la mayor parte de estas exportaciones son la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País Vasco, en el caso de los bienes de equipo, y, Cataluña, las en el de los productos químicos.

El tercer sector con mayor exposición es el de la alimentación, siendo Andalucía y Cataluña las principales regiones exportadoras a suelo estadounidense. En el informe 'La relación comercial España - EEUU ante el posible aumento de aranceles' los economistas de BBVA Research advierten del impacto que la nueva oleada de aranceles podría tener sobre las ventas de aceite de oliva

 El sector de alimentación alcanza el 17,5% del total de exportaciones y le sigue de cerca el del automóvil, con un 14% del total (uno y otro destinan a territorio estadounidense el 0,7 y el 0,2% de sus ventas al exterior, respectivamente). 

En octubre de 2019, durante la primera Administración Trump, Washington impuso tasas del 25% a ciertos productos agroalimentarios europeos, incluido el aceite de oliva. El vino, el queso o la aceituna negra de mesa también resultaron damnificados. 

Esos aranceles fueron una represalia, auspiciada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el contexto de la disputa comercial por las ayudas públicas europeas al gigante Airbus.

"Iniciaré de inmediato la reestructuración de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondré aranceles a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos", amenazó también el presidente estadounidense a lo largo de su discurso. 

Desde 2019, el comercio de bienes y servicios con Estados Unidos ha aumentado, tanto en el caso de España, donde alcanzó el 4,6% del PIB en 2023, como en el de la Eurozona, con un peso aún mayor (8,9%). A nivel nacional, el incremento se debe sobre todo a que han aumentado las transacciones de bienes. 

En 2023, Estados Unidos se situó como el mayor socio comercial de la Unión Europea a veintisiete, mientras que para España fue el sexto.

El frío ártico de Estados Unidos generará ciclogénesis explosivas y un tren de borrascas con efectos en España

 


MADRID.- El Atlántico presentará una importante actividad ciclónica en la segunda mitad de la semana, con un chorro polar muy intenso que favorecerá los procesos de ciclogénesis (algunas de ellas explosivas) en aquellas zonas de contacto entre el aire polar y el aire subtropical.

Aunque el término de ciclogénesis puede resultar impactante o espectacular, en nuestras latitudes realmente hace referencia al proceso de desarrollo o formación de una borrasca. De acuerdo con nuestro modelo de cabecera, entre jueves-viernes y sábado-domingo dos borrascas que se formarán al este de EE UU se profundizarán probablemente de forma explosiva al norte de Azores, dirigiéndose rápidamente hacia las islas británicas.

Estos procesos tan intensos suelen darse bajo un chorro polar fuerte en aquella franja donde interactúan las masas de aire cálidas y frías. Las consecuencias más adversas de estas borrascas se esperan en las islas británicas, que recibirán su impacto, mientras que España quedará lejos de su centro. No obstante, también notaremos sus efectos en nuestra geografía.

Varios frentes muy activos asociados a estas bajas atlánticas cruzarán la Península, repartiendo precipitaciones casi generalizadas, y que serán más cuantiosas en zonas de Galicia, Cantábrico occidental, Castilla y León, Extremadura y Sistema Central. Llegarán a Baleares, y por el contrario apenas lloverá en puntos del este-sureste de la Península.

En cuanto a la nieve, quedará restringida a las cota altas de las principales cordilleras peninsulares, ya que el anticiclón de las Azores y estas borrascas impulsarán vientos del oeste y suroeste, muy húmedos y templados que cruzarán el Atlántico, por lo que las temperaturas no serán muy frías.

Los vientos superarán los 60 km/h en Galicia, costa cantábrica y en áreas de montaña entre el jueves y el sábado, pero el domingo pueden registrarse rachas de viento huracanadas en Galicia y la vertiente cantábrica, arreciando en buena parte de nuestra geografía, si se cumple el actual escenario.

A finales de semana se espera una situación marítima bastante revuelta en las costas gallegas y cantábricas, con olas que pueden superar los 4-5 metros en aquellos sectores más expuestos a los oestes y suroestes.

Por otra parte, hay más incertidumbre sobre la evolución de otro proceso ciclogenético en el Atlántico durante el fin de semana, que daría lugar a una borrasca que circularía más al sur que las otras dos. Los modelos contemplan varios escenarios, desde que sufra una profundización súbita o explosiva y que acabe siendo absorbida por la borrasca de Reino Unido.

Otros, en cambio, muestran que podría llegar viva al noroeste a principios de la próxima semana, dando lugar a un temporal de lluvia y viento que afectaría sobre todo al norte y oeste de la Península. Parece que el al ambiente templados con oestes predominará en lo que queda de mes, pero algún mapa ya intuye posibles descuelgues coincidiendo con la llegada de febrero.

Mercadona, Carrefour y Lidl encabezan en España el negocio del gran consumo

 MADRID.- Mercadona ha seguido en 2024 liderando el negocio del gran consumo con una cuota de mercado del 29,5 %, casi dos puntos más que en 2023, según el informe "Tendencias del Consumidor 2024" de la consultora NIQ.

Carrefour sigue en la segunda posición, con un 7,4 % de cuota, mientras que Lidl se sitúa en la tercera posición con un 6,7 %, según los datos aportados este martes durante la presentación del estudio.

Además, Consum y Aldi avanzan en el reparto del gasto de gran consumo y también sigue destacando el hecho de que uno de cada cuatro euros que gasta los hogares en gran consumo va a los supermercados regionales, "lo que demuestra una vez más su gran fortaleza", según NIQ.

En cuanto a puntos de venta, DIA es el que cuenta con un mayor número de establecimientos (2.288), seguido por Mercadona (1.613) y Eroski (1.352).

Por otro lado, en 2024 las cadenas que más locales nuevos abrieron fueron Carrefour, Consum y Aldi.

La Diputación destina más de 12 millones para infraestructuras hidráulicas y digitalizar el ciclo del agua

 ALICANTE.- La Diputación de Alicante va a destinar más de 12 millones de euros para ejecutar y mejorar las infraestructuras hidráulicas de los municipios de la provincia, y para la digitalización del ciclo integral del agua.

La institución provincial ha explicado en un comunicado que ha dado el visto bueno a estas ayudas, de las que se beneficiarán, principalmente, las pequeñas localidades del territorio.

Por un lado, se ha aprobado el proyecto Alicante Inteligente Agua (Aigua), que, financiado con fondos de proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte), persigue "potenciar la digitalización del ciclo integral del agua en la provincia".

De esta forma, 70 municipios --59 de ellos de menos de 5.000 vecinos, de los que 15 se encuentran en riesgo de despoblación-- y una población de más 252.000 habitantes "se beneficiarán de este proyecto de colaboración público-privada, que traerá a la provincia más de 8,2 millones de euros", subraya la Diputación.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la resolución de dos convocatorias de subvenciones en materia de ciclo hídrico, que distribuirán más de cuatro millones de euros entre municipios de la provincia para hacer y mejorar infraestructuras hidráulicas.

Por un lado, se subvencionarán con 1.082.896 euros nueve obras de abastecimiento y saneamiento, que ejecutará la propia Diputación en localidades como Balones, con la sustitución del alcantarillado en la calle del Mur, por 119.999 euros; Beniarbeig, para renovar y mejorar la red de agua potable en la avenida de Denia, por 119.997 euros; Bolulla, con una nueva conducción de abastecimiento y distribución de agua potable, por 120.000 euros, o Daya Vieja, para cambiar la red de agua potable y realizar actuaciones en calle Azarbe Higueras y Practicante Antonio Soriano Bru, por 112.000 euros.

Asimismo, estas ayudas se extenderán a Famorca, con mejoras red de saneamiento, por 101.500 euros; Llíber, para renovar la red de agua potable en el camí Vell de Gata, por 119.999 euros; Onil, para cambiar esta red en la CV-803, por 159.399 euros; Orxeta, en limpieza y rehabilitación del manantial Font del Xoi, por 110.000 euros, y Tàrbena, con actuaciones puntuales en la red de fecales y pluviales del casco urbano, por 120.000 euros.

De otro lado, se han resuelto otros tres millones de euros de la convocatoria extraordinaria para la realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento en alta --llevar agua hasta los depósitos de cabecera--, captación y regulación. Estos también los ejecutará la institución provincial.

Los beneficiados de estas cuantías serán Busot, donde se va a mejorar la captación de agua mediante conexión con el depósito municipal, por 463.000 euros; Castalla, con el nuevo pozo Cantarina II, por 488.346 euros; Hondón de las Nieves, para renovar la conducción DN200 en el depósito general de La Canalosa, por 458.155 euros; la mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguar-Pozo Lucifer, para construir una nueva captación de abastecimiento de agua potable a Calp en el término municipal de Vall de Laguar, por 400.000 euros; Ondara, para demoler el antiguo depósito y construir uno nueevo, por 586.802 euros, y Tibi, para instalaciones electromecánicas, un depósito regulador y la conducción de abastecimiento, por 603.383 euros.

Al respecto, la vicepresidenta primera y diputada del área, Ana Serna, ha subrayado el "interés que la Diputación demuestra una vez más" en materia hídrica: "Es uno de los temas que más preocupa y nos ocupa, como es garantizar agua en nuestros municipios y asegurarnos de que no se desperdicia ni una gota, apostando por la inversión y la innovación tecnológica".
 
Los pantanos de la cuenca del Segura pierden un hectómetro cúbico
 
Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 239 hectómetros cúbicos, uno menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 28 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 136 menos que la media que suelen almacenar en esta época (375 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 21,1% de su capacidad total.
 

Elche cierra 2024 con una ocupación turística del 83,3%

 ELCHE.- Los datos definitivos para el conjunto de 2024 muestran una tasa de ocupación hotelera para Elche del 83,3%, que supera en 1,5 puntos porcentuales el 81,8% que se registró como promedio en 2023. Es la tasa más alta de la serie histórica y muestra una evolución mensual con una estacionalidad reducida, en la que solo tres meses, enero, noviembre y diciembre, se sitúan por debajo del 80%.

Aún mejor es el comportamiento de los indicadores económicos. El precio medio por habitación para el conjunto de la anualidad ha superado en un 10,5% el alcanzado en 2023. Este dato ha permitido mantener la rentabilidad a pesar del alza de costes.

Por su parte, diciembre ha logrado una tasa de ocupación turística del 66,5%, 2,3 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2023 para terminar un año en el que, salvo en dos ocasiones, agosto y septiembre, cada mes ha sido capaz de superar la ocupación desde la perspectiva interanual.

Los mejores momentos de ocupación en diciembre fueron el puente de la Constitución, los fines de semana y las fechas navideñas, especialmente la Nochevieja, que estuvo rozando el lleno técnico en muchos establecimientos.

La rentabilidad de diciembre fue sustancialmente mejor que hace un año. El precio medio logró mantenerse en 73,01 euros, rebasando ampliamente los 64,62 euros registrados en el último mes de 2023.

Los datos de tráfico del aeropuerto de Alicante-Elche reflejan un diciembre histórico, con 1.216.350 pasajeros, que culmina un año de récord en el que se superan por primera vez los 18 millones de pasajeros (18.387.387) y se registra un incremento del 16,8%, el mayor entre los grandes aeródromos españoles.

El inicio de año se prevé que se ajuste al comportamiento estacional habitual, con unos niveles de ocupación en línea con los registrados en enero de 2024. 

La celebración de FITUR esta semana constituye una excelente oportunidad para potenciar la marca turística ilicitana en un foro internacional de primer nivel como es el certamen madrileño y atraer visitantes a la ciudad.

Gabriela Bravo renuncia como vicepresidenta segunda de Les Corts y deja la política

 VALENCIA.- La diputada del PSPV-PSOE y vicepresidenta segunda de Les Corts, Gabriela Bravo, ha presentado este martes su renuncia al acta de diputada y ha anunciado que deja la política para regresar al Ministerio Fiscal.

"Después de una década en política, me marcho agradecida. Ahora, regreso al Ministerio Fiscal, donde, como siempre, defenderé el interés general y los derechos de los más vulnerables. Con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha expuesto.

En una carta que ha publicado en sus redes sociales, la que fuera consellera de Justicia, Interior y Administración Pública con los gobiernos del Botànic (2015-2023) ha comunicado de esta manera que cierra "una etapa ilusionante que se inició hace casi diez años". 

Además, ha expuesto que la decisión nace de "la profunda convicción" de que su "compromiso con la sociedad valenciana" será "más útil desde otro ámbito al que también me debo: la justicia".

Bravo ha destacado que en 2015 el PSPV-PSOE le brindó "la oportunidad de integrar el proyecto de renacimiento de la Comunitat Valenciana" y ha defendido que lo hicieron "con el objetivo claro" de "devolver la dignidad a una tierra que merecía superar décadas de gobiernos que dieron la espalda a las necesidades reales de los valencianos y valencianas".

Al respecto, ha manifestado que le "honra haber podido contribuir a este cambio como consellera de Justicia durante ocho años" y ha mostrado su agradecimiento "al Partido Socialista y al 'president' Ximo Puig, quien lideró casi una década de progresos".

Dicho esto, en su última etapa como vicepresidenta de la Mesa de Les Corts, ha asegurado que ha procurado "actuar con la mayor dignidad institucional, defendiendo el interés colectivo por encima de cualquier particular".

 "Siempre me he sentido apoyada por mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes deseo todos los éxitos para que devuelvan la esperanza a la Comunitat Valenciana", ha agregado.

Además, Bravo ha aprovechado para pedir "disculpas con sinceridad" por sus "errores", al tiempo que ha ensalzado "los logros alcanzados, que son el fruto del trabajo colectivo y compartidos con los equipos magníficos con los que afortunadamente he trabajado".

A partir de ahora, la exconsellera ha indicado que continuará su camino "desde la justicia, como fiscal, con la misma vocación de servicio público que me trajo hasta aquí". 

"Me marcho agradecida, con el corazón lleno de recuerdos imborrables y con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha subrayado.

En esta línea, ha aprovechado para recalcar que cree "firmemente en la política como la herramienta más noble que tenemos para transformar, para proteger derechos y avanzar en igualdad".

"En tiempos de ruido, sectarismo y discursos de odio, reivindico la importancia de la política útil, esa que construye puentes y que trabaja sin descanso para garantizar un futuro mejor para todas y todos", ha incidido, para finalmente agregar: "La política, bien entendida, es vocación, entrega y la más alta expresión de servicio público".

El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Junta andaluza contra la revisión del plan hidrológico Tajo-Segura

  MADRID.- La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

El Consejo de Gobierno andaluz avaló la interposición de este recurso ante el TS el 21 de marzo de 2023 con el fin de que el Estado diera "marcha atrás" en el aumento del caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que supone un "recorte" del trasvase Tajo-Segura, según criticaban desde la Junta.

El Tribunal Supremo ha dado a conocer este lunes, 20 de enero de 2025, que la Sala que ha estudiado este recurso ha rechazado "todos los motivos de nulidad alegados por la Junta de Andalucía en su recurso".

Según han informado desde el alto tribunal en una nota, sobre la falta de informe del Consejo Nacional del Agua, la sentencia "reitera que el criterio de este organismo, preceptivo, pero no vinculante, ha sido válidamente emitido, dando así cumplimiento a la función de participación y consulta que el ordenamiento le encomienda en el procedimiento de elaboración del proyecto de Real Decreto".

La sentencia, ponencia del magistrado Fernando Román, considera que "tampoco se ha omitido el proceso de concertación para la determinación de los caudales ecológicos, como alegaba la comunidad recurrente".

De igual modo, rechaza la impugnación relativa a la infracción de principio de jerarquía normativa, puesto que, "por una parte, el régimen de caudales ecológicos vinculan al resto de aprovechamientos y explotaciones, conforme a la normativa en vigor ecológicos --con la salvedad del abastecimiento a poblaciones--, y, por otra, la procedencia o no de liberar agua para el trasvase se basa en el volumen conjunto de agua existente en los embalses citados, conforme al Real Decreto en vigor, y no en las magnitudes invocadas por la Administración recurrente".

Señala que la parte realiza "una exposición fragmentada e inexacta de los antecedentes legislativos para llegar a la equivocada conclusión de que el caudal ecológico previsto vulnera el caudal mínimo previsto en las normas anteriores reguladoras del trasvase".

En cuanto a la falta de motivación técnica en la fijación de los caudales ecológicos, argumentada por la recurrente, la sentencia subraya que en este caso los elementos de prueba aportados por la Junta de Andalucía "no permiten desvirtuar la fijación de los caudales ecológicos conforme a las instrucciones metodológicas y técnicas contenidas en la Instrucción de Planificación Hidrológica, tras seguirse un complejo procedimiento promovidos desde las demarcaciones hidrográficas y que tiene sobre la base los estudios pertinentes referidos en la MAIN".

Con este recurso, que la Junta defendió también señalando que la modificación que planteaba el decreto objeto de polémica se había acordado sin contar "con informes técnicos ni jurídicos que la respalden" y "de forma unilateral" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Andalucía se sumó a las medidas judiciales de los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia que también iban en contra de una decisión "injustificada" del Estado que, en opinión del Gobierno andaluz, conlleva "un gran perjuicio para el Levante español en general y para el almeriense en particular".