El ex ministro Trillo siempre dijo que los forenses militares siempre habían actuado de buena fe. O sea, que nunca tuvieron conciencia de estar falseando los documentos oficiales referidos a la identificación y traslado de los 62 soldados españoles muertos en el accidente del Yak-42.De eso, nada. La Audiencia Nacional acaba de desmentirle. Y el ex ministro, que acata pero no comparte, apoya el recurso ante el Tribunal Supremo, por estar convencido de que no hay nada por lo que tenga que avergonzarse de lo ocurrido en aquel fatídico accidente, ocurrido en suelo turco, que traía a nuestra gente desde Afganistán.
De todos modos, aunque la conciencia de estar perpetrando una mala práctica cuente como agravante a la hora de formular el reproche penal, la figura delictiva aplicada se centra en la falsificación de dichos documentos oficiales. Y el agravante de las identificaciones aleatorias, no como un error sino como algo intencionado, también se queda en el 'ambito de aplicación del Código Penal. Sin embargo, es de naturaleza eminentemente política.
Reducir el sufrimiento de los familiares a un supuesto de "falsedad documental" es una broma de mal gusto. No tiene ninguna gracia. Pero sólo en eso se queda el castigo de los tribunales a quienes se ahorraron el incómodo trámite de identificar correctamente los restos de 30 soldados españoles muertos cuando regresaban de servir a su Patria.
En consecuencia, el reproche penal solo recae en los mandos militares, que, según la sentencia de la Audiencia Nacional, falsearon los documentos con total conocimiento de causa. Esos documentos oficializaron una lacerante mentira.
Los restos colocados en treinta de los féretros no se correspondían con los nombres que figuraban en las etiquetas exteriores. La dolorosa sospecha de los familiares, se convirtió pronto en la causa de un hondo sufrimiento.
Me refiero a la despiadada anulación de la identidad del hijo, el padre, el hermano. La memoria de sus seres queridos, abolida de un plumazo. Los sentimientos más 'íntimos de quienes lloraban su pérdida, sacrificados a la prisa de los gobernantes de turno, deseosos de liquidar el engorroso asunto en la ampulosa solemnidad de un funeral apresurado.
Un funeral decidido por los gobernantes de turno. Nada que ver con el estamento militar. Es innecesaria cualquier argumentación suplementaria para demostrarlo. Bastaría con apelar al principio de obediencia debida, que es la regla de oro en el estamento militar. Lo que no previó la parte política es la reacción de la parte militar, cuya dignidad había sufrido un incalificable atropello en nombre de imperativos no castrenses, sino eminentemente políticos.
Y parece mentira que aun con la sentencia fresca de la Audiencia Nacional, conocida el martes pasado, el ex ministro Trillo comparezca ante los medios de comunicación para ratificarse en que no asume ni tiene por qué asumir ningún tipo de responsabilidad.
