La prudencia y la responsabilidad son principios básicos para cualquier entidad financiera, pero más aún para las cajas de ahorros, como es el caso de la CAM, que en estos momentos de crisis tiene que definir claramente por dónde debe ir su futuro, teniendo muy en cuenta el interés de sus clientes.
La recesión económica, la falta de liquidez, el riesgo asumido, son factores que inciden decisivamente en las entidades y obligan a definir el futuro. Es ahí donde ha vuelto a recobrar todo el protagonismo la estrategia de las fusiones.
Y no nos engañemos, de optar por esta línea de acción, la operación más beneficiosa y más fácil de llevar a cabo a priori -por formar parte del mismo territorio-, sería con Bancaja. El resultado final sería una entidad capaz de competir al mismo nivel que las dos grandes cajas españolas: La Caixa y Caja Madrid.
La otra posibilidad es integrar a entidades pequeñas de otras autonomías españolas y aprovechar su aportación para el fortalecimiento.
El director general de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, ha dejado claramente expuesto esta semana por donde van los tiros del sector, eso sí con la mesura de la que siempre hace gala y la discreción necesaria en asuntos tan peliagudos. Pero su mensaje es claro: "poco a poco se irá caminando por la senda de las fusiones". El máximo ejecutivo asume esta realidad, pero reconoce la dificultad que implica la influencia del entorno social.
Por todo ello parece muy complicado que en esta entidad, en la que se cruzan tantos intereses políticos, empresariales y sociales, pueda encontrarse el clima adecuado para llevar adelante alguna fusión, particularmente con Bancaja.
Así, parece improbable que esta vía, tan razonable para hacer frente a un contexto como el actual -crecimiento negativo y morosidad disparada- sea posible en la CAM. Los antecedentes no son nada favorables. El viejo anhelo de configurar una gran entidad en la Comunitat Valenciana, en fusión con Bancaja, siguen sin seducir en Alicante.
El ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se implicó de lleno en ello cuando ejercía el control, pero al final desistió ante la resistencia de los prohombres de la provincia.
El recelo hacia el poder valenciano, por el temor a que más que una fusión fuera una absorción que hiciera perder a la CAM su identidad alicantina, ha hecho imposible cualquier intento posterior. Los representantes empresariales han sido los primeros que han manifestado siempre su recelo.
El propio presidente de la patronal Coepa, Modesto Crespo, figura en alza en la CAM, como secretario del consejo de administración, que tiene el aval del jefe del Consell, Francisco Camps, para ser el sucesor del presidente, Vicente Sala, en unos meses, ha reconocido en alguna ocasión que no es necesaria dicha fusión. Otro tanto puede decirse de la Cámara de Comercio, a cuyo presidente, Antonio Fernández Valenzuela, tampoco se le ha visto muy entusiasmado con esa posibilidad.
De igual forma, los dirigentes políticos provinciales de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, han mostrado sus recelos. Y ya de los sindicatos, que representan a los empleados de la propia entidad, ni hablamos, que ven en dicha posibilidad una amenaza para el empleo y sus condiciones laborales.
La recesión económica, la falta de liquidez, el riesgo asumido, son factores que inciden decisivamente en las entidades y obligan a definir el futuro. Es ahí donde ha vuelto a recobrar todo el protagonismo la estrategia de las fusiones.
Y no nos engañemos, de optar por esta línea de acción, la operación más beneficiosa y más fácil de llevar a cabo a priori -por formar parte del mismo territorio-, sería con Bancaja. El resultado final sería una entidad capaz de competir al mismo nivel que las dos grandes cajas españolas: La Caixa y Caja Madrid.
La otra posibilidad es integrar a entidades pequeñas de otras autonomías españolas y aprovechar su aportación para el fortalecimiento.
El director general de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, ha dejado claramente expuesto esta semana por donde van los tiros del sector, eso sí con la mesura de la que siempre hace gala y la discreción necesaria en asuntos tan peliagudos. Pero su mensaje es claro: "poco a poco se irá caminando por la senda de las fusiones". El máximo ejecutivo asume esta realidad, pero reconoce la dificultad que implica la influencia del entorno social.
Por todo ello parece muy complicado que en esta entidad, en la que se cruzan tantos intereses políticos, empresariales y sociales, pueda encontrarse el clima adecuado para llevar adelante alguna fusión, particularmente con Bancaja.
Así, parece improbable que esta vía, tan razonable para hacer frente a un contexto como el actual -crecimiento negativo y morosidad disparada- sea posible en la CAM. Los antecedentes no son nada favorables. El viejo anhelo de configurar una gran entidad en la Comunitat Valenciana, en fusión con Bancaja, siguen sin seducir en Alicante.
El ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se implicó de lleno en ello cuando ejercía el control, pero al final desistió ante la resistencia de los prohombres de la provincia.
El recelo hacia el poder valenciano, por el temor a que más que una fusión fuera una absorción que hiciera perder a la CAM su identidad alicantina, ha hecho imposible cualquier intento posterior. Los representantes empresariales han sido los primeros que han manifestado siempre su recelo.
El propio presidente de la patronal Coepa, Modesto Crespo, figura en alza en la CAM, como secretario del consejo de administración, que tiene el aval del jefe del Consell, Francisco Camps, para ser el sucesor del presidente, Vicente Sala, en unos meses, ha reconocido en alguna ocasión que no es necesaria dicha fusión. Otro tanto puede decirse de la Cámara de Comercio, a cuyo presidente, Antonio Fernández Valenzuela, tampoco se le ha visto muy entusiasmado con esa posibilidad.
De igual forma, los dirigentes políticos provinciales de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, han mostrado sus recelos. Y ya de los sindicatos, que representan a los empleados de la propia entidad, ni hablamos, que ven en dicha posibilidad una amenaza para el empleo y sus condiciones laborales.
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