ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante ha presentado ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un escrito en el que
solicita un incidente de nulidad contra la sentencia firme que reconoció
en abril de 2024 a la empresa XC Business 90 SL --por silencio
administrativo positivo-- la licencia ambiental para instalar una planta
de almacenaje de combustible en terrenos del puerto. Además, el
consistorio pide que se suspenda la ejecución de dicha resolución
mientras se resuelve el incidente de nulidad.
En el escrito,
argumenta que "la sentencia no ha tenido en cuenta la
inconstitucionalidad --decretada en 2022-- del artículo de la ley
autonómica que establecía dicho silencio positivo en licencias
ambientales". También sostiene que "el TSJCV omitió en la sentencia
respuestas a cuestiones fundamentales para el proceso, planteadas por el
Ayuntamiento de Alicante".
En esta línea, basa su petición de
nulidad "en la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución Española,
por la no aplicación de la inconstitucionalidad decretada por el
Tribunal Constitucional (TC) del silencio positivo para licencias
ambientales en la ley valenciana, pendiente el proceso, y por
incongruencia omisiva, causante de indefensión".
El
consistorio ha anunciado en un comunicado que ha registrado el documento
este jueves ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto
tribunal valenciano.
El Ayuntamiento argumenta, por un lado, que la sentencia firme
dictada en el recurso de apelación 229/2022 por esa misma sala "vulnera
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizado en el
artículo 24.1 de la Constitución Española, al no aplicar ni considerar
este tribunal en el proceso que estaba en tramitación, sin haber recaído
sentencia firme con efectos de cosa juzgada, los efectos de la
sentencia del TC 76/2022, de 15 de junio de 2022, por la que se declara
la inconstitucionalidad y nulidad del apartado dos del artículo 60 de la
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental
de Actividades en la Comunitat Valenciana, que establecía el silencio
positivo por falta de resolución expresa en las licencias ambientales".
De otro lado, la petición de nulidad se fundamenta en que "la
sentencia incurre en incongruencia omisiva al dejar sin respuesta
algunas de las pretensiones o cuestiones sustanciales para el fallo
planteadas por las partes", en concreto por el consistorio, lo que "ha
producido indefensión al Ayuntamiento y, por ende, a los intereses
generales, al abocarle a otorgar una licencia por silencio 'contra
legem' con grave afectación al medio ambiente".
Igualmente,
solicita "la suspensión de la sentencia firme dictada", argumentando que
debe ejecutarse en dos meses, "lo que implica que tal plazo se
cumpliría durante la tramitación de este incidente con toda probabilidad
y no suspender tal ejecución haría perder la finalidad del mismo".
De este modo, se entiende que "la trascendencia de los derechos
fundamentales afectados haría que la reparación resultara inoperante por
tardía, una vez dictado el acto administrativo de concesión de la
licencia ambiental en ejecución de la sentencia dictada", lo que podría
derivar en un "perjuicio irreparable".
El Ayuntamiento
justifica dicha "trascendencia" en "el interés general, la protección
del medio ambiente y el principio de prevención", ya que "el silencio
positivo declarado por la sentencia no asegura la realización de los
controles previos al inicio de la actividad y puede dar lugar a daños,
en su caso irreparables, al medio ambiente".
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