Decía la pasada semana que algo extraordinario tendríamos que hacer para salir cuanto antes de la crisis con un modelo de crecimiento más sostenible. Y de eso ha tratado lo esencial del Debate sobre el estado de la Nación de esta semana. Sobre cómo se puede incentivar un cambio en el patrón de crecimiento haciendo que la parte más dinámica de nuestra economía deje de ser la construcción y pase el testigo a sectores con mayor aportación estable de valor añadido.Esto no quiere decir que dicho cambio se pueda hacer por decreto ley ni que debamos irnos al otro extremo, convirtiendo la construcción en anatema. Mejorar el empleo y nuestro bienestar colectivo nos va a exigir más ordenadores, pero también más ladrillo, aunque en proporciones diferentes al pasado.
En espera de conocer el contenido de la anunciada Ley de Economía Sostenible, y dejando al margen otras cuestiones importantes, como el renovado Fondo de Inversión Municipal, dos medidas han concitado todo el simbolismo del propuesto cambio de modelo: la supresión de la desgravación fiscal a la compra de viviendas y los más de 400.000 ordenadores a repartir entre estudiantes de primaria.
Es un clamor que algo había que hacer en el sector de la construcción de viviendas. Ni resultaba sensato quedarse quietos cuando tiraba en exceso del crecimiento económico, ni el frenazo actual que ha desplomado las ventas a la mitad en apenas dos años es compatible con la lucha contra la crisis.
Anunciar que la actual desgravación a la compra de vivienda desaparecerá en enero de 2011 es una medida de estímulo coyuntural a la demanda que he defendido aquí porque ayudará a desatascar el sector. Además, nadie duda de que, hoy, la desgravación a la compra de vivienda se trasladaba íntegra al vendedor, alimentando la burbuja especulativa. Suprimirla contribuye a reducir los precios, ayudando con ello, de verdad, a todos los compradores.
Nada ha castigado más a la clase media en los últimos años que la escalada ascendente de precios en la vivienda a partir de la liberalización del suelo de 1998, que ha hecho muy difícil el acceso de los jóvenes mientras sus padres se iban convirtiendo en teóricos ricos por la revalorización pasiva de los pisos en que vivían.
Suprimir la actual desgravación fiscal no resuelve todos los problemas. Pero si hubo una vez una burbuja inmobiliaria, intentemos que no se reproduzca tomando nota de las denuncias del Parlamento europeo sobre la confluencia de intereses político-económicos, que hizo posible los cuantiosos planes de expansión urbanística en nuestros pueblos y ciudades, así como no incentivando la demanda estable con medidas fiscales como ésta. Ahora bien, si nos creemos este razonamiento, debió haberse adoptado antes y no resulta coherente mantener la desgravación para las rentas bajas que, en todo caso, deben poder beneficiarse de otros estímulos públicos de acceso a la vivienda.
La apuesta por las nuevas tecnologías se visualiza en el anuncio de invertir en ordenadores como instrumento educativo para los niños en primaria. La medida tiene muchos flecos pendientes. Pero marca una apuesta clara no sólo a favor de priorizar la modernidad, la investigación, las reformas que adelantan el futuro en lugar de apuntalar el pasado, sino también a favor de hacerlo sin excluir a los más desfavorecidos, ya que, a la luz de las estadísticas, no es verdad que todos los hogares españoles tengan ordenadores ni los usen de manera habitual.
España no puede pretender competir internacionalmente por precio. No venderemos productos o servicios porque sean más baratos que otros. Con la globalización y los mercados mundiales, siempre habrá quien lo haga más barato. Nuestra apuesta tiene que ser por hacerlo mejor, distinto, con mayor valor añadido, único. Eso exige fomentar la creatividad en nuestra sociedad a todos los niveles, así como reforzar los elementos formativos y financieros que ayuden a despertarla, aprovechando las nuevas tecnologías existentes.
Nuestra principal ventaja competitiva sobre la que basar los incrementos en productividad es el talento de nuestros ciudadanos y, de manera especial, de los más jóvenes. Talento que se puede aplicar a mejorar la construcción de carreteras, variar la oferta turística, elaborar alimentos sanos y atractivos, crear empresas de energías alternativas o desarrollar técnicas que ahorren consumo de agua o reduzcan las emisiones de CO2.
Hacer todo esto es más difícil que decirlo. Pero debemos forzar la máquina, apostando claramente por esa economía de elevado contenido en talento humano, productividad y competitividad. Talento que, por cierto, no está sólo en los ordenadores, sino que puede y debe colocarse también en el ladrillo; por ejemplo, promoviendo planes ecológicos de rehabilitación de los centros urbanos.
Nada de esto es incompatible con abordar la grave situación de una economía cuyos precios decrecen el -0,2%, con riesgo de deflación, tiene tasas negativas de crecimiento cercanas al 3%, contabiliza a más de cuatro millones de parados -y aumentando- o sostiene unas cuentas públicas que en un año han pasado de un superávit de más de 4.000 millones de euros, en el primer trimestre del año, pasado a un déficit superior a 28.000 millones este año.
Pero el futuro se diseña y se decide ahora, si queremos ir adonde queremos ir, en vez de ir adonde nos lleven las fuerzas ciegas del mercado. En el mundo de hoy, ningún problema importante lo podemos resolver sin recurrir a la colaboración en red de otros. Por eso, hacer posible estas esperanzas exige un acuerdo con los sectores sociales y con las comunidades autónomas en una España que ya no se puede gobernar sólo desde el Gobierno de la Nación. Y aconseja un consenso político que muestre que la apuesta por el talento, incluye también a los políticos.
Por ello me resultó chocante que mientras el Presidente hacía suyas algunas propuestas del PP y toda España hablaba, a favor o en contra, del conjunto de medidas, el líder de la oposición se entretuviera en la tribuna leyéndonos lo que votaba el diputado Zapatero. . . ¡en 1992! Pues eso.
