BARCELONA.- Banco Sabadell prevé retornar su sede a Cataluña en plena opa de BBVA y cuando casi han transcurrido algo más de siete años desde el 5 de octubre de 2017 cuando la movió a Alicante para garantizarse en pleno procés continuar bajo el paraguas regulatorio y supervisor del Banco Central Europeo (BCE) en caso de secesión.
La entidad presidida por Josep Oliu retornará la sede a San Cugat del Vallés (Barcelona), con Salvador Illa en la Generalitat, quien ha rebajado el tono independentista, y en plena opa de BBVA, según ha adelantado ABC. El banco eludió realizar comentario alguno.
El banco prevé convocar en las próximas horas un consejo extraordinario para tomar la medida, al término del cual pondrá en marcha el traslado de la sede social.
Se trata de la primera gran compañía que revierte el éxodo empresarial protagonizado a causa del 'procés'. Sabadell fue, de hecho, la primera gran compañía en salir de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre de 2017 y en medio de la fuerte hemorragia de depósitos que sufrieron los bancos catalanes por las incertidumbres que rodeaba al proceso.
En Sabadell se estimó una fuga de 4.600 millones de euros de clientes inquietos que movían sus ahorros a otras comunidades, pero el Banco de España cifró en 31.400 millones los ahorros que salieron de Cataluña entre octubre y diciembre de aquel 2017 por las dudas que suscitaba la inestabilidad política y social. En conjunto se estimó que más de 8.700 compañías de diferentes sectores, salieron de la comunidad autónoma.
La entidad eligió entonces Alicante para moverse por residenciarse allí la sede social de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), adquirida en 2012 por el banco en el proceso de subasta organizado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
La situación en Cataluña dista de aquel panorama. Su movimiento se produce tras la victoria de Salvador Illa (PSC), quien ha rebajado el tono independentista desde la Generalitat y alienta el retorno de las compañías.
Pero el movimiento cobra especial relieve porque tiene lugar en mitad de la opa hostil lanzada por BBVA. El consejo de administración de Sabadell rechazó su oferta en mayo del pasado año al juzgar que infravaloraba la entidad y cuenta con mayor potencial del estimado por el grupo vasco en solitario.
La transacción se encuentra actualmente pendiente del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que decidió llevar el estudio un mayor escrutinio (Fase II) por observar riesgos para el crédito, tras las alertas que le trasladaron las asociaciones de empresarios y pymes.
El organismo solo ha admitido la personación de Banco Sabadell en el proceso, rechazando la petición que habían formulado más de 70 organizaciones y asociaciones.
Esa decisión simplifica el proceso y podría permitir que resuelva en uno o dos meses. No se espera que rechace la transacción, pero BBVA ya ha avisado de que podría dejar caer su oferta si las condiciones que fija la CNMC erosionan la rentabilidad de la transacción.
El Gobierno se ha opuesto a la operación desde que BBVA decidió formularla y ha avisado de que no aprobará la fusión, torpedeando las sinergias proyectadas en origen por el grupo vasco. Cuando la CNMC emita su dictamen se abre un proceso de consulta al Gobierno, que podría modular las condiciones fijadas por Competencia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) debería aprobar después el folleto de la oferta y serían, en última instancia, los accionistas de Sabadell los que decidan si acuden o no a la opa.
Desde que BBVA lanzó su oferta, se ha tropezado con diferentes reveses con esa oposición declarada del Gobierno o la decisión de la CNMC de abrir un estudio en profundidad, en lugar de resolver en Fase I y con condiciones como ha hecho en todas las fusiones bancarias previas.
Incluso el impuesto aprobado por el Gobierno para la banca que prorroga el gravamen extraordinario juega en su contra, ya que le obligaría a tributar a un tipo del 7% por los ingresos de Sabadell en caso de fusión, es decir, pagar entre 150 y 170 millones adicionales a Hacienda.
La razón es que se pasa de un tributo del 4,8% sobre los ingresos generados en el margen de intereses y las comisiones a una figura progresiva que oscila entre el 1% para los tramos de ingresos inferiores a 750 millones y el 7% para los superiores a 5.000 millones.
El banco vallesano se queda por debajo de ese umbral, pero obligaría a BBVA a tributar por la tasa máxima de integrarlo.
Ambas entidades han acelerado la marcha para convencer a los inversores de sus proyectos con dividendos extraordinarios y cuentas al alza. En los próximos días divulgará los resultados correspondientes a 2024, y Sabadell dejó la puerta abierta a mejorar su compromiso de remunerar al inversor con más de 2.900 millones en el bienio 2024-2025.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue informado esta tarde del traslado por parte del presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y de su consejero delegado, César González Bueno, quienes le trasladaron la garantía de que el compromiso del banco con la región y su tejido económico "sigue intacto".
"Los directivos de la entidad han garantizado que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión", apuntaron desde el Gobierno valenciano.
Fuentes de la Presidencia de la Generalitat trasladaron que "el Consell no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere".
Agregaron que "la prioridad absoluta para el Consell es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera" en la Comunitat Valenciana, "así como el flujo del crédito a consumidores, pymes e industrias, y así se le ha requerido a los representantes de Banco Sabadell".
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