BRUSELAS.- España logró hoy bloquear una nueva norma comunitaria cuyo objetivo es reforzar los derechos de los pacientes que viajan para recibir tratamiento en otro Estado miembro, por ejemplo para saltarse una lista de espera. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, alegó que la directiva no garantiza una atención de buena calidad y supondrá un coste adicional para la sanidad española de 2.000 millones de euros anuales.
Jiménez consiguió reunir una "minoría de bloqueo" que impidió que se aprobara la norma, como era el deseo de la presidencia sueca y de la Comisión tras un año y medio de negociaciones.
Esta minoría estaba formada por Portugal, Rumanía, Grecia, Polonia, Lituania y Eslovaquia, explicaron fuentes comunitarias. Ahora le corresponde a la presidencia española, durante el primer semestre de 2010, tratar de lograr un acuerdo sobre la directiva de servicios sanitarios.
El ministro sueco de Asuntos Sociales, Göran Hägglund, avisó de que la falta de acuerdo crea "mucha inseguridad jurídica" para los pacientes. Y la comisaria de Sanidad, Androulla Vassiliou, dijo que "es un momento triste para los pacientes" porque "son los principales perdedores".
"Se ha perdido una oportunidad de oro para reforzar su derecho a buscar tratamiento en otro Estado miembro y ser reembolsados", señaló.
"Tomo nota del compromiso personal de la ministra española de continuar sus esfuerzos para lograr un acuerdo durante la presidencia española", afirmó Vassiliou. La ministra de Sanidad confirmó su compromiso de buscar un pacto durante la presidencia española, pero aclaró que cualquier acuerdo debe satisfacer las pretensiones de todos los Estados miembros y garantizar la calidad de la atención sanitaria.
"Sabemos que es un tema delicado, que es un tema difícil, que partimos de posiciones bastante encontradas. Pero confiamos en que sea posible la armonización de los intereses contrapuestos que hemos observado", dijo.
La directiva establece que los europeos no necesitan autorización previa de su país de origen para recurrir al 'turismo sanitario' y tienen derecho a que se les reembolse el coste del tratamiento a la vuelta.
En el caso de los tratamientos hospitalarios y altamente especializados, sí que se permitirá a los Estados miembros introducir un sistema de autorización previa para sus nacionales que quieran ir a otro país de la UE. Eso sí, deberán justificar que, sin esta restricción, podría haber riesgos para el funcionamiento de su sistema sanitario.
Para España, esta norma "va en contra del derecho exclusivo que tiene cada Estado a la organización de sus servicios sanitarios" y no garantiza "ni la calidad ni la seguridad jurídica suficiente", según dijo Trinidad Jiménez. A su juicio, la directiva "rompe lo que es la prestación sanitaria como servicio público" y la convierte en "una mercancía, un objeto de consumo más".
En concreto, dos eran las cuestiones que más preocupaban a España en la fase final de las negociaciones. En primer lugar, la definición del Estado miembro de afiliación, sobre todo en el caso de los pensionistas extranjeros. La norma establecía que era el país de residencia, y no el de cotización, el que debía pagar el tratamiento de un jubilado que se desplazase a otro Estado miembro. Es decir, que España debería pagar el tratamiento de un jubilado alemán residente en Mallorca que quisiera tratarse en Alemania.
"España es un país receptor de pensionistas y residentes comunitarios. Y, en ese sentido, si tuviéramos que hacernos cargo del coste de la prestación de todos los pensionistas que residen en España pero que van a tratarse a su país de origen, hemos hecho un cálculo estimado de alrededor de 2.000 millones de euros", explicó la ministra de Sanidad.
Pero además de este coste adicional, la norma obligaría a España a crear una "una organización dual" de sus servicios sanitarios. "Por un lado tendríamos que mantener nuestro sistema público" universal y gratuito y "por otro, de forma paralela, tendríamos que mantener este sistema que se nos propone en la directiva, este sistema de reembolso que no existe en nuestro país", señaló Jiménez.
Además, la norma de la UE obligaría a la sanidad pública española a pagar el tratamiento de un paciente español que acuda a un hospital privado de otro país de la UE, incluso aunque no estuviera concertado. El Gobierno rechaza esta posibilidad y alega que si el mismo ciudadano va a un hospital privado en España no se le reembolsarían los costes.
"No se trataba de excluir la participación de proveedores privados como algunos han argumentado, sino de asegurar garantías de calidad para los pacientes y preservar las competencias de los Estados para organizar sus servicios de salud", insistió la ministra de Sanidad.
Pero por encima de todo, España considera imprescindible la exigencia de autorización previa para ir a tratarse en otros Estados miembros. "Lo que pretendíamos es que la prestación sanitaria no fuera tratada como un bien más, como una mercancía más dentro del mercado.
Recibir un tratamiento médico no es lo mismo que ir a comprar un ordenador. El paciente no puede elegir por sí mismo el lugar, la razón y el tipo de tratamiento que tiene que recibir, tiene que estar aconsejado por un médico, tiene que formar parte de una decisión del sistema nacional de salud", dijo Salgado.
Resaltó además que esta libertad de elección sólo "daba satisfacción a menos de un 1% de la población que puede permitirse el adelantar el pago de un determinado tratamiento escogido" y a cambio "a nosotros nos rompe el equilibrio de cohesión, de justicia, de equidad, de solidaridad".
