MADRID.- La esperada derogación del llamado decreto antidesahucios ha sido aplaudida por víctimas de la okupación y expertos del sector inmobiliario, pero también por muchos jueces que llevan cinco años viendo cómo la ley condenaba injustamente a pequeños propietarios a mantener a sus inquiokupas e incluso a pagarles los suministros, dice Libertad Digital.
"Lo que ha ocurrido, desde el punto de vista jurídico, es lo razonable", sentencia el magistrado del Tribunal Supremo, el juez alicantino Vicente Magro, autor de Cómo afrontar jurídicamente una okupación.
A su juicio, esto servirá para acabar progresivamente con la inquiokupación, una modalidad que, en los últimos años, se había convertido en la más utilizada, precisamente por las facilidades dadas por el Gobierno desde 2020.
Sin embargo, si lo que se quiere es acabar definitivamente con esta lacra, "la solución es otra", defiende el juez, puesto que esto no termina con el conocido como okupa de patada en la puerta. Para ello sería necesaria la aprobación de "una medida cautelar" que permita expulsar urgentemente a toda persona que entre en una vivienda que no es la suya y la okupe.
"La inexistencia de una legislación fuerte, contundente y eficaz lo que provoca es el incremento del delito y eso nos lleva a cifras de entre 15.000 y 16.000 okupaciones al año, a diferencia de lo que sucede en el entorno europeo, donde esto no existe". Por eso, Magro insta a aprobar las mencionadas medidas cautelares cuanto antes.
"Esto se puede hacer por la vía del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero muchos juristas hemos propuesto, y también desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona, crear un artículo 544 sexies, que establezca expresamente que, en 24-48 horas, hay que dictar un auto devolviendo la posesión inmediatamente al propietario, con independencia del juicio que en su momento se celebre o no", explica el juez, que insiste en que, "hoy en día, las cautelares son las medidas más eficaces en todos los procedimientos judiciales".
"La solución más factible no es agilizar el juicio ni subir las penas a estos delitos; es devolver la posesión inmediatamente al propietario y ya veremos luego la pena que se pone al autor del delito, porque al propietario no le importa eso, lo que le importa es recuperar su vivienda de forma inmediata", dice Magro, algo que, además, es la norma en otros países europeos, donde, "si entras en una casa que no es la tuya, automáticamente, en 24-48 horas, estás fuera".
De hecho, apunta, "a cualquier extranjero que ha venido a España a residir le sorprende y no llega a creerse lo que está ocurriendo: que se vaya de viaje y que, cuando vuelva, haya unas personas que han roto la cerradura y han entrado en su domicilio y se tenga que volver a su país porque ya no tiene casa en España".
Una situación que, "evidentemente" también tiene consecuencias para nuestro país: "La gente deja de invertir en vivienda y esto afecta a la economía".
A la espera de que los distintos grupos parlamentarios entren en razón, Magro celebra, no obstante, que se acabe cuanto menos con un decreto antidesahucios que había perpetuado lo que fue una "situación excepcional por motivo del covid" y que, cinco años después, ya no tenía sentido alguno.
"La derogación de este Real Decreto conlleva la reanudación de los procedimientos judiciales y, lógicamente, esto consistirá en la presentación de los correspondientes escritos, el alza de las suspensiones y la ejecución de los lanzamientos que, hasta ahora, se habían ido paralizando con cada prórroga".
Aun así, la expulsión de los okupas no será inmediata: en primer lugar, por los plazos que ya de por sí implican estos trámites, pero, además, porque, según el magistrado, es probable que los jueces den un plazo a la administración para ver si puede realojar a las personas vulnerables.
"Posiblemente se les de 30 días o algo así, pero ahora ya va a ser distinto, porque ya será: o me da una solución habitacional o que sepa que el lanzamiento se va a ejecutar".
Además de solicitar la reanudación del proceso, Vicente Magro también insta a los propietarios a solicitar la compensación económica que las distintas leyes llevaban aparejadas por tener que mantener a los okupas; una ayuda que, no obstante, está paralizada en muchas comunidades autónomas.
"Bueno, en principio, tal cual establecía la normativa, sí que existía esa posibilidad, pero no deja de ser curioso que una normativa estatal convenga que sean las comunidades autónomas que no han intervenido en la regulación ni en la suspensión de los lanzamientos las que tengan que abonar el dinero a los propietarios", lamenta el juez, que, en todo caso, cree que jamás se deberían haber plantado las cosas de esta manera.
"La solución no es que la Administración Pública tenga que pagar compensaciones, sino invertir en vivienda social, hacer modificaciones de la Ley del suelo y fomentar la construcción, pero no cargar con esa responsabilidad a los particulares, porque, además, da la impresión de que todo aquel que tiene una vivienda es una persona solvente que puede permitirse el lujo de tener una vivienda sin obtener una rentabilidad y al final al que se convierte en vulnerable es al propietario —advierte Magro—, porque el 80 o el 90% de las personas que tienen una vivienda en alquiler son personas que la han heredado de sus padres, que han trabajado y que han invertido el dinero en una vivienda para tener una renta en el futuro, y ahora se encuentran con que ese esfuerzo personal, laboral y económico que han hecho se les ha venido al traste, porque, no solo no pueden obtener ese alquiler, sino que encima tienen una mayor gasto".
Por último, el magistrado advierte de que no se puede descartar que el Gobierno vuelva a intentar aprobar un decreto parecido.
"Forma parte del juego parlamentario", apunta. Sin embargo, cree que el precio a pagar sería muy alto: "La oferta en alquiler seguiría reduciéndose y los precios subirían todavía más".
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